Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00730-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00730-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2011-00730-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 080012331000201100730 02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo - Atlántico
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 2 de octubre de 2017, proferida por la Sección C escritural del
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Resolución No. 187 del 26 de noviembre de 2010, el municipio de Malambo
adjudicó la Licitación Pública No. LP-002-2010 a la sociedad Gimnasio Campestre
Stephen Hawking y Compañía Ltda., con la cual celebró contrato de concesión cuyo
objeto fue la entrega de una infraestructura educativa para la organización, operación
y prestación del servicio público de educación formal. La entidad rechazó la oferta
presentada por la Corporación Pino Verde, con fundamento en el incumplimiento de
la obligación de estar a paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales al
sistema de seguridad social integral y porque su oferta económica sobrepasó el monto
del presupuesto oficial estimado en el pliego de condiciones.
ANTECEDENTES
I. Demanda
1. El 20 de junio de 20111, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, la
Corporación Pino Verde presentó demanda en contra del municipio de Malambo,
1 Según consta en el acta individual de reparto, en la que se consignó que la demanda fue presentada
en la oficina de servicios de los juzgados administrativos para su respectivo reparto (f. 525, c. 3).
Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
departamento del Atlántico, con el objeto de que se accediera a las siguientes
pretensiones (f. 31 a 38, c. 1):
1. NULIDAD RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. Que se declare la nulidad de la
Resolución número 187 del veintiséis (26) de noviembre de 2010, mediante la cual
la Secretaría Administrativa de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO adjudicó
la Licitación Pública número LP-002-2010 (…).
2. NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. Que como consecuencia de la
anterior condena, se declare la nulidad del Contrato de Concesión de una
infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del
servicio público de educación formal, celebrado entre el Municipio de Malambo y
el GIMNASIO CAMPESTRE STEPHEN HAWKING Y COMPAÑÍA LTDA.
3. ADJUDICACIÓN A LA CORPORACIÓN PINO VERDE. Que se declare que la
propuesta presentada por la CORPORACIÓN PINO VERDE cumple con los
requisitos exigidos por el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública número
LP-002-2010; que se ajusta en su totalidad a las normas legales vigentes; y, en
consecuencia, que le sea adjudicada a la CORPORACIÓN PINO VERDE la
Licitación Pública número LP-002-2010.
4. POR EL DAÑO EMERGENTE. Que se pague la cantidad de CATORCE
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($14.000.000) que comprende los diversos
dineros desembolsados por la CORPORACIÓN PINO VERDE con ocasión de su
participación dentro del proceso de Licitación (…), que corresponden a los gastos
en que ésta incurrió, como honorarios profesionales, tiquetes aéreos y póliza de
garantía (…).
5. POR EL LUCRO CESANTE. Que se paguen las sumas que se generen desde el
momento de la presentación de la demanda y hasta la adjudicación del Contrato
de Concesión a la CORPORACIÓN PINO VERDE, que comprende el excedente
esperado y dejado de percibir por la no adjudicación de la Licitación (…), de
conformidad con la siguiente estimación con base en los valores establecidos para
el año 2010: (…) $ 3.042.007.632.
6. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DEL LUCRO CESANTE. Si a pesar de las
anteriores condenas, se evidencia que es imposible la ejecución del Contrato, por
causas no atribuibles a la CORPORACIÓN PINO VERDE, solicito que se pague la
suma de TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.042.007.632), que comprende el total del
excedente esperado y dejado de percibir por la no adjudicación de la Licitación
(…).
7. INDEXACIÓN (…).
8. INTERESES MORATORIOS (…).
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, la parte actora dio cuenta de la
apertura, por parte del municipio de Malambo, de la Licitación Pública No. lp-002-2010,
cuyo objeto fue “seleccionar la propuesta más favorable para la celebración de un
contrato en virtud del cual se entregará en concesión, por parte del concedente, al
proponente seleccionado una infraestructura educativa, de propiedad del concedente
para que éste organice, opere y preste en ella el servicio público de educación formal”.
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
3. En la licitación se presentaron varios oferentes y sólo fueron hábiles dos: la del
Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Limitada, que obtuvo en la
calificación 686,9 puntos y la de la demandante, Corporación Pino Verde, calificada
con 752,01 puntos.
4. A solicitud de la entidad, en la verificación de los requisitos habilitantes, la
demandante presentó la certificación del representante legal y el revisor fiscal en el
sentido de que la proponente no se hallaba incursa en las causales mencionadas en
los numerales 3.1.3.1, 3.1.3.2 y 3.1.3.3 del pliego de condiciones -pues en la
presentada con su oferta inicialmente, faltaba la firma del revisor fiscal-. Ni el comité
evaluador ni ninguna otra autoridad elevaron solicitud adicional alguna, es decir, que
la proponente se hallaba habilitada para participar en el proceso.
5. No obstante, en la audiencia de adjudicación, que fue aplazada a raíz de las
observaciones efectuadas por el representante del Gimnasio Campestre Stephen
Hawking y Cía. Ltda. en relación con supuestas falencias de la propuesta de la
demandante -que su oferta económica excedía el presupuesto oficial; que no estaba
a paz y salvo con la seguridad social y aportes parafiscales, por el incumplimiento de
cuotas de aprendices- y que se fundaron en documentos falsos provenientes
presuntamente del SENA que dicho proponente aportó en la audiencia -por lo cual la
demandante formuló posteriormente denuncia penal-, el Comité Evaluador dijo
haberlas corroborado y, en consecuencia, recomendó rechazarla.
6. Con base en lo anterior, el secretario administrativo de la alcaldía de Malambo
expidió la Resolución No. 187 del 26 de noviembre de 2010 adjudicándole la licitación
al proponente Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Cía. Ltda., con quien se
celebró el contrato de concesión el 30 de noviembre de 2010.
7. El demandante adujo que la adjudicación fue ilegal, ya que su oferta no presentaba
las omisiones aducidas por la entidad, por lo que el acto administrativo estuvo
falsamente motivado. Además, violó el derecho al debido proceso, al no concederle a
la proponente la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas por la
administración ni valorar las presentadas por ella, y al no respetar las reglas para la
audiencia de adjudicación -que se llevó a cabo en dos días distintos-, pues en la
primera, celebrada el 10 de noviembre de 2010, no se dieron a conocer las respuestas
del comité evaluador a las observaciones que se habían formulado por los
proponentes al informe de evaluación, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo
15 del Decreto 2474 de 2008, sino que concedió la palabra a los oferentes para que
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presentaran nuevas observaciones al informe allí leído y para que aportaran nuevos
documentos los oferentes Stephen Hawking y Canapro; y en la audiencia del 26 de
noviembre siguiente, se dieron a conocer las respuestas del referido comité a las
observaciones de los proponentes, pero no se les concedió el uso de la palabra en
esa ocasión.
8. Arguye el actor que se violó el principio de la buena fe, pues de entrada el municipio
de Malambo presumió la mala fe de la Corporación Pino Verde respecto de la
certificación que presentó para probar que se hallaba a paz y salvo con el sistema
general de seguridad social.
9. Así mismo, indica que se violó el principio de selección objetiva, pues su oferta
obtuvo el mayor puntaje y los defectos detectados no correspondieron a situaciones
que fueran objeto de comparación de las ofertas ni afectaban el puntaje, por lo que
eran de naturaleza subsanable; por lo tanto, era la más favorable y no debió ser
rechazada, para adjudicar el contrato a una sociedad que no estaba habilitada para
participar en el proceso de selección.
10. Aparte de lo anterior, afirmó que con el acto acusado se violaron varias
disposiciones del pliego de condiciones al establecer que la propuesta económica de
la demandante era mayor a la permitida, pues en el pliego expresamente se dispuso
que no había lugar a propuesta económica, al rechazar la oferta por las razones que
adujo y al adjudicar el contrato a quien no cumplía con el requisito habilitante de
encontrarse en la categoría de superior o muy superior en la clasificación de planteles
efectuada por el ICFES en el año 2009 y que fue calificada con un puntaje inferior.
11. El 4 de febrero de 20112 se convocó a la entidad demandada a audiencia de
conciliación extrajudicial en la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo
del Atlántico, la cual se llevó a cabo el 3 de mayo de 2011 y se declaró fallida por falta
de acuerdo (f. 42, c. 1).
IV. Trámite de primera instancia
12. Mediante auto del 19 de agosto de 2011 fue admitida la demanda y se ordenó su
notificación personal al alcalde del municipio de Malambo y al procurador judicial ante
el Tribunal Administrativo del Atlántico. Por auto del 8 de junio de 2012 se ordenó
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La fecha de presentación de dicha solicitud fue realmente el 4 de enero de 2011 (f. 42, c. 1).
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integrar al Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda. como
litisconsorte necesario de la parte demandada (fl. 528 y 689, c. 2).
13. El municipio de Malambo no contestó la demanda durante el término de fijación
en lista (f. 533, c. 2).
14. A su turno, el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda.
contestó la demanda, aceptó unos hechos y negó otros, se opuso a las pretensiones
y propuso como excepciones i) que el demandante no tiene un derecho válido, pues
la sociedad Pino Verde S.A. participó en el proceso licitatorio estando incursa en
inhabilidades que trató de ocultar con certificaciones falsas, por lo que está cobrando
lo no debido; ii) la “inexistencia de las condiciones de claridad, expresividad y
exigibilidad del derecho y el nexo jurídico de la supuesta obligación”, por cuanto los
hechos y las pretensiones demuestran que la acción y el supuesto derecho doblegado
y cuya satisfacción se pretende a través del presente proceso requerían de una
vocación legal que no fue cumplida; y que la acción planteada carece de aptitud ya
que nadie puede alegar su propia torpeza como generadora de derechos cuando su
actuar ilegal fue el encargado de excluirlo del proceso licitatorio; además, en la
demanda no se plantearon unas pretensiones y hechos claros; iii) la carencia del
derecho de acción por parte del demandante, pues quien incumplió las obligaciones
que dimanaban de la ley y del proceso contractual fue el demandante, al participar en
él estando incurso en causales que lo inhabilitaban, lo que lo dejó por fuera de la
contratación; iv) enriquecimiento sin justa causa, pues la acción contencioso
administrativa no puede ser utilizada como medio para obtener ventajas y, v) las
demás que resulten probadas, como caducidad, al no trabar la litis en debida forma
desde el momento en que se presentó el hecho que lo excluyó del proceso contractual,
es decir, el 10 de noviembre de 2010 -inicio de la audiencia pública de adjudicación-,
y habían transcurrido más de dos años al momento de presentación de la demanda y
frente al contrato le es ajeno cualquier interés; falta de legitimación en la causa y
prescripción extintiva, sobre las cuales no expuso la sustentación (f. 702, c. 2).
15. Adujo que no se violó el debido proceso de la demandante en el trámite de la
licitación, pues los oferentes conocieron las evaluaciones, pudieron elevar
observaciones a ellas y las mismas fueron respondidas por la entidad, en la audiencia
de adjudicación; así mismo, que no se desconoció el principio de la buena fe en contra
del proponente Corporación Pino Verde, pues el documento proveniente del Sena
regional Risaralda -cuya autenticidad se cuestionó- no fue la razón para rechazar su
oferta; que no se violó el deber de selección objetiva, pues su oferta no se encontraba
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a paz y salvo, según información suministrada por ING Pensiones, y su oferta
económica era mayor a la permitida en la licitación, según los numerales 2.4, 4.6.1.2,
4.9.2 y 4.9.2.1.3 del pliego de condiciones, que si bien no le otorgaba puntaje a este
requisito, sí lo contemplaba como habilitante, por lo que su incumplimiento conducía
al rechazo de la oferta; en todo caso, dicha corporación presentó información que no
coincidía con la realidad al afirmar que estaba a paz y salvo, y una de las causales de
rechazo de las ofertas consagradas en el pliego era, precisamente, cuando previa
verificación por parte del concedente, se constatara que el proponente había
presentado información que no coincidía con la realidad.
16. En cuanto a su propia oferta, aseguró que cumplió con todos los requisitos del
pliego y que la exigencia de acreditación de calificación del establecimiento educativo
para el año 2009 con Superior o Muy Superior también se cumplió,
independientemente de que hubiera cambiado de propietario al ser adquirido por el
Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda.; por todo lo anterior,
consideró que la resolución de adjudicación no estuvo falsamente motivada.
17. Por auto del 15 de diciembre de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión,
oportunidad en la cual la demandante presentó escrito en el cual reiteró los
argumentos de la demanda sobre la ilegalidad del acto de adjudicación y la
presentación, por parte de la actora, de la mejor oferta; que no incurrió en los defectos
que le fueron atribuidos en el proceso de selección y que obtuvo el mayor puntaje, lo
cual, a su juicio, fue probado en el sub-lite; así mismo, presentó alegatos finales el
Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., en los que reiteró los
hechos relatados en la contestación de la demanda e insistió en que la adjudicación
fue legal, ya que no se configuraron los vicios aducidos por el demandante, cuya
propuesta sí estaba incursa en defectos que la inhabilitaban, consistentes en no estar
a paz y salvo por el pago de aportes a pensiones y haber presentado una oferta
económica para el año 2012 -de $1.793’100.960- que sobrepasaba el presupuesto
oficial. El municipio no presentó alegatos -de $1.459’450.800- (fl. 904, 906, 913, c. 2).
V. La sentencia de primera instancia
18. El 2 de octubre de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia, en
la que se declararon no probadas las excepciones y se negaron las pretensiones de
la demanda. En las consideraciones estimó que sí estaba caducada la pretensión
indemnizatoria, pues consideró que, si bien hubo acumulación de pretensiones entre
la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación y la
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contractual para pedir la nulidad absoluta del contrato, aquella se presentó “vencidos
los cuatro meses siguientes a la notificación por conducta concluyente del mencionado
acto de adjudicación (…)”, por lo que solamente estudiaría los cargos desde el punto
de vista de la nulidad absoluta del contrato, para la cual sí fue oportuna la demanda.
Sin embargo, en la parte resolutiva nada se decidió al respecto (fls. 970-990, c. ppal.).
19. El a quo consideró que si bien el pliego de condiciones presentaba contradicciones
en el aspecto económico, “(…) aplicando los principios hermenéuticos, con
fundamento en el interés general, para que el objeto contractual se pueda realizar y
finalmente se pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los
servicios públicos, las ofertas no pueden exceder el presupuesto oficial de una parte,
y por otra, el pago de aportes parafiscales al no otorgar puntaje, es un requisito
subsanable, que hace parte de los requisitos de ejecución de los contratos”.
20. Arribó a la anterior conclusión luego de analizar los términos del pliego de
condiciones y las pruebas obrantes en el plenario, con base en las cuales concluyó
que la propuesta de la Corporación Pino Verde superó el presupuesto oficial, hecho
que no podía ser aceptado porque sería contrario a las reglas y principios que imponen
el deber de que el marco financiero del contrato se ajuste a los análisis económicos y
a la disposición del presupuesto que previamente consideró la entidad en orden a fijar
el límite de ejecución del gasto.
21. Manifestó que de conformidad con el principio de transparencia -art. 24, Ley 80 de
1993-, la entidad contratante tiene el deber de definir con precisión las condiciones de
costos y calidad de las obras, bienes y servicios necesarios para la ejecución del
objeto contractual, y que una expresión del principio de economía, era que la apertura
de los procedimientos de selección se supeditaba a la existencia de las respectivas
partidas presupuestales. En el presente caso, el concejo municipal autorizó al alcalde
para comprometer vigencias futuras para el proyecto, estableciendo para el primer
año -2012- del contrato una cuantía equivalente a $1.459’450.800, suma que fue
reseñada en el pliego de condiciones, por lo que era evidente que la Corporación Pino
Verde había superado el presupuesto oficial al incluir como valor para el mismo año
la suma de $1.793’100.960, en consecuencia, “(…) aceptar el hecho de que el valor
de una propuesta supere el presupuesto oficial estimado, es proceder en contravía del
catálogo de reglas y principios que imponen el deber de que el marco financiero del
contrato se ajuste a los análisis económicos y a la disposición del presupuesto que
previamente debieron ser considerados por la entidad en orden a fijar el límite de
ejecución del gasto”.
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Actor: Corporación Pino Verde
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22. Estimó que efectivamente había una contradicción en el pliego, pues en uno de
sus numerales estableció que no había lugar a la presentación de una propuesta
económica por parte del proponente, por lo que era necesario acudir a los principios
de la hermenéutica para encontrar una solución al problema jurídico. Así, concluyó
que ante la advertencia de dicha contradicción, la entidad contratante estaba facultada
para interpretar el pliego de condiciones conforme a los principios aplicables a la
contratación estatal y optar por la solución que más se ajustara a la finalidad que se
perseguía en el proceso de selección, y así obró en este caso el municipio de Malambo
al rechazar la oferta de la demandante, al existir una disparidad de $333.650.160 entre
lo autorizado por el concejo municipal, el pliego de condiciones y la referida propuesta
que, de ser favorecida, no se podría garantizar la viabilidad del contrato por
sobrepasar el presupuesto.
VI. Recurso de apelación
23. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual pidió que se revocara la
sentencia de primera instancia y se accediera a las pretensiones (fl. 993, c. ppal).
24. Como sustento de esta solicitud explicó, en primer lugar, que no era cierto que en
el presente caso hubiera operado el fenómeno de la caducidad de la acción, pues la
ley permitía que una vez celebrado el contrato la demanda fuera presentada en
ejercicio de la acción contractual dentro de los dos años que establece la ley para su
ejercicio.
25. En segundo lugar, estimó que no era cierto, como lo concluyó el a-quo, que en la
Licitación Pública No. LP-002-2010 había lugar a presentar oferta económica. Al
respecto, consideró que, contrario a lo dicho en la sentencia:
• El Anexo E del pliego no correspondía al documento comprensivo del contenido
económico de la oferta. Según el numeral 4.6.1.2, lo que se tenía que presentar era
una propuesta de canasta educativa, para lo cual debía diligenciar el referido anexo.
Así, el Formulario 8 del Anexo E no correspondía a una oferta económica sino a la
relación de los insumos necesarios para prestar el servicio educativo, expresando su
valor en pesos y como porcentaje del valor total de la remuneración, no para el primer
año de ejecución, sino de la remuneración que recibirá anualmente el concesionario.
De modo que lo que refleja es la manera como el concesionario distribuirá los recursos
provenientes de una remuneración a la que él, conforme al pliego, debe acogerse
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indefectiblemente. Por ello, lo que interesaba al proceso no era la canasta educativa
del primer año de ejecución del contrato sino el valor total de la remuneración que se
recibiría anualmente.
• La propuesta de la Corporación Pino Verde no superó el presupuesto oficial. Para
sustentar su afirmación, primero explicó la forma de remuneración establecida en el
pliego de condiciones, conforme al cual estaba determinada por dos elementos: el
número de alumnos con que cuente la institución educativa y el valor a cancelar por
cada alumno, establecido por el gobierno nacional. De modo que el valor que se
pagaría al contratista sería el resultado de multiplicar estos dos. Y en la oferta de este
proponente, expresamente se aceptó la cuantía de remuneración y la forma de pago
establecidas en el pliego. Explicó, además, que en este documento se incluyó un
presupuesto oficial estimado para la licitación, a precios de 2010, que ascendía a
$19.390’460.400 y que se distribuiría en la forma allí anunciada entre las vigencias del
2012 al 2022, que era el término de ejecución de los contratos de concesión a
celebrarse.
Y que, si aún en gracia de discusión se admitiera que lo presentado fue una oferta
económica, como lo dijo el tribunal, con ella no se habría superado el presupuesto del
proceso, pues para el año 2012, año en el que debía ser entregada la infraestructura
educativa, todavía no se conocía el presupuesto oficial, en razón a que los valores de
tipología para esa anualidad no habían sido fijados aún por el gobierno nacional.
• No existió una contradicción en el pliego de condiciones, que de un lado dispuso que
no habría lugar a presentación de una propuesta económica por parte del proponente
y de otro lado, para el primer año de ejecución del contrato, es decir, 2012, la alcaldía
municipal de Malambo no estaba obligada a pagar la suma contenida en el Formulario
8 del Anexo E, sino la suma correspondiente al resultado de multiplicar el número de
alumnos que para esa anualidad tuviera la institución educativa, por el valor a pagar
por cada alumno, establecido por el gobierno nacional, de manera que era imposible
exceder el presupuesto oficial, sobre todo porque dicho formulario no correspondía a
una oferta económica sino a un cuadro que relacionaba la manera como el
concesionario distribuiría los recursos provenientes de una remuneración a la que él
debía acogerse indefectiblemente. Entonces, la Corporación Pino Verde no presentó
una oferta económica que hubiera superado el presupuesto oficial del contrato.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
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Trámite en segunda instancia
26. Mediante auto de 21 de febrero de 2018, se admitió el recurso de apelación y el
13 de abril del mismo año se corrió traslado para alegar de conclusión. En esta
oportunidad, el municipio de Malambo guardó silencio (fls. 1010, 1112 y 1156, c. ppal.).
27. La demandante Corporación Pino Verde, presentó alegatos finales (f. 1137, c.
ppl.) en los que reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso sobre la
oportunidad de la demanda presentada en ejercicio de la acción de controversias
contractuales y sobre la ilícita adjudicación de la licitación que se hizo por la entidad
demandada a favor del Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Cía. Ltda.,
proponente que no cumplía con los requisitos habilitantes ni obtuvo el puntaje
requerido para que se le otorgara la concesión, lo que le causó a la parte actora un
detrimento injustificado, pues había presentado la oferta con el mayor puntaje, por lo
que era la más favorable y no incurrió en las causales de rechazo advertidas por la
entidad, pues conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, no presentó oferta
económica y no había contradicción alguna en los términos del pliego.
28. El Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Cía. Ltda., presentó escrito en el
que pidió confirmar la sentencia recurrida (f. 1126, c. ppl.), por considerar que el
demandante no probó ninguna irregularidad en el proceso de selección ni que su
oferta era la mejor y por el contrario, se acreditó que su oferta debió ser rechazada
por superar el presupuesto oficial, reiterando los argumentos del a-quo, a lo cual
agregó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 111 de 1996,
en el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan,
entre otras cosas, a gastos decretados conforme a la ley; el Decreto 2474 de 2008,
en su artículo 3º, establece que entre los requisitos mínimos que deben contener los
pliegos de condiciones está el análisis que soporta el valor del contrato, indicando las
variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de posibles costos asociados al mismo y en su artículo 4º dispone
que en el aviso de convocatoria de la licitación se debe informar el presupuesto oficial
del contrato. Disposiciones estas que determinan la importancia que tiene el
presupuesto para el contrato, por lo que las entidades sólo pueden abrir licitaciones
cuando existan las respectivas partidas o disponibilidad presupuestal y en el pliego se
debe indicar el presupuesto oficial de la licitación y las consecuencias que se derivan
del hecho de que las propuestas no se ajusten al mismo.
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Demandado: Municipio de Malambo
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29. En el presente caso, el numeral 2.4 del pliego de condiciones estableció el
presupuesto oficial estimado para la licitación a precios de 2010, por valor de
$19.390’460.400 para el término de ejecución del contrato y para el año 2012 el valor
de la vigencia futura fue de $1.459’450.800, mientras que la oferta de la Corporación
Pino Verde para ese año fue de $1.793’100.960, valor que superaba el estimado para
ello en el Acuerdo 012 de 2010 del concejo municipal de Malambo sobre vigencias
futuras y al presupuesto del contrato estimado en el pliego de condiciones, lo que
justificó su rechazo conforme a lo establecido en su numeral 6º.
30. La Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto
en el cual pidió confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que el
demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución No. 187 del 26
de noviembre de 2010 por medio de la cual el municipio de Malambo adjudicó la
concesión de las instalaciones escolares en favor del Gimnasio Campestre Stephen
Hawking. Para el Ministerio Público, sí hubo un componente económico en el pliego
de condiciones y la presentación de una oferta económica en la licitación objeto de la
controversia, y la presentada por el demandante sobrepasaba el presupuesto fijado
en el mismo pliego, por lo que resultaba procedente la decisión de la administración
de rechazarla (f. 1147, c. ppl.).
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
31. Atendiendo a la naturaleza de la entidad pública demandada, municipio de
Malambo, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los
términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 82 del C.C.A., modificado
por el artículo 30 de la Ley 446 de 19983.
32. Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora en contra de la sentencia del 2 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C escritural, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 129 del C.C.A.4, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el
3 Toda vez que la demanda fue presentada el 20 de junio de 2011, es decir con anterioridad a la entrada
en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA
contenido en la Ley 1437 de 2011, que se produjo, de conformidad con el artículo 308 de dicho código,
el 2 de julio de 2012.
4 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.
11
Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
artículo 75 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual la competente para conocer
de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades
estatales, es la jurisdicción contencioso administrativa y, en este caso, el contrato en
el que se origina la controversia, adjudicado mediante el acto administrativo
demandado, se suscribió entre un particular y una entidad territorial -el Municipio de
Malambo-. Se trata así mismo de un proceso con vocación de doble instancia ante
esta Corporación, dado que el valor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a
una suma superior a $ 3.042’007.632, mientras que, al momento de presentación de
la demanda, el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción
de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia era de
$267´800.0005.
La legitimación en la causa
Por activa:
33. La demandante Corporación Pino Verde quien participó en calidad de proponente
en la Licitación Pública No. LP-002-2010 adelantada por el municipio de Malambo,
está legitimada para pedir la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de
concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y
prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre dicha
entidad y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda, con fundamento
en la ilegalidad del acto precontractual de adjudicación, Resolución No.187 del 26 de
noviembre de 2010, cuya nulidad también pidieron, en virtud de lo dispuesto en el
inciso 2º del artículo 87 del C.C.A –modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998-
.
Por pasiva:
34. El municipio de Malambo está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que es
la entidad estatal que profirió la Resolución No. 187 del 26 de noviembre de 2010 y
celebró el contrato de concesión con el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y
Compañía Ltda., acto administrativo y contrato que fueron demandados en el sub-lite.
Oportunidad del medio de control
35. La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de controversias
contractuales y en ella se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de
5 Para el año 2011, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo ascendía a la suma de
$535.600 (Decreto 033 del 11 de enero de 2011) que, multiplicados por 500, corresponden a
$267’800.000.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y
prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre el
municipio de Malambo y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda.,
como consecuencia de la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública
No. LP-002-2010.
36. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del
C.C.A. -vigente para la época de presentación de la demanda-, la nulidad absoluta del
contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y
si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será
igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de
su perfeccionamiento.
37. En el presente caso, el contrato demandado se celebró el 30 de noviembre de
2010 (f. 234, c. 1) y su duración se pactó en 12 años lectivos desde el mes de enero
de 2012, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y legalización del contrato y
de la suscripción del acta de inicio por las partes y el supervisor, una vez se hubiera
entregado la infraestructura educativa y dotación por parte del concedente -cláusula
21-.
38. Lo anterior significa que el término de caducidad para alegar su nulidad absoluta
era de 5 años, contados a partir de la referida fecha, es decir, que iba hasta el 30 de
noviembre de 2015. Dado que la demanda se presentó el 20 de junio de 2011, resulta
evidente que lo fue en tiempo, en cuanto a la referida pretensión.
39. No obstante, se advierte que al haberse demandado también el acto de
adjudicación como causal de nulidad del contrato, se aplica igualmente lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 87 del C.C.A. -modificado por el artículo 32 de la Ley
446 de 1998-, conforme al cual:
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la
actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30)
días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de
estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución
del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente
podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
40. De acuerdo con esta norma, para la impugnación de los actos previos se
estableció un término de caducidad muy corto, 30 días, pasados los cuales o, una vez
celebrado el contrato si ello sucede primero, sólo se podrá cuestionar su legalidad
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
como causal de nulidad absoluta del negocio jurídico. Y, según si la demanda se
presentó o no dentro de esos 30 días de que habla la norma, independientemente del
momento de celebración del contrato, será procedente -o no-, el restablecimiento del
derecho a favor del demandante, como lo tiene establecido la jurisprudencia6, que ha
manifestado lo siguiente, en relación con las hipótesis temporales que pueden tener
cabida al presentarse alguno de los supuestos fácticos descritos en el referido artículo
87:
La primera hipótesis se refiere a aquellos casos en los cuales el contrato estatal
no se ha celebrado aun para la fecha en que, dentro de los 30 días siguientes
a la comunicación, notificación o publicación del correspondiente acto
administrativo de adjudicación, se demanda ese acto administrativo previo en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, caso en el cual y
sin mayor discusión se tiene que el interesado podrá pretender e incluso obtener
tanto la declaratoria judicial de nulidad del aludido acto administrativo, como el
restablecimiento de sus derechos, cuestión ésta que de ordinario se concreta en
el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el acto nulo y la consiguiente
condena para repararlos.
Una segunda hipótesis dice relación con aquellos casos en los cuales hubiere
transcurrido el término de 30 días sin que se hubiere celebrado el
correspondiente contrato estatal pero igual sin que se hubiere formulado
demanda contra el acto administrativo previo dentro de ese mismo término,
cuestión que, como resulta apenas natural, da lugar a la configuración de la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual priva
definitivamente al interesado de la posibilidad de revivir ese plazo y/o de acudir en
una nueva oportunidad ante la Jurisdicción en procura de obtener el
reconocimiento de los derechos que le habrían sido desconocidos con la
expedición del correspondiente acto administrativo.
Así pues, si con posterioridad al vencimiento del aludido plazo de los 30 días se
celebra el correspondiente contrato estatal, mal podría considerarse que quien
dejó operar la caducidad administrativa para demandar el acto previo en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pudiere encontrar entonces
en la acción contractual una oportunidad nueva para demandar aquello que no
cuestionó judicialmente dentro del plazo que la ley le estableció para ese
propósito7.
En consecuencia, la alternativa que le abre la ley para que pueda demandar la
nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en, o como consecuencia de,
la ilegalidad de los actos administrativos previos, si bien le permite elevar
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero
de 2010, rad. 250002326000199409827 01 (16540), C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E); Subsección A,
sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 14 de
septiembre de 2016, rad. 66001-23-31-000-2005-00994-02 (48905), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 19001-23-31-000-2008-10299-01(46204), C.P. María Adriana
Marín; sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 15001-23-31-000-2007-00719-01(62880), C.P. José
Roberto Sáchica Méndez, entre otras.
7 [16] “Se acude aquí tanto a la interpretación gramatical como sistemática del texto del artículo 87 del
Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998, de conformidad con las reglas
de interpretación de los artículos 27 y 30 del Código Civil, para lo cual se emplea una técnica de
hermenéutica jurídica conocida como la reducción al absurdo, puesto que evidentemente si la
interpretación fuera la contraria, se llegaría a la consecuencia de que el término de 30 días fijado en la
norma no tendría ningún alcance y que su vencimiento no conllevaría ningún efecto -puesto que estaría
subsumido en el término general de 2 años- con lo cual se llegaría al absurdo de una disposición legal
sin sentido u objeto, cuestión que resultaría contraria al principio de interpretación normativa,
reiteradamente aplicado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, del efecto útil de la norma”.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
pretensiones para que dichos actos previos también sean judicialmente declarados
nulos, lo cierto es que ya no podrá pretender y menos obtener resarcimientos o
indemnizaciones de carácter económico o, lo que es lo mismo, el restablecimiento
de sus derechos, puesto que en cuanto dicho interesado dejó operar la caducidad
en relación con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la oportunidad
que tiene en esta nueva etapa para demandar esos mismos actos previos se
encuentra limitada, como el propio texto de la ley lo determina, a reclamar la
declaratoria de “… ilegalidad de los actos previos solamente como fundamento de
[la] nulidad absoluta del contrato”.
La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal
y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire
el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación
del acto de adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el
proponente vencido hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del acto previo, situación que si bien
determina que el interesado ya no podrá ejercer la mencionada acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, la ley expresamente le dejó abierta la opción para
ejercer válidamente la acción contractual, dentro de la cual deberá pretender la
nulidad del contrato estatal y la declaratoria de ilegalidad de los actos previos8,
pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de fundamento para que
prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que en estos casos
y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado término de
30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el restablecimiento
de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida
adjudicación, puesto que resultaría ilógico y contrario a los más elementales
conceptos de justicia y de equidad, que se asumiere que dicho interesado no
pudiere ya formular pretensiones económicas o resarcitorias dentro de la acción
contractual que será la única que en este caso tendrá a su disposición, aunque la
ejerza dentro del plazo que inicialmente se le fijó para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya desaparición sobrevino por razón de la
celebración del correspondiente contrato estatal (se destaca fuera de texto).
Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la
correspondiente acción contractual con posterioridad al vencimiento de los
mencionados 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del
acto de adjudicación, según fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de
nuevo que en este específico contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse
paso serán aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de
nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente o
consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que resulte posible para el Juez
de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún estimar las pretensiones
económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación
del contrato estatal correspondiente9.
41. En el presente caso, se observa que la Licitación Pública No. LP-002-2010 fue
adjudicada mediante la Resolución No. 187 del 26 de noviembre de 2010 y el contrato
resultante fue celebrado el 30 de noviembre siguiente, es decir, que después de esta
fecha ya no podía demandarse independientemente el acto de adjudicación en
8 [17] “De acuerdo con la sentencia C-712 de 2005 se advirtió que la posibilidad de demandar en forma
separada los actos precontractuales cesa a partir de la celebración del contrato respectivo,
interpretación en la cual se siguió la jurisprudencia del Consejo de Estado en auto de 13 de diciembre
de 2001, expediente 19.777 y que se ha respetado en diversos pronunciamientos de la Sección Tercera
de esta Corporación, según se relacionó anteriormente en el cuadro resumen de jurisprudencia”.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 29 de enero de 2014, rad. 25000-23-26-000-2001-02053-01(30250), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino como causal de
nulidad absoluta del contrato estatal, incoando la acción de controversias
contractuales.
42. No obstante, para que resultara procedente la reclamación de restablecimiento del
derecho, la demanda ha debido ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la
comunicación del acto de adjudicación al demandante. En el presente caso, según el
registro de asistencia a la Audiencia de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-
002-2010, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2010 y en la que se dio a conocer la
decisión de la administración, a ella asistieron los señores José Luis Hernández
Verbel, Adriana Aristizábal y Guillermo Escobar en representación de la Corporación
Pino Verde, es decir que, desde ese mismo día, la demandante tuvo conocimiento de
lo resuelto por la entidad, dado que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
2474 de 2008, art. 15, núm. 6: “Terminadas las intervenciones de los asistentes a la
audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda y se notificará a los
presentes de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007”. De modo que
allí quedó notificada tal decisión a todos los presentes, el 26 de noviembre de 2010.
Por tal razón, el término de 30 días debe contabilizarse a partir del día siguiente, es
decir, desde el 27 de noviembre de 2010 (f. 208, c. 1).
43. Esto quiere decir que, para que resultaran procedentes las pretensiones de
restablecimiento del derecho y, dado que el término de 30 días empezó a correr el 27
de noviembre de 2010, la demanda ha debido ser presentada a más tardar el 7 de
enero de 2011.
44. Sin embargo, consta en el plenario que la Corporación Pino Verde presentó
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría el 4 de enero de 2011, fecha
en la que, por disposición de la ley, se suspendieron los términos de caducidad de la
acción, cuando aún restaban 3 días hábiles para que venciera la concerniente a la
reclamación de restablecimiento. La conciliación se declaró fallida en la respectiva
audiencia el 3 de mayo de 2011 (f. 42, c. 1), razón por la cual a partir del día siguiente
se reanudó dicho término, dando como fecha límite para la presentación de la
demanda el 6 de mayo de 2011.
45. Dado que la demanda se presentó el 20 de junio de 2011, es evidente que,
respecto de las referidas pretensiones de restablecimiento, la misma fue
extemporánea, lo que no obsta para que proceda el análisis de validez del contrato
demandado, con fundamento en la alegada ilegalidad del acto de adjudicación.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Problemas jurídicos a resolver
46. Teniendo en cuenta los hechos probados y los términos de la apelación, le
corresponde a la Sala establecer i) si procedía o no el rechazo de la oferta presentada
dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2010 por la Corporación Pino Verde por
haber superado el presupuesto del contrato y ii) si, por lo tanto, las pretensiones
anulatorias planteadas en la demanda están o no llamadas a prosperar.
47. Y en este punto resulta necesario recordar que, en su recurso de alzada, la
apelante sólo adujo y desarrolló dos argumentos de disenso en relación con el fallo de
primera instancia: i) la no caducidad de la acción para el restablecimiento del derecho
-que ya fue resuelto en el capítulo anterior- y ii) que, en el esquema de la licitación
pública en cuestión, no era posible superar el presupuesto del contrato, ya que no
había lugar a la presentación de oferta económica. En tales condiciones, el análisis
del ad quem deberá limitarse a analizar si, como lo adujo el recurrente, su oferta debió
ser seleccionada por no haber incurrido en el referido defecto.
48. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, procederá la Sala a referir los
hechos probados más relevantes.
El pliego de condiciones de la Licitación Pública No. LP-002-2010
49. La licitación pública materia de esta controversia se adelantó en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 y de los convenios interadministrativos celebrados
entre la Nación-Ministerio de Educación y Fonade10 y entre esta última entidad y las
entidades territoriales seleccionadas para la construcción de 47 establecimientos
educativos en zona de alto riesgo de desplazamiento, que serían de propiedad de
aquellas y que se entregarían en concesión; para dicho fin fue escogido, entre otros,
el municipio de Malambo, que tenía dentro de sus obligaciones poner a disposición el
predio necesario11.
10 Convenio Interadministrativo 420 de 2007 (197060 FONADE) (f. 562, c. 2).
11 Esto consta en las consideraciones del Convenio Interadministrativo No. 200936 celebrado el 13 de
mayo de 2009 entre FONADE, el departamento del Atlántico y el municipio de Malambo, en cuya
cláusula primera se estableció como objeto: “El presente Convenio tiene por objeto regular las
relaciones entre FONADE como ejecutor del proyecto de construcción, dotación y entrega en concesión
de infraestructuras educativas en los términos del contrato de gerencia nacional de proyectos No. 420
de 2007 (197060 FONADE) celebrado con el Ministerio de Educación Nacional, EL DEPARTAMENTO
y EL MUNICIPIO, en su condición de entidades territoriales beneficiarias del “proyecto de Inversión
destinado a la construcción y dotación de infraestructura educativa”, estableciendo las obligaciones a
cargo de las partes” (f. 557, c. 2).
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
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Demandado: Municipio de Malambo
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50. En el Convenio 420 de 2007 (197060 FONADE) celebrado entre el Ministerio de
Educación Nacional y FONADE el 20 de diciembre de 2007, se consignó como objeto
la asesoría, asistencia técnica, gerencia y ejecución administrativa, técnica, jurídica y
financiera por parte de FONADE de los proyectos de inversión destinados a la
construcción y dotación de nueva infraestructura educativa para ser entregada en
concesión en zonas rurales y urbano marginales ubicadas en entidades territoriales
certificadas, determinadas y aprobadas por el ministerio, incluyendo el diseño, la
construcción, dotación “(…) y la asesoría en la implementación de los procesos de
entrega en concesión de la infraestructura educativa construida y dotada”. En la
cláusula segunda de dicho convenio se establecieron las obligaciones de FONADE,
entre otras las siguientes (f. 562, c. 2):
1. Prestar la asesoría y asistencia técnica necesaria para la elaboración y
viabilización de los proyectos de inversión objeto del (…) Convenio. (…). 2.
Gerenciar y ejecutar administrativa, técnica, jurídica y financieramente cada uno
de los proyectos de inversión (…) 6. Suscribir, previamente a la iniciación de los
diseños, la construcción y dotación de los establecimientos educativos objeto de
este Convenio, un convenio con cada una de las entidades territoriales certificadas
previamente preseleccionadas por el MINISTERIO (…). 10. Adelantar el
seguimiento y el control técnico, administrativo y financiero de todos los convenios
y contratos celebrados en desarrollo del presente Convenio, velando por su
correcta ejecución y liquidación. 13.2. Concertar con las entidades territoriales
certificadas y elaborar el texto de los convenios que, previamente a la iniciación de
los diseños, la construcción y dotación de los establecimientos educativos objeto
de este Convenio, FONADE deberá suscribir con ellas. Estos convenios deben
establecer, entre otras, las obligaciones por parte de la entidad territorial certificada
de: a) Destinar el lote de terreno, de conformidad con los criterios técnicos y
jurídicos establecidos por el MINISTERIO, a la construcción de la infraestructura
educativa, b) Obtener del Concejo Municipal o Distrital o la Asamblea
Departamental la autorización para comprometer vigencias futuras para garantizar
la financiación de la operación de los establecimientos educativos que se
entregarán en concesión, c) Adelantar los procesos licitatorios que permitan
suscribir los contratos de concesión educativa. (…) 14. Contratar una asesoría
jurídica y presupuestal que incluya las siguientes actividades: 14.1. Prestar apoyo,
acompañamiento y asesoría a las entidades territoriales certificadas en los
aspectos jurídicos y financieros relacionados con los trámites presupuestales
necesarios para adelantar el proceso de la concesión educativa (…).14.2. Prestar
apoyo, acompañamiento y asesoría a las entidades territoriales certificadas en los
aspectos jurídicos y financieros relacionados con el proceso contractual de la
concesión educativa, lo cual debe incluir, entre otros aspectos, la preparación y
elaboración de: (…) b) Pliegos de condiciones de la licitación (…). l) Respuestas a
las observaciones efectuadas al informe de evaluación que formulen los
proponentes.
51. Por su parte, en el Convenio No. 200936 del 13 de mayo de 2009 suscrito entre
FONADE, el departamento del Atlántico y el municipio de Malambo, cuyo objeto fue
regular las relaciones entre FONADE, como ejecutor del proyecto de construcción,
dotación y entrega en concesión de infraestructuras educativas en virtud del convenio
de gerencia integral 420 de 2007 celebrado entre esta entidad y el Ministerio de
Educación, y las entidades territoriales como beneficiarias del mencionado proyecto,
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
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se establecieron ciertas obligaciones a cargo del departamento del Atlántico, las
cuales, en caso de que el municipio fuera certificado por el Ministerio de Educación,
serían asumidas inmediatamente por esta entidad territorial (parágrafo de la cláusula
tercera) (f. 558, c. 2):
1) Entregar en concesión la infraestructura educativa (…) para tal efecto deberá:
1.1. Tramitar ante la Asamblea Departamental y lograr las modificaciones (…) que
permitan expedir con sujeción a la ley y a las directrices impartidas por la asesoría
jurídica contratada por FONADE para el efecto, las vigencias futuras excepcionales
necesarias para adelantar el proceso licitatorio de entrega en concesión de la
infraestructura educativa (…). 1.3. Adelantar los procesos licitatorios que permitan
suscribir los contratos de concesión de la infraestructura educativa a construirse
con sujeción a la ley y a las directrices impartidas por la asesoría jurídica
contratada por FONADE para el efecto. En cumplimiento de esta obligación, la
entidad territorial (…) facilitará toda la información necesaria para que FONADE
pueda brindar la asesoría jurídica y presupuestal respectiva. Tratándose de un
proyecto de orden nacional, cofinanciado por las entidades territoriales, y en el
entendido que el contrato de concesión a celebrarse por EL DEPARTAMENTO,
hace parte de dicha cofinanciación, EL DEPARTAMENTO se obliga a respetar las
definiciones que en materia jurídica y técnica efectúe el MINISTERIO,
directamente o a través de FONADE, en lo relacionado con el proceso de
selección.
52. Así, el objeto del proceso licitatorio adelantado por el municipio de Malambo fue
“seleccionar la propuesta más favorable para la celebración de un contrato en virtud
del cual se entregará en concesión, por parte del concedente, al proponente
seleccionado, una infraestructura educativa, de propiedad del concedente, para que
este organice, opere y preste en ella el servicio público de educación formal”.
53. Según la información suministrada en el pliego de condiciones, el concejo
municipal de Malambo, mediante Acuerdo No. 012 de 2010, autorizó al alcalde para
comprometer vigencias futuras excepcionales por un periodo de 12 años a través de
la celebración de un contrato de concesión, en virtud del cual se entregaría al
concesionario la infraestructura educativa construida y dotada por la Nación, para que
aquel organizara y prestara en ella el servicio público de educación formal, aunque la
concesión en este caso sería de 11 años, como consecuencia de la modificación de
la fecha estimada de entrega -mes de enero de 2012- de la infraestructura educativa
que se construiría en el barrio Villa Campo de dicho municipio. Y dada la dificultad
para conseguir en el primer año del contrato de concesión los alumnos necesarios
para la prestación del servicio en el nivel media (grados 10 y 11), en ese primer año
lectivo el concesionario sólo prestaría el servicio en los niveles de preescolar, básica
primaria y básica secundaria.
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54. De conformidad con el pliego de condiciones que rigió la licitación adelantada por
el municipio de Malambo en la que se profirió la Resolución No. 187 de 2010
demandada, se establecieron, entre otras, las siguientes disposiciones (f. 57 a 155, c.
1):
55. En el numeral 1.11 se consignó que la vigencia del contrato sería desde su
perfeccionamiento hasta el día 31 de diciembre del año 2022 y 4 meses más; y el
término de prestación del servicio, sería desde el mes de enero de 2012 hasta el 31
de diciembre de 2022.
56. Sobre el presupuesto, se dispuso (numeral 2.4):
2.4. PRESUPUESTO
El presupuesto oficial estimado para la presente Licitación, a precios del 2010,
asciende a la suma [de] DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
($19.390.460.400,00), MONEDA CORRIENTE, para todo el término de ejecución
de los Contratos de Concesión a celebrarse, de acuerdo con los siguientes valores
anuales:
VALOR VIGENCIAS FUTURAS
VIGENCIA VALOR
2012 $ 1.459.450.800,00
2013 $ 1.793.100.960,00
2014 $ 1.793.100.960,00
2015 $ 1.793.100.960,00
2016 $ 1.793.100.960,00
2017 $ 1.793.100.960,00
2018 $ 1.793.100.960,00
2019 $ 1.793.100.960,00
2020 $ 1.793.100.960,00
2021 $ 1.793.100.960,00
2022 $ 1.793.100.960,00
TOTAL $ 19.390.460.400,00
EL CONCEDENTE, a partir del año 2012, realizará los pagos correspondientes,
amparado presupuestalmente por la autorización para comprometer vigencias
futuras otorgada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 012 de 2010.
Los recursos con que se pagará la prestación del servicio a EL CONCESIONARIO
provendrán de las transferencias del Sistema General de Participaciones que la
Nación debe efectuar a EL CONCEDENTE en cumplimiento de lo establecido en
la Constitución Política, la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, y del factor de calidad.
La remuneración anual efectiva de EL CONCESIONARIO será el resultado de
multiplicar el número de alumnos a atender en cada vigencia e infraestructura por
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la tipología más el factor de calidad que para cada vigencia determine el Gobierno
Nacional en los términos previstos en el numeral 1.7 de los presentes pliegos.
57. Dicho numeral 1.7, establecía, respecto de la remuneración del concesionario, lo
siguiente:
EL CONCEDENTE pagará directamente a EL CONCESIONARIO como
remuneración por la totalidad de las obligaciones que asumirá el titular del Contrato
de Concesión, las sumas anuales establecidas más adelante, calculadas en
función de los alumnos que se atenderán en cada vigencia y el valor de la
tipología12 más los recursos de calidad de la respectiva vigencia, definidos por el
Gobierno Nacional, anualmente y de acuerdo con las siguientes tablas:
*En el primer año de prestación del servicio, es decir el año 2012, no se prestará
el servicio público de educación formal en el nivel de media cuya prestación iniciará
a partir del siguiente año, es decir el 2013, razón por la cual la remuneración del
CONCESIONARIO correspondiente a ese primer periodo será de
$1.459.450.800,00 a precios de 2010.
Los valores de tipología, incluyendo el factor de calidad, antes indicados
corresponden a los definidos por el Gobierno Nacional para la vigencia de 2010,
año en que se surte el presente proceso de selección. Sin perjuicio de lo anterior,
la remuneración efectiva de EL CONCESIONARIO será la correspondiente a la
tipología y la asignación de calidad que el Gobierno Nacional determine para cada
uno de los años de ejecución del contrato, para lo cual se deberán efectuar los
ajustes pertinentes y los trámites de orden presupuestal a que haya lugar.
12 De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación, “El sistema educativo colombiano lo
conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y
secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la
educación superior”. Visto en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-
media/Sistema-de-educacion-basica-y-media/233839:Sistema-educativo-colombiano
#:~:text=El%20sistema%20educativo%20colombiano%20lo,)%2C%20y%20la%20educaci%C3%B3n
%20superiorEn el marco de la Ley 715 de 2001, “(…) se entiende por tipología el conjunto de “variables
que caracterizan la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, de
acuerdo con metodologías diferenciadas por zona rural y urbana”. Al tiempo se señala que la Nación
“definirá la metodología para el cálculo de la asignación por alumno y anualmente fijará su valor
atendiendo las diferentes tipologías, sujetándose a la disponibilidad de los recursos del Sistema General
de Participaciones”. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
300356_archivo_pdf_anexo_tecnico_tipologias_137.pdf
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Para efectos de lo previsto en la parte final del numeral 4, del artículo 3º del Decreto
2474 de 2008, los valores antes mencionados no constituyen modelo financiero
alguno utilizado en la estructuración del presente contrato de concesión, sino
información pública utilizada para la determinación del valor estimado del contrato
de concesión. (Se subraya).
58. Se incluyeron las “normas de interpretación del pliego” y se dispuso que “El pliego
de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser
entendidas en forma individual o independiente de su contexto general” (numeral
2.14).
59. Se indicaron los requisitos habilitantes de los proponentes, en los siguientes
términos (Capítulo III):
3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES13
Para efectos de la presente licitación y en los términos del artículo 30 de la Ley
1176 de 2007, modificado por el artículo 1º de la Ley 1294 de 2009, podrán
presentarse como proponentes, únicamente, las personas de derecho público o
privado de que trata dicha Ley, propietarias de establecimientos educativos
(sociedades, fundaciones, asociaciones, corporaciones y cajas de compensación
familiar, entre otros), con amplia experiencia y reconocida trayectoria en la
prestación del servicio público de educación formal.
Considerando lo anterior se establecieron los requisitos habilitantes de carácter
técnico (jurídicos y de experiencia) y los requisitos habilitantes financieros, los
cuales serán objeto de verificación y no de evaluación. De no ser acreditados
impedirán la participación de los oferentes en el presente proceso de selección.
Dichos requisitos, si bien no otorgan puntaje alguno, constituyen la puerta de
entrada al proceso licitatorio, de modo que los Proponentes que no cumplan con
éstos, serán rechazados.
En virtud de lo previsto en el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y del
parágrafo del artículo 4º del Decreto 1464 de 2010, tratándose de contratos de
concesión de cualquier índole, la verificación de los requisitos habilitantes relativos
a la experiencia y la capacidad financiera de los proponentes como requisitos
habilitantes se realizará directamente por la entidad licitante.
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO (JURÍDICOS Y
DE EXPERIENCIA)
Se establecieron como requisitos habilitantes de carácter técnico de los posibles
oferentes, condiciones relativas a su naturaleza jurídica, y condiciones de
experiencia en la prestación del servicio público educativo medida en función de
los resultados en las clasificaciones de rendimiento efectuadas por el ICFES y del
número de años prestando el servicio de educación formal en los términos que
más adelante se describen.
De conformidad con lo anteriormente expuesto sólo podrán participar en el proceso
de selección las personas de derecho público o privado de que trata la Ley 1294
de 2009, propietarias de establecimientos educativos que acrediten los siguientes
requisitos habilitantes de carácter técnico (jurídicos y de experiencia):
13
Se incluye el numeral tal como fue modificado por la adenda No. 3 (f. 147, c. 1).
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3.1.1.1. PROPONENTES SINGULARES.
3.1.1.1.1. Ser entidad (persona jurídica) sin ánimo de lucro, estatal o particular, de
reconocida trayectoria e idoneidad propietaria (s) de establecimiento (s) educativo
(s), tales como asociaciones, fundaciones, corporaciones o cajas de
compensación familiar, entre otras.
3.1.1.1.2. Tener como mínimo 10 años de experiencia en la prestación del servicio
de Educación Formal, debidamente aprobado y reconocido por las autoridades
competentes. Para estos efectos se deberá aportar copia de la licencia de
funcionamiento expedida por la secretaría de educación de la entidad territorial
donde funcione el establecimiento educativo de su propiedad, con certificación de
encontrarse vigente.
3.1.1.1.3. Encontrarse en las categorías “SUPERIOR” o “MUY SUPERIOR” en la
clasificación de planteles efectuada por el ICFES en el año 2009 para calendario
A o B.
3.1.2. PROPONENTES PLURALES (…).
3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO
Se establecieron como requisitos habilitantes de carácter financiero para los
proponentes interesados en participar en el proceso de selección no encontrarse
incurso en determinadas causales de insolvencia previstas en la legislación
colombiana.
En consecuencia, adicionalmente a los requisitos habilitantes de carácter técnico,
sólo podrán participar en el proceso de selección los proponentes que no se
encuentren en las siguientes situaciones:
3.1.3.1. Cesación de pagos en los términos previstos en el numeral 1º del artículo
9º de la Ley 1116 de 2006.
3.1.3.2. Incapacidad de pago inminente en los términos previstos en el numeral 2º
del artículo 9º de la Ley 1116 de 2006.
3.1.3.3. Tener obligaciones vencidas por concepto de mesadas pensionales,
retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos
efectuados a los trabajadores o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
En el caso de proponentes plurales (…).
En consecuencia, los proponentes deberán presentar certificación expedida por el
representante legal y el revisor fiscal en la cual manifiesten que la entidad
proponente no se encuentra incursa en las causales antes mencionadas. En caso
de proponentes plurales (…).
Adicionalmente, los Proponentes deberán estudiar detenidamente las
disposiciones legales vigentes sobre la materia y declarar bajo juramento, en la
carta de presentación de la Propuesta, el hecho de no encontrarse incursos en
ninguna de las causales antes referidas.
60. Y en el numeral 4.5. se estableció:
4.5. PROPUESTAS CONSIDERADAS HÁBILES
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Se entiende que la Propuesta presentada por el Proponente es hábil si cumple
con la totalidad de los requisitos habilitantes técnicos y financieros contemplados
en este Pliego de Condiciones.
61. En el capítulo IV relativo a “Las Propuestas” se hizo referencia a la propuesta
técnica -numeral 4.6-, que contempla i) una propuesta de proyecto educativo
institucional y ii) la canasta educativa -numeral 4.6.1-, así como iii) los servicios
adicionales ofrecidos -numeral 4.6.2-. En relación con los dos primeros, se dispuso
(Capítulo IV):
4.6.1. PROPUESTA DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
CANASTA EDUCATIVA.
4.6.1.1. Propuesta de proyecto educativo institucional
El proponente deberá presentar una Propuesta de Proyecto Educativo
Institucional, PEI, conforme a lo establecido en el Decreto 1860 de 1994, con base
en la cual se gestionará académica y administrativamente el Establecimiento
Educativo que funcionará en la Infraestructura Educativa a entregar en concesión.
En ella es fundamental resaltar los elementos innovadores del futuro Proyecto
Educativo Institucional PEI.
Esta propuesta deberá estar estructurada a partir de los siguientes componentes:
i) Horizonte institucional
ii) Gobierno escolar
iii) Gestión académica
iv) Gestión directiva
v) Desarrollo del personal
vi) Gestión comunitaria
vii) Manual de convivencia
viii) Estructura organizacional y planta de personal
ix) Perfil del personal docente y administrativo propuesto
x) Procedimiento de evaluación de la calidad de la prestación del servicio
(…)
4.6.1.2. Propuesta de canasta educativa
Igualmente, el Proponente deberá presentar una propuesta de canasta educativa,
entendida como los insumos necesarios para prestar el servicio educativo,
concordante con su Propuesta de PEI, la cual, cuando menos, deberá contener el
costo mensual y anual de los ítems relacionados en este acápite, expresado en
pesos y como porcentaje del valor total de la remuneración que recibirá EL
CONCESIONARIO anualmente por la prestación del servicio educativo. Para tal
efecto deberá diligenciar el Formato No. 8 del Anexo E.
Los componentes básicos de la canasta educativa son los siguientes:
1. Recurso humano (…)14.
14 “1. Recurso Humano. // Incluye el personal necesario (docente y administrativo) para ofrecer una
educación de calidad con adecuada relación alumno/grupo y docente/grupo. En general una institución
educativa debe contar con el siguiente personal: // a) Rector b) Coordinadores según el tamaño de la
institución educativa c) Docentes: Se pueden considerar como un referente los siguientes parámetros:
un (1) docente por grupo en preescolar y un (1) docente por grupo en la educación básica primaria
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2. Material Educativo (…)15.
3. Gastos Generales (…)16.
62. Sobre la propuesta económica se dijo (numeral 4.7):
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.
Teniendo en cuenta que la remuneración al Concesionario durante toda la vigencia
del contrato está preestablecida por EL CONCEDENTE, de acuerdo con la
tipología aplicable, no hay lugar a presentación de una Propuesta económica por
parte del Proponente.
63. Se definieron los documentos que debían acompañar a la propuesta, entre los
cuales se incluyó (numeral 4.9):
4.9.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS
4.9.2.1 Propuesta técnica que incluya:
4.9.2.1.1. Propuesta de proyecto educativo institucional
4.9.2.1.2. Propuestas de canasta educativa
4.9.2.1.3. Servicios adicionales ofrecidos
4.9.2.2. Anexo E, Formulario 5.
(licenciado o normalista), 1.36 docentes por grupo en la educación básica secundaria o media
académica (licenciados/profesionales), que cubran las áreas fundamentales y obligatorias del plan de
estudios y 1,7 docentes por grupo si se trata de media técnica. // d) Personal de apoyo especializado,
como psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, entre otros, o el que se requiera de acuerdo
con el PEI y la especificidad de la población a atender. // e) Personal Administrativo, incluye entre otros,
secretarias, contadores, auxiliares administrativos y personal de aseo y vigilancia”.
15 “2. Material Educativo // Incluye material bibliográfico, material didáctico, material tecnológico y
elementos de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes
y las labores pedagógicas de los docentes. Este material educativo, debe ser acorde con los enfoques,
contenidos y metodología propia de las diferentes áreas del currículo, así como con el proyecto
educativo. // a) Material bibliográfico. Son textos que apoyan el desarrollo de los programas curriculares.
Incluyen: // i. Los textos escolares. // ii. Libros de referencia como diccionarios, atlas, enciclopedias,
entre otros. // iii. Libros de literatura infantil y juvenil relacionados con obras dirigidas a los estudiantes
de todos los niveles (…). // b) Material didáctico. Es el material de apoyo que se requiere para un
aprendizaje pertinente. Se utiliza en todos los niveles educativos y contribuye a desarrollar el trabajo
pedagógico de los docentes. En el caso de preescolar son, por ejemplo, juegos didácticos, de
asociación, de destreza física y de representación de roles, entre otros (…). // c) Material tecnológico.
Es el material requerido para atender a poblaciones con algún tipo de discapacidad (cognitiva, motora,
auditiva visual y autismo, entre otras). // Elementos de papelería. Diversos materiales de apoyo
requeridos para que los estudiantes puedan adelantar diversas actividades, por ejemplo, trabajos
individuales y en grupo, talleres, juegos, entre otros”.
16 “3. Gastos Generales. // Los gastos generales incluyen las erogaciones requeridas para el
mantenimiento de las condiciones físicas del establecimiento, tanto de la infraestructura como de la
dotación, para la adecuada prestación del servicio educativo. // a. Servicios públicos: se refiere a los
servicios públicos domiciliarios: agua, luz y comunicaciones. Estos costos se calculan con base en las
tarifas establecidas para éstos, en cada entidad territorial. // b. Reparaciones y mantenimiento: se refiere
a los gastos necesarios para mantener en buen estado la infraestructura y la dotación. // c. Otros gastos:
se refiere a todos aquellos gastos, diferentes de los anteriores, necesarios para la prestación del
servicio”.
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64. Se consignó la identificación y distribución de riesgos del contrato de concesión y
dentro de los riesgos que fueron dejados a cargo del concesionario, se estableció
(numeral 4.10):
4.10.2.3 Variaciones en los costos en relación con los presupuestos o modelos
financieros elaborados por EL CONCESIONARIO, de los insumos que conforman
la canasta educativa necesarios para cumplir las obligaciones asumidas en virtud
del contrato, tales como recurso humano, materiales, servicios públicos,
encareciéndose así la ejecución del Contrato a su cargo, salvo que se presente
desequilibrio económico del contrato en los términos de ley.
En la medida en que EL CONCESIONARIO es un profesional en la prestación del
servicio público educativo y conoce la regulación aplicable y las exigencias en
materia de recurso humano, calidad, tiempo, mantenimiento de la infraestructura,
entre otras variables, que ofrecer este servicio demanda, así como los costos que
supone la prestación de los servicios adicionales que ofrezca, y que es consciente
que la única remuneración que recibirá será el valor de la tipología establecido
anualmente por el Gobierno Nacional, más el factor de calidad, por cada alumno
atendido, es claro que la presentación de propuestas en el proceso de selección
se realiza con plena conciencia de que todos los costos en que incurrirá serán
cubiertos por la remuneración a percibir, de tal manera que cualquier error de
estimación o de incremento real de costos por encima de las estimaciones
efectuadas debe ser asumida por el Concesionario.
65. Se dispuso lo concerniente a la verificación, evaluación y calificación de las
propuestas, y se estableció, en primer término, que el concedente verificaría
directamente las condiciones de los proponentes y descartaría aquellas propuestas
presentadas por quienes no cumplieran con los requisitos habilitantes establecidos en
el Capítulo III del pliego o con las condiciones jurídicas que permitieran su
participación -numeral 5.1, procedimiento general-. Como aspectos evaluables y
calificación de los mismos, se estableció (Capítulo V):
ASPECTO PUNTAJE MÁXIMO ASIGNABLE
1. Evaluación general del proponente17 400 puntos
2. Evaluación específica del proponente 400 puntos
3. Servicios adicionales ofrecidos 200 puntos
TOTAL 1.000 puntos
66. Se consagraron las siguientes causales de rechazo de la propuesta (Capítulo VI):
6. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA
17 La evaluación general -numeral 5.3.1- dependía de la clasificación del establecimiento en las
categorías de rendimiento establecidas por el ICFES (muy superior: 80 puntos, superior: 60 puntos, alto:
40 puntos o cualquier otra categoría: 0 puntos) durante los últimos 5 años. Y la evaluación específica
dependía de los resultados obtenidos en las pruebas SABER correspondientes al año 2009 para los
grados 5º y 9º en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales -numeral 5.3.2-.
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Una Propuesta será rechazada cuando se presente cualquiera de las siguientes
causales:
6.1. Cuando el Proponente o cualquiera de los integrantes del Proponente plural
no reúna los requisitos habilitantes de carácter técnico (jurídicos y de experiencia)
o los requisitos habilitantes de carácter financiero.
6.2. Cuando la Propuesta se hubiere presentado sometida a cualquier tipo de
condición.
6.3. Cuando existan varias Propuestas presentadas por el mismo Proponente, bajo
el mismo nombre o con nombres diferentes, por sí o por interpuesta persona.
6.4. Cuando la Propuesta sea presentada en forma extemporánea.
6.5. Cuando el Proponente incumpla con el compromiso anticorrupción o haya
tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente del proceso de
evaluación de las Propuestas.
6.6. Cuando no se incluya la garantía de seriedad de la Propuesta.
6.7. Cuando no se incluya la carta de presentación de la propuesta o la misma no
sea suscrita por el representante legal o voluntario del proponente.
6.8. Cuando las propuestas se encuentren incompletas por no incluir documentos
requeridos o necesarios para la comparación objetiva de las Propuestas.
6.9. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica
ostenten igual condición en otra u otras entidades diferentes, que también estén
participando en la presente Licitación.
6.10. Cuando previa verificación por parte DEL CONCEDENTE se constate que el
proponente presentó información que no coincide con la realidad.
6.11. Cuando en el documento de constitución de consorcios o uniones
temporales, se omita la firma de uno de sus integrantes (…)
6.12. Cuando una misma persona aparezca como integrante de dos (2) o más
Consorcios (…).
6.13. Cuando un Proponente o una persona integrante de un (1) Proponente Plural
figure simultáneamente como asesor y/o proveedor de bienes y/o servicios de otro
Proponente singular o plural. En este evento se rechazarán ambas propuestas.
6.14. Cuando el proponente se encuentre incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
6.15. Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes.
6.16. Cuando al proponente, en forma individual, en consorcio o unión temporal,
se le haya declarado judicialmente el incumplimiento de un contrato, o haya sido
sancionado o multado en los dos años anteriores a la fecha de cierre de la
licitación.
6.17. Cuando hayan presentado más de una propuesta.
6.18. Cuando hecho un requerimiento de información o aclaración por parte DEL
CONCEDENTE esta corrección o aclaración no se entregue por el Proponente al
CONCEDENTE, en el plazo determinado, se entenderá que el Proponente carece
de voluntad de participación y su Propuesta será rechazada.
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6.19. Cuando el Proponente no presente la propuesta de PEI, con base en la cual
elaborará el Proyecto Educativo Institucional, o no presente la respectiva canasta
educativa.
Las demás falencias que no sean requisitos para la comparación de ofertas se
pueden subsanar previo el requerimiento DEL CONCEDENTE (…) (La Sala
subraya).
67. Según el acta de cierre de la licitación, a la misma se presentaron cuatro
proponentes: Cooperativa Casa Nacional del Profesor “CANAPRO”, Corporación Pino
Verde, Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Centro de Enseñanza Precoz Nuevo
Mundo (f. 45, c. 1).
68. Mediante oficio del 26 de noviembre de 2010 dirigido al secretario administrativo
del municipio de Malambo, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media
se refirió a la suspensión de la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública No.
LP-002-2010 que se produjo para examinar los argumentos esgrimidos por algunos
proponentes en las observaciones al informe de evaluación, por lo que le remitió el
documento preparado por la asesoría jurídica del proyecto, realizado con base en la
revisión de dichos argumentos y previo estudio de los documentos aportados por la
Corporación Pino Verde, concepto con base en el cual “(…) las observaciones
presentadas al informe de evaluación, en especial la presentada por la sociedad
proponente Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., con miras a
que se rechace la propuesta de la Corporación Pino Verde no se consideran
pertinentes” y la licitación debería ser adjudicada a esta última, que de acuerdo con el
informe de evaluación publicado el 22 de octubre de 2010, había obtenido la mayor
calificación. Y anotó que, en todo caso, la decisión de adjudicación le correspondía al
municipio de Malambo en desarrollo de su autonomía contractual (f. 650 a 662, c. 2).
69. De acuerdo con lo consignado en la Resolución No. 187 del 26 de noviembre de
2010 por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública No. LP-002-201018 (f. 203,
c. 1, 636 y 832, c. 2), en la evaluación inicialmente realizada por el comité evaluador
bajo parámetros de selección objetiva, la propuesta de Nuevo Mundo fue rechazada
de plano, la de CANAPRO fue rechazada de plano por no hábil, la propuesta de la
Corporación Pino Verde fue habilitada y se le asignaron 752,01 puntos y la oferta del
Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., fue habilitada y obtuvo
686,9 puntos.
18 Advierte la Sala que en el expediente no obran los informes de evaluación de las propuestas
presentadas en la licitación y que el acta de la audiencia de adjudicación que fue iniciada el 10 de
noviembre de 2010, fue aportada en una copia simple que no aparece suscrita por ninguno de los
participantes (f. 156, c. 1).
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70. En la audiencia de adjudicación se presentaron observaciones por parte de los
oferentes CANAPRO y Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., por
lo que fue suspendida hasta que se verificara la información presentada por los
oferentes y se reanudó el 26 de noviembre.
71. Que una vez verificadas por la administración las observaciones e informaciones
y luego de analizadas, el comité evaluador recomendó modificar el orden de
elegibilidad de la siguiente manera: La oferta de Nuevo Mundo se rechaza de plano,
por no cumplir las exigencias referentes a la experiencia y por lo tanto se declara no
hábil; se ratifica la decisión de declarar no hábil la oferta de CANAPRO porque su
representante legal carece de capacidad jurídica para presentar la oferta; respecto de
la oferta presentada por la Corporación Pino Verde, se modifica su evaluación y en su
lugar se declara no hábil, por cuanto no cumple con el requisito de estar a paz y salvo
por concepto de parafiscales y además la oferta económica es mayor a la permitida
de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones en los numerales 2.4.4.6.1.2,
4.9.2 y 4.9.2.1.3, razón por la cual es rechazada y no se le asigna puntaje; y la oferta
del Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., se declara hábil, se le
asignan 686,9 puntos y se le adjudica la licitación.
72. El 30 de noviembre de 2010 se celebró, entre el municipio de Malambo y el
Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., el contrato -sin número- de
concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y
prestación en ella del servicio público de educación formal (f. 839, c. 2).
73. En la propuesta presentada por la Corporación Pino Verde dentro de la licitación
pública, (f. 347 c. 5 a f. 518, c. 6) consta el Anexo E- Formulario 8 del pliego de
condiciones, “Anexo informativo sobre composición de la canasta educativa”, en los
siguientes términos (f. 481, c. 6):
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74. En el plenario obra copia de la Resolución No. 177 del 12 de abril de 2011 del
gerente general de FONADE, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto en su contra por el municipio de Malambo y decidió confirmar íntegramente
la Resolución No. 117 del 8 de febrero de 2011, “Por la cual se ordena la terminación
anticipada del Convenio 200936 celebrado entre FONADE, el departamento del
Atlántico y el municipio de Malambo y se ordena su liquidación en el estado en que se
encuentre” (f. 646, c. 2).
75. En dicho acto administrativo, FONADE aclaró, frente a los argumentos del
municipio en su recurso, que no le correspondía a aquella entidad calificar el
cumplimiento de las normas y pliegos de condiciones dentro de la Licitación Pública
LP-002-2010 y, por lo tanto, no se pronunciaría sobre si se debió o no adjudicar al
proponente Stephen Hawking y Cía. Ltda. o a la Corporación Pino Verde, ya que la
causal de terminación del convenio interadministrativo fue el incumplimiento por parte
del municipio de Malambo de sus obligaciones derivadas del negocio jurídico, dando
lugar a la aplicación de su cláusula octava relativa a la terminación anticipada del
mismo, específicamente la obligación consistente en “(…) respetar las definiciones
que en materia jurídica y técnica efectúe EL MINISTERIO, directamente o a través de
FONADE, en lo relacionado con el proceso de selección” adelantado para suscribir el
contrato de concesión de la infraestructura educativa a construirse en el municipio,
procedimiento que debía serlo “(…) con sujeción a la ley y a las directrices impartidas
por la asesoría jurídica contratada por FONADE para el efecto”.
76. Explicó que la asesoría jurídica contratada por FONADE, había enviado antes de
la audiencia de adjudicación de la licitación del 26 de noviembre de 2010, su posición
sobre las observaciones efectuadas a la evaluación de las propuestas, tanto por
escrito como en la primera parte de la audiencia llevada a cabo el 10 de noviembre de
2010, a pesar de lo cual la entidad territorial se abstuvo de atender la solicitud
efectuada y no respetó las definiciones que en materia técnica y jurídica efectuó el
Ministerio de Educación, en relación con el proceso de selección. Y que, por esta
razón, fue precisamente el ministerio el que pidió, con base en la referida cláusula
octava, “(…) terminar cualquier actuación tendiente a la construcción y dotación de la
infraestructura en el municipio de Malambo”.
77. El 20 de diciembre de 2010, la ministra de Educación dirigió oficio al alcalde
municipal y al secretario administrativo del municipio de Malambo en el cual dio cuenta
de las razones por las cuales se ratificaba en su decisión de no desarrollar el proyecto
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Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
de co-nstrucción, dotación y entrega en concesión en ese municipio 19, fundadas,
primordialmente, en el hecho de que la adjudicación realizada por la administración
de Malambo era improcedente (f. 663, c. 2).
78. La ministra explicó, punto por punto, por qué consideraba que la firma favorecida
con la adjudicación no debió serlo y por qué era improcedente el rechazo de la oferta
presentada por la Corporación Pino Verde. Específicamente, sobre el argumento de
que este proponente había presentado una oferta económica que sobrepasaba el
presupuesto del pliego de condiciones, manifestó:
A tal conclusión llega esa administración basándose en que el valor total del Anexo
E Formulario 8 del Pliego de Condiciones “Anexo Informativo sobre composición
de la canasta educativa” arroja un valor de $1.793.100.960, suma que excede la
autorización de vigencias futuras excepcionales autorizada por el Concejo
Municipal para el año 2012, pues ésta tan solo es de $1.459.450.800.
Dicha conclusión no se ajusta a la realidad por las siguientes razones:
• No hay compromiso presupuestal que exceda lo aprobado por el Concejo
Municipal pues tanto en la carta de presentación de la propuesta como en el
contrato, el proponente y posterior concesionario acepta que el valor total de su
remuneración será el resultado de multiplicar el valor de la tipología más el factor
de calidad por alumno atendido, y en la medida en que tanto en el pliego como en
el contrato se establece que en el primer año solo se atenderán 1200 alumnos, tal
valor, con valores de 2010, no excederá la suma autorizada por el Concejo
Municipal.
• La propuesta de canasta educativa es un documento puramente informativo y no
constituye propuesta económica alguna, pues tal como lo establece el numeral 4.7
de los pliegos de condiciones la remuneración del concesionario es un valor fijo
determinado por el valor de la tipología más el factor de calidad por alumno
atendido, y por ende las propuestas carecen de propuesta económica y, en
consecuencia, tal factor no es objeto de evaluación.
• Es evidente que la estructura de costos de la canasta educativa se refiera a 11 de
los 12 años y no al único año en el cual solo se atenderán 1200 estudiantes, que
es el año 2012.
79. Y fue así como concluyó que i) el proponente sociedad Stephen Hawking y
Compañía Ltda. no cumplía con uno de los requisitos habilitantes contenido en el
pliego de condiciones20, ii) las observaciones efectuadas a la Corporación Pino Verde
19 De acuerdo con la declaración que rindió en el proceso el 22 de octubre de 2013 el ex alcalde del
municipio de Malambo, señor Adolfo Bernal Gutiérrez, hasta ese momento el contrato celebrado no se
había ejecutado por la intervención del Ministerio de Educación y FONADE, que suspendieron la
construcción del mega colegio en ese municipio (f. 735, c. 2).
20 Encontró que este proponente no acreditó el requisito habilitante consistente en encontrarse en las
categorías “SUPERIOR” o “MUY SUPERIOR” en la clasificación de planteles efectuada por el ICFES
en el año 2009 para calendario A o B, ya que el colegio que presentó como suyo y que se hallaba en
esa categoría, Institución Educativa Colegio Los Catalanes, adquirió dicha calificación mientras fue de
propiedad de la sociedad Colegio Ambiental Los Catalanes Ltda., que se lo traspasó al proponente el
13 de octubre de 2010, es decir dos días antes del cierre de la licitación.
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Radicación número: 08001233100000730-02 (60740)
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eran subsanables y lo fueron de conformidad con la ley21 y iii) de evaluarse ambas
propuestas, los resultados hubiesen sido: Gimnasio Campestre Stephen Hawking y
Compañía Ltda. 686,9 puntos y Corporación Pino Verde 752,01 puntos.
80. En el proceso rindió testimonio el señor Ariel Ignacio Neyva Morales, abogado,
representante legal de la sociedad Consultoría Jurídica Colombiana Ltda., firma que
fue contratada por FONADE22 en desarrollo del contrato de gerencia integral de
proyectos celebrado entre el Ministerio de Educación y aquella entidad para la
ejecución del proyecto de construcción, dotación y entrega en concesión de
infraestructuras educativas a nivel nacional y la obligación que para FONADE se
derivó de ese contrato, de brindar asesoría jurídica y presupuestal a las entidades
territoriales en las que se desarrollara el proyecto (f. 744, c. 2).
81. El testigo declaró que, en desarrollo de sus obligaciones, prestó asesoría al
municipio de Malambo en los trámites presupuestales y contractuales de la Licitación
Pública LP-002-2010; y frente a la pregunta de cómo habían sido estructuradas estas
licitaciones públicas para la escogencia de los operadores de los “mega colegios”,
respondió:
Posteriormente a la realización de la reforma de los estatutos orgánicos
presupuestales y a la obtención de las vigencias futuras por parte de las entidades
territoriales, procedimientos que igualmente fueron acompañados por la firma que
represento, se iniciaron los procesos de selección de los operadores utilizando
pliegos estándar usados en 21 entidades territoriales y que generaron la
celebración de 40 contratos de concesión a nivel nacional. Dichos pliegos, incluían
la verificación de unos requisitos habilitantes de los oferentes, basados en la
experiencia y calidad de la prestación del servicio educativo, no había evaluación
de oferta económica, pues la remuneración se fijaba en función de la tipología y el
factor de calidad, y se asignaban puntajes, en función de los resultados de las
pruebas SABER y los demás servicios ofrecidos por los oferentes. Así como los
resultados de las pruebas ICFES en los últimos 5 años. PREGUNTADO: Si en los
pliegos no había lugar a la presentación de oferta económica, con base en qué
factores era determinado el presupuesto del contrato. CONTESTÓ: El presupuesto
del contrato se determinaba en función de los alumnos que se estimaba iban a ser
atendidos por el concesionario durante la vigencia del contrato. Teniendo en
cuenta la capacidad máxima que era de mil cuatrocientos cuarenta alumnos (1440)
que se atenderían después del primer año de servicio, pues en el primer año de
servicio, los pliegos solo estipulaban atención para 1200 alumnos, teniendo en
cuenta que no se preveía la atención de los grados 10 y 11. El valor anual de
remuneración para los concesionarios era equivalente a multiplicar el número de
21 Se refiere a las observaciones relacionadas con la supuesta falsedad de la certificación expedida por
el revisor fiscal del proponente de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales.
22 FONADE y la sociedad Consultoría Jurídica Colombiana Ltda. celebraron el Contrato 2080145 del 25
de enero de 2008, cuyo objeto fue: “EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios
profesionales para apoyar, acompañar y asesorar a las entidades territoriales certificadas en los
aspectos jurídicos y financieros relacionados con los trámites presupuestales necesarios para adelantar
el proceso de la concesión educativa (…) deberá apoyar, acompañar y asesorar a seis (6) entidades
territoriales certificadas por el Ministerio de Educación Nacional para los proyectos de inversión
destinados a la construcción y dotación de doce establecimientos educativos” (f. 569, c. 2).
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alumnos que se esperaba atendieran en cada año por la tipología definida por el
CONPES más el factor de calidad. Con esos criterios se solicitaron vigencias
futuras a los concejos municipales y se obtuvieron los respectivos soportes
presupuestales. PREGUNTADO: Cuál era el propósito del anexo de los pliegos
de la Licitación denominado CANASTA EDUCATIVA O FORMULARIO 8.-
CONTESTÓ: La canasta educativa pretendía verificar los servicios y costos en que
incurriría el concesionario en la prestación de los servicios ofrecidos, buscando
verificar especialmente la coherencia entre los servicios adicionales ofrecidos y los
costos en que incurriría en la prestación de los mismos. Esa canasta no constituía
oferta económica y simplemente era un documento informativo dentro de lo
solicitado a los oferentes. PREGUNTADO: Según esto, podría decirse que con la
presentación de la canasta educativa, por parte de la Corporación Pino Verde,
pudo esta entidad educativa superar el presupuesto del contrato- CONTESTÓ: No
existía, de acuerdo con los pliegos de condiciones posibilidad de superar el
presupuesto, pues a lo largo de los pliegos y en la carta de presentación de la
propuesta, los oferentes aceptaban como única remuneración a cambio de los
servicios ofrecidos los valores aprobados por el consejo (sic) como vigencias
futuras de acuerdo a los cálculos antes mencionados.
82. Se le preguntó al testigo si el pliego de condiciones de la licitación lo había
elaborado él o el municipio de Malambo, a lo cual respondió que “En las 21 entidades
territoriales donde se llevó a cabo las licitaciones de concesión, se usaron pliegos
estándar concertados entre el ministerio de educación y las entidades territoriales con
la asesoría de mi firma. Ningún pliego fue impuesto y cada uno de los pliegos seguía
las directrices definidas por el ministerio con las circunstancias particulares de cada
licitación. PREGUNTADO: Usted nos podría decir si los requisitos inhabilitantes (sic)
que se incluyeron en dichos pliegos fueron iguales en todos los procesos licitatorios
que se llevaron en todo el país referente al tema que hemos venido desarrollando.
CONTESTÓ: Sí. Los pliegos exigían los mismos requisitos habilitantes en materia de
las pruebas ICFES y de la experiencia en el servicio educativo por 10 años".
Consideraciones de la Sala:
83. Teniendo en cuenta los hechos probados en el plenario, encuentra la Sala que,
efectivamente, erró el tribunal a-quo al considerar que la propuesta de la Corporación
Pino Verde había sido correctamente rechazada por parte del municipio de Malambo
por haber sobrepasado el presupuesto oficial de la licitación pública.
84. Esa conclusión desconoce la naturaleza específica de la clase de contratación que
se estaba adelantando por parte de la entidad territorial, pues el procedimiento de
selección en el que se produjo el acto administrativo impugnado no apuntaba a la
adjudicación y celebración de un contrato de prestación de servicios común y
corriente, en el que la entidad pagaría una determinada remuneración a cambio de un
servicio cualquiera, por lo que los interesados debieran proponer un valor en sus
ofertas, que necesariamente tuviera que ajustarse al presupuesto que, para el pago
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del respectivo contrato, fuera dispuesto por la entidad licitante; sino que se trataba de
la celebración de un contrato de concesión para la prestación del servicio educativo,
materia específica que cuenta, además, con su propia regulación y reglamentación en
muchos aspectos, que debía ser acogida y aplicada por la entidad territorial en la
licitación pública y el futuro contrato.
85. Se trató entonces, de la ejecución de un proyecto nacional en educación, liderado
por el ministerio del ramo23, para lo cual se celebraron convenios interadministrativos
de apoyo financiero que contemplaban las distintas obligaciones a cargo de cada una
de las entidades involucradas en ellos, como lo fue, en el caso del municipio de
Malambo, el Convenio No. 200936 del 13 de mayo de 2009, que suscribió esta entidad
territorial con el FONADE y el departamento del Atlántico, y que dio lugar a la
obligación del municipio de adelantar la licitación pública tendiente a la adjudicación y
suscripción del contrato de concesión educativa, por medio del cual le sería entregada
al concesionario la infraestructura que se construiría en Malambo con recursos de la
Nación, a cuyo cargo estaría la financiación de su construcción y dotación, para el
funcionamiento de un colegio en el que se prestaría el servicio público de educación
formal.
86. Así mismo, es claro que ese proceso de selección debía sujetarse a las
obligaciones y compromisos adquiridos por el municipio de Malambo frente a
FONADE, dentro de los cuales se hallaba la de seguir las directrices impartidas por la
asesoría jurídica contratada por éste para acompañar todo el proceso contractual,
respetando para ello, además, las definiciones que en materia técnica y jurídica
impartiera el Ministerio de Educación, directamente o a través de aquella entidad.
87. Es dentro de este marco que fue elaborado el pliego de condiciones que rigió el
procedimiento de selección de la Licitación Pública No. LP-002-2010, en el que
23 El proyecto de construcción, dotación y concesión educativa se inició en el año 2007: “Con el fin de
ofrecer infraestructuras y educación de alta calidad, en zonas urbano marginales, habitadas por
población en condiciones de vulnerabilidad, con demanda educativa no satisfecha (insuficiencia en la
oferta educativa oficial u oferta privada de baja calidad), de entidades territoriales receptoras de
población en situación de desplazamiento, a mediados del 2007 el Ministerio de Educación Nacional
inició la ejecución del proyecto de construcción, dotación y concesión educativa”, en el que se
beneficiaron 23 entidades territoriales con 44 instituciones educativas (IE) de 1440 alumnos por cada
una de ellas (3 dobles, es decir con capacidad de 2880 alumnos) en Preescolar, Básica y Media, jornada
única diurna; el costo promedio de la IE fue de $9.500 millones, el área construida de 6.000 m 2 (36
aulas); área lote 15.000 m2. Total inversión: $441.000 millones (Presupuesto General de la Nación);
total cupos generados: 67.680 -matrícula oficial. “La operación de los nuevos colegios se entrega en
concesión, por 12 años, a entidades sin ánimo de lucro, de reconocida trayectoria e idoneidad en la
prestación del servicio educativo, en desarrollo de procesos licitatorios elaborados exclusivamente
sobre variables de experiencia y calidad”. Información del Ministerio de Educación Nacional, en
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-
Cobertura/235114:Infraestructura-y-dotacion.
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expresamente se consignó que no habría lugar a la presentación de una oferta
económica por parte de los proponentes.
88. Esa situación fue explicada en el proceso por el testigo Ariel Ignacio Leyva
Morales, representante legal de la sociedad Consultoría Jurídica Colombiana Ltda.,
firma que fue contratada por el FONADE para brindar asesoría jurídica y presupuestal
a las entidades territoriales en las que se desarrollara el proyecto de construcción,
dotación y entrega en concesión de infraestructuras educativas a nivel nacional, en
términos similares a los expuestos, así mismo, por la Ministra de Educación, al
reiterarle al municipio su intención de no llevar a cabo el proyecto en el municipio de
Malambo, y que dieron cuenta de la forma general de remuneración que opera en esta
clase de concesiones, en la que es el gobierno nacional, a través del CONPES, el que
fija las tarifas, por lo que, como lo relató el testigo, el valor anual de remuneración para
los concesionarios era equivalente a multiplicar el número de alumnos que se
esperaba atendieran en cada año, por la tipología definida por el CONPES más el
factor de calidad.
89. Y esto mismo quedó expresamente especificado en el pliego de condiciones que
rigió la licitación, en el que se consignó que “[l]a remuneración anual efectiva de EL
CONCESIONARIO será el resultado de multiplicar el número de alumnos a atender
en cada vigencia e infraestructura por la tipología más el factor de calidad que para
cada vigencia determine el Gobierno Nacional en los términos previstos en el numeral
1.7 de los presentes pliegos”, numeral en el que se definió, año a año del término de
duración que tendría el contrato de concesión, con fundamento en la tipología,
incluyendo calidad y con base en los valores del año 2010, el valor de la remuneración
a la que tendría derecho el concesionario, que sería modificado de acuerdo con lo
que, para cada anualidad, estableciera el gobierno nacional.
90. Por su parte, la propuesta de canasta educativa, que tal y como se explicó en el
pliego de condiciones, corresponde a “(…) los insumos necesarios para prestar el
servicio educativo, concordante con su Propuesta de PEI”, debía contener, al menos,
el costo mensual y anual de los insumos allí referidos, correspondientes al recurso
humano, el material educativo y los gastos generales y era uno de los documentos
técnicos que el proponente debía presentar -numeral 4.9.2- y su no presentación fue
consagrada como causal de rechazo de la propuesta -numeral 6.19-.
91. En relación con este requisito, el pliego estableció específicamente que era un
riesgo a cargo del contratista la variación de los costos que conforman la canasta
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educativa propuesta por el oferente -numeral 4.10.2.3- y se consignó textualmente
que, dada su experiencia, se entiende que él “(…) es consciente que la única
remuneración que recibirá será el valor de la tipología establecido anualmente por el
Gobierno Nacional, más el factor de calidad, por cada alumno atendido” por lo que era
claro que “la presentación de propuestas en el proceso de selección se realiza con
plena conciencia de que todos los costos en que incurrirá serán cubiertos por la
remuneración a percibir, de tal manera que cualquier error de estimación o de
incremento real de costos por encima de las estimaciones efectuadas debe ser
asumida por el Concesionario”.
92. Ahora bien, es cierto que, en el Anexo E, Formulario 8 del pliego de condiciones,
presentado por la Corporación Pino Verde se estableció un valor total anual de
$1.793’100.960, que es el valor calculado en el pliego de condiciones para todos los
años de la concesión excepto para el primero, y que este proponente no discriminó el
primer año, en el que, según el numeral 1.7 del pliego, el valor a pagar sería de
$1.459’450.800.
93. Esta diferencia es la que dio lugar a que la entidad aceptara que, efectivamente,
había presentado una oferta superior al presupuesto estimado, lo que constituye un
grave error, puesto que, de un lado, como textualmente lo dice el Anexo E Formulario
8, se trata apenas de un “Anexo Informativo” sobre la composición de la canasta
educativa; y tal y como lo explica el mismo pliego de condiciones, los valores allí
informados eran apenas indicativos, puesto que cada año el valor a pagar estaría
determinado por lo que definiera el gobierno nacional teniendo en cuenta la tipología
y el factor de calidad.
94. Luego lo que se pretendía establecer con ese anexo del pliego de condiciones,
era la forma como los proponentes pretendían distribuir los recursos, entre los distintos
componentes de la referida canasta educativa.
95. Como lo expuso la ministra de Educación, “La propuesta de canasta educativa es
un documento puramente informativo y no constituye propuesta económica alguna,
pues tal como lo establece el numeral 4.7 de los pliegos de condiciones la
remuneración del concesionario es un valor fijo determinado por el valor de la tipología
más el factor de calidad por alumno atendido, y por ende las propuestas carecen de
propuesta económica y, en consecuencia, tal factor no es objeto de evaluación”.
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96. Por todo lo anterior, la Sala estima que no había lugar a rechazar la propuesta de
la Corporación Pino Verde por la razón aducida consistente en haber sobrepasado su
oferta económica el presupuesto oficial anunciado en el pliego de condiciones, dado
que, como quedó explicado, ello no sucedió y tampoco se consagró dicha
circunstancia como causal de rechazo.
97. Adicional a lo expuesto, se observa que en la providencia impugnada el a-quo
había definido que el otro cargo aducido en el acto demandado en contra de la
Corporación Pino Verde para rechazar su oferta, consistente en no estar al día en el
pago de los aportes parafiscales, no se configuró, en la medida en que el artículo 41
de la Ley 80 de 1993 contempla esta obligación como requisito para la ejecución del
contrato, lo que significa que “no tienen el potencial de anular la voluntad unilateral de
la administración plasmada en el acto administrativo de adjudicación (…). De ahí que
la exclusión de alguna propuesta del procedimiento de selección debe encontrar
apoyo normativo que la dote de sustento jurídico y al tiempo debe referirse a la
ausencia de requisitos o documentos necesarios para la comparación objetiva de las
propuestas y, a la luz de la Ley 1150, debe aludir a aspectos que afecten la asignación
de puntaje”. Y consideró que los únicos requisitos que no son subsanables son
aquellos que otorgan puntaje, es decir, que sirven de ponderación de las ofertas
basados en precio, calidad o relación costo-beneficio.
Conclusión
98. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala estima que se probó en el
plenario la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. LP-002-2010
y, por ende, del contrato de concesión demandado, razón por la cual, con fundamento
en lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, norma que
establece que los contratos del Estado son absolutamente nulos cuando se declaren
nulos los actos administrativos en que se fundamenten, se revocará la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución No. 187 del
26 de noviembre de 2010 y del Contrato de Concesión que, como resultado de la
misma, se celebró entre el municipio de Malambo y la sociedad GIMNASIO
CAMPESTRE STEPHEN HAWKING Y COMPAÑÍA LTDA.
99. Ahora bien, se reitera en este punto que no hay lugar a estudiar y resolver las
pretensiones de restablecimiento aducidas en la demanda como consecuencia de la
declaratoria de nulidad del acto de adjudicación que se encontró ilegal, toda vez que
frente a ellas, su presentación fue extemporánea, por lo que deberán ser denegadas,
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al contrario de lo que sucede con la pretensión de nulidad absoluta del contrato, la
cual por disposición legal se impone cuando el análisis de legalidad del acto de
adjudicación arroja que el mismo está viciado de nulidad.
100. En relación con las restituciones mutuas derivadas de la declaratoria de nulidad
absoluta del contrato, observa la Sala que no hay lugar a ordenarlas en el presente
caso, toda vez que no consta en el plenario que el negocio jurídico, una vez celebrado,
hubiera iniciado su ejecución, en tanto su objeto, consistente en la prestación del
servicio de educación pública por parte del concesionario, estaba contemplado para
desarrollarse en una infraestructura que aún no estaba construida ni hay pruebas de
que lo haya sido; por lo tanto, no existe constancia en el plenario de que se hayan
producido prestaciones por las partes que sean susceptibles de ser restituidas.
Condena en costas
101. En consideración de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado
temerariamente, condición que no se presentó en este proceso, razón por la cual no
habrá lugar a su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 2 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 187 del veintiséis (26) de
noviembre de 2010, mediante la cual la Secretaría Administrativa de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE MALAMBO adjudicó la Licitación Pública número LP-002-2010.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad absoluta del Contrato de Concesión de una
infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del servicio
público de educación formal, celebrado entre el Municipio de Malambo y el GIMNASIO
CAMPESTRE STEPHEN HAWKING Y COMPAÑÍA LTDA.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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Actor: Corporación Pino Verde
Demandado: Municipio de Malambo
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
CUARTO: Sin condena en costas.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
39
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