Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-002-2010-00439-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-002-2010-00439-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-002-2010-00439-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – FALLA EN EL SERVICIO – no se probó que la
demandada hubiera incurrido en falla al regular la UPAC, como tampoco que sus
determinaciones posteriormente anuladas pudieran afectar el contrato de mutuo
comercial que sostuvo la demandante.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó
las pretensiones de la demanda.
Se solicita la reparación de los perjuicios ocasionados por el incremento injustificado
de las prestaciones periódicas de un crédito constructor otorgado en UPAC, con
ocasión de decisiones administrativas de orden monetario anuladas posteriormente
por la autoridad competente.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que resolvió la demanda que presentó1 Ceremar Ltda.
contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la
República y el Banco Cafetero S.A.2, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por la quiebra financiera ocasionada por la
capitalización excesiva e ilegal de intereses fundada en los parámetros
inconstitucionales de liquidación de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (en
adelante UPAC).
2. Como fundamento fáctico se expuso que Ceremar Ltda. adquirió el lote
identificado con la matrícula inmobiliaria 080-0000723 y ubicado en Santa Marta,
con el fin de ejecutar el proyecto “Balcones de Gaira” que constaría de 20
apartamentos con sus respectivos garajes y zonas comunes. Para su desarrollo
contrajo el crédito 720-00017, por valor de $564’000.000 con el Banco Davivienda,
que garantizó con hipoteca abierta de primer grado a favor del acreedor sobre el
lote adquirido, según escritura pública 667 del 5 de abril de 1994.
1 12 de abril de 2000, según folio 22 c. 1.
2 Ahora Banco Davivienda.
Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
3. Dijo que para la liquidación de los intereses del mutuo hipotecario se pactó que
el valor de la UPAC se determinaría conforme con la variación del Índice de Precios
al Consumidor (en adelante IPC), tal como establecía el Decreto 663 de 1993
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero); sin embargo, dicha convención fue
modificada por la Resolución 18 del 30 de junio de 1995 que expidió el Banco de la
República, en tanto ordenó que las liquidaciones de crédito se hicieran conforme
con el indicador de Depósito a Término Fijo (en adelante DTF) y no el IPC
convenido con el Banco Davivienda.
4. Ante la modificación de la fórmula de liquidación de intereses, el valor de las
cuotas mensuales aumentó de forma exagerada, circunstancia que hizo que el
Banco Davivienda se enriqueciera y forzó a Ceremar Ltda. a conseguir créditos
“puente” que finalmente le permitieron pagar el crédito 720-00017 el 29 de
diciembre de 1997, pues sólo de este modo pudo garantizar el desarrollo del
proyecto y honrar los compromisos con los pocos compradores que tuvo el
proyecto, ya que tal circunstancia también causó que las ventas inmobiliarias
cayeran dramáticamente en el territorio nacional y con ello, que se produjera la
quiebra financiera de esa sociedad.
5. La demandante aseguró que recaía sobre los demandados el deber de
indemnizar los perjuicios, toda vez que la modificación de la metodología de
determinación de la UPAC fue una decisión claramente ilegal e inconstitucional
como lo definió la Corte Constitucional y el Consejo de Estado mediante las
sentencias C 383 de 1999 y 21 de mayo de ese año, todo lo cual llevó a un
enriquecimiento sin justa causa del sistema financiero a costa de Ceremar Ltda.
que tuvo que pagar sumas de dinero adicionales y, con ello, enfrentar su iliquidez.
La defensa
6. El Banco de la República se opuso a las pretensiones, para lo cual expresó que
las distintas medidas financieras que adoptó en torno a la liquidación de intereses
por UPAC, como la Resolución 18 de 1995, estuvieron fundadas en el marco
normativo vigente (artículo 16 de la Ley 31 de 1992) y, por ende, gozaban de
presunción de legalidad, de modo que los pagos que hizo Ceremar Ltda. eran
plenamente válidos, en tanto se fundaron en la decisión propia y voluntaria de
adquirir un crédito hipotecario bajo esas condiciones financieras, de ahí que no
pueda considerarse el pago de su deuda como un daño indemnizable por esa
entidad.
7. Añadió que la acción de reparación directa es un medio judicial para reclamar los
daños causados por la administración y no para solicitar la revisión de contratos
privados, la reliquidación de los créditos o la devolución de lo indebidamente
pagado, cuestión que en el fondo persigue la sociedad demandante y que torna
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
improcedente la pretensión de la actora, pues el único que obtuvo un beneficio
patrimonial, si es que lo hubo, fue el intermediario financiero y no el Banco emisor.
8. Como respaldo de su argumentación y a título de excepciones arguyó la
inexistencia de falla en el servicio; inexistencia del daño; inexistencia de
enriquecimiento ilícito por parte del Banco; hecho de la víctima, por la suscripción
del mutuo hipotecario y por la falta de objeción de las liquidaciones; Irretroactividad
de los fallos de constitucionalidad; falta de jurisdicción; pago; compensación;
caducidad e improcedencia de la acción de reparación directa; inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones; agotamiento de jurisdicción3.
9. El Banco Davivienda se opuso también a las pretensiones, para lo cual expresó
que los pagos que hizo Ceremar Ltda. se efectuaron en atención a su decisión
propia, libre y voluntaria de obligarse a ello en los términos de financieros del
mercado vigente para el momento de la celebración del mutuo hipotecario; luego
era de su resorte y responsabilidad prever los riesgos financieros que ese negocio
tenía de cara al desarrollo del proyecto de construcción que diseñaron, máxime
cuando la determinación de la metodología para liquidar los valores de la UPAC,
como la aplicada al crédito 720-00017, constituía el ejercicio una de las funciones
constitucional y legalmente asignadas al Banco de la República, que eran de
obligatorio acatamiento para las entidades de crédito. Como excepciones propuso
la caducidad de la acción y la inexistencia de fundamento de la obligación
indemnizatoria4.
10. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no contestó la demanda.
11. Surtida la etapa probatoria, en sede de alegaciones5, el Banco de la República
expuso que no había responsabilidad por la expedición de la Resolución 18 de 1995
–como supuesto de responsabilidad del hecho del legislador–, en tanto así lo definió
la Corte Constitucional en sentencia SU 353 de 2013, mediante el cual dejó sin
efectos una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que encontró
probada una falla en el servicio del Banco de la República por la expedición de la
Resolución 15 de 1995, pues el tribunal constitucional señaló que esa autoridad no
incumplió ningún deber legal y que, a pesar de que posteriormente fue anulada, la
resolución citada era producto del ejercicio legítimo de sus competencias6.
3 Folios 245 a 259 c. 2.
4 Folios 356 a 381 c. 1.
5 El a quo tuvo como prueba los documentos allegados por las partes concernientes a comunicaciones cruzadas
entre la actora y el Banco Cafetero (ahora Banco Davivienda), dictamen pericial de determinación de perjuicios,
documentos relacionados con el crédito constructor 720-00017, como carta de aprobación, pagarés y escrituras
públicas de dación en pago y constitución de garantías hipotecarias, certificados de existencia y representación
legal, resoluciones del Banco de la República relacionadas con la determinación de la fórmula de la UPAC,
conforme con el auto de pruebas, folios 225 y 226 c. 1.
6 Folios 1 a 22 c. 2 A.
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Actor: Ceremar Ltda.
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Referencia: Acción de reparación directa
12. El Banco Davivienda insistió en que los pagos de Ceremar Ltda. se ejecutaron
en función de los términos que voluntariamente aceptó y que incluían la regulación
sobre intereses que al respecto dispusiera el Banco de la República, que tenían en
cuenta tanto el DTF como el IPC, cuestión que para el momento del negocio era de
entero conocimiento de la demandante, de modo que no podían ser calificados de
injustificados o ilegales y, mucho menos justificar una obligación indemnizatoria.
Además, señaló que el contrato de mutuo se confeccionó en 1994 y finalizó en
1997, por lo que las decisiones judiciales en torno a la regulación de la fórmula de
la UPAC en 1999 no incidieron en su desarrollo7.
13. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó que sus funciones
constitucionales no comprenden la expedición de las resoluciones regulatorias de
la metodología para la determinación de la UPAC, condición por la que adujo que
no le asistía legitimación frente a la pretensión de responsabilidad que enrostraba
la demandante8.
La decisión recurrida
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y las
excepciones propuestas, salvo la falta de legitimación de la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que declaró oficiosamente.
15. Para sustentar su decisión adujo que el Ministerio demandado no representaba
al Banco de la República, como tampoco tenía funciones relativas a la definición de
las fórmulas de determinación de la UPAC, por lo que no tenía relación con las
pretensiones ni los hechos por los que se demanda. Estimó que no se había
agotado la jurisdicción pues, aun cuando la demandante hacía parte de una acción
de grupo interpuesta por los mismos hechos, allí no se había proferido sentencia;
indicó que la acción nulidad era el medio adecuado para reclamar perjuicios
causados por actos administrativos, pero en la medida en que la Resolución 18 de
1995 fue declarada nula, era procedente la acción de reparación directa; señaló
que la acción era oportuna, pues se presentó dentro de los dos años contados
desde 21 de mayo de 1999, cuando se declaró la ilegalidad de ese acto
administrativo.
16. De cara al problema jurídico, hizo un recuento de las normas legales y
jurisprudenciales que reglamentaron el sistema de la UPAC (Ley 31 de 1992,
Decreto 668 de 1992, Decreto Ley 663 de 1993, Resolución Externa 6 de 1993, 25
de 1994, 18 de 1995, 8 de 1999 del Banco de la República, sentencias C-383 de
1999, C-700 de 1999, SU-846 de 2000, C-1140 de 2000 de la Corte Constitucional
y del 21 de mayo de 1999 del Consejo de Estado) y concluyó, citando in extenso la
7 Folios 310 a 334 c. 2 A.
8 Folios 335 a 337 c. 2 A.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
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Referencia: Acción de reparación directa
sentencia SU-353 de 2013 de la Corte Constitucional, que el Banco de la República,
al proferir la Resolución 18 de 1995, no incurrió en una falla en el servicio ya que
obró en estricto cumplimiento de mandato legal del artículo 16 de la Ley 31 de 1992,
y si bien este acto administrativo fue posteriormente declarado nulo por el Consejo
de Estado, tal declaratoria se fundó en la inexequibilidad del citado artículo que hizo
la Corte Constitucional, dejando ausente un criterio que fundamente el deber de
indemnizar.
17. Además, indicó que el mutuo hipotecario que subsistió entre Ceremar Ltda. y
el entonces Banco Cafetero9 nació y se extinguió antes de que sobreviniera la
declaratoria de ilegalidad de las normas que reglamentaban la UPAC, por lo que
eran plenamente vigentes y aplicables al negocio en cita, y si bien su expulsión del
ordenamiento jurídico planteó una nueva juridicidad, esta condición no legitimó a la
sociedad actora para debatir sobre negocios concluidos y mucho menos, para
imputar obligaciones indemnizatorias. No condenó en costas10.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
18. La parte demandante señaló que la decisión de instancia desconoció el
imperativo constitucional de mantener la vigencia de un orden justo, en la medida
que no tuvo en cuenta la evidente prueba de la falla en el servicio que tuvo el Banco
de la República, con la expedición de la Resolución 18 de 1995 declarada nula
posteriormente.
19. Dijo que la anulación judicial de esa Resolución y la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 que la sustentaba, constituían
plena prueba de que la junta directiva del Banco de la República, al expedir ese acto
administrativo por el que modificó erróneamente la fórmula de determinación de la
UPAC, no obró conforme con el mandato constitucional de preservar los intereses
de la Nación e incurrió en una falla en el servicio, generando con ello que los agentes
financieros se enriquecieran a costas de deudores como Ceremar Ltda., quien tuvo
que pagar exorbitantes sumas de dinero para costear los costosos intereses que
se generaron.
20. Además, precisó que en la escritura pública 667 de 1994, contentiva de la
hipoteca abierta de primer grado en favor del Banco Cafetero, demostraba de forma
clara que los intereses se definirían en UPAC, conforme con los términos del
Decreto 1229 de 1972 y 663 de 1993 y teniendo únicamente como factor de
liquidación el IPC, pese a que desde 1993, ya se había incluido el DTF como factor
9 Ahora Banco Davivienda.
10 Folios 114 a 149 c. principal.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
adicional para la determinación de aquella unidad de valor. Por tanto, el cambio de
la fórmula de la UPAC que posteriormente hizo el Banco de la República fue
abiertamente inconstitucional e ilegal, lo que constituyó una falla del servicio,
producto de lo cual Ceremar Ltda. tuvo que pagar por intereses sumas exorbitantes
por las que solicitó rebajas constantemente y por las que finalmente tuvo que
entregar apartamentos del proyecto como dación de pago al acreedor hipotecario
bajo precios definidos por el Banco Cafetero que ni siquiera se acompasaban con
la realidad de la deuda, pero que se acomodaban a los abultados incrementos de
los intereses, como lo evidenciaban las certificaciones bancarias allegadas a juicio,
motivo por el cual solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y la consiguiente
indemnización de perjuicios11.
21. En los alegatos de segunda instancia, el Banco de la República reiteró su
ausencia de responsabilidad, basándose en la ratio decidendi de la sentencia SU-
353 de 2013, proferida por la Corte Constitucional12. El Banco Davivienda insistió
en los argumentos de la contestación a la demanda13 y la parte demandante en los
fundamentos de la apelación14. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público presentó alegatos de forma extemporánea y el Ministerio Público guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
22. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
El objeto del recurso
23. En función de los argumentos del recurso de apelación la controversia que
compete a esta Sala gira en torno a determinar la configuración de una falla en el
servicio a cargo del Banco de la República por la expedición de la mentada
resolución y, por ende, si el fallo de instancia amerita su revocatoria con la
concomitante condena a favor de la demandante.
24. No se abordará aspecto alguno relacionado con las excepciones resueltas por
la primera instancia, en la medida que no fueron objeto de disenso.
11 Folios 151 a 170 c. principal.
12 Folios 180 a 186 c. principal.
13 Folios 248 a 256 c. principal.
14 Folios 258 a 268 c. principal.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Caso concreto
25. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de instancia, en atención a que el
daño concretado en los intereses desmesurados que pagó Ceremar Ltda. se originó
en un contrato privado de mutuo comercial y, por ende, era una condición que
estaba llamada a ser dirimida en el marco de la justicia del contrato, en ejercicio de
los remedios propios de tal tipología negocial y no en el plano de la responsabilidad
extracontractual del Estado.
26. Ciertamente, a pesar de que la determinación periódica de uno de los
contenidos prestacionales del contrato de mutuo se fundó en una regulación
monetaria obligatoria definida por el Estado que posteriormente fue anulada, lo
cierto es que la autoridad judicial que efectuó esa declaración precisó, fundada en
motivos constitucionales y legales, que los efectos de lo decidido regían únicamente
hacia el futuro, por lo que no amparaba contratos previos ya finiquitados como el
celebrado por Ceremar Ltda., respecto del cual dichas normas estuvieron vigentes,
se presumían legales y en ningún momento fueron cuestionadas durante la vigencia
del negocio, tal como pasa a verse.
27. De acuerdo con los medios de prueba, Ceremar Ltda., empresa dedicada a la
construcción, contrajo el crédito constructor 720-00017 con el ahora Banco
Davivienda, por un valor de $564’000.000, expresados en UPAC, con el objeto de
ejecutar el proyecto de vivienda “Balcones de Gaira”, autorizado por licencia 192 de
1993, expedida por la Secretaría de Planeación municipal de Santa Marta 15. Como
garantía del mutuo comercial, la sociedad constituyó hipoteca abierta de primer
grado sobre el lote a edificar, identificado con la matrícula inmobiliaria 080-0000723,
conforme con la escritura pública 667 del 5 de abril de 199416.
28. En relación con los términos del crédito, la determinación de las cuotas y la
liquidación de los intereses, las partes dispusieron lo siguiente:
29. En la carta de aprobación del crédito constructor, el ahora Banco Davivienda
especificó que los $564’000.000 mutuados eran “expresados en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante UPAC”; que el rango de colocación era “7.001 a 10.000 UPAC
el 57.21%, 10.001 a 15.000 UPAC el 42.79%”; que la tasa de interés anual era “16%
efectivo anual, pagadero por trimestres anticipados durante el período de
construcción y por meses vencidos el período de comercialización, mientras el
crédito esté vigente”; que el plazo era de “dieciocho meses para la construcción y
seis meses adicionales para la comercialización desde la fecha del primer
desembolso”17.
15 Folios 59 a 61 c. 1.
16 Folios 62 a 67 c. 1.
17 Folio 73 c. 2.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
30. En la escritura pública 667 de 1994 se estableció que:
“La cuantía de las obligaciones garantizadas por esta hipoteca se
estipulará en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, de las
creadas y reglamentadas mediante decreto mil doscientos veintinueve
(1.229) de mil novecientos setenta y dos (1972) y demás disposiciones
que lo complementan, adicionan, aclaran o modifican con su
correspondiente equivalencia en moneda legal y se harán constar en los
pagare que se suscriban en las fechas de los desembolsos, a la orden
de LA CORPORACIÓN, así como en los documentos de deber en que
conste cualquier otra obligación que adquiera EL HIPOTECANTE, y se
regirán en cuanto a los intereses, plazos y demás condiciones por las
estipuladas en cada pagare en esta escritura o en los respectivos
documentos de deber. El valor de los préstamos que asuma EL
HIPOTECANTE, en virtud de tales documentos se ajustará diariamente
a la moneda legal colombiana, de conformidad con equivalencia de la
Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, comunicada LA
CORPORACIÓN por el Banco de la República. PARÁGRAFO: En todos
los casos en que sea necesario establecer el valor o equivalencia de la
Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, en moneda legal, será
prueba idónea la comunicación expedida por el Banco de la República o
cualquier otro medio que permitiere la autoridad competente”18.
31. Y en los pagarés otorgados como garantía, se hizo constar:
“(…) los suscritos en forma indivisible y solidaria, comprometiendo
ilimitadamente nuestra responsabilidad, nos obligamos a pagar
incondicionalmente a LA CORPORACIÓN, o a su orden, o a quien
represente sus derechos, la expresada cantidad de Unidades de
Poder Adquisitivo Constante UPAC, junto con los intereses
liquidados conforme a lo establecido por el Artículo 7º del decreto
1229 de 1972 (…)”19.
32. Conforme con las pruebas, el desembolso de la suma mutuada se completó a
través de entregas periódicas respaldadas con pagares a favor del mutuante20 y el
pago total de la obligación se produjo el 27 de diciembre de 1997, a través de
acumulación de pagos parciales por $532’142.604 y la dación en forma de pago de
8 apartamentos del edificio construido, por valor de $518’984.046 por parte de
Ceremar Ltda. y en favor del Banco Davivienda, conforme indica el paz y salvo
incluido en la escritura pública 499121 de 1997.
33. Igualmente, Ceremar Ltda., antes de efectuar la dación en pago de las unidades
residenciales señaladas, solicitó al Banco Davivienda que reliquidara el crédito y los
18 Folio 63 c. 2.
19 Folio 84 c. 2.
20 Folios 84 a 117 c. 2.
21 Folios 130 a 146 c. 2.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
intereses, en atención a que, si bien habían incrementado por la metodología fijada
por el Banco de la República, el monto de la obligación había incrementado
excesivamente, al punto de poner en riesgo el proyecto de construcción y la misma
solvencia de la sociedad, solicitudes que fueron atendidas parcialmente por el ente
de crédito y que dieron lugar al pago de la obligación en las cuantías señaladas22.
34. Al descender al caso concreto, resaltan varios aspectos de especial relevancia
para lo que se debate: la naturaleza de la relación negocial, sus partes, los remedios
para las vicisitudes prestacionales y la posición del Estado frente a las medidas de
regulación monetaria.
35. El contrato que celebró Ceremar Ltda. con Banco Davivienda se reputa privado
en función de los contratantes y se comprende como un mutuo comercial, en los
términos del artículo 116323 del Código de Comercio; por lo tanto, la injusticia del
contenido obligacional o la iniquidad sobreviniente de las prestaciones son
cuestiones del resorte exclusivo de las partes, quienes están facultadas para ejercer
los remedios que la ley otorga a fin de que el juez revise la paridad que cualquiera
de ellas considere afectada24.
36. En este sentido, si Ceremar Ltda. estimaba que la obligación de pagar intereses
y reintegrar la suma mutuada era excesiva e injusta, sin que la causa fuera
imputable a ella o al Banco Davivienda, no había óbice para que deprecara la
revisión judicial del negocio celebrado y solicitara el correspondiente ajuste, en los
términos que define el artículo 868 del Código de Comercio como “revisión del
contrato por circunstancias extraordinarias”, según el cual “cuando circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un
contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación
de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte
excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”.
37. O, si bien consideraba que la liquidación del crédito constructor que convino con
el ente financiero no se acompasaba a los términos pactados en el negocio origen,
en atención a que se había aplicado variables como el DTF que en su sentir era
improcedente, no tenía restricción para que solicitara la revisión ya no del contrato
sino de la cuenta, en los términos previstos en el artículo 880 del Código de
Comercio, según el cual “el comerciante, que al recibir una cuenta pague o dé
22 Folios 162 a 189 c. 2.
23 “Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de
las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo.
Salvo reserva expresa, el documento de recibo de los intereses correspondientes a un período de pago hará
presumir que se han pagado los anteriores”.
24 BIANCA, Massimo: “Derecho Civil III, el contrato”, trad. Fernando Hinestrosa y Édgar Cortes, 2ª Ed. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
finiquito, no perderá el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones,
partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta”.
38. Remedios respecto de los cuales no hay certeza si fueron empleados o no por
Ceremar Ltda., pero que, en todo caso, era una carga procesal que incumbía
demostrar al demandante, dado que concentran la discusión por la supuesta
excesiva carga prestacional y la derivada responsabilidad que aduce esa sociedad
en los linderos del negocio jurídico y en los alcances obligacionales del contrato de
mutuo que mantenía con Banco Davivienda.
39. De otro lado, no deja de lado la Sala que, tratándose de un préstamo
constructor, la determinación del contenido obligacional se efectuó en términos de
Unidad de Poder Adquisitivo Constante – UPAC, como método de equivalencia de
la moneda de curso legal.
40. La Unidad de Poder Adquisitivo Constante – UPAC fue una variable financiera
creada por el Decreto 1229 de 1972, con el fin de garantizar “el principio de valor
constante de ahorro y préstamos” para “el fomento del ahorro para la construcción”
que establecía el Decreto 667 de ese año, era de obligatorio uso como medio de
equivalencia de moneda legal en los contratos de depósitos de ahorro y de mutuo,
según lo imponía el artículo 2 del Decreto 1229 de 1972.
41. Originalmente, la variable era definida mensualmente por la Junta de Ahorro y
Vivienda conforme con “la variación resultante del promedio del índice nacional de
precios al consumidor”, según el artículo 3, ídem; sin embargo, a partir del Decreto
1131 de 198425, el Banco de la República fue designado como la autoridad
competente para el cálculo mensual de la UPAC, teniendo en cuenta no solo el IPC,
sino también “el rendimiento promedio efectivo ponderado de los certificados de
depósito a noventa (90) días”, luego, mediante Decreto 1319 de 198826, se
estableció como factores para su determinación el IPC y la DTF.
25 “Artículo 1º El Banco de la República calculará mensualmente e informará con idéntica periodicidad a las
corporaciones de ahorro y vivienda, para cada uno de los días del mes siguiente, los valores en moneda legal
de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), calculada así: a las variaciones resultantes en el
promedio del índice nacional de precios al consumidor, para empleados y obreros, elaborado por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el período de doce (12) meses inmediatamente anterior,
se le adicionará el uno y medio por ciento (1.5%) del cuadrado de la diferencia entre el promedio de variación
del índice nacional de precios ya mencionado y el rendimiento promedio efectivo ponderado de los certificados
de depósito a noventa (90) días, emitidos por los bancos comerciales y las corporaciones financieras, calculado
por el Banco de la República para el mes inmediatamente anterior”.
26 “Artículo 1° El Banco de la República calculará mensualmente e informará con idéntica periodicidad a las
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, para cada uno de los días del mes siguiente, los valores en moneda legal
de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, -UPAC- calculada así: al cuarenta por ciento (40%) de la variación
resultante en el índice nacional de precios al consumidor (total ponderado) elaborado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el período de los doce (12) meses inmediatamente
anteriores, se le adicionará el treinta y cinco por ciento (35%) del promedio de la tasa variable DTF, calculada
por el Banco de la República, para el mes inmediatamente anterior”.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
42. Finalmente, la Constitución Política de 1991 definió un marco de nuevas
competencias para el Banco de la República (artículos 371, 372 y 373) y, a la par
de la asignación de funciones adicionales a las constitucionales que realizó el
Congreso mediante la Ley 31 de 1992 (artículo 1627), la banca central, a través de
su Junta Directiva, fue designada como la autoridad monetaria, crediticia y
cambiaria, encargada de definir la UPAC, para lo cual la Ley ya no establecía los
factores o variables a tener en cuenta como los pretéritos decretos, sino que dejaba
en criterio del banco emisor su determinación, con la única condición de que
reflejara “los movimientos de la tasa de interés en la economía”.
43. Así las cosas, la UPAC era calculada periódicamente, con fundamento en las
diversas resoluciones expedidas por el Banco de la República que tenían en cuenta
factores como el DTF (resoluciones externas 6 de 199328, 26 de 1994 y 18 de
199529) las cuales, en todo caso, seguían constituyéndose como base de
determinación de equivalencia en moneda legal de las obligaciones en UPAC de los
contratos de depósitos de ahorro y de mutuo, por la orden legal contenida en el
Decreto 1229 de 1972.
44. Posteriormente, con ocasión de las sentencias del 21 de mayo de 1999, que
declaró la nulidad de la Resolución 18 de 1995 y C – 383 del 28 de mayo de 1999,
que declaró la inexequibilidad sobreviniente parcial del artículo 16 de la Ley 31 de
1992, y la expedición de la Ley 546 de diciembre 1999, la Unidad de Poder
Adquisitivo Constante – UPAC fue sustituida por la Unidad de Valor Real (UVR),
cuya determinación dependería del IPC, conforme con la metodología que definiera
el Consejo de Política Económica y Social – CONPES.
45. Al volver al caso concreto, se tiene que el crédito constructor 720-00017 fue
pactado el 5 de abril de 1994 y finalizó por pago 27 de diciembre de 1997, es decir,
estuvo vigente y, por ende, le resultaron aplicables las normas relativas al UPAC de
forma directa y expresa, como por demás lo evidencia el contenido contractual; sin
embargo, ni siquiera la expedición de una fórmula económica para la determinación
de las sumas dinerarias de los contratos de depósitos de ahorro y de mutuo y la
variación que pudiera tener por razones de política macroeconómica implica que la
desproporción prestacional de los contratos privados deban discutirse fuera del
ámbito de justicia que ellos mismos delimitan bajo su contenido y las leyes que lo
complementan.
27 “Al Banco de la República le corresponde estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias
para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento
de los pagos internos y externos de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal
efecto, la Junta Directiva podrá (…)”.
28 Dispuso como criterio para fijar el valor de la corrección monetaria el costo ponderado de las captaciones de
dinero del público.
29 Conforme a las cuales la corrección monetaria se fijaba en un 74% de la DTF.
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46. Ahora, sin perjuicio de tal importante precisión, no deja de lado la Sala que la
imputación sobre la cual Ceremar Ltda. funda los cargos de responsabilidad contra
el Banco de la República se basan en “la manera ilícita en que (…) hizo liquidar los
créditos pactados en UPAC, así como de la ilegalidad en la capitalización de
intereses de los mismos”30.
47. Al respecto, es preciso indicar que la normatividad relativa al UPAC que gobernó
el contrato de mutuo constructor 720-00017 era conocida por Ceremar Ltda. desde
el mismo momento en que se obligó con Banco Davivienda, no sólo porque eran
disposiciones legales vigentes, sino porque el mismo contenido negocial así lo
reflejaba, de modo que la celebración del contrato y la aceptación de este método
de definición de cuantía de la prestación a cargo del mutuario fue aceptado
voluntariamente por Ceremar Ltda. desde la génesis del negocio y, por ende, sus
efectos, fueron plenamente válidos hasta el finiquito del negocio por extinción de las
obligaciones, al punto que no fueron cuestionadas o controvertidas de forma alguna
por esa sociedad o, al menos, no hay evidencia de ello.
48. Así, en tanto eran disposiciones que en el interregno del contrato se hallaban
vigentes y mantenían su presunción de legalidad, eran plenamente aplicables sin
que pudieran ser calificadas de injustas o ilegales, pues para tal calificativo hacía
falta un pronunciamiento judicial proferido por autoridad competente y si bien el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional expidieron las sentencias del 21 de
mayo de 1999, que declaró la nulidad de la Resolución 18 de 1995 y C – 383 del 28
de mayo de 1999, que declaró la inexequibilidad sobreviniente parcial del artículo
16 de la Ley 31 de 1992, para el momento de tales pronunciamientos el contrato de
mutuo ya había terminado, sin que existiera la posibilidad de predicar efectos
retroactivos hacia relaciones negociales previas y finiquitadas, no sólo porque la
misma lógica de los contratos lo impide por el principio de intangibilidad que los
cobija, sino porque así lo establece la ley y lo reconocieron los respectivos tribunales
de cierre.
49. En materia constitucional, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en
el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, incorpora el siguiente texto: “Las sentencias
que profiere la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efecto hacia el futuro
a menos que la Corte resuelva lo contrario”, cuestión que no fue el caso de la
sentencia C – 383 del 28 de mayo de 1999, en la que la Corte resolvió que “por las
razones ya expuestas, la determinación del valor en pesos de la Unidad de Poder
Adquisitivo Constante "procurando que ésta también refleje los movimientos de la
tasa de interés en la economía", como lo establece el artículo 16, literal f) de la Ley
31 de 1992 en la parte acusada, es inexequible por ser contraria materialmente
30 Folio 2 c. 1.
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a la Constitución, lo que significa que no puede tener aplicación alguna, tanto
en lo que respecta a la liquidación, a partir de este fallo, de nuevas cuotas
causadas por créditos adquiridos con anterioridad y en lo que respecta a los
créditos futuros, pues esta sentencia es ‘de obligatorio cumplimiento para todas
las autoridades y los particulares’".
50. En materia contencioso administrativo no hay norma análoga a la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia; no obstante, desde pretérita
jurisprudencia el Consejo de Estado ha definido los alcances y efectos de sus
decisiones judiciales de anulación, en los siguientes términos “[r]esulta entonces
claro, conforme las citas anteriores, que la declaratoria de inexequibilidad equivale
a una nulidad del precepto legal y no a una derogatoria del mismo, y que por lo
mismo, los efectos de ella sólo operan hacia el futuro, sin que tenga carácter
retroactivo, puesto que, como en alguna ocasión lo dijo el Consejo, es imposible
conseguir que no haya existido lo que existió, que no se haya ejecutado lo que se
ejecutó, más aún que de acuerdo con lo que se ha visto, la declaratoria de
inexequibilidad, no desconoce la realidad de la vigencia anterior de la norma
inexequible, dado el presupuesto fundamental de la unidad del orden jurídico
conforme al cual, la norma superior permite la vigencia condicional de la norma
‘antinormativa’, lo que da margen a deducir, que la sentencia de inexequibilidad no
implica el desconocimiento de aquellas situaciones jurídicas que se habían
constituido y consolidado con anterioridad”31.
51. Así, los efectos cumplidos de los contratos fundados en actos administrativos
de regulación monetaria provenientes de normas declaradas inexequibles o nulas,
guardan su intangibilidad, dado que la declaratoria de nulidad cuando el fallo
culmina no tiene efectos retroactivos y la desaparición del precepto obra ex nunc o
sea hacia el futuro, dada su inexistencia a partir de la fecha en que la sentencia que
declaró el injurídico adquiera firmeza, sin que sea posible retrotraer sus efectos a
condiciones como las que ataban a Ceremar Ltda. con el Banco Davivienda.
52. Finalmente, además de la imposibilidad de afectación de la intangibilidad del
contrato por ausencia de sustento retroactivo de las decisiones judiciales, la Corte
Constitucional fue diáfana en clarificar en sentencia de unificación 353 de 2013, que
la anulación de la Resolución 18 de 1995 y la declaratoria de inexequibilidad
sobreviniente parcial del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 en modo alguno implicó
un proceder errado o todavía constitutivo de una falla en el servicio a cargo del
Banco de la República, puesto que, si bien la nulidad judicialmente declarada de un
acto administrativo solía dejar a vista yerros cometidos por el Estado, las decisiones
expedidas por el banco emisor en relación con el UPAC no era el caso y, en su
lugar, se constituía como la excepción a tal premisa, toda vez que la autoridad
31 Consejo de Estado, sentencia del 9 de marzo de 1989, exp. 112, reiterada en sentencia 16 de junio de 2005,
exp. 14311, entre otras.
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monetaria expidió la citada resolución en función de un mandato legal y en los
términos que la ley vigente establecía para ese momento. En efecto, discurrió:
“La Corte considera constitucionalmente inadmisible, de acuerdo con los
artículo 29 y 90 de la Carta, que se le hubiera imputado el daño al Banco
Central sobre la base de que incumplió un deber legal, por cuanto si bien
había una evidencia de ello en la decisión de nulidad de esa Resolución
adoptada por el Consejo de Estado, también existía una decisión de esta
Corte a partir de la cual necesariamente debía concluirse que el Banco
obró de un modo ajustado a la obligación jurídica que le imponía el
artículo 16, literal f), de la Ley 31 de 1992. La Corte no discute que en la
generalidad de los casos la anulación de un acto en sede judicial deje a
la vista una falla en el servicio, y que con fundamento en ella se le impute
un daño a entidades estatales. Pero sí cuestiona que esa regla pueda
tener carácter absoluto, y no admitir excepciones en un caso como este,
en el cual hay un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte
Constitucional, a partir de cuya ratio decidendi es razonable inferir que
la autoridad que expidió el acto anulado no incumplió una obligación
legal, sino que por el contrario la cumplió cabalmente”.
53. Fundada en estas premisas particulares, la Sala concluye que no existe
fundamento probatorio ni jurídico que permita reconocer la responsabilidad del
Banco de la República por los perjuicios que dice haber sufrido Ceremar Ltda.; por
tanto, con el razonado juicio que acompaña esta sentencia, se impone confirmar la
decisión de instancia.
Costas
54. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2016 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
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Radicación: 08001-23-31-002-2010-00439-01 (58803)
Actor: Ceremar Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y otros
Referencia: Acción de reparación directa
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
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