Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2012-00198-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cesantías de los servidores públicos territoriales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2012-00198-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2012-00198-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de diciembre de 2016
CESANTÍAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES / TRASLADO RÉGIMEN RETROACTIVO A RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS - Requisitos.
En reiteradas oportunidades la Sala ha sostenido que aquellos servidores públicos cobijados por el régimen de retroactividad de cesantías se mantienen en él, salvo que decidan acogerse al régimen previsto en la Ley 344 de 1996, caso en el cual es necesario que manifiesten la voluntad de traslado. Además, se ha reiterado que ese traslado de régimen no opera por el simple hecho de la afiliación a un fondo privado de cesantías, sino que es necesaria la documental que acredite la manifestación de voluntad del empleado, de acogerse al aludido régimen. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 29 de octubre de 2012, C.P., Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 0017-09
FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1945 - ARTÍCULO 12 / LEY 6 DE 1945 - ARTÍCULO 17 / DECRETO 1160 DE 1947 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 3118 DE 1968 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 3118 DE 1968 - ARTÍCULO 22 / DECRETO 3118 DE 1968 - ARTÍCULO 27 / DECRETO 3118 DE 1968 - ARTÍCULO 28 / DECRETO 3118 DE 1968 - ARTÍCULO 33 / DECRETO 432 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 432 DE 1998 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 432 DE 1998 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 432 DE 1998 - ARTÍCULO 7 / LEY 344 DE 1996 - ARTÍCULO 13 / LEY 344 DE 1996 - ARTÍCULO 3 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99
CESANTÍAS RETROACTIVAS / SANCIÓN MORATORIA- Improcedencia
Como el demandante está amparado por ese régimen retroactivo, y la sanción moratoria que pretende es propia del régimen anualizado, no es viable su reconocimiento, en cuanto no se puede favorecer de los beneficios de uno y otro régimen, dado que, por ser excluyentes, solo es aplicable uno de ellos, en este caso, el de retroactividad que lo cobija desde el inicio de su relación laboral, para el cual no está contemplada la sanción pretendida.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUB SECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 08001-23-31-000-2012-00198-01(1275-15)
Actor: HUGO DE JESÚS BARRIOS BACA
Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, quien actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de descongestión.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Hugo de Jesús Barrios Baca, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción contenciosa, en orden a que se declare la nulidad del oficio OTH-162-2011 de agosto de 2011, pero recibido el 24 de noviembre de ese mismo año, suscrito por el jefe de la Oficina de Talento Humano del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, mediante el cual negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, producto del incumplimiento en la consignación anualizada de las cesantías, así como del acto ficto negativo que surgió a causa del silencio del municipio de Soledad respecto de la petición formulada el 9 de septiembre de 2011, según el cual se entiende negado el reconocimiento y pago de la aludida sanción.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó ordenar al municipio de Soledad y al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de ese ente territorial, pagar la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que remite a los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, que se causó por la omisión de consignar sus cesantías por los periodos corridos entre 2003 y 2010, hasta cuando se produzca la consignación correspondiente y que la sanción se contabilice en forma particular, para cada uno de los periodos de cesantías debidos; además, que los valores que se reconozcan por tal concepto, sean actualizados con base en el índice de precios al consumidor y se reconozcan intereses.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
Está vinculado al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico) desde el 1 de agosto de 2003, en el cargo de auxiliar administrativo, adscrito a la planta global de esa dependencia.
Su empleador no consignó en forma oportuna los auxilios de cesantías que se causaron durante los años 2003 a 2010, es decir, el 14 de febrero del año siguiente a cada uno de ellos, en cumplimiento de lo dispuesto en el régimen legal que para ese efecto aplica a los trabajadores que se vincularon a la administración a partir del 31 de diciembre de 1996 o se hayan acogido al régimen previsto en la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, motivo por el cual debe pagar la sanción moratoria causada por su retraso.
El municipio de Soledad es solidariamente responsable, porque los recursos del Instituto de Tránsito y Transporte provienen de aquél.
El 9 de septiembre de 2011 formuló reclamación ante el ente territorial y el 8 del mismo mes y año, ante el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio con miras a que se reconociera a su favor la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que se causó por la mora en que se incurrió para consignar sus cesantías anuales.
El municipio de Soledad no resolvió la petición y con ello surgió el acto ficto que negó su pretensión. Entre tanto, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad negó la solicitud, mediante oficio OTH-162-2011 de agosto de 2011, pero recibido el 24 de noviembre del mismo año, suscrito por el jefe de la Oficina de Talento Humano, acto que incurrió en vicios que dan lugar a declarar su ilegalidad, porque desconoció el régimen legal de cesantías de los servidores públicos.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; 85 y 137 a 139 del Código Contencioso Administrativo; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998; 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990; 21 y siguientes del Decreto 1063 de 1991 y 20 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil.
Al desarrollar el concepto de violación se adujo que el acto acusado se expidió con violación flagrante del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su decreto reglamentario, así como del régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 que establecen que esa prestación se debe consignar, a más tardar, el 14 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó, so pena de que el empleador incurra en mora y se haga acreedor a una sanción equivalente a un día de salario por cada día de mora, a favor del trabajador.
El demandante está cobijado por la normatividad anterior; sin embargo, el ente territorial y el Instituto de Tránsito y Transporte demandados no han consignado sus cesantías en el fondo administrador escogido, y por ello deben reconocer a su favor la sanción por mora que reclamó mediante las peticiones que dieron origen a los actos acusados y estos se deben declarar nulos, por desconocimiento de las normas que integran su régimen de cesantías.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
El aludido Instituto, por intermedio de su apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones:
• Inexistencia del derecho por exclusión del régimen de cesantías anualizado, en cuanto la vinculación del demandante se produjo con anterioridad al año 1996, por ello el régimen que consagra la indemnización por la inoportuna consignación de cesantías anualizadas no le es aplicable, pues si pretendía acogerse a él, debió hacerlo previa solicitud escrita.
• Indebida formulación de pretensiones por proposición jurídica incompleta, porque la pretensión encaminada al reconocimiento de la sanción moratoria debió proponerse como accesoria a la reclamación de las cesantías, pues no se puede desligar de su causa principal; entonces, en la forma en que están planteadas las pretensiones de la demanda es imposible un pronunciamiento de fondo y lo que procede es una decisión inhibitoria.
• Caducidad de la acción, porque la reclamación y los actos cuestionados versan sobre prestaciones exigibles en los años 2004 a 2010 y ello muestra el actuar negligente del actor al permitir el transcurso del tiempo para reclamar los valores pretendidos, sin acudir a la jurisdicción.
• Prescripción, que se ha de aplicar respecto de las sumas causadas con tres (3) años de antelación a la fecha en que se hizo exigible la obligación, con fundamento en lo previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo.
• Ilegitimidad de la parte activa para el cobro, porque tal actuar corresponde al fondo administrador de cesantías a través del cobro coactivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 100 de 1993.
• Inexistencia fáctica y probatoria de la mala fe comoquiera que está demostrada la grave situación económica del Instituto que le ha impedido cumplir a cabalidad las obligaciones con sus trabajadores y ello constituye una justificación para su conducta, la que se enmarca dentro del principio de buena fe y esta no fue desvirtuada.
• Improcedencia de la acción por falta de agotamiento de la vía gubernativa, porque la formulación de la petición es confusa, ilógica e improcedente, en cuanto no se logra entender si lo que se pretende es la consignación de las cesantías o solo la indemnización por su inoportuna consignación; además, para la prosperidad de la pretensión era necesario comprobar cuál fue el fondo administrador de cesantías elegido por el demandante.
• Falta de requisitos formales de la demanda, porque omitió pronunciarse en torno al domicilio de las partes en controversia.
• Inepta demanda, porque la acción procedente era la de reparación directa en cuanto se trata de una operación administrativa diferente a la fuente del daño por el cual se reclama la indemnización.
1.2.2. El municipio de Soledad
No contestó la demanda.
1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia
1.3.1. La parte demandante
El señor Hugo de Jesús Barrios Baca, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para alegar y en su memorial sostuvo que como su vinculación laboral se produjo en el año 2003 y la administración aún no ha consignado sus cesantías, debe pagar un día de salario por cada día de retraso, de conformidad con lo ordenado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En torno a las excepciones planteadas por las demandadas, se pronunció así:
No está excluido del régimen de cesantías anualizado porque su vinculación al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad ocurrió el 1 de agosto de 2003 motivo por el cual está amparado por el régimen consagrado en la Ley 344 de 1996.
Estima que no incurrió en una proposición jurídica incompleta, pues el derecho que pretende es la indemnización por el pago inoportuno de sus cesantías, que fue el mismo reclamado en sede administrativa y para acceder a él no es indispensable solicitar el reconocimiento de las cesantías, porque no se trata de un derecho accesorio a estas.
La caducidad de la acción aún no se ha configurado en cuanto se demandan el oficio OTH-162-2011 de agosto de 2011, recibido en noviembre de ese año y el acto ficto negativo producto del silencio en que incurrió el municipio al no resolver la petición encaminada al reconocimiento de la indemnización moratoria, entre tanto, la demanda se radicó el 15 de marzo de 2011, esto es, antes de que transcurrieran 4 meses para incoar la acción.
La prescripción trienal consagrada en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo solo empieza a correr desde que la obligación se hace exigible y como las cesantías solo son exigibles a partir del retiro del servicio y aun no se ha producido, no es viable aplicar ese fenómeno.
Se opuso a la excepción de ilegitimidad por activa en el cobro, argumentando que la obligación de realizar el cobro por mora no está a cargo del fondo administrador de cesantías, sino del titular del derecho, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia.
Sostuvo que las normas cuya aplicación se pretende no exigen la mala fe por parte del empleador para causar el derecho a la sanción moratoria, pues ello constituiría un dolo prestablecido; por lo tanto, no es necesario demostrar que el actuar del empleador estuvo orientado bajo ese supuesto.
Dijo que el agotamiento de la vía gubernativa se produjo con la reclamación que formuló tanto al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, como al municipio, y que no era necesario exigir el pago de las cesantías para solicitar el reconocimiento de la sanción moratoria, pues lo que pretende es la cancelación de esta última.
Finalmente, solicitó aplicar el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido de tener como indicio en contra del ente territorial, el hecho de haberse abstenido de contestar la demanda.
1.3.2. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
El ente territorial, por conducto de su apoderado, descorrió el término para alegar y en su memorial insistió en que el demandante está amparado por el régimen de retroactividad de cesantías toda vez que ha estado vinculado a la administración del municipio de Soledad, sin solución de continuidad, desde el 16 de agosto de 1994, motivo por el cual no le son aplicables las normas del régimen de liquidación anual.
Finalmente, consideró que en forma subsidiaria a los argumentos de oposición, deben considerarse las excepciones de prescripción trienal y caducidad de la acción judicial; en todo caso, respecto de las sumas que no sean materia de prescripción, se debe demostrar la mala fe de la administración.
1.3.3. El municipio de Soledad
Guardó silencio durante esta etapa procesal.
1.4. El Ministerio Público
No rindió concepto durante esta etapa.
1.5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de descongestión, mediante sentencia de 27 de junio de 2014 denegó las pretensiones de la demanda.
Después de resolver las excepciones planteadas y hacer alusión a los sistemas de liquidación de cesantías existentes, precisó que el señor Barrios Baca está cobijado por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías, porque se vinculó a la administración municipal de Soledad desde el 16 de agosto de 1994 y aunque la permanencia de esa relación laboral tuvo lugar hasta el 31 de julio de 2003, ello ocurrió porque a partir de tal fecha se le incorporó sin solución de continuidad al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en el mismo cargo que ocupaba en el ente territorial.
Adujo que como en el expediente no se probó que el actor se haya acogido al régimen de liquidación anual de cesantías, se debe entender que permanece en el de retroactividad y, por ende, no son aplicables las normas que gobiernan el sistema anualizado, entre ellas, la que consagra la indemnización por la inoportuna consignación de las cesantías anuales.
1.6. El recurso de apelación
El demandante, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación que sustentó con el siguiente planteamiento:
En la sentencia censurada se invocó el Decreto 0149 de 9 de junio de 2003 por el cual se suprimió la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Soledad, al igual que los cargos que integraban la planta de personal de la misma, se creó el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad y se estableció su estructura y planta de personal, pero el a quo desconoció que en virtud del mismo decreto, el cargo que ocupaba en el extinto Instituto dejó de existir, de modo que a partir de 2003 se generó una nueva relación laboral, esta vez, como trabajador del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad.
Con el anterior fundamento consideró que como lo que se pretende es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías anualizadas desde la vinculación con el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, el que cuenta con autonomía administrativa y financiera, se debe tener esta fecha de vinculación para establecer el régimen de cesantías que lo cobija, que no es otro que el de liquidación anualizada, derivado de la Ley 344 de 1996, en virtud del cual se debe pagar la indemnización por la mora en la consignación anual de las mismas.
1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.7.1. La parte demandante
El señor Hugo de Jesús Barrios Baca, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para alegar y en su escrito reiteró los argumentos del recurso de alzada relativos a la fecha de su vinculación con el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, que se debe entender como una relación laboral independiente de la que venía manteniendo con el municipio, y en virtud de la cual lo cobija un régimen distinto para la liquidación de sus cesantías.
1.7.2. La parte demandada
Tanto el municipio de Soledad como su Instituto de Tránsito y Transporte guardaron silencio durante esta etapa procesal.
1.8. El Ministerio Público
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Dijo, en síntesis, lo siguiente:
El demandante fue adscrito a la planta global del Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad por virtud de la Resolución 003 de 30 de julio de 2003, sin solución de continuidad, a partir del 1 de agosto de 2003, es decir, la incorporación en ese instituto se produjo sin interrupción alguna.
Lo anterior conlleva que el demandante no ha interrumpido su servicio desde el 16 de agosto de 1994 y por ello se entiende amparado por el régimen de retroactividad de cesantías; además, para acogerse al régimen de liquidación anual debió realizar manifestación en que informara ese cambio, pero como entre las pruebas que obran en el expediente no se allegó documento alguno que demuestre ese hecho, se entiende que no lo hizo y, por ende, permanece en el régimen retroactivo.
La Sala decide, previas las siguientes
2. CONSIDERACIONES
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer (i) si el señor Hugo de Jesús Barrios Baca está amparado por el régimen de cesantías retroactivo o por el de liquidación anual; en caso de que esté cobijado por este último (ii) determinar si procede a su favor el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f) estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año, y el artículo 17 literal a) ibídem, consagró que el mismo se reconocería, con destino a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, consagró que para liquidar esa prestación se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
Ahora, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro y se fijaron, entre otros, los siguientes objetivos «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales» y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»; con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, el artículo 22 idem ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Y, con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la misma disposición empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías» pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva, por la porción de tiempo laborado durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9% a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado, todo ello, con destino a los afiliados al fondo mencionado.
El Decreto 432 de 1998 «Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones» mantuvo, como uno de sus objetivos, el de administrar de manera eficiente las cesantías y dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a sus afiliados, así como la protección contra la pérdida del valor adquisitivo de las mismas. Asimismo, en los artículos 6 y 7 ibidem, se estableció un monto destinado a evitar la pérdida de poder adquisitivo del valor depositado por tal concepto y un porcentaje, a título de intereses sobre las mismas.
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» dio un paso adicional, encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar en su artículo 13 lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, es la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 se consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998 y precisó que la normatividad a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados, es la citada Ley 50 de 1990 en sus artículos 99, 102 y 104 y, para liquidar las mismas a los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, se continuaría aplicando lo previsto en el artículo 5 y pertinentes de la Ley 432 de 1998.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores.
Sin embargo, se facultó a los servidores públicos que se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, para acogerse al régimen anualizado, efecto para el cual debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, esto es:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición. (Se resalta).
En todo caso, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías, se les continúa respetando el mismo, por virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 y el artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
2.3. Jurisprudencia
En reiteradas oportunidades la Sala ha sostenido que aquellos servidores públicos cobijados por el régimen de retroactividad de cesantías se mantienen en él, salvo que decidan acogerse al régimen previsto en la Ley 344 de 1996, caso en el cual es necesario que manifiesten la voluntad de traslado. Así se ha planteado:
…sin embargo, el régimen no es inamovible y de él pueden trasladarse los empleados que así lo exterioricen a la entidad. En el sub lite el trabajador no hizo ninguna manifestación en tal sentido o por lo menos no se allegó o no se encontró en el material probatorio, ni tampoco fue revelado por el actor en el libelo, por tanto, al no haber expresado su voluntad de cambio o traslado de régimen, se encuentra inmerso en lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, esto es, que se presume su continuidad en el régimen de cesantías retroactivas hasta la terminación de su vinculación laboral tal y como efectivamente sucedió.
Además, se ha reiterado que ese traslado de régimen no opera por el simple hecho de la afiliación a un fondo privado de cesantías, sino que es necesaria la documental que acredite la manifestación de voluntad del empleado, de acogerse al aludido régimen. De este modo se planteó:
Conforme con lo anterior la Sala concluye que el accionante no probó que hizo manifestación expresa de su voluntad de acogerse al Régimen de Liquidación Anual de Cesantías y menos de su afiliación a un fondo privado de cesantías, que según lo dispuesto en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, era indispensable para aquellos servidores que laboraban con anterioridad a su vigencia, por tanto, no es posible la aplicación de lo previsto en la Ley 50 de 1990, específicamente la indemnización por mora en la consignación de las cesantías en un fondo privado que establece el artículo 99 de la misma, cuya aplicación pretende el actor.
Al respecto y contrario a lo que sostiene el actor, el medio idóneo para probar que solicitó su traslado al Régimen Anual de Liquidación y Cesantías y su afiliación a un fondo privado de cesantías, es el documental, tal y como lo declaró el Tribunal en la primera instancia.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.4.1. Respecto a la relación laboral del demandante
El señor Hugo de Jesús Barrios Baca laboró en la Alcaldía del municipio de Soledad desde el 16 de agosto de 1994, en virtud del nombramiento en el cargo de regulador de la Secretaría de Transportes y Tránsito de ese municipio, hasta el 31 de julio de 2003 momento en el que se desempeñaba como agente de tránsito, y fue incorporado a la planta de personal del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte a partir del 1 de agosto de 2003, desempeñando el mismo cargo, sin solución de continuidad, hasta el 30 de junio de 2011. Actualmente, ocupa el empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03, al que fue nombrado en provisionalidad a partir del 1 de julio de 2011.
Tal como se determinó en el parágrafo del artículo 36 del Decreto 142 de 9 de junio de 2003 la incorporación de los empleados a la planta de personal de ese Instituto, producto de la supresión de la extinta Secretaría de Tránsito y Transporte de Soledad, se haría «sin solución de continuidad».
2.4.2. En relación con la consignación de las cesantías al demandante
Según certificación expedida el 30 de agosto de 2013 por el jefe de talento humano del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en la hoja de vida del señor Barrios Baca no figura constancia de cambio de régimen ni de afiliación al fondo administrador de cesantías que hubiera elegido y tampoco existe constancia de consignación de esa prestación por los años 2003 a 2012, comoquiera que se encuentra en el régimen de retroactividad.
El 8 y 9 de septiembre de 2011, el actor solicitó al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad y al alcalde de ese municipio, reconocer a su favor la indemnización moratoria, producto del no giro oportuno de sus cesantías.
La jefe de la Oficina de Talento Humano resolvió tal reclamación por oficio OTH-162-2011 en el que manifestó que de acuerdo con los planes de reorganización administrativa y financiera de la entidad, próximamente socializarían lo pertinente con sus empleados y con los representantes de los distintos fondos administradores de cesantías, con el fin de legalizar las cuentas individuales para la administración de las mismas, y que tales dineros no se habían consignado, a causa de la situación de crisis de la entidad.
El municipio de Soledad guardó silencio ante tal reclamación.
2.5. Caso concreto
El primer aspecto a abordar, consiste en determinar el régimen de cesantías que cobija al demandante.
Según las pruebas obrantes en el expediente y relacionadas en el acápite 2.4.1 de esta providencia, el señor Hugo de Jesús Barrios Baca ingresó a laborar al servicio del municipio de Soledad cuando estaba vigente el régimen de liquidación de cesantías previsto en la Ley 6 de 1945, el Decreto 1160 de 1947 y normas concordantes, pues su ingreso al servicio se produjo el 16 de agosto de 1994, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
El demandante pretende que se tenga como fecha inicial de su relación laboral, el 1 de agosto de 2003, esto es, la fecha en que se produjo su vinculación al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad.
Sin embargo, la Sala no acoge ese planteamiento porque aunque en virtud de lo dispuesto en el Decreto 0142 de 9 de junio de 2003 se suprimió la antigua Secretaría de Tránsito del municipio y con ello, se suprimió el empleo que el demandante desempeñaba, en ese mismo acto se creó el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte y se le incorporó en la planta de personal de este, lo que ocurrió sin solución de continuidad, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo de su artículo 36, ello quiere decir que no ha habido ruptura de la relación laboral.
La anterior circunstancia es concluyente de que se trata de una misma relación laboral que inició desde el 16 de agosto de 1994 y que aún continua vigente y en virtud de la cual conserva el mismo régimen laboral que lo cobijaba desde la primera fecha de su vinculación al ente territorial, en tanto y cuanto se trató de una incorporación automática producto de la supresión de un ente de tránsito y creación de uno nuevo, en su reemplazo, y no de la extinción de la relación laboral.
Así las cosas, como estaba cobijado por el régimen de retroactividad desde el momento mismo de su vinculación laboral, debió dirigir solicitud escrita con destino a su empleador, manifestando su interés de trasladarse al sistema de liquidación anual de cesantías.
Sin embargo, ello no ocurrió en el caso del señor Barrios Baca, pues no hay prueba en su hoja de vida de la solicitud de traslado de régimen de liquidación del auxilio de cesantías, que este hubiera efectuado a su empleador con ese objeto, ni de afiliación a fondo administrador de las mismas.
Así las cosas, como no hay prueba de la solicitud de traslado anotada, se debe concluir que el actor continúa cobijado por el sistema de retroactividad para la liquidación de su auxilio de cesantías.
De igual manera se concluye que como el demandante está amparado por ese régimen retroactivo, y la sanción moratoria que pretende es propia del régimen anualizado, no es viable su reconocimiento, en cuanto no se puede favorecer de los beneficios de uno y otro régimen, dado que, por ser excluyentes, solo es aplicable uno de ellos, en este caso, el de retroactividad que lo cobija desde el inicio de su relación laboral, para el cual no está contemplada la sanción pretendida.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos fuerza concluir que el demandante no tiene derecho a la indemnización por la consignación inoportuna de sus cesantías anuales, en cuanto no está cobijado por el régimen de liquidación anual de cesantías que prevé la aludida sanción. Siendo así, se deberá confirmar, en su integridad, la sentencia recurrida que denegó las pretensiones de la demanda.
A folio 81 obra poder conferido al abogado William Ferney Moreno González para actuar como apoderado del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad; no obstante, revisada la actuación subsiguiente no se observa que se hubiera reconocido como tal, motivo por el cual se reconocerá personería para actuar en tal condición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
Confirmar la sentencia proferida el 27 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, subsección de descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Hugo de Jesús Barrios Baca contra el municipio de Soledad, por las razones expuestas en las consideraciones de este proveído.
Se reconoce al abogado William Ferney Moreno González como apoderado judicial del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, de conformidad con poder visible a folio 81.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 54 a 59.
Folios 163 a 171.
Folios 256 a 258.
Folios 259 a 277.
Folios 280 a 283.
Folios 359 a 362.
Folio 369.
Folios 364 a 368.
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
Artículo3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
«Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
«Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»
Artículo 3 del Decreto 1382 de 1998, que señala que en el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad que decidan acogerse al sistema de cesantía de dicha Ley, la entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías con fecha a la solicitud de traslado, valor que será entregado a la administradora seleccionada por el trabajador.
Sentencia de 29 de julio de 2010, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación: 15001-23-31-000-2000-02290-01(0717-08), actor: Siervo de Jesús Borda Rojas.
Sentencia de 24 de octubre de 2012, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, radicación: 19001-23-31-000-2004-02504-01(0017-09), actor: Juan José Segura Guevara.
Del cual tomó posesión el 16 de agosto de 1994, según documental de folio 61.
Folio 60.
Folio 86.
Folios 172 a 189.
Folio 86.
Folios 14 y 15.
Folio 16.
Folios 172 a 189.
Según lo certificó el jefe de Talento Humano del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (folio 86).
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