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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00719-01

Fecha
19 de julio de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00719-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales. SEGUNDO: DECLÁRESE la falta de legitimación material como interviniente procesal de Aerovías Nacionales de Colombia S. A. (AVIANCA S.A.). TERCERO: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 27 de noviembre de 2015, denegatoria de las pretensiones de la. demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa. CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. • 11

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2011-00719-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

19 de julio de 2023

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio dedos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina
Demandado: La Nación-Rama Judicial y Avianca S.A.
Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema 1: ResponsaDilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia Error
-

uris dccc ial.
Subtema 1.1: Eror en providencia laboral que declaró prescripción de la acción de reintegro por
:ardía rotificación del auto admisorio.
Subtema 1.1.1: No se configura error de derecho.
Subtema 1.2: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por no impulsar
:ficiosamente el emplazamiento al demandado.
Subtema 1.3: Cosa Juzgada respecto de las pretensiones contra el particular demandado.
Tema 2: intervinientes en el der?cho procesal.
Subtema 2.1. Clases de tercero procesal.
Subtema 2.2. Legitimación en la causa de tercero procesal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demancante y por AVIANCA S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal
Admiristrativo del Atlántico —Sala Itinerante de Descongestión—, el 27 de
noviembre de 2015, en la que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Joaçuín Sarmierto Medina presentó, en el año 1997, una demanda laboral
ordinaria contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. (AVIANCA S.A.), por la
cual, en primera instancia obtuvo una sentencia favorable que ordenó su reintegro
y el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir; contra esta decisión la
demancada forrrjló apelación. Al desatar el recurso vertical, la Sala Laboral del
Tribura Superior de Barranquilla revocó la sentencia de primer grado y, en su
lugar, declaró probada la prescripción de la acción de reintegro, por cuanto la
notificación del auto admisorio de la demanda se surtió por fuera de los ciento
veiite (120) días en que debió lograrse. Contra esta decisión el demandante
interpuso recurso extraordinario de casación, no obstante, aquél fue rechazado
por cuanto el abogado que cursó la solicitud de recurrir en casación carecía de
poder para actuar, dado que aquél había renunciado al mandato y el demandante
había conferido poder a otro profesional en derecho a quien se le había
reconocdo personería para actuar.

Aduce la demandante que se configuró un error judicial en la providencia que
declaró la prescr:pción de a acción de reintegro, porque, en su sentir, el Tribunal
reprochi que la parte demandante no hubiera solicitado el emplazamiento de la
demanca para la designación de curador ad litem, sin embargo, pasó por alto que
tal emplazamiento se había ordenado desde febrero de 1998 y, por tanto, la
prescripción, si es que la hubo, obedeció a que la juez de conocimiento no ejecutó
lo ordenado en el mencionado auto. Adicionalmente la parte actora invocó un

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en
que fue el secretario del Tribunal Superior quien envió aviso al abogado que ya no
fungía como defensor y, por tanto, el verdadero defensor no pudo presentar el
recurso.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El 22 de junio de 20111, Joaquín Sarmiento Medina presentó demanda de
reparación directa, con el fin de que se declare a la Nación-Rama Judicial
responsable por los daños ocasionados con el error judicial contenido en la
providencia judicial del 17 de julio de 2009, proferida por la Sala Segunda de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla dentro del proceso
laboral con radicado número 1998-00289-01 y, por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia a que dio lugar el secretario de dicho Tribunal al
enviar aviso de notificación a un abogado que ya no p fungía como apoderado
dentro del proceso.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia::

El Tribunal Administrativo de Barranquilla, en auto del ½ de septiembre de 20112,
dispuso la admisión de la demanda. El proveído admisorio fue notificado en
debida forma3 y el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con
lo previsto en la ley. Con posterioridad a que la Nación-Rama Judicial hubiese
contestado la demanda4, se hubiera agotado la etapa probatoria5, sin reparo
alguno de las partes y, se hubiera corrido traslado al las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran de conclusión éste rindiera concepto6,
mediante auto del 1 de octubre de 20141, el Tribunal Administrativo del Atlántico
dispuso vincular al proceso a Aerovías Nacionales deColombia S.A. (Avianca),
por considerar que le asistía interés directo en la controversia y, en consecuencia,
declaró la nulidad de lo actuado a partir de la fijación e» lista, dejando a salvo las
pruebas recaudadas, esto con el fin de darle la oRortunidad a AVIANCA de
intervenir, si a bien lo tenía.

Notificada la interviniente8, fijado nuevamente el asuntp, en lista9 y vencido dicho
término sin pronunciamiento alguno de las partes10,5e abrió el expediente a
1
Escrito de demanda visible a folios 1-6, C. 1 y, certificación de la Oficina de Servicios para los Juzgados
Administrativos de Barranquilla, donde consta que fue presentada el 22 de junio de 2011, obrante a folio 53,
C. 1.
2
Folios 55-57, C. 1.
Folios 59-60, Ci.
Con escrito en el cual se opuso a las pretensiones. Manifestó que el proceso laboral del que se predicaba el
supuesto de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administrabión de justicia se surtió con pleno
cumplimiento de las garantías procesales y no se evitó actos de defensaprocesal de las partes en el litigio.
Como excepciones propuso la que denomino 'inexistencia de la lesión! o daños pecuniarios". Escrito de
contestación de la Rama Judicial, visible a folios 61-69, C. 1.
El proceso se abrió a pruebas por auto del 19 de abril de 2012 (folios 70-72, C.1) y se declaró cerrado el 2
de julio de 2013 (folio 109, C. 1).
6
Auto del 2 de julio de 2013 -Folio 109, C.1. -.

Folios 147-150, C.1. Con tal fin, el Tribunal expuso que, en la medida que AVIANCA resultó favorecido con
la decisión de prescripción adoptada dentro del proceso laboral, aquella "tendría interés en las resultas del
proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues en el evento,que se llegare a concluir que existió
error jurisdiccional, si bien se mantendría incólume la legalidad formal d&la sentencia, por efecto de la cosa
juzgada, la nueva sentencia no tendría la virtualidad de afectar directa y automáticamente lo decidido en la
anterior, es obvio que la nueva realidad judicial no descartaría la posibilidad jurídica de que pudieran abrirse
vías extraordinarias o excepcionales de impugnación de tales decisiones judiciales, como lo serían el recurso
de casación ola tutela'. FI. 148, C. 1.
8
Constancia de notificación visible a folio 154, C. 1.

2

Radicado: O8001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

pruebas". Agotado dicho período, por auto del 21 de septiembre de 2015 se
dispuso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas
formularan sus alegatos de conclusión y éste rindiera concepto de fondo12. Así
lo hizo la Nación—Rama Judicial13, así como la parte interviniente14, quien indicó
que, como ella era una empresa privada que había sido vinculada como tercero
interesado en las resultas del proceso, debió ser notificada conforme a lo
dispuesto en el artículo 207 del CCA y no de acuerdo al artículo 150 del CCA,
todo por lo cual consideró que la actuación no era válida y solicitó la nulidad. Sin
perjuicio de lo anterior, expuso que su vinculación al proceso era improcedente
por cuanto carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que Avianca no
administraba justicia, ni había tomado las decisiones objeto de reproche en la
demanda, por lo que, inclusive, en el evento que prosperaran las pretensiones,
dicha empresa no se vería afectada y, por tanto, carecía de interés para acudir al
proceso.

El Ministerio Público, en su concepto15, solicitó no conceder las pretensiones, a
efectos de lo cual esgrimió que, frente al supuesto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, debía tenerse en cuenta que, si bien, dentro del
proceso ordinario laboral, el secretario del Tribunal por error libró comunicación al
abogado que ya no tenía poder, tal circunstancia no era de tal magnitud, habida
cuenta que también se dispuso su enteramiento al señor Joaquín Sarmiento,
quien podía comunicarle al apoderado que tenía el mandato vigente. En cuanto al
error jurisdiccional, indicó que conforme a la legislación laboral —art. 151 CPT— la
interrupción de la prescripción quedaba supeditada a que se notificara el auto
admisorio de la demanda dentro de los 120 días siguientes—art. 90 CPC—, lo cual
no ocurrió y por ello se declaró la prescripción, en lo cual no existió ningún yerro
de la sentencia que así lo declaró.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala Itinerante de Descongestión—, en
sentencia proferida el 27 de noviembre de 201516, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se acreditó un daño antijurídico, porque resultaba
claro que si el abogado que formuló el recurso extraordinario de casación no tenía
poder, no se le podía dar trámite a dicha solicitud, aunado a que el demandante
contaba con otros medios para llegar a su objetivo, pues podía interponer
recursos contra ese proveído. En cuanto al error jurisdiccional invocado, sostuvo
que no se encontraba probado que las actuaciones judiciales le hubieran causado
daño al demandante.

2.4. El recurso de apelación

2.4.1. La parte demandante, mediante escrito de apelación presentado el 10 de
febrero de 201617, manifestó su disenso con la decisión, con base en los
siguientes argumentos:

9 Folio 155, C. I.
lO
Cfr. Folio 156, C. 1.
11
Auto del 27de agosto de 2015, fofos 156-158, C. 1.
12
Folios 166-167, C. 1.
13
Escrito de alegatos de la Rama Judicial, que obra a folios 168-171, C. 1.
14
Escrito de alegatos de la interviniente a folios 181-187, C. 1.
15
Concepto obrante a folios 175-180, C. 1.
16
Folios 210-226 del C. ppal.
17
Folios 228-236 del C. ppal.

3

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

2.4.1.1. El Tribunal de instancia se limitó a pronunciarse sobre la interposición del
recurso de casación por parte de un abogado que carecía de poder, omitió
pronunciarse sobre todos los tópicos de la demanda y nada dijo sobre los cargos
del error jurisdiccional.

2.4.1.2. Desde la demanda se indicó que el error alegado consistió en que el
Tribunal Superior de Barranquilla al desatar la apelación del proceso laboral
declaró la prescripción de la acción de reintegro, bajo la tesis que era deber de la
parte demandante pedir el emplazamiento de la demanda y no lo había hecho,
desconociendo que, en los términos del artículo 29 del ÇPT, no era una obligación
que le correspondiera a la parte actora sino al despacho judicial y, además, que el
emplazamiento había quedado ordenado en el auto deiS de febrero de 1998 que
profirió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla. Así mismo, el
enfoque que utilizó el Tribunal para analizar el emplazamiento y el nombramiento
de curador ad ¡ítem es el correspondiente al procedimiento civil y no al laboral que
era el aplicable al caso, tal como se expuso en la sentencia C-429 de 1993.

2.4.1.3. La actuación del Juzgado 2° Laboral del Circuito de Barranquilla durante
la parte inicial del proceso laboral constituyó un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, que determinó la sentencia desfavorable emitida en
segunda instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla, pues, el mencionado
juez no ejecutó lo decidido en el auto del 16 de febrero de 1998, siendo que tenía
el deber oficioso de impulsar el proceso y, si lo hubiera cumplido, la demanda
ordinaria se hubiese notificado en el tiempo estipuladoy no hubiera dado lugar a
la prescripción. Sobre este aspecto, la Sala Laboral,de la Corte Suprema de
Justicia, en fallo del 12 de diciembre de 1995, dentro del expediente 7859 indicó
que "la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la
notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por
negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado". En síntesis, que
el precitado Juzgado no realizó el trámite de ley para efectos de emplazar a la
demandada dentro de los términos para ello y, por tanto, la demandante era ajena
a las causas que dieron lugar a la prescripción.

2.4.2. El 12 de febrero de 2016, AVIANCA S.A.,18 formuló recurso de apelación,
con fundamento en los siguientes argumentos:

2.4.2.1. Aunque no se discute el sentido denegator(o del fallo impugnado, el
recurso se contrae a advertir que el juez de primera 1instancia no se pronunció
sobre la solicitud de nulidad presentada por AVIANCA S.A., respecto de la
indebida notificación del auto con el cual se le vinculó al proceso, lo que no obsta,
en todo caso, para que las pretensiones de la demand sean denegadas.

2.4.2.2. Sin perjuicio de la nulidad deprecada, AYIANCA S.A. carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene por encargo administrar justicia,
ni adoptar decisiones de tal naturaleza.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto del 22 de febrero de 201619,
concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por
AVIANCA S.A., contra la sentencia de primera instancia.

Escrito de apelación de Avianca, obrante a folios 237-251, C. ppal.
19
Folios 264-266 del C. ppal.

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-Ol (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 21 de julio de 201620, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y por AVIANCA S.A., contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 27 de noviembre de 2015.
Posteriormente, por auto del 8 de septiembre de 201621, se corrió traslado de la
solicitud de nulidad, oportunidad en la que la parte actora indicó que debía tenerse
en cuenta que la demanda se interpuso únicamente contra la Nación—Rama
Judicial, en razón a que el daño cuya reparación se pretende proviene
exclusivamente de las actuaciones y omisiones de la autoridad judicial22.

Finalmente, por auto del 25 de enero de 201723, se corrió traslado a las partes,
para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que
rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora 24 y AVIANCA S.A.25,
para replicar lo expuesto en precedencia, mientras que la Rama Judicial guardó
silencio.

El Ministerio Públic026, a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo
de Estado, doctor Nicolás Yepes Corrales, conceptuó que la sentencia de primera
instancia denegatoria de las pretensiones debía ser confirmada, por cuanto, no
existe error en la decisión del 6 de octubre de 2009 que no dio trámite al recurso
de casación, ni a la solicitud de adición de la sentencia, dado que es irrefutable
que el apoderado que invocó el medio impugnatorio no contaba con potestad para
representar a la parte actora. En cuanto al deber de impulso para el acto de
emplazamiento, indicó que el mismo correspondía a la parte actora dentro del
proceso ordinario, no obstante, dicha parte no desplegó ninguna actuación desde
la admisión de la demanda, hasta cuando la allí demandada (Avianca) compareció
y, además, en ese momento, ni la demandante ni su apoderado hicieron reparos
sobre e aviso de notificación y, si viene ahora, luego del fallo adverso, a formular
objeciones sobre esa supuesta notificación errónea del auto admisorio, sumado a
que, era deber de la parte solicitar el emplazamiento y sufragar las publicaciones
del edicto y, nada de eso hizo. En cuanto a la sentencia que declaró la
prescripción de la acción de reintegro, consideró que aquella no fue arbitraria, ni
caprichosa, aunado a que resultan ciertas las premisas que le permitieron al
funcionario judicial adoptar dicha decisión.

2.6. Se precisa que el doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador
Judicial Delegado ante esta Corporación, por lo que en dicha calidad, fue quien
presentó el concepto en el sub examine, motivo por el cual, el 30 de mayo de
202327 formuló su respectiva manifestación de impedimento para conocer el
asunto2l de conformidad con lo prevista en el inciso 1° del artículo 140 y en el
numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que le fue aprobada
en Sala de Decisión por los demás miembros de la Subsección, de ahí que el
proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala dual.

20
Folios 238-289 cel C. ppal.
21 Folio 293, C. ppal. El traslado se ratificó por auto del 2 de noviembre de 2016 (folio 302, C. ppal.).
22 Folio 293, C.
ppal.
23
Folio 121 del C. 3p31.
24
Folios 307-309 y 320-325, C. ppal.
25
Folios 30-319. C. ppal.
26 Folios 327-337, C. ppal.
21
índice 059 SAMAI.

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-Ol (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

III. PROBLEMA JURÍDICO,

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código Geheral del Proceso (CGP),
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188728-29, el
"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la
competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a
"pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma
norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse, oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito,
tales como la caducidad, la falta de legitimación e'i la causa y la indebida
escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante
como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada"30.
3.2. Siendo así, observa la Sala que los reparos formulados en la apelación por
AVIANCA S.A., deben ser resueltos de forma antelada, comoquiera que aquellos
versan sobre cuestiones cuya corroboración es necesaria antes de incursionar en
el fondo del asunto. En este punto, es importante advettir que, comoquiera que el
presente caso se inició en vigencia del CCA, codificación que no exigía que el
trámite de las nulidades fuera incidental —como sí ocurre en el CPACA, art. 268—,
entiende la Sala que, de consuno con la apelación, podrá pronunciarse sobre este
tópico, con lo cual, además, se privilegia la aplicabión de los principios de
economía procesal y celeridad.

Ahora, aun cuando en estricta lógica procesal debiera resolverse, antes que nada,
la solicitud de nulidad si se tiene en cuenta que, de prosperar, retrotraería la
actuación y, por contera, impediría desatar en este momento el recurso, lo cierto
es que, en el caso particular, se considera necesarid abordar primeramente el
tema de la legitimación en la causa por pasiva de AVIANCA, pues, en últimas, de
llegar a demostrarse que aquella, en torno a lo que es ,'objeto de las pretensiones,
carece de un genuino interés en la causa, por sustracción, resultaría nugatorio
entrar a resolver la nulidad postulada, bajo el entendido que, en modo alguno,
podría comprometerse el derecho de defensa de quien, materialmente no guarda
ninguna relación jurídica con las pretensiones de la demanda. Siendo así, en
orden de lo propuesto la Sala resolverá como pr mer problema jurídico el
siguiente: j

De conformidad con lo que se pretende en la demanda, ¿se encuentra legitimada
en la causa por activa AVIANCA S.A., o lo que es lo mimo, le asiste algún interés
directo en las resultas del presente litigio en el ue se debaten asuntos
28
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 1e los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interouestos la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán
por las leyes viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. [ ... ]" (subrayado fuera del texto original).
29
Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
° CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.

6

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

relacionados con un supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia y la prédica de un error jurisdiccional?

De llegarse a cc'rcluir que AVIANCA S. A., se encuentra legitimada en la causa por
pasiva habrá de resolverse la solicitud de nulidad, que atenderá a la siguiente
formulación:

¿Se incurrió en irregularidad por indebida notificación a AVIANCA S.A. del auto del
1 de octubre de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y con el
cual se la vinculó como tercero con interés dentro de este proceso?

3.3. Habiéndose resuelto lo anterior, en asocio con los cargos de la apelación
esgrimidos por la parte actora, hay lugar a la formulación de los siguientes
problemas jurídicos:

3.3.1. ¿La actuación del Juzgado 2° Laboral del Circuito de Barranquilla durante el
trámite inicial del proceso laboral instaurado por el señor Joaquín Sarmiento
Medina consttuyó un deféctuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por cuanto no dio el impulso oficioso requerido para ejecutar el emplazamiento de
la parte demancada dentro del contencioso laboral?

3.3.2. ¿Desconoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla las
normas procesales laborales atinentes al trámite de notificación y los deberes de
impulso oficicso que le Sisten a la autoridad judicial para emplazar y designar
curador ad ¡ítem y, por tanto, incurrió en error jurisdiccional al proferir la sentencia
del 17 de julio de 2009, con la cual declaró probada la excepción de prescripción
de la acción de reintegro solicitada por el señor Joaquín Sarmiento Medina?

IV. HECHOS PROBADOS

4.1. El 19 de diciembre dej997, el señor Joaquín Sarmiento Medina, a través del
abogado Pedro Polo Barrios, instauró demanda ordinaria laboral en contra de
AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. (AVIANCA SA.)31, con la
pretensión, entre otras, de que se reintegrara al demandante al cargo, cuyo
trámite le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla,
despacho que, por auto del 21 de enero de 1998, admitió el reclamo judicial32.

4.2. El 16 de febrero de 1998, el despacho de conocimiento fijó aviso en el que se
indicó que, dentro del término de fijación de diez (10) días, el representante legal
de AVANCA S.A., debía comparecer a fin de recibir notificación personal del auto
admisorio de la demanda y, "[s1i no comparece dentro del término establecido se
le designará un curador ad litem, previo emplazamiento1,33.

4.3. El 19 de agosto de 1998, tal como consta en anotación marginal efectuada en
el auto admisorio de la demanda, se "notifi[có] personalmente el auto admisorio
de la demanda al ( ... ) representante legal" de la demandada, quien firmó como
notificado y se le hizo entrega de copias34.

4.4. El 27 de agosto de 1998, AVIANCA S.A. contestó la demanda y, dentro de las
excepciones planteó la que denominó "prescripción" del reintegro, de conformidad

31 Escrito de demanda obrante a folios 1-4, C. 2.
'2 Visible a folio 117,0.2
33 Folio 118, C. 2.

Folio 117, C. 2.

7

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01(57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

con lo previsto en el numeral 70 del articulo 3° de la Ley 48 de 1968, a efectos de
lo cual adujo: "La acción de reintegro está prescrita; porque entre la fecha de
terminación del contrato de trabajo y la de notificación de la demanda,
transcurrieron más de tres meses1,35.

4.5. Mediante auto del 10 de marzo de 2003, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito comunicó al señor Joaquín Sarmiento Medina que su apoderado, el
abogado Pedro Polo Barrios, renunció al poder, esto con el fin de que designara
un nuevo apoderad 036.

4.6. El 22 de abril de 2003, se allegó poder otorgado por el señor Joaquín
Prudencio Sarmiento Medina, al profesional del derecijo Jesús Serrano Ochoa37,
quien continuó con la representación judicial de la parte actora.

4.7. Surtidas las audiencias de trámite indicadas por el procedimiento, el 4 de
mayo de 2004, el Juzgado Segundo del Circuito de Barranquilla, en audiencia de
juzgamiento, profirió sentencia, mediante la cual condenó a AVIANCA S.A. a
reintegrar al señor Joaquín Sarmiento Medina al cargmde cartero y al pago de los
salarios dejados de percibir 38

4.8. Contra esta decisión, AVIANCA S.A. formuló rec,ürso de apelación39, en el
cual insistió sobre la prescripción de la acción de reintegro laboral. Al desatar el
recurso, mediante providencia del 27 de julio de 2009 0, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió revocar la sentencia
recurrida y declarar probada la excepción de reintegro, a efectos de lo cual
argumentó —por su importancia se traslitera in extensu—:

De las pruebas arrimadas al informativo, indican que al actor se le comunicó la
terminación del contrato de trabajo el 9 de septiembre de 1997; y que en fecha (sic)
en octubre 2 de ese mismo año, el presidente del sindicato nacional [d}e
trabajadores de AVIANCA, en representación del trabajador present[ó] reclamación
ante la demandada ( ... ). Este acto sin duda representa una interrupción del término
de los 3 meses anotado; contando el trabajador con un termino igual para presentar
la demanda; es decir, hasta el 2 de enero de 1998, presentándose esta el 19 de
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el

No obstante, el fenómeno jurídico de la prescripción no solo puede mirarse su
interrupción con la sola presentación de la reclamación (...) con la demanda; pues a
partir de la formalización de este acto procesal empiezaa correr otro término para
que no opere la prescripción.

El Art. 145 del Cod. Procesal del Trabajo, nos remite alart. 90 del Cod. de proc.
Civil, para abordar el tema de interrupción del término dela prescripción con la sola
presentación de la demanda; interrupción queda Iimitadaa que se notifique el auto
admisorio de la demanda, dentro del término establecido por la ley ( ... ) siempre que
el auto admisorio ( ... ) se notificará al demandado, dentro de los 120 días siguientes
contados a partir de la notificación por estado al demandañte.

Advierte esta sala, que antes de entrar en vigencia ¡al reforma procesal laboral,
contenida en la ley 712 de 2001, el decreto-ley 2158 de 1948, que regulaba el
procedimiento en los oficios de trabajo, estableció 3 formas de notificación en el

31 Folios 119-124. C. 2.
36
Folio 184, C. 2.
37 Folio 189 (395) C. 2.
Folios 440-444, C. 2.
39 Folios 445-448, C. 2
40
Folios 469-476, C. 2.

8

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-Ol (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

juicioso (sic) laboral a saber: personal, en estrado u oralmente en las providencias
que se dicta en audiencias públicas; y por estado; remitiéndonos por disposición del
mismo compendio procesal, a las formalidades de los actos de notificación,
contenidos en el código de procedimiento civil.

En el presente caso, la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1997, el auto
admisorio se profirió el 21 de enero de 1998, y la notificación por estado al
demandante se publicó por anotación en estado No. 02 del 26 de enero de 1998.

Con respecto al acto de notificación personal a la demandada; observa la sala que
a folio 118 aparece un aviso recibido por la empresa el 16 de febrero de 1998; no
obstante, no aparece un informe escrito rendido por el notificador, que especificara
los motivos que le hayan impedido realizar la notificación personal; presupuesto
para entenderse en debida forma la notificación por aviso. Ello se desprende
especialmente del inciso 30 del art. 320 del CPC ( ... ) al no comparecer la
demandada dentro de los 10 días siguientes, tal como lo dispone el numeral 30 de
través de estos, acreditó la disminu la notificación personal del auto admisorio,
a través de curador ad litem (art., 318 del CPC), previo emplazamiento,
circunstancia esta que no ocurrió dentro del proceso.

El acto de notificación por aviso, para la consecución de la notificación personal del
auto admisorio de la demanda, debe entenderse como un trámite intermedio, que
no alcanza la entidad de notificación debida ( ... ) por cuanto lo que se procura con
ese acto, es el trámite de actos preparatorios para la efectiva notificación personal,
que pude lograrse al final con la notificación a través de curador ad litem ( ... ) Estos
actos deben efectuarse dentro de los 120 días, a los que hemos hecho referencia.

Lo anterior es importante, porque en este proceso debió procurarse igualmente la
notificación personal a través de curador ad litem, previo trámite por notificación por
aviso ( ...).

4.9. Mediante memorial adiado 23 de julio de 2009, el abogado Pedro Polo
Barrios, manifestó que interponía recurso extraordinario de casación contra la
sentencia de segunda instancia 41. En escrito separado, el mismo jurista solicitó
adicionar la sentencia en el sentido de que se debía emitir pronunciamiento
respecto de las pretensiones subsidiarias42.

410. Mediante proveído del 6 de octubre de 2009, la Sala Segunda de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
no accedió a lo solicitado por el doctor Polo Barrios, por cuanto dicho
memorialista carecía de poder, pues, desde la cuarta audiencia de trámite se le
había reconocido poder a! abogado Jesús Serrano Ochoa, quien continuó con la
representación de la parte actora. Dicha decisión quedó ejecutoriada el 16 de
octubre de 2009, de acuerdo con informe secretaria144.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

5.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis
habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo

41
Folio 477, C. 2.
42
Folio 478, C. 2.
41
Folio 480, C. 2.
44
Folio 481, C. 2.

9

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-OI (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 45 y a la naturaleza del
asunto46, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación
directa hizo la parte demandante, pues, de acuerdo con las pruebas allegadas,
se infiere que la providencia del 27 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a la cual se le achaca el
supuesto de error jurisdiccional, cobró ejecutoria el 16 de octubre de ese año, lo
que implica que, en principio, la parte actora tenía para demandar hasta el 17 de
octubre de 2011 cuando se cumplían los dos años de que trata el artículo 136.8
del C.C.A., vigente para cuando se interpuso la demanda, y como incoó la acción
el 22 de junio de 147 esta fue oportuna, inclusive, sin tener en cuenta la
suspensión por el agotamiento del trámite de conciliación prejudicial48.
Igualmente, respecto de los argumentos esgrimidos por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, pude decirse que, si bien
algunos de estos se retrotraen a tempranas etapas del proceso ordinario laboral
—fase de admisión y notificación—, lo cierto es que hasta cuando se resolvió en
segunda instancia, decretándose la prescripción de la acción de reintegro, se
concretó el posible daño que tales actuaciones le pudieron ocasionar al
demandante.

En cuanto a la legitimación en la causa, la Sala encuentra que, por activa, se
encuentra legitimado el señor Joaquín Sarmiento Medfna, por cuanto se trata de
la persona que, como demandante, afrontó el trámite y las decisiones de las
cuales predica el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el
error judicial que se postulan como fundamento de las pretensiones resarcitorias
en sede de reparación directa. Así mismo, por pasiva, se encuentra legitimada la
Nación—Rama Judicial, dado a que a ella pertenecen los órganos judiciales que
adelantaron el trámite y adoptaron las decisiones cuestionadas por la parte
actora.

En lo que atañe a la legitimación en la causa de AVIANCA S.A., como persona
jurídica vinculada, conforme al desarrollo metodológiço que se anticipó en la
formulación de los problemas jurídicos, a continuación, se dilucidará lo pertinente.

5.1.2. Primer problema jurídico: Legitimación en 'la causa por pasiva de
AVIANCA S.A.

Frente a este presupuesto, la Sala parte del entendimieito que ostenta legitimación
en la causa quien acude al proceso porque tiene y demuestra una relación estrecha
con los intereses que allí se debaten o, en otras palabras, porque demuestra ser
titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido —activa— o, ser portador o
tributario de una obligación frente al derecho que se reclama —pasiva—. Por tanto, la
legitimación en la causa guarda una estrecha conexiói con el daño alegado y se
decanta en función de las pretensiones de la demanda.

41
"Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de Veípetición de que tratan los artículos
anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y
los Tribunales Administrativos",
46
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso AdministrativÓ, auto del 9 de septiembre de 2008,
rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985).
'
Escrito de demanda visible a folios 1-8, C. 1 y, certificación de la Oficina de Servicios para los Juzgados
Administrativos de Barranquilla, donde consta que fue presentada el 22 úe junio de 2011, obrante a folio 53,
C. 1.
48
Obra constancia expedida por la Procuraduría 14 Judicial II para Asuritós Administrativos ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en la que consta que el señor Joaquín Sarmiento Medina presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 22 de febrero de 2011 y, el 18 de mayo d& ése año se expidió constancia del
trámite fallido por falta de ánimo conciliatorio. Cfr. Folios 10-12, C. 1.

10

Radicado: O8001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

Tratándose de la legitimación como tercero interviniente —calidad en la que se
vinculó a AVIANCA—, aquella surge como una difuminación de la relación o interés
jurídico que le asiste a las partes procesales y se despliega, conforme al espectro de
la causa petendi, hacia otras personas —terceros— que inicialmente no fueron
convocadas, pero que, o bien tienen un interés directo como el propio de las partes,
o bien lo derivan de los efectos o repercusiones probables que pueda llegar a tener
la decisión que se adopte. En cualquiera de los casos debe existir un interés, directo
o indirecto, que los incite por su propia iniciativa a involucrase en una causa que
discurre a sus expensas, o que, en su defecto, mueva al juez a traerlos al proceso.

Ese panorama de integración o vinculación con la causa, procesalmente se ejerce a
partir de las siguientes posibilidades49: (i) el litisconsorcio necesario, facultativo o
cuasinecesario; (U) la intervención excluyente o ad exc1udendum50 y, (Ui) el
llamamiento en garantía, este último, condicionado a la existencia de una relación
legal o contractual, se muestra ajeno a las circunstancias del caso concreto y, por lo
mismo no se abordará.

Entonces, como el Tribunal de primera instancia no indicó a titulo de qué modalidad
de intervención fue que decidió vincular a AVIANCA S.A., y, habiéndose descartado,
de plano, que lo fuera bajo la tercera de las posibilidades, la Sala estudiará las
posibilidades (i) y (u) para establecer si le asiste, o no, legitimación como interviniente
a la mencionada empresa de transporte aéreo, comenzando por la segunda.

Así, la denominada intervención exc1uyente51, tiene como propósito y alcance, "que
un tercero intervenga en un proceso, formulando pretensiones en contra del
demandante o del demandado, pero nunca para que, motu proprio irrumpa en el
litigio, asumiendo obligaciones jurídicas y responsabilidades económicas que le
corresponden a otro contendiente obligado".52 Por consiguiente, este tipo de
intervención proviene de la parte interesada, quien solicita al juez que se le vincule
en la causa con el fin de hacer defensable el interés que, en un principio, fue
ignorado por las partes originales de la litis. Por ser de este modo, resulta claro que
no fue bajo esta modalidad que se vinculó a AVIANCA, porque aquella no promovió
su arribo al proceso, sino que fue el juez quien decidió vincularla.

Queda por analizar la posibilidad de que AVIANCA haya sido convocado como
interviniente a título litisconsorcial, a cuyo efecto, entiende la Sala que no pudo serlo
a título de litis consorte necesario53, porque la acción de reparación directa de que
trata el presente asunto, perfectamente puede ser resuelta sin la comparecencia de
esta empresa, en tanto lo que es objeto de debate son pretensiones que se
enrostran de actuaciones judiciales.

En efecto, en el presente caso, las pretensiones de la demanda están expresamente
encaminadas a buscar el resarcimiento de los daños causados por un supuesto
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error judicial, en que se
dice, incurrió la Rama Judicial en la tramitación del proceso ordinario laboral
adelantado por el señor Joaquín Sarmiento Medina, contra AVIANCA S.A.; es decir,
que el cuestionamiento de la demanda recae, por entero, en las actuaciones de los
órganos judiciales que tuvieron a cargo el trámite y adoptaron las decisiones dentro

'
Establecidas en los artículos 60 al 64 del CGP, norma aplicable para el 1 de octubre de 2014 cuando se
decidió la vinculación de AVIANCA S. A.
50
Como se le denominaba en la codificación procesal anterior articulo 53 del CPC.
-

s Cfr. Art. 63 del CGP."
52
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación Civil, sentencia 5L10562-2017 del 19 dejulio de 2017,
rad. 48099.
13 Cfr. Articulo 61, CGP.

11

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

de dicho proceso, asunto apenas entendible si se tiene en cuenta que el debate
primigenio, esto es, el relativo a las pretensiones de carácter laboral, quedó zanjado
e hizo tránsito a cosa juzgada.

Tampoco le asiste a AVIANCA una condición de litisconsorte facultativ054, porque la
posibilidad que tenía el señor Joaquín Sarmiento Medina de iniciar pretensiones
contra AVANCA la agotó dentro del proceso laboral que, al culminar, como se acaba
de indicar, hizo tránsito a cosa juzgada.

Igualmente, no se reúnen las condiciones para legitimarlo como litisconsorte
"cuasinecesario"55, porque para ello se requiere que los efectos de la sentencia que
en sede de reparación directa se emita, tenga la capacidad de extender efectos
jurídicos contra AVIANZA, posibilidad que no podría darse porque, como se insiste,
el daño que aquí se reclama proviene de actuaciones de la administración de
justicia.

Por ser así, no comprende la Sala las razones que tuvo jI Tribunal de instancia para
inferir que, frente a las pretensiones del presente proceso, AVIANCA podría tener
algún interés, si el asunto laboral existente entre esta empresa y el aquí demandante
quedó clausurado judicialmente, por lo que ninguna de las decisiones que dentro de
la presente litis se adopten o se llegaren a proferir podría remover o afectar la
situación jurídica de AVIANCA que quedó definida ex ante.

Lo anterior permite concluir que, materialmente, AVIANCA S.A., no está legitimado
para acudir a este contencioso de reparación directa como interviniente y, por tanto,
en relación con las pretensiones que aquí se enrostran a título de daños que
provienen de la administración de justicia, carece de interés o de obligación alguna
que lo vincule con la litis y, así deberá declararse.

Dicho esto, advierte la Sala que, asunto distinto es la legitimación formal que
sobrevino al hecho de la errada vinculación que decidió el Tribunal Administrativo del
Atlántico en el auto del 1 de octubre de 2014, pues, a1partir de ese acto procesal
equivocado, AVIANCA adquirió una legitimación provisional para postular actos de
defensa contra dicha decisión, como efectivamente, lo hizo a través de las•
alegaciones de nulidad y falta de legitimación que impetró. Esto, en consonancia con
el articulo 143 del CPC, que dispone que la nulidad por indebida notificación o
emplazamiento "solo podrá ser alegada por la persona afectada". Ahora, esa
legitimación temporaria que, en todo caso no cobija el pleno de la causa, se supedita
al cometido específico que le dio vigor, y no prevalece sobre la ya decantada falta de
legitimación material que, respecto de la litis, tiene AVIANCA S.A.

Por ser así, pese a que es indiscutible que AVIANCA se encuentra legitimada para
proponer la nulidad que postuló, pedimento que, dicho sea de paso la primera
instancia desapercibió, considera la Sala que resulta innecesario entrar a resolver
la solicitud de nulidad, pues, bien sea que aquella se configure o no, lo cierto es
que, en la medida que las pretensiones de esta demanda no le atañen a dicha
empresa, nada se ganaría, más que dilatar el proceso con otra nulidad inocua, si,
en últimas, jurídicamente las pretensiones o lo que se resuelva de fondo en este
asunto no tiene la capacidad de incidir en algún interés de AVIANCA. De esta
manera, al presentarse una falta de legitimación material, aquella tiene el potencial
jurídico y procedimental para derruir la legitimación forÑal y advenediza que surgió
de la decisión errada del Tribunal de primera instancia y, por tanto, la carencia de

Cfr. Artículo 60 CGP.
Cfr. Artículo 62 de¡ CGP.

12

Radicado: O800I-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

legitimación genérica como interviniente, enerva la necesidad de emitir
pronunciamiento respecto de la nulidad porque de cualquier modo sus
consecuencias serían inofensivas frente al trámite de este contencioso.

Por esa razón la Sala se releva de estudiar el segundo problema jurídico y, pasa
a decidir los cargos de la apelación propuestos por la parte actora.

5.1.3. Tercer problema jurídico: Análisis del posible defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por falta de impulso oficioso
para ejecutar el emplazamiento

Respecto del título de imputación que se invoca en la demanda, el artículo 69
de la Ley 270 de 1996 prevé la responsabilidad del Estado derivada del
defectuaso funcionamiento de la administración de justicia por la acción u
omisión de agentes judiciales en el ejercicio de actividades distintas a las
relacionadas con la expedición de providencias judiciales. Esta Sección ha
considerado que son características del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, los siguientes56: i) que se produce frente a actuaciones
u omisiones diferentes a providencias judiciales necesarias para adelantar un
proceso U) puede provenir de funcionarios, empleados judiciales y de particulares
que ejerzan facultades judiciales57; iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o
anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado
de la función judicial; iv) es un titulo de imputación de carácter subjetivo; y y) se
manifiesta de tres formas: en el mal funcionamiento de la administración de
justicia, en el funcionamiento tardío o en la falta de funcionamiento, eventos que
se enmarcan en la teoría general de la falla del servicio58.

En ese orden, el defectuoso funcionamiento es un título de responsabilidad
residual, derivado de la acción o de la omisión de servidores judiciales o de
particulares investidos de función pública en el ejercicio de actividades
relacionadas con la administración de justicia, tales como la custodia de bienes
incautados o afectados con medidas cautelares, la disposición de títulos judiciales
y títulos valores, y la dilación injustificada del trámite procesal o mora judicial59. Por
consiguiente, el momento en el cual se ejecute o se omita ejecutar esa actuación
debida será determinante para establecer la caducidad.

Para lo que concierne al caso concreto, la Sala encuentra que, en la demanda, la
parte actora hizo consistir el supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el envío equivocado por parte del Tribunal Superior
de Barranquilla del avisoS de notificación de la sentencia de segunda instancia
dentro del proceso laboral, a un abogado que carecía de mandato y, por ello,
quien ostentaba el poder no pudo impetrar el recurso extraordinario de casación,
sin embargo, este aspecto no fue objeto de apelación. Ya en la alzada, el
demandante desvié su reclamo por defectuoso funcionamiento al supuesto de que
el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Barranquilla, durante el trámite inicial del
proceso laboral instaurado por el señor Joaquín Sarmiento Medina, no dio el

56
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de¡ 12 de febrero 2014, expediente 28857 y de[ 26 de
septiembre de 2013, expediente 28164.
57
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de[ 22 de noviembre de 2001, expediente 31164. En este
sentido véans? también las sentencias de¡ 16 de febrero de 2006, expediente 14307 y de 15 de abril de 2010,
expediente 17507.
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 17301.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 10 de mayo de 2001, 18 de mayo de 2017, 30 de
noviembre de 2017 y 26 de agosto de 2019, expedientes 12719, 37098, 42425 y 45935.

13

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

impulso oficioso requerido para ejecutar el emplazamiento de la parte demandada
dentro del contencioso laboral.

Aun cuando, en principio, aquello pudiera considerarsé como una variación de la
causa petendí no permitida por el ordenamiento jurídico en aras de la protección al
derecho de defensa que le asiste a la parte contraria, lo cierto es que la Sala
acoge el estudio del argumento de apelación, bajo el entendido que en la
demanda también se dijo, al momento de alegar el error jurisdiccional que, en todo
caso, si había prescripción de la acción de reintegro, aquello obedecía a que el
Juzgado de instancia no había dado cumplimiento a la labor de emplazamiento
dictaminada en auto del 16 de febrero de 1998; es decir que, en últimas, sí fue un
aspecto invocado desde la demanda, aunque encasillado en un título diferente, lo
cual no impide su análisis, habida cuenta de que es' al juez contencioso de la
reparación, a quien corresponde el encuadramiento jurídico de los hechos que
cimientan la demanda.

Al punto, sostiene el apelante que el Juzgado 20 Laboral del Circuito de
Barranquilla no ejecutó lo decidido en el auto del 16, de febrero de 1998 en lo
referente al emplazamiento, siendo que tenía el deber oficioso de impulsar el
proceso, ya que, de haberlo hecho, la demanda ordinaria se hubiese notificado en
el tiempo estipulado y se hubiera conjurado la prescripóión.

Al respecto, tal como se mencionó en el hecho probado 4.2, el 16 de febrero de
1998, el despacho de conocimiento fijó aviso en el 1,que indicó que, dentro del
término de fijación de diez (10) días, el representante legal de AVIANCA S.A.
debía comparecer a fin de recibir notificación personal del auto admisorio de la
demanda y, si no comparecía, se le nombraría un. curador ad ¡ítem, previo
emplazamiento.

Lo anterior, guarda plena armonía con el texto que, pa ra la época de los hechos,
tenía el articulo 28 de¡ Código Procesal del Trabajo (CPT), norma que, sobre la
designación de curador ad litem, disponía: 4

ARTÍCULO 29. NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM PARA EL
DEMANDADO. Si la residencia del demandado no es conocida, el demandante, al
presentar su demanda, jurará ante el Juez que la ignora, y en tal caso, se le
nombrará un curador para la litis.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anteriói el Juez procederá al
emplazamiento del demandado, de conformidad con el artículo 317 del Código
Judicial, y no dictará sentencia mientras no se haya cumplido el emplazamiento.

Si el demandado se oculta, el Juez, previa comprobación sumaria del hecho, le
nombrará curador ad litem y procederá al emplazamiento como queda previsto en
el inciso anterior.

De lo anterior se desprende que eran dos los supuestos en los cuales se preveía
la designación de curador ad litem: (i) cuando se desconocía la residencia del
demandado y, (u) cuando el demandado se ocultaba. Para el primer evento,
bastaba la manifestación en la demanda para que el juez oficiosamente procediera
a la designación del curador, no obstante, seguidámente debía efectuarse el
emplazamiento. En el segundo evento, también se probedía a designar curador ad
litem, pero antes de eso, se debía comprobar sumariamente que el demandado se
estaba ocultando. En cualquiera de los dos casos, primero se hacía la designación
del curador y luego el emplazamiento.

14

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01(57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

Resulta claro que la primera de las hipótesis no se presentó, por cuanto, en la
demanda laboral, en el acápite de notificaciones se informó la dirección de
AVIANCA60, por tanto, si radicado el citatorio para notificación personal la
demandada no compareció en el término indicado, lo que procedía era activar la
posibilidad de agotar el procedimiento previsto para cuando hay un posible
ocultamiento, en cuyo caso, correspondía a la demandante demostrar
sumariamente ese hecho, para que el juzgado de la causa procediera a designar
curador ad litem y, posteriormente, dispusiera el emplazamiento para el cual, el
despacho a cargo debía actuar oficiosamente, pero, siempre que se hubiesen
acreditado las condiciones previas para la designación del curador ad litem. En el
presente caso, dentro de las pruebas documentales que obran en el plenario
correspondientes a la tramitación del proceso laboral no se encuentra prueba
alguna en la que se demuestre que el demandante honró la carga de demostrar
sumariamente el ocultamiento del empleador demandado, de tal forma que el juez
laboral estuviera obligado a designar el curador ad litem y, posteriormente a
emplazar.

Desde luego, aunque el emplazamiento dimana del impulso oficioso del juez, ello
no implica que, para el trámite de notificación, se releve de toda carga a la parte
actora, porque, como se iteró, el emplazamiento en caso de que el demandado se
oculte no es automático, sino que precisa de una prueba sumaria.. Tan no es el
trámite de notificación plenamente oficioso, que la ley contempla consecuencias
adversas al demandante cuando la notificación no se hace en tiempo. De
admitirse, como propone el apelante, que la notificación es un laborío de exclusivo
impulso oficioso del juez, carecerían de sentido las disposiciones que imponen
consecuencias prescriptivas cuando la notificación no se hace dentro de
determinado tiempo; entonces, si la ley dispone de un plazo de ciento veinte (120)
días para notificar el auto admisorio, so pena de que no se interrumpa la
prescripción con la presentación de la demanda, es porque la actividad de
notificación depende, en buena parte, de la acuciosidad de la parte interesada.

En ese aspecto, todo indica que en el proceso laboral que dio origen a este
contencioso, el demandante asumió una actitud pasiva, por lo que, al no haber
procedido a demostrar sumariamente la conducta elusiva del demandado, el
proceso se estancó en el acto de notificación personal por cuenta de esa
inactividad del promotor del litigio, pues nótese que, por ley, la única hipótesis
donde opera ipso jure la designación de curador ad litem es cuando desde la
demanda se entera al juez que se desconoce la residencia del demandado, en los
demás eventos, esa designación dependerá de que el juez esté informado de
circunstancias sobrevinientes que den lugar a la designación de un curador. El
encargado de llevar la información al juez y hacer la solicitud en casos distintos al
desconocimiento de la residencia no puede ser otro que el extremo interesado de
la contienda, pues aquella se enmarca en el ámbito de una controversia
típicamente de partes, como la que caracteriza el proceso ordinario laboral.

Por consiguiente, tampoco le asiste razón al apelante cuando arguye que, en auto
del 16 de febrero de 1998, se dispuso el emplazamiento y que, por lo mismo, el
juez tenía la obligación de ejecutarlo; esto, por cuanto, tal como ya se dijo, el
emplazamiento es sucedáneo de la designación de curador ad ¡ítem y no a la
inversa, sumado a que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente,
no es un auto lo que se profirió en la mentada fecha, sino que se libró el aviso
para que la demandada concurriera a notificarse personalmente.
60
Expresamente se anotó: "La representante Legal de la demandada puede ser notificada en su oficina de
Barranquilla en la calle 72 No. 57-79. cfr. Folio 4, C. 2.

15

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

Al punto, valga indicar que, si bien el artículo 320 del C.P.C. —norma vigente para
la época de los hechos—, establecía en su numeral 3°, respecto de la notificación
del auto admisorio que "[s]i transcurre ese término sin que el citado comparezca,
el secretario dejará constancia de ello y se procederá al emplazamiento en la
forma prevista en el artículo 318, sin necesidad de auto que lo ordene", también lo
es que, la ley procedimental laboral previó en el artículo 145 la remisión normativa,
únicamente a falta de disposiciones especiales y, como quedó visto, para el
nombramiento del curador ad Iitem y el emplazamiento del demandado la ley
adjetiva laboral previó en el artículo 29 del CPT —según el texto vigente para la
época de los hechos— unas disposiciones específicas, conforme a las cuales, solo
eran dos las posibilidades de designación de curador ad Iitem y, la segunda de
ellas requería, tal como se ha hecho hincapié, de una comprobación sumaria del
hecho de que el demandante se estuviera ocultando, por lo que es entendible que,
en tal hipótesis y, para ese entonces —antes de las modificaciones introducidas
por la Ley 712 de 2001—, el emplazamiento no procediera de forma irrestricta. Así
mismo, el mentado aviso del 16 de febrero de 1998 no podía entenderse en los
términos precisos de la notificación por aviso prevista en el artículo 320 del CPC,
porque, conforme al artículo 41 del CPT, en materia laboral las únicas formas de
notificación previstas eran: la personal, en estrados, por estrados y, por edicto
para los autos dictados por fuera de audiencia.

Finalmente, si bien es cierto que la jurisprudencia de la ¡Corte Suprema de Justicia
tiene dicho que cuando la notificación del auto admisorio no se efectúa
oportunamente por negligencia del juzgado o porla actividad elusiva del
demandado, debe tenerse en cuenta la sola presentación de la demanda como
válida para interrumpir la prescripción, lo cierto es que elo ha ocurrido en casos en
los cuales, a la par, el demandante ha demostrado un actuar diligente que se
contrapone a la incuria de los despachos judiciales, o a la actitud desleal de la
demandada, lo cual aquí no ocurre, pues, como ya se dijo, de las pruebas
obrantes, se deduce que el extremo activo de la litís laboral no procuró el mínimo
esfuerzo por concretar la notificación personal y dejó tan importante e inaugural
suceso procesal al designio del demandado y a la actividad oficiosa que supuso
del juez en ese aspecto61. También ha dicho la mencionada Corte desde antes de
los tiempos de la demanda que ocupa este análisis y, se ha sostenido en su
postura jurisprudencial hasta la actualidad, que la notifiçación es una carga que le
asiste a la parte y que, por tanto, se debe examinar si la falta de notificación se
debió o no a la negligencia del demandante; sobre el particular, así se ha
razonado:

( ... ) si a pesar de la diligencia del actor la referida providencia no se logra
notificar en tiempo al demandado debido a las evasivas o entorpecimiento de
este último, o por demoras atribuibles a la administración de justicia, entonces el
ejercicio oportuno de la acción con la presentación dé',la demanda (...), tiene la
virtud de impedir que opere la caducidad.

Así fue reconocido por nuestra jurisprudencia desde hace varias décadas ( ... ).
"La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado preciso en que los
funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o
dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero, cuando
es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse
presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse

61
Ver, por todas, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 5C5680-2018 del 19 de diciembre de 2018,
red. 001-31-10°002-2008-00508-01, dentro de la cual se hace un recuento 71
jurisprudencia¡ de dicha
postura, que aplica indistintamente para los casos regidos bajo el articulo$O del CPC, referidos a los eventos
de interrupción de la prescripción o inoperancia de la caducidad.

16

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

oportunamente ( ... ) entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a
generar la caducidad ( ... ) (SC de 19 de noviembre de 1976)" (••,)62.

Corolario de lo expuesto y atendiendo las disposiciones del procedimiento laboral
que regulaban el acto de notificación del auto admisorio de la demanda para
cuando se suscitaron los hechos, se concluye que, como el allí demandante no
desplegó la carga de demostrar sumariamente que AVIANCA estaba evadiendo la
notificación personal, el proceso de notificación no pudo seguir su curso hasta
cuando el 19 de agosto de 1998 la propia demandada compareció a notificarse
personalmente, tal como obra en la glosa marginal impresa en el auto admisorio
de la demanda laboral (folio 117, c. 1).

Así las cosas, por las antedichas razones, a juicio de la Sala queda desvirtuado el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por la parte
actora.

5.1.4. Cuarto problema jurídico: Análisis del posible error jurisdiccional
contenido en la sentencia del 17 de julio de 2009, proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla

En cuanto al error judicial, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé
que este se materializa en una providencia judicial contraria a la ley, es decir,
aquella decisión que incurre en error de derecho, entendido como la indebida o
falta de apicación de la norma que corresponde al caso concreto63, o en error de
hecho, dervado de la indebida valoración probatoria por no considerar un hecho
debidamente probado o no decretar pruebas conducentes para determinarlo64.
Por tanto, un daño antijurídico por error jurisdiccional se configura cuando se
presenta una lesión a un interés jurídicamente tutelado a una persona, cometido
por una autoridad investida de una facultad jurisdiccional en el curso de un
proceso y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se
encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar; de ahí, que el
término de caducidad para este factor de imputación corra en relación con la
providencia a la que se le achaca el error.

En punto de este factor de imputación, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996,
establece como requisitos para que proceda el análisis de un asunto a través de

62 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, c5755-2014, cit., en sentencia Sc5680-2018 del 19 de diciembre de

2018, ibid.
63 "La jurisprudencia ha sido reiterativa al considerar que de una norma jurídica pueden considerarse diversas

soluciones sin que una de ellas sea la única correcta o verdadera, más aún en aquellos casos en los que el
ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis normativas válidas para decidir, eventos en los que el
funcionario jud cial 30drá escoger razonablemente una de esas hipótesis. Así pues, para determinar la validez
de la decisión udical o si ésta se encuentra en la esfera de lo cuestionable, debe tenerse en cuenta que, en
casos análogos, la hermenéutica jurídica puede llevar a resultados dispares basados en un mismo
fundamento ncrmativo ya que en el universo jurídico conviven distintos métodos de interpretación, además de
diversas concepciones del Derecho, con incidencia práctica en las resultas de los casos puestos en
conocimiento de la administración de justicia. Por ello, la concepción ius racionalista del juez Hércules capaz
de llegar a esa inequívoca y univoca solución correcta de los asuntos sometidos a su conocimiento, diferente
del juzgador humano naturalmente falible, solamente puede concebirse como una "idea regulativa", esto es,
como una idea ficticia que, no obstante, debe ser concebida como si existiera, para permitir la evolución del
derecho." Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2018, expediente 39969.
En igual sentido, sentencias de 26 de julio de 2012 expediente 22581 y de 27 de abril de 2006, expediente
14837.
64
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, en la que se reitera tesis de
sentencias de 4 de abril de 2002, expediente 13606 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13275.

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Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

dicho título que: (i) que se hayan interpuesto los ,recursos de ley, y (II) la
providencia contentiva del error se encuentre en firme.

En el caso concreto, estos presupuestos se encuentran debidamente satisfechos,
como quiera que la sentencia de la cual se predica el supuesto de error, fue
proferida en segunda instancia, por lo que, al menos en lo que toca a los medios
impugnatorios ordinarios que exige la ley, contra dicha decisión ya no procedían
recursos y, en todo caso, contra esta se formuló recurso extraordinario de
casación que hubo de ser rechazo por cuanto el abogado que la formuló carecía
de poder, todo lo cual permite dar por acreditados los requisitos a que se ha
hecho mención y, por tanto, es posible entrar a analizar los argumentos con los
que el apelante esgrime la configuración del error jurisdiccional.

Sostiene el apelante que el Tribunal Superior de Barranquilla, al haber proferido la
decisión con la cual declaró la prescripción de la acción de reintegro dentro del
proceso laboral impetrado por el señor Joaquín Sarmiento Medina en contra de
AVIANCA S.A., desconoció las normas que regulan el trámite de notificación, a tal
punto que, supuso el Tribunal que era deber de la parte demandante pedir el
emplazamiento de la demanda y, por tanto, el Tribunal desconoció que el artículo
29 del CPT le imponía dicha carga al despacho judicial. Igualmente, que el
enfoque que utilizó el Tribunal para analizar el emplazamiento y el nombramiento
de curador ad litem es el correspondiente al procedimiento civil y no al laboral
aplicable al caso, en cuyo sustento citó la sentencia C-429 de 1993.

Así entendido, el supuesto de error radica en la indebida interpretación del artículo
29 del CPT y, en la remisión a normas del procedimiento civil atinentes a la
notificación que, a juicio del apelante no eran aplicables en materia laboral. Con
todo, las razones que ofrece el impugnante frente a este cargo, básicamente
reconducen a lo que ya fue objeto de análisis en el cargo anterior, por lo que, en
gran medida, este punto se resuelve a partir de lo ya expuesto.
Adicional a lo dicho, debe indicarse que, en estricto sentido, el Tribunal Superior
de Barranquilla, en la sentencia a la que se le atribuye el error, no aludió a que
era deber de la parte demandante solicitar el emplazamiento, pues no se adentró
en ese análisis, sino que se limitó a referir, con fundamento en las normas
aplicables al caso, las razones por las cuales consideró que, para cuando se
notificó la demanda, ya había operado la prescripción de la acción de reintegro
laboral.

Más aún, si el Tribunal hubiera dicho lo que el apelante sostiene que expuso en la
providencia, razón no le habría faltado, pues, tal como se argumentó
anteriormente, al demandante sí le asistía una carga de actuación y de diligencia
para solicitar, previa comprobación sumaria de la conducta elusiva del
demandado, que se designara curador ad litem, luego de lo cual procedía el
emplazamiento, cuando la parte promotora de la demanda también debía cumplir
otra carga procesal consistente en solicitarle al despacho el edicto emplazatorio
para proceder a publicarlo en un diario de amplia circulación y, al juez le
correspondía por deber emitir el edicto y fijarlo en lugar visible del despacho,
porque, en todo caso, "la orden de emplazar al demandado ya asistido por el
curador ad litem, es otro instrumento que busca, mediante el anuncio público del
proceso, conferir una oportunidad complementaria de defensa del demandado
representado por el auxiliar de la justicia1,65.

65
CORTE CONSTIRUcIONAL, sentencia C- 429 del 7 de octubre de 1993.

18

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-01 (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

Es cierto, porque así quedó dicho en la sentencia C-429 de 1993 que, en el
proceso laboral, "[c]orresponde también al juez proceder al emplazamiento, quien
debe velar por que éste se surta sin dilaciones, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, si se tiene en cuenta que le atañe la impulsión del proceso, de manera
especial en esa jurisdicción ( ... )". No obstante, tal aserto no pretendió descargar
totalmente de las obligaciones a la parte demandante en el trámite notificatorio,
por cuanto, como bien lo resalta la misma sentencia de constitucionalidad, el
emplazamiento está precedido de la designación de curador ad litem, con la cual
se "busca establecer un equilibrio entre las partes" y, tal como aquí se ha
constatado, de acuerdo con lo requerido por la norma laboral, la designación de
curador solamente procedía de forma automática en los casos en que desde la
demanda se ponía de presente que se desconocía la residencia del demandado,
mientras que si lo que ocurría era que el demandante buscaba eludir su
comparecencia, en tal evento, se requería una comprobación sumaria que, el juez
por si mismo no estaba obligado a deducir.

En cuanto a que el Tribunal Superior de Barranquilla empleó normas del derecho
procesal civil y no las laborales, debe indicarse que en la providencia a la que se
le enrostra el error, se dejó sentado que las remisiones normativas empleadas
estaban permitidas por el artículo 145 del CPT, sin que se advierta que se hayan
empleado disposiciones contrarias a la procesalística laboral en materia de
notificaciones o de interrupción de la prescripción.

En síntesis, no se advierte que la providencia proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Barranquilla el del 17 de julio de 2009, dentro del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Joaquín Sarmiento Medina en contra de
AVIANCA S.A., en cuanto decidió declarar la prescripción de la acción de
reintegro, luzca contraria a la ley o se advierta caprichosa y arbitraria.

Siendo así, concluye la Sala que los cargos de la apelación no tienen acogida,
salvo en la referencia que se hizo a que el Tribunal Administrativo del Atlántico se
limitó a pronunciarse sobre la interposición del recurso de casación por parte de
un abogado que carecía de poder y omitió pronunciarse sobre todos los tópicos
de la demanda, pues, ciertamente la primera instancia no abarcó los aspectos que
comprendían la demanda en lo atinente al error jurisdiccional, pero, a propósito
del recurso impetrado, la Sala se ocupó de analizar en detalle los reclamos del
apelante.

En razón a lo expuesto, la sentencia del 27 de noviembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda, será confirmada.

IV. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

19

Radicado: 08001-23-31-000-2011-00719-OI (57152)
Demandante: Joaquín Sarmiento Medina

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.

SEGUNDO: DECLÁRESE la falta de legitimación material como interviniente
procesal de Aerovías Nacionales de Colombia S. A. (AVIANCA S.A.).

TERCERO: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, el 27 de noviembre de 2015, denegatoria de las pretensiones de la.
demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen. • 11

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JAIME ÉNRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO S4NCI'4 LLUQUE
Magistrado Mistrado
.

Aclaráçión de voto. Cfr. Rad.
36.146-15 #1 y Rad. 34.326-17.

Rl

20

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