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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2010-01016-01

Perjuicio moral

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2010-01016-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERA: REVÓCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 1 de agosto de 2014. SEGUNDO: DECLÁRASE configurada la excepción de “indebida escogencia de la acción”, propuesta por el Distrito de Barranquilla. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2010-01016-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

13 de agosto de 2021

PERJUICIO MORAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN

En lo que respecta a los perjuicios morales alegados por la parte actora en la impugnación de la sentencia, se trata de un elemento que no estuvo contenido en las pretensiones ni en los hechos de la demanda, como tampoco fue debatido a lo largo del proceso, de suerte que no es procedente que solo venga a plantearse en juicio después de haberse proferido la sentencia de primera instancia, pues ello contraviene el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de congruencia, esto último en la medida en que la apelación se encamina a que el superior estudie lo resuelto en la sentencia objeto del recurso (art. 350, CPC), la que a su vez, de acuerdo con la ley procesal, debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, los argumentos de la parte demandada y las excepciones probadas, sin que al juez le esté permitido imponer condenas por cantidades superiores u objetos distintos a los pretendidos en el libelo, o por causa diferente a la invocada en este. Por tanto, no hace parte del alcance de la apelación y escapa de la competencia de la Sala el estudio de los aludidos perjuicios, no debatidos, se reitera, en la primera instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 350

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / BIEN JURÍDICO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO

La jurisprudencia ha advertido de tiempo atrás que las vías judiciales previstas en la ley para la jurisdicción de lo contencioso administrativo persiguen propósitos distintos y muy específicos, atendiendo esencialmente al origen del daño o lesión invocado por el particular demandante, por lo que tales acciones atacan determinadas y diferentes conductas administrativas, esto es, actos, hechos, omisiones, operaciones administrativas y contratos. En esa medida, la selección de la vía judicial no está dejada al arbitrio del demandante, sino que debe guardar correspondencia con la fuente del daño al bien jurídico que la parte actora busca reivindicar.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 87 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, exp, Ce-Sec3-Exp1993-N7303, C.P Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 7 de septiembre de 2000, exp. 2544, CP María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 21 de mayo de 2021, Subsección B, exp. 45878, C.P Martín Bermúdez Muñoz.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBA

[L]a Dirección Distrital de Liquidaciones (…) allegó copia de la Resolución (…) así como de la Resolución (…) confirmatoria de la anterior. Estos instrumentos no pueden ser examinados como prueba en la presente instancia, puesto que no fueron aportados a la causa en las oportunidades señaladas en el Código de Procedimiento Civil ni fueron debidamente controvertidos por las partes durante la actuación procesal; sin embargo, en todo caso está demostrado que la (…) entidad expidió tales actos administrativos, puesto que así lo señaló en la Resolución (…)

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CONTRATO ESTATAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / PROCESO LIQUIDATORIO / OBLIGACIÓN DINERARIA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA PÚBLICA / ACREEDOR / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO

[S]alta a la vista que las resoluciones por las cuales la Dirección Distrital de Liquidaciones rechazó la reclamación del crédito alegado por (…) constituyeron actos administrativos (…) y, por tanto, pasibles de ser enjuiciados ante esta jurisdicción a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, por reprocharse en la demanda la orden de supresión y liquidación de (…) y señalarse que tales medidas se dispusieron en forma fraudulenta mientras se le prometía soslayadamente a (…) un pago que no llegaría, es claro que ese juicio también debió formularse demandando la nulidad del Decreto 0894 de 2008, puesto que de este acto también se desprendió, según lo expuesto en el libelo, el desconocimiento o incumplimiento de las obligaciones reclamadas por la actora. No pasa por alto la Sala que en el presente asunto se demandó la declaratoria de existencia del contrato (…) así como su terminación, aspectos estos que en principio son ajenos a los procesos de liquidación de entidades estatales, por lo que no podían ser puestos en consideración de la Dirección Distrital de Liquidaciones ni ameritar pronunciamiento de esa entidad. Sin embargo, en el proceso sub judice la pretensión central de la demanda y el origen de la reclamación patrimonial fue el alegado incumplimiento del contrato, que a su vez se hizo consistir en el no pago por parte de (…) de las facturas invocadas por la parte actora, vale decir, en la inobservancia de unas obligaciones dinerarias específicas que fueron las que se pretendió hacer valer en el proceso de liquidación de la entidad contratante, sin éxito. En esa medida, el análisis en sede jurisdiccional de la obligación invocada en la demanda dependía del examen, por parte del juez, de los actos que resolvieron sobre dicho crédito supuestamente incumplido por la entidad liquidada, pues el pronunciamiento de la autoridad liquidadora fue el que realmente impidió el cobro de las sumas perseguidas por (…) pero gozaba de presunción de legalidad y de los demás atributos del acto administrativo, no refutables sino por virtud de sentencia judicial de declaratoria de nulidad. Adicionalmente, ese enjuiciamiento del acto administrativo que resolvió sobre la acreencia solo podía formularse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, merced a que el crédito fue rechazado en una resolución que si bien configuró un acto administrativo, no revistió carácter contractual por cuanto no fue expedida por la entidad estatal contratante, en el marco de la ejecución del contrato materia de controversia, ni con ocasión o en desarrollo de este, y asimismo, la autoridad que lo emitió tampoco adoptó su decisión con motivo de relación contractual alguna con (…) sino durante un trámite administrativo no contractual, desligado de ese vínculo negocial e independiente de este, cual fue la liquidación de (…) [S]e advierte que si bien la motivación del acto expedido por el ente liquidador pudo relacionarse con un presupuesto formal al margen de cualquier consideración sobre la existencia y naturaleza de la obligación reclamada, en todo caso las resoluciones de la Dirección Distrital de Liquidaciones debieron ser demandadas judicialmente, puesto que afectaron la acreencia de (…) base de las pretensiones que formuló por la vía judicial en el presente caso-, lo que equivalió a que fueron tales decisiones las que realmente lesionaron los derechos patrimoniales aducidos por la parte actora. En efecto, de conformidad con el Decreto 0894 de 2008, al disponerse la extinción de (…) le fue prohibido ejecutar actos distintos a los necesarios para su pronta liquidación, por lo cual, era en el marco de ese procedimiento administrativo que debía disponerse el pago de las obligaciones surgidas del contrato, pendientes de cumplimiento por parte de la empresa pública.

En ese contexto, debía demostrarse que la acreedora, debiendo acudir al trámite de liquidación con base en lo previsto en el acto de supresión de (…) cumplió con esa carga conforme a la ley y acreditó en sede administrativa el derecho a recibir las sumas reclamadas, lo que, correspondiendo al debate propio de legalidad de las resoluciones de rechazo del crédito, no se controvirtió, justamente porque no hubo demanda judicial contra tales actos administrativos. Aunado a ello, se evidencia que en la demanda se reprochó la legalidad del Decreto 0894 de 2008, pese a lo cual el mismo tampoco fue demandado mediante la acción correspondiente. (…) Siendo tales decisiones censuradas actos administrativos revestidos de presunción de legalidad, era necesario su enjuiciamiento para poder establecer la procedencia de la obligación económica invocada por (…) de suerte que, al no haberse instaurado contra dichos actos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debe declararse probada la excepción de ineptitud de la demanda, propuesta por la parte demandada, por no haberse escogido la vía judicial procedente.(…) En tal virtud, se revocará la sentencia apelada y en su lugar de declarará probada la excepción de [indebida escogencia de la acción], la que le impide a la Sala resolver de fondo el presente asunto.

FUENTE FORMAL: DECRETO 0894 DE 2008 – ARTÍCULO 3 / DECRETO LEY 254 DE 2000 / LEY 1105 DE 2006 - ARTÍCULO 7

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la naturaleza de los actos administrativos contractuales, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2001, exp. 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347) C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 7 de mayo de 2007, exp. 25000-23-26-000-1991-07401-01(16020) C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A., sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 40315. C.P Marta Nubia Velásquez Rico (E). Así mismo, sobre la no procedencia de la acción de controversias contractuales para el reclamo de obligaciones sobre las que se haya resuelto en los procesos de liquidación de las entidades estatales contratantes y deudoras, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 68001233100020090030301 (50114) C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 08001-23-31-000-2010-01016-01(52900)

Actor: CUBISA LTDA

Demandado: DISTRITO DE BARRANQUILLA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: SUPRESIÓN DE ENTIDAD ESTATAL – Si se aduce como fuente del daño, debe demandarse el acto que la dispone / LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES – Rechazo del crédito de origen contractual constituye acto administrativo – Si el rechazo del crédito origina el daño, el asunto no es controversia contractual / ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL ENTE LIQUIDADOR – Demandables ante esta jurisdicción / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – Probada en el caso concreto – Da lugar a sentencia inhibitoria-.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por cada una de las partes contra la sentencia proferida el 1 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Entre la empresa pública Metrotránsito S.A. –hoy liquidada- y la sociedad Cubisa Ltda. se celebró el contrato 063 de 2006. No obstante, en el año 2008, hallándose vigente el negocio jurídico y estando pendientes varias reclamaciones de pago de la contratista, se dispuso la supresión y liquidación de Metrotránsito S.A.

La sociedad Cubisa Ltda. reclamó en el proceso liquidatorio las obligaciones que, según su dicho, le adeudaba la empresa Metrotránsito S.A. con ocasión del contrato mencionado. Sin embargo, el ente liquidador rechazó el crédito de la reclamante, en un acto que fue confirmado en sede del recurso de reposición.

La parte actora reclama en la demanda de controversias contractuales el pago de las mencionadas obligaciones, bajo la pretensión de declaratoria de incumplimiento contractual de Metrotránsito S.A.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 8 de noviembre de 2010 la sociedad Cubisa Ltda., por conducto de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales (fls. 1-12, c.1) contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante, Distrito de Barranquilla) y la Empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla Metrotránsito (en adelante, Metrotránsito S.A.), para entonces en liquidación. Las pretensiones fueron las siguientes:

1-. Que se declare la existencia y vigencia actual del contrato N° 063 de 2006, celebrado entre la sociedad Cubisa Ltda. y la Empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A. en liquidación.

2-. Que se ordene la terminación y liquidación del contrato N° 063 de 2006, por causa del incumplimiento de Metrotránsito S.A. en liquidación.

3-. Condénase (sic) a los demandados (…), en forma mancomunada y solidaria, a pagar a la sociedad Cubisa Ltda. el valor de los perjuicios de orden material causados –daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales ascienden aproximadamente a la suma de quinientos cincuenta y cinco millones ($555’000.000) o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso (…).

4-. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5-. En subsidio de las anteriores pretensiones, invoco que la sentencia declare que hubo un enriquecimiento sin causa de la administración y un correlativo empobrecimiento de la demandante y se condene a los demandados a pagar los perjuicios causados por tal hecho.

-. En el acápite de perjuicios, hizo consistir el daño emergente en el valor de las facturas no abonadas por Metrotránsito S.A., los intereses de mora pagados a varias entidades financieras y personas naturales por un valor de $50’000.000, como consecuencia del “incumplimiento del contrato”, así como las pérdidas materiales sufridas por Cubisa Ltda. con ocasión del proceso ejecutivo iniciado en su contra por el Banco de Crédito, en un juzgado civil de Barranquilla.

-. Como hechos que fundamentaron la demanda se expuso, en síntesis, que el 4 de octubre de 2006, Metrotránsito S.A. celebró con la sociedad Cubisa Ltda. el contrato 063, con el objeto de tomar en alquiler varias camionetas para el funcionamiento de patrullas móviles, por el término de sesenta meses y por la suma de $30’000.000 mensuales, lo que se traducía en un valor total de $1.800’000.000.

La demandante afirmó que la empresa contratista entregó cumplidamente los vehículos alquilados, en los días y horas establecidos, lo que fue certificado periódicamente por el interventor del contrato; asimismo, mantuvo al día el mantenimiento de las camionetas y la documentación reglamentaria, incluyendo la afiliación de los conductores al Sistema General de Seguridad Social. No obstante, la entidad estatal no pagó las facturas correspondientes a los períodos transcurridos entre noviembre de 2007 y agosto de 2008, lapso en el que las camionetas permanecieron a disposición de Metrotránsito S.A.

Expuso (fl. 2, c.1):

“[L]a entidad contratante no canceló las facturas correspondientes a los períodos de noviembre de 2007 a agosto de 2008, es decir, durante 10 meses, pero manteniendo mi representada la disponibilidad de las citadas camionetas a órdenes de la contratante por espacio de un año más, es decir, hasta agosto de 2008 (…). [I]ncumplió la obligación del pago de los servicios prestados en el objeto del contrato, estipulados en la cláusula tercera, o sea, el pago de SEIS MILLONES DE PESOS ($6’000.000) mensuales por cada vehículo arrendado, para un total mensual de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30’000.000), poniéndose de relieve la mala fe de la administración (…)”.

Señaló que sólo el 1 de agosto de 2008 se efectuó el último pago a Cubisa Ltda por la suma de $27’014.640, que cubría el servicio prestado durante el mes de octubre de 2007.

Adujo que la administración había obrado de mala fe, por cuanto mantuvo una estrategia dilatoria consistente en solicitar plazos y suscribir varias promesas de pago que nunca cumplió, con el propósito de impedir que Cubisa Ltda. iniciara acciones legales y así ganar el tiempo justo para ejecutar libremente el plan orquestado de común acuerdo con el Distrito de Barranquilla, de disponer la disolución y liquidación de Metrotránsito S.A., en la cual la entidad territorial tenía participación el 99.36%.

Refirió los diferentes requerimientos de pago que Cubisa Ltda. realizó ante la entidad contratante entre febrero y agosto de 2008 y las respuestas suministradas por el representante legal y el tesorero, en las que supuestamente expresaban su voluntad de pago, y afirmó que en realidad no existió tal propósito de cumplimiento, sino una conducta falaz en la que se ignoró que el servicio prestado era oneroso e incluía gastos como el de combustible, insumos, pagos de personal y otros rubros.

Relató que el 24 de diciembre de 2008, el alcalde mayor de Barranquilla expidió el Decreto 0894 por el cual ordenó la supresión y liquidación de Metrotránsito S.A., no habiendo causa ni justificación alguna para tal medida. En el acto administrativo –prosiguió-, se designó como liquidadora a la Dirección Distrital de Liquidaciones. En punto de ello, adujo que tanto el Distrito de Barranquilla como los representantes de Metrotránsito S.A. habían obrado de mala fe, puesto que “tramaron” la extinción de la empresa y una liquidación que no era necesaria, en tanto que el tiempo que debió destinarse al pago de las obligaciones de la empresa se empleó para preparar tal supresión, en defraudación de los derechos de la actora.

Según la demandante, aunque Cubisa Ltda. concurrió al proceso liquidatorio en calidad de acreedora, la Dirección Distrital de Liquidaciones expidió la Resolución 417 del 25 de septiembre de 2009 en la que se rechazó el cobro efectuado por la actora, por “indebida representación legal”, en una decisión que no fue notificada en legal forma, al tiempo que se omitió disponer la liquidación del contrato pese a estar ello previsto en el acto de supresión.

En torno a este punto, expresó (fl. 4, c.1):

“La Dirección Distrital de Liquidaciones asumió la liquidación de la empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A. (…).
La contratista acudió a la entidad liquidadora para el reclamo del pago de las acreencias a su favor que dejó insoluta la entidad contratante empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A., de las (sic) obligaciones pendientes (10 facturas de $30’000.000 cada una), pero la entidad liquidadora (…) expidió un Acto Administrativo General, el cual ni siquiera fue notificado como corresponde de acuerdo con la ley, sino que [publicó la] Resolución N° 417 del 25 de septiembre de 2009, por medio de la cual ‘se resuelven las reclamaciones de créditos’ (…)”.

Indicó que, aunque Cubisa Ltda. interpuso recurso contra la Resolución 417 de 2009, la decisión de cierre no se le había notificado en la fecha de interposición de la demanda.

2. Trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 8 de febrero de 2011, y notificada a las entidades demandadas en marzo de ese año (fls. 85-88, c.1).

2.2. En providencia del 3 de mayo de 2011, se ordenó notificar la demanda a la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, como tercero “con interés directo en el resultado del (…) proceso”, con fundamento en el artículo 207, num. 5 del C.C.A. (fl. 101, c.1).

2.3. La Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla indicó que ya no le correspondía ejercer la representación legal ni judicial de Metrotránsito S.A. en liquidación, toda vez que se había dado por terminada la existencia de dicha entidad en Resolución 4011 del 7 de diciembre de 2011, la cual puso fin al proceso de liquidación. Con fundamento en ello, solicitó “tener por ineficaz” la notificación de la demanda a la señalada autoridad liquidadora.

El Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó esa solicitud el 12 de enero de 2012 (fl. 296).

2.4. El Distrito de Barranquilla contestó la demanda y propuso la excepción de “indebida escogencia de la acción” por considerar que la parte actora debió instaurar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que su acreencia fue rechazada por el órgano liquidador mediante acto administrativo susceptible de control jurisdiccional.

Igualmente, formuló la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, en la que señaló que la liquidación de Metrotránsito S.A. había sido adelantada por la Dirección Distrital de Liquidaciones y no por la entidad territorial.

Agregó que al iniciarse el proceso de liquidación de Metrotránsito S.A., no podía continuar ejecutándose el contrato 063 de 2006, el cual cesó precisamente cuando se dispuso la supresión de la empresa contratante (fls. 219-225).

2.5. El 6 de octubre de 2011 se dio apertura a la etapa probatoria y en auto del 25 de febrero de 2013 se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión (fl. 616).

2.6. En esta etapa procesal, la parte demandante manifestó que Cubisa Ltda. había cumplido con el objeto contractual, pese a lo cual quedó demostrado que Metrotránsito S.A. dejó de pagar varios períodos de ejecución del contrato.

Afirmó que el Distrito de Barranquilla sí estaba llamado por la ley a cubrir la obligación reclamada en el libelo, por cuanto fue su alcalde quien ordenó la supresión de Metrotránsito S.A., siendo la entidad territorial la principal accionista de esa empresa, con una participación del 99.36%. Adicionalmente, consideró que la responsabilidad del Distrito era, al menos, subsidiaria, en particular por haberse llevado a término la liquidación definitiva del ente suprimido.

Por otro lado, se opuso a la excepción de “indebida escogencia de la acción” y expresó que las pretensiones de la acción de controversias contractuales eran diferentes a las que pudieron caber en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que esta se encaminaba a retirar del ordenamiento determinados actos administrativos, mientras que las pretensiones de carácter contractual buscaban la declaratoria de existencia del contrato y la indemnización por el incumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo.

2.7. A su vez, el Distrito de Barranquilla reiteró las excepciones propuestas y manifestó que no existía fundamento legal ni fáctico para que esa entidad asumiera la obligación de pagar las sumas reclamadas por la actora.

2.8. Por último, la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla solicitó que se tuvieran por demostradas las excepciones de “indebida escogencia de la acción”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “caducidad de la acción”, esta última por no haberse demandado los actos administrativos dictados por el ente liquidador, dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación.

3. La sentencia impugnada

3.1.- El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 1 de agosto de 2014 (fls. 668-692), oportunidad en la cual dispuso:

1°. Decláranse no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad de la acción.

2° Declárase que Metrotránsito S.A., (…) hoy liquidada, incumplió el contrato N° 063 de 2006 (…) por el no pago de los valores pactados en la cláusula tercera del mismo.

3° Condénase al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, conforme las consideraciones expuestas en esta sentencia, a liquidar el contrato N° 063 de 2006 (…), de modo que establezca el balance final de ese contrato. Para lo anterior, se fija un plazo de 2 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia, para efectuar la liquidación bilateral. De no llegar a un acuerdo en ese término, se liquidará unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes.

4° Condénase en abstracto al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (…) a pagar, a título de indemnización por el incumplimiento contractual, la utilidad esperada por Cubisa Ltda. como resultado de la ejecución del contrato N° 063 de 2006, desde el mes de noviembre de 2007 (fecha desde la cual Metrotránsito S.A. incumplió en los pagos mensuales que le correspondían), hasta el momento en que vencía el plazo pactado en las cláusulas segunda y tercera del mismo. Para tales efectos se adelantará ante el a quo, incidente de regulación de perjuicios (…).

6° Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

El a quo comenzó por señalar que la acción incoada por la demandante era la correcta, en la medida en que las pretensiones planteadas perseguían la declaratoria de existencia del contrato 063 de 2003, así como su terminación y liquidación derivadas del incumplimiento contractual de Metrotránsito S.A. Consideró que si bien durante el proceso liquidatorio de la entidad contratante se rechazó la reclamación del crédito de Cubisa Ltda. mediante las Resoluciones 417 de 2009 y 137 de 2010, era igualmente cierto que lo resuelto en tales actos difería de lo reclamado en el juicio, pues en el trámite administrativo se pidió que la masa de liquidación incluyera la acreencia alegada por la sociedad contratista, mientras que en la acción de controversias contractuales se solicitaba el reconocimiento de la relación contractual y del pretendido incumplimiento de Metrotránsito S.A., aspectos sobre los que no se manifestó el liquidador de esa empresa.

Con base en lo anterior, desestimó igualmente la caducidad de la acción, invocada por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla.

En lo atinente al debate de fondo, tuvo por demostrada la existencia del contrato 063 del 17 de octubre de 2006, suscrito entre Metrotránsito S.A. y Cubisa Ltda., y estableció que al iniciarse la extinción de la empresa contratante, el organismo liquidador asumió la obligación de proceder al balance final del negocio jurídico, por cuanto así lo imponía también el Decreto Distrital 0894 de 2008, que ordenó la supresión. En criterio del Tribunal, la omisión de dicha función facultó a la sociedad demandante para solicitar por la vía judicial la declaratoria de terminación del contrato y su consecuente liquidación.

Concluyó, igualmente, que las obligaciones pactadas en las cláusulas habían sido incumplidas por Metrotránsito S.A., en particular por no haber pagado las mensualidades que se le dejaron de reconocer al contratista, razón por la que se debía ordenar su indemnización, cubriendo la utilidad que aspiraba a recibir como resultado de la ejecución del contrato. Sin embargo, dado que no obraba prueba de la cifra solicitada en la demanda por ese concepto, y tampoco figuraba en el plenario el pliego de condiciones u otro documento indicativo de la cuantía de esa utilidad, la condena respectiva debía hacerse en abstracto.

Con todo, consideró que no fueron acreditados los intereses de mora que la actora alegó haber pagado a entidades financieras y personas naturales, por cuanto no se demostró siquiera la existencia de las obligaciones principales que les dieron origen; y en cuanto al proceso ejecutivo tramitado contra Cubisa Ltda., señaló que si bien se había probado el trámite de dicha causa ante el Juzgado 19 Civil Municipal de Barranquilla, no había evidencia de que tal ejecución hubiera surgido por el incumplimiento contractual de Metrotránsito S.A., ya que si bien el testigo Teófilo Ortega Martínez refirió el nexo causal entre ambos hechos, “no hizo afirmación alguna de la que se [desprendiera] con claridad la certeza de que el proceso ejecutivo (…) se hubiere originado de una obligación crediticia que hubiere adquirido Cubisa Ltda. por el incumplimiento de Metrotránsito S.A.”.

Por último, subrayó que la condena impuesta en el fallo debía ser asumida por el Distrito de Barranquilla, puesto que si bien el Decreto de supresión 0894 de 2008 no especificó las reglas para la subrogación de obligaciones y derechos del órgano extinto, sí dispuso que los activos remanentes debían ser entregados al Distrito de Barranquilla al finalizar la liquidación, y fue esa entidad territorial la que creó Metrotránsito S.A., al tiempo que le asignó competencias y funciones, de suerte que le correspondía asumir “la responsabilidad por las condenas judiciales” impuestas al ente suprimido, tal como lo había señalado el mismo Tribunal al fallar otros casos similares.

Refirió:

“Lo expuesto le permite concluir a la Sala que sí es procedente, una vez finalizada la liquidación de Metrotránsito, y declarada la terminación de la existencia y representación legal de ese ente, conforme lo (sic) estipulado en la Resolución N° 4011 del 7 de diciembre de 2010 (…), condenar a al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla al pago de la condena impuesta en esta sentencia, derivada de la responsabilidad contractual incumplida por Metrotránsito S.A. en razón del contrato N° 063 de 2006, suscrito con la sociedad Cubisa Ltda (…)”.

4. Los recursos de apelación

4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la indicada sentencia y señaló que en ella se debieron reconocer los pagos de intereses de mora y costas del proceso ejecutivo adelantado contra Cubisa Ltda. en el Juzgado 19 Civil Municipal de Barranquilla, puesto que la obligación allí cobrada por el Banco de Crédito no pudo ser cubierta por la hoy demandante, precisamente por razón del incumplimiento contractual de Metrotránsito S.A. Agregó que esa relación de causalidad había sido probada en el proceso a través del testimonio del señor Teófilo Ortega Martínez, y al evidenciarse que el año de inicio del proceso ejecutivo coincidía con los períodos dejados de pagar por la extinta empresa.

Como segundo punto de inconformidad, manifestó que en el proceso era procedente el reconocimiento de los intereses de mora de la obligación no pagada a Cubisa Ltda, deuda que se reflejaba en las facturas allegadas, las que a su vez permitían evidenciar que su no pago generó intereses por $293’000.000 hasta la fecha de los alegatos de conclusión (marzo de 2013).

Por otro lado, señaló que en el fallo debió imponerse condena en concreto, puesto que los elementos de prueba obrantes en el plenario eran suficientes para demostrar la cuantía respectiva y proceder a la liquidación del contrato, acto que tampoco debió postergarse, por resultar oneroso para las partes y desgastante para la justicia.

Reprochó, igualmente, que no se hubiera condenado en costas a la parte demandada, pese a que la actora incurrió en gastos judiciales que nunca debieron mermar su patrimonio a causa de la incuria de Metrotránsito S.A., entidad que, en su sentir, obró de manera arbitraria al abstenerse de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Finalmente, solicitó pronunciamiento sobre perjuicios morales y que se ordenara al Distrito de Barranquilla repetir contra los funcionarios que “no ordenaron la liquidación del contrato en forma oportuna”.

4.2. El Distrito de Barranquilla también apeló el fallo de primera instancia y señaló que debió declararse probada, siquiera de oficio, la excepción de “inepta demanda”, por cuanto los actos administrativos expedidos por el ente liquidador de Metrotránsito S.A., si bien no eran de carácter contractual, sí contenían disposiciones relacionadas con la obligación reclamada por Cubisa Ltda., de suerte que la declaratoria de incumplimiento del contrato 063 de 2006 y la indemnización de los perjuicios derivados de tal fenómeno no podían solicitarse en juicio sin que previamente se deprecara la nulidad de las resoluciones que rechazaron la acreencia en el proceso de liquidación de la extinta entidad.

Expresó su desacuerdo con la postura del Tribunal en cuanto a que lo decidido en las resoluciones expedidas por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, como liquidadora de Metrotránsito S.A., era ajeno a lo pretendido en la demanda, especialmente porque esta se encaminaba al reconocimiento de una relación contractual y de un incumplimiento de contrato que no fueron referidos en los actos administrativos. Frente a esta aseveración, la entidad apelante recalcó que los pronunciamientos del ente liquidador sobre la obligación reclamada por Cubisa Ltda. configuraban actos administrativos demandables, y que al contener justamente decisiones relativas al derecho que ahora se invoca en juicio, necesariamente debían ser acusados de ilegalidad mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al amparo de tal premisa, agregó que también había lugar a declarar la caducidad de la acción, puesto que la vía judicial solo se ejercitó cuando había vencido el término previsto en la ley procesal para demandar la nulidad de los actos administrativos dictados por la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, para rechazar la acreencia alegada por Cubisa Ltda. en el proceso de liquidación de Metrotránsito S.A.

Por último, cuestionó que la condena se hiciera recaer en el Distrito de Barranquilla, puesto que no existía sustento legal ni fáctico para que la entidad territorial asumiera la obligación contractual objeto de la demanda, en particular porque se trata de una persona jurídica distinta a Metrotránsito S.A., en cuya supresión fueron enajenados sus activos por parte de la Dirección Distrital de Liquidaciones, precisamente con el fin de cubrir los pasivos a cargo del ente suprimido, siguiendo el orden de prelación previsto en el ordenamiento.

Expresó:

“[D]el Distrito de Barranquilla no puede colegirse en modo alguno que este ocupe el lugar del ente en liquidación o que deba subrogarse en el pago de las obligaciones o los pasivos que Metrotránsito S.A. haya adquirido, ni que exista solidaridad alguna con los mismos, pues como ya se ha dicho, se trata de dos personas jurídicas claramente diferenciadas (…).
En Colombia no existe la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Estado por obligaciones diferentes a las laborales y en el presente caso no estamos en presencia de un crédito laboral, sino de una supuesta obligación contractual”.

Agregó que, de cualquier manera, el liquidador debió dejar una provisión para el pago de obligaciones condicionales y de sentencias posteriores al proceso de liquidación, de conformidad con el artículo 32, numeral 4, del Decreto-ley 254 de 2000, y en el caso particular de Cubisa Ltda., su crédito fue rechazado “por su propia torpeza”, de la cual no era responsable la administración.

4.3 La Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla impugnó igualmente la sentencia de primer grado, y alegó que no estaba llamada a asumir la representación legal de Metrotránsito S.A., puesto que al culminar el proceso de supresión cesaron las funciones del ente liquidador. De igual manera recalcó que no ostentaba la calidad de demandada y siempre fue una persona jurídica diferente al organismo suprimido, por lo que en el proceso debió declararse su “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

En lo restante, expuso los mismos argumentos del recurso de apelación presentado por el Distrito de Barranquilla, suscrito además por el mismo apoderado judicial.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. Declarada fallida la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 y celebrada el 21 de octubre de 2014, los recursos de apelación fueron concedidos el 4 de noviembre de 2014 y admitidos por esta Corporación el 29 de enero de 2015.

5.2. En providencia del 26 de febrero de 2015 se corrió traslado del proceso a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 744).

5.4. Ninguno de los sujetos procesales alegó de conclusión.

5.5. El Ministerio Público guardó silencio en ambas instancias.

II.- CONSIDERACIONES

La Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso el 8 de noviembre de 2010, vale decir, en vigencia de dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos iniciados en vigencia del anterior estatuto.

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –vigente en la fecha de interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala el incumplimiento del contrato N° 063 de 2006, en el que fungió como contratante la hoy suprimida Empresa Metropolitana de Tránsito y Transporte de Barranquilla – Metrotránsito S.A., creada mediante Decreto Distrital 0269 de 2004 como una “entidad pública descentralizada del orden distrital”.

Ahora, la actuación que en esta sentencia habrá de resolverse ostenta vocación de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($257’500.000) establecidos en el artículo 132 – numeral 5 del C.C.A. En efecto, la pretensión de condena de mayor valor fue estimada en $293’000.000, como la suma de las facturas dejadas de pagar por la contratante.

1.2. Alcance de los recursos de apelación

Examinados los argumentos expuestos por los apelantes, se advierte que uno de los puntos en controversia es el relativo a la indebida escogencia de la acción, pues surge la cuestión sobre si, atendiendo a la naturaleza de los actos expedidos por el ente liquidador de Metrotránsito S.A., se configura en el presente caso la ineptitud de la demanda por no haberse instaurado la acción que procedía conforme a la ley, vicio que fue planteado por el Distrito de Barranquilla al argumentar que tales actos debieron ser enjuiciados en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que pudieran ser procedentes las pretensiones de la demanda incoada por Cubisa Ltda.

Tal presupuesto procesal debe ser examinado con prelación sobre los demás aspectos planteados en los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia, pues solo si se establece que la acción escogida por la parte demandante fue la correcta, hay lugar a examinar esos restantes elementos del debate, los que se encaminan a establecer: i) la legitimación en la causa por pasiva de cada una de las entidades demandadas; ii) si hay lugar a reconocer los intereses de mora de la obligación contractual reclamada en la demanda, así como los intereses moratorios y las costas del proceso ejecutivo referido por Cubisa Ltda en su apelación; iii) la procedencia de la eventual condena en concreto y, iv) la imposición de costas a la parte demandada.

En lo que respecta a los perjuicios morales alegados por la parte actora en la impugnación de la sentencia, se trata de un elemento que no estuvo contenido en las pretensiones ni en los hechos de la demanda, como tampoco fue debatido a lo largo del proceso, de suerte que no es procedente que solo venga a plantearse en juicio después de haberse proferido la sentencia de primera instancia, pues ello contraviene el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de congruencia, esto último en la medida en que la apelación se encamina a que el superior estudie lo resuelto en la sentencia objeto del recurso (art. 350, CPC), la que a su vez, de acuerdo con la ley procesal, debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, los argumentos de la parte demandada y las excepciones probadas, sin que al juez le esté permitido imponer condenas por cantidades superiores u objetos distintos a los pretendidos en el libelo, o por causa diferente a la invocada en este. Por tanto, no hace parte del alcance de la apelación y escapa de la competencia de la Sala el estudio de los aludidos perjuicios, no debatidos, se reitera, en la primera instancia.

1.3. La acción procedente

El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo consagra la acción de controversias contractuales al disponer que “[c]ualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”. Por su parte, el artículo 85 del mismo estatuto prevé la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…).

La jurisprudencia ha advertido de tiempo atrás que las vías judiciales previstas en la ley para la jurisdicción de lo contencioso administrativo persiguen propósitos distintos y muy específicos, atendiendo esencialmente al origen del daño o lesión invocado por el particular demandante, por lo que tales acciones atacan determinadas y diferentes conductas administrativas, esto es, actos, hechos, omisiones, operaciones administrativas y contratos. En esa medida, la selección de la vía judicial no está dejada al arbitrio del demandante, sino que debe guardar correspondencia con la fuente del daño al bien jurídico que la parte actora busca reivindicar.

En el presente caso, se señaló en la demanda que, una vez iniciado el proceso de liquidación de Metrotránsito S.A., la contratista Cubisa Ltda. reclamó ante el ente liquidador el pago de las obligaciones objeto de la demanda, para entonces pendientes a cargo del ente suprimido, pero no fue posible el reconocimiento de tales acreencias en sede administrativa puesto que mediante Resolución 417 del 25 de septiembre de 2009, la Dirección Distrital de Liquidaciones rechazó la reclamación de la hoy demandante, por “indebida representación legal” de la persona jurídica, decisión que fue luego confirmada por la misma entidad, en sede del recurso de reposición, sin proceder a la liquidación del contrato.

En este contexto, en los hechos 2, 3, 8 y 9 de la demanda, manifestó:

“[L]a entidad contratante no canceló las facturas correspondientes a los períodos de noviembre de 2007 a agosto de 2008, es decir, durante 10 meses, pero manteniendo mi representada la disponibilidad de las citadas camionetas a órdenes de la contratante por espacio de un año más, es decir, hasta agosto de 2008 (…). [I]ncumplió la obligación del pago de los servicios prestados en el objeto del contrato, estipulados en la cláusula tercera, o sea, el pago de SEIS MILLONES DE PESOS ($6’000.000) mensuales por cada vehículo arrendado, para un total mensual de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30’000.000), poniéndose de relieve la mala fe de la administración (…).

La Dirección Distrital de Liquidaciones asumió la liquidación de la empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla S.A. (…).

La contratista acudió a la entidad liquidadora para el reclamo del pago de las acreencias a su favor que dejó insoluta la entidad contratante (…), de las obligaciones pendientes (10 facturas de $30’000.000) cada una), pero la entidad liquidadora (…) expidió un Acto Administrativo General, el cual ni siquiera fue notificado como corresponde de acuerdo con la ley, sino que lo publicó, Resolución (sic) N° 417 del 25 de septiembre de 2009, por medio de la cual ‘se resuelven las reclamaciones de créditos (…)”.

De otro lado, advirtió que la supresión de Metrotránsito S.A. se había dispuesto de mala fe, puesto que el alcalde mayor de Barranquilla convino la aludida medida con el concejo distrital de la ciudad y las propias directivas de la empresa sin demostrar que se daban los presupuestos para ello, desconociendo a propósito las obligaciones pendientes con Cubisa Ltda. y prometiendo pagarlas en el corto plazo, a sabiendas de que tal pago no se produciría.

La parte actora aportó al proceso copia del contrato 063 del 4 de octubre de 2006, -celebrado entre Metrotránsito S.A. y Cubisa Ltda. para el arrendamiento de vehículos automotores destinados a las patrullas que debían prestar sus servicios en los CAI de Barranquilla-, así como las cuentas de cobro, facturas y reclamaciones presentadas directamente ante la entidad contratante para el pago de los abonos causados entre noviembre de 2007 y agosto de 2008 (fls. 15-58, c.1). De igual manera obra, en el plenario copia del Decreto 0894 del 24 de diciembre de 2008, por el cual el Distrito de Barranquilla ordenó la supresión y liquidación de Metrotránsito S.A., junto con la Resolución 4011 del 7 de diciembre de 2010, en la que la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla declaró la “terminación de la existencia legal” de la empresa suprimida (fls. 91-97, c.1 y 278-292, c.2).

Pues bien, en el Decreto 0894 de 2008 se prohibió a Metrotránsito S.A. iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social o celebrar actos distintos a los necesarios para su pronta liquidación, al tiempo que se advirtió que se liquidarían los contratos y convenios suscritos por la empresa. A su vez, en el artículo 33 de la misma normativa se advirtió que los acreedores de Metrotránsito S.A. debían presentar sus reclamaciones en el término de un mes contado a partir de la publicación del último aviso de emplazamiento, y que una vez expirado dicho plazo, a la luz del artículo 34 del mismo acto, se procedería a la graduación y calificación de los créditos reclamados.

En armonía con ello, al exponer las consideraciones y antecedentes del proceso, la Dirección Distrital de Liquidaciones -como ente liquidador de Metrotránsito S.A.- señaló en la Resolución 4011 de 2010 que, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto-ley 254 de 2000, convocó a todos los acreedores de la empresa para que reclamaran oportunamente el pago de las obligaciones respectivas, y que una vez vencido el término otorgado para ese efecto, se realizó la graduación y calificación de los créditos, con algunas suspensiones del plazo correspondiente. A continuación, señaló:

Posteriormente, mediante la Resolución N° 417 del 25 de septiembre de 2009, la Dirección Distrital de Liquidaciones resolvió las reclamaciones de créditos presentados oportunamente a la Empresa de Tránsito y Transporte Metropolitano de Barranquilla – Metrotránsito S.A. El acto referido fue debidamente notificado por medio de edicto (…).

Una vez vencido el término para interponer los recursos en contra de la Resolución N° 417 de 2009, mediante aviso (…) se realizó el traslado común de los recursos (…). [D]entro del término máximo contemplado en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, el Liquidador procedió a pronunciarse en forma motivada frente a los recursos de reposición interpuestos (…).

En sus alegatos de conclusión de primera instancia, la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla allegó copia de la Resolución 417 del 25 de septiembre de 2009, así como de la Resolución 137 del 8 de marzo de 2010, confirmatoria de la anterior. Estos instrumentos no pueden ser examinados como prueba en la presente instancia, puesto que no fueron aportados a la causa en las oportunidades señaladas en el Código de Procedimiento Civil ni fueron debidamente controvertidos por las partes durante la actuación procesal; sin embargo, en todo caso está demostrado que la mencionada entidad expidió tales actos administrativos, puesto que así lo señaló en la Resolución 4011 de 2010.

A la par con esta circunstancia, es palmario que la sociedad Cubisa Ltda., en su calidad de demandante en este proceso, manifestó expresamente haber reclamado durante el trámite de liquidación de Metrotránsito S.A. las obligaciones que invocó en la demanda, y reconoció que la Dirección Distrital de Liquidaciones, encargada de adelantar la actuación administrativa, rechazó su solicitud en la Resolución 417 de 2009, confirmada posteriormente por el mismo organismo al resolver el recurso de reposición interpuesto por la interesada. Tal manifestación no fue rebatida, refutada ni desvirtuada por las partes, pues por el contrario, ese hecho, cuya ocurrencia no fue objeto de disputa, fue alegado por la parte pasiva como argumento de sus alegatos de primera instancia para sustentar precisamente la indebida escogencia de la acción; por ello, la indicada afirmación de la parte actora resulta valorable y se acompasa con lo señalado por la Dirección Distrital de Liquidaciones en el acto de cierre del proceso liquidatorio, en cuanto a haber resuelto las reclamaciones de los acreedores de Metrotránsito S.A. sobre los créditos pendientes a cargo de la empresa y haber decidido los recursos de reposición interpuestos contra esas decisiones.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 3 del mencionado Decreto 0894 de 2008, el proceso de liquidación de Metrotránsito S.A. se regiría por las disposiciones del Decreto-ley 254 de 2000 y de la Ley 1105 de 2006, normas estas que señalan, cada una en el artículo 7, que “[l]os actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Así entonces, salta a la vista que las resoluciones por las cuales la Dirección Distrital de Liquidaciones rechazó la reclamación del crédito alegado por Cubisa Ltda. constituyeron actos administrativos sujetos a lo previsto en la norma en cita y, por tanto, pasibles de ser enjuiciados ante esta jurisdicción a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, por reprocharse en la demanda la orden de supresión y liquidación de Metrotránsito S.A. y señalarse que tales medidas se dispusieron en forma fraudulenta mientras se le prometía soslayadamente a Cubisa Ltda un pago que no llegaría, es claro que ese juicio también debió formularse demandando la nulidad del Decreto 0894 de 2008, puesto que de este acto también se desprendió, según lo expuesto en el libelo, el desconocimiento o incumplimiento de las obligaciones reclamadas por la actora.

No pasa por alto la Sala que en el presente asunto se demandó la declaratoria de existencia del contrato 063 de 2006, así como su terminación, aspectos estos que en principio son ajenos a los procesos de liquidación de entidades estatales, por lo que no podían ser puestos en consideración de la Dirección Distrital de Liquidaciones ni ameritar pronunciamiento de esa entidad. Sin embargo, en el proceso sub judice la pretensión central de la demanda y el origen de la reclamación patrimonial fue el alegado incumplimiento del contrato, que a su vez se hizo consistir en el no pago por parte de Metrotránsito S.A. de las facturas invocadas por la parte actora, vale decir, en la inobservancia de unas obligaciones dinerarias específicas que fueron las que se pretendió hacer valer en el proceso de liquidación de la entidad contratante, sin éxito. En esa medida, el análisis en sede jurisdiccional de la obligación invocada en la demanda dependía del examen, por parte del juez, de los actos que resolvieron sobre dicho crédito supuestamente incumplido por la entidad liquidada, pues el pronunciamiento de la autoridad liquidadora fue el que realmente impidió el cobro de las sumas perseguidas por Cubisa Ltda., pero gozaba de presunción de legalidad y de los demás atributos del acto administrativo, no refutables sino por virtud de sentencia judicial de declaratoria de nulidad.

Adicionalmente, ese enjuiciamiento del acto administrativo que resolvió sobre la acreencia solo podía formularse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, merced a que el crédito fue rechazado en una resolución que si bien configuró un acto administrativo, no revistió carácter contractual por cuanto no fue expedida por la entidad estatal contratante, en el marco de la ejecución del contrato materia de controversia, ni con ocasión o en desarrollo de este, y asimismo, la autoridad que lo emitió tampoco adoptó su decisión con motivo de relación contractual alguna con Cubisa Ltda., sino durante un trámite administrativo no contractual, desligado de ese vínculo negocial e independiente de este, cual fue la liquidación de Metrotránsito S.A.

Dicho esto, es también pertinente precisar que en el sub lite no se estableció con elemento probatorio directo la razón que llevó a la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla a rechazar la reclamación presentada por Cubisa Ltda. Se cuenta con la manifestación de la propia sociedad demandante, en el sentido de que la aludida entidad tomó su decisión con fundamento en una indebida representación, por no aportar la interesada el certificado expedido por la Cámara de Comercio, que debía acreditar en legal forma su existencia y representación legal.

Así, tomando como base este aserto de la actora, se advierte que si bien la motivación del acto expedido por el ente liquidador pudo relacionarse con un presupuesto formal al margen de cualquier consideración sobre la existencia y naturaleza de la obligación reclamada, en todo caso las resoluciones de la Dirección Distrital de Liquidaciones debieron ser demandadas judicialmente, puesto que afectaron la acreencia de Cubisa Ltda -base de las pretensiones que formuló por la vía judicial en el presente caso-, lo que equivalió a que fueron tales decisiones las que realmente lesionaron los derechos patrimoniales aducidos por la parte actora. En efecto, de conformidad con el Decreto 0894 de 2008, al disponerse la extinción de Metrotránsito S.A. le fue prohibido ejecutar actos distintos a los necesarios para su pronta liquidación, por lo cual, era en el marco de ese procedimiento administrativo que debía disponerse el pago de las obligaciones surgidas del contrato, pendientes de cumplimiento por parte de la empresa pública. En ese contexto, debía demostrarse que la acreedora, debiendo acudir al trámite de liquidación con base en lo previsto en el acto de supresión de Metrotránsito, cumplió con esa carga conforme a la ley y acreditó en sede administrativa el derecho a recibir las sumas reclamadas, lo que correspondiendo al debate propio de legalidad de las resoluciones de rechazo del crédito, no se controvirtió, justamente porque no hubo demanda judicial contra tales actos administrativos.

Aunado a ello, se evidencia que en la demanda se reprochó la legalidad del Decreto 0894 de 2008, pese a lo cual el mismo tampoco fue demandado mediante la acción correspondiente.

La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la no procedencia de la acción de controversias contractuales para el reclamo de obligaciones sobre las que se haya resuelto en los procesos de liquidación de las entidades estatales contratantes y deudoras. Al respecto, en reciente providencia se señaló:

[E]l juez del contrato estatal es el competente para declarar su existencia, el incumplimiento de las obligaciones, ordenar su liquidación y, en general, para efectuar otras declaraciones y condenas pedidas por las partes del negocio jurídico. En contraste, el liquidador de una entidad pública (…) no está investido de esta facultad, pues su atribución, según el Decreto Ley 254 de 2000, consiste en aceptar o rechazar las acreencias presentadas por los terceros en un procedimiento administrativo autónomo y, de ser el caso, calificarlas y graduarlas para su pago con cargo a los activos de la masa liquidatoria. No obstante, cuando media un acto administrativo que incide en la relación jurídica debatida, se debe analizar la causa que sustenta la demanda y, con base en ello, determinar si procede un pronunciamiento sobre las pretensiones, a pesar de no haberse impugnado su legalidad (…).

Las anteriores consideraciones cobran relevancia en los casos en que una parte encauza sus pretensiones a través de la acción de controversias contractuales, sin someter a juicio la legalidad del acto administrativo expedido por el liquidador de la entidad contratante que negó el reconocimiento de una acreencia presentada con fundamento en el negocio jurídico respecto del cual se piden pronunciar las declaraciones y condenas. Así, en un caso en el que a través de la acción de controversias contractuales se pidió declarar la existencia de un contrato, el incumplimiento por la entidad estatal contratante y ordenar su liquidación judicial, la Subsección concluyó que no era procedente pronunciarse sobre las pretensiones. Esta conclusión se dedujo al comprobar que el menoscabo de los intereses jurídicos del demandante se originó en un acto administrativo expedido por el liquidador de una Empresa Social del Estado del orden nacional (…).

La estrategia de trasladar el debate al campo de las controversias contractuales, sustrayéndose del juicio de legalidad de las resoluciones, no es de recibo para la Sala. Si la demandante estaba en desacuerdo con los fundamentos que llevaron al liquidador a negar el reconocimiento de las acreencias, debió pedir la nulidad de tales actos administrativos aduciendo su falsa motivación jurídica. El contencioso subjetivo de anulación era, entonces, el escenario para debatir si el perfeccionamiento del contrato 0055-06 no se sujetaba a la expedición del registro presupuestal y por ello debía aceptarse el crédito reclamado. Bajo esta óptica, no es procedente reconducir este debate vía controversias contractuales, obviando la existencia de un acto administrativo que se presume legal y que tiene los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad.

Si en el marco de este proceso se pronunciara una declaración en el sentido que el contrato se perfeccionó, desaparecerían los fundamentos de derecho de las Resoluciones 165 del 22 de mayo de 2007 y 368 del 20 de agosto del mismo año y, por tal virtud, la fuerza ejecutoria de tales decisiones. No obstante, este resultado se produciría en el marco de un proceso judicial en el que no se impugnó la legalidad de tales actos administrativos, lo cual demuestra que no es procedente pronunciarse sobre una pretensión que, en realidad, envuelve la impugnación de la validez de unas decisiones que recayeron sobre los intereses jurídicos reclamados en la demanda.

Este criterio resulta aplicable en el presente asunto por encuadrar en el mismo supuesto que le sirvió de fundamento: haberse reclamado en demanda de controversia contractual una obligación previamente rechazada mediante acto administrativo, expedido en el marco del proceso de liquidación de la entidad estatal de la que el demandante fue contratista en su momento. En este punto se reitera que, además, la actora formuló reproches contra la conducta del ente liquidador, por haber rechazado el crédito y haber omitido la liquidación del contrato, y que en un hecho adicional de la demanda, cuestionó también la legalidad del acto de supresión y liquidación de Metrotránsito S.A.

Siendo tales decisiones censuradas actos administrativos revestidos de presunción de legalidad, era necesario su enjuiciamiento para poder establecer la procedencia de la obligación económica invocada por Cubisa Ltda, de suerte que, al no haberse instaurado contra dichos actos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debe declararse probada la excepción de ineptitud de la demanda, propuesta por la parte demandada, por no haberse escogido la vía judicial procedente.

Como consecuencia de lo anterior, no hay lugar a examinar los demás aspectos de la controversia ni los restantes argumentos de los recursos de apelación, por no concurrir los presupuestos procesales para ello, merced a lo ya señalado. En tal virtud, se revocará la sentencia apelada y en su lugar de declarará probada la excepción de “indebida escogencia de la acción”, la que le impide a la Sala resolver de fondo el presente asunto.

2. Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERA: REVÓCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 1 de agosto de 2014.

SEGUNDO: DECLÁRASE configurada la excepción de “indebida escogencia de la acción”, propuesta por el Distrito de Barranquilla.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Hoy liquidada.
Cuya vigencia inició el 2 de julio de 2012.
“El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”
Dicha naturaleza jurídica y el acto de creación de la entidad fueron señalados por el Distrito de Barranquilla en el Decreto N° 0894 del 24 de diciembre de 2008 (fl. 279).
El salario mínimo legal mensual que rigió en 2010 era de $515.000 (Decreto 5053 del 30 de diciembre de 2009).
Tal como lo establece el artículo 170 del C.C.A.: “La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.

A su vez, el artículo 305 del CPC establece: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.
Ver entre otras, las sentencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 17 de junio de 1993 –exp. CE-SEC3-EXP1993-N7303, CP Carlos Betancur Jaramillo-, el 7 de septiembre de 2000 –exp. N° 2544, CP María Elena Giraldo Gómez- y el 21 de mayo de 2021 –Subsección B, exp. N° 2177976 13001-23-31-000-2002-00102-01(45878) CP Martín Bermúdez Muñoz-.
En armonía con ello, el artículo 1 – parágrafo 1 del Decreto-ley 254 de 2000 establece: “Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene la liquidación”.
Con respecto a la naturaleza de los actos administrativos contractuales, ver, entre otras, las sentencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10 de mayo de 2001 –exp. N° 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347) C.P. Ricardo Hoyos Duque- y el 7 de mayo de 2007 –exp. N° 25000-23-26-000-1991-07401-01(16020) C.P. Ruth Stella Correa Palacio-.
Sobre este punto, también cabe destacar lo señalado en providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. el 20 de febrero de 2020. Exp. 40.315. C.P Marta Nubia Velásquez Rico (e). Consideración jurídica 4.1.3: “No obstante lo dicho en el acápite anterior, en este caso debe tenerse en cuenta que para el momento en que se presentó la demanda (28 de marzo de 2006) CAJANAL S.A. E.P.S. ya se encontraba en proceso de liquidación (entró en liquidación el 30 de diciembre de 2004, Decreto 4409), por lo cual, según la ley, la competencia para resolver respecto de acreencias ciertas a cargo de esa entidad, que no estuvieran sometidas a procesos declarativos en curso, no era de esta jurisdicción, sino del liquidador, quien las debía resolver a través de acto administrativo; de ahí que, si lo decidido por él resultaba desfavorable al reclamante, lo procedente era instaurar en contra del acto administrativo respectivo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando las obligaciones provinieran de un contrato (…) A pesar de que la acreencia rechazada en el proceso de liquidación forzosa emane de la ejecución de un contrato, el acto administrativo que contiene esa decisión no es de naturaleza contractual, puesto que se produce en el escenario de una actuación administrativa posterior, diferente y desligada de la relación negocial de la cual se deriva la reclamación [nota 42]”.
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021, exp. N° 68001233100020090030301 (50.114) CP José Roberto Sáchica Méndez.

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