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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00968-01

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-00968-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de noviembre de 2013 por medio de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Atlántico en la que se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias en derecho por 2.5 % del valor de las pretensiones, suma que equivale a $65´761.469,16, en favor de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. 17 Las pretensiones de la demanda ascendieron a $1.661.307.585, suma que debe actualizarse de conformidad con la siguiente fórmula: VA=VH (IPC final / IPC inicial) 9 de 10 Radicación:08001-23-31-000-2011-00968-01 (50964) Actor: Osvaldo Gómez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Confirma decisión apelada que negó pretensiones ______________________________________________________________________________________________________________

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2011-00968-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

16 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022

Radicación: 08001-23-31-000-2011-00968-01 (50964)
Actor: Osvaldo Gómez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – ausencia de daño – pérdida de oportunidad.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento en la Administración de justicia por la prescripción de un proceso penal por
el delito lesiones personales en la prestación del servicio de salud.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 29 de noviembre de 2013 por medio
de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de agosto de 2011, Osvaldo Gómez Álvarez, Rita de Lourdes
Covilla de Gómez, Sergio Arturo Covilla Gómez, Osvaldo Mario Gómez
Covilla y Cecilia Álvarez de Gómez, en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía
General de la Nación. Fueron sus pretensiones (se trascribe):

“Pretendo que se declare culpable y responsable patrimonial y
administrativamente al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (RAMA JUDICIAL) –
JUZGADO DECIMO (10) PENAL MUNICIPAL Y A LA FISCALÍA GL. DE LA NACIÓN, por
los daños antijurídicos morales y materiales (emergentes y lucro cesante) causados
a los demandantes y que sufrieron como consecuencia a las lesiones sufridas por

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación

el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:08001-23-31-000-2011-00968-01 (50964)
Actor: Osvaldo Gómez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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su familiar el señor OSVALDO GOMEZ ALVAREZ (víctima) lo anterior con
fundamento en el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.”
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron:

Concepto Demandante Argumentación Monto
“Daños Osvaldo Gómez Álvarez “Esto conforme a que el 100 smlmv para cada
morales Rita de Lourdes Covilla de señor OSVALDO GOMEZ uno.
subjetivos” Gómez ALVAREZ, fue durante todo
Sergio Arturo Covilla ese tiempo el jefe y motor de
Gómez su hogar conformado por su
Osvaldo Mario Gómez esposa, madre e hijos y los
Covilla cuales dependían de él
Cecilia Álvarez de Gómez económicamente […]”
Lucro Osvaldo Gómez Álvarez “[…] ayuda económica que $148´261.517 para
cesante Rita de Lourdes Covilla de este habría de suministrarles cada uno.
Gómez todavía, por un periodo de
Sergio Arturo Covilla vida probable […]”
Gómez
Osvaldo Mario Gómez
Covilla
Cecilia Álvarez de Gómez
Daño Osvaldo Gómez Álvarez “[…] honorarios de $20´000.000
emergente abogado, terapia
psicológica, viáticos o
transporte, pago de
mensajero y/o domicilios
[…]”
“Destrucción Osvaldo Gómez Álvarez “[…] disminución definitiva 400 smlmv
del proyecto de su capacidad para
de vida en laborar hacia el futuro […]”
relación”

3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones2,
adujeron:

4. 1) El 26 de marzo de 1999 el señor Osvaldo Gómez Álvarez fue herido
con un tiro de revólver por lo cual fue atendido en la Clínica del Terminal en
Barranquilla, luego, fue trasladado a la Clínica del Seguro Social de Los
Andes, en donde fue atendido por el médico Ricardo García Dávila, quien
ordenó un examen que requirió el traslado del señor Gómez a la Clínica
General del Norte. Finalmente, fue operado por otro médico, pero, debido
a la demora en la práctica del examen ordenado por el médico García
Dávila, fue necesario amputarle la pierna derecha al señor Gómez Álvarez.

5. 2) Por lo anterior, el señor Gómez Álvarez presentó una denuncia penal
en contra del médico García Dávila el 11 de agosto de 1999 y, mediante
decisión de 22 de agosto de 2003, la Fiscalía Local 23 de Barranquilla profirió
resolución de acusación en contra del médico Ricardo García Dávila, la
cual fue confirmada mediante decisión de 24 de marzo de 2004, proferida
por la Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla.
El proceso entró al despacho para dictar sentencia de primera instancia el
27 de junio de 2008, sin embargo, el 2 de octubre de 2009 el Juzgado 10

2 Folio 117 - 120 del cuaderno 1.

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Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
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Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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Penal Municipal de Barranquilla declaró la cesación del proceso por la
prescripción de la acción penal.

6. Como fundamentos de la demanda, afirmó que, “el hecho de haber
dejado prescribir la acción penal en donde el señor Osvaldo Gómez
figuraba como víctima, por haber existido retardo injustificado en el
desarrollo de cada una de las actuaciones judiciales y al momento de
proferir la decisión judicial constituye una falla del servicio […]”.

1.2. Posición de la parte demandada

7. El apoderado de la Nación – Rama Judicial3, al contestar la
demanda, se opuso a las pretensiones. Como argumentos de su defensa,
afirmó que la decisión de declarar la prescripción de la acción fue acorde
con la ley y los términos establecidos y sostuvo que la congestión judicial
influyó en la demora en el proceso penal. Además, destacó que la
declaratoria de prescripción “no le impedía a la parte demandante iniciar
o proseguir la respectiva acción civil”. Por último, propuso la excepción que
denominó “inexistencia de daño imputable a la dirección seccional de
administración judicial”.

8. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. La Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Atlántico negó las pretensiones de la demanda4 con fundamento en que la
decisión de declarar la prescripción de la acción penal fue ajustada a
derecho; además, afirmó que el demandante tenía la posibilidad de
perseguir al señor García Dávila mediante la acción civil. Por último,
concluyó que la parte actora no demostró que el retardo en el proceso
penal fue injustificado.

1.4. Recurso de apelación

10. La parte demandante presentó recurso único de apelación5 en el
cual atacó el argumento del tribunal relativo a la prueba de la mora
injustificada, pues consideró que le correspondía a la parte demandada
acreditar lo contrario. En segundo lugar, sostuvo que el tribunal se equivocó
al analizar si la decisión de declarar la prescripción de la acción penal fue
correcta o no, ya que lo que se alegó en la demanda fue que el defectuoso

3 Folios 743 - 748 del C.1.
4 Folios 795 – 819 del C.Ppal.
5 Folios 821 – 824 del C.Ppal.

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Actor: Osvaldo Gómez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
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Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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funcionamiento de la administración de justicia porque incurrió en
dilaciones y retrasos injustificados. Por último, en relación con el argumento
según el cual el demandante podía acudir a la acción civil, destacó que,
“independientemente del camino a tomar por parte de mi poderdante, la
actuación de la administración debió ser la correcta”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

11. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

12. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.
En efecto, la decisión mediante la cual se confirmó la decisión de decretar
la prescripción de la acción es de 2 de octubre de 20096 y quedó en firme
el 23 de octubre de 20097, el 23 de noviembre se presentó solicitud de
conciliación y en audiencia de 23 de febrero de 2011 se declaró fallida8 y,
la demanda fue presentada el 8 de agosto de 20119, la acción se ejerció en
tiempo.

13. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que no se probó el primer elemento de
responsabilidad en este tipo de asuntos, esto es que, con la decisión
cuestionada, la parte actora hubiera experimentado un daño consistente
en la pérdida de la oportunidad de haber obtenido la indemnización de los
perjuicios solicitada dentro de ese proceso, toda vez que no se acreditó el
aspecto elemental en estos casos, esto es, la constitución de los
demandantes como parte civil y, en todo caso, no se probó que la
prescripción de la acción penal les hubiera quitado, de manera definitiva,
la oportunidad para ser indemnizados; por el contrario, se demostró que
acudieron a esta jurisdicción para ser reparados por los terceros civilmente
responsables y sí obtuvieron la reparación del daño sufrido.

2.2. Análisis sustantivo

6 Folio 21 - 25 del C.1.
7 Folio 25 anverso del C.1.
8 Folio 20 del c.1., constancia de solicitud de conciliación de 23 de febrero de 2011.
9 Folio 9 del C1.

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Actor: Osvaldo Gómez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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14. Esta Subsección ha sostenido que, en casos como estos, “…a la parte
actora le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que permitan
concluir que la prescripción de la acción penal le impidió recibir una
indemnización que habría podido obtener si ella no se hubiese declarado;
le corresponde acreditar que tal declaración le frustró definitivamente una
expectativa cierta o con grandes probabilidades de certeza de obtener la
reparación”9.

15. La Sala advierte que no se demostró que la pérdida de oportunidad
de que la parte demandante sea indemnizada por la declaratoria de
prescripción de la acción penal, fuera cierta y definitiva.

16. Respecto de la certeza. La Sala destaca que no existe la certeza de
que si no se hubiera declarado la prescripción, existía una oportunidad
cierta de ser indemnizados porque, en primer lugar, justamente se encontró
acreditado que uno de los demandantes, no presentó demanda de
constitución de parte civil. Al respecto, fue aportado con la demanda un
escrito radicado por el señor Osvaldo Gómez Álvarez, en la que se destaca
(se trascribe):

“Aunque no me constituí en parte civil dentro de este proceso, ya que adopté
la vía Contencioso Administrativa (sic) por Falla en el Servicio, ya que el
procesado al momento de los hechos se desempeñaba como funcionario del
Seguro Social adscrito a la Clínica Andes […]”10

17. Frente a los otros demandantes, no se aportó la decisión de admisión
de la demanda de constitución de parte, ni siquiera la sola demanda de
constitución de parte civil, de donde pueda verificarse que, en efecto,
perseguían la indemnización de los perjuicios ocasionados con la supuesta
omisión del señor García Dávila, en el proceso penal en el que se declaró la
prescripción de la acción.

18. Para la Sala, la mínima carga probatoria era demostrar la
constitución de la parte civil en el proceso penal, como presupuesto para
reclamar la pérdida de oportunidad de obtener una reparación en el
proceso penal. En todo caso, aunque el argumento anterior resulta
suficiente para descartar el carácter cierto de la pérdida de oportunidad,
debido a la etapa en la que se encontraba el proceso penal, tampoco es
posible entender que existía una probabilidad que permitiera establecer la
certeza del daño.

19. Respecto del carácter definitivo. La Sala advierte que, en este caso,
no se demostró que la prescripción de la acción penal hubiera implicado

10 Folio 598 – 600 del C.1.

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Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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perder de manera definitiva la posibilidad de ser indemnizados por el daño
padecido por el señor Gómez Álvarez. Incluso, como se expondrá a
continuación, se demostró que los 5 demandantes de este proceso,
acudieron a esta jurisdicción y fueron reparados por el daño.

20. En ese orden, lo primero que debe indicarse es que la Sala se aparta
del argumento del recurso de apelación según el cual,
“independientemente del camino a tomar por parte de mi poderdante, la
actuación de la administración debió ser la correcta”, porque se olvida que,
en este proceso, no se pretende juzgar la actuación de la administración de
justicia por sí sola, sino reparar un daño. Daño que, en este caso, fue la
pérdida definitiva a ser reparados por la prescripción de la acción penal11
que se adelantó contra la persona que, a su juicio, fue responsable de la
amputación de la pierna derecha del señor Gómez Álvarez.

21. En ese orden, debía probar que, con la declaratoria de prescripción,
esa oportunidad se perdió de manera definitiva y que agotó los
mecanismos que tenía a su alcance para lograr la reparación. En este caso,
prescrita la acción penal contra el médico, él podía reclamar la
responsabilidad de los terceros civilmente responsables. Al respecto, el
artículo 98 del Código Penal – establece (se trascribe):

“La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro
del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás
casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.”

22. Así, de la lectura de la norma es evidente que la acción civil en contra
de los terceros civilmente responsables prescribe en los términos
establecidos por las normas civiles para el efecto, pues la prescripción de la
acción penal conlleva la prescripción de la acción civil, únicamente,
respecto del penalmente responsable, cuando esta se haya ejercido dentro
del proceso penal. Lo anterior, porque la declaratoria de la prescripción de
la acción penal, no impedía que pudieran acudir ante la jurisdicción para
buscar la indemnización de manos de los terceros civilmente responsables.
Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal12.
En casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual

11En criterio de la parte demandante decretada por negligencia de la administración de justicia.

12 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,

cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>”.

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del propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa13,
por lo que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados
por estos terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se
sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del
Código Civil14”15.

23. En ese mismo contexto, se indica que, en el proceso, se encuentra
demostrado que la parte actora reclamó la reparación del daño sufrido a
los terceros civilmente responsables, ya que así se desprende del escrito
presentado por el demandante en el que destacó que acudió a esta
jurisdicción para obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos por
parte del ISS en un proceso de reparación directa, y porque obra en el
expediente la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico16 en la que figuran como demandantes
los señores Osvaldo Gómez Álvarez, Rita Covilla de Gómez, Sergio Arturo
Gómez Covilla, Osvaldo Mario Gómez Covilla y Cecilia Álvarez de Gómez y,
en contra del Instituto de Seguros Sociales – ISS y, formularon la siguiente
pretensión:

“1) Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, seccional del Atlántico de los perjuicios
materiales y morales causados a los demandantes con motivo de la
amputación del miembro derecho practicada al Dr. OSWALDO GÓMEZ
ÁLVAREZ, el día 30 de marzo de 1999 en la Clínica General del Norte de esta

13 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de

2011. Radicado N.º 44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante,
esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del
dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aún
aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…), tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a la
sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente en
la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su objeto
social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo>>.
14 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016,

Radicado N.º 11001-02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el
significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el
de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la noción
“tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta
punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la
realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las
disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad
indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del
hecho propio. De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de
las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un
tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo
2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva,
que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad
punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia
civil.>>”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.
16 Folios 1 – 40 del C.7.

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de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
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ciudad […]”

24. En esa decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, se
destacó que el médico Ricardo García Dávila fue llamado en garantía por
el ISS y, resolvió:

“Primero.- Declárese no probada la excepción propuesta por la parte
demandada, de conformidad a lo anotado en precedencia.
Segundo.- Declárese infundada la objeción por error grave presentada por el
apoderado del Instituto de Seguros Sociales, Clínica Los Andes, al dictamen
[…]
Tercero.- Declárase tanto al Instituto de Seguros Sociales, Clínica Los Andes,
como al Cirujano Cardiovascular, llamado en garantía, de manera solidaria,
responsables patrimonialmente de los perjuicios sufridos por el señor Oswaldo
Gómez Álvarez, Sergio Arturo Gómez Covilla (hijo), Oswaldo Mario Gómez
Covilla (hijo), Cecilia Álvarez de Gómez (madre) y Rita Covilla de Gómez
(esposa), de conformidad a la parte motiva.

Cuarto.- Consecuencialmente condénese, de manera solidaria, al Instituto de
Seguros Sociales Seccional Atlántico – Clínica Los Andes y al Cirujano
Cardiovascular, Dr. Ricardo García Dávila, llamado en garantía, a pagar a los
actores los perjuicios irrogados, como reparación del daño […]”

25. Así, es evidente que, la parte actora no demostró, de un lado, la
certeza de la pérdida de oportunidad porque ni siquiera demostró su
calidad de parte civil en el proceso penal y, por el contrario, se acreditó que
acudió a esta jurisdicción mediante el ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra del ISS, proceso en el que fue vinculado el médico García
Dávila y en el que se resolvió declarar la responsabilidad y ordenar la
reparación de los daños y perjuicios sufridos por el señor Osvaldo Gómez
Álvarez y sus familiares. Por lo anterior, para esta Sala es evidente la ausencia
del primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño.

2.3. Sobre la condena en costas

26. El artículo 171 del Decreto 1 de 1984 indicó que, en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil.

27. Por su parte, el numeral primero del artículo 74 del Código de
Procedimiento Civil estableció en su numeral primero que ha existido
temeridad o mala fe “cuando sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite
especial que haya sustituido a éste”.

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de la Nación
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28. La Sala encuentra que en el presente caso existió temeridad de la
parte actora, ya que los demandantes solicitaron la reparación de los daños
mediante la acción de reparación directa, no se constituyeron en parte civil
en el proceso penal cuya pérdida de oportunidad reclamaron en este
proceso y porque en el momento en el que presentaron el recurso de
apelación ya contaban con la sentencia condenatoria en la que se
obtuvieron la reparación de los perjuicios.

29. Así, la Sala reconocerá por concepto de agencias en derecho el valor
equivalente al 2,5% de las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 6, numeral 3.1.3 del Acuerdo No. 1887 de 2003
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para
el momento de prestación de la demanda. Teniendo en cuenta que las
pretensiones de la demanda ascendieron a $2.630.458.766,6917, las
agencias en derecho se fijarán a favor de la demandada en $65´761.469,16.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de noviembre de 2013 por medio
de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Atlántico en la que se negaron las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias
en derecho por 2.5 % del valor de las pretensiones, suma que equivale a
$65´761.469,16, en favor de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por
Secretaría en el caso de que se hubieren causado.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

17 Las pretensiones de la demanda ascendieron a $1.661.307.585, suma que debe actualizarse de conformidad

con la siguiente fórmula: VA=VH (IPC final / IPC inicial)

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Radicación:08001-23-31-000-2011-00968-01 (50964)
Actor: Osvaldo Gómez y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

10 de 10

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