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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-00441-02

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-00441-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Núm. único de radicación: 08001233100020120044102 Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2012-00441-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 08001233100020120044102
Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Asunto: Tasa por derechos de tránsito

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la
parte demandada contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de
noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Enrique Rafael Vega Sánchez1, en adelante la parte demandante, presentó
demanda2 contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en
adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código Contencioso
Administrativo.

1 Obrando en nombre propio.
2 Cfr. folios 1 a 19 del Cuaderno principal núm 1.
3
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
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2

Núm. único de radicación: 08001233100020120044102
Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] Por los hechos y consideraciones anteriores y como quiera que las acciones y
omisiones en que incurrió el Concejo Distrital de Barranquilla constituyen causal de
nulidad. Formulo esta demanda con el propósito de que el Honorable Tribunal
Administrativo del Atlántico parcialmente declare la siguiente nulidad:

PRIMERO. Numeral 34 del artículo 148 del Acuerdo 030 del 30 de diciembre de
2008, emanado del Honorable Concejo del Distrito Industrial y Portuario de
Barranquilla.

SEGUNDO.- Parágrafo Segundo del artículo 148 del Acuerdo 030 del 30 de
diciembre de 2008, emanado del Honorable Concejo del Distrito Industrial y
Portuario de Barranquilla.

TERCERO: Que como Consecuencia de la Declaratoria de Nulidad solicitada, se
decrete la nulidad de los artículos 170 ítem 52 y su parágrafo segundo, los artículos
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Decreto 0180 del 4 de mayo de 2010,
suscrito por el Alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. El Concejo Distrital de Barranquilla en desarrollo de las facultades previstas por
el “[…] Articulo 313 de la Constitución Política, la Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1333
de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 136 de 1994, Ley 768 de 2002, Ley 788 de 2002 […]”
aprobó y expidió el Acuerdo núm. 030 del 30 de diciembre de 2008 "[…] POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE
LOS PRINCIPALES TRIBUTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]",
estableciendo los conceptos y tarifas que deberán pagar los usuarios que lo
soliciten, por los servicios prestados por el ente encargado del tránsito y la movilidad
de la ciudad.

5. El Concejo Distrital de Barranquilla, sin tener competencia para hacerlo, creó un
tributo dentro de las tasas a cobrar, con todas las características de un impuesto,
específicamente en el numeral 34 del Artículo 148 del Acuerdo núm. 030 de 2008.

4
folio 11 del Cuaderno principal núm 1.

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6.De igual manera “[…] dentro del parágrafo segundo del mismo artículo 148
estableció la estructura de la denominada tasa y dispuso que el ente receptor es La
Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla, y que el tributo obedece a la
prestación del servicio de administración de la carpeta del vehículo, los servicios y
medidas de seguridad vial que implante. Tasa que es obligatoria pagarla
anualmente, utilícense o no, los servicios de la entidad de tránsito por parte de los
propietarios o poseedores de todo tipo de vehículos automotores matriculados en el
registro automotor de esa Secretaría […]”.

7. El Alcalde Distrital de Barranquilla con fundamento en el parágrafo 3 del artículo
1º del Acuerdo núm. 002 del 22 de febrero de 2010, expidió el Decreto núm. 0180
del 4 de mayo de 2010, “[…] POR EL CUAL SE COMPILA, ACTUALIZA Y
RENUMERA LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA[…]”, y “[…] en sus artículos 170
ítem 52, y su parágrafo segundo, y los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
y 178 del mismo decreto se transcriben reenumeradas las normas objeto de solicitud
de nulidad en la presente demanda […]”.

8. La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad
de Barranquilla, año tras año viene liquidando y haciendo efectivo el cobro de la
llamada tasa de Derechos de Tránsito, como si fuera un impuesto, “[…] fijando para
el año 2012 un pago con descuento hasta el 30 de marzo de la presente anualidad
y sin descuento con fecha límite de pago hasta el 30 de junio de 2012, para lo cual
envía liquidaciones oficiales en formatos similares a los del cobro de impuestos
predial y vehicular […]”.

Normas violadas

9. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 6, 121, 123 inciso segundo, 150 numeral 12°, 287 numeral 3°; y
313 numeral 40 de la Constitución Política de 1991.
• Artículo 168 de la Ley 769 de 6 de julio de 20025.

5 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

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• Artículo 16 de la Ley 962 de 8 de julio de 20056
• Artículo 147 del Acuerdo núm. 030 de 30 de diciembre de 20087

Concepto de violación

10. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:

Falta de competencia

11. El Concejo Distrital de Barranquilla al crear el tributo que denomina tasa, pero
que en la realidad es un impuesto, “[…] se arrogó de manera indebida, una facultad
que es propia del Congreso de la República […]”, teniendo en cuenta que la
autonomía de esa corporación administrativa del nivel territorial no es plena ni
directa para el establecimiento de tributos.

12.El Concejo Distrital de Barranquilla no tiene competencia para la creación del
impuesto “[…] disfrazado de tasa […]”, por derechos anuales de tránsito, los cuales
deben ser obligatoriamente cancelados anualmente por los propietarios o
poseedores de cualquier clase de vehículo que se encuentre registrado en el
organismo de tránsito del Distrito de Barranquilla, con el “[…] fundamento, de que
el tributo se paga por el servicio que presta la autoridad de tránsito del municipio por
la administración de la carpeta del vehículo, los servicios y medidas de seguridad
vial que implanta […]”.

13.Ahora bien, en cuanto al pago obligatorio anual del gravamen y teniendo en
cuenta el hecho generador del tributo, respecto a la administración de la carpeta u
hoja de vida del vehículo, el “[…] Decreto 868 del 23 de diciembre de 2008 emanado
del señor Alcalde Distrital de Barranquilla en su artículo 10 y su parágrafo uno, creó
la SECRETARIA DISTRITAL PARA LA MOVILIDAD […]”, disponiendo en su artículo
67 que dicha secretaría tendrá como estructura, la “[…] Oficina de Servicios
Corporativos […]”, que tendrá como funciones entre otras, “ Administrar y custodiar

6 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los

organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.”
7 "[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS

PRINCIPALES TRIBUTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]".

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el archivo de hojas de vida de vehículos, licencias de conducción, comparendos e
informes de accidentes […]”.

14.En ese orden de ideas, además de la creación irregular e ilegal del gravamen, y
teniendo en cuenta el hecho generador del tributo, en cuanto a la administración de
la carpeta u hoja de vida del vehículo, es la autoridad u organismo de tránsito a
quien legalmente está autorizado para realizar tal función, por lo que en los términos
del artículo 16 de Ley 962 de 2005, […] ningún organismo o entidad de la
Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus funciones,
valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio de servicios
que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o
mediante norma expedida por autoridad competente […]”, que determine los
recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto.

15.Ahora bien, “[…] las hojas de vida o carpetas que administran los organismos de
tránsito, no son de propiedad del dueño poseedor o tenedor del vehículo registrado
en el organismo de tránsito, pues ellas, se componen de documentos públicos que
corresponden a cada uno de los trámites o inscripciones sobre limitaciones a la
propiedad, que se realizan a los respectivos vehículos y ahí se lleva la tradición del
bien sometido a registro obligatorio (Registro Nacional Automotor Artículos 46 y
siguientes Ley 769 de 2002, C.N.T.T.), luego entonces, esta obligación, que en
principio es del Ministerio de Transporte y por delegación, la realizan los organismos
de tránsito, no puede ser objeto de gravamen o tributo de tracto sucesivo, como si
fuera un impuesto, pues a mí como propietario, cuando realizo un trámite ante el
Organismo de Tránsito me entregan copia del formulario respectivo y asi administro
mi propia carpeta o historial de mi vehículo, y el original pasa a la hoja de registro
del vehículo, que como se ha dicho, corresponden a los documentos públicos que
lleva la autoridad de tránsito encargada del registro, así sea por delegación, de estos
bienes muebles sometidos a la solemnidad legal […]”.

16.De igual manera, con relación al complemento del pago del tributo, además de
la administración de la hoja de vida del vehículo, es decir, por los servicios y medidas
de seguridad vial que implanta el Organismo de Tránsito de Barranquilla, dichas
medidas no satisfacen ni prestan un servicio o resuelven una necesidad particular y
concreta del contribuyente, para ser catalogada y cobrada con una tasa, sino que
los servicios y medidas de seguridad vial que implemente o llegare a implementar

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la Secretaria Distrital de Movilidad van encaminadas a satisfacer a todas las
personas, denomínense conductores o peatones que habitan, residen o transitan
dentro de la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, por lo que se “[…] desdibuja
[…]” el concepto de tasa del tributo, al ser cobrado únicamente a los poseedores o
propietarios de vehículos automotores inscritos en el Organismo de Tránsito del
Distrito de Barranquilla.

Exceso de las facultades impositivas del Distrito

17.El Concejo Distrital de Barranquilla, bajo el pretexto de regular los montos a
recaudar por concepto de los derechos de tránsito, creó un impuesto bajo la
denominación de tasa de “[…] derechos de tránsito […]”, desconociendo que la
potestad tributaria de los entes territoriales es derivada, teniendo en cuenta que sólo
el Legislador se encuentra facultado para la creación de dichas cargas impositivas,
como lo prevé el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, en
ese orden de ideas, es “[…] tal la certeza de que se creó un impuesto disfrazado de
tasa, que la obligación de pago del mismo no se da cuando el usuario necesita el
servicio, sino que se grava, y debe pagarse por el universo de los propietarios o
poseedores de vehículos, obligatoriamente una vez al año, en los plazos que
determine la autoridad administrativa, el tributo irregular e ilegalmente creado se
paga, aparentemente, por el servicio que presta la autoridad de tránsito del
municipio por la administración de la carpeta del vehículo, los servicios y medidas
de seguridad vial que implanta […]”.

18.En ese orden de ideas, estamos en presencia de un impuesto, teniendo en
cuenta que al analizar los aspectos de su causación, plazos de pago y descuento
por pronto pago, evidenciamos que la obligación o gravamen se genera el primero
de enero de cada año, se cancela anualmente en las fechas que determine la
autoridad de movilidad y se otorga un descuento a quien cancele dentro del primer
plazo fijado por la misma autoridad de tránsito, es decir, “[…] se contradice con el
artículo precedente, o sea el 147 del acuerdo 030 de 2008 de la norma demandada
[…]”.

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Ausencia de motivación

19.De la simple lectura del Acuerdo acusado, se concluye que no existía motivación
legal alguna para la creación del “[…] acto censurado […]”, toda vez que, que en
sus disposiciones nada se dijo con respecto a los elementos estructurales de la
obligación tributaria, pues, nunca se mencionó o especificó en torno a la
autorización legal que crea el impuesto, además, si bien se define el hecho
generador, los sujetos pasivos y la base gravable; la decisión del Concejo Distrital
no desarrolla en modo alguno el principio de igualdad frente a las cargas públicas,
teniendo en cuenta que no goza de una precisión tal que acompase la unidad
económica nacional con la autonomía fiscal territorial en un sistema tributario que
debe fundarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad".

20.De igual manera, tampoco se señaló, ni se motivó en el acuerdo cuestionado, si
se realizó o no, “[…] el previo estudio económico sobre los costos del servicio como
lo señala el artículo 168 de la ley 769 de 2002, el cual aceptando en gracia de
discusión que se haya tenido en cuenta, se le dio un alcance diferente al texto de
esta norma, pues de su simple lectura no se desprende la posibilidad de crear
impuestos por vía de Acuerdos Distritales, en concordancia con el numeral 7 del
artículo 32 de la Ley 36 de 1994, armonizado con el artículo 6 de la Ley 768 de 2002
[…]”.

21.La parte demandante concluyó expresando lo siguiente:

“[…] El Concejo Distrital en mención le dio un alcance diferente al texto de las
siguientes normas: artículos 168 de la Ley 769 de 2002 y articulo 2 literal d) y
numeral 7º del artículo 32 de la Ley 36 de 1994, pues de su simple lectura no se
desprende la posibilidad de crear impuestos por vía de Acuerdos Distritales,
teniendo en cuenta las atribuciones consagradas en el artículo 6 de la ley 768 de
2002 […]”.

Contestación de la demanda

22. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así9:

8 Por intermedio de apoderado.
9 Cfr. folios 433 a 453 del Cuaderno principal núm. 3.

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Frente al primer cargo por la presunta falta de competencia

23.Señaló que el Concejo Distrital de Barranquilla creó un tributo con la respectiva
competencia para tal fin, pues estaba facultado para crear la tasa de derechos de
tránsito con fundamento en el numeral 4 del artículo 313 y artículo 338 de la
Constitución Política de 1991; y en el artículo 168 de la Ley 769 de 2002.

24.Apoyándose en jurisprudencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, el Concejo Distrital de Barranquilla tenía plenas facultades legales y
constitucionales para expedir el respectivo acuerdo regulando los derechos de
tránsito.

Frente al segundo cargo por exceso en las facultades impositivas del Distrito

25.Señaló que, a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, el Concejo
Distrital de Barranquilla tiene la facultad de establecer derechos de tránsito, por lo
que no se excedió en sus facultades, toda vez que, no creó un impuesto nuevo, sino
unos derechos de tránsito.

26.Afirmó que, el hecho de que a los derechos de tránsito se les haya establecido
unos elementos como causación, plazos de pago y descuento por pronto pago no
los convierte en un impuesto y “[…] la sentencia del Consejo de Estado que cita es
la misma que ya analizamos al estudiar el cargo anterior, es decir, los derechos de
tránsito por semaforización de vehículos y motos de Pereira, los cuales son
totalmente ilegales porque ya se encuentran incluidos en el impuesto de alumbrado
público, pero no los derechos de tránsito de Barranquilla que corresponden a esta
modalidad por cuanto ya se señaló que es una tasa que difiere en su naturaleza
jurídica a lo que se denomina impuesto, la cual se causa en prestación de un servicio
que ha sido clasificado dentro de un estudio técnico económico para que el Concejo
Distrital de Barranquilla dentro de las facultades señaladas en artículo 168 de la Ley
769 de 2002, la fijará y lo denominara (sic) Derecho de Tránsito, es decir, en ningún
momento se toca el concepto semaforización, por lo cual no existe la supuesta
ilegalidad como en el caso de Pereira […]”.

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Frente al tercer cargo sobre la supuesta ausencia de motivación

27.Adujo que la parte demandante alegó que “[…] nunca se mencionó o especificó
en torno a la autorización legal que crea el impuesto […]”, sin embargo, se debe
señalar que no nos encontramos frente a los denominados impuestos sino a una
tasa que se denomina así, como el gravamen que tiende a la recuperación del costo
de un bien o un servicio ofrecido por el Estado, en este caso el Distrito de
Barranquilla, guardando una proporción con el servicio prestado, lo que en ningún
momento es una imposición unilateral ni obligatoria porque el particular tiene la
opción de adquirir o no el servicio, es decir, matricular el vehículo en el Organismo
de Tránsito que administrara en adelante la hoja de vida de dicho automotor.

Excepción de cosa juzgada

28.Expresó que en el caso sub examine, se configuró la cosa juzgada teniendo en
cuenta que, los cargos planteados por la parte demandante contra los artículos 146
y 148 (parcial) del Acuerdo núm. 030 de 2008 “[…] fueron analizados por ese H.
Tribunal en el marco de la acción de nulidad Expediente 08-001-23-31-2009-0855-
00 Actor: Rodrigo Pombo Cajiao, expediente dentro del cual, esta H. Corporación
desestimó cada uno de los motivos de presunta ilegalidad alegados por el actor y
denegó las súplicas de la demanda […]”.

Excepción de inepta demanda

29.Expresó que la presente demanda es inepta, toda vez que “[…] sus argumentos
de hecho y de derecho no tienen vocación de prosperidad, habida cuenta que se
cuestiona la facultad de los concejos distritales para establecer derechos de tránsito,
lo cual ha quedado comprobado con la citación de normas jurídicas y providencias
de las altas cortes en la contestación del libelo genitor […]”.

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Alegatos de conclusión

30. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 14 de septiembre de 201510,
resolvió: i) declarar surtida la etapa probatoria y ii) corrió traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegarán de conclusión.

31. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

32.La parte demandante guardó silencio.

Sentencia proferida, en primera instancia

33. La Sala Itinerante de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de cosa juzgada e inepta
demanda, conforme lo expuesto.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad del numeral 34 del artículo 148 DEL Acuerdo
No.030 de 2008 y artículos 170 ítem 52 y su-parágrafo segundo, los artículos 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177 Y 178 del Decreto 0180 del 4 de mayo de 2010, de
acuerdo a las consideraciones de la presente providencia.

TERCERO.- NEGAR, las demás súplicas de la demanda.

CUARTO.- Sin costas en esta instancia.

QUINTO.- Remítase copia de la presente providencia al Señor Presidente del
Concejo Distrital de Barranquilla.

SEXTO.- Notifíquese de conformidad con lo establecido en el C.C.A.

SÉPTIMO.- Si no fuere impugnada esta decisión, una vez ejecutoriada, archívese el
expediente previas las anotaciones de rigor […]”.

Consideraciones del Tribunal

34. El Tribunal respecto a la excepción de cosa juzgada planteada por la parte
demandada señaló que para su configuración se desprende la existencia de una
decisión sobre unas mismas partes, sobre un mismo objeto y sobre una misma
causa que ha adquirido firmeza, es decir, que tiene la connotación o carácter de
inmutable e inalterable, situación que no se configura en el caso sub examine, “[…]

10 Cfr. folios 582 a 584 del Cuaderno principal núm. 3.

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Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez

toda vez que la sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones de
la demanda contra los artículos 147 y 148 del Acuerdo No.030 de fecha 30 de
diciembre de 2008, fue debidamente apelada como lo alega la parte demandante
en el escrito de demandada y nada se acreditó dentro del plenario por parte del ente
territorial respecto el pronunciamiento de segunda instancia por nuestro órgano de
cierre, circunstancia que le compete acreditar en esta oportunidad pues es de su
interés la prosperidad de la excepción propuesta […]”.

35.El Tribunal frente a la excepción de inepta demanda, consideró que, por
encontrarse las anteriores excepciones vinculadas con el fondo de la controversia
jurídica, su “[…] resolución se abordará a medida que se aborde el estudio de las
pretensiones de la demanda […]”.

36.Ahora bien, el Tribunal frente al fondo del asunto señaló que en los términos de
la Constitución Política y Ley le corresponde a los corporaciones locales, establecer,
reformar o eliminar los tributos, contribuciones, impuestos, sobretasas de
conformidad con la Ley, situación que guarda estrecha relación con el principio de
reserva de Ley tributaria, toda vez que el Legislador goza privativamente de la
potestad configurativa en materia tributaria, en virtud de lo dispuesto en la Carta
Política, sin que ello implique el desconocimiento de la autonomía territorial.

37.El Tribunal consideró que el impuesto es un gravamen que surge unilateral,
obligatoria y coactivamente del solo hecho de la sujeción del contribuyente o
responsable al poder de imposición del Estado, sin contraprestación o equivalencia
individual ni directa a favor de los mismos. En ese orden de ideas, el impuesto
representa una obligación para el contribuyente consistente en un pago, sin que ello
implique una retribución o contraprestación a su favor, por parte del Estado, en tanto
que las denominadas tasas o derechos constituyen una erogación para el
contribuyente que financia la prestación de un servicio.

38.En ese orden de ideas, el cobro de los derechos de tránsito regulados en el
Acuerdo acusado, contrario a lo afirmado por la parte demandante se trata de una
tasa, dado que la especifican, a saber: i) se trata de una prestación pecuniaria
exigida por la Ley prevista en el artículo 168 del Código Nacional del Transporte, ii)
se ha establecido a favor de los municipios porque la Ley ha previsto que las tarifas
las fijen los Concejos, previo estudio económico, iii) corresponde su pago a las

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usuarios del transporte, interesados en desarrollar este tipo de actividades de
interés público; iv) la obligación de asumir el valor de estos derechos o tarifas surge
de la decisión del interesado en hacer uso de la prestación de los servicios que
presta el Municipio; y v) las sumas definidas por estos conceptos deben tener una
relación costo beneficio con los bienes que se retribuyen al contribuyente.

39.Para el Tribunal los derechos por concepto de tránsito que cobra el Municipio a
los usuarios es típicamente una tasa, teniendo en cuenta que es una retribución a
un servicio que se ha prestado “[…] y si ello es así, siguiendo el principio de la
legalidad del impuesto, la fijación y el cobro del mismo queda sujeto a los postulados
constitucionales y legales […]”.

40.Consideró que la Ley habilita a los Concejos en la fijación de las tarifas por
concepto de derechos de tránsito, los cuales como se dejó anotado en líneas
anteriores son una tasa, se concluye que el Concejo Distrital de Barranquilla, es
competente para fijar las tarifas que se cobrarán por concepto de derechos de
tránsito en el ámbito territorial municipal.

41.Ahora bien, frente al cargo de ausencia de motivación planteado por la parte
demandante, el Tribunal consideró que está llamado a prosperar, con fundamento
en las siguientes razones:

42.Si bien es cierto que el Concejo Distrital de Barranquilla, tiene competencia
funcional para la fijación de las tarifas por concepto de derechos de tránsito en
jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, también lo es
que, la imposición de dicha tasa conforme lo manifiesta la parte demandante, lo
admite el ente territorial y se demostró con los planteamientos esbozados, “[…] debe
establecerse observando para ello de manera estricta lo que sobre el particular
considere el Legislador en consideración al principio de reserva de Ley tributaria so
pena de que exista por parte de la administración un desconocimiento del
ordenamiento jurídico dando lugar a la configuración de una causal de nulidad […]”.

43.La norma legal que facultó a los Concejos para la fijación de las tarifas por los
derechos de tránsito previsto en el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, es clara
cuando dispone que las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los
costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, sin embargo,

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en el caso sub examine, no existe prueba en el plenario que permita acreditar que
por parte de la entidad territorial se efectúo dicho estudio, “[…] no siendo posible
analizar los indicadores que señala la norma para determinar la eficiencia, eficacia
y economía de las tarifas adoptadas en dicho acuerdo, lo cual ha de tenerse como
una negación indefinida toda vez que por ser el ente territorial el titular de la función
reguladora de los impuestos ha de reposar en su poder los estudios señalados en
la Ley, los cuales son necesarios para la fijación de los derechos de tránsito dentro
de su jurisdicción, circunstancia frente a la cual el ente territorial demandado adujo
en su defensa que la determinación de costos a la que se llegó por parte del órgano
coadministrador del ente territorial se efectuó una vez analizado un antecedente
técnico y económico, por lo que no quiere decir que se fijaron dichas tasas en una
actitud deliberada, imperativa y odiosa […]”.

44.En ese orden de ideas, concluyó señalando lo siguiente:

“[…] Nótese, que la exigencia de estar basadas las tarifas en un estudio económico
sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, no
es un mero capricho del Legislador, sino que por el contrario se constituye en una
medida que garantiza la fijación de unas tarifas conforme los lineamientos que
arrojen los estudios previos de que trata la Ley, no permitiéndose de esta manera
que por el mero capricho de una autoridad administrativa se fijen gravámenes que
afectan a quienes utilizan el servicio público de transporte, cuestión que
transgrediría el principio de equidad en el soporte de gravámenes.

Con todo, si bien la Constitución Política de 1991, consagró autonomía a favor de
las entidades territoriales, puede decirse que esta no es absoluta, sino que por el
contrario se encuentra sujeta al orden jurídico interno e inclusive en algunos eventos
al externo, circunstancia que sujeta la fijación de las tarifas por concepto de
derechos de tránsito a los indicadores de eficiencia, eficacia y economía, lo cual no
tiene otra finalidad sino la de garantizar que el recaudo tributario sea de una u otra
forma equitativo en la relación costo-beneficio con los bienes que se retribuyen al
contribuyente […]”.

Recursos de apelación

45. La parte demandante y la parte demandada interpusieron y sustentaron
oportunamente, recursos de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:

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Recurso de apelación presentado por la parte demandante

46.La parte demandante presentó recurso de apelación contra el numeral tercero
de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, solicitando que sea revocado, y en su lugar, se acceda al cargo
denominado “[…] Expedición del acto administrativo por funcionarios u organismo
incompetentes y exceso en las facultades impositivas del Distrito […]”.

47.La parte demandante expresó lo siguiente:

“[…] Ahora Bien, la inconformidad radica, es en que la sentencia no se refirió en
torno a la presunta tasa específica de la cual se solicitó la nulidad, la cual está
incluida en el numeral 34 del artículo 148 del acuerdo 030 de 2008, que muy
hábilmente también denominaron DERECHOS DE TRANSITO y que tiene como
HECHO GENERADOR. El servicio que presta la autoridad de tránsito del municipio
por la administración de la carpeta del vehículo, los servicios y medidas de seguridad
vial que implanta.

Las razones por la que nos mostramos en desacuerdo son además, las esgrimidas
en el escrito de demanda que trascribo a continuación, ya que en la parte motiva
que hay impugno, nada se dijo en cuanto a lo particular de ese gravamen:

"Ahora bien, las hojas de vida o carpetas que administran los organismos de tránsito,
no son de propiedad del dueño poseedor o tenedor del vehículo registrado en el
organismo de tránsito, pues ellas, se componen de documentos públicos que
corresponden a cada uno de los trámites o inscripciones sobre limitaciones a la
propiedad, que se realizan a los respectivos vehículos y ahí se lleva la tradición del
bien sometido a registro obligatorio (Registro Nacional Automotor Artículos 46 y
siguientes Ley 769 de 2002, C.N.T.T.), luego entonces, esta obligación, que en
principio es del Ministerio de Transporte y por delegación, la realizan los organismos
de tránsito, no puede ser objeto de gravamen o tributo de tracto sucesivo, como si
fuera un impuesto, pues a mi como propietario, cuando realizó un trámite ante el
Organismo de Tránsito me entregan copia del formulario respectivo y así administro
mi propia carpeta o historial de mi vehículo, y el original pasa a la hoja de registro
del vehículo, que como se ha dicho, corresponden a los documentos públicos que
lleva la autoridad de tránsito encargada del registro, así sea por delegación, de estos
bienes muebles sometidos a la solemnidad legal.

En el mismo sentido, con relación al complemento del pago del tributo Derecho de
Tránsito, además de la administración de la hoja de vida del vehículo, es decir, por
los servicios y medidas de seguridad vial que implanta el Organismo de Tránsito de
Barranquilla, dichas medidas no satisfacen ni prestan un servicio o resuelven una
necesidad particular y concreta del contribuyente, para ser catalogada y cobrada
con una tasa, sino que los servicios y medidas de seguridad vial que implemente o
llegare a implementar la Secretaria Distrital de Movilidad van dirigidas o
encaminadas a satisfacer a todo el universo de personas, llámense conductores o
peatones que habitan, residen o transitan dentro de la jurisdicción del Distrito de
Barranquilla, por lo que se desdibuja el concepto de tasa del tributo, al ser cobrado
únicamente a los propietarios o poseedores de vehículos automotores inscritos en
el Organismo de Tránsito del Distrito de Barranquilla.

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Así las cosas, las tasas se pagarían por la prestación directa de un servicio por parte
del estado y que tenga como objetivo el beneficio individual de quien solicita o se
beneficia del respectivo servicio, y en consecuencia, el pago de la tasa deberá
hacerse en el momento de la solicitud por parte del interesado y no obligatoriamente
cuando lo disponga la autoridad de tránsito como sucede en el caso concreto y como
lo dispuso la Corporación al expedir el cuestionado acuerdo o acto administrativo
del que se solicita su nulidad parcial […]”.

48.De igual forma, se encuentra probado dentro del expediente que el pago de la
tasa de derechos de tránsito, no es un tributo que se cobra a nivel nacional, pues
de acuerdo a lo demostrado en el plenario en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá
y Santa Marta, esta tasa no existe como un derecho a pagar a los Organismos de
Tránsito por el concepto del hecho generador descrito anteriormente, es decir
estamos en desventajas los usuarios del organismo de tránsito de Barraquilla a
quienes se obliga a cancelar un tributo que no se paga en otras partes del país, por
lo que se considera que no tiene razón de ser.

49.Se debe indicar que, pagar el derecho de tránsito por las causales descritas en
el hecho generador del bien sometido a registro, equivaldría a que, dentro de poco
la oficina de registro e instrumentos públicos, se le tendría que pagar una tasa anual
por la guarda y custodia del historial de los bienes inmuebles registrados.

Recurso de apelación presentado por la parte demandada

50. En la sentencia proferida por el Tribunal, el único cargo de nulidad mencionado
por la parte demandante que prosperó fue el de “[…] ausencia de motivación, Falsa
interpretación o interpretación errónea […]” el cual fue resuelto por el A Quo, es
decir, argumentando que no se había aportado el estudio previo económico sobre
los costos del servicio como lo prevé el artículo 168 de la Ley 769 de 2002.

51.En ese orden de ideas, si bien el Tribunal Administrativo del Atlántico hace
especial énfasis en la supuesta ausencia del estudio económico como requisito
previo para imponer el tributo, realmente ésta es una manifestación superficial de la
parte demandante en la demanda, la cual “[…] no sustenta ni profundiza y que el
Tribunal ha ampliado en su fallo, lo cual excede el principio de congruencia y de
justicia rogada que caracteriza a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pues el despacho de primera instancia se ha arrogado facultades que no tiene al
momento de analizar los cargos de la demanda en desmedro de los intereses del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla […]”.

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52.Expresó que, si bien el cargo adujo una presunta falta de motivación, el Tribunal
no cumplió su papel de operador del Derecho sino que la sentencia es un ejercicio
de perfeccionamiento del cargo planteado por la parte demandante.

53.En ese orden de ideas, la parte demandada expresó lo siguiente:

“[…] El actor en su libelo introductorio toca este punto tangencialmente de la
siguiente forma

De la simple lectura del Acuerdo atacado, se concluye que no existía motivación
legal alguna para la creación del acto censurado, como quiera que en sus
disposiciones nada se dijo con respecto a los elementos estructurales de la
obligación tributaria, pues, nunca se mencionó o especificó en torno a la autorización
legal que crea el impuesto, además, si bien se define el hecho generador, los sujetos
pasivos y la base gravable, la decisión del Concejo Distrital no desarrolla en modo
alguno el principio de igualdad frente a las cargas públicas, puesto que no goza de
una precisión tal que acompase la unidad económica nacional con la autonomía
fiscal territorial en un sistema tributario que debe fundarse en los principios de
equidad, eficiencia y progresividad, así como tampoco se señaló, ni se motivó en el
acuerdo cuestionado, si se realizó o no, el previo estudio económico sobre los costos
del servicio como lo señala el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, el cual aceptando
en gracia de discusión que se haya tenido en cuenta, se le dio un alcance diferente
al texto de esta norma, pues de su simple lectura no se desprende la posibilidad de
crear impuestos por vía de Acuerdos Distritales, en concordancia con el numeral 7
del artículo 32 de la Ley 36 (sic) de 1994, armonizado con el artículo 6 de la Ley 768
de 2002 (negrillas y subrayas impropias)

Como se puede observar, en toda la demanda la parte antes resaltada es la única
alusión ligera por demás que el demandante hace del estudio económico que utiliza
el Tribunal del Atlántico como estandarte de su declaratoria de nulidad y fíjese cómo
el actor simplemente dice que no se señaló ni se motivó en el acuerdo cuestionado
el estudio económico, pero en momento alguno dice el demandante que no se
realizó el mencionado estudio.

El Tribunal dice en su sentencia que ... no reposa prueba en el plenario que permita
acreditar que por parte de la entidad territorial se efectuó dicho estudio. no siendo
posible analizar los indicadores que señala la norma para determinar la eficiencia,
eficacia y economía de las tarifas adoptadas en dicho acuerdo...", es decir, el A Quo
pretende analizar a partir de la presencia del estudio en el expediente, los
indicadores de eficiencia, eficacia y economía de las tarifas del acuerdo cuando eso
no se planteó JAMÁS por el demandante en su libelo, lo cual excede
desmesuradamente el cargo planteado por parte del despacho de primer grado.

El estudio económico no se aportó porque el actor no lo objetó en su demanda ni
pidió que se aportara al informativo como prueba en el sentido que se allegara por
la demandada, así como tampoco solicitó que se oficiara al Concejo de Barranquilla
para que lo enviara, sino que simplemente se refirió a éste, en el sentido que no se
había señalado ni se había motivado en el Acuerdo cuestionado la realización o no
de dicho estudio económico, pero en momento alguno afirma el demandante
categóricamente que no se haya efectuado el mencionado estudio.

Es decir, por el contrario, la carga de la prueba en ese caso sería del demandante,
pues si el hubiese afirmado en su demanda que no se hizo estudio, entonces, habría

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que demostrarle que no era cierta su afirmación, pero como lo único que dijo fue que
no se había motivado ni señalado en el acuerdo cuestionado, la realización del
estudio económico, lo cual no da a entender que se esté negando la existencia del
estudio previo económico, sino la falta de mención del mismo en el acuerdo
señalado […]”.

54.Ahora bien, si el Tribunal tenía dudas sobre la existencia o no del mencionado
estudio económico, conforme a sus atribuciones legales, podía decretar como
prueba de oficio en la etapa probatoria o mediante un auto para mejor proveer,
solicitar a la entidad demandada o al Concejo de Barranquilla el envío de dicho
estudio y no considerar que su ausencia en el expediente significa su inexistencia.

55.Como se puede evidenciar, el juez administrativo no puede ampliar las
pretensiones y argumentos de la parte demandante, toda vez que, debe
circunscribirse al “[…] marco ofensivo de la demanda y en sus ataques […]”, la parte
demandante nunca habló de que no existiera estudio económico, sino que
simplemente dijo que dicho estudio no se mencionó en el acto acusado, “[…] sin
que esto signifique que dicho estudio no existe y sin tener en cuenta que esa prueba
no fue pedida por el accionante en su libelo genitor ni fue decretada como medio de
convicción oficioso por parte del Tribunal del Atlántico […]”.

56.Manifestó que, de lo anterior podemos concluir que, no existe vicio legal que
permita establecer que las disposiciones contenidas en los artículos 147 y 148 del
Acuerdo núm. 030 de 2008 atentan contra el precepto constitucional de artículo 150,
teniendo en cuenta que, fue el mismo Concejo Distrital quien en atención al inciso
primero del Articulo 338 y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002 (referido por el actor
como violado) quien en ejercicio de su poder impositivo determina desde un
Acuerdo Distrital las tarifas que la autoridad administrativa debe cobrar por los
servicios que presta en la actividad propia de sus competencias, determinación de
valores que realizo el concejo con el debido soporte económico y técnico y con el
estudio juicioso de la relación costo - beneficio.

57.La parte demandada señaló lo siguiente:

“[…] En primer lugar vale la pena señalar que el Artículo 148, no tiene vigencia en
la actualidad en la medida en que fue modificado por el Artículo 18 del Acuerdo 015
de 2009, en consecuencia las tarifas por concepto de los servicios prestados por la
autoridad de tránsito son las relacionadas en el referido Acuerdo del 2009 y no como
lo afirma el actor que son las contenidas en el Articulo 148 enjuiciado Lo anterior
constituye una razón para que el Ad Quem revoque el fallo de primer grado, y en su

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lugar, deniegue las súplicas de la acción que nos ocupa, lo cual tiene que ver con la
vigencia del artículo 148, en la medida en que es una disposición que fue derogada
en los términos del Acuerdo 15 de 2009 mediante el cual en un acertado esfuerzo
que viene adelantando la Administración Distrital por hacer de su modelo tributario
ajustado a Derecho y en coordinación con LA AUTORIDAD DE TRANSITO, se
realiza un ajuste a dichas tasas lo cual materializó el H. Concejo Distrital a través de
la expedición del mencionado Acuerdo 015 de 2009.

Para la Jurisprudencia los fallos inhibitorios en los cuales las corporaciones
judiciales invocan como causal de esta clase de decisiones la derogatoria de la
disposición acusada es procedente en la medida en que la norma a pesar de haber
sido objeto de derogación no esté produciendo efectos jurídicos sobre casos
concretos a la fecha del fallo, por lo tanto encontramos ajustado a Derecho nuestra
solicitud de denegar las súplicas de la presente acción Honorables Consejeros de
Estado en la medida en que, el sentido del fallo a la presente acción debe ser
inhibitorio respecto del Articulo 148 por sustracción de materia, dado que, en la
actualidad las normas reguladoras de las tasas por los servicios prestados por la
autoridad de tránsito en el Distrito de Barranquilla están contenidas para nuestro
Distrito en el Acuerdo 15 de 2009, el cual derogó las disposiciones contenidas en el
Acuerdo 030 de 2008 […]”.

Actuación en segunda instancia

58. El Despacho, mediante auto de 4 de diciembre de 2017, admitió los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y por la parte demandada contra la
sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

59.Este Despacho, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia,
mediante auto de 18 de octubre de 2018, corrió traslado a las partes por el término de
diez (10) días para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto.

Parte demandante

60.La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Parte demandada

61. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

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Concepto del Ministerio Público

62.El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

63. La Sala procederá al estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
jurisprudencial de las tasas; v) el marco normativo de las atribuciones ejercidas por los
Concejos de fijar tasas; vi) desarrollo jurisprudencial de la causal de nulidad de falsa
motivación; y vii) el análisis del caso en concreto.

Competencia

64. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo11, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30812 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

65. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad sin que se
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la
parte demandada.

66.La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante y por la parte demandada en los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015 por la Sala
Itinerante de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, de

11
Cfr. “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
12
Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
13
Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos acusados

67. Los actos acusados son los siguientes14:

67.1.Numeral 34 del artículo 148 del Acuerdo núm. 030 de 2008, expedido por el
Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , que dispuso lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 148. CONCEPTOS Y TARIFAS. Los siguientes son los conceptos
y las tarifas por derechos de tránsito en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla […]”.

[…]

“[…] 34. Derechos de Tránsito […]”.

67.2.Parágrafo Segundo del artículo 148 del Acuerdo núm. 030 de 2008, expedido por
el Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , que dispuso lo
siguiente:

“[…] PARAGRAFO SEGUNDO. La tasa por derechos de tránsito del ítem 34, tiene
la siguiente estructura.

a. HECHO GENERADOR. El servicio que presta la autoridad de tránsito del
municipio por la administración de la carpeta del vehículo, los servicios y medidas
de seguridad vial que implanta.

b. SUJETOS PASIVOS. Propietarios o poseedores de vehículos automotores
matriculados en el registro automotor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

c.TARIFA. La señalada en el ítem 34.

d. CAUSACIÓN. Esta obligación se genera el primero de enero de cada año. En el
caso de los vehículos automotores nuevos, los derechos se causan en la fecha de
solicitud de la inscripción de la licencia de tránsito o matricula, y se liquidarán en
proporción al número de meses que reste del respectivo año gravable, sin que se
genere sanción por la fecha de la matricula. La fracción de mes se tomará como un
mes completo. En el caso de los propietarios de vehículos que trasladen o radiquen
sus cuentas, pagarán los derechos de tránsito a partir del siguiente mes de realizar

14 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin

perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

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la radicación de cuenta, salvo que la fecha de radicación sea en el mes de diciembre,
liquidándose el derecho de ese mes sin consideración al día de radicación y por el
mes completo.

e. EXENCIÓN: Los propietarios de vehículos particulares y/o motocicletas que
trasladen por primera vez su cuenta al Distrito de Barranquilla gozarán de un
descuento del 100% del derecho de tránsito correspondiente al año o fracción
contado a partir de la radicación de su cuenta ante la autoridad de tránsito y
transporte del Distrito.

f. PLAZO DE PAGO. Se cancela anualmente en las fechas que determine la
autoridad de movilidad.

g. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. La autoridad de Tránsito y Transporte
Distrital podrá otorgar un descuento del 5% en los derechos de tránsito, en los
términos que lo defina dicha autoridad. En el evento de no establecer la forma para
aplicar el descuento, éste se hará a quien cancele dentro del primer plazo fijado por
la autoridad de tránsito y transporte.

El pago de esta tasa fuera de los plazos concedidos por la autoridad, da lugar a
liquidar intereses de mora y para su cobro se deben aplicar las normas del
procedimiento tributario nacional […]”.

67.3.Los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Decreto núm. 0180
de 4 de mayo de 201015 que prevén lo siguiente, respectivamente:

“[…] ARTÍCULO 171. Hecho generador. En la tasa por derechos de tránsito lo
constituirá, el servicio que presta la autoridad de tránsito del municipio por la
administración de la carpeta del vehículo, los servicios y medidas de seguridad vial
que implanta.

ARTÍCULO 172. Sujetos pasivos. En la tasa por derechos de tránsito lo constituirán
los Propietarios o poseedores de vehículos automotores matriculados en el registro
automotor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

ARTÍCULO 173. Tarifa. Las tarifas establecidas para la tasa por concepto de los
derechos de transito serán las señaladas en el ítem 52 del Artículo 170 del presente
Decreto.

ARTÍCULO 174. Causación. La tasa de derechos de transito se genera el primero
de enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, los
derechos se causan en la fecha de matrícula, y se liquidarán en proporción a número
de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción de mes se tomará como
un mes completo

ARTÍCULO 175. Exención. Los vehículos matriculados en la Secretaria de
Movilidad, estarán exentos de pago de los Derechos de Transito por los 12 meses
siguientes a la fecha de la matricula; cumplido este término se liquidaran los
Derechos de Transito proporcionalmente al tiempo que faltare para el corte a 31 de
Diciembre del respectivo año, esto es, el año en que se cumple el término de
exención. Los vehículos que al entrar en vigencia el Estatuto Tributario, trasladen y
radiquen por primera vez su cuenta en la Secretaria de Movilidad, o quien haga sus
veces, estarán exentos del pago de los Derechos de Tránsito por el año siguiente

15 “POR EL CUAL SE COMPILA, ACTUALIZA Y RENUMERA LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA”.

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contado a partir del momento en que haya sido declarado a paz y salvo por el
organismo de transito anterior. Esta exención no contempla aquellos vehículos que
habiendo realizado el trámite de traslado de cuenta en vigencias anteriores a 2010
no han legalizado la radicación de la cuenta.

ARTÍCULO 176. Plazo de pago. La tasa por derechos de transito se cancela
anualmente en las fechas y plazos que determine la autoridad de movilidad.

ARTÍCULO 177. Descuento por pronto pago. En la tasa por derechos de transito la
autoridad de Tránsito y Transporte Distrital podrá otorgar un descuento del 10% en
los derechos de tránsito, en los términos que lo defina dicha autoridad. El pago de
esta tasa fuera de los plazos concedidos por la autoridad da lugar a liquidar intereses
de mora y para su cobro se deben aplicar las normas del procedimiento tributario
nacional.

ARTÍCULO 178. Procedimiento de liquidación y discusión de la tasa. Para la
determinación de los derechos de tránsito la Administración Distrital a través del
funcionario competente para el efecto, proferirá la correspondiente liquidación
factura la cual se notificará utilizando el procedimiento previsto en el Estatuto
Tributario Distrital.

Para la determinación, discusión y cobro de los derechos de tránsito se aplicará el
procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Distrital […]”.

Problema jurídico

68. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de apelación,
interpuesto por la parte demandada, determinar: por un lado, si es procedente o no
declarar la nulidad de los actos acusados, y, en ese orden establecer, si en dichos actos
administrativos se adoleció de falta de motivación.

68.1.Por el otro, se deberá determinar con fundamento en los argumentos del recurso
de apelación interpuestos por la parte demandante, si en la sentencia proferida por el
Tribunal se hizo o no mención frente a la presunta tasa específica de la cual se solicitó
la nulidad, la cual está prevista en el numeral 34 del artículo 148 del acuerdo núm. 030
de 2008.

69. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo y jurisprudencial de las tasas

70. El numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991 establece que
corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de las cuales ejerce la función

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de establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, parafiscales en los
términos de la ley.

71.De igual manera, el artículo 338 de la Carta política prevé lo siguiente:

“[…] En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y
los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos
y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La Ley,
las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de
los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la
forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo […]”.

72.Ahora bien, la Corte Constitucional respecto al contenido y alcance de las tasas
ha considerado lo siguiente16:

“[…] Por su parte, en la reciente sentencia C-402 de 2010, se definió tasas como
“aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella
(origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación
total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de
una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización
de bienes de dominio público. Por su propia naturaleza esta erogación económica
se impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un
gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan sólo se

16 Corte Constitucional, sentencia C-621 de 10 de septiembre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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origina a partir de su solicitud17”. Esta definición ha permitido que la jurisprudencia18
de esta Corte concluya que se está ante una "tasa" siempre que un gravamen
cumpla con las siguientes características:

i) En virtud de disposición de rango legal, el Estado cobra un precio por un
bien o servicio ofrecido;
ii) El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con
los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido;
iii) El precio pagado guarda relación con la recuperación total o parcial de
los costos que le representan al Estado, directa o indirectamente prestar
una actividad o servicio público o producir un bien;
iv) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a
actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se
torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las
tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación
directa y referida de manera inmediata al obligado;
v) El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para
amortización y crecimiento de la inversión;
vi) Ocasionalmente, caben criterios distributivos (Ejemplo: Tarifas
diferenciales)19 […]”.

17 Con anterioridad, en sentencia C-465 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), esta Corporación se refirió a

las tasas de la siguiente manera: “Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el
Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público
correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación
de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad
administrativa que lo presta. // Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por
un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la prestación de un servicio público
específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio público que se presta. // La tasa es una
retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior, exigido
de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él. // Bien importante es anotar que las
consideraciones de orden político, económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios públicos,
iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de producción o distribución. Por tanto, el criterio para fijar
las tarifas ha de ser ágil, dinámico y con sentido de oportunidad. El criterio es eminentemente administrativo”.
Por otra parte, en cuanto a la cobertura de la recuperación de costos, en sentencia C-1371 de 2000 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), luego de reiterar el fallo anteriormente citado, se señaló: “De lo visto, se puede colegir que
con la tasa normalmente se retribuye el costo de un servicio público prestado; sin embargo, el alcance de éste
gravamen no se agota en dicho ámbito, sino que también puede comprender la recuperación del costo de un
bien utilizado, como ocurre con las tasas ambientales por la utilización del ambiente (bien de uso público) cuya
conservación está a cargo del Estado. Es más, con la tasa no sólo se paga un servicio específico otorgado,
sino también se retribuye la realización de una determinada prestación por el Estado. En este sentido, la Corte
comparte lo señalado por el actor así como el Procurador General de la Nación, en cuanto a la clasificación del
concurso económico’ establecido en la norma acusada, como una tasa contributiva”.
18 Entre otras, sentencias C-040 de 1993, C-1179 de 2001 y la propia C-402 de 2010.
19 Una de las formas en que se ha definido este concepto por la jurisprudencia constitucional se encuentra en

la sentencia C-927 de 2006, en la que se manifestó: “En este orden de ideas, se consideran tasas aquellos
gravámenes que cumplan las siguientes características: (i) La prestación económica necesariamente tiene que
originarse en una imposición legal; (ii) La misma nace como recuperación total o parcial de los costos que le
representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o servicio público19; (iii) La
retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio
ofrecido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: “La ley [puede] permitir que las autoridades
fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios
que les presten”; (iv) Los valores que se establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva
de la utilización de dicho bien o servicio; (v) Aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso
a actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud
del contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y
referida de manera inmediata al obligado (C-1171 de 2005); (vi) El pago, por regla general, es proporcional,
pero en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas diferenciales”.

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Marco normativo de las atribuciones ejercidas por los Concejos de fijar tasas

73.El numeral 4° del artículo 313 de la Constitución Política de 1991 prevé lo
siguiente:

“[…] Corresponde a los concejos: […]”.

[…]

“[…] 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales […]”.

74. De igual manera, el numeral 2° del artículo 7 de la Ley 134 de 2 de junio de
199620 prevé lo siguiente:

“[…] Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son
atribuciones de los concejos las siguientes […]”.

[…]

“[…] 7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conformidad con la ley […]”.

75.En ese orden de ideas, los Concejos dentro del marco de sus funciones legales
y constitucionales pueden fijar, modificar o eliminar tasas.

Desarrollo jurisprudencial de la causal de nulidad de falsa motivación

76. Esta Sección ha señalado sobre los supuestos para la configuración de la causal
de nulidad de falsa motivación y la forma como se debe acreditar, lo siguiente:

“[…] tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho
o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error
o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos
que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión.

144. En ese sentido, esta Sección ha determinado que la validez del acto
administrativo depende, entre otros elementos, de que los motivos por los cuales se
expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la
decisión que mediante el mismo se haya tomado, valga decir, que corresponda a
los supuestos de hecho y de derecho jurídicamente necesarios para la toma de la
decisión de que se trate, y que se den en condiciones tales que conduzcan a adoptar
una y no otra determinación, por lo que se trata de un requisito material, en cuanto

20 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

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depende de la correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo como
motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o fáctica del caso21.

145. La motivación constituye, entonces, uno de los elementos esenciales o
fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que cuando se
pretermite, o cuando se demuestra que las razones que sustentan la decisión no
son reales, no existen o están distorsionadas se presenta un vicio que lo invalida.

146. Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el
acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de falsa
motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan su
expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad […]”.22

Acervo probatorio

77. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes:

77.1. El Acuerdo núm. 030 de 30 de diciembre de 2008, expedido por el Concejo
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

77.2. El Decreto núm. 0180 de 4 de mayo de 2010 expedido por el Alcalde del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

78. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 156423, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso en concreto

79. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales indicados
supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente,
en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio de

2019. Radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
22 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

noviembre de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 85001-23-31-000-2009-
00115-01 […]”.
23 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

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Reparos planteados por la parte demandada en su recurso de apelación

80.La parte demandada en su alzada argumentó, en síntesis, que en la sentencia
proferida por el Tribunal hace especial énfasis en la supuesta ausencia del estudio
económico como requisito previo para imponer el tributo, realmente ésta es una
manifestación superficial de la parte demandante en la demanda, la cual “[…] no sustenta
ni profundiza y que el Tribunal ha ampliado en su fallo, lo cual excede el principio de
congruencia y de justicia rogada que caracteriza a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues el despacho de primera instancia se ha arrogado facultades que no
tiene al momento de analizar los cargos de la demanda en desmedro de los intereses
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla […]”.

81.Expresó que, si bien el cargo adujo una presunta falta de motivación, el Tribunal
no cumplió su papel de operador del Derecho sino que la sentencia es un ejercicio
de perfeccionamiento del cargo planteado por la parte demandante.

82.En ese orden de ideas, la parte demandada expresó lo siguiente:

“[…] El actor en su libelo introductorio toca este punto tangencialmente de la
siguiente forma

De la simple lectura del Acuerdo atacado, se concluye que no existía motivación
legal alguna para la creación del acto censurado, como quiera que en sus
disposiciones nada se dijo con respecto a los elementos estructurales de la
obligación tributaria, pues, nunca se mencionó o especificó en torno a la autorización
legal que crea el impuesto, además, si bien se define el hecho generador, los sujetos
pasivos y la base gravable, la decisión del Concejo Distrital no desarrolla en modo
alguno el principio de igualdad frente a las cargas públicas, puesto que no goza de
una precisión tal que acompase la unidad económica nacional con la autonomía
fiscal territorial en un sistema tributario que debe fundarse en los principios de
equidad, eficiencia y progresividad, así como tampoco se señaló, ni se motivó en el
acuerdo cuestionado, si se realizó o no, el previo estudio económico sobre los costos
del servicio como lo señala el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, el cual aceptando
en gracia de discusión que se haya tenido en cuenta, se le dio un alcance diferente
al texto de esta norma, pues de su simple lectura no se desprende la posibilidad de
crear impuestos por vía de Acuerdos Distritales, en concordancia con el numeral 7
del artículo 32 de la Ley 36 (sic) de 1994, armonizado con el artículo 6 de la Ley 768
de 2002 (negrillas y subrayas impropias)

Como se puede observar, en toda la demanda la parte antes resaltada es la única
alusión ligera por demás que el demandante hace del estudio económico que utiliza
el Tribunal del Atlántico como estandarte de su declaratoria de nulidad y fíjese cómo
el actor simplemente dice que no se señaló ni se motivó en el acuerdo cuestionado
el estudio económico, pero en momento alguno dice el demandante que no se
realizó el mencionado estudio.

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El Tribunal dice en su sentencia que ... no reposa prueba en el plenario que permita
acreditar que por parte de la entidad territorial se efectuó dicho estudio, no siendo
posible analizar los indicadores que señala la norma para determinar la eficiencia,
eficacia y economía de las tarifas adoptadas en dicho acuerdo...", es decir, el A Quo
pretende analizar a partir de la presencia del estudio en el expediente, los
indicadores de eficiencia, eficacia y economía de las tarifas del acuerdo cuando eso
no se planteó JAMÁS por el demandante en su libelo, lo cual excede
desmesuradamente el cargo planteado por parte del despacho de primer grado.

El estudio económico no se aportó porque el actor no lo objetó en su demanda ni
pidió que se aportara al informativo como prueba en el sentido que se allegara por
la demandada, así como tampoco solicitó que se oficiara al Concejo de Barranquilla
para que lo enviara, sino que simplemente se refirió a éste, en el sentido que no se
había señalado ni se había motivado en el Acuerdo cuestionado la realización o no
de dicho estudio económico, pero en momento alguno afirma el demandante
categóricamente que no se haya efectuado el mencionado estudio.

Es decir, por el contrario, la carga de la prueba en ese caso sería del demandante,
pues si el hubiese afirmado en su demanda que no se hizo estudio, entonces, habría
que demostrarle que no era cierta su afirmación, pero como lo único que dijo fue que
no se había motivado ni señalado en el acuerdo cuestionado, la realización del
estudio económico, lo cual no da a entender que se esté negando la existencia del
estudio previo económico, sino la falta de mención del mismo en el acuerdo
señalado […]”.

83.La parte demandada señaló que, si el Tribunal tenía dudas sobre la existencia o
no del mencionado estudio económico, conforme a sus atribuciones legales, podía
decretar como prueba de oficio en la etapa probatoria o mediante un auto para mejor
proveer, solicitar a la entidad demandada o al Concejo de Barranquilla el envío de
dicho estudio y no considerar que su ausencia en el expediente significa su
inexistencia.

84.Adujo que, como se puede evidenciar, el juez administrativo no puede ampliar
las pretensiones y argumentos de la parte demandante, toda vez que, debe
circunscribirse al “[…] marco ofensivo de la demanda y en sus ataques […]”, la parte
demandante nunca habló de que no existiera estudio económico, sino que
simplemente dijo que dicho estudio no se mencionó en el acto acusado, “[…] sin
que esto signifique que dicho estudio no existe y sin tener en cuenta que esa prueba
no fue pedida por el accionante en su libelo genitor ni fue decretada como medio de
convicción oficioso por parte del Tribunal del Atlántico […]”.

85.Manifestó que, de lo anterior podemos concluir que, no existe vicio legal que
permita establecer que las disposiciones contenidas en los artículos 147 y 148 del
Acuerdo núm. 030 de 2008 atentan contra el precepto constitucional de artículo 150,

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teniendo en cuenta que, fue el mismo Concejo Distrital quien en atención al inciso
primero del Articulo 338 y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002 (referido por el actor
como violado) quien en ejercicio de su poder impositivo determina desde un
Acuerdo Distrital las tarifas que la autoridad administrativa debe cobrar por los
servicios que presta en la actividad propia de sus competencias, determinación de
valores que realizo el concejo con el debido soporte económico y técnico y con el
estudio juicioso de la relación costo - beneficio.

86.La parte demandada señaló lo siguiente:

“[…] En primer lugar vale la pena señalar que el Artículo 148, no tiene vigencia en
la actualidad en la medida en que fue modificado por el Artículo 18 del Acuerdo 015
de 2009, en consecuencia las tarifas por concepto de los servicios prestados por la
autoridad de tránsito son las relacionadas en el referido Acuerdo del 2009 y no como
lo afirma el actor que son las contenidas en el Articulo 148 enjuiciado Lo anterior
constituye una razón para que el Ad Quem revoque el fallo de primer grado, y en su
lugar, deniegue las súplicas de la acción que nos ocupa, lo cual tiene que ver con la
vigencia del artículo 148, en la medida en que es una disposición que fue derogada
en los términos del Acuerdo 15 de 2009 mediante el cual en un acertado esfuerzo
que viene adelantando la Administración Distrital por hacer de su modelo tributario
ajustado a Derecho y en coordinación con LA AUTORIDAD DE TRANSITO, se
realiza un ajuste a dichas tasas lo cual materializó el H. Concejo Distrital a través de
la expedición del mencionado Acuerdo 015 de 2009.

Para la Jurisprudencia los fallos inhibitorios en los cuales las corporaciones
judiciales invocan como causal de esta clase de decisiones la derogatoria de la
disposición acusada es procedente en la medida en que la norma a pesar de haber
sido objeto de derogación no esté produciendo efectos jurídicos sobre casos
concretos a la fecha del fallo, por lo tanto encontramos ajustado a Derecho nuestra
solicitud de denegar las súplicas de la presente acción Honorables Consejeros de
Estado en la medida en que, el sentido del fallo a la presente acción debe ser
inhibitorio respecto del Articulo 148 por sustracción de materia, dado que, en la
actualidad las normas reguladoras de las tasas por los servicios prestados por la
autoridad de tránsito en el Distrito de Barranquilla están contenidas para nuestro
Distrito en el Acuerdo 15 de 2009, el cual derogó las disposiciones contenidas en el
Acuerdo 030 de 2008 […]”.

87.Ahora bien, el Tribunal al resolver el caso concreto consideró que, el Concejo Distrital
de Barranquilla, tiene competencia funcional para la fijación de las tarifas por concepto
de derechos de tránsito en jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, también lo es que, la imposición de dicha tasa conforme lo manifiesta la
parte demandante, lo admite el ente territorial y se demostró con los planteamientos
esbozados, “[…] debe establecerse observando para ello de manera estricta lo que sobre
el particular considere el Legislador en consideración al principio de reserva de Ley
tributaria so pena de que exista por parte de la administración un desconocimiento del
ordenamiento jurídico dando lugar a la configuración de una causal de nulidad […]”.

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88.La norma legal que facultó a los Concejos para la fijación de las tarifas por los
derechos de tránsito previsto en el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, es clara cuando
dispone que las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los costos del
servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, sin embargo, en el caso sub
examine, no existe prueba en el plenario que permita acreditar que por parte de la
entidad territorial se efectúo dicho estudio, “[…] no siendo posible analizar los
indicadores que señala la norma para determinar la eficiencia, eficacia y economía de
las tarifas adoptadas en dicho acuerdo, lo cual ha de tenerse como una negación
indefinida toda vez que por ser el ente territorial el titular de la función reguladora de los
impuestos ha de reposar en su poder los estudios señalados en la Ley, los cuales son
necesarios para la fijación de los derechos de tránsito dentro de su jurisdicción,
circunstancia frente a la cual el ente territorial demandado adujo en su defensa que la
determinación de costos a la que se llegó por parte del órgano coadministrador del ente
territorial se efectuó una vez analizado un antecedente técnico y económico, por lo que
no quiere decir que se fijaron dichas tasas en una actitud deliberada, imperativa y odiosa
[…]”.

89.En ese orden de ideas, concluyó señalando lo siguiente:

“[…] Nótese, que la exigencia de estar basadas las tarifas en un estudio económico
sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, no
es un mero capricho del Legislador, sino que por el contrario se constituye en una
medida que garantiza la fijación de unas tarifas conforme los lineamientos que
arrojen los estudios previos de que trata la Ley, no permitiéndose de esta manera
que por el mero capricho de una autoridad administrativa se fijen gravámenes que
afectan a quienes utilizan el servicio público de transporte, cuestión que
transgrediría el principio de equidad en el soporte de gravámenes.

Con todo, si bien la Constitución Política de 1991, consagró autonomía a favor de
las entidades territoriales, puede decirse que esta no es absoluta, sino que por el
contrario se encuentra sujeta al orden jurídico interno e inclusive en algunos eventos
al externo, circunstancia que sujeta la fijación de las tarifas por concepto de
derechos de tránsito a los indicadores de eficiencia, eficacia y economía, lo cual no
tiene otra finalidad sino la de garantizar que el recaudo tributario sea de una u otra
forma equitativo en la relación costo-beneficio con los bienes que se retribuyen al
contribuyente […]”.

90.Para abordar el análisis de este cargo, en primer lugar, la Sala precisa que la
motivación de los actos administrativos es un elemento necesario para su validez.
En ese sentido, todo acto deberá expresar o consignar las razones de hecho y de
derecho que sustentan su expedición.

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91.Tal exigencia encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del CCA, el cual
expresamente dispone:

“[…] Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión
que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente
como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado
o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes
aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte
durante la vía gubernativa, si la hay […]”.

92.En esa línea, a juicio de la Sala, motivar los actos administrativos es una carga que
el orden jurídico prevé para que la administración de cuenta de las razones de hecho y
de derecho que determinan el sentido y alcance de su actuar, así como la relación lógica
y causal entre lo resuelto y las razones de ello; erigiéndose entonces no sólo como un
deber, sino como un límite al poder discrecional de la administración.

93.En consonancia con tal postura, en pronunciamiento del 20 de noviembre de
2020, esta Sección reiteró el criterio atinente a la motivación de los actos
administrativos como presupuestos de su validez. En esa oportunidad se sostuvo:

“la validez del acto administrativo depende, entre otros elementos, de que los
motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito
suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado,
valga decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de derecho
jurídicamente necesarios para la toma de la decisión de que se trate, y que se
den en condiciones tales que conduzcan a adoptar una y no otra determinación, por
lo que se trata de un requisito material, en cuanto depende de la correspondencia
de lo que se aduzca en el acto administrativo como motivo causa del mismo,
con la realidad jurídica y/o fáctica del caso.
(…)
La motivación constituye, entonces, uno de los elementos esenciales o
fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal punto que cuando se
pretermite, o cuando se demuestra que las razones que sustentan la decisión
no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo
invalida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el acto
administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de falsa
motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la
inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan su
expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad.24(Negrillas de la Sala) […]”.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre

de 2020, expediente nro. 25000 23 24 000 2004 00310 01. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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94.Ahora bien, para la Sala, los reparos de la parte demandada no están llamados a
prosperar, toda vez que el Tribunal justificó su decisión con fundamento en el artículo
168 de la Ley 769 de 2002 que prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 168. TARIFAS QUE FIJARÁN LOS CONCEJOS. Los ingresos por
concepto de derechos de tránsito solamente podrán cobrarse de acuerdo con las tarifas que
fijen los Concejos. Las tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los costos
del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía […]”.

95.En ese orden de ideas, la regla jurídica es clara en establecer que los ingresos por
concepto de derechos de tránsito se cobrarán únicamente de acuerdo con las tarifas que
fijen los Concejos, y que dichas tarifas “[…] estarán basadas en un estudio económico
sobre los costos del servicio, con indicadores de eficiencia, eficacia y economía […]”, lo
cual no aconteció en el caso sub examine.

96.Para la Sala la expedición de los actos acusados adolecieron de la debida motivación,
por lo que se comparte la tesis del Tribunal al sostener que, no existe prueba en el
expediente que permita acreditar que por parte de la entidad territorial se llevó a cabo
dicho estudio, “[…] no siendo posible analizar los indicadores que señala la norma para
determinar la eficiencia, eficacia y economía de las tarifas adoptadas en dicho acuerdo,
lo cual ha de tenerse como una negación indefinida toda vez que por ser el ente territorial
el titular de la función reguladora de los impuestos ha de reposar en su poder los estudios
señalados en la Ley, los cuales son necesarios para la fijación de los derechos de tránsito
dentro de su jurisdicción, circunstancia frente a la cual el ente territorial demandado adujo
en su defensa que la determinación de costos a la que se llegó por parte del órgano
coadministrador del ente territorial se efectuó una vez analizado un antecedente técnico
y económico, por lo que no quiere decir que se fijaron dichas tasas en una actitud
deliberada, imperativa y odiosa […]”.

Reparos planteados por la parte demandante en su recurso de apelación

97. La parte demandante en su alzada argumentó, en síntesis, que en la sentencia
proferida por el Tribunal no se hizo mención frente a la presunta tasa específica de la
cual se solicitó la nulidad, la cual está incluida en el numeral 34 del artículo 148 del
acuerdo núm. 030 de 2008, “[…] que muy hábilmente también denominaron DERECHOS
DE TRANSITO y que tiene como HECHO GENERADOR. El servicio que presta la

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Núm. único de radicación: 08001233100020120044102
Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez

autoridad de tránsito del municipio por la administración de la carpeta del vehículo, los
servicios y medidas de seguridad vial que implanta […]”.

98.Ahora bien, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, el
Tribunal si abordó todos los tópicos de la controversia jurídica, teniendo en cuenta que
con fundamento en la normatividad y jurisprudencia pertinente argumentó que en el caso
sub examine, se trataban de verdaderas tasas y no impuestos, por lo que el Concejo
Distrital de Barranquilla si tenía las facultades legales y constitucionales para crearas,
como se indicó supra.

99.Sin embargo, como se señaló en las consideraciones jurídicas expuestas en la parte
motiva de esta providencia, los actos acusados son nulos porque adolecieron de falta de
motivación, en ese orden de ideas, el cargo no está llamado a prosperar.

Conclusión de la Sala

100. Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará en su integridad la sentencia
de 27 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Condena en costas

101.Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no condenará
en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 08001233100020120044102
Demandante: Enrique Rafael Vega Sánchez

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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