Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-002-2007-00599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-002-2007-00599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-002-2007-00599-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 17 de junio de 2024
Radicado: 08001-23-31-002-2007-00599-01 (61.039)
Demandante: Gregorio Jeronimo Coll
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Instituto Nacional
Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA)
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – daño derivado de acto administrativo anulado – daño jurídico -
ausencia de daño antijurídico
Síntesis del caso: El demandante solicitó que se declarara la responsabilidad del Estado por el
daño que habría sufrido producto de las fallas en el procedimiento de adjudicación y la
consecuente declaratoria de nulidad del acto administrativo, mediante el cual el INCORA le
adjudicó un predio que carecía de naturaleza baldía.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada1
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
Subsección de Descongestión, el 11 de mayo de 2012, que declaró
responsable al INCORA y lo condenó al pago de perjuicios.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 9 de agosto de 2007, el señor Gregorio Jeronimo Coll presentó una
demanda 2, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra el Instituto
Nacional Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, con el objeto de que se
efectuaran las siguientes condenas (se trascribe):
“DAÑO EMERGENTE
En total, la cuantía de los perjuicios morales, en esta demanda se plantean
en una suma equivalente a 1000 salarios mínimos legales mensuales
equivalentes a CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ML. ($433.700.000).
PERJUICIOS MATERIALES
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 Folios 1 a 14 del Cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-31-002-2007-00599-01(61.039)
Demandante: Gregorio Jeronimo Coll
Demandados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(Instituto Nacional Colombiano de la
Reforma Agraria – INCORA)
Referencia: reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y niega las pretensiones
Como poseedor material, como dueño y señor, derecho que adquirí
mediante la adjudicación hecha por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, mediante el acto administrativo contenido en la Resolución No.
00472 del 17 de mayo de 1989, del predio rural Granja Tubara, el cual venía
explotando con anterioridad más de nueve (9) años, construyó cercas con
sus respectivas divisiones corrales, albercas para el conservación de aguas
para el consumo humano, jagueyes para la conservación de aguas para el
consumo de los semovientes vacunos, porcinos y bovinos, para los cuales
sembró pastos, millo, maíz y árboles frutales como explot ación económica,
tal como consta en los anexos, las declaraciones de los señores Ángel
Antonio Caballero y Jairo Montalvo Mercado, en declaraciones que los
mismos rindieron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla,
el día 18 de octubre de 1986, cuyo monto asciende a la suma de
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L. ($220.000.000) (…)”.
2. La parte actora fundamentó sus pretensiones indemnizatorias, en síntesis, en
las siguientes afirmaciones y hechos:
3. 1) El demandante poseía un predio denominado “Granja Tubara”, ubicado
en Barranquilla – Atlántico y, luego del procedimiento adelantado por el
INCORA, mediante la Resolución 472 de 17 de mayo de 1989, aclarada por la
Resolución 990 de 31 de agosto de 1989, le fue adjudicado, en el entendido de
su naturaleza de baldío.
4. 2) El Banco Ganadero, el 22 de mayo de 1991, instauró una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones referidas, con
base en que el predio adjudicado era de su propiedad, en virtud de una
dación en pago que recibió. En el trámite de conciliación, dentro del proceso
judicial, las partes (Banco e INCORA) acordaron revocar las resoluciones y
retirar la demanda.
5. 3) Producto de lo anterior, mediante la Resolución 61 de 19 de enero de 1994,
el INCORA revocó la adjudicación, pero, según advirtió la parte actora, (se
trascribe) “(…) con ello se causó un agravio injustificado a una persona, que
resulto ser Gregorio Jerónimo Coll (…) quien no era un poseedor aparente, ni
había incurrido en habilidades punitivas (…)”.
6. 4) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se decretó la
nulidad de todo lo actuado y, por tanto, ante la desaparición de la fuente de
la obligación de revocar la adjudicación, el INCORA decidió, mediante
Resolución 3866 de 28 de julio de 1994, revocar la referida Resolución 61 de
1994.
7. 5) Con todo, el 29 de octubre de 1997, el Tribunal Administrativo de Atlántico,
dentro del mismo proceso, decidió a favor del Banco y declaró la nulidad del
acto de adjudicación. El 11 de agosto de 2005, el Consejo de Estado, radicado
15070, confirmó la sentencia, por considerar que se infringieron las normas en
que debían fundarse, pues la adjudicación recayó (se trascribe) “(…) sobre un
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(Instituto Nacional Colombiano de la
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Referencia: reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y niega las pretensiones
predio que era de propiedad privada, y carecía de la condición de baldío,
frente al cual operaban otros modos de adquirir el dominio distintos a la
ocupación”. Igualmente, se ordenó el restablecimiento del derecho, mediante
la cancelación de las anotaciones de la adjudicación en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio.
8. 6) La declaratoria de nulidad de la adjudicación evidenció el (se trascribe)
“(…) cúmulo de errores cometidos por la entidad demandada (…) que no son
excusables, por ignorancia y desconocimiento de la Ley 135 de 1961(…)” y que,
además, causaron los perjuicios reclamados, por la pérdida de la propiedad.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – INCORA (hoy liquidado)
contestó la demanda 3 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo
que, según la normativa aplicable, el INCORA (se trascribe) "(…) no estaba
obligado a indagar sobre la situación catastral del inmueble pretendido en
adjudicación (…) porque el instituto part[ía] de la presunción legal de que el
terreno solicitado en adjudicación e[ra] baldío, por la afirmación que en tal
sentido hace el solicitante bajo la gravedad de juramento ”.
10. Por tanto, resaltó que con la revocación de la adjudicación (se trascribe)
“(…) no actuó con dolo o culpa para querer causarle un daño al actor,
simplemente la actuación (…) se encaminó bajo los preceptos de la buena fe
(…)”, la cual se desvirtuó con la oposición del dueño legitimo del predio. En
línea con lo anterior, indicó que, según el artículo 47 de la Ley 110 de 1912, el
Estado no garantizaba la calidad de baldíos de los terrenos que adjudicaba y,
por tanto, no estaba en deber de sanear la propiedad que trasfería.
11. Por último, alegó que el INCORA no desconoció el procedimiento previsto
en la Ley 135 de 1961, pues ejecutó todas las etapas y efectuó en debida forma
las publicaciones y avisos exigidos y, producto de ellos, ningún tercero con
mejor derecho formuló oposición alguna. Por tanto, era procedente la
adjudicación, sin perjuicio del control judicial posterior. Propuso como
excepciones la “inexistencia de obligación de indemnizar”; la inexistencia de
perjuicios invocados y el cobro de lo no debido.
1.3. Sentencia recurrida
12. El 11 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección
de Descongestión, profirió la sentencia de primera instancia 4, en la que decidió
(se trascribe):
3 Folios 272 a 285 del cuaderno 1.
4 Folios 373 a 395 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Referencia: reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y niega las pretensiones
“Falla:
1. DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de inexistencia de la
obligación de indemnizar fundada (sic), de inexistencia de perjuicios
invocados, de cobro de lo no debido y de inepta demanda, planteadas por
la parte demandada, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
2. DECLÁRENSE administrativamente responsable al INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA REFORMA AGRARIA, por el daño antijurídico ocasionado al señor
GREGORIO JERONIMO COLL, de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.
3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENASE al INCORA o a la entidad
que haya asumido sus pasivos al reconocimiento y pago de treinta (30)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte
demandante; y al pago de las sumas de dinero que resulte a su cargo en el
trámite de incidente de condena que deberá iniciar la parte demandant e
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la present e
providencia.
4. NIEGUENSE las restantes suplicas de la demanda.
5. Sin condena en costas.”
13. Para el Tribunal, el problema jurídico a resolver era (se trascribe) “(…)
determinar si debe indemnizarse el daño antijurídico causado al demandante
por la expedición de un acto administrativo, el cual fue declarado nulo con
posterioridad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
14. Consideró que, en virtud de la declaratoria de nulidad de la resolución de
adjudicación, quedó demostrado el daño sufrido por el demandante pues,
producto de ello, (se trascribe) “(…) se priv[ó] del derecho de la propiedad de
un bien inmueble y las mejoras a él introducidas, a más del lucro cesante que
reclam[ó] por la pérdida de cultivos”.
15. En relación con la imputación del daño, afirmó que estaba (se trascribe)
“(…) acreditado el presupuesto de la falla del servicio de la administración,
pues se demostró en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que la entidad demandada procedió a la expedición de las
resoluciones de adjudicación contrariando el ordenamiento jurídico (…) existió
una falla de la administración al realizar (…) la adjudicación de un bien
inmueble sin su debida identificación, lo que (…) conllevó a adjudicar al
demandante un bien de propiedad de un particular – Banco Ganadero (…)”.
16. Con base en lo anterior, declaró administrativamente responsable al
INCORA. En relación con los perjuicios morales, citó una jurisprudencia sobre
perjuicios derivados de la pérdida de un bien5, para condenar al pago de 30
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por ese rubro. En relación con los
perjuicios materiales, no accedió a la condena de algunos de los solicitados
(pago de impuestos y valor del ganado) y condenó, en abstracto, por la
pérdida de posesión del predio y las mejoras efectuadas.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004,
radicado 14.589.
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Referencia: reparación directa
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1.4. Recurso de apelación
17. La parte demandada presentó recurso de apelación 6 en el que se opuso a
la Sentencia de primera instancia. Propuso dos cargos: uno relativo a “la falta
de prueba de la condena por haberse allegado los fallos en contra de la
Resolución 472 de 1989 en copia simple” y, otro, relacionado con la ausencia
de los elementos que conforman la responsabilidad extracontractual.
18. Alegó que, en el expediente, obraba copia simple de las sentencias de
primera y segunda instancia en las que se anuló la Resolución 472 de 1989 y,
por tanto, el Tribunal no debió darles valor probatorio alguno pues, según
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se debía desechar ese tipo de
documentos, por no cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 254 del
CPC.
19. En relación con el segundo cargo, alegó que los elementos de la
responsabilidad del Estado no se configuraron porque, según los antecedentes
de la adjudicación, fue el demandante quien hizo incurrir en error a la
administración, al presentar la solicitud, bajo la gravedad de juramento, sin
precisar la propiedad del Banco Ganadero. Además, el demandante no tenía
derecho a la adjudicación porque “(…) para el caso sub judice no se produjo
un daño que pueda serle imputado a la administración pública (…)” y, en
cualquier caso, no habría nexo causal entre la conducta de la administración
y el daño alegado.
1.5 Trámite relevante en segunda instancia
20. En la oportunidad para alegar de conclusión las partes guardaron silencio 7.
Por su parte, el Ministerio Público 8 rindió concepto en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia porque consideró que no hubo daño pues (se
trascribe) “(…) las omisiones en que habría incurrido el INCORA lo que hicieron
fue permitir la adjudicación y transitorio usufructo de un predio del que en
ningún caso se habría beneficiado si se conociera que aquel era de dominio
privado, inmueble que luego regresó a su legítimo propietario en virtud de un
proceso contencioso que clarificó que, dada su naturaleza jurídica, el actor
nunca habría podido adquirirlo por adjudicación del INCORA (…) el hecho de
haberse visto privado del predio que le fue adjudicado no puede considerarse
como un daño para la parte actora (…) al demostrarse que el bien no tenía la
condición de baldío, su legítimo propietario pudo recuperarlo (…)”.
6 Folios 519 a 528 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 615 del Cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 608 a 614 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo - 2.3. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
21. La Sala revocará la Sentencia de primera instancia porque, según la
normativa aplicable, el predio poseído por el demandante no era baldío y, por
tanto, no podía ser adquirido mediante adjudicación.
22. Es claro que la nulidad del acto administrativo, que le había otorgado la
propiedad al demandante, obedeció a la originaria invalidez de la decisión
administrativa, por la naturaleza privada del predio. De este modo, el
demandante busca que sea reparado un interés ilegítimo o contrario a
derecho (adjudicación de un bien privado) y, por tanto, el afectado está en el
deber de soportar los daños sufridos9, en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política.
23. La Sala considera importante resaltar que la demanda no contiene
pretensión declarativa de responsabilidad, sin embargo, se trata de un asunto
que no fue objeto de apelación por quien tenía interés para ello y, por tanto,
no habrá pronunciamiento al respecto.
2.2. Análisis sustantivo
24. El Tribunal declaró la responsabilidad de la administración porque encontró
que la anulación de la adjudicación le generó un daño al demandante,
consistente en la pérdida de la propiedad sobre el predio, el cual era atribuible
al INCORA porque, según la sentencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se omitió la identificación del inmueble y de los
colindantes.
9 “Aunque son múltiples las definiciones elaboradas sobre el daño, existe un elemento o característica en el que todas
ellas convergen: la licitud o legitimidad del bien, interés o derecho subjetivo menoscabado, de manera que el daño
sólo será antijurídico cuando recaiga sobre bienes protegidos por el derecho o al menos que no le sean contrarios, en
pocos términos, debe ser un bien querido por el derecho(…) Para que el interés afectado sea pasible de reparación,
debe ser lícito, pues aunque existen un sinnúmero de actividades o situaciones que reportan un provecho para quien
las desarrolla, no todas se encuentran en la esfera de permisión del derecho, de manera que aquellas que están por
fuera de ese ámbito, pese a sufrir un detrimento, no harán parte de la categoría de daño antijurídico. De allí se sigue
como consecuencia ineluctable, que cualquier daño que recaiga sobre un bien o interés ilegítimo, ilícito o contrario a
derecho, será jurídico, justo o legítimo y en consecuencia, quien lo sufra se encuentra en el deber jurídico de soportarlo
y ello es así, por cuanto sería un contrasentido que el derecho protegiera o restableciera el ejercicio de actividades
ilícitas o ilegales. En consecuencia, el daño no sólo será jurídico cuando exista una norma o principio que lo autorice,
o cuando no comporte una ruptura de la igualdad frente a las cargas p úblicas, sino también cuando el bien sobre el
que recae es ilícito, aun cuando no haya una norma expresa que permita su causación o que obligue al particular a
padecerlo.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de junio de
2014, Exp. 31.185. En igual sentido, sobre el deber de soportar el daño: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 24 de abril de 2024, Exp. 56.878; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 18 de marzo de 2024, Exp. 67.354;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 5 de febrero
de 2024, Exp. 65.625; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 16 de noviembre de 2023, Exp. 66.388; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de enero de 2023, Exp. 62.013; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de marzo de 2014, Exp. 22.986, entre otras.
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25. En relación con el daño, la Sala coincide con el Tribunal, en el sentido de
encontrar probado que, tal como se alegó en la demanda, la declaratoria de
nulidad de la adjudicación le produjo un daño al demandante al privarlo del
derecho de propiedad, que había adquirido. No obstante, la naturaleza
privada del bien, cuyo titular era el Banco Ganadero, hacía que la
adjudicación, desde su origen, fuera inviable e ilegal y, por tanto, producto de
la nulidad del acto administrativo se le ocasionó, al demandante, un daño
jurídico, que tiene el deber soportar.
26. El primer cargo de la apelación, referido a la valoración de las copias
simples de las sentencias que anularon los actos de adjudicación, no está
llamado a prosperar. Si bien en el expediente obra copia simple de las referidas
sentencias10, sin cumplir los requisitos previstos en el artículo 254 del CPC,
mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013 11, esta
Corporación reconoció el valor probatorio de las copias simples.
27. La referida unificación de jurisprudencia, posterior a la presentación de la
demanda y de la contestación, es aplicable en el caso porque, tanto para la
jurisprudencia constitucional12, como para esta Corporación 13, los cambios de
precedente judicial deben ser aplicados retrospectivamente, de manera
general y automática, para los casos pendientes de decisión, por tratarse de
situaciones no consolidadas. Lo anterior, “(…) sin perjuicio de que los jueces,
atendiendo a las particularidades de cada caso, deban valorar si la aplicación
de la nueva regla jurisprudencial sacrifica las garantías procesales y
sustanciales de alguna de las partes.”14
28. En el caso bajo estudio, por tanto, las copias simples aportadas tienen pleno
valor probatorio, en virtud de la referida unificación jurisprudencial. Además,
para la Sala resulta claro que, reconocer el valor de las copias aportadas, no
vulnera el debido proceso, ni la confianza legítima del demandado, toda vez
que, entre otras razones, el mismo INCORA fue el demandado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se profirieron las
sentencias que pretendió fueran aportadas en cumplimiento del artículo 254
10 Sentencia del 29 de octubre de 1997, del Tribunal Administrativo del Atlántico (Folios 104 a 149 del Cuaderno 1) y
Sentencia de 11 de agosto de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Exp. 15.070. (Folios 159 a 181 del Cuaderno 1).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2013, Exp. 25.022.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-406 de 2006, reiterada, entre otras, en Sentencia T-044 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 17 de
octubre de 2023, Exp. 54.803; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, Sentencia de 16 de agosto de 2022, Exp. 59439; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia de 4 de septiembre de 2017, Exp. 57.279; entre otras.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 4 de mayo de 2023, Exp.
26.891. En sentido similar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 18 de septiembre de 2023, Exp. 63.819; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de septiembre de 2023, Exp. 61.273; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de septiembre de 2023, Exp. 69.543.
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Referencia: reparación directa
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del CPC y, en todo caso, en el presente proceso, el mismo demandado no las
tachó, ni se opuso a su contenido, en las oportunidades procesales pertinentes.
29. Por su parte, el segundo cargo, relativo a la falta de configuración de los
elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, está llamado a
prosperar. En efecto, la normativa aplicable para la adjudicación de baldíos15,
a efectos de lo que interesa al caso, dispone que se presumían como baldíos
los predios rústicos, no poseídos a través de explotación económica del suelo,
por medio de hechos positivos propios del dueño, como las plantaciones o
sementeras, la ocupación con ganado y otros de igual significación
económica. (art. 1 y 2 de la Ley 200 de 1936).
30. El artículo 3 de la misma Ley 200 de 1936, prevé que “acreditan propiedad
privada sobre la respectiva extensión territorial, y en consecuencia desvirtúan
la presunción consagrada en el artículo anterior, fuera del título originario
expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, los títulos inscritos
otorgados con anterioridad a la presente ley en que consten tradiciones de
dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la
prescripción extraordinaria”; el cual era de 20 años, de acuerdo el artículo 2532
del Código Civil (vigente para el momento de la adjudicación).
31. De la anterior normativa, se deriva que el bien que salió del patrimonio del
Estado o que nunca le perteneció no puede ser adquirido a través del modo
de adjudicación por ocupación, el cual solo es procedente para los baldíos.
En otras palabras, para lo que interesa a este proceso, es ilícito adquirir por
adjudicación bienes de naturaleza privada.
32. Con base en ello, y según las conclusiones adoptadas por esta
Corporación, en la sentencia que confirmó la nulidad de la Resolución 472 de
1989, el predio era de propiedad del Banco Ganadero, lo cual hacía imposible
adjudicárselo al demandante o cualquier otra persona porque, por su
naturaleza jurídica privada, no tenía vocación de ser adquirido a través de
adjudicación administrativa. Y, por tanto, desde antes de la declaratoria de
nulidad de la adjudicación no estaban reunidos los requisitos legales y, con
ocasión de las sentencias judiciales, simplemente se desvirtuó la presunción de
legalidad que la cobijaba.
33. Además, según el artículo 12 de la Ley 200 de 1936, sustituido por la Ley 4
de 1973, cuando de buena fe se posea un predio privado, bajo la creencia de
que se trata de un baldío, procedía un tipo de prescripción adquisitiva de
dominio especial, siempre que se cumplieran los requisitos de tiempo y de
explotación. Pero no procede, como modo de adquirir el dominio,
precisamente por la naturaleza privada del predio poseído, la adjudicación.
15 Ley 200 de 1936, reformada por la Ley 4 de 1973, artículo 2532 del Código Civil y Ley 50 de 1936.
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Decisión: revoca la Sentencia y niega las pretensiones
34. En virtud de lo anterior, para la Sala es claro que el demandante, si bien
sufrió un daño, entendido como el menoscabo, lesión o afectación, el mismo
no recayó sobre un interés jurídicamente tutelado 16, pues, en virtud de la
naturaleza privada del predio, este no debió ser adjudicado por el INCORA y,
producto del control judicial, se declaró la existencia de un vicio originario de
la decisión administrativa, se protegió el derecho objetivo (normas que
prohíben la adjudicación de predios privados) y se restableció el derecho del
legítimo titular del predio.
35. Además de lo anterior, para esta Corporación es claro que un acto
administrativo, como manifestación unilateral de la voluntad de la
administración pública, no puede legitimar o sanear una situación jurídica que,
originariamente, era ilegal, como en los eventos en que se revoca
directamente una decisión, por su irregularidad17; o cuando se ocupa
indebidamente el espacio público 18; o cuando, como en este caso, se expide
un acto administrativo que es, luego, declarado nulo por la jurisdicción, sin
probar el daño sufrido 19; entre otros.
36. Es decir, al ser claro que no estaban reunidos los requisitos necesarios para
adjudicarle el predio al demandante, pues no era un baldío, se desprende la
ilegalidad de los actos anulados, incluso antes de la adjudicación. Por tanto, el
acto administrativo que adjudicó un terreno privado no tenía la virtud de variar
la naturaleza jurídica del predio o de generar un interés legítimo tutelable: la
Resolución 472 de 17 de mayo de 1989, aclarada por Resolución 990 de 31 de
agosto de 1989, adolecía de un vicio de validez originario e insaneable y, de
este modo, los daños y perjuicios derivados de su declaratoria de nulidad no
son reparables.
37. En conclusión, la adjudicación ilegal, comprobada mediante su
declaratoria de nulidad, no privó al demandante de un interés o derecho
legítimo, pues el predio había ingresado a su patrimonio, precisamente, de
forma ilegal, en desconocimiento de su naturaleza privada, lo que hace
improcedente acceder a la reparación pretendida. Como consecuencia,
para la Sala resulta claro que el estudio de los perjuicios alegados es
improcedente e innecesario pues se derivarían de un daño jurídico. Además,
el demandante solicitó, como prueba traslada, el expediente del proceso
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 20 de
noviembre de 2023, Exp. 62.810; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, Sentencia de 4 de octubre de 2023, Exp. 68.273; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp. 55.484; entre otras.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de junio de 2021, Exp.
25000-23-24-000-2011-00429-01.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de abril de 2019, Exp.
05001-23-31-000-2012-00826-01-AP.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de marzo de 2022, Exp.
54.977.
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Radicado: 08001-23-31-002-2007-00599-01(61.039)
Demandante: Gregorio Jeronimo Coll
Demandados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(Instituto Nacional Colombiano de la
Reforma Agraria – INCORA)
Referencia: reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y niega las pretensiones
reivindicatorio 20 que el Banco Ganadero tramitaba en su contra y,
precisamente, era en la jurisdicción ordinaria y contra el dueño del predio que
se debió pretender el reconocimiento y pago de las mejoras ubicadas en
el inmueble21 que carecía de naturaleza baldía.
2.3. Sobre la condena en costas
38. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 11 de mayo de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, Subsección de Descongestión, según las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(Salva el voto)
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
20 Proceso ordinario reivindicatorio, de Banco Ganadero contra Gregorio Jeronimo Coll, adelantado ante el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barranquilla, expediente 25.779. Folios 12 y 13 del Cuaderno 1.
21 En los términos de los artículos 961 a 971 del Código Civil y 211 del CPC.
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