Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-90363-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2012-90363-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2012-90363-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 08001 23 31 000 2012 90363 02
Demandante: Dixa Sport Ltda.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: No son nulos por vulneración de normas superiores los actos administrativos
que ordenaron el decomiso de la mercancía, si el levante otorgado no cumplió con
el requisito de pago de rescate.
No es cierto que la orden de decomiso de la mercancía se hubiese fundado en que
en la declaración de importación se haya omitido la descripción del tipo de usuario.
No son nulos por vulneración de la buena fe del demandante, los actos
administrativos que ordenaron el decomiso de la mercancía, si el importador no
cumplió con las exigencias normativas para legalizarla.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 21 de octubre de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
1. La sociedad Dixa Sport Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y
Número de radicación: 08001 23 31 000 2012 90363 02
Demandante: Dixa Sport Ltda.
Aduanas Nacionales – DIAN (En adelante parte demandada o DIAN), solicitando lo
siguiente a título de pretensiones:
«DECLARACIONES Y CONDENAS
PRIMERA. Se declare la NULIDAD de las Resoluciones 1493 septiembre 5 del
año 2011 (sic) por medio de la cual decomisaron a favor de la Nación la
mercancía descrita en el Acta de Aprehensión y documento de Ingreso antes
enumerados (Acta N° 87-00-457 POLFA, documento de ingreso N°
39021101325 del 21 de julio de 2011); Resolución N° 002106 Diciembre 5 del
año 2011 (sic), por medio de la cual resuelve el Recurso de Reconsideración
interpuesto contra la Resolución N° 1493 del 5 de septiembre de 2011;
Resolución N° 001945 de noviembre 1 del año 2011, por medio de la cual se
cancela una autorización de levante, Resolución 162 del 03/02/2012, por medio
de la cual se resuelve un Recurso de Reposición, interpuesto contra la
Resolución N° 001945 noviembre 11 del año 2011 (sic).
SEGUNDO. Que como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos
demandados y a título de Restablecimiento del Derecho se declare a favor de
mi Poderdante Dixa Sport Ltda. con NIT. 830.146.619-7, por intermedio de su
representante legal señor RITO ANTONIO GALLO ARIAS, c.c. N° 4.238.352,
consistente en la entrega de la mercancía aprehendida con Acta N° 87-00-457
POLFA del 21 de junio de 2011.
TERCERA. Que a manera de reparación del daño, y a título de lucro cesante
se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla a pagarle a la SOCEDAD
DIXA SPORT LTDA, con NIT. 830.146.619-7, por intermedio de su
representante legal señor RITO ANTONIO GALLO ARIAS con cédula de
ciudadanía N° 4.238.352, los intereses legales del valor de la mercancía en el
momento de aprehensión que era de $229.929.448, más el valor de los Tributos
Aduaneros pagados por valor de $33.173.000.00 desde su aprehensión el 21
de junio de 2011, hasta el cubrimiento de la cancelación definitiva ordenada
mediante sentencia ejecutoriada.
CUARTO. Que a manera de reparación del daño, y a título de daño moral, se
condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla a pagarle a la SOCIEDAD
DIXA SPORT LTDA, con NIT. 830.146.619-7 por intermedio de representante
legal señor RITO ANTONIO GALLO ARIAS, c.c. N° 4.238.352, la suma
correspondiente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes en
el momento en que se profiera la sentencia definitiva.
QUINTO. Que a manera de reparación del daño, y a título de daño a la vida de
relación se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – Dirección Seccional de Barranquilla a pagarle a la SOCIEDAD
DIXA SPORT LTDA, NIT. 830.146.619-7, por intermedio de su Representante
Legal señor RITO ANTONIO GALLO ARIAS, c.c. N° 4.238.352, la suma
correspondiente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes
en el momento en que se profiera la sentencia definitiva.
SEXTO: Que se condene a la parte demandada a pagarle a la parte
demandante las costas del proceso, incluidas las Agencias en derecho.
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Número de radicación: 08001 23 31 000 2012 90363 02
Demandante: Dixa Sport Ltda.
Mi representado pretende la entrega de la mercancía decomisada avaluada en
$229.929.448.oo y el pago de una indemnización por lucro cesante, intereses
legales, reparación moral y a la vida de relación.
La mercancía está avaluada en $229.929.448.oo, Impuestos pagados por valor
de $33.173.000.oo más sus intereses, los perjuicios materiales y morales en 50
salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que se estima (sic).
SÉPTIMO: Que se de cumplimiento a la sentencia que se profiera dentro de los
parámetros y términos señalados a los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.»1.
1.2. Los actos demandados
2. La parte resolutiva de la Resolución No. 1493 del 5 de septiembre de 2011 es la
siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO. – DECOMISAR a favor de la Nación – Unidad
Administrativa Especial – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, la mercancía aprehendida a nombre de la sociedad DIXA
SPORT LTDA, identificada con NIT 830146.619 como Importador de la
mercancía descrita en el acta No. 87-00457 POLFA del 21/06/2011, de la
División de Gestión de Control Operativo de la Dirección Seccional de Aduanas
de Barranquilla, al encontrarse inmersa en la causal establecida en el numeral
1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; que se encuentra relacionada en
el Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancía Aprehendidas
DIIAM N° 39021101325 del 21/06/2011 con números de preimpreso de Control
de Papelería N° 0342166 consistente en:
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO AVALÚO
1 CALZADO DEPORTIVO 800 45.748 36.598.400
HOMBRE PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTÉTICO Y TEXTIL
SUELA DE CAUCHO,
MARCHA DIXA, STYLE
NW 169 C2
2 CALZADO DEPORTIVO 847 45.748 38.748.556
HOMBRE PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTETICO SUELA DE
MD- EVA HECHO EN
CHINA, MARCA DIXA
STYLE NW 0391-C2
3 CALZADO DEPORTIVO 837 45.748 38.291.076
HOMBRE, PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTÉTICO SUELA MD-
EVA MARCA DIXA
1 Visible a folios 1 a 18 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Dixa Sport Ltda.
STYLE NW0391-C1
4 CALZADO DEPORTIVO 862 45.748 39.434.776
HOMBRE, PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTETICO Y TEXTIL,
SUELA DE CAUCHO,
MARCA DIXA STYL NW
1169-C3
5 CALZADO MEDIA BOTA, 864 45.748 39.526.272
HOMBRE, PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTETICO SUELA DE
CAUCHO, MARCA DIXA
STYLE NW 1410ª
6 CALZADO MEDIA BOTA, 816 45.748 37.330.368
HOMBRE, PARTE PARES
SUPERIOR MATERIAL
SINTETICO SUELA DE
CAUCHO MARCA DIXA
STYLE NW 1410-C
TOTAL 229.929.448
SE AVALUA LA MERCANCIA DE ACUERDO AL ARTICULO 505 DECRETO
2685/99, RESOLUCION 4240/2000, ART. 1 Y 6 RESOLUCION 2201/2005,
MERCANCIA SIMILAR O IDENTICA BASE DE PRECIOS ITEMS 98.960.
ARTÍCULO SEGUNDO. – Notificar al Representante Legal de la sociedad DIXA
SPORT identificada con NIT 830.146.619, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, en la dirección indicada en el
encabezado de esta Resolución.
ARTÍCULO TERCERO. – Informar al interesado que contra la presente
providencia procede el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, de conformidad
con el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, el cual podrá interponerse dentro
de los quince (15) días siguientes a su notificación, dirigido al Jefe de la División
de Gestión Jurídica de esta Dirección Seccional presentándolo ante el Grupo
Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa
y Financiera de esta Dirección Seccional, ubicada en la Avenida Hamburgo
Carrera 30, 1° Piso, Diagonal a la Zona Franca de esta Ciudad.
ARTÍCULO CUARTO. – Una vez en firme esta Resolución, se deberá enviar
copia de este Acto Administrativo que decide de fondo a las siguientes
dependencias:
▪ Al Depósito ALMAGRARIO S.A.S.
▪ Al Grupo Interno de Trabajo de Comercialización, de la División de Gestión
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla, para lo de su competencia.
▪ A la unidad penal de la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla.
▪ A la División Control Cambiario de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá.
▪ Al GIT de Importaciones de la División de Gestión de Operación Aduanera
de esta Dirección Seccional para efectos de cancelación del levante de la
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Demandante: Dixa Sport Ltda.
Declaración de Importación tipo legalización.
ARTÍCULO QUINTO. - Una vez en firme la presente resolución, archivar el
expediente PF 2011 2011 00856.»2.
3. La parte resolutiva de la Resolución Número 002106 del 5 de diciembre de 2011,
es la siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 1493 del
5 de septiembre del 2011, expedida por la División de Gestión de Fiscalización,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir al GIT de Importación de la División de Gestión
de Operación aduanera, copia del presente acto, para que proceda a cancelar
el levante Nro. 872011000100290 de junio 20 del 2011 correspondiente a la
declaración de importación tipo legalización Nro. 13303090121891 de junio 17
de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo
a RITO ANTONIO GALLO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.238.352, actuando en su condición de Representante Legal de la sociedad
DIXA SPORT LTDA, por Correo, de conformidad con lo señalado, en el artículo
567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 2° del Decreto 143 de
2006, indicándole que contra el presente acto no procede recurso alguno por
haberse agotado para todos sus efectos la vía gubernativa.
ARTÍCULO CUARTO: En firme esta decisión, envíense copias del presente
acto a la División de Gestión Administrativa y Financiera – Grupo Interno de
Trabajo de Comercialización y el expediente al GIT de documentación de la
División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla»3.
4. La parte resolutiva de la Resolución 001945 del 11 de noviembre de 2011, señala:
«RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Cancelar la autorización del levante No.
872011000100290 del 20/06/2011, correspondiente a la Declaración de
Importación de legalización con Sticker No. 13303090121891 de junio 17 de
2011, del importador DIXA SPORT LTDA, identificado con NIT. 830.078.039
declarante AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA NIVEL 1 con NIT.
860.078.039.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al importador DIXA
SPORT LTDA, identificado con NIT. 830.146.619, personalmente conforme con
lo establecido en el artículo 564 del Decreto 2685/99, advirtiéndole que contra
2 Visible a folios 90 a 98 del Cuaderno del Tribunal.
3 Visible a folios 273 a 274 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Dixa Sport Ltda.
el mismo proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación de
acuerdo con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo»4.
5. La Resolución No. 262 del 2 de febrero de 2012, decide en su parte resolutiva:
«ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la decisión
administrativa contenida en la Resolución No. 001945 del 11/11/2011, por
medio de la cual se canceló una autorización de levante, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar PERSONALMENTE el contenido del presente
acto al doctor RITO ANTONIO GALLO ARIAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.238.352 en su calidad de Representante legal de la sociedad
DIXA SPORT LTDA, o por EDICTO de conformidad con lo señalado en los
artículos 44 y 45 del C.C.A. señalándole que contra la presente decisión no
procede recurso alguno, quedando para todos los efectos legales agotada la vía
gubernativa.
ARTÍCULO TERCERO: En firme esta decisión, envíense copias del presente
acto a la División de Gestión de Jurídica y de los antecedentes administrativos
para que proceda a decidir el recurso de apelación interpuesto.»5
1.3. Supuestos fácticos
6. En el acápite de hechos señaló que la empresa Dixa Sport Ltda. compró calzado
deportivo en la República de China, con la firma Xiamen Zhongxnlong Impoort &
Ecport Co. Ltda, que expidió la factura de compra N° KR-1101 del 16 de abril de
2011. Agregó que este documento está ajustado al método de valor de transacción
del acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio (en adelante
OMC).
7. Expuso que la mercancía se envió mediante manifiesto de carga No.
1165750002276411 del 31 de mayo de 2011 y documento de transporte B/I No.
HLCUXM 1110404993-21/APR/2011, con puerto de llegada Barranquilla –
Colombia. Precisó que en el destino Bogotá D.C. – Zona Franca, la mercancía debía
ser nacionalizada como calzado deportivo.
8. Anotó que en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, un funcionario designado por
la DIAN decidió rechazar la continuación del tránsito aduanero en oficio
4 Visible a folios 99 a 100 del Cuaderno del Tribunal.
5 Visible a folios 115 a 120 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Dixa Sport Ltda.
1.87.245.453.572 del 2 de junio de 2011, por la causal de “promedio de precios del
mercado”, sin practicar pruebas técnicas de valoración aduanera.
9. Informó que al no haberse expedido la Declaración de Tránsito Aduanero, el
representante legal de la empresa demandante le otorgó mandato a la Agencia de
Aduanas Granandina Ltda. Nivel 1, para que se encargara de los trámites legales
de nacionalización de la mercancía.
10. La Agencia de Aduanas Granandina Ltda. Nivel 1 presentó a la Aduana de
Barranquilla el 14 de junio de 2011 la documentación pertinente, por ende obtuvo
levante No. 312011000096059 de la mercancía de calzado deportivo, sin contar en
ese momento con ningún tipo de observación por parte de la DIAN.
11. Expuso que una vez nacionalizada la mercancía y encontrándose en tránsito
con orden de viaje hacia Bogotá, el vehículo en el que estaba siendo transportada
fue interceptado por funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (en adelante
POLFA), quienes lo condujeron a las instalaciones de Almagrario en Barranquilla y
sometieron el contenedor a revisión física, procedimiento que se prolongó por seis
(6) días.
12. Indicó que conforme el acta de hechos No. 1-87-249-000-2142 del 21 de junio
de 2011, la mercancía contenía una irregularidad en la declaración de importación
inicial con autoadhesivo 07925280220215 del 14 de junio de 2011, pues en la parte
de descripción estaba señalado que se trataba de calzado para dama y en realidad
era calzado para hombre, expidiéndose el acta de aprehensión No. 87-00-457
POLFA del 21 de junio de 2011.
13. Alegó que en la subpartida arancelaria debe realizarse una descripción de la
mercancía, en cuanto al tipo de calzado, material de la suela, material de la parte
superior, para qué práctica deportiva está destinado y contextura (clavos, tacos,
sujetadores, tiras, etc.); sin que en ningún momento se exija especificar si se trata
de calzado para dama o para caballero. Por lo tanto, argumentó que la causal de
aprehensión alegada por los funcionarios de la DIAN no era de orden legal.
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Demandante: Dixa Sport Ltda.
14. Destacó que la factura estaba elaborada bajo los parámetros de la OMC de la
cual hace parte Colombia y está por lo tanto obligada a cumplir el acuerdo relativo
a la aplicación del artículo V11 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros.
15. Alegó que al haber anotado en la descripción de la declaración de importación
que el calzado deportivo era para dama siendo para caballero, no se afectó la
esencia o naturaleza de la mercancía declarada, ni su clasificación arancelaria,
régimen de importación aplicable, requisitos para su levante, ni se ocultó mercancía
diferente a la declarada.
16. Refirió que la Agencia de Aduanas Granandina Ltda. Nivel 1, el 17 de junio de
2011 presentó declaración de corrección y legalización con autoadhesivo
13303090121891 con levante aprobado No. 872001100010000290, acogiéndose al
artículo 13 del Decreto 1232 de 2001. Agregó que el Inspector de Comercio Exterior
de la DIAN seccional Barranquilla quien practicó la diligencia para corregir la omisión
en la declaración de importación, dejó como observación en el acta de inspección
No. 872011000011936 del 17 de junio de 2011, lo siguiente: «El declarante presenta
declaración de legalización por cuanto se presenta error en la descripción de la
mercancía referente al usuario de las siguientes referencias que se indicaron para
dama siendo lo correcto para caballero, así: NW1459C, NW1410-A, NW1410-C,
NW0391-1, NW0391-C2, NW1169-C2, NW1169-C3. Existe conformidad con lo
inspeccionado, lo declarado y lo revisado en los documentos soportes. Por tal
motivo se procede al levante de conformidad con el numeral 3 Art. 128 Dto. 2685
de 1999 y sus modificaciones.» Argumentó la actora que esto confirma que la
factura expedida por el despachador en el exterior contenía las exigencias de la
OMC y los precios del calzado estaban ajustados al valor aduanero.
17. Manifestó que el 11 de noviembre de 2011 se expidió la Resolución 001945 por
parte del Jefe el Grupo de Trabajo de Importaciones de la División de Gestión de la
Operación Aduanera de la Seccional de Barranquilla, por medio de la que se dio por
cancelada la autorización de levante para la declaración de importación de
legalización sin el pago de rescate de manera irregular.
18. Informó que a pesar de haber interpuesto en debida forma y término legal el
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respectivo recurso de reconsideración, este fue resuelto de manera desfavorable
por la DIAN mediante Resolución No. 002106 del 5 de diciembre de 2011.
1.4. Concepto de la violación
19. Como fundamento de lo anterior, invocó como desconocidos, los artículos 1, 2,
6, 23, 83, 123, 209, 363 de la Constitución Política. Adujo que al haber decomisado
un bien ajeno a favor de la Nación de forma ilegal y arbitraria, se afectaron los
derechos de los asociados frente a la propiedad y a la seguridad jurídica.
20. En línea con lo anterior, explicó que se vulneraron los principios constitucionales
de responsabilidad, pues los particulares solo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y la Ley; el principio de la buena fe que debe
regir las actuaciones de los servidores públicos y los particulares; el debido proceso
administrativo al no aplicar los principios de favorabilidad, presunción de inocencia
y legalidad; así como los postulados de la función pública y administrativa.
21. Agregó que los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación, pues
los fundamentos de hecho sobre los que se sustentaron no estaban ajustados a la
realidad.
22. Reprochó la inobservancia del principio de legalidad, al haberse proferido los
actos impugnados sin acatar el Decreto 2685 de 1999, además de contener una
causal de aprehensión que no es de orden legal.
23. Expresó que en la actuación administrativa se vulneraron los principios
orientadores del Decreto 2685 de 1999 plasmados en su artículo 2, en los que se
determina que en las actuaciones aduaneras debe observarse la eficiencia y la
justicia, enfocados en el servicio ágil y oportuno al usuario aduanero para facilitar y
dinamizar el comercio exterior. Refirió también que conforme a esta normativa, los
funcionarios aduaneros deben cumplir sus facultades de fiscalización y control
ajustándose a la norma en el ejercicio de sus actividades, ya que el Estado no aspira
a que el usuario aduanero se le exija más que la misma Ley pretende.
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24. Alegó que no se respetaron los principios de legalidad, favorabilidad, confianza
legítima y buena fe en cuanto a la entidad demandada, quien no podía cambiar
bruscamente sus criterios o conductas, lo que llevó a afectar el patrimonio del
usuario aduanero.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
25. La entidad demandada6 contestó la demanda y solicitó que no se accediera a
las pretensiones formuladas por la parte activa. Adujo que las actuaciones surtidas
por la DIAN se ajustaron a la situación fáctica y a la normatividad aduanera aplicable
al caso.
26. Adujo que se omitió por la parte actora la solicitud de conciliación prejudicial
frente a la Resolución No. 001945 del 11 de noviembre de 2011 y la Resolución 162
del 3 de febrero de 2012.
27. Anotó que no se expuso el concepto de la violación para algunas normas que
se invocan como vulneradas y por tal razón, la parte actora no observó el numeral
4 del artículo 137 CCA.
28. Alegó que se presenta la excepción de inepta demanda en cuanto a las
Resoluciones No. 001945 del 1 de noviembre de 2011 por medio de la cual se
cancela una autorización de levante y No. 162 del 3 de febrero de 2012 que resuelve
un recurso de reposición, pues estos son actos sujetos a la firmeza de la declaración
de importación.
29. Precisó que el “levante” autoriza al importador el retiro de la mercancía del
depósito; expuso que a pesar de ser un acto administrativo, no creó una situación
jurídica particular y concreta; por el contrario, fue una simple autorización sometida
a la satisfacción continua de los requisitos que sirvieron para su expedición.
6 Visible a folios 202 a 219 del cuaderno principal y a folios 35 a 53 del cuaderno 4 (apelación de
auto) del expediente del Tribunal.
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30. Por ende afirmó que si los requisitos no pueden acreditarse después de la
autorización de levante, los fundamentos que dieron lugar a su expedición
desaparecen cumpliéndose así la condición resolutiva de su vigencia, dando inicio
también a las investigaciones pertinentes para definir la situación jurídica de las
mercancías en caso de que se encuentren en una causal de aprehensión y
decomiso.
31. Expuso que mediante Acta No. 870-0457 del 21 de junio de 2011 se dio cuenta
de la aprehensión de una mercancía consistente en calzado, con fundamento en la
causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, al haber sido descrito como
calzado para mujer cuando en realidad era para hombre.
32. Destacó que la resolución de decomiso confirmó la causal de aprehensión, pues
concluyó que el levante otorgado no reunía los requisitos legales, al no precisar la
factura KR-1101 del 16 de abril de 2011 a qué tipo de usuario iba destinada la
mercancía (hombre o mujer), señalamiento que se incluyó en la Declaración de
Importación con autoadhesivo No. 07925280220215 del 16 de abril de 2011, donde
se indicó que se trataba de mercancía para dama.
33. Explicó que la etapa de inmovilización se dio entre el 16 al 21 de junio de 2011
y posteriormente se dio la aprehensión de la mercancía el mismo 21 de junio de
2011. Destacó que, aunque es cierto que el interesado presentó la Declaración de
Importación tipo Legalización No. 13303090121891 de fecha 17 de junio de 2011
con levante No. 872011000100290 del 20 de junio de 2011, este no fue aceptado
para la entrega de mercancía, lo cual puede ser verificado de la Resolución de
decomiso No. 1493 del 5 de septiembre de 2011.
34. Agregó que se adelantó un análisis de la Declaración de Importación Tipo
Legalización y de los documentos soportes presentados para amparar la mercancía
y que conforme a tal estudio se determinó que no era procedente su legalización, al
existir una intervención aduanera a partir del 16 de junio de 2011 en la cual se
verificó un error en la descripción de la mercancía; se concluyó de allí que no existía
coincidencia entre la mercancía decomisada, la inicialmente presentada y los
soportes allegados.
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35. Argumentó que no era procedente la legalización de la mercancía retenida y
luego aprehendida sin el pago del 50% de su valor en aduanas, pues se debió
informar al Grupo Interno de Trabajo de importaciones de la División de Operación
Aduanera para que ordenara cancelar el levante. Por tal razón, indicó que, aunque
inicialmente se dio oportunidad para que utilizara la herramienta de la legalización,
no reunió un requisito esencial que correspondía al pago del rescate.
36. Concluyó que no inobservó el principio de confianza legítima, pues en ningún
momento se modificaron las reglas para importar, se refleja que la parte actora no
acató el requerimiento efectuado por la autoridad aduanera frente a la descripción
correcta de las mercancías, destacó que no puede entonces alegar la trasgresión
de dicho principio pues el importador incurrió en incumplimiento.
III. SENTENCIA APELADA
37. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C en sentencia proferida
el 21 de octubre de 20217, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR inhibida la Sala para hacer un pronunciamiento de
fondo respecto de la pretensión anulatoria dirigida contra las Resoluciones Nos.
1945 de noviembre 1 de 2011 y 162 del 3 de febrero de 2012, por ineptitud
formal de la demanda, conforme las motivaciones precedentes.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a las
motivaciones precedentes.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al
juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor […]».
38. Descendiendo al caso concreto, señaló como excepciones a resolver las de i)
inepta demanda, ii) falta de conciliación extrajudicial en cuanto a las Resoluciones
Nos. 1945 del 1 de noviembre de 2011 y 162 del 3 de febrero de 2012, iii) ausencia
7 Índice 00002 del expediente cargado en SAMAI, Carpeta DEMANDA Y ANEXOS.ZIP, documento:
9. FALLO 2012-00363.
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del concepto de violación para algunas normas invocadas como violadas y iv) falsa
motivación.
39. Resaltó que no se presenta ineptitud formal de la demanda, pues aunque el
cargo de falta motivación fue escuetamente formulado, de una interpretación
integral de la demanda, en especial de los hechos, se logra inferir los motivos de
disentimiento contra las resoluciones atacadas.
40. Agregó que las Resoluciones Nos. 1945 de 1 de noviembre de 2011 y 162 del
3 de febrero de 2012 que cancelaron la autorización de levante en relación con la
mercancía que había sido aprehendida por la DIAN, no son pasibles de control
jurisdiccional al no implicar una definición de la situación jurídica de la mercancía.
41. Concluyó que al declarar la prosperidad del anterior medio exceptivo, no
estudiaría sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad.
42. Definió entonces que el objeto del litigio se limitaría al estudio de nulidad de las
Resoluciones Nos. 1493 del 5 de septiembre de 2011 y 2106 del 5 de diciembre de
2011 relativas al decomiso.
43. Adujo que el Consejo de Estado ha dicho que la exigencia de la descripción de
las mercancías en la declaración de importación lo que persigue es que puedan ser
identificadas y ser diferenciadas unas de otras. Agregó que no se constituye en un
trámite meramente formal sino un elemento esencial de la declaración de
importación y por lo tanto su omisión total, parcial o su erróneo diligenciamiento
constituye infracción al régimen aduanero.
44. Argumentó que la DIAN debe efectuar la inspección física y al practicar el control
posterior le corresponde verificar la cantidad, número de serie, marca, modelo,
composición química y todo aquello que particularice la mercancía, para de esta
manera evitar la competencia desleal y proteger el consumo nacional, esto de
acuerdo a la jurisprudencia vigente y el Decreto 2685 de 1999.
45. Señaló que el calzado deportivo importado por la Sociedad Dixa Sport Ltda., fue
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aprehendido y posteriormente decomisado por la DIAN al haber incurrido en la
causal del numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, pues contenía
errores u omisiones en la declaración de importación correspondientes a la
descripción de la mercancía que fue introducida al territorio aduanero nacional.
46. Consideró que los actos acusados se expidieron conforme a la normativa
aplicable; añadió que las pruebas aportadas y decretadas fueron valoradas de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y de allí concluyó que el decomiso
ordenado era procedente al presentarse la causal legal que da lugar a esa medida
administrativa.
47. Reiteró que la descripción de la mercancía no constituye una exigencia
caprichosa o carente de fundamento legal, pues la Resolución 388 de 2009
expedida por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, señalaba que la mercancía debía tener una descripción mínima, lo cual
incluía el tipo de calzado, el material de la parte superior, el material de la suela, la
clase de usuario (niño bebé, hombre o mujer), la marca comercial y el proceso de
ensamblaje.
48. Precisó que el problema jurídico no radica en el cumplimiento de requisitos de
la factura, ya que la falencia emerge de la discordancia entre la declaración de
importación y la inspección física de la mercancía, en la cual se señaló
erróneamente que el calzado era de dama.
49. Enfatizó que aunque la DIAN advirtió que la factura comercial No. KR-1101 de
2011 no contaba con tipo de usuario, esto se hizo por virtud del análisis integral que
fue solicitado por la misma demandante cuando objetó el acta de aprehensión, pero
ello no se erigió en un verdadero cuestionamiento del documento.
50. Determinó que la entidad demandada no violó el principio de legalidad pues la
normatividad que rige la materia admite que los errores sean subsanados mediante
la legalización contemplada en el artículo 228 y siguientes del Estatuto Aduanero;
sin embargo la figura no fue ejercida debidamente por las siguientes razones:
observó que la actuación administrativa se inició el 15 de junio de 2011 mediante el
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acta 2047, cuando la autoridad realizó la primera diligencia de intervención, la cual
se extendió hasta el 21 de junio de 2011. Expuso que el 6 de julio de 2011 el
representante legal de la sociedad demandante solicitó la entrega de la mercancía,
aduciendo el trámite de legalización voluntaria de los bienes amparados en la
declaración de importación del 14 de junio de 2011. Destacó que para el 21 de junio
de 2011 ya se había formalizado la medida cautelar de aprehensión y que el 5 de
septiembre de ese año la administración definió la situación jurídica de la mercancía
ordenando su decomiso.
51. Con fundamento en ese recuento, sostuvo que la intervención de la DIAN fue
anterior a la presunta corrección voluntaria, motivo por el cual el administrado debió
acogerse a la figura de la declaración de legalización en los términos del artículo
228 del Estatuto Aduanero.
52. De igual forma, el a quo consideró que la autorización de levante no constituía
un argumento válido para impedir el decomiso, por cuanto dicho acto no implica una
definición de la situación jurídica de la mercancía, sino que permanece condicionado
a la verificación posterior de la legalidad de la operación.
53. En vista de que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los
actos demandados, el a quo negó las pretensiones de la demanda.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
54. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia con base en los
argumentos que enseguida se exponen8.
55. Para el recurrente el Tribunal erró al denegar las pretensiones de la demanda,
pues no se atendieron los principios orientadores del artículo 2 del Decreto 2685 de
1999, los cuales se debieron aplicar al momento de la aprehensión y posterior
8 Índice 00002 del expediente cargado en SAMAI, Carpeta DEMANDA Y ANEXOS.ZIP, documento:
12. RECURSO DE APELACIÓN.
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decomiso de la mercancía, que había sido debidamente levantada por funcionario
competente aduanero.
56. Agregó que no se respetó el principio de eficiencia el cual establece que en las
operaciones aduaneras debe prevalecer el servicio ágil y oportuno para facilitar y
dinamizar el comercio exterior. De allí señaló que los funcionarios de la DIAN y la
POLFA decidieron ordenar la aprehensión y decomiso de la mercancía a pesar de
contar con la orden de levante, sin que se haya tenido en cuenta que se llenaron los
requisitos de buena fe por el importador quien además canceló los impuestos
respectivos.
57. Argumentó que no fue preservado el principio de justicia, el cual determina que
al usuario aduanero no se le puede exigir más que aquello que la misma ley
pretende. Agregó que este principio señala que el ejercicio de la labor de
investigación y control tiene como objetivo evitar la introducción y salida de
mercancías sin el lleno de las normas aduaneras.
58. De tal principio adujo que busca también la protección del usuario aduanero,
debiéndose aplicar por el funcionario únicamente las disposiciones legales sobre la
materia, además de evitar aplicar los conceptos y valoraciones propios del
funcionario y, por ende, la Administración debió tener en cuenta la buena fe con que
el usuario aduanero actuó para legalizar su mercancía.
59. Explicó que la declaración de importación se ajustó a lo señalado en la
Resolución 388 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
específicamente frente a la subpartida arancelaria 64029990000, invocada en la
casilla 59 de la declaración de importación desde la 64.01 a 64.05, en la que se
relaciona: tipo de calzado, material de la capellada y clase de usuario.
60. Argumentó que la DIAN y la POLFA se justificaron en el ítem de clase de usuario
para proceder al decomiso y aprehensión de la mercancía, de tal manera que la
DIAN concluyó que el calzado era de hombre y no de dama y de este análisis se
inclinó a perjudicar al usuario aduanero y no a favorecerlo en su buena fe.
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61. Aseguró frente a la sentencia de primera instancia, que contiene un error de
hecho en la observación de las pruebas, al no tener en cuenta las sugerencias
exigidas por la subpartida de la casilla 59 ya citada, que establece concretamente
las características de la importación de calzado incluida la clase de usuario, requisito
que sí cumplió el importador al legalizar su mercancía.
V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
62. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 11 de noviembre de
20219, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante.
63. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de febrero de 202410, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
64. Posteriormente, en providencia del 12 de marzo de 202411 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
65. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión12, manifestó que
reiteraba sus argumentos de los alegatos de conclusión presentados en primera
instancia y la sustentación del recurso de apelación elevado contra el fallo del
Tribunal Administrativo del Atlántico.
66. Sostuvo que el Tribunal a quo denegó indebidamente las pretensiones de la
demanda, al haber sostenido que el decomiso realizado por la POLFA mediante
acta del 21 de junio de 2011, con fundamento en la causal del numeral 1.6 del
9 Índice 00029 del expediente cargado en SAMAI, Carpeta DEMANDA Y ANEXOS.ZIP, documento:
13. 2012-00363 – CONCEDE APELACIÓN.
10 Índice 00029 del expediente digital, SAMAI.
11 Índice 00034 del expediente digital, SAMAI.
12 Índice 00038 del expediente digital, SAMAI.
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artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (errores u omisiones en la descripción de la
mercancía), estuvo enmarcado en la normativa legal vigente.
67. Indicó que el intermediario aduanero (Agencia de Aduanas Granandina Ltda.)
presentó la declaración de importación conforme a lo solicitado por el funcionario de
la DIAN en la primera inspección.
68. Afirmó que al ser aceptada la declaración, pagarse los tributos y autorizarse el
levante el 20 de junio de 2011 surgió una expectativa válida de ingreso y circulación
de la mercancía.
69. Expuso que la mercancía fue inmovilizada en carretera por la POLFA, se
practicó una nueva inspección y concluyó que la descripción consignada en la
declaración no coincidía con la factura, especialmente en lo relativo a la categoría
del calzado (dama o caballero).
70. Señaló que dicha autoridad decomisó solo parte de la mercancía y no su
totalidad pese a ser idéntica, lo que calificó como una actuación incoherente y
abusiva.
71. Argumentó que el decomiso se basó únicamente en defectos de redacción y
que estos fueron corregidos atendiendo las exigencias de la casilla 59 (subpartidas
64.01 a 64.05) de la Resolución 388 de 2008 del Ministerio de Comercio, que exige
indicar la clase de usuario. Sostuvo que el importador cumplió con este requisito y
que esta corrección fue desconocida tanto por la POLFA como por la DIAN y por el
Tribunal.
72. Calificó de omisiva e inconsistente la actuación de la autoridad aduanera, pues
primero permitió la circulación de la mercancía y luego la decomisó invocando los
mismos aspectos ya revisados.
73. Aseguró que la autoridad incumplió el artículo 29 de la Constitución al no aplicar
el principio de favorabilidad, lo que correspondía hacer de oficio al entrar a regir una
norma más benigna antes del acto definitivo.
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74. Citó jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para sostener
que este principio también se aplica en materia aduanera y no solo sancionatoria.
75. Con base en los anteriores argumentos, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia.
76. La entidad demandada guardó silencio en el término de traslado.
VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
77. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.
VIII. CONSIDERACIONES
78. De acuerdo con el 328 del CGP13, aplicable por remisión del artículo 267 del
CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la
Sala procederá a resolver la controversia.
8.1. Competencia
79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
13 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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80. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. Cuestión previa
81. De los alegatos de conclusión presentados en esta instancia se evidencia que
contienen cuestionamientos adicionales a los expuestos en el recurso de apelación
correspondientes a la trasgresión de los principios de confianza legítima y de
favorabilidad.
82. La Sala se abstendrá de analizar los cuestionamientos adicionales incorporados
en los alegatos de conclusión, toda vez que dichos planteamientos no fueron
propuestos en el escrito de apelación. Conforme al principio de congruencia y a la
regla prevista en el artículo 322 del Código General del Proceso, la decisión de
segunda instancia debe enmarcarse en los aspectos efectivamente cuestionados
en el recurso, pues es este el que delimita el ámbito de competencia del ad quem.
83. Los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad procesal para
introducir nuevos cargos, modificar los formulados o ampliar el debate, sino para
profundizar en aquellos ya expuestos y sujetos a contradicción. Por ello, tales
argumentos no serán objeto de examen al exceder el marco de la apelación.
84. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda) y el decisum, de modo
que exista una total correspondencia. Veamos:
«[…] Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
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negativamente, los límites de su potestad” 15 . En últimas, representa “un
principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente
relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida
coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la
decisión”16.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la
parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la
congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo
reclamado por las partes. En materia de contencioso de anulación de actos
administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades
que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de los cargos de
invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su fundamento normativo
(artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no puede fallar lo pedido
desbordando los cargos formulados por la parte actora»17.
8.3. De la autorización de levante y pago de tributos aduaneros
85. De manera previa a formular el problema jurídico la Sala observa que la
recurrente finca su desacuerdo con los actos cuestionados y la decisión del Tribunal
sosteniendo que la DIAN aprehendió y decomisó sus mercancías ignorando que
mediaba una autorización de levante y el pago de los tributos aduaneros. Entre
tanto, la autoridad aduanera y el Juzgador de Primera Instancia reconocen la
existencia del levante pero estiman que tal decisión fue irregular en atención a que,
si bien se presentó la declaración de legalización y se pagaron tributos aduaneros,
no se canceló ningún valor por concepto de rescate lo que hacía procedente el
decomiso que se enjuicia.
86. En consecuencia, se resolverá si son nulos por vulneración de la norma superior
los actos administrativos que ordenaron el decomiso de la mercancía del
15 Sentencia T-450 de 2001.
16 Sentencia T-592 de 2000.
17 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
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accionante, si mediaba una autorización de levante pero no se acreditó pago del
rescate correspondiente.
87. Con miras a resolver el cargo, es pertinente aludir al Decreto 2685 de 1999, que
señala en lo relevante:
«Artículo 1. Definiciones para la aplicación de este decreto. Las
expresiones usadas en este Decreto para efectos de su aplicación, tendrán el
significado que a continuación se determina:
(…)
LEVANTE
Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la
disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o
el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar.»
«Artículo 128. Autorización de levante. La autorización de levante procede
cuando ocurra uno de los siguientes eventos:
[…]
4. Cuando practicada inspección aduanera física, se detecten errores o se
adviertan omisiones parciales en la serie o número que identifican la mercancía,
y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha
diligencia, presenta Declaración de Legalización que los subsane, sin sanción.
[…]
7. Cuando practicada inspección aduanera física se detecten errores u
omisiones en la descripción, diferentes de los señalados en el numeral 4 del
presente artículo, o por descripción incompleta de la mercancía que impida su
individualización y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
práctica de dicha diligencia, presenta Declaración de Legalización que los
subsane, cancelando una sanción del tres por ciento (3%) del valor en aduana
de la mercancía por concepto de rescate.
[…]» (Subrayas de la Sala).
88. A su turno, sobre las figuras de declaración de legalización dicho Decreto
consagra lo siguiente:
«Artículo 228. Procedencia de la Legalización. Las mercancías de
procedencia extranjera, presentadas a la Aduana en el momento de su
importación, respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación
aduanera que dé lugar a su aprehensión, podrán ser declaradas en la
modalidad de importación que corresponda a la naturaleza y condiciones de la
operación, en forma voluntaria o provocada por la autoridad aduanera, según
se establezca en el presente Decreto.
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[…]» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 229. Declaración de Legalización. Para los efectos previstos en el
artículo anterior, se presentará la Declaración de Legalización con el
cumplimiento de los requisitos y el pago de los tributos aduaneros a que hubiere
lugar, más el valor del rescate establecido en el artículo 231 del presente
Decreto, cuando a ello hubiere lugar.
A las declaraciones de legalización se les aplicarán las disposiciones y el
procedimiento previsto en lo pertinente, en los artículos 120 y siguientes y en el
artículo 230 del presente Decreto.
La legalización de mercancías no determina la propiedad o titularidad de las
mismas, ni subsana los ilícitos que se hayan presentado en su adquisición.»
(Subrayas y negritas de la Sala).
«Artículo 230. Retiro de la mercancía. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 130 de este Decreto, una vez presentada y aceptada una Declaración
de Legalización con el cumplimiento de las formalidades previstas en esta
Sección, la autoridad aduanera autorizará el mismo día de presentación y
aceptación de la Declaración, el levante de la mercancía, previo el pago de los
tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. Esta actuación de la Aduana
conllevará la cesación automática de los procedimientos administrativos que se
encuentren en curso». (Subrayas de la Sala).
89. En lo que hace al rescate ese mismo Estatuto dispone lo que a continuación se
indica:
«Artículo 231. Rescate. La mercancía que se encuentre en abandono legal,
podrá ser rescatada presentando Declaración de Legalización, dentro del plazo
previsto en el parágrafo del artículo 115, en la cual se cancele, además de los
tributos aduaneros, por concepto de rescate, el quince por ciento (15%) del valor
en aduana de la mercancía.
También deberá acreditarse el pago de los gastos de almacenamiento que se
hayan causado.
Las mercancías importadas por la Nación, por las entidades de derecho público,
por organismos internacionales de carácter intergubernamental, por misiones
diplomáticas acreditadas en el país, así como las mercancías importadas en
desarrollo de convenios de cooperación internacional celebrados por Colombia
con organismos internacionales o gobiernos extranjeros, que se encuentren en
abandono, podrán ser rescatadas dentro del término previsto en el parágrafo
del artículo 115 del presente Decreto, con la presentación de la Declaración de
Legalización, sin el pago de sanción alguna por este concepto, pagando los
tributos aduaneros correspondientes, cuando hubiere lugar a ello.
Cuando la Declaración de Legalización se presente voluntariamente sin
intervención de la autoridad aduanera, deberá liquidarse en la misma, además
de los tributos aduaneros que correspondan, el veinte por ciento (20%) del valor
en aduana de la mercancía por concepto de rescate.
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La mercancía aprehendida podrá ser rescatada, mediante la presentación de la
Declaración de Legalización, en la cual se cancele, por concepto de rescate, el
cincuenta por ciento (50%) del valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio
del pago de los tributos aduaneros correspondientes, salvo que se trate del
evento previsto en el numeral 7 del artículo 128 del presente Decreto.
Expedida la resolución que ordene el decomiso y siempre que no se encuentre
ejecutoriada, podrá rescatarse la mercancía, presentando la Declaración de
Legalización, en la cual se cancele, además de los tributos aduaneros, el
setenta y cinco por ciento (75%) del valor en aduana de la misma, por concepto
de rescate.
Parágrafo 1o. Cuando los errores u omisiones parciales en la descripción,
número, referencia y/o serie que figuren en la Declaración de Importación, no
generen la violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos
menores tributos aduaneros, el declarante dentro de los quince (15) días
siguientes al levante, podrá presentar voluntariamente una Declaración de
Legalización sin sanción, corrigiendo los errores u omisiones. Para todos los
efectos legales, dicha mercancía se considerará declarada.
Parágrafo 2o. Cuando con posterioridad al levante de la mercancía, se
presente voluntariamente Declaración de Legalización con el objeto de
subsanar errores u omisiones parciales en la descripción, número, referencia
y/o serie que la identifican, que generen la violación de una restricción legal o
administrativa o el pago de unos menores tributos, se cancelará por concepto
de rescate, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía, sin
perjuicio del pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siempre que
con la legalización se acredite el cumplimiento de los correspondientes
requisitos […]» (Subrayas y negritas de la Sala).
90. Se colige de las transcripciones que la procedencia de levante está supeditada
al cumplimiento de los siguientes 3 requisitos: (i) que practicada una inspección
física de las mercancías se detecten errores u omisiones en la descripción que
impidan su individualización, diferentes a los que recaen sobre la serie o número,
(ii) que se presente la declaración de legalización que subsane los defectos
advertidos y (iii) que se pague sanción del 3% del valor en aduana de la mercancía
por concepto de rescate.
91. También se desprende de lo acotado que la declaración de legalización a que
se ha hecho referencia supone que además de su presentación se paguen los
tributos aduaneros.
92. Por último, también se deduce de lo expuesto que el valor del rescate varía
dependiendo de cuándo se presente la declaración de legalización. Así, (i) si es
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presentada de manera voluntaria el pago por ese concepto debe ser del 20% del
valor de la mercancía, (ii) si ya intervino la autoridad aduanera será del 50%, (iii) si
ya se ha expedido el acto de decomiso pero no está ejecutoriado será del 75% y
(iv) si se ha producido el levante pero aparecen nuevos errores en la descripción,
número de referencia o serie que supongan violación de alguna disposición
normativa y estos se subsanan de manera voluntaria, el valor a cancelar por rescate
es del 10%.
93. Fijado así el alcance de las disposiciones aplicables al caso, la Sala pasa a
referir las actuaciones que dieron lugar a la expedición de las resoluciones
censuradas.
94. El 2 de junio de 2011, encontrándose la mercancía en la Sociedad Portuaria de
Barranquilla, se rechazó por la DIAN la continuación del tránsito aduanero por la
causal de promedio de precios del mercado18:
18 Tomado del folio 43 del Cuaderno Principal del Tribunal.
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95. A pesar del rechazo de la continuación del tránsito aduanero, se refleja en el
expediente que la mercancía se encontraba siendo transportada cuando el 16 de
junio de 2011 fue detenida por la POLFA para ser inspeccionada19. De la revisión
efectuada se ordenó su inmovilización por la causal de indebida descripción de la
mercancía:
19 Folio 7 del Cuaderno 5 del Tribunal.
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96. El 17 de junio de 2011 el representante legal de Dixa Sport Ltda., presentó ante
la DIAN declaración de legalización20:
20 Folio 45 a 47 del Cuaderno 5 del Tribunal.
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97. En la declaración de legalización se observa que esta fue tramitada sin pago de
rescate, como se expone21:
98. De la revisión del expediente administrativo, se evidencia que junto con la
declaración de legalización, también se aportó autorización de levante de fecha 20
de junio de 2011, del que tampoco se puede colegir el pago de sanciones pues ese
ítem refleja cero22:
21 Extracto tomado del folio 46 del Cuaderno 5 del Tribunal.
22 Folios 47 a 48 del Cuaderno 5 del Tribunal.
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99. De la exposición de los hechos y de cara al desarrollo normativo indicado ut
supra, lo primero que queda en evidencia es que las razones esgrimidas por la DIAN
en cuanto a la cancelación del levante de la mercancía se ajustaron al orden jurídico,
pues el importador no pagó la sanción por concepto de rescate siendo este uno de
los presupuestos para obtenerlo; lo que a su vez deja en evidencia que el argumento
del recurrente carece de asidero al afirmar que la autoridad aduanera había
ignorado el levante, toda que vez sobre el punto hubo expreso pronunciamiento.
100. Corolario de lo dicho, se niega el cargo de invalidez.
8.3.1. De la normativa aplicable expedida por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y la valoración probatoria
101. Sobre el particular, la Sala también observa discrepancias en los elementos
que integran el problema a resolver, dado que la accionante estima que no procedía
la aprehensión sobre las mercancías porque en la declaración de importación se
encontraba debidamente descrito el usuario y ello se traducía en el cumplimiento de
los dispuesto en la Resolución 388 del 9 de septiembre de 2009 expedida por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la nulidad de los actos acusados
por cuanto se hallaban debidamente descritas las mercancías. Mientras que la DIAN
y el a quo lo que encontraron en la declaración de importación fue imprecisiones
sobre el tipo de usuario pues se consignaba como de dama cuando eran para
hombre. El señalamiento sobre la omisión del tipo de usuario se predicó del
documento soporte de la aludida declaración, es decir, de la factura no de la
declaración de importación.
102. En ese contexto, el análisis que a renglón seguido se efectuará será el de
determinar sobre cuáles documentos versó el reproche de la DIAN, de manera que
se precise si el fundamento de la tesis del demandante encuentra asidero.
103. La Resolución 1493 del 5 de septiembre de 2011 que ordena el decomiso de
la mercancía23, estableció:
23 Folio 97 Cuaderno 5 del Tribunal.
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104. El aparte de la Resolución 002106 del 5 de diciembre de 2011, que desató el
recurso de reconsideración indica lo que sigue24:
105. Concluyó el acto administrativo en cita25:
24 Extracto tomado del folio 137 del Cuaderno 5 del Tribunal.
25 Ibidem.
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106. En ese orden, es claro que el fundamento del cargo de la recurrente no tiene
lugar, lo que sería suficiente para despacharlo desfavorablemente si no es porque
la Sala considera necesario evidenciar que la carencia que se enrostra sobre el tipo
de usuario en efecto se constató sobre la factura y la observación sobre la
descripción de las mercancías se predicó de la declaración de importación No.
872011000109035-6 antes de que fuere subsanada por el importador.
107. El último documento prevé lo que a continuación se ilustra26:
108. Ahora bien, la factura que aportó el importador al momento de ingresar la
mercancía al territorio nacional es la que pasa a indicarse27:
26 Folio 13 del Cuaderno 5 del Tribunal.
27 Folio 18 del Cuaderno 5 del Tribunal.
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109. La Resolución 388 del 9 de septiembre de 200928 expedida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo por medio de la cual se señalan los requisitos de
descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación ordena lo siguiente
en lo pertinente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Las mercancías que ingresen al territorio aduanero
nacional comprendidas en los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del
Arancel de Aduanas, deberán cumplir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, con las descripciones mínimas establecidas por la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN MÍNIMA
[…]
6401 A 6405 Tipo de calzado: Ejemplo: Para
deporte, de protección
industrial, casual, etc.
Material de la capellada (parte
superior del calzado)
Ejemplo: Cuero natural, cuero
regenerado, caucho, plástico,
28 Tomada de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/684b8882-a455-41ed-990d-
9a29400bcc5a/Resolucion-388-del-9-de-septiembre-de-2009-Por-med.aspx.
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textil, combinación de
materiales etc.
NOTA:
Cuando se trate de
combinación de materiales,
especificar el % de cada uno de
ellos.
Material de la suela: Ejemplo:
Cuero, caucho, plástico,
madera etc.
Clase de usuario: Ejemplo:
Bebé, niño, mujer, hombre.
Tallas: Ejemplo: 21, 26, 31, 35,
38, 40 etc.
Proceso de ensamble o
construcción: Ejemplo:
inyección directa, pegado,
vulcanizado, etc.
Marca comercial: Ejemplo:
Adidas, Nike, Reebok, sin
marca, etc.
[…]» (Subrayas del texto original, negritas de la Sala).
110. Entonces está debidamente probado que en la declaración de importación se
consignó como clase de usuario: dama, cuando en realidad se trataba de calzado
para hombre. En esa misma medida se concluye que en el documento soporte
correspondiente no se señaló el tipo de usuario; de suerte que no se hallan
argumentos que permitan desvirtuar las razones que señaló la autoridad aduanera
para proceder con el decomiso que se enjuicia.
111. Por lo señalado en antelación el cargo no prospera.
8.3.2. De la buena fe
112. A continuación estudiará la Sala si los actos administrativos demandados están
afectados con nulidad por infracción a la norma superior, si no se tuvo en cuenta la
buena fe del importador en relación con el levante de las mercancías.
113. Para resolver sobre este cargo se reitera la naturaleza del levante, el cual como
ya fue expuesto en antelación es un acto sujeto a condición, de tal manera que si
con posterioridad a su expedición las autoridades aduaneras advierten la comisión
de una infracción deben imponer las sanciones correspondientes.
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114. Frente al principio de la buena fe esta Corporación ha señalado que si bien
debe orientar las actuaciones de la administración, su alcance en materia aduanera
es limitado, como se puede observar de la siguiente cita jurisprudencial:
«[…] Como se ve, la buena fe es un principio que rige las actuaciones de los
particulares y de la administración y obliga a actuar de manera leal, clara y
transparente, esto es, sin el ánimo de sacar provecho injustificado de la
contraparte y guiados siempre por la idea de mutua confianza.
[…]
Aquí interesa resaltar que el principio de buena fe no es absoluto porque no
puede constituir un eximente de responsabilidad frente a conductas lesivas del
orden jurídico. En otras palabras, la ley impone unas obligaciones y el principio
de buena fe no puede servir de excusa para desconocer esas obligaciones, so
pena de hacer inoperante el orden jurídico.
[…]
En asuntos aduaneros también es claro que el principio de buena fe tiene un
carácter restringido, pues no puede servir de excusa para desconocer o vulnerar
las normas que regulan la importación, exportación, tránsito y almacenamiento
de mercancías ni para limitar la potestad de fiscalización, que ejerce la DIAN
para determinar si, por ejemplo, una mercancía ingresó legalmente al país.
En conclusión, si bien el principio de buena fe es exigible a la administración, lo
cierto es que su aplicación es restrictiva, en tanto no puede servir de excusa
para evadir la responsabilidad por la vulneración de la ley […]»29.
115. Desde esa perspectiva la sola afirmación del usuario aduanero acerca de
haber obrado con transparencia, no limita la potestad de la autoridad para verificar
los documentos soporte, efectuar controles materiales sobre la mercancía o
disponer las medidas conducentes cuando identifica inconsistencias; pues la buena
fe no puede operar como sustituto del cumplimiento objetivo de las condiciones para
la introducción legal de la mercancía al territorio nacional y tampoco puede ser
obstáculo para el cumplimiento de las funciones de la autoridad aduanera en casos
como el presente en los que no se debaten exclusivamente intereses particulares.
116. En este marco la actuación desplegada por la autoridad aduanera, no puede
interpretarse como un desconocimiento del principio de buena fe. Por el contrario,
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de febrero de 2015, C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas. Rad. 110010315000201401114-01(AC).
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constituye el deber de verificación que caracteriza a este régimen y que busca
impedir la circulación de mercancías irregularmente. De ahí que las decisiones
adoptadas, cuando se fundamentan en pruebas objetivas y hallazgos verificables,
no puedan considerarse contrarias al principio de buena fe, sino expresión del
mandato de control que rige la función aduanera.
117. En ese orden, la Sala advierte que la exigencia de los requisitos previstos en
la normativa aplicable, así como la verificación del incumplimiento de la totalidad de
las exigencias necesarias para evitar el decomiso, no permiten inferir que la
Administración hubiese desconocido la buena fe del importador ni actuara con el
ánimo de perjudicarlo. Por el contrario, se constata que la DIAN se ajustó al principio
de legalidad y al marco de sus competencias, sin que en sede de recurso se haya
desvirtuado la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
demandados. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.
118. Conforme las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia del
21 de octubre de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó
las pretensiones de la demanda.
8.4. Condena en costas
119. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”30.
120. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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121. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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