Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2009-01129-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2009-01129-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2009-01129-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de febrero de 2025
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Radicado: 08001233100020090112902
Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 080012331000-2009-01129-02
Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO)
Tercero
Interesado: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los apoderados del
Departamento del Atlántico y del Municipio de Puerto Colombia en contra de la
sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016 por la Sección C escritural del
Tribunal Administrativo del Atlántico1, mediante la cual declaró la nulidad total
de la Ordenanza nro. 000075 de 7 de diciembre de 2009, “Por medio de la cual
se establecen los límites entre el Municipio de Puerto Colombia y el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en el Departamento del
Atlántico”, emitida por la Asamblea Departamental del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La parte demandante pretende la nulidad total de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7 de la Ordenanza nro. 000075 de 7 de diciembre de 2009, “Por medio de la
cual se establecen los límites entre el Municipio de Puerto Colombia y el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en el Departamento del
Atlántico”, emitida por la Asamblea Departamental del Atlántico2.
I.1.2. Los hechos que fundamentan la demanda pueden sintetizarse de la
siguiente manera:
1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Asamblea.
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Radicado: 08001233100020090112902
Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
Señaló que la Asamblea aprobó en los debates del 19, 24 y 25 de noviembre
de 2009, el proyecto de Ordenanza por medio de la cual se establecen los
límites entre el municipio de Puerto Colombia y el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, con desconocimiento de los requisitos previstos en
el artículo 70 del decreto 1222 de 19863.
Indicó adicionalmente que no se recibieron el número suficiente de opiniones
de los vecinos del sector en disputa, cuya norma exige que sean mínimo 200
declaraciones.
Mencionó que el Gobernador del Departamento del Atlántico objetó por
inconveniente el proyecto de Ordenanza; sin embargo, el demandante indicó
que se tenía que objetar por ser ilegal e inconstitucional y no por
inconveniencia, pues así habilitaría a la Asamblea en su aprobación.
Expresó que la Ordenanza fue devuelta a la Asamblea para que se estudiaran
las objeciones, las cuales fueron declaradas infundadas, como consta en el acta
de la sesión del día 16 de diciembre de 2009; luego se procedió a la publicación
del acto administrativo, lo que, a juicio del demandante, contrarió no solo el
procedimiento para su expedición, sino, además, las normas de competencia
que estableció el constituyente para la delimitación territorial entre municipios
y distritos.
Finalizó mencionando que, en el presente caso, se reprodujo un acto
administrativo anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez
que la Ordenanza controvertida conserva la esencia de las disposiciones
previamente anuladas de la Ordenanza 0000021 de 1999.
I.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas los demandantes señalaron las siguientes: De rango
Constitucional, el artículo 150 numeral 4 y 286 de la Constitución Política, y el
artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 1993. De rango legal, los artículos 170,
86 y 87 del Decreto 1222 de 1986 y los artículos 84 y 158 del Decreto 01 de
1984 (Código Contencioso Administrativo).
I.1.3.1. Violación de las normas en que debería fundarse
Señaló que la ley de distritos, al ser un marco normativo nuevo, no regulaba lo
referente a los asuntos territoriales entre distritos o entre estos y los
municipios, por lo que se hace necesario valerse de un proceso de
interpretación Constitucional y legal respaldado en la jurisprudencia de las altas
cortes.
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"Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental"
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Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
Señaló que el Acto Legislativo nro. 01 de 1993 dispuso a Barranquilla como
Distrito Especial, industrial y Portuario, donde “su régimen político, fiscal y
administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que
para tal efecto se dicten, y en lo no dispuesto entre ellas, las disposiciones
vigentes para los municipios”.
Agregó que, con la expedición de la Ley 768 de 20024, al adoptar el régimen
político, administrativo y fiscal del Distrito de Barranquilla, dicha norma dispuso
un régimen especial autorizado por la Constitución, por lo cual sus órganos y
autoridades gozan de facultades específicas diferentes a las contempladas
dentro del régimen ordinario aplicables a los municipios del país.
Argumentó que al Distrito de Barranquilla solo le son aplicables de manera
subsidiaria las normas generales referentes a los municipios a falta de una
norma especial; bajo ese parámetro, al existir una norma especial que regula
el régimen jurídico del Distrito de Barranquilla, la Ley 768 de 2002, no le era
aplicable el artículo 14 de la Ley 136 de 19945, más cuando se tiene que la
competencia para la delimitación del territorio frente a distritos radica única y
exclusivamente en el Congreso de la República.
Bajo el anterior razonamiento, consideró el demandante que la Asamblea
asumió una indebida competencia violando disposiciones de orden legal, pues
el legislador es el que tenía la competencia en los asuntos limítrofes entre
municipios o entre estos y los distritos.
Respecto del cargo de reproducción de un acto administrativo anulado por la
jurisdicción contencioso-administrativa manifestó que:
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto 1222 de 1986, las
ordenanzas u otros actos administrativos anulados por los tribunales de lo
contencioso administrativo por ser contrarios a la Constitución o a la Ley, no
podrán ser reproducidos si conservan la esencia de las mismas disposiciones
anuladas.
Bajo ese entendido, indicó que el Tribunal, dentro del proceso de simple nulidad
con número único de radicación 1999-2322-00, mediante sentencia de 20 de
noviembre de 2003, declaró la nulidad de la Ordenanza nro. 000021 de 26 de
mayo de 2000, proferida por la Asamblea del Atlántico, la cual fue confirmada
por el Consejo de Estado mediante sentencia de 9 de diciembre de 2004.
Estimó que, con lo anteriormente relatado, la Ordenanza nro. 000075 de 2009
conserva la esencia y el objetivo de la Ordenanza anulada 000021 de 2000,
pues busca la segregación del Distrito de Barranquilla de una franja de terreno
mayor a las 1400 hectáreas.
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“Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.”
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“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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Ahora bien, respecto del cargo de expedición irregular del acto administrativo,
mencionó que:
La Ordenanza nro. 000075 de 2009 desconoció los requisitos que exige el
artículo 70 del Decreto 1222 de 19866, toda vez que no se recibieron el número
suficiente de opiniones de los vecinos del sector en disputa, es decir, 200
declaraciones, como tampoco las explicaciones de la importancia del municipio
para el desarrollo de la región.
Añadió que el Gobernador del Departamento del Atlántico objetó por
inconveniente la Ordenanza en la medida que la Asamblea Departamental no
llevó a cabo el procedimiento de consulta popular.
Concluyó diciendo que la Ordenanza objetada por inconveniencia, fue devuelta
a la Asamblea para que se estudiara y resolviera la objeción, pero que dicha
objeción fue negada por el referido cuerpo colegiado argumentando que la Ley
134 de 19947 no disponía el procedimiento para la delimitación de municipios
con observancia de la consulta popular de los habitantes de los territorios en
conflicto.
I.1.3.2. Contestación de la demanda
En sus escritos de contestación de la demanda, las demandadas señalaron, en
síntesis, que:
Después de realizar un análisis jurisprudencial8, añadió que el derecho de
participación ciudadana a través de consultas populares no es absoluto e
incondicionado, pues admite modulaciones cuya precisión le corresponde al
legislador, a quien le compete, a través de instrumentos democráticos,
seleccionar entre las opciones normativas que surgen de la Carta Política. Por
ello, consideró que se tiene por válido que, en el interior de la actuación
administrativa desarrollada por la Asamblea, bajo argumentos racionales y
proporcionados, se pudiera considerar como inconveniente el proceder de la
consulta popular.
Ahora bien, respecto del cargo de la falta de competencia de la Asamblea para
dirimir los conflictos limítrofes entre territorios existentes (Distrito de
Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia) argumentó que el primero de
ellos se constituye como una entidad territorial especial dispuesta en la
categoría de Distrito y que dentro del ordenamiento jurídico no existe norma
6
Artículo 70. Cuando dos o más municipios de un mismo departamento mantengan disputa territorial por no existir
entre ellos límites definidos, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia, las asambleas
departamentales al hacer la delimitación tendrán en cuenta la opinión de los ciudadanos vecinos de la región o
regiones en disputa, la cual se expresará por medio de peticiones razonadas y suscritas por no menos de doscientos
de ellos. Si en la mencionada región o regiones algunos de los municipios interesados hubiere fomentado el desarrollo
de algún núcleo importante de población, este municipio conservará la jurisdicción del territorio en que se encuentre
el caserío o población nueva. Son nulas las ordenanzas que se dicten en contravención a este artículo.
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“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.”
8
Sentencia T- 123 de 2009 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
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que instaure la competencia del Congreso de la República para resolver
conflictos limítrofes entre un Distrito y un municipio.
Resalto que el Acto Legislativo nro. 1 de 1993 y la Ley 768 de 2002 da
autorización de que la Asamblea Departamental pueda realizar el
procedimiento para modificar o precisar límites territoriales.
Finalizaron diciendo que, en aquellos casos en que se presente un conflicto de
límites y territorios entre dos o más municipios, o inclusive, entre un Distrito y
un municipio, como en el presente caso, se debe tramitar acudiendo a lo
previsto en la Ley 136 de 1994, artículo 14.
Respecto del cargo de la presunta reproducción del acto anulado se manifestó
que:
En el ejercicio de confrontación que realice el juez Contencioso Administrativo
del acto jurídico del que se pretende su nulidad judicial, frente aquel del que
se dice fue suspendido o anulado y existe reproducción, se debe condicionar
los siguientes presupuestos: i) Que exista efectivamente una idéntica
fundamentación jurídica. ii) Que no hubieren desaparecido los fundamentos
legales de la anulación o suspensión, pues de lo contrario, la medida cautelar
no estaría llamada a prosperar.
Aseveró que el Tribunal, al momento de cotejar las causales de nulidad de la
resolución 000021 de 1999 por la aparición de vicios en su trámite, dichas
irregularidades no se encuentran presentes en la Ordenanza nro. 000075 de
2009.
I.1.4. Trámite del proceso.
La demanda inicialmente fue presentada ante la Oficina Judicial Seccional de
Barranquilla; una vez repartida, el magistrado conductor presentó
manifestación de impedimento para conocer del presente asunto por
configurarse las causales contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 150
del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, mediante proveído de fecha
11 de marzo de 2010, la Sala aceptó el impedimento manifestado y procedió a
pasar el conocimiento del presente proceso al siguiente Magistrado en turno.
A través de memorial, la parte demandante allegó escrito de adición de la
demanda y solicitud de suspensión provisional del acto acusado. Mediante auto
de 14 de julio de 2010, se admitió la demanda y se decretó la suspensión
provisional del acto administrativo demandado.
Contra la anterior decisión el Departamento del Atlántico, el Municipio de Puerto
Colombia y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, el cual se
concedió mediante auto de fecha 19 de agosto de 2010.
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A través de providencia de fecha 31 de marzo de 2011, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dispuso revocar el
ordinal 2 del auto recurrido.
Mediante providencia de fecha 4 de febrero de 2011 se abrió el proceso a la
etapa probatoria y luego se corrió traslado para alegar de conclusión, decisión
frente a la cual la parte demandada interpuso recurso de reposición el cual fue
resuelto por auto de fecha 4 de mayo de 2012.
Seguidamente, el Tribunal dispuso remitir el expediente a los despachos
habilitados para el sistema escritural donde se avocó conocimiento del presente
asunto y se determinó acumular al presente proceso el expediente con número
único de radicación 2010-00410-T. Una vez acumulados se corrió traslado para
alegar de conclusión.
Finalmente, el Tribunal profirió sentencia el día 14 de diciembre de 2016,
declarando la nulidad total de la Ordenanza nro. 000075 de 2009.
I.3. La sentencia apelada
Como problema jurídico el Tribunal formuló el siguiente: “Establecer si la
Asamblea Departamental del Atlántico al expedir el acto administrativo de
Ordenanza No. 000075 de siete (7) de diciembre de dos mil nueve (2009) “Por
medio del cual se establecen los límites entre el Municipio de Puerto Colombia
y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en el Departamento
del Atlántico” incurrió en las causales de invalidez por “violación de las normas
en que debería fundarse y expedición irregular”, por falta de competencia de la
Asamblea Departamental del Atlántico para establecer los límites territoriales
entre el Municipio de Puerto Colombia y el D.E.I.P de Barranquilla, reproducción
de un acto administrativo anulado por la jurisdicción contencioso administrativa
y vicios de forma en el procedimiento de conformación del acto; o si por el
contrario, actuaron de conformidad con el principio de legalidad, sujetándose a
los parámetros consignados por el Constituyente y el Legislador, para la
delimitación territorial entre un Distrito y un Municipio”.
Para resolver, el Tribunal detalló el procedimiento para la delimitación territorial
entre un distrito y un municipio del año 2009 al 2011, donde anotó que:
El constituyente, al otorgarle la categoría de Distrito al entonces municipio de
Barranquilla, lo elevó a un rango superior al de los municipios, pues le entregó
una regulación jurídica de carácter especial y, de manera subsidiaria, en lo no
previsto en la normativa pertinente, podrían aplicarse las disposiciones
generales que prevé el marco jurídico vigente para los demás municipios.
Indicó que, según la interpretación de la Corte Constitucional respecto de la
diferencia entre distritos y municipios, los primeros son entes territoriales
totalmente diferentes a los segundos, donde el Distrito está dotado de
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prerrogativas constitucionales de las cuales carecen los municipios, en especial
en su régimen político, fiscal y administrativo.
Mencionó que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con el numeral 6 del artículo 300 de la Constitución Política,
respecto de la competencia de las Asambleas Departamentales para fijar los
límites territoriales entre un municipio y un distrito, ha previsto que dichos
cuerpos colegiados solo tienen competencia para “modificar o precisar” los
límites de los municipios que se encuentren dentro del territorio del
departamento, careciendo entonces de total competencia para determinar los
límites territoriales entre un distrito y un municipio.
Encontró que las Asambleas Departamentales carecen de competencias para
fijar, modificar o segregar los límites de los distritos; es así como, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 numeral 4 y 286 de la
Constitución Política, tal facultad recae única y exclusivamente en el legislador.
Examinada la ordenanza objeto de controversia, el Tribunal encontró que, en
efecto, la Asamblea procedió a modificar los límites del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla establecidos en la Ordenanza nro. 030 de
1913 y el Acto Legislativo nro. 01 de 1993, lo que configura una violación al
principio de legalidad, debido proceso, Estado Social y Democrático de Derecho
y la cláusula general de reserva de ley.
Señaló que la Asamblea al atribuirse funciones propias del legislador, no solo
violó el principio de reserva legal, transgrediendo la cláusula general de
competencias de este, sino que desatendió los lineamientos expuestos por el
Consejo de Estado en sentencia de fecha 9 de diciembre de 2004, donde se
resolvió previamente la legalidad de la Ordenanza nro. 000021 de 1999, que
precisaba los límites del municipio de Puerto Colombia con el municipio de
Tubará y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Por otro lado, advirtió el Tribunal que la Asamblea, al expedir la Ordenanza nro.
000075 de 2009, incurrió en “la reproducción integral de un acto anulado por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo bajo lo previsto en el artículo
158 del Decreto 01 de 1984”.
Respecto del cargo de expedición irregular del acto, adujo el Tribunal, en
síntesis, que, revisada la Ley 136 de 1994, para la fecha de emisión del acto
acusado, se establecía en el artículo 14 la consulta popular como requisito
taxativo para desarrollar el procedimiento administrativo de demarcación de
límites entre municipios pertenecientes al mismo departamento, lo que genera
la aparición de un acto administrativo complejo, en la medida en que coinciden
la participación entre las entidades departamentales, la Asamblea
Departamental, el Gobernador Departamental y la comunidad interesada.
Bajo el anterior presupuesto, señaló el Tribunal que, al configurarse un acto
administrativo complejo, donde confluye la participación de diferentes actores
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en su formación, la falta de uno de ellos o, si se quiere, el vicio de nulidad que
afecte a uno de ellos puede tener consecuencias para los demás, lo que, para
el caso bajo, estudio se dio, por la omisión de la Asamblea de someter la
Ordenanza a consulta popular.
Finalmente, el Tribunal reiteró que el procedimiento administrativo para la
expedición de la Ordenanza nro. 000075 de 7 de diciembre de 2009 no se
ajustó a los lineamientos contenidos en el artículo 300 de la Constitución
Política y el artículo 14 de la Ley 136 de 1994.
Concluye el Tribunal declarando la nulidad total de la Ordenanza nro. 000075
del 7 de diciembre de 2009, “Por medio del cual se establecen los límites entre el
Municipio de Puerto Colombia y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
en el Departamento del Atlántico".
I.4. Recurso de apelación
Contra la anterior decisión los demandados presentaron recurso de apelación
donde solicitaron la revocatoria de la sentencia dictada por el Tribunal que
accedió a las pretensiones de la demanda.
En síntesis, el apoderado del municipio de Puerto Colombia expuso los
siguientes argumentos en su escrito de apelación:
Adujo que, cuando los primeros distritos fueron creados (Cartagena, Santa
Marta y Barranquilla), debieron funcionar de conformidad con el régimen
jurídico de los municipios, debido a la inexistencia de normas constitucionales
o legales que fuesen especiales para la organización y funcionamiento de los
distritos.
Adiciona que, en el año 2002, el Congreso de la República expidió la Ley 768
de 2002, cuyo objeto fue dotar a los distritos de Cartagena, Santa Marta y
Barranquilla de facultades, instrumentos y recursos para cumplir sus funciones
y prestar servicios a su cargo, promover el desarrollo integral de su territorio y
mejorar la calidad vida de sus habitantes.
Lo anterior permitió que, por primera vez, los distritos comenzaran a
distanciarse de las leyes municipales, por la mencionada norma especial, y en
todo lo demás, siguieron rigiéndose por las normas municipales ordinarias.
Añadió que la Ley 768 de 2002 no introdujo normas relativas al procedimiento
para resolver diferendos limítrofes con municipios vecinos, sino que reiteró en
el artículo 2 que al Distrito de Barranquilla como para los de Santa Marta y
Cartagena, se aplicaran las disposiciones previstas para los municipios.
Conforme a lo anterior, aseveró que la Ley 768 de 2002, como ley especial
para los distritos que regía para la época de la Ordenanza nro. 000075 de 2009,
modula en el contexto de la Constitución las competencias de las Asambleas
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Departamentales para arbitrar y resolver conflictos limítrofes entre municipios
de un mismo departamento.
Manifestó que la Ley 1617 de 20139 reguló por primera vez lo referente a la
fijación y modificación de limites distritales, así como la solución de conflictos
limítrofes entre un municipio y un distrito, cuya competencia se le asignó al
Congreso de la República, lo que, a juicio de los demandados, refuerza el
argumento de la inexistencia de un marco jurídico que resolviera los conflictos
limítrofes anteriormente señalados sino hasta el 5 de febrero de 2013.
Indicó que el artículo 14 de la Ley 136 de 1994 confirió a las Asambleas
Departamentales la facultad de determinar los límites entre dos o más
municipios de un mismo departamento cuando mantengan disputa por no
existir entre ellos límites definidos. Bajo ese entendido, la autoridad común a
ellas, que es la Asamblea Departamental, está legalmente facultada para
modificar límites intermunicipales.
De otro lado, señaló que el Tribunal minimiza la remisión que la Constitución y
la ley hacen al régimen municipal ordinario en ausencia de ley especial para los
distritos y prefirió enfocar la atención en el hecho de que las normas
municipales normalmente no citaban de manera expresa a los distritos, para
inferir que por dicha circunstancia dichas leyes simplemente no se les aplicaban
a los distritos.
Adujo que el Congreso de la República, mediante Acto Legislativo nro. 01 de
1993, le otorgó competencia residual a la Asamblea del Atlántico, de
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 300 de la Constitución,
el numeral 4 del artículo 60 del Decreto 1222 de 1986 y el artículo 14 de la Ley
136, vigentes en diciembre de 2009, para que, cumplidos los requisitos legales,
fijara los límites entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
y cualquiera de sus vecinos, como ocurre en el caso de la Ordenanza 000075
de 2009, respecto del municipio de Puerto Colombia.
De otro lado, mencionó que la sentencia C-313 de 2009 a la que alude el
Tribunal, estableció que, de acuerdo con la Constitución, existe reserva legal
en relación con el establecimiento de las “bases y condiciones” de creación,
eliminación, modificación o fusión de entidades territoriales. Cuando la Corte
afirma que: “la atribución constitucional de la Asambleas Departamentales
previstas en el numeral 6 del articulo 300 de la Constitución no puede hacerse
extensiva a las entidades territoriales distritales, en razón a la reserva legal
que pesa sobre los actos de creación, eliminación, modificación y fusión de ellas
y de que desconociera su especificidad como entidad territorial distinta de los
municipios”, lo hace en un contexto completamente distinto al aquí analizado,
pues está considerando únicamente la eventual fusión de un distrito por
determinación de la respectiva Asamblea Departamental.
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“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”
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Complementó lo anterior indicando que en el presente caso no se trata de la
supresión de un distrito, como tampoco de su creación, pues indiscutiblemente
recae la reserva de ley, si no que el asunto comprende el cómo resolver los
conflictos limítrofes intermunicipales, lo cual, a juicio del recurrente, no atenta
contra la existencia del distrito ni implica su modificación jurídica ni su
transformación en otro tipo de entidad territorial.
Respecto de la reproducción del acto anulado, indicó que el Tribunal aceptó
estudiar este cargo de la demanda sin el correspondiente concepto de la
violación y, aun así, no introdujo en la sentencia ningún elemento de juicio para
establecer si la nueva Ordenanza (000075 de 2009) efectivamente reproducía
la anterior (000021 de 1999), y mucho menos si dicha reproducción se realizó
de forma “integral”.
En cuanto a la omisión del requisito legal de consulta popular señaló que la
Asamblea aplicó en forma preferente, atendiendo al principio de jerarquía
normativa, las reglas sobre consulta popular previstas en la Ley 134 de 1994,
artículo 53 (estatutaria), y apartándose de lo dispuesto en los numerales 1 y 2
del artículo 14 de la ley 136 de 1994 (ordinaria), puesto que la primera tiene
una aplicación prevalente sobre la segunda.
Por su parte el apoderado judicial del Departamento del Atlántico argumentó
en su escrito de apelación que:
El Tribunal hizo caso omiso a los argumentos planteados por el Departamento
del Atlántico en el escrito de contestación de la demanda y en los alegatos de
conclusión, puesto que el acto administrativo objeto de debate fue expedido
bajo la normatividad vigente y cuya presunción de legalidad no pudo ser
desvirtuada.
Indicó que la Ordenanza nro. 000075 de 2009 no ha vulnerado en ningún
momento las normas enunciadas por el demandante, ya que ésta no creo una
entidad territorial nueva, pues lo que hizo fue aclarar los límites de las dos
entidades territoriales que ya existen, de conformidad con el artículo 14 de la
Ley 136 de 1994.
Añadió que la regulación de los distritos como entidad territorial debe ajustarse
a normas de carácter especial; sin embargo, anotó que para la fecha no se
había expedido dicha norma, por lo que, atendiendo a los criterios de
interpretación normativa, como lo es la remisión normativa subsidiaria en casos
de vacíos en el ordenamiento jurídico, es apropiado decir que le corresponde a
las Asambleas Departamentales realizar los procedimientos de fijación de
límites cuando éste se encuentra dentro de su jurisdicción.
Mencionó que el Acto Legislativo 01 de 1993, mediante el cual se erigió a
Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario, estableció que el
régimen político y fiscal del distrito será el que determine la Constitución y las
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leyes especiales para tal efecto, pero en lo no previsto en estas se tendrá en
cuenta las disposiciones vigentes para los municipios.
Aseveró que, como desarrollo normativo del mencionado acto legislativo, fue
expedida la Ley 768 de 2002, sin que en ella repose alguna disposición respecto
de los conflictos limítrofes ni su procedimiento de solución entre municipios y
distritos.
Mencionó que, al no existir una regulación en normas especiales que den
parámetro para la solución de conflictos limítrofes entre los distritos o entre
estos y otras entidades territoriales, se debe acudir a las disposiciones que
regulan la materia para las entidades territoriales del orden municipal.
Concluyó diciendo que, respecto de la reproducción del acto anulado por la
jurisdicción contencioso administrativo, a diferencia de cuando se dio el trámite
de la Ordenanza nro. 00021 de 1999, la cual fue anulada por vicios de
procedimiento, estos no se encuentran presentes en la ordenanza nro. 000075
de 2009, ya que, a su juicio, cumplió en debida forma el trámite previsto en el
artículo 14 de la Ley 136 de 1994.
I.5. Trámite en segunda instancia
Admitido el recurso de apelación y una vez se corrió traslado para alegatos de
conclusión, procede la Sala a pronunciarse.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley
270 del 7 de marzo de 1996, 129 del Código Contencioso Administrativo y 13
del Acuerdo nro. 080 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de
la Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto.
II.1. Delimitación del recurso de apelación.
Ambas partes apelantes coinciden en un argumento, a partir del cual
cuestionan la decisión del Tribunal respecto a la competencia de la Asamblea
para fijar los límites territoriales del Distrito de Barranquilla. Indican que tenía
competencia el órgano, de conformidad con lo dispuesto en el acto legislativo
01 de 1993, en concordancia con el artículo 300 de la Constitución Política, la
ley 768 y el decreto 1222 de 1986.
Por su parte el Tribunal determinó que, según lo dispuesto en el artículo 14 de
la ley 136 de 1994, en concordancia con el artículo 300 de la Constitución
Política, las asambleas sólo tienen competencia para modificar o precisar los
límites de los municipios que se encuentren dentro del territorio del
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departamento, por lo que concluyó que en el caso concreto no se tenía
competencia para definir los límites del Distrito de Barranquilla.
A partir de lo anterior, debe la Sala establecer si procede declarar la nulidad,
por falta de competencia, del acto administrativo mediante el cual una
asamblea estableció los límites entre un Distrito Especial y un municipio, antes
de la expedición de la ley 1617.
II.2. Del cargo de falta de competencia.
En atención a lo anterior, revisemos lo que disponen las normas en cuestión:
“Constitución Política.
ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones:
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar
o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
ARTÍCULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por
medio de ordenanzas:
6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir
municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar
provincias.
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1993
ARTICULO 1º. La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito
Especial, Industrial y Portuario.
El Distrito abarcará además la compresión territorial del barrio de Las
Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de La Playa del Municipio
de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río
Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín, en el Departamento del
Atlántico.
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la
Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no
dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para los municipios.
Ley 136 de 1994.
ARTÍCULO 14.- Modificación de límites intermunicipales. Cuando
dos o más municipios de un mismo departamento mantengan disputa
territorial por no existir entre ellos límites definidos o por presentar
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problemas de identidad, atendidas sus características naturales, sociales,
económicas o culturales, las Asambleas Departamentales por medio de
ordenanza, podrán modificar o precisar los respectivos límites
intermunicipales para lo cual deberán cumplirse los requisitos y
condiciones siguientes:…”.
A partir de estas normas, el Tribunal concluyó que la asamblea no tenía
competencia para expedir la ordenanza, comoquiera que la definición de los
límites de un distrito era un tema con reserva de ley, según lo dispuesto en el
numeral 4° del artículo 150 y 300 de la Constitución Política10.
Por su parte, el municipio de Puerto Colombia y el departamento del Atlántico
coinciden en que, para la fecha en que fue expedida la ordenanza, no existía
una norma especial que reglamentara la fijación de límites de los distritos
especiales, por lo que, según lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2003,
debía acudirse a la norma que reglamenta el funcionamiento de los municipios,
esto es, la ley 136 de 1994.
Ahora bien, los distritos, como entidades territoriales, fueron creados con la
Constitución Política de 1991; en esta se definieron como tal el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta y el Distrito Capital de Bogotá (antes de la Constitución de 1991
este último era el único distrito existente, como distrito especial).
Posteriormente, mediante el acto legislativo 01 de 1993, se creó el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
Sobre el régimen jurídico de los distritos, en sentencia C-313-09, la Corte
Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la ley 617, que modificó la ley
136, dispuso lo siguiente:
“4.2. Reserva legal para la creación, eliminación, modificación o
fusión de distritos.
4.2.1. La Constitución Política asigna al Legislador la potestad de
determinar la división general del territorio de Colombia. Así lo expresa el
artículo 150, numeral 4 de la Carta:
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
(….)
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar
o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
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4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones
para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
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4.2.2. Por división general de territorio ha de entenderse la organización
física e institucional de la República a partir de sus entidades territoriales,
a saber, los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas y,
eventualmente, regiones y provincias (CP, arts 285 y 286). Como lo dice
la propia Constitución, existen otras divisiones del territorio establecidas
para el cumplimiento de determinadas funciones y servicios a cargo del
Poder Público, entre las que sobresalen las propias de la función judicial,
notarial, registral, entre otras. Mas el mapa que surge de la conjunción de
entidades territoriales es la división general del territorio.
4.2.3. La facultad de definir la división general del territorio entraña el
poder de determinar la existencia de las entidades territoriales que
constitucionalmente lo conforman, esto es, el poder de creación,
eliminación, modificación y fusión de las mismas. Lo que constituye una
cláusula general de competencia del Legislador en tal sentido respecto de
departamentos, distritos, territorios indígenas - y del otorgamiento de tal
carácter a las regiones y provincias -, con excepción de los municipios,
cuya creación, supresión, agregación y segregación corresponde a las
asambleas departamentales a través de ordenanzas (CP, art 300, numeral
6). Lo que no obsta para que el propio constituyente, directamente, haya
erigido antiguas intendencia o comisarias en departamentos, o municipios
en distritos, sin que ello afecte la vigencia de la cláusula general de
competencia radicada en el Legislador.
4.2.4. En suma, a diferencia del municipio, la existencia de la entidad
territorial distrital y sus vicisitudes - creación, modificación, fusión,
eliminación - depende del Congreso de la República, a través de la ley, de
conformidad con el artículo 150, numeral 4 de la Carta, a menos que el
propio poder constituyente se ocupe de ello.
(…)
4.4. La competencia de las asambleas departamentales para la
creación, supresión, segregación y agregación de territorios
municipales.
4.4.1. La Constitución Política atribuye a las asambleas departamentales
potestades relacionadas con la existencia de los municipios. Así:
Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio
de ordenanzas:
(…)
6. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir
municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar
provincias.
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4.4.2. Esta atribución constitucional, que debe ejercerse con sujeción a la
ley, no puede hacerse extensiva a las entidades territoriales distritales en
razón a la reserva legal que pesa sobre los actos de creación, eliminación,
modificación y fusión de ellas, pues corresponde constitucionalmente al
Congreso “definir la división general del territorio”11, esto es, “crear,
eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales” 12, - diferentes de los
municipios -, y entre estas los distritos.
4.4.3. Así, a través de ordenanza, una Asamblea Departamental puede
crear, eliminar o fusionar municipios, sin que esta atribución se considere
extensiva a los distritos comprendidos en el respectivo departamento, ya
que: (i) negaría la especificidad de los distritos como entidad territorial
(CP, art 286); y (ii) desconocería la reserva de ley consagrada en el
artículo 150.4 de la Constitución para definir la división general del
territorio, es decir, la existencia de entidades territoriales, y entre ellas,
los distritos.
Esta sentencia resulta determinante para resolver el problema planteado,
comoquiera que la Corte Constitucional, al interpretar el alcance de los artículos
150 y 300 de la Constitución Política, estableció que existe una cláusula general
de competencia en el Congreso para crear, eliminar o modificar las entidades
territoriales diferentes al municipio, pues para estas el Constituyente reconoció
una cláusula especial en cabeza de las asambleas.
Ahora, en el caso concreto el acto acusado, lo que resolvió fue fijar los límites
entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y el municipio
de Puerto Colombia, con ocasión de una disputa territorial, por lo que se acudió
como norma de competencia al artículo 14 de la ley 136 de 1994, aplicable,
según la corporación departamental, de manera subsidiaria, comoquiera que
no existía una norma especial que reglamentara quien debía resolver una
disputa territorial entre un municipio y un distrito, pues la ley 768, “Por la cual
se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario
e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”, no lo reglamentó.
Al revisar esta ley, efectivamente no se dispuso nada en cuanto a la resolución
de una disputa territorial entre un municipio y un distrito; es decir, el
argumento planteado por la parte demandada en principio podría ser
procedente en el sentido que la asamblea del Atlántico tenía competencia para
resolver la disputa territorial entre el Distrito y el municipio de Puerto Colombia,
pues, al no estar regulado este asunto en las leyes especiales, procedía acudir
a las normas de los municipios.
No obstante, para la Sala a esta conclusión no se puede arribar, pues, al revisar
el contenido del acto acusado, se advierte que la asamblea, al resolver la
disputa, se pronunció sobre el territorio del Distrito Especial Industrial y
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Constitución Política, artículo 150, numeral 4.
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Constitución Política, artículo 150, numeral 4.
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Portuario de Barranquilla, para lo cual, según lo aquí explicado, no tenía
competencia.
Así se puede leer en el acto acusado:
“ARTÍCULO PRIMERO: En salvaguarda de la integridad territorial del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla determinada por el
territorio general que le asignaron al Municipio de Barranquilla la
Ordenanza N° 30 de 1.913, actualmente vigente, y el Artículo 1° del Acto
Legislativo 01 de 1.993, el inciso primero del artículo tercero de la citada
Ordenanza N° 30 de 1.913
quedará así:
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es un Distrito,
fronterizo con las Repúblicas de Haití y el Area de Régimen Común con
Jamaica y cuyo territorio continental es el comprendido en el conjunto
formado por los siguientes arcifinios y toponimias: Los Corregimientos de
Juan Mina y La Playa. El cuerpo de Agua denominado Cienaga de
Mallorquin. Dentro de él, el referente denominado La Piña, El Tajamar
Occidental de Bocas de Ceniza en el Departamento del Atlántico. El Barrio
Las Flores. La Loma (Islas 1, 2,3). Campoalegre. Camacho Jinové - El
Genovés-. El Pelú. Arroyo de León. La Mojana. El Pajal. Mequejo. Boca de
Caña. Matamaíz. Los Botones y Arroyo Abajo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de lo estatuido en el Acto
Legislativo 01 de 1.993 y en el Decreto Presidencial 483 de 1.906, el inciso
segundo del artículo tercero de la citada Ordenanza N° 30 de 1.913
quedará asi:
"El Municipio de Puerto Colombia es un Municipio Fronterizo, que comparte
mar territorial con Haití y Jamaica y cuyo territorio continental comprende
el que se extiende a partir del perímetro descrito por la unión que se haga
de los puntos de coordenadas planas que conforman una línea limítrofe
con el territorio del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,
desde el punto más septentrional de la Ciénaga de Mallorquín sobre la línea
litoral en el Mar Caribe, hasta la Ciénaga de El Salado y, desde allí, hacia
el NOROCCIDENTE, hasta el Mar Caribe, siguiendo el trazado de la línea
dibujada como limítrofes con el Municipio de Tubará, mediante la
Ordenanza Ratificatoria N° 087 de 1961. En ese territorio están incluidos
los correspondientes a los Corregimientos de Salgar y Sabanilla
Montecarmelo."
ARTÍCULO TERCERO: La línea limítrofe entre el Distrito Especial de
Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia, es aquella formada por los
siguientes segmentos que, al unirse, forman una línea única y continua
que se inicia en el punto de coordenadas (X= 1.713.650, Y=913.000),
ubicado en la línea litoral del Mar Caribe y se extiende hasta el Punto de
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coordenadas (X=1.702.500, Y=907.930) en donde coinciden los límites de
los municipios de Barranquilla, Tubará y Puerto Colombia, siguiendo el
siguiente trazado:
1. - ÁMBITO MARINO.
La línea limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia, en este ámbito se
inicia en el punto de coordenadas (X= 1.713.650, Y=913.000), ubicado en
la línea litoral del Mar Caribe y termina en el lugar en el que se intersecan
la antigua via férrea y la Avenida Circunvalar de Barranquilla en el punto
de coordenadas (X=1.712.620, Y=918.050) siguiendo el siguiente
trazado:
1°- Zona de Anegadizos. Se inicia en el punto de coordenadas (X=
1.713.650, Y=913.000), ubicado en la línea litoral del Mar Caribe; por este
mismo, en sentido general SUR ESTE, se sigue hasta llegar a la
desembocadura del Arroyo Grande en el punto de coordenadas
(X=1.713.180, Y=913.330). Desde aquí, en sentido general SUR, por el
cauce- aguas arriba- de dicho arroyo, se continúa por su ribera occidental,
hasta llegar a su intersección con la vía que conduce de La Playa al Manglar
de los Manaties en el punto de coordenadas (X=1.712.120, Y=913.100).
2°- Zona Urbanización Adela de Char: Desde este punto(X=1.712.120,
Y=913.100), seguimos en sentido general SUR, bordeando el lado
OCCIDENTAL de la Urbanización Adela de Char. Este borde se define por
una línea formada al unir los siguientes puntos de coordenadas:
(X=1.712.070, Y=913.070), (X=1.712.000. Y=913,030), (X=1.711.820,
Y=913.000), (X=1.711.790, Y=913.050), (X=1.711.620, Y=913.180).
3°- Zona Maratea. Desde el punto (X=1.711.620, Y=913.180), se continúa
con el trazado en sentido general SUR, bordeando el lado suroccidental del
asentamiento conocido como Villa Norte, uniendo los siguientes puntos de
coordenadas (X=1.711.530, Y= 913.130), (X=1711350, Y=913.280)
hasta llegar al extremo occidental de la vía que comunica la urbanización
Country Club Villas con el Corregimiento de La Playa, jurisdicción del
Distrito de Barranquilla, en el punto de coordenadas (X=1.711.300,
Y=913.550).
4°- Zona Country Club Villas. Desde el punto de coordenadas
(X=1.711.300, Y=913.550), se sigue por esta vía, en sentido general SUR
OESTE, hasta llegar al punto de coordenadas (X=1.710.800, Y=913.180).
De este punto seguimos en sentido este hasta le punto de coordenadas
(X=1.710.680, Y=913.380) en la urbanización Country Club villas.
5°- Zona Corregimiento de La Playa. A partir del punto de coordenadas
(X=1.710.680, Y=913.380), se sigue el trazado en sentido NORESTE y se
bordea el lado occidental de los terrenos con referencia catastral No.:
00020000307, hasta el punto de coordenadas (X=1.711.136,
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Y=913.774). Desde aquí se continúa por el lado NORTE del predio de
referencia catastral No.: 00020000126 hasta el punto de coordenadas
(X=1.711.150, Y=913.930). Desde el punto de coordenadas
(X=1.711.150, Y=913.930), bordeando el mismo predio referencia
catastral No.: 00020000126, seguimos en sentido SUR hasta el punto de
coordenadas (X=1.711.070, Y=914.000). Desde aquí, en sentido
NORESTE, se sigue hasta el punto de coordenadas (X=1.711.370,
Y=914.210), bordeando el lado occidental de los predios de referencia
catastral No.: 0001030059 al 0065. En el mismo sentido NORESTE, se
forma una línea uniendo los siguientes puntos de
coordenadas:(X=1.711.420, Y=914.250), (X=1.711.480, Y=914.400),
(X=1,711.450), (Y=914.400).
6°- Zona Lago Mar. Desde este punto (X=1.711.450, Y=914.400), el
trazado continúa en sentido NORTE, bordeando el lado occidental de la
urbanización Lago Mar hasta la intercepción con la vía que conduce desde
la Vía 40 hacia el Corregimiento de La Playa, antigua vía del ferrocarril, en
el punto de coordenadas (X=1.711.800, Y=914.520).
7°- Zona Antiguo Camino de hierro. Desde este punto (X=1.711.800,
Y=914.520), seguimos en sentido ESTE por el lado SUR de la vía que
comunica al Corregimiento de La Playa con el barrio de Las Flores y el
Sector Industrial que se alinea en la Vía 40 en el Distrito de Barranquilla,
hasta el punto de coordenadas (X=1.712.620, Y=918.050) punto en el
que se interseca con la Avenida Circunvalar que une al Barrio de Las Flores
con el Puente Laureano Gómez, ambos en el río Magdalena.
2. - ÁMBITO CORREDOR MULTIPROPOSITO
Los límites entre Puerto Colombia y Barranquilla, en este ámbito, se inician
en el punto de coordenadas (X=1.712.620, Y=918.050) en el que se
intersecan la Avenida Circunvalar, la Via 40 y el antiguo Camino de Hierro
del Ferrocarril de Bolivar. En lo que hace a los límites entre Barranquilla y
Puerto Colombia, este trazado se extiende hasta el punto en que esta vía
se cruza con la Autopista Barranquilla/ Cartagena en el punto de
coordenadas (1.709.760, Y=916.440). 1°- Zona Avenida Circunvalar.
Desde el punto de coordenadas (X=1.712.620, Y=918.050), por el borde
occidental de la Avenida Circunvalar se sigue en sentido general SUR ESTE
hasta el punto de coordenadas (X=1.709.880, Y=916.750). En este mismo
sentido, hacia la derecha, seguimos hasta el punto en el que se intersecan
la Avenida Circunvalar con la Autopista Barranquilla Cartagena, en el punto
de coordenadas (1.709.760, Y=916.440)
3. - AMBITO HIDROGRÁFICO.
Los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, en su ámbito
hidrográfico, se inician en la intersección entre la Avenida Circunvalar de
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Barranquilla y la Autopista Barranquilla/ Cartagena en el punto de
coordenadas (1.709.760, Y=916.440) y finaliza en la Ciénaga del Salado
en el punto de Coordenadas (X= 1.702.500, Y= 907.930)
1°- Zona Autopista Barranquilla/ Cartagena. Desde el punto de
coordenadas (1.709.760, Y=916.440), por el borde norte de la Autopista
Barranquilla/ Cartagena, en sentido ESTE- OESTE, se continúa hasta
encontrar el punto de coordenadas (x=1.710.160, Y=914.500).
2°- Zona Jinové, Arroyo León, El Pelú. Desde el punto de coordenadas
(X=1.710.160, Y=914.500), sobre la Autopista Barranquilla a Cartagena,
se sigue hacia el NORTE llegando al punto de coordenadas (X=1.710.200,
Y=914.460).
Desde aquí, en sentido general OESTE se continúa hasta el punto de
coordenadas (X=1.710.200, Y=913.900). El trazado se continúa girando
rumbo al SUR OESTE por el camino que conduce al punto denominado El
Pelú en el punto de Coordenadas (X= 1.710.050, Y = 913.770)
3°- Zona La Mojana y El Pajal. Desde el sitio denominado El Pelú, se
continúa, hasta llegar al punto de coordenadas (X=1.710.050,
Y=913.770). Por este camino en sentido SUR OESTE, bordeando el lado
ESTE de los predios de referencia catastral No.: 00040000007, referencia
No.: 00040000011, referencia No 00040000020, hasta llegar al punto de
coordenadas (X= 1.709.300, Y=913.200).
Desde este punto, se sigue en sentido NOR OESTE, bordeando el lote de
referencia catastral No.: 00040000020 hasta llegar al punto de
coordenadas (X=1.709.540, Y=912.850). El trazado se continúa en el
sentido SUR, en línea recta, hasta llegar a la intersección con el Arroyo
Mosquito en las coordenadas (X=1.708.560 Y=911.920). Desde este
punto de intersección seguimos en sentido SUR ESTE hasta el punto de
coordenadas (X=1.708.000, Y=912.700) sobre la ribera occidental del
cauce del Arroyo Grande.
4°- Zona Mequejo. Desde el punto de coordenadas (X=1.708.000,
Y=912.700) sobre la ribera occidental del cauce del Arroyo Grande, en
sentido SUR, aguas arribas se continúa por su mismo cauce hasta llegar
al punto de coordenadas (X=1.705.520, Y=911.950) desde se continúa el
trazado rumbo general NOR OESTE hasta encontrar el punto de
coordenadas (X=1.706.370, Y=910.740).
5°- Zona Juan Mina. Desde el punto de coordenadas (X=1.706.370,
Y=910.740), se sigue ahora en sentido SUR OESTE hasta llegar al punto
de coordenadas (X=1.705.200, Y=909.620). Desde este punto, en sentido
OESTE se busca el punto de coordenadas (X=1.705.330 Y=909.220).
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Desde el punto de coordenadas (X=1.705.330, Y=909.220), se continúa
en sentido general SUR ESTE hasta llegar al punto de coordenadas
(X=1.704.200, Y=910.190). Desde aquí, en el sentido general SUR, se
busca el cauce del Arroyo Granada en el punto de coordenadas (X=
1.704.000, Y=910.060). A partir de este sitio, en sentido OESTE, el
trazado sigue hasta hallar el punto de coordenadas (x=1.703.970,
Y=909.520).
Desde el punto de coordenadas (X=1.703.970, Y=909.520), se sigue en
sentido general SUR OESTE pasando por el lado ESTE del predio de
referencia catastral N° 00030000111. A partir de aquí, pasando por el
punto de coordenadas (X=1.703.640, Y=909.190), se llega al punto de
coordenadas (X= 1.703.700, Y=908.800) desde donde, en sentido SUR
OESTE, se forma una línea mediante la unión de los puntos de coordenadas
(X=1.703.560, Y=908.440), (X=1703.260, Y=908.130) y
(X=1.702.960,Y=908.100), hasta llegar al punto de coordenadas
(X=1.702.500, Y=907.930) en donde coinciden los límites de los
municipios de Barranquilla, Tubará y Puerto Colombia…”.
Nótese que en el acto acusado, como es natural a la decisión que se debe
adoptar cuando se va a resolver una disputa territorial, se debe establecer con
precisión hasta dónde va el territorio de una u otra entidad, lo que
evidentemente determina en grado de certeza el tamaño o área de las
respectivas entidades territoriales; e implica modificarlo, como quiera que la
definición de toda disputa de este carácter supone las correspondientes
cesiones inicialmente no reconocidas.
Lo anterior reitera la posición adoptada por esta misma Sección en sentencia
del 9 de diciembre de 2004 cuando se estudió la ordenanza 21 del 26 de 1999,
por la cual se aclaran y precisan los límites del municipio de Puerto Colombia
con el municipio de Tubará y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla; en esa oportunidad la decisión de la Sala discurrió en los
siguientes términos:
“Respecto de los distritos especiales, la Sala ya explicó que no pueden ser
segregados territorios para la creación de otro municipio; por lo tanto
áreas territoriales de aquellos no pueden hacer parte de proyectos de
creación de municipios. (...)” (Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y
Servicio Civil. Consulta 946 del 7 de febrero de 1997, C.P. María Elena
Giraldo). (resaltado fuera de texto).
El Departamento Administrativo Distrital de Barranquilla, en oficio del 3 de
septiembre de 1999 dirigido al alcalde distrital, señaló:
“En atención a su solicitud, me permito rendir informe de la conclusión
obtenida del análisis de los planos que a petición nuestra fueron
suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Al respecto y
una vez comparado el área territorial demarcada por el límite fiscal vigente
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Radicado: 08001233100020090112902
Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
entre el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia y el
límite demarcado por la Ordenanza 21 de 1999, se obtiene como resultado
una pérdida territorial para el distrito de Barranquilla de 14.350.929.69
M2 (1.435.09 hectáreas)” (fl. 85).
De conformidad con el material obrante en el expediente y con la
normatividad vigente, la Sala encuentra que, en primer lugar, si la
Ordenanza 21 de 1999 tuvo como fundamento jurídico el artículo 14 de la
Ley 136 de 1994, debió seguir el procedimiento allí previsto, uno de cuyos
pasos era la realización de una consulta popular que no se llevó a cabo.
Además, de conformidad con la certificación del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, con la Ordenanza 21 de
1999, se está segregando del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla un área de 1.435.06 hectáreas, para lo
cual la asamblea departamental carecía de facultades”13.
Finalmente, esta posición cobra sentido cuando se revisa la ley 1671, que, si
bien es cierto, no es aplicable al caso concreto, comoquiera que fue expedida
en el año 2013, es decir, tiempo después de la fecha en que fue expedido el
acto acusado, reafirma lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-313, pues en esta expresamente el legislador le entregó la competencia para
resolver las disputas territoriales entre distritos y municipios a las comisiones
especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento
territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes14.
Establecido entonces que el acto acusado fue expedido sin competencia para
ello, resulta inane entrar a analizar los demás argumentos expuestos en los
recursos de apelación, por lo que se confirmará la decisión de primera instancia.
Respecto a las costas, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, como se
trata de una acción pública, no hay lugar a condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.
13
Radicado 080012331000199902322 02; CP Olga Inés Navarrete Barrero.
14
Artículo 9°. Fijación y modificación de límites distritales.
Corresponde a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la determinación o modificación de límites de los
distritos distintos al Distrito Capital de Bogotá, así como la solución de conflictos limítrofes entre un distrito y
un municipio.
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Radicado: 08001233100020090112902
Demandante: ALEXANDER DE JESÚS POLO DEL VECCIO Y OTRO
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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