Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-01221-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2010-01221-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2010-01221-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01
Referencia: Acción de Nulidad
Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA POR CUANTO NO HABÍA
LUGAR A ANULAR LAS DISPOSICIONES QUE REGLAMENTARON LA
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MÓVIL PUES, EN VIRTUD DEL
PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO SON COMPETENTES LAS
AUTORIDADES TERRITORIALES PARA REGULAR ESA MATERIA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. DE LA MISMA MANERA,
TAMPOCO SE INCURRIÓ EN LOS DEMÁS CARGOS ENDILGADOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, contra
la sentencia de 15 de agosto de 2014, proferida por la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró
la nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004,
expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
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Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01
Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
I.-ANTECEDENTES
I.1 RODRIGO POMBO CAJÍAO, obrando en su propio nombre y en
ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA,
presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico
contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto 352 de
2004, expedido por el Alcalde de Barranquilla; y el Acuerdo núm. 006
de 1998, dictado por el Concejo de Barranquilla -Distrito Especial
Industrial y Portuario-.
En subsidio, solicita la nulidad de los artículos 10°, 11, 12, 13 y 14
del citado Decreto; y 41, numeral 6, del referido Acuerdo 006.
I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en lo siguiente:
1o. Que el artículo 150 de la Constitución Política dispone que
corresponde al Congreso hacer las leyes.
2o. Que la Ley 140 de 1994, reglamentó la publicidad exterior visual
en el territorio nacional.
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
3o. Que, en este caso, el Concejo Distrital expidió el mencionado
Acuerdo por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el
Distrito de Barranquilla; y que mediante Decreto 0274 de 2004 se
delegó, en el Instituto Distrital de Urbanismo y Control -IDUC -, la
competencia para otorgar permisos y/o autorizaciones para la
publicidad exterior visual, adelantar las acciones administrativas
tendientes al cumplimiento de las normas que regulan esta materia
e imponer sanciones por el quebrantamiento de las mismas por
cualquier persona natural o jurídica.
4o. Que el Alcalde Distrital de Barranquilla mediante el Decreto
acusado, reglamentó la publicidad móvil en el Distrito.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo los siguientes
cargos de violación:
1o. “VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES EN QUE
DEBIERON FUNDARSE LOS ACTOS ACUSADOS”
Este cargo, lo concretó en la violación del principio de legalidad,
previsto en los artículos 6°, 121 y 123 de la Carta Política; violación
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del régimen competencial por factor territorial; y violación del
artículo 338 ibidem, especialmente su inciso 2°.
En esta censura aduce el actor que los actos acusados se expidieron
por autoridades incompetentes, por razones tributarias o fiscales y,
por razones de desconocimiento o violación reglamentaria de la Ley,
pues ésta prohíbe la reglamentación de la publicidad exterior visual
menor a 8m².
Añade que en este caso se configura la violación directa de la
Constitución, por cuanto la autoridad administrativa no respetó el
ámbito competencial funcional al momento de establecer una tasa
(valor del registro y valor del permiso para la publicidad móvil); y
desborda las facultades al hacer caso omiso a la imperiosa obligación
de estatuir el sistema y el método para definir los costos y beneficios,
así como la forma de hacer su reparto por el servicio prestado
mediante la imposición de la tasa.
Expresó que los actos acusados reglamentaron la publicidad exterior
visual móvil cuando la Ley 140 de 1994, que la regula, expresamente
lo prohíbe (artículo 15).
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En su opinión, el interés del ente territorial no fue reglamentar la Ley
sino generar recursos ilegales al erario.
Insiste en que del texto del artículo 15 de la citada ley se evidencia
que la publicidad exterior menor a 8m² no está regulada por ella; y,
por lo tanto, no puede ser reglamentada por vía administrativa.
Luego de referirse a la noción de poder, función y actividad de policía
concluye que en este caso se violó la Constitución y la Ley en tanto
que el objeto de los actos acusados es de reserva legal; y que las
autoridades no podían restringir la actividad de la publicidad exterior
visual móvil cuya dimensión fuera inferior a 8m².
Concretamente, frente al Acuerdo 006 de 1998 el actor sostiene lo
siguiente:
Que el artículo segundo de dicho Acuerdo se refiere al campo de
aplicación; que el parágrafo uno del mismo, cobija el elemento
publicitario inferior a 8m²; y que aun cuando no se considere
publicidad exterior visual, debe ceñirse al mismo.
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Es decir, que a pesar de reconocer que la publicidad inferior a 8m²
no se considera publicidad exterior visual, de manera abierta viola
los principios que rigen el poder de reglamentación subsidiaria y
reserva legal.
Resalta el texto de los artículos 29, 30, 41, numeral 6, 42, 45, 46 y
48 del Acuerdo, para mencionar que el permiso y la obligación de
pagar el impuesto solamente aplican y son obligatorios para la
publicidad que se refiera a un producto o servicio diferente al del
objeto social del propietario del vehículo o anunciante. Es decir, que
si el automóvil porta publicidad relacionada con el objeto social de la
empresa propietaria del vehículo, no proceden ni el permiso ni el
pago del impuesto.
El actor considera que el artículo 13 del Decreto establece un permiso
para la instalación de avisos móviles publicitarios, que tiene
condiciones diferentes de las establecidas en el Acuerdo, pues, éste
solamente exigía el permiso para los casos en que el propietario del
vehículo anunciara un producto diferente al de su objeto social; y
que, en cambio, el Decreto no hace distinción alguna y en todos los
casos el propietario del vehículo debe obtener un permiso para poder
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portar publicidad, así se refiera a los productos propios de su objeto
social.
Señala que el Decreto acusado creó el cobro de un valor a pagar por
el otorgamiento del permiso en su artículo 14, que es una erogación
diferente al impuesto de avisos y tableros, al que se refería el artículo
46 del Acuerdo, así como el registro a que se refiere el artículo 10°.
En suma, concluye que el Decreto vulnera la Ley 140 de 1994 así
como la Constitución, en los términos a que se ha hecho mención, y
también vulneró el Acuerdo 006 de 1998.
Por último, resalta el desconocimiento del artículo 15 de la citada Ley
140, que, a su juicio, se formalizó al no haberse contado con los
estudios previos y técnicos que le permitiesen conocer con exactitud
a la administración el cobro de los costos de gastos de inspección
vigilancia y control; y que se apresuró a incluir como actividad que
requiere registro y permiso, la publicidad exterior visual móvil sin
diferenciar su dimensión.
2o. “FALSA MOTIVACIÓN”
Luego de hacer un estudio sobre el concepto normativo y
jurisprudencial de la falsa motivación, considera que el Decreto 352
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de 2004 incurre en dicho vicio, lo cual se extrae de sus
consideraciones, pues éste se fundamenta en la Ley 140 de 1994, en
el Acuerdo del Concejo Distrital 006 de 1998 y en el Decreto 0274 de
2004. Y de la comparación del texto de los artículos 10°, 11, 12, 13
y 14 con las normas que se encuentran en los considerandos de
aquel, salta a la vista que de ellas no se colige que el Alcalde puede
imponer tasas, como la del valor del registro y del permiso.
3o.” DESVIACIÓN DE PODER”
En este cargo, el actor igualmente acude al concepto normativo y
jurisprudencial de la causal alegada; y concluye que el Alcalde no
puede ejercer atribuciones arbitrariamente, pues existen unos
parámetros que no se pueden pasar por alto, por ser de un orden
superior.
Insiste en la necesidad de llevar a cabo estudios técnicos que
establezcan los costos de los servicios que se prestan, pues sólo a
través de dichos estudios se puede cumplir con lo previsto en el
artículo 338 de la Carta Política.
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Que, en este caso, la entidad que expidió el acto demandado no
cuenta con esos estudios; y conforme al artículo 177 del CPC, se trata
de una negación indefinida que no requiere de prueba.
En su criterio, salta a la vista que el Decreto demandado fijó unas
tasas que cobrará el IDUC para determinadas actividades y trámites,
pero no estableció en qué se basó para determinarlas, lo que lleva a
afirmar que la decisión fue caprichosa, pues no persigue ni el interés
público, ni la protección del medio ambiente y el patrimonio ecológico
del Distrito, sino un fin distinto al de la Ley facultante, lo que quiere
decir que ésta obró con base en un interés subjetivo y directo que no
es otro que el ánimo de lucro fiscal.
4o. “INCOMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE
EXPIDIERON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”
Aduce que al imponer tributos el señor Alcalde excedió sus funciones,
toda vez que no existía una norma de carácter legal que estableciera
el tributo ni tampoco un Acuerdo del Concejo que fijara las
condiciones particulares del mismo, como lo exige el artículo 338 de
la Constitución Política, que debe entenderse en concordancia con el
artículo 313 ibidem y el numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136.
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4.1. CONTESTACION DE LA DEMANDA
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por
conducto de apoderada, en forma oportuna, contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones de la misma. En síntesis, señaló:
Que las entidades territoriales no solamente tienen derecho a
gobernarse por autoridades propias sino, además, gestionar sus
propios intereses, con lo cual se concreta un poder de dirección
administrativa, como lo manda el artículo 287 de la Constitución
Política, en armonía con los artículos 1°, 2° y 3° ibidem.
Que no existe violación alguna, ya que es la misma Ley 140 de 1994
la que, de acuerdo con el principio de rigor subsidiario, puede ser
desarrollada de manera más estricta por los Concejos Distritales y
municipales y por las autoridades de los territorios indígenas en
virtud de sus competencias constitucionales propias, para dictar
normas para la protección del paisaje, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 313 y 330 de la Carta Política.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 15 de agosto de 2014, la Subsección de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, declaró la
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nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004, expedido
por la Alcaldía de Barranquilla, y denegó las demás pretensiones de
la demanda, con base en los razonamientos que pueden sintetizarse,
así:
Consideró el Tribunal que el artículo 14 de la Ley 140 de 1994 no
señaló ni autorizó expresamente la fijación de tarifas por el registro
ni por el otorgamiento de permisos. A su juicio, el establecimiento de
tales tarifas resulta ilegal porque no tienen ningún sustento usurpar
la competencia delimitada expresamente en el artículo 338 de la
Constitución Política.
Que la regulación que hizo el Concejo Distrital respecto del impuesto
a la publicidad exterior visual, debe entenderse aplicable únicamente
a aquella que es superior a los 8m², conforme se prevé en la Ley
140 de 1994, artículo 15; que este impuesto es el único autorizado
a pagar por quienes pretendan no tener algún tipo de permiso para
la instalación de cualquier tipo de publicidad exterior visual, incluida
la publicidad móvil que reglamentó el Distrito de Barranquilla; y que
también ha de entenderse que el único valor que por impuesto o
contribución se encuentra autorizado a pagar para aquella publicidad
cuyas dimensiones sean inferiores a los 8m², será lo correspondiente
al impuesto establecido por la Ley de avisos y tableros, según lo
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precisó el Consejo de Estado, en sentencia de 12 de junio de 2002,
(Expediente núm. 17001-23-31-000-2000-00006-01 (12646)).
Concluyó que tenía vocación de prosperidad el cargo de nulidad en
cuanto a la falta de competencia de la Alcaldía de Barranquilla para
fijar una tarifa para el registro y otorgamiento de permisos para la
publicidad móvil en el Distrito, porque no estaba autorizada por el
legislador y ni siquiera por el mismo Concejo Distrital, lo que
constituye una contribución adicional al impuesto de avisos y tableros
y al impuesto a la publicidad exterior visual, todo lo cual viola el
artículo 338 de la Constitución Política.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, finco su inconformidad, con la sentencia recurrida, así:
Que el Consejo de Estado en sentencia de 12 de junio de 2002 señaló
que la Ley 140 de 1994 gravó, en forma autónoma toda la publicidad
exterior visual allí definida en los artículos 14 y 15; y precisó que la
tarifa establecida en el artículo 14, en concordancia con el artículo
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15, deberá ser fijada por el respectivo órgano de representación
popular, Concejo municipal o distrital, autónomamente.
A juicio de la recurrente, lo que busca la citada Ley es gravar la
utilización del espacio público por la publicidad exterior visual y
autoriza para ello una tarifa independiente de la señalada para la
colocación de avisos y tableros, que es complementaria del impuesto
de industria y comercio.
Que con la expedición de esta Ley se reglamentó la publicidad
exterior visual y se autorizó a los Concejos para adecuar el impuesto
autorizado por las leyes 97 de 1913 y 85 de 1915.
Insiste en que la autorización legal está contenida en los artículos 31
y 66 de la Ley 99 de 1993; 28 de la Ley 344 de 1996 y 96 de la Ley
633 de 2000.
Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto 352 de 2004
a través del cual se instrumentalizan los preceptos enunciados en el
Acuerdo 006 y en la Ley 99 de 1993.
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Que el valor del registro regulado a través del injustamente anulado
artículo 11, tiene que ver con el registro que deben suscribir en el
Distrito de Barranquilla las personas naturales o jurídicas dedicadas
a la comercialización de publicidad móvil como se infiere de los
artículos 9° y 10º del mismo; y que ello no es otra cosa que el costo
que implica una operación administrativa que tiene que ver con el
registro de esta clase de compañías, a efecto del control en materia
ambiental.
Que, por su parte, el artículo 14, también anulado, estableció el valor
correspondiente al permiso que debe suscribir el propietario para
exhibir su aviso móvil por toda la ciudad, para lo cual debe pagar 7
salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo, por cada
mes o fracción de mes; y que para el permiso de instalación de avisos
móviles publicitarios en vehículos tipo particular será de 3 salarios
mínimos legales vigentes diarios por cada vehículo en favor del IDUC
y por el término de un mes o fracción de mes; empero que, distinto
ocurre con los impuestos de publicidad exterior visual y el
complementario de avisos y tableros, los cuales si bien tienen que
ver con exhibirse al público mediante esta clase de anuncios, no son
excluyentes; y que de hecho pueden coexistir, ya que se trata de
hechos generadores diferentes como se infiere del artículo 46 del
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Decreto 06 de 1998 y del artículo 76 del Acuerdo 22 de 2004,
vigentes para la época.
Estima que, en este caso, no se configura la sobre tarifa a ninguno
de los dos impuestos que refiere el Tribunal, pues el impuesto de
avisos y tableros es un impuesto complementario que no se genera
de forma espontánea con la mera instalación del anuncio al público;
que para que se configure, debe pre existir la realización de alguna
de las actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio;
que su regulación para el año 2004 era la contenida en los artículos
58 a 62 del Acuerdo 22 de 2004, en la actualidad regulado en el
Acuerdo 30 de 2008 y hoy recogido en el Decreto 0924 de 2011; y
que en ninguno de los artículos anulados se hace mención a la
publicidad que hace el sujeto pasivo del impuesto de industria y
comercio sobre su propia actividad, por lo que no hay lugar a aceptar
la equivocada interpretación del Tribunal.
Insiste en que el impuesto a la publicidad exterior tampoco riñe con
los regulados en los artículos anulados, en la medida en que su hecho
generador estaba constituido por la exhibición o colocación de todo
tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, símbolo o
nombre colocado en su respectiva sede o establecimiento; y en los
artículos enjuiciados lo que se regula es el valor correspondiente a
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los permisos para instalar esa publicidad móvil que se encuentra
sujeta al pago de estos tributos, al complementario de avisos siempre
que el sujeto pasivo ejerza actividad gravada con el impuesto de
industria y comercio; y con el de publicidad, en la medida en que la
valla exceda el área establecida en la Ley, recogida por el Acuerdo
006, y la publicidad se exponga al público en los términos
establecidos en el artículo 73 del Acuerdo 22.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo la parte actora presentó, en forma oportuna,
alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, se reafirma en los
cargos de la demanda y solicita que se confirme la sentencia apelada.
IV.2.-El Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, no presentó alegatos de conclusión.
IV.3. El Ministerio Público, en la oportunidad concedida para
presentar sus alegatos, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Decreto
352 de 2004, expedido por el Alcalde de Barranquilla; y del
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Acuerdo núm. 006 de 1998, emanado del Concejo de Barranquilla-
Distrito Especial Industrial y Portuario-.
Los mencionados actos, en lo pertinente, son del siguiente tenor:
“DECRETO 0352 DE 2004
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD MOVIL
EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRAQUILLA EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES, Y EN ESPECIAL
CONFERIDAS POR LA LEY 140 DE 1994 Y EL ACUERDO
DEL CONCEJO DE BARRANQUILLA No. 006 DE 1998 Y,
CONSIDERANDO:
Que la ley 140 de 1994 reglamentó la publicidad exterior
visual en el territorio nacional con el objeto de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del país, mediante la
descontaminación visual y del paisaje, la protección del
espacio público y de la integridad del medio ambiente, la
seguridad vial y la simplificación de la actuación
administrativa.
Que el Acuerdo del Concejo Distrital de Barranquilla No. 006
de 1998 “ Por el cual se reglamenta la publicidad exterior
visual en el Distrito de Barranquilla” define a la publicidad
exterior visual como el medio masivo de comunicación
permanente o temporal, fijo o móvil que se destine para
instalar mensajes con los cuales se busque llamar la atención
del público a través de leyendas o elementos visuales en
general, tales como dibujos, fotografías, letreros y/ o
cualquier otra forma de imagen que se haga visible desde
las vías de uso público, bien sea peatonales o vehiculares,
terrestres, fluviales, marítimas o aéreas, cuyo fin sea
publicitario, cívico, político, institucional, cultural, o
informativo.
Que el artículo 41 del Acuerdo del Concejo Distrital de
Barranquilla No. 006 de 1998, establece como un tipo de
vallas publicitarias las instaladas en vehículos automotores.
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Que mediante el Decreto 0274 de 2004 se delegó en el
Instituto Distrital de Urbanismo y Control -IDUC-la
competencia para otorgar permisos y/ o autorizaciones para
la publicidad exterior visual y adelantar las acciones
administrativas pendientes del cumplimiento de las normas
que regulen esta materia, así como la de imponer sanciones
por el quebrantamiento de las mismas por cualquier persona
natural o jurídica.
Que se hace necesario reglamentar y limitar la publicidad
móvil en el Distrito de Barranquilla para evitar la saturación,
la contaminación visual y ejercer un efectivo control.
DECRETA
[…]
ARTÍCULO SEXTO: VEHÍCULOS CON PLATAFORMA DE
USO EXCLUSIVO PARA EL PORTE DE AVISOS
PUBLICITARIOS Y LETREROS.
(...)
PARÁGRAFO: Deléguese en el Instituto Distrital de
Urbanismo y Control- IDUC- o la entidad que haga sus veces,
la facultad para aprobar la totalidad de vehículos con
plataforma de uso exclusivo para el porte avisos publicitarios
y letreros que puedan circular en el distrito de Barranquilla,
previa elaboración del estudio técnico respectivo.
(…)
ARTÍCULO SÉPTIMO: INSPECCIÓN, VIGILANCIA y
CONTROL: La inspección, vigilancia y control sobre la
publicidad móvil la ejercerá el Instituto Distrital de
Urbanismo y Control -IDUC- o la entidad que haga sus veces,
quien deberá contar con el apoyo de la empresa
metropolitana de tránsito y transporte en lo pertinente a las
funciones de esta última entidad.
ARTÍCULO OCTAVO: FUNCIONES DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL: El Instituto Distrital de
Urbanismo y Control- IDUC_ cumplirá las siguientes
funciones de inspección vigilancia y control:
(...)
g) Desarrollar un sistema de inspección, vigilancia y control
acorde a los parámetros dictados por el presente decreto y
la Ley 140 de 1994, el Acuerdo 006 de 1998 y el Decreto
589 de 1998.
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ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE EMPRESAS
DEDICADAS A COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD
MÓVIL (...)
ARTÍCULO DÉCIMO: DEL REGISTRO: Para obtener el
registro, las personas naturales o jurídicas interesadas,
deberán aportar los siguientes documentos:
a) Solicitud de registro.
b) Certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio, cuando sea una persona
jurídica.
C) Certificado de matrícula de persona natural, expedido por
la Cámara de Comercio, cuando sea una persona natural.
d) Fotocopia de la cédula del representante legal de la
persona jurídica o de la persona natural.
e) Documento que demuestre el pago del valor del servicio
registro.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: VALOR DEL REGISTRO:
Las personas naturales o jurídicas interesadas cancelarán a
favor del IDUC una cuota anual de un salario mínimo legal
mensual vigente por el derecho al registro de los gastos de
inspección, vigilancia y control que se desprenden del
mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: APROBACION DEL
REGISTRO: En el Acto administrativo por medio del cual
IDUC apruebe el registro, se determinará el cupo máximo de
vehículo en los que se permitirá la instalación de avisos
móviles publicitarios, las obligaciones del registrado y las
causales de cancelación del registro.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PERMISO: Para la
instalación de avisos móviles publicitarios se requiere una
licencia otorgada por el IDUC, la solicitud deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:
a) Original y copia del recibo de consignación del pago de la
expedición del permiso.
b) Poder debidamente otorgado, cuando se actúa mediante
poder.
c) Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.
d) Autorización del propietario del vehículo o contrato, si el
vehículo no es propiedad del solicitante.
e) fotografía panorámica del vehículo, tamaño 9 × 12 CMS.
f) Póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
instalación del aviso móvil publicitario por un valor
equivalente a cinco salarios mínimos legal mensual vigente.
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g) Entregar los documentos en este orden en un folder
legajado celuguia.
ARTICULO DECIMO CUARTO: VALOR DEL PERMISO: El
valor de los derechos a pagar por el otorgamiento del
permiso para la instalación de avisos móviles publicitarios
será de siete (7) salario mínimo legal diarios vigente por
cada vehículo a favor del IDUC y por el término de un mes o
fracción de mes. La cifra se aproximará a decena.
Para efecto de contabilizarse el término de duración de una
publicidad móvil se tendrá en cuenta la fecha expedición del
permiso.
ARTICULO DECIMO QUINTO: SANCIONES
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
“[…]
“REPÚBLICA DE COLOMBIA
Concejo Distrital Barranquilla
ACUERDO No. 006
16 jun 1998
“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD
VISUAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”
EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
En ejercicio de sus facultades Constitucionales y
Legales,
en especial las conferidas por los incisos 3,7 y 9 del
Art. 313 de la Constitución Política de Colombia,
Artículo 6 de la Ley 9 de 1989 y la Ley140 de 1994
ACUERDA:
Artículo 1: OBJETO: El Presente acuerdo tiene como
objetivo general mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
residentes en Barranquilla en consonancia con el derecho a
la comunicación, mediante la preservación de condiciones
ambientales favorables, la protección del espacio público y
la mejoría de la seguridad vial, y como objetos específicos,
entre otros, determinar la forma, procedimientos y ubicación
de la Publicidad Exterior Visual y los diferentes elementos de
publicidad visual, indicando a la vez las zonas en las que
están permitidos y en los que está prohibida su exhibición y
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
las responsabilidades que recaen sobre los propietarios,
anunciantes, arrendadores y funcionarios. El objetivo
general atrás señalado constituye el espíritu de esta
preceptiva, la cual deberá interpretarse siempre de
conformidad con él.
Artículo 2: CAMPO DE APLICACION: Entiéndase por
Publicidad Exterior Visual el medio masivo de comunicación
permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine para
instalar mensajes con los cuales se busque llamar la atención
del público a través de leyendas o elementos visuales en
general, tales como dibujos, fotografías, letreros o cualquier
otra forma de imagen que se haga visible desde las vías de
uso público, bien sea peatonales, vehiculares, terrestres,
acuáticas o aéreas, cuyo fin sea publicitario, cívico, político,
institucional, cultural, o informativo y que tenga un área
igual o superior a ocho (8) metros. Tales medios pueden ser
vallas, avisos, tableros electrónicos, pasacalles, pendones,
colombinas, carteleras, Mogadores, globos y, otros
similares.
Parágrafo 1: Aún cuando el Elemento Publicitario posea un
área inferior a ocho (8) metros y no se le considere
Publicidad Exterior Visual deberá seguirse a lo establecido en
este Acuerdo.
(...)
Artículo 41: TIPOS DE VALLAS PUBLICITARIAS. Para
efectos del presente acuerdo se tendrán los siguientes tipos
de vallas publicitarias:
(...)
6. Vallas En vehículos automotores: son aquellos que se han
fijado adherido al techo o costados de los vehículos de
transporte público o privado. No podrán ocupar un área
superior al costado o techo sobre el cual se ha fijado.
Deberán ubicarse de manera paralela al vehículo y en ningún
caso vertical con respecto al mismo.
Artículo 45: MULTAS: Los Infractores de este acuerdo en lo
referente a los medios publicitarios, incurrirán en multa de
uno (1) a cinco (5) salarios “mínimos legales mensuales “por
cada infracción. La multa la impondrá la entidad que
adelante la correspondiente actuación administrativa.
(...)
Sub-Capitulo V
DEL IMPUESTO
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
Artículo 46: IMPUESTO: en cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 14 de la Ley 140 y 1994 y, de acuerdo al
numeral K del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, reformada
por la Ley 84 de 1915, a la cual se refiere la Ley 14 de 1983
en su artículo 37, el Decreto 133 de 1986 y el Artículo 78 de
la Ley 75 de 1986 y, teniendo de presente que las vallas
publicitarias son elementos independientes del inmueble
sobre el cual están ubicadas, que igualmente son bienes
muebles y no se consideran inmuebles por adherencia y
constituyen en sí mismas un negocio aparte de que pudiera
ubicarse en el inmueble un mueble sobre el cual están
instaladas, deberá pagar de manera independiente e
Individual el impuesto correspondiente a “ aviso y tableros”
de qué hablan las precitadas normas así:
(...)
Parágrafo: Las Personas naturales o jurídicas cuya actividad
económica sea la comercialización de espacios publicitarios
mediante la publicidad exterior visual continuarán pagando
su impuesto de industria y comercio, pero el complementario
de avisos y tableros deberá liquidarlo y cancelarlo conforme
a lo establecido en la presente normativa.
(...)
Artículo 47: CANCELACION DE IMPUESTO: El Presente
impuesto deberá ser cancelado en la Tesorería Distrital.
Artículo 48: PERMISO: En Lo referente al permiso e
impuestos sobre las vallas instaladas en vehículos
automotores, deberá tenerse en cuenta que se solicitará
permiso y por ende cancelará el impuesto respectivo cuando
se anuncie, promocione u ofrezca producto o servicio
diferente al del objeto social que desarrolla el propietario del
vehículo.
(...)
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
[…]”.
Cómo quedó visto, el Tribunal en la sentencia apelada declaró la
nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004, expedido
por la Alcaldía de Barranquilla, por cuanto consideró que la Ley 140
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
en su artículo 14 no señaló ni autorizó expresamente la fijación de
tarifas por el registro, ni por el otorgamiento de permisos.
A su juicio, el establecimiento de tales tarifas es ilegal porque no
tiene ningún sustento y usurpa la competencia delimitada en el
artículo 338 de la Constitución Política.
Concluyó que tenía vocación de prosperidad el cargo de falta de
competencia, porque la Alcaldía no estaba autorizada por el
legislador ni por el Concejo Distrital, lo que constituye una
contribución adicional al impuesto de avisos y tableros el gravamen
a la publicidad exterior visual.
Por su parte, la apoderada del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla solicita revocar la sentencia apelada, por cuanto
considera, en síntesis, que ya el Consejo de Estado precisó que la
Ley 140 de 1994 gravó en forma autónoma, en sus artículos 14 y 15,
toda la publicidad exterior visual y que la tarifa debe ser fijada por el
respectivo órgano de representación popular, esto es, el Concejo
municipal o distrital, autónomamente.
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
Enfatiza en que lo que busca la citada Ley 140 es gravar la utilización
del espacio público por la publicidad exterior visual; y que para ello
autoriza una tarifa independiente de la señalada para la colocación
de avisos y tableros, que es complementaria del impuesto de
industria y comercio.
Resalta que el impuesto a la publicidad exterior no riñe con lo
regulado en las normas anuladas, porque el hecho generador en
éstas es el valor correspondiente a los permisos para instalar esa
publicidad móvil que se encuentra sujeta al pago de los tributos al
complementario de avisos, siempre que el sujeto pasivo ejerza
actividad gravada con el impuesto de industria comercio; y con el de
publicidad, en la medida en que la valla exceda el área establecida
en la Ley y recogida por el Acuerdo así como que la publicidad se
exponga al público, en los términos establecidos en el artículo 73 del
Acuerdo 22 de 2004.
Precisado lo anterior, cabe resaltar que esta Corporación en
sentencia de 26 de abril de 2018 (Expediente núm. 25000-23-24-
000-2010-00387-01, Magistrada Ponente María Elizabeth García
González), dentro de un proceso adelantado por el señor Rodrigo
Pombo Cajíao, quien funge también como actor en este proceso, tuvo
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
la oportunidad de pronunciarse frente al alcance de la Ley 140 de
1994 y en relación con los mismos cargos expuestos en la demanda,
frente al tema de la publicidad exterior visual móvil, razón por la cual
en esta ocasión la Sala se remite a lo allí expuesto para prohijarlo.
En la mencionada sentencia dijo la Sala:
“[…]”
V.2. De la lectura de los actos que se cuestionan y teniendo
en consideración los cargos que analizó el Tribunal y la
oposición que respecto de la decisión denegatoria de las
pretensiones planteó el recurrente, se tiene que los
problemas jurídicos que corresponde examinar en esta
instancia, con el propósito de resolver las cuestiones en la
que insistió el apelante, radican en los siguientes: i) la
reserva legal y la prohibición de autoridades administrativas
para reglamentar la publicidad exterior visual, ii) la presunta
desviación de poder en la expedición de los actos acusados
y iii) la extralimitación de las competencias de la autoridad
ambiental del distrito para fijar tributos y determinar los
costos de la “tasa” como consecuencia de la autorización que
expide la autoridad ambiental distrital para realizar el
registro de la publicidad exterior visual.
Con el fin de abordar los cuestionamientos que informan este
recurso la Sala los aborda de la siguiente manera:
1. ¿EXISTE RESERVA LEGAL EN MATERIA DE
REGLAMENTACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL? APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIGOR
SUBSIDIARIO.
Corresponde en primer lugar resolver si el régimen legal de
la publicidad exterior visual, contenida en la Ley 140 impuso,
como lo considera el apelante, un límite competencial que
impide toda manifestación reglamentaria de orden
territorial, específicamente cuando dicha publicidad sea
inferior a 8 metros cuadrados.
A esta conclusión arribó el apelante, bajo el entendido de
que la Ley 140 agotó la competencia sobre la materia que
está restringida al ámbito legislativo, de conformidad con lo
reglado en el artículo 15 ibidem.
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
Para la Sala este argumento no es de recibo, por las
siguientes razones:
El objeto de la Ley 140, fue el de reglamentar la publicidad
exterior visual, título que adoptó el legislador al promulgarla.
Si bien este fue su propósito, no es acertado que posea una
restricción privativa reglamentaria que impida a las
autoridades de orden territorial regular el tema de publicidad
exterior visual en sus ámbitos funcionales, pues de
conformidad con el artículo 1° de la Ley 140, su objeto es el
de establecer las condiciones en que puede realizarse
Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.
Esa misma disposición contiene el concepto sobre qué debe
entenderse por Publicidad Exterior Visual y, en ningún caso,
restringió, como lo invoca el apelante, que solo se considera
PEV aquella publicidad que es igual o superior a las
dimensiones volumétricas de 8 m2.
En efecto, el artículo 1° de la Ley 140, señala:
“[…] se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio
masivo de comunicación destinado a informar o llamar la
atención del público a través de elementos visuales como
leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o
similares, visibles desde las vías de uso o dominio público,
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales,
marítimas o aéreas.
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos
de la presente Ley, la señalización vial, la nomenclatura
urbana o rural, la información sobre sitios históricos,
turísticos y culturales, y aquella información temporal de
carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las
autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas,
que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza
siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño
del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera
Publicidad Exterior Visual las expresiones artísticas como
pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes
comerciales o de otra naturaleza […]”.
Precisamente, la Corte Constitucional en el examen de
exequibilidad de la norma antes transcrita, y contrario a lo
invocado por el apelante, le otorgó un entendimiento
condicionado para declararla exequible. Consideró que si
bien la Ley 140 es una reglamentación de orden nacional,
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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.
constituye una regulación básica que no puede restringir ni
limitar las competencias que en la materia le están atribuidas
a los concejos municipales y distritales.
Al respecto, precisó la Corte:
“[…] El artículo 1º define la publicidad exterior visual y
precisa algunos fenómenos que expresamente no
pueden ser considerados, para efectos de la ley, como
tal publicidad. Igualmente señala ese artículo que el objeto
de la ley es establecer las condiciones como puede
realizarse la publicidad exterior visual en el territorio
nacional.
Según la actora, esa disposición es inexequible pues vacía la
competencia de los municipios y territorios indígenas, ya que
sugiere que es únicamente la ley la que regula las
condiciones de realización de la publicidad exterior visual en
todo el territorio colombiano.
La Corte considera que el cargo de la actora es válido, si
se entiende que la normatividad legal es exhaustiva, y
excluye regulaciones más rigurosas por las entidades
territoriales. Pero, en cambio, la norma se ajusta a la
Constitución si se considera que ella es una regulación
nacional básica que, en virtud del principio de rigor
subsidiario, puede ser desarrollada de manera más
estricta por los concejos distritales y municipales, y
por los territorios indígenas, en virtud de sus competencias
constitucionales propias para dictar normas para la
protección del paisaje, señaladas por los artículos 313 y 330
de la Carta […].”1
Esta consideración sobre el entendimiento que ha de dársele
a la Ley 140 (ordenamiento básico) descarta la violación que
invoca el apelante respecto de que el desarrollo
reglamentario de las autoridades territoriales desconoce las
normas competenciales y de reserva legal que indica que tal
regulación está restringida al órgano legislativo.
Sumado al condicionamiento que hizo la Corte Constitucional
frente a la exequibilidad del artículo 1° de la Ley 140, es de
relevancia para este análisis que tal postura la adoptó en
virtud del principio de rigor subsidiario, que confiere a
las autoridades locales la atribución de reglamentación
específica y más rigurosa, en pro de la preservación del
1 Corte Constitucional. Sentencia C-535-96 M.P. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.
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medio ambiente en sus territorios, de conformidad con los
artículos 313.92 Superior y 633 de la Ley 99 de 19934.
De este modo, con fundamento en las precitadas normas, a
las autoridades distritales les corresponde adoptar la
reglamentación de la publicidad exterior visual, en
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales
que así lo autorizan.
Este orden e integración normativa es el que debe
considerarse para evaluar las atribuciones invocadas por las
autoridades distritales de que dan cuenta los actos
administrativos acusados, para establecer que sí se
encuentran facultados para el desarrollo de la materia
cuestionada.
Así las cosas, la Sala encuentra acertados los argumentos
que expuso el Tribunal para despachar desfavorablemente
este cargo de violación de las normas superiores, por el
presunto desconocimiento del principio de reserva legal. En
efecto, tal como se vio, el régimen normativo de
reglamentación ambiental atribuye entre otras, a las
autoridades distritales, la facultad para expedir la
reglamentación necesaria sobre publicidad exterior visual en
su ámbito territorial.
Entonces, la Sala comparte el argumento de que el examen
de competencias reglamentarias en materia de publicidad
exterior visual - PEV, se rige por el principio de rigor
subsidiario cuando está involucrado el patrimonio ecológico.
2
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
3
ARTÍCULO 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un
medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad
del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las
entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor
subsidiario definidos en el presente artículo.
(…)
Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las
autoridades medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o
restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada
actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero
no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o
municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial
de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con
el artículo 51 de la presente Ley.
4
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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A tal conclusión se llega porque la comunicación visual que
se transmite a través de dicha publicidad está ligada
necesariamente a la garantía y al respeto de un medio
ambiente sano. Este vínculo lo reconoció expresamente el
Tribunal Constitucional, al señalar:
“[…] el tema de la publicidad exterior visual hace parte
de la noción de "patrimonio ecológico" local, por lo cual
se está frente a una competencia propia de los
concejos municipales y distritales, así como de los
órganos de gobierno de los territorios indígenas, la cual les
es asignada en función del interés territorial subyacente,
pues los problemas de modificación del paisaje que le
están asociados abarcan primariamente un ámbito
local, por lo cual su regulación corresponde también,
en principio, a las autoridades municipales y de los
territorios indígenas. Sin embargo, la Corte reitera que
eso no significa que la ley no pueda establecer
una normatividad básica nacional en este campo pues, como
se señaló en el fundamento 14 de esta sentencia, se trata
de competencias concurrentes. Lo que no puede el
Legislador es vaciar la competencia constitucional
propia de los concejos y las autoridades indígenas de
dictar normas para proteger, conforme a sus criterios,
normas sobre la protección del patrimonio ecológico
local […].”
Estas conclusiones llevan a destacar, tal como lo reconoce la
sentencia C-535 de 1996, que en esta materia de PEV, la ley
se debe ocupar de esa reglamentación básica y los entes
territoriales, son los llamados por la norma constitucional a
dictar la reglamentación de orden local requerida para
proteger esos “fenómenos ambientales”5 que se hacen
diferenciables entre los entes territoriales existentes en
nuestro territorio.
5
Al respecto la sentencia C-546 de 1996, precisó: “(…) la Corte considera que existen unos fenómenos
ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente por el
municipio. Estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que por su
naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de los municipios,
constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo tanto es al concejo
municipal al que le corresponde de manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las entidades
territoriales en este campo es así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural
de la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de Derecho (CP.
art. 7o.) y por considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta diversidad se debe respetar
la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo cual su regulación
corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada comunidad con algunos aspectos
del medio ambiente puede ser diferente,
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Así, entonces además de la aplicación del principio de rigor
subsidiario y en virtud de esa autonomía administrativa
reconocida por el constituyente, las autoridades locales
deben ocuparse de regular la materia ambiental en sus
ámbitos competenciales, pues son las que conocen las
demandas y necesidades de los habitantes de la comunidad,
en lo que respecta a privilegiar y garantizar el entorno y la
diversidad ambiental de tales territorios.
Estas circunstancias son las que conllevan y justifican que
dicho desarrollo normativo aquí demandado esté autorizado
para las instancias locales o distritales, cuando su contenido
se ajuste a las condiciones especiales que reconoce la
Constitución Política en cuanto a la protección del ambiente,
lo que habilita, contrario a lo alegado en el recurso, que en
esta materia las competencias se rijan por el principio de
rigor subsidiario.
Así, lo concluyó está Sección6 cuando estableció que en
virtud de dicho principio, los concejos “son competentes para
desarrollar de manera más estricta o rigurosa la
“publicidad exterior visual”, pero no más flexible, frente
a lo normado en la Ley”.
Esta conclusión desvirtúa la interpretación que hace el
apelante para insistir en la imposibilidad de reglamentación
territorial porque la publicidad exterior reglada por las
Resoluciones acusadas, no está restringida a aquella que
exceda los 8 metros cuadrados, a que se refiere el artículo
157 de la Ley 140.
Lo anterior, porque entre las atribuciones que tienen los
concejos, en este caso el Distrital y las autoridades
ambientales de dicho ente territorial, se encuentra la de
dictar la reglamentación necesaria a efectos de proteger su
entorno, sin que ello implique, como lo invoca el apelante,
6
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 8 de mayo
de 2014. Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02639-02 Actor: Hernando Morales Plaza. Acción
de Nulidad. C.P. María Elizabeth García
7
ARTÍCULO 15. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Toda valla instalada en el territorio
nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud,
medio ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.
La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que tienen una dimensión igual
o superior a 8 metros cuadrados.
No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad de: La Nación, los
Departamentos, El Distrito Capital, los Municipios, organismos oficiales, excepto las empresas
industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, de todo orden, las entidades de
beneficencia o de socorro y la Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos políticos y candidatos,
durante las campañas electorales.
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que deba ser menos rígida, pues en esta materia por expresa
disposición legal, ha de aplicarse el principio de rigor
subsidiario.
En consecuencia, el cargo en estudio no tiene vocación de
prosperidad.
¿EXISTIÓ DESVIACIÓN DE PODER EN LA EXPEDICIÓN
DE LOS ACTOS ACUSADOS?
La alegación en la que el apelante respalda su acusación para
indicar que los actos que impugna están afectados de nulidad
por desviación de poder, carece de respaldo. Por su parte,
ya se concluyó que el Concejo Distrital y la autoridad
ambiental del Distrito tienen facultad reglamentaria para
expedir las normas territoriales en materia de publicidad
exterior visual y, además porque:
Es necesario recordar que la desviación de poder “tiene lugar
cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a
la ley.
De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe
llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los
motivos que tuvo la administración para proferir el
acto enjuiciado no son aquellos que le están
expresamente permitidos por la ley, sino otros, de
manera que el resultado de la decisión que se ataca es
diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la
decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados
legales que la informan”8.
Este vicio no se encuentra demostrado en este proceso, en
la medida en que la alegación del actor descansó en la
presunta falta de competencia de las autoridades para
regular la materia y ello no prueba la causal invocada.
La preeminencia y reserva legal que invoca el apelante
respecto de la Ley 140, como ya se analizó en el cargo que
antecede, fue catalogada por el intérprete de la Constitución
como una regulación básica, de allí que la invocación
respecto de la protección del paisaje y del medio ambiente,
sí constituyen una razón que respalda ese fin gubernativo,
el cual es válido y se justifica para la expedición de las
normas accionadas; además, constituye el desarrollo de las
8
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 22 de enero de 2015. Expediente N° Radicación
número: 25000-23-24-000-2008-00382-01 Actor: AGROINVERSORA USOL LTDA Y OTRO. C.P.: María
Claudia Rojas Lasso
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funciones respecto de las cuales las autoridades ambientales
distritales se encuentran habilitadas.
En lo que respecta a la fijación de las tarifas para determinar
los costos que deben sufragar los solicitantes del registro de
publicidad, es claro que atiende a los procedimientos que se
llevan a cabo para adelantar el estudio sobre la viabilidad de
la autorización de la publicidad exterior visual.
Así las cosas, la Sala precisa que la necesidad y la
obligatoriedad de adelantar un estudio técnico para su
fijación, como lo alegó el recurrente, no es un aspecto que
conlleve la nulidad de los actos acusados, en tanto la ley no
estableció dicho estudio como forzoso ni tampoco lo previó
como requisito sine qua non para el cobro que autoriza el
artículo 289 de la Ley 344, “Por la cual se dictan normas
tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones”.
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Artículo 28º.- Modificado por el art. 96 Ley 633 de 2000 Las autoridades ambientales podrán
cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones
y autorizaciones establecidas en la Ley y normas reglamentarias. Los costos por concepto del
cobro del servicio de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, de los diagnósticos
ambientales de alternativas, del seguimiento de los proyectos y demás relacionados con la licencia
ambiental, cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente, entrarán a una subcuenta especial del
FONAM. Los recursos por este concepto se utilizarán para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento.
De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional, para la fijación de las tarifas que se
autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el
sistema que se describe a continuación: La tarifa incluirá: a) el valor de los honorarios de los
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) el valor de los gastos de viaje de
los profesionales que se ocasionen para el estudio de la expedición, el seguimiento o el monitoreo de
la licencia ambiental y c) el valor de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que
sean requeridos.
Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de cálculo: Para el literal a), se estimará el
número de profesionales/mes o contratistas/mes y se le aplicarán los topes máximos de sueldos y
contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas internacionales, las escalas
tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD, según lo defina el Ministerio del
Medio Ambiente; para el literal b), sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el
monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y
la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente; para el literal c), el costo de los análisis de
laboratorio u otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con cotizaciones
específicas. A la sumatoria de estos tres costos (a, b y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente
fijará el Ministerio por gastos de administración.
La suma de todos los componentes de que trata el inciso anterior será el valor de la tarifa a cobrar, la
cual no podrá ser superior al 0.05% del valor del proyecto.
Cuando las autoridades ambientales contraten la evaluación de los estudios de impacto ambiental y del
diagnóstico ambiental de alternativas, así como el seguimiento de los proyectos, el pago de los
honorarios de dichos servicios podrá ser cobrado por la autoridad ambiental al beneficiario del proyecto
de conformidad con las tarifas que para tales efectos determine el Ministerio del Medio Ambiente. En
ningún caso, dichos honorarios podrán pagarse directamente a un servidor público. Los ingresos por
concepto de los permisos establecidos en la Convocatoria Internacional sobre Comercio de especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre -CITES- y los ingresos percibidos por concepto de Ecoturismo
ingresarán al Fondo Nacional Ambiental, FONAM.
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En este asunto, está claro que su fijación no desborda ni
excede los límites que autorizó la ley y existe autorización
para la autoridad administrativa ambiental de exigir al
interesado del registro de la PEV el cobro de las tarifas para
cubrir los costos que implica el adelantamiento de la solicitud
de autorización de dicha publicidad10.
Precisamente, la norma que autoriza su cobro a las
autoridades ambientales, esto es, el artículo 96 de la Ley
633, determina con suficiencia los componentes de la tarifa
del servicio prestado, entre los cuales se encuentra el de
autorización de la publicidad exterior visual, lo que deviene
en que los componentes de la tarifa cuestionada fueron
considerados por el legislador, sin que se encuentre
necesario, como lo reclama el apelante, que se realice un
estudio técnico para tal fin.
De esta manera, concluye la Sala que no está demostrado
que la tarifa prevista con el fin de autorizar la publicidad
exterior visual hubiese desconocido dichos criterios de
fijación y menos, que a las autoridades ambientales les
estuviere vedado el ejercicio de esta potestad.
Bajo estas consideraciones, tampoco prospera el recurso de
apelación frente a este cargo.
Por último, la Sala, se ocupa del siguiente análisis:
¿EXISTE EXTRALIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO PARA
FIJAR TRIBUTOS Y DETERMINAR LOS COSTOS DE LA
TARIFA DE AUTORIZACIÓN DE LA P.E.V.?
El apelante insiste en atacar la competencia de la autoridad
ambiental para fijar la tarifa que el interesado en el registro
ambiental para desarrollar PEVM debe sufragar. Concentra
su alegación en señalar que dicha tarifa constituye un tributo
y por esta naturaleza, su determinación se encuentra fuera
de la esfera de competencias de la Secretaria de Ambiente
Distrital, en tanto que aduce que esta facultad es de orden
legal, correspondiéndole además establecer el método para
definir sus costos y beneficios.
10
Según lo dispone el artículo 30 del Decreto 959 DE 2000 (Noviembre 01) Por el cual se compilan los
textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior
Visual en el Distrito Capital de Bogotá, tal facultad de reglamentación es acorde al siguiente mandato:
“Registro. El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10)
días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará el
cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo”.
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Sobre el particular, debe retomarse el planteamiento de los
cargos antes analizados frente a la competencia que en
materia ambiental les asiste a los entes territoriales.
Es de iterar que la protección del medio ambiente, a la luz
de nuestra Carta Política, constituye un pilar fundamental del
Estado, en cuanto garantiza: i) el derecho de todos a gozar
de un ambiente sano, ii) determina el método de
interpretación de las normas ambientales y las medidas de
policía que los entes territoriales pueden procurarse y iii)
posibilita que en la regulación del uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos que conforman el medio
ambiente, se reglamente en el nivel territorial de manera
rigurosa, dadas las condiciones especiales que en ellos
confluye.
Este principio de rigor subsidiario al que se ha hecho
referencia antes, no puede descartarse para despachar este
último planteamiento de apelación, pues está claro que,
dada la materia que es objeto de reglamentación por los
actos cuestionados, es imperante su observancia, frente al
ejercicio reglamentario que se ataca en este medio de
control.
Ahora bien, se evidencia de los argumentos del apelante que
éste reconoce la existencia de habilitación de la Ley 334, que
autoriza el cobro de los gastos para cubrir el estudio de la
solicitud de registro de la PEV. Este reconocimiento deja sin
fundamento el reclamo propuesto, por cuanto si lo que alega
es el desconocimiento de una competencia de orden legal,
queda claro que esta norma habilitó a las autoridades
ambientales, en este caso, del orden territorial, a realizar
dichas recaudaciones con el fin de adelantar entre otros, el
trámite de autorización y registro de la PEVM.
De manera que no es posible desligar esta habilitación y
desconocer que su autorización está dada por la propia Ley11
al permitir el cobro a las autoridades ambientales, hecho que
desvirtúa la ocurrencia de este vicio.
Tal habilitación se verifica en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 338 de la Constitución Política que dispone:
“La ley, las ordenanzas y los acuerdos PUEDEN PERMITIR
que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
11 Artículo 28º de la Ley 344/96.- Modificado por el art. 96 Ley 633 de 2000 Las autoridades ambientales
podrán cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos,
concesiones y autorizaciones establecidas en la Ley y normas reglamentarias.
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contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben
ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.”
Entonces, queda claro que con ocasión de esta autorización
conferida por la Ley 344 en desarrollo de esta norma
superior, las autoridades ambientales están en la posibilidad
de fijar las tarifas que se autorizan en este artículo 28, con
la observancia del sistema que se determinó para su
concreción.
“[…]”.
No sobra señalar que el Acuerdo núm. 006 de 16 de junio de 1998,
expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, reglamentó la
publicidad visual exterior en el Distrito de Barranquilla; y en su
parágrafo uno de su artículo segundo, sometió a las regulaciones del
Acuerdo al evento en el cual el elemento publicitario posea un área
inferior a 8m². Y este Acuerdo que le sirve de sustento al Decreto
cuyas normas fueron anuladas, permanece incólume, pues no fue
objeto de declaratoria de nulidad en este proceso, decisión que no
fue impugnada por la parte actora, pudiendo hacerlo. Y, por lo
demás, conforme lo señala el recurrente, en los artículos anulados lo
que se regula es el valor correspondiente a los permisos para instalar
la publicidad móvil que se encuentra sujeta al pago de tributos como
el complementario de avisos siempre que el sujeto pasivo ejerza
actividad gravada con el impuesto de industria y comercio.
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De igual manera, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia de 8 de mayo de 2014 (Expediente
núm. 76001-23-31-000-2005-02639-02), enfatizó que en virtud
del principio de rigor subsidiario los concejos son
competentes para desarrollar de manera más estricta o
rigurosa la publicidad exterior visual. De ahí que la reglamentación
de dicha publicidad no puede estar restringida sólo a la que exceda
los 8m².
Así pues, debe la Sala revocar la sentencia apelada en cuanto declaró
la nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004; y
confirmarla en cuanto denegó las demás pretensiones de la
demanda. Lo anterior, por cuanto conforme se precisó en la sentencia
transcrita que la Sala prohíja en su integridad, no sólo no se incurrió
en el vicio que halló probado el Tribunal de falta de competencia ni
tampoco en los demás cargos de violación tales como la falsa
motivación y la desviación de poder, que se analizaron en aquélla; y
tampoco se violó el artículo 338 de la Carta Política.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de agosto de 2014,
proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en cuanto declaró la nulidad de los
artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004, acusados.
SEGUNDO: CONFÍRMAR la sentencia apelada, en cuanto denegó
las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de agosto de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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