Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-01212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2011-01212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2011-01212-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
13 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO DERIVADO DE OMISIONES ADMINISTRATIVAS / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[P]ara la Sala es evidente que el hecho dañoso y su imputación a la entidad pública por causa o con ocasión de los trabajos públicos realizados sobre el arroyo “El Chorro” vino a consolidarse y/o a adquirir certeza sobre su conocimiento el 14 de agosto de 2009 y, por ende, el día siguiente será el punto de partida para efectos de realizar el cómputo del término de caducidad. Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. Ahora, observa la Sala que el término de caducidad fue suspendido, de conformidad con lo dispuesto expresamente en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001 [...], la parte actora solicitó audiencia de conciliación extrajudicial [...].De este modo, toda vez que el término se reanudó al día de la siguiente de la constancia de fallida de la audiencia de conciliación, esto es, el 14 de septiembre de 2011, la parte demandante tenía hasta el 4 de octubre de ese mismo año para interponer la demanda y dado que esta se presentó el 6 de ese mismo mes y año [...], resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción no fue oportuno. [...] De conformidad con lo dicho, la Subsección advierte que acaeció el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que modificará el fallo primera instancia en lo pertinente.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 / LEY 640 DE 2001
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia, en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, dado que la pretensión mayor (1000 SMMLV) excede los 500 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda -6 de octubre de 2011.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 129
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE / OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE POR TRABAJOS PÚBLICOS
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, en este tipo de situaciones, el particular perjudicado por la construcción de obras públicas podrá accionar dentro de los dos años siguientes al momento en el cual culminaron estas; sin embargo, para contabilizar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa derivada de la ocupación permanente de un bien inmueble por razón o con ocasión de la ejecución de trabajos públicos se requiere tener claridad acerca de la fecha en la cual culminó la obra en el predio afectado, pues a partir de ese momento deberá computarse el plazo. De la anterior afirmación deben hacerse dos precisiones: i) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, porque el plazo deberá empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectan directamente el inmueble hubieren culminado respecto de este, aún cuando todavía quedare por ejecutar una porción; ii) el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación –finalización de la construcción en este caso- no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuere así, en los casos en los cuales los daños tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la pretensión jamás caducaría. [...] Lo que se quiere significar es que, en específicos casos, al igual que sucede cuando exista ocupación permanente de inmuebles por trabajos públicos, el interesado no debe esperar a que el daño cese, por cuanto, como se dejó visto, dicho supuesto no acontecerá –la construcción no desaparecerá-, circunstancia por la que no puede entenderse, entonces, que la caducidad se torne imperecedera; por el contrario, deberá atenderse al conocimiento del daño y su consolidación para efectos de determinar el punto de partida de la caducidad, en los términos antes anotados. Así, el cómputo de la caducidad de la pretensión de reparación directa iniciará , por regla general, en el momento en que se termina o finaliza la obra pública que configura la ocupación; sin embargo, cuando la obra construida tenga vocación de permanencia –por ejemplo una vía pública- y, por tanto, la ocupación material se proyecte indefinidamente en el tiempo, no significará la supresión del fenómeno de la caducidad; por el contrario, deberá computarse una vez éste se consolide, aspecto que deberá establecerse en cada caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la contabilización de la caducidad de la acción de reparación directa por ocupación de bien inmueble por obras públicas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2014, rad. 33767, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 17815, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 18 de junio de 2008, rad. 16240, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 28 de enero de 1994, rad. 8610, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2016, rad. 35947, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; auto de 27 de octubre de 2016, rad. 54792, C. P. Hernán Andrade Rincón; auto de 19 de julio de 2017, rad. 58712, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
PRUEBA DOCUMENTAL / REGISTRO FOTOGRÁFICO / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA
Para la Sala resulta imposible constatar, a través de esas reproducciones gráficas, lo aludido por la demanda respecto de la destrucción del puente, el lugar exacto donde ocurrió y mucho menos si ésta coincidió con los trabajos públicos. Además, no se demostró la fecha en la que fueron registradas, por lo que las fotos no prueban, en realidad, la caída del puente; las condiciones de la afectación y mucho menos si se encontraba sobre el afluente denominado “El Chorro”. Así, las fotografías antes relatadas solo dan cuenta del registro de unas imágenes tomadas sobre un río, sin que hayan sido ratificadas por un testigo debidamente -en el proceso no se practicaron declaraciones-, o pueda establecerse de manera fehaciente el lugar de los hechos y mucho menos el origen, el lugar o la época exacta a la que corresponden dichos registros , por lo que carecen de mérito probatorio para acreditar los hechos a los que alude la demanda y, por ende, no serán tenidos en cuenta para el estudio del caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, rad. 28459, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
En este punto, conviene destacar que el fenómeno de la caducidad es una de aquellas figuras frente a las que el juez de instancia puede pronunciarse de forma oficiosa, ya que se considera como una condición anterior y necesaria para la decisión de fondo. Por esta razón, la Sala no se encuentra vedada o limitada para analizar el caso puesto a su consideración y emitir un pronunciamiento al respecto, pues su apreciación puede realizarse incluso cuando aquella no hubiera sido objeto de controversia en el proceso.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01212-01(55858)
Actor: CECILIA RODRÍGUEZ SALAZAR Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / Caducidad de la acción / Reglas para computar el término de caducidad en asuntos en los que se discute la ocupación permanente o temporal, o por causa u obra de trabajos públicos.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2015, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se demanda la responsabilidad extracontractual del Departamento del Atlántico por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de los trabajos públicos realizados sobre la ribera del río “El Chorro”, los cuales habrían afectado el predio de su propiedad.
II. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
Mediante demanda presentada el 6 de octubre de 2011 (fls. 1-7 c. 1), los señores Cecilia y Arnulfo Rodríguez Salazar, y José Vicente Rodríguez Rodríguez, a través de apoderado judicial (fol. 8 c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al Departamento del Atlántico, por los perjuicios de orden material que, afirmaron, les fueron irrogados como consecuencia de la construcción de unas obras públicas que afectaron la “Hacienda el Chorro y el Topacio”, ubicada en el corregimiento Molineros, municipio de Sabanalarga, Atlántico.
En concreto, la parte actora solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
4.1. Declárese que el Departamento del Atlántico-Gobernación del Atlántico es responsable administrativamente por el daño antijurídico causado a los solicitantes con la realización de las obras iniciadas el 04 de agosto de 2009 hasta agosto de 2010 en la finca “El Chorro y el Topacio” que produjo afectación patrimonial al propietario y afectación al medio ambiente.
4.2. Reconózcase que el Departamento del Atlántico-Gobernación del Atlántico debe pagar a los solicitantes, por concepto de perjuicios materiales, a saber, daño emergente y lucro cesante, los salarios mínimos legales mensuales que a continuación se indican (el valor vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso), junto con los intereses comerciales que se causen a partir de tal ejecutoria del auto que apruebe el acta conciliatoria:
Daño emergente: Lo primero tiene que ver con la reconstrucción del puente destruido por las obras realizadas por la Gobernación del Atlántico con las siguientes especificaciones, según concepto emitido por el ingeniero civil Leonel Corpus, Prof. No. 08220234970: (…)
Total obra civil: 170’950.256.
Adicionalmente, la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por construcción de puente de madera provisional.
Se condene al pago de un (SMMLV) por cada árbol tala (sic) indiscriminadamente por el Departamento del Atlántico, ello teniendo en cuenta que son más de mil (1000) árboles.
Lucro cesante: Las sumas de dinero dejadas de percibir como consecuencia de lo anterior, principalmente, la afectación durante el tiempo de ejecución de la obra, en el sentido de la baja de venta de leche por imposibilidad en el tránsito, lo cual taso en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
Total pretensiones: mil seiscientos (1600) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
Condena en costas al demandado.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:
Los señores Cecilia y Arnulfo Rodríguez Salazar, y José Vicente Rodríguez Rodríguez son propietarios de la hacienda “El Chorro”, ubicada en el corregimiento Molineros del municipio de Sabanalarga, Atlántico, de conformidad con la escritura pública 5201 de 27 de diciembre de 2001, la cual fue otorgada en la Notaría Quinta de Barranquilla.
El 4 de agosto de 2009, empleados del Departamento del Atlántico ingresaron, sin autorización, a la hacienda “El Chorro” y efectuaron una tala de bosque “indiscriminada”, la cual causó “un gran daño ecológico”. Por esta razón, el 10 siguiente, los demandantes enviaron una petición al director de la CRA en Barranquilla, mediante la cual le solicitaban que realizara una investigación para efectos de que aplicara las sanciones a que hubiera lugar.
El 14 de agosto de 2009, después de realizar una visita técnica, la CRA constató “la limpieza que del arroyo El Chorro se encontraba adelantando la gobernación del Atlántico, realizado en ese entonces en 1 kilómetro (de los 1.6 kilómetros previstos)”. Igualmente, verificó que se habían talado mil (1000) árboles por fuera del cauce del afluente, los cuales no podían ser cortados, dada su utilidad para evitar deslizamientos, sedimentación y erosión. También dejó constancia de que los trabajos ahí contemplados no contaban con los permisos para el aprovechamiento forestal y ocupación del cauce. Finalmente, ordenó al ente territorial que restableciera el equilibrio ecológico.
Como fundamento de la imputación, se dijo que el “actuar ilegal y fuera de toda autorización”, el departamento del Atlántico causó la destrucción de un puente “construido hace más de veinte años”, sobre el arroyo “El Chorro”. Así, los actores se vieron afectados, porque, aunado a la tala indiscriminada de árboles, “el terreno que se ha ido llevando el arroyo por el aumento de la sección hidráulica del cauce, aunado a las serias limitaciones para tener acceso a la finca, así como la afectación del ganado en (sic) transitar para abrevar”.
2.- El trámite de primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia de 18 de noviembre de 2011, la cual se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fls. 177-179, vto. 179, 180 c. 1).
El Departamento del Atlántico contestó la demanda en la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como razones de su defensa, se limitó a manifestar que no había responsabilidad patrimonial, porque no se podía establecer una relación entre el daño imputado y su atribución al ente territorial, habida cuenta de que los hechos ocurrieron en el corregimiento Molineros, municipio de Sabanalarga. Por esta razón, propuso las excepciones de falta de jurisdicción, falta de competencia y la que denominó como “falta de requisitos y presupuestos de la responsabilidad patrimonial” (fls. 182–190 c. 1).
Mediante providencia de 8 de mayo de 2012, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, en auto de 11 de diciembre de 2014, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 196-198, 266 c. 1).
La parte actora reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en la demanda (fls. 282-289 c. 1).
El Departamento del Atlántico manifestó que, de conformidad con el material probatorio allegado al proceso, no está demostrado que hubiera incurrido en el supuesto hecho generador del daño, por lo que debían negarse las pretensiones de la demanda. Así mismo, precisó que el dictamen pericial realizado para cuantificar los perjuicios –el cual fue objetado por error grave- carecía de soporte contable y, por tanto, debía restársele valor demostrativo (fls. 291-293 c. 1).
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
3.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 27 de enero de 2015 (fls. 294-298 c. ppal), el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que los demandantes no se encontraban legitimados en la causa, dado que no se allegó al proceso plena prueba de la propiedad de los predios supuestamente afectados por las obras públicas. Con todo, manifestó que tampoco se demostró que el demandado hubiera realizado los trabajos públicos fruto de la imputación, toda vez que los informes técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico “no [eran] prueba suficiente para afirmar con certeza (…) quién realizó las obras”, de ahí que el extremo activo del proceso incumplió con su carga probatoria. El siguiente fue el razonamiento:
[L]a parte actora con el fin de cumplir con el primero de los presupuestos referidos, esto es, para efectos de acreditar el derecho real de propiedad sobre el bien inmueble objeto de la presente litis, aportó al proceso copia simple de la escritura pública del “trabajo de partición y adjudicación en la liquidación de la sucesión del causante Arnulfo Rodríguez Payares”, No. 5201 de 27 de diciembre de 2001, de la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla. Sin embargo, advierte la Sala que, no se probó el modo como se le impone, es decir, la correspondiente inscripción de dicho título en el registro inmobiliario, razón por la que sólo será posible concluir que quien aquí demanda carece de interés para demandar por no acreditar ser el propietario del bien, toda vez que, lo anterior constituye una condición sine qua non para la demostración de la propiedad, evento por el cual, debe decirse que no está legitimado para formular pretensión alguna por los presuntos daños causados al mencionado inmueble (…).
Ahora bien, en el hipotético caso que la parte actora hubiere acreditado la legitimación en la causa por activa en el modo que se le imponía, considera esta Sala que, de igual manera procedería la denegación de las pretensiones de la demanda, toda vez que, si bien es cierto se asegura por la demandante que la Gobernación del Atlántico fue la encargada de realizar las obras de limpieza en el arroyo del corregimiento de Molineros –municipio de Sabanalarga-Atlántico-, teniendo como fundamento los informes técnicos (…) no es menos cierto que ello no es prueba suficiente para afirmar con certeza que fue la Gobernación del Atlántico quien realizó las obras sobre las cuales se alegan los daños, pues el solo dicho del funcionario de la CRA que realizó las inspecciones a que se hizo referencia, no demuestra como legalmente es exigible, la participación de la administración en los hechos, debido a que se trata de una acción administrativa que involucra tanto la manifestación de la voluntad a través de un acto administrativo que lo ordene, como la ejecución de la misma, la cual por regla general se realiza a través de un contrato u orden de prestación de servicio, documentos sobre los cuales no hay prueba en el proceso.
4.- El recurso de apelación
De manera oportuna, la parte demandante expresó su inconformidad con el fallo de primera instancia y solicitó que fuera revocado. Discutió, en concreto, que erró el a quo al considerar que no estaba demostrada la propiedad sobre el predio, dado que del certificado de libertad y tradición se podía observar la anotación de la escritura pública 5201 de 27 de diciembre de 2001, la cual “para mayor constatación” adjuntaba con la impugnación. También debía tenerse en cuenta que, en el auto de 8 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico tuvo como pruebas las aportadas en la demanda “sin hacer mención que hubiese alguna faltante de las relacionadas en el acápite del libelo demandatorio”. Así se dijo:
Como se observa en el acápite o capítulo de pruebas, la primera de ellas que se relaciona es justamente el certificado de libertad y tradición de la finca “El Chorro y el Topacio”, el cual está contenido en el folio de matrícula inmobiliaria No. 045-928 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sabanalarga, Atlántico. En dicho folio, en su anotación No 4 se verifica que se inscribió la escritura pública No. 5201 de 27 de diciembre de 2001, en la que se hace la adjudicación en sucesión del inmueble objeto de la presente Litis. Por los que sí les asiste (sic) legitimación en la causa por activa. Y para mayor constatación de la existencia de la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos, nos permitimos adjuntar con el presente recurso el certificado de libertad y tradición (…).
Que mediante auto del 8 de mayo de 2012, visible a folio 196, este despacho decretó tener como pruebas las aportadas por el actor, sin hacer mención que hubiese alguna faltante de las relacionadas en el acápite de pruebas del libelo demandatorio (fol. 301-311 c. ppal).
Además, en la apelación se afirmó que en la sentencia de primer grado se desconoció el principio de libertad probatoria, la inversión de la carga de la prueba, la “confesión tácita” de la entidad pública y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, dado que los actos administrativos expedidos por la CRA, los cuales se presumían legales, eran suficientes para demostrar la autoría del Departamento del Atlántico en la ejecución de las obras.
5.- Trámite en segunda instancia
El recurso fue concedido por el Tribunal a quo, mediante auto de 28 de septiembre de 2015, y fue admitido por esta Corporación el 21 de enero de 2016. Posteriormente, mediante providencia de 26 de mayo siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 314, 320, 327 c. ppal).
En sus alegatos, la parte demandante se ratificó en los argumentos expuestos en anteriores oportunidades, pero hizo énfasis en que estaba demostrada la tala indiscriminada de árboles por parte del Departamento del Atlántico (fls. 330-332 c. ppal).
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia, en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, dado que la pretensión mayor (1000 SMMLV) excede los 500 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda -6 de octubre de 2011-.
2.- Breve examen jurisprudencial del daño derivado de la ocupación de inmuebles y su incidencia en el ocasionado a los predios denominados “El Chorro y el Topacio”
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, en este tipo de situaciones, el particular perjudicado por la construcción de obras públicas podrá accionar dentro de los dos años siguientes al momento en el cual culminaron estas; sin embargo, para contabilizar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa derivada de la ocupación permanente de un bien inmueble por razón o con ocasión de la ejecución de trabajos públicos se requiere tener claridad acerca de la fecha en la cual culminó la obra en el predio afectado, pues a partir de ese momento deberá computarse el plazo.
De la anterior afirmación deben hacerse dos precisiones: i) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, porque el plazo deberá empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectan directamente el inmueble hubieren culminado respecto de este, aún cuando todavía quedare por ejecutar una porción; ii) el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación –finalización de la construcción en este caso- no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuere así, en los casos en los cuales los daños tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la pretensión jamás caducaría.
Así se ha venido advirtiendo desde el fallo del 28 de enero de 1994, Sección Tercera, expediente 8610, en el cual se expresó, además, que el derecho de acción nace cuando se inicia la producción del daño y que su fenecimiento acaece al transcurrir 2 años desde que la obra se ha concretado en el inmueble del demandante por la culminación de los trabajos que afectaron su predio, aunque el proyecto u obra final no hubiere terminado y aunque subsistan los efectos de la ocupación y, de forma más reciente, lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de la Sección Tercera de la siguiente forma:
En relación con el término de caducidad, cuando se trata de la ocupación temporal o permanente de inmuebles con ocasión de la ejecución de trabajos públicos, la Sala ha sostenido que se requiere tener claridad acerca del momento en que se tiene conocimiento de la consolidación de la misma o, en su defecto, de la fecha en la cual culminó la obra en el predio afectado, pues a partir de un momento o del otro, según el caso, debe contabilizarse el término de dos años que prevé la ley para accionar contra la respectiva entidad pública; es decir, el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que se conoce la consolidación de las obras que afectaron directamente un inmueble o desde que estas hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general, es decir, el término no necesariamente empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, sino que también puede correr desde cuando culmina o se consolida la afectación del predio, bien con la terminación de la obra en el predio o bien con la finalización de la parte de la obra que afecta a ese predio.
Lo que se quiere significar es que, en específicos casos, al igual que sucede cuando exista ocupación permanente de inmuebles por trabajos públicos, el interesado no debe esperar a que el daño cese, por cuanto, como se dejó visto, dicho supuesto no acontecerá –la construcción no desaparecerá-, circunstancia por la que no puede entenderse, entonces, que la caducidad se torne imperecedera; por el contrario, deberá atenderse al conocimiento del daño y su consolidación para efectos de determinar el punto de partida de la caducidad, en los términos antes anotados.
Así, el cómputo de la caducidad de la pretensión de reparación directa iniciará, por regla general, en el momento en que se termina o finaliza la obra pública que configura la ocupación; sin embargo, cuando la obra construida tenga vocación de permanencia –por ejemplo una vía pública- y, por tanto, la ocupación material se proyecte indefinidamente en el tiempo, no significará la supresión del fenómeno de la caducidad; por el contrario, deberá computarse una vez éste se consolide, aspecto que deberá establecerse en cada caso concreto.
3.- Hechos probados
Ahora bien, en relación con el caso sub examine, estima la Sala necesario traer a colación el material probatorio obrante en el plenario, para efectos de determinar si, de acuerdo con el análisis jurisprudencial antes narrado, es posible establecer el punto de partida del término para demandar. Los hechos de los que se tiene prueba en el expediente son los siguientes:
Mediante escritura pública 5201 de 27 de diciembre de 2001, se efectuó el “trabajo de partición y adjudicación de la liquidación de la sucesión del causante Arnulfo Rodríguez Payares”, la cual fue suscrita en la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla. Como beneficiarios de esta aparecen los señores Juana Salazar de Rodríguez –cónyuge-, Cecilia, Arnulfo Rodríguez Salazar y José Vicente Rodríguez Rodríguez. Además, dentro del inventario de bienes realizado para el efecto, se enunció el siguiente: “una hacienda denominada El Chorro o Burrera, ubicada en el corregimiento de Molineros, municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico” (fls. 9-38 c. 1).
El 10 de agosto de 2009, a través de un oficio, los señores Cecilia, Arnulfo Rodríguez Salazar y José Vicente Rodríguez Rodríguez solicitaron a la CRA que enviara una comisión y que ordenara la suspensión de “los trabajos que se están realizando en la finca El Chorro (…) en la cual desde el día 4 de agosto se está presentando una tala de bosque indiscriminada, por personas que ingresaron a la finca sin permiso alguno y han proporcionado un gran daño ecológico” (fol. 40 c. 1).
A través del informe técnico 654 de 14 de agosto de 2009, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA-, como observación de campo de ese mismo día -la cual fue presenciada por los actores-, mencionó que la “gobernación del Atlántico” adelantaba una limpieza del arroyo “El Chorro” e inició trabajos en un tramo aproximado de 1600 metros ubicados en la hacienda del mismo nombre y la denominada el Topacio. El trabajo consistía en desmontar y limpiar el cauce del arroyo para permitir el fluyo normal del agua y evitar inundaciones; no obstante, “se cortaron árboles fuera del cauce”. Por esta razón, se recomendó realizar un cerramiento de la zona afectada y sembrar árboles nativos en una densidad de 1000 plántulas (fls. 41-47 c. 1).
El 28 de diciembre de 2010, mediante resolución 1231, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- requirió al Departamento del Atlántico para que procediera de conformidad con el informe técnico antes reseñado (fls. 48-50 c. 1).
Inconforme con la decisión, el señor José Vicente Rodríguez Rodríguez interpuso recurso de reposición, dado que a los propietarios de la hacienda “El Chorro” y “El Topacio” no se les hizo ningún reconocimiento patrimonial por los perjuicios causados. Además, señaló que las obras de reforestación no habían sido iniciadas (fls. 56-59 c. 1).
Con el fin de atender el recurso, mediante informes técnicos 255 y 256 de 2 de junio de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- dejó constancia de que el departamento del Atlántico no realizó el cerramiento de la zona afectada y tampoco sembró los 1000 árboles recomendados (fls. 60-62, 63-65 c. 1).
Mediante resolución 707 de 15 de julio de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 1231 de 2010. En esta decisión se limitó a modificar el acto administrativo en el sentido de otorgarle al ente territorial un plazo de 30 días para que diera cumplimiento a las obligaciones ahí impuestas. También negó la solicitud de una reparación patrimonial a favor de los propietarios del predio, dado que la “autoridad ambiental carece de competencia para exigir reparaciones dinerarias para las personas que se vieron afectadas” (fls. 69-73 c. 1).
En los folios 85 a 89 del cuaderno 1 obran 8 fotografías en las que se observa una construcción en concreto, cuya forma podría identificarse como un puente derrumbado sobre un afluente de agua. Dichos registros fotográficos fueron tomados, se afirmó, en el lugar donde se ejercieron los trabajos públicos.
Para la Sala resulta imposible constatar, a través de esas reproducciones gráficas, lo aludido por la demanda respecto de la destrucción del puente, el lugar exacto donde ocurrió y mucho menos si ésta coincidió con los trabajos públicos. Además, no se demostró la fecha en la que fueron registradas, por lo que las fotos no prueban, en realidad, la caída del puente; las condiciones de la afectación y mucho menos si se encontraba sobre el afluente denominado “El Chorro”.
Así, las fotografías antes relatadas solo dan cuenta del registro de unas imágenes tomadas sobre un río, sin que hayan sido ratificadas por un testigo debidamente -en el proceso no se practicaron declaraciones-, o pueda establecerse de manera fehaciente el lugar de los hechos y mucho menos el origen, el lugar o la época exacta a la que corresponden dichos registros, por lo que carecen de mérito probatorio para acreditar los hechos a los que alude la demanda y, por ende, no serán tenidos en cuenta para el estudio del caso concreto.
Finalmente, conviene resaltar que en el expediente no obran otros medios de prueba diferentes a los relatados en este acápite, los cuales se valorarán de manera conjunta para efectos de establecer el momento exacto en el empezó a correr el término para demandar.
4.- Ejercicio oportuno de la acción
Al respecto, debe aclararse que en el presente asunto la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por el demandante con ocasión de los trabajos públicos que supuestamente llevó a cabo el departamento del Atlántico entre el “4 de agosto de 2009 hasta agosto de 2010” –ver pretensión primera-. Como puede apreciarse de la transcripción realizada en el acápite de antecedentes, la parte actora no señaló, en concreto, en qué momento comenzó a sufrir los hechos dañosos origen de sus pretensiones indemnizatorias; no obstante, de conformidad con el material probatorio, para la Sala sí es posible establecer cuál fue el momento en el que aquel ocurrió, por las razones que pasan a explicarse.
Los trabajos públicos, como los mismos actores lo manifestaron al presentar la queja ante la CRA, iniciaron el 4 de agosto de 2009; no obstante, hasta este instante no podía verificarse a qué entidad pública pertenecían las personas que se encontraban ejerciendo dichas labores o, por lo menos, no está demostrado que en ese momento conocieran ese hecho.
Con el informe técnico de 14 de agosto de 2009, cuyo fundamento fue una visita de campo de ese mismo día por parte de la CRA, se dejó constancia de la afectación que se produjo con la limpieza del arroyo “El Chorro”. A esta diligencia concurrió la señora Cecilia Rodríguez Salazar -demandante-, tal como lo evidencia el “acta oficial de visita”, la cual consignó lo siguiente: “a la visita asistieron también asistieron (sic) uno de los propietarios del predio, Cecilia Rodríguez, el presidente y vicepresidente de la acción comunal (…)” (Fol. 47 c. 1).
Vale aclarar que en el acta oficial de visita de 14 de agosto de 2009, se mencionó que la señora Cecilia Rodríguez Salazar manifestó no tener conocimiento del inicio de las obras sobre el arroyo; no obstante, como se pudo verificar con la queja del 10 de agosto de ese mismo año, los demandantes manifestaron que los trabajos iniciaron el 4 de agosto, por lo que es evidente que sí conocía de aquel hecho en fecha anterior.
Así mismo, debe decirse que el daño al que aluden los actores, materializado con la tala de mil (1000) árboles sobre el predio supuestamente de su propiedad, coincide con la recomendación que hizo la CRA en el informe técnico 14 de agosto de 2009, por lo que puede inferirse que para ese instante ya habían culminado aquellas labores de limpieza forestal sobre la ribera del río “El Chorro”.
También es claro que el conocimiento del hecho dañoso, conforme lo demostrado en el expediente, ocurrió al menos el 10 de agosto de 2009, esto es, cuando los actores enviaron el oficio a la CRA, mediante el cual denunciaron la tala indiscriminada de árboles sobre la ribera del río “El Chorro”, pero tales trabajos culminaron, como se dijo, el 14 de agosto siguiente, fecha en la cual la autoridad ambiental constató las actividades realizadas sobre el afluente.
En este punto, debe recordarse que el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, porque el plazo deberá empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectan directamente el inmueble hubieren culminado respecto de éste, aún cuando todavía quedare por ejecutar una porción.
Bajo ese contexto y de conformidad con los medios de prueba, para la Sala es evidente que el hecho dañoso y su imputación a la entidad pública por causa o con ocasión de los trabajos públicos realizados sobre el arroyo “El Chorro” vino a consolidarse y/o a adquirir certeza sobre su conocimiento el 14 de agosto de 2009 y, por ende, el día siguiente será el punto de partida para efectos de realizar el cómputo del término de caducidad.
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
Ahora, observa la Sala que el término de caducidad fue suspendido, de conformidad con lo dispuesto expresamente en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, cuando faltaban 20 días para su vencimiento, dado que el 27 de julio de 2011, la parte actora solicitó audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 15 Judicial II para Asuntos Administrativos (fol. 96 c. 1).
De este modo, toda vez que el término se reanudó al día de la siguiente de la constancia de fallida de la audiencia de conciliación, esto es, el 14 de septiembre de 2011, la parte demandante tenía hasta el 4 de octubre de ese mismo año para interponer la demanda y dado que esta se presentó el 6 de ese mismo mes y año (fls. 7, 174 c. 1), resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción no fue oportuno.
En este punto, conviene destacar que el fenómeno de la caducidad es una de aquellas figuras frente a las que el juez de instancia puede pronunciarse de forma oficiosa, ya que se considera como una condición anterior y necesaria para la decisión de fondo. Por esta razón, la Sala no se encuentra vedada o limitada para analizar el caso puesto a su consideración y emitir un pronunciamiento al respecto, pues su apreciación puede realizarse incluso cuando aquella no hubiera sido objeto de controversia en el proceso.
De conformidad con lo dicho, la Subsección advierte que acaeció el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que modificará el fallo primera instancia en lo pertinente.
5.- Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, el 27 de enero de 2015, en el proceso de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se resuelve:
PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Dado que algunos hechos resultan confusos, la Sala realizará una lectura integral de la demanda y condensará los supuestos fácticos relevantes para resolver el caso puesto a su consideración. El recurso fue presentado y sustentado el 15 de junio de 2015, esto es, dentro del término otorgado para tal fin, habida cuenta de que aquel fenecía el 1 de julio de ese mismo año. Este punto en concreto, es decir, sobre la prueba de segunda instancia, la Sala lo abordará y explicará en el estudio del caso concreto. A la fecha de presentación de la demanda 500 SMMLV equivalían a $230’750.000. De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al momento de la presentación de la demanda. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 1 de octubre de 2014, exp. 33.767, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.815, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto consultar, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008, exp. 16.240. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
“Como regla general entonces, podrá sostenerse que en las acciones indemnizatorias por daños de ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos) originados en trabajos públicos en los que la ejecución de la obra pública es la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de la época de ejecución de ésta para hablar sólo de la acción a medida que los daños vayan apareciendo, así su ocurrencia sea posterior a los daños de construida la obra. En otros términos, el legislador al establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con posterioridad a dicho bienio”. M.P.: Carlos Betancur Jaramillo. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2016, exp. 35.947, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 27 de octubre de 2016, exp. 54792, M.P.: Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2017, exp. 58712, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
“El hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la acción no caducaría jamás”. Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008, exp. 16240, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Como de dejará constancia más adelante, de este documento no se encuentra probado su registro. En relación con el tema ya la Sala se ha referido en los siguientes términos: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17 c. 1 y 177-185 c. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 28.459, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Como en el acápite de hechos probados se manifestó, presentaron su queja en los siguientes términos: ““los trabajos que se están realizando en la finca El Chorro (…) en la cual desde el día 4 de agosto se está presentando una tala de bosque indiscriminada, por personas que ingresaron a la finca sin permiso alguno y han proporcionado un gran daño ecológico” (fol. 40 c. 1). Al respecto consultar, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008, exp. 16.240. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" \h 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. Así lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación: “[E]n relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Si bien se concluyó que el término para demandar fue excedido, para la Sala es importante dejar constancia que el certificado de tradición y libertad de número 045-928 fue allegado con el recurso de apelación y, a pesar de que no fue solicitado como prueba de segunda instancia, mediante auto de 14 de abril de 2016, se dispuso a realizar su análisis y, como consecuencia de ello, se negó la incorporación de la documental. De un lado, porque no se ajusta a los supuestos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo y, de otro, era evidente que la parte se encontraba en la posibilidad de allegarlo con la demanda y no lo hizo. Esta providencia fue debidamente notificada y el afectado no interpuso recursos, a pesar de que contra aquella procedía la súplica, en los términos del artículo 183 ibídem (fls. 322-325 c. ppal).
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