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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-003-2006-01990-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-003-2006-01990-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Mixta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin costas. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-003-2006-01990-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación:08001233100320060199001
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: PET DEL CARIBE S.A.

TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
POR CONSIDERAR QUE EL ORDENAMIENTO ADUANERO
DISTINGUE ENTRE LA ACTUACIÓN ENCAMINADA A DEFINIR
LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UNA MERCANCÍA, -QUE SE
INICIA CON LA APREHENSIÓN Y PUEDE CONCLUIR CON EL
DECOMISO-, Y LA ACTUACIÓN QUE TIENE POR OBJETO
IMPONER MULTA AL RESPONSABLE DE LA
CORRESPONDIENTE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, YA SEA
DE CONTRABANDO U OTRA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

ES DISTINTA LA CONDUCTA DEL TRANSPORTADOR Y/O DEL
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL QUE NO CUMPLE SUS
OBLIGACIONES Y LO QUE TIENE QUE VER CON LA
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA.

DE ACUERDO CON LAS SENTENCIAS C-870 DE 2002 Y C-478
DE 2007 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ES POSIBLE
JUZGAR Y SANCIONAR VARIAS VECES UN MISMO
COMPORTAMIENTO, ENTRE OTROS CASOS, CUANDO LOS
PROCESOS Y LAS SANCIONES ATIENDAN A DISTINTAS
FINALIDADES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto,

mediante apoderado, por la parte demandada, Dirección de

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Número único de radicación: 08001233100320060199001
Actor: PET DEL CARIBE S.A.

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, contra la sentencia

de 28 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal

Administrativo del Atlántico, Sala Mixta, por medio de la cual

se declaró la nulidad de los actos administrativos que más

adelante se precisan y se negaron las demás pretensiones de

la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1- Pretensiones

La parte actora, PET DEL CARIBE S.A., solicitó que previo el

adelantamiento del trámite a que haya lugar esta jurisdicción

proceda a:

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 3085 de 20 de

octubre de 2005; la Resolución Aclaratoria núm. 4220 de 9 de

noviembre de 2005; y la Resolución núm. 0660 de 28 de

marzo de 2006, en virtud de las cuales se decretó el decomiso

de una mercancía.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título

de restablecimiento del derecho, se ordene la continuación del

trámite con el objeto de que se conceda el levante a las

Declaraciones de Importación núms. 53825012346855 y

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Número único de radicación: 08001233100320060199001
Actor: PET DEL CARIBE S.A.

23825012346862 de 26 agosto de 2005, y se finalice el

proceso de nacionalización de las mercaderías aprehendidas

con Acta de Aprehensión núm. 0585-COMEX de 30 de agosto

de 2005.

3. Se condene a la DIAN – Administración de Aduanas Local de

Barranquilla al pago de los perjuicios materiales causados a

PET DEL CARIBE S.A., representados en gastos de pólizas,

costas del proceso y agencias en derecho, los que estima en la

suma de $150.000.000.

I.2- Hechos

Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora

expuso, en síntesis, los siguientes:

1). Procedente de México llegaron a territorio aduanero

Nacional, amparados en los Conocimientos de Embarque

Máster o Consolidadores núms. ZIMUMEX22244 y

ZIMUMEX22245, consignados al Agente de Carga Internacional

COCKERILL CARGO LTDA., documentos a los que

correspondían los Conocimientos hijos núms. 05-400-07-002 y

núm. 05-400-07-003, consignados estos últimos a PET DEL

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Actor: PET DEL CARIBE S.A.

CARIBE S.A., amparando cada uno de ellos 5 contenedores

conteniendo POLYETHYLENE TEREPHTALATE, materia prima

para la elaboración de envases plásticos.

2). El representante naviero, AGENCIA MARÍTIMA

TRANSMARES LTDA., presentó a la autoridad aduanera, dentro

del término señalado en el artículo 96 del Decreto 2685 de

1999, la documentación requerida por dicha autoridad, e

incorporó al sistema correspondiente la información debida,

asignándosele al Manifiesto de Carga el núm.

022005100002052.

3). El 26 de agosto de 2006, en forma extemporánea, el

Agente de Carga Internacional entregó la documentación

requerida por la DIAN, quedando incurso en la infracción

aduanera prevista en el numeral 2.1, del artículo 498, del

Decreto 2685 de 1999, por lo que pagó a la autoridad el valor

por la comisión de la sanción antes de que esta profiriese el

requerimiento Especial Aduanero, con lo cual subsanaba la

infracción cometida, y así cumplía con su obligación, haciendo

entrega a la DIAN, División de Documentación, del

comprobante de pago con radicación núm. 15393 de 26 de

agosto de 2005.

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Actor: PET DEL CARIBE S.A.

4). Mediante declaraciones de Importación Autoadhesivo núm.

23825012346855 y 23825012346862 de 26 de agosto de

2005, PET DEL CARIBE S.A., efectuó el pago de los tributos

correspondientes por el ingreso de mercancías al territorio

aduanero nacional y, en la misma fecha, se ordenó la

correspondiente inspección física de la mercancía.

5). El 30 de agosto de 2005, la División de Comercio Exterior,

Grupo Carga, procedió a la aprehensión de la mercancía,

según Acta de Aprehensión núm. 0585COMEX, con

fundamento en el artículo 96 del Decreto 2685 de 1999.

6). El 9 de septiembre de 2005 se presentó el documento de

objeción a la aprehensión ante la División de documentos, con

radicados núms. 085 y 086, solicitando, en uno de ellos, que

se entregara la mercancía aprehendida, remplazando la

medida con garantía, lo cual fue autorizado por la DIAN de

Barranquilla, mediante la Resolución núm. 2944 de 14 de

septiembre de 2005, siendo garantizado mediante póliza núm.

06-DL000753 por valor de $712.352.188, expedida por la

Compañía Aseguradora LA CONFIANZA a favor de la DIAN.

7). El 20 de octubre de 2005 la División de Fiscalización

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Aduanera profirió la Resolución de Decomiso núm. 3085 con

fundamento en el numeral 1.3, del artículo 502, del Decreto

2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232

de 2001, el artículo 5° del Decreto 2628 de 2001, el artículo 6°

del Decreto 1161 de 2002 y los artículos 9° y 10° del Decreto

4431 de 2004.

En la precitada Resolución se incurrió en falsa motivación y en

violación al debido proceso al disponer no el decomiso, sino la

confiscación de una mercancía a quien no ha incurrido en

ningún delito ni infracción aduanera.

8). Presentado dentro del término legal el recurso de

reconsideración contra la Resolución núm. 3085, la División

Jurídica profirió la Resolución núm. 0660 de 28 de marzo de

2006, consignando una falsedad al querer hacer parecer que la

aprehensión se efectuó antes de haberse presentado las

declaraciones de importación y pagados los tributos

aduaneros.

I.3- Normas Violadas y Concepto De Violación

La demandante consideró que con la expedición de los actos

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acusados la DIAN infringió los artículos 29 y 34 de la

Constitución Política y sustentó el concepto de violación, en

síntesis, así:

Las resoluciones núms. 3085 de 20 de octubre, 4220 de 9 de

noviembre del 2005 y 0660 de 28 de marzo del 2006, están

viciadas de nulidad por violación al debido proceso, aplicación

de pena proscrita y ausencia absoluta de responsabilidad de

PET DEL CARIBE S.A.

La jurisprudencia existente sobre la materia determina que

para que una sanción sea aplicable deben configurarse varios

requisitos que conllevan la garantía constitucional del debido

proceso. Así quedó señalado en la sentencia C-160 de 1998,

expediente núm. 1841, Magistrada Ponente doctora Carmen

Isaza de Gómez.

No existe dentro del texto de las resoluciones acusadas alusión

a la configuración del daño que se haya causado al Estado, a

efectos de graduar la sanción y justificar la legalidad de la

pena impuesta a la actora, a quien se le confiscó la mercancía

importada.

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Actor: PET DEL CARIBE S.A.

Es igualmente notoria la violación del debido proceso dentro de

la vía gubernativa, al aplicarse una pena como es la

“confiscación” a PET DEL CARIBE S.A., quien no ha cometido

ni es responsable de delito o infracción administrativa

aduanera alguna, ni existe norma que autorice a la DIAN

trasladar la responsabilidad por la comisión de delitos ni

infracciones aduaneras.

En sustento de la anterior argumentación se trajo a colación la

sentencia de 12 de septiembre 1997 (Expediente núm. 8281,

C.P. Germán Ayala Mantilla), en la que se consignó lo

siguiente: “CUANDO SE PRESENTE EN FORMA EXTEMPORÁNEA

EL MANIFIESTO DE CARGA, A LA ADMINISTRACIÓN LE ESTA

VEDADO DECLARAR EL DECOMISO ADMINISTRATIVO DE LA

MERCANCÍA PORQUE LA FALTA EN QUE INCURRIÓ EL

TRANSPORTADOR ES DE CARÁCTER PERSONAL Y EN ESTE

CASO, EN MODO ALGUNO, SE CONFIGURA UNA SITUACIÓN

CONSTITUTIVA DE CONTRABANDO”, de lo cual se infiere el

carácter personal de la responsabilidad del transportador en

cuanto a presentar, en debida forma, el manifiesto de carga,

conforme al artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, norma que,

en forma clara y taxativa, señala que la obligación de

presentar los documentos de viaje, guía y manifiesto de carga,

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es responsabilidad exclusiva del transportador, lo cual prueba

la falsa motivación de las resoluciones acusadas en el caso

aquí planteado en relación con el dueño de la mercancía.

I.4. Contestación de la Demanda

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional

Barranquilla, a través de apoderado, contestó la demanda1

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.

Contra los argumentos que sustentan la solicitud de nulidad

adujo, ante todo, que es oportuno tener en cuenta la manera

como se desarrollan los procesos de definición de la situación

jurídica de la mercancía aprehendida, no sin antes poner de

presente que la actuación de la demandada se encuentra

ajustada a derecho, toda vez que se dio aplicación a las

normas sustanciales y procesales vigentes para el momento

en que ocurrieron los hechos aquí controvertidos, garantizando

así el debido proceso administrativo y el derecho a la defensa.

Se ocupó luego de describir lo sucedido en el presente caso

señalando que:

1
Folios 289 a 378 del cuaderno núm. 1.

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Mediante Acta de Aprehensión núm. 0585 de 30 de agosto de

2005, el Grupo de Control de Carga de la División de Servicios

de Aduana de la entonces Administración de Aduanas de

Barranquilla realizó aprehensión de mercancía por valor de

$614.096.714 al importador PET DEL CARIBE S.A., con

fundamento en lo previsto en el numeral 1.3 del artículo 502

del Decreto 2685 de 1999.

En el Acta de Aprehensión, el funcionario aprehensor indicó

que el agente de carga entregó los documentos de viaje en

forma extemporánea al tenor de lo dispuesto en el artículo 96

del Decreto 2685 de 1999.

El 14 de septiembre de 2005, mediante la Resolución núm.

2944, la División de Fiscalización de la Administración de

Aduanas de Barranquilla ordenó la entrega de la mercancía, al

constituirse garantía en reemplazo de la aprehensión, de

acuerdo con la póliza de seguro de cumplimiento de

disposiciones legales núm. 06 DL000753 vigente hasta el

06/12/2006, de la Compañía Aseguradora de Fianza

CONFIANZA, cuyo objeto era “respaldar en debida forma la

obligación de poner la mercancía consistente en 200 toneladas

de resina poliéster VORIDIAN TM PET CB12 a disposición de la

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Aduana cuando en el proceso administrativo se determine su

decomiso.”

Mediante la Resolución núm. 3085 de 20 de octubre de 2005

se decidió decomisar la mercancía aprehendida, según Acta

núm. 0585; y a través de la Resolución núm. 0660 de 28 de

marzo de 2006, se confirmó en todas sus partes la

mencionada resolución de Decomiso.

Respecto a las mercancías extranjeras, el artículo 3° del

Decreto 2685 de 1999, indica quiénes son responsables de la

obligación aduanera, e incluye, entre otros, al importador y al

agente de carga internacional.

En cuanto a la transmisión y entrega de los documentos de

viaje a la autoridad aduanera, la legislación de aduanas

(Decreto núm. 2628 de 2001, artículo 2°), dispone:

“El transportador marítimo transmitirá electrónicamente la
información contenida en el manifiesto de carga y en los
documentos de transporte directamente expedidos por él, con
anterioridad a la llegada del medio de transporte, o la
incorporará en el sistema informático aduanero dentro de las
24 horas siguientes a la entrega física del manifiesto de carga.

El agente de Carga Internacional, en el modo de
transporte marítimo, transmitirá electrónicamente la
información relacionada con la carga consolidada,
contenida en los documentos de transporte
consolidadores y en los documentos hijos, o la
incorporará en el sistema informático aduanero dentro
de las 24 horas siguientes a la finalización del plazo

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previsto en el inciso anterior. Dentro del mismo término
establecido en el presente inciso, el Agente de Carga
Internacional deberá entregar los documentos consolida
dores y los documentos hijos y el manifiesto de carga
consolidada”. (Negrillas y subraya son del original).

En el presente caso, revisado el reporte del sistema

informático aduanero, la fecha de la entrega física del

manifiesto de carga fue el 21 de agosto de 2005, lo que quiere

decir que el término de 24 horas para cumplir el requisito de

que trata la norma citada vencía el 22 de agosto de 2005, no

obstante, lo cual dicho requisito se cumplió el 26 de agosto de

2005, esto es, extemporáneamente.

Lo expuesto permite concluir, con meridiana claridad, que no

se cumplió con la obligación de transmitir electrónicamente la

información relacionada con la carga consolidada, contenida en

los documentos consolidadores y en los documentos hijos,

dentro del término estipulado en la norma, situación que lleva

a concluir que dicho incumplimiento genera la causal de

aprehensión prevista en el numeral 1.3 del artículo 502 del

Decreto 2685 de 1999.

Ninguno de los argumentos esbozados por la parte actora

desvirtúa la causal de aprehensión y decomiso de la mercancía

invocada en los actos administrativos acusados de nulidad,

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pues simplemente hacen referencia a que por el hecho de que

el agente de carga haya admitido la infracción por

extemporaneidad y pagado la multa correspondiente, no debe

decomisarse la mercancía; y que en esta oportunidad no se

está frente a un proceso sancionatorio, al que se le aplica el

Capítulo X, del Título XV, del Decreto 2685 de 1999 “RÉGIMEN

SANCIONATORIO”, sino, por el contrario, se está en presencia

del proceso de definición de la situación jurídica de mercancía,

regulado en el Capítulo XIII de dicha normatividad.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Mixta, mediante

sentencia de 28 de noviembre de 20172, declaró la nulidad de

los actos administrativos acusados y denegó las demás

pretensiones de la demanda, con fundamento en las

consideraciones que a continuación se sintetizan, así:

Esbozó el problema jurídico a dilucidar señalando que la

entidad demandante solicitó la nulidad de los actos

administrativos: i) la Resolución núm. 3085 de 20 de octubre

de 2005; ii) la Resolución aclaratoria núm. 4220 de 09 de

noviembre de 2005; y iii) la Resolución núm. 0660 de 28 de

2
Folio 797 a 808 anverso.

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marzo de 2006, por medio de la cual la División de Gestión de

Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de

Barranquilla, ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida

según acta núm. 0585COMEX de 30 de agosto de 2005,

planteando los siguientes interrogantes: i) si el importador es

responsable de las infracciones aduaneras cometidas por los

agentes de carga dentro del régimen de importación; y ii) si al

haberse presentado la mercancía en legal forma, aunque de

manera extemporánea, y habiéndose pagado la sanción

correspondiente, se subsanó la infracción aduanera cometida

por el agente de carga.

Seguidamente, reseñó los hechos probados y, a continuación,

para arrojar mayores luces sobre el caso bajo estudio,

transcribió los apartados normativos que incorporan las

definiciones generales propias de la legislación aduanera,

artículo 1° del Decreto 2685 de 1999. Del mismo Decreto,

también citó los siguientes artículos: 2°, que prevé los

principios orientadores de la legislación aduanera; 3°,

referente a los responsables de la obligación aduanera; 4°,

alusivo a la naturaleza de la obligación aduanera; 87, que

define la obligación aduanera; 96, relacionado con la

transmisión y entrega de los documentos de viaje a la

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autoridad aduanera; 105, que precisa las obligaciones del

agente aduanero; 121, que señala los documentos soportes de

la declaración de importación; 122, que describe las causales

para no aceptar la declaración de importación; 124, sobre el

pago de tributos aduaneros; 128, alusivo a la autorización del

levante; 232, que versa sobre la mercancía no presentada o

no declarada a la autoridad aduanera; 477, referente a la

clase de sanciones; 498, sobre las infracciones aduaneras de

los agentes de carga internacional y sanciones aplicables; y

522, que regula lo atinente a las causales de aprehensión.

Respecto a la posibilidad de subsanar las infracciones

aduaneras, el Tribunal trajo a colación el Concepto núm. 180

de 12 de octubre de 2000, vigente para la época de los

hechos, por tener relevancia frente al interrogante relacionado

con ¿Qué se entiende por subsanar la infracción?.

En relación con el primer cargo, el a quo consideró que si bien,

de acuerdo con su naturaleza, la obligación aduanera es de

carácter personal, en el presente caso resultan responsables

de las infracciones aduaneras tanto el importador como el

transportador, al igual que el agente de carga, conforme lo

dispone el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, máxime

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cuando se ha cometido una infracción aduanera que da lugar a

la aprehensión y decomiso de la mercancía transportada,

consistente en no haber entregado los documentos de viaje

dentro del término previsto para ello, conforme lo dispone el

artículo 502 del precitado Decreto.

Sobre el punto, agregó que si bien la responsabilidad por las

infracciones aduaneras es de carácter personal, en este caso,

por tratarse de un asunto relacionado con la definición de la

situación jurídica de la mercancía, opera la responsabilidad de

todos los intervinientes en el proceso de importación, siendo

ésta de tipo objetivo, motivo por el cual la Administración está

habilitada, en cualquier tiempo, para aprehender determinada

mercancía y, una vez surtido el respectivo procedimiento,

disponer su decomiso, no constituyendo esta medida una

sanción.

Respecto al segundo argumento de censura contra los actos

acusados, relacionado con la subsanación de la infracción,

consideró el Tribunal que tiene vocación de prosperidad, en

atención al Concepto núm. 180 de 12 de septiembre de 2000,

bajo el entendido de que la subsanación de las infracciones

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aduaneras significa atender la sanción impuesta por la entidad

y, así mismo, cumplir con la obligación.

En el presente caso, una vez arribó a la Aduana Nacional la

motonave Paranga, el día 21 de agosto de 2005, y aportados

los documentos de viaje de manera electrónica por el agente

marítimo Transmares, ese mismo día, correspondía al agente

(Cockerill) aportar tales documentos, dentro de las 24 horas

siguientes a la presentación electrónica de los mismos; sin

embargo, ello solo ocurrió el día 26 de agosto de 2005, es

decir, de manera extemporánea, razón por la cual se cometió

la infracción aduanera prevista en el numeral 1.3 del artículo

502 del Estatuto Aduanero. No obstante, ese mismo día,

Cockerill, mediante escrito dirigido al jefe de Fiscalización de la

DIAN, reconoció la comisión de la infracción aduanera y

procedió a pagar la sanción correspondiente a dicha falta. De

igual manera, PET DEL CARIBE pagó los tributos aduaneros

por concepto de la declaración de importación.

A pesar de haberse reconocido la infracción y de pagarse la

sanción, el día 30 de agosto 2005, la DIAN aprehendió la

mercancía de propiedad de la firma demandante y,

posteriormente, dispuso su decomiso.

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Si bien es cierto Cockerill cometió una infracción al régimen

aduanero por haber entregado los documentos de viaje de

manera extemporánea, lo cierto es que ese mismo día, al

haber pagado la sanción correspondiente y cumplido

debidamente la obligación aduanera, se subsanó la falta

administrativa prevista en la norma arriba citada, por lo que

para el día 30 de agosto de 2005, fecha en que la DIAN

aprehendió la mercancía, ya había cesado la infracción; y que

igual forma, tampoco procedía la declaración de legalización,

puesto que la causal de aprehensión de la mercancía había

desaparecido por haberse subsanado la falta, de ahí que lo

procedente era que la demandada concediera su levante.

Por las razones anteriores, el Tribunal accedió a las

pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad

de los actos demandados; y a título de restablecimiento del

derecho, ordenó conceder el levante a las declaraciones de

importación núms. 23825012346855 y 23825012346862 de

26 de agosto de 2005.

Respecto al pago de los perjuicios materiales reclamados por

la demandante, PET DEL CARIBE S.A., el a quo no encontró

prueba alguna demostrativa de tal detrimento, por lo que se

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abstuvo de condenar en costas a la parte demandada, por

cuanto la conducta procesal de esta no estaba teñida de mala

fe, dado que no es constitutiva de abuso del derecho ni puede

calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN, mediante escrito de 15 de enero de 20183, apeló la

sentencia de 28 de noviembre de 2017, proferida por el

Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Mixta, por la cual se

declaró la nulidad de los actos acusados y se denegaron las

demás pretensiones de la demanda, y en sustento de su

inconformidad con la sentencia de primera instancia

argumentó, en síntesis, lo siguiente:

Inició sus réplicas con una reseña de las normas vigentes al

momento en que ocurrió la situación generadora de la

aplicación de la medida cautelar de aprehensión.

Seguidamente, anotó que, en el presente caso, con la no

entrega de los documentos de transporte hijos, de

conformidad con lo señalado en los incisos 6° y 7° del artículo

96 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 2° del

3
Folio 810 a 814..

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Decreto 2628 de 5 de diciembre de 2001, modificado

previamente por el artículo 6° del Decreto 1198 de 2000, se

generaron, en forma concurrente, tres situaciones, así:

1. La mercancía debe tenerse como no presentada al carecer

de documento de transporte al momento del descargue.

2. No es procedente la legalización de la mercancía por

tratarse de mercancía presentada, de conformidad con lo

señalado en el inciso primero del artículo 228 del Decreto

2685 de 1999.

3. La mercancía quedó incursa en la causal de aprehensión

señalada en el numeral 1.3 del artículo 502 del Decreto 2685

de 1999, modificado por el artículo 5º del Decreto 2628 del

2001, debiendo definirse su situación jurídica a través del

proceso de definición de situación jurídica de mercancías

aprehendidas.

El demandante señala que el agente de carga internacional,

subsanó la infracción al pagar la sanción señalada en el

numeral 2.1 del artículo 98 del Decreto 2685 de 1999,

modificado por el artículo del 45 del Decreto 1232 de 2001, lo

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cual es cierto, pero esto está relacionado directamente con la

comisión de la infracción aduanera antes señalada, es decir,

haber presentado en forma extemporánea los documentos de

transporte hijos núm. 05-400-07-002 y 05-400-07-003 de 8

de julio de 2005, en los cuales aparece como consignataria la

sociedad PET DEL CARIBE S.A., porque el hecho de pagarse

la sanción no subsana o desvirtúa que los documentos hayan

sido presentados extemporáneamente, es decir, cuando los

términos para hacerlo ya habían transcurrido.

Al momento de entregar los documentos de transporte hijos

antes indicados, la mercancía se tenía como no presentada, es

decir, ni siquiera podía ser legalizada a la luz de lo establecido

en el artículo 231 del Decreto 2685 de 1999 y sus

modificaciones aquí indicadas, pero, habiendo procedido el

agente de carga internacional a pagar la sanción por la

infracción cometida, subsanó el hecho de no tenerla como no

presentada, pudiendo entrar a legalizarla, de conformidad con

lo señalado en el citado artículo 231 del Decreto 2685 de

1999. Siendo así, quedaban subsanadas las situaciones

señaladas en los numerales 1 y 2 anteriormente reseñados,

pero, de manera alguna, lo previsto en el numeral 3.

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Para proceder a la entrega de la mercancía dentro de un

proceso de definición de situación jurídica de mercancías

aprehendidas, debe establecerse que estas fueron introducidas

en la forma prevista en la legislación aduanera vigente al

momento de los hechos, al territorio Aduanero nacional, o

desvirtuándose la causal que generó la aprehensión.

Si bien el agente de carga internacional pagó la sanción por la

conducta en que incurrió, al haber presentado los documentos

de transporte hijos fuera del término señalado en los incisos

6º y 7º del artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, modificado

por el artículo 2° del Decreto 2628 de 5 de diciembre de 2001,

esto no subsana la causal de aprehensión debido a que la

presentación se hizo extemporáneamente y la forma correcta

de desvirtuar jurídicamente que la información relacionada con

lo señalado en el numeral 1.3 del artículo 502 del Decreto

2685 de 1999, modificado por el artículos 5° del Decreto 2628

de 2001, es que estos documentos se hubiesen presentado

dentro de las 24 horas siguientes a la entrega física del

manifiesto de carga, por parte del transportador, situación que

no es demostrable en el presente caso habida cuenta que se

trata de una acción en el tiempo que no es susceptible de ser

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subsanada, razón por la cual el proceso de decomiso se surtió

de acuerdo con el ordenamiento legal existente.

La mercancía se encontraba en su momento sujeta a la

aplicación de la medida cautelar de aprehensión señalada en el

numeral 1.3 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,

modificado por el artículo 5º del Decreto 2628 de 2001, al no

haberse presentado los documentos de transporte hijos, en

forma física, dentro del término señalado en los incisos 6° y 7°

del artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el

artículo 2° del Decreto 2628 de 2001; y como la sanción fue

pagada por el agente de carga internacional, se subsanaba el

hecho de no haber presentado los documentos al momento del

descargue de la misma, pudiéndose tener como presentada y

resultando procedente su legalización, de conformidad con lo

señalado en el artículo 231 del Decreto 2685 de 1999,

prerrogativa de la cual no hizo uso el importador.

Al no haber obtenido el levante las mercancías, la

administración procedió a aplicar la medida cautelar de

aprehensión y definir su situación jurídica, de conformidad con

lo señalado en los procedimientos respectivos, y con apego al

debido proceso, tal y como se hizo mediante las resoluciones

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núms. 3085 de 20 de octubre de 2005, a través de la cual se

ordenó el decomiso; 4220 de 9 de noviembre de 2005, por la

cual se corrigió la Resolución de Decomiso núm. 3805 de

2005; y 0660 de 28 de marzo de 2006, en virtud de la cual se

resolvió el recurso de reconsideración.

Conforme con lo anterior, solicitó revocar la sentencia de

primera instancia y, en su lugar, confirmar las resoluciones

acusadas.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

• La parte demandante y el Ministerio Público guardaron

silencio.

• La parte demandada, mediante escrito de 26 de noviembre

de 20184, presentó sus alegatos de conclusión que, en

síntesis, replican los argumentos que sustentan el recurso de

apelación.

V.- CONSIDERACIONES

Los actos administrativos demandados

Los actos administrativos cuya nulidad se pretende, son:

4
Folio 8 a 11 cuaderno de segunda instancia.

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La Resolución núm. 3085 de 20 de octubre de 2005, por

medio de la cual se decomisó una mercancía, expedida por la

División de Fiscalización de la Administración de Aduanas

Nacionales de Barranquilla, dentro del expediente núm. AO-

2005-2005-1542, y como interesados PET DEL CARIBE S.A. Y

COCKERILL CARGO LTDA.

La Resolución núm. 4220 de 9 de noviembre de 2005,

por medio de la cual se aclaró la anterior Resolución núm.

3085 de 20 de octubre de 2005.

Resolución núm. 0660 de 28 de marzo de 2006, por

medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración,

confirmando en todas sus partes la Resolución núm. 3085 de

20 de octubre de 2005, aclarada por la Resolución núm. 4220

de 9 de noviembre de 2005.

El problema jurídico

La controversia planteada gira en torno a la ilegalidad que, a

juicio de la demandante, está presente en las resoluciones

núms. 3085 de 20 de octubre de 2005, por medio de la cual se

decomisó una mercancía, expedida por la División de

Fiscalización de la Administración de Aduanas Nacionales de

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Barranquilla; la Resolución núm. 4220 de 9 de noviembre de

2005, por medio de la cual se aclaró la anterior, expedida por

el Jefe de Grupo Interno de infracciones de la División de

Fiscalización de la Administración de Aduanas Nacionales de

Barranquilla; y 0660 de 28 de marzo de 2006, por medio de la

cual se resolvió el recurso de reconsideración, confirmando, en

todas sus partes, la Resolución núm. 3085 de 20 de octubre

de 2005, aclarada por la Resolución núm. 4220 de 9 de

noviembre de 2005, expedida la Jefe de la División Jurídica de

la Administración Local de Aduanas de Barranquilla, actos

administrativos frente a los cuales corresponde a la Sala

determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,

Sala Mixta el 28 de noviembre de 2017, de conformidad con

los argumentos esbozados por la demandada en su escrito de

apelación.

Caso concreto

La sociedad PET DEL CARIBE S.A. demandó, en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

los actos administrativos acusados, en los que se ordenó el

decomiso de una mercancía, argumentando que, a su juicio,

están viciados de nulidad por violación al debido proceso, al

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aplicar una pena proscrita por la Constitución y ante la

ausencia absoluta de responsabilidad, lo cual obra en contravía

de los artículos 295 y 346 superiores.

Que, en efecto, se le impuso una sanción sin haber incurrido

en ningún delito ni infracción aduanera, toda vez que, en

relación con los hechos relacionados con este asunto, no tenía

la obligación de hacer presentaciones de manifiesto de carga

ni de documentos de viaje alguno, sino que, su único deber se

contraía a pagar los tributos aduaneros, lo que efectivamente

realizó; y que la infracción aduanera cometida por el agente

transportador, de presentar, de manera extemporánea, los

conocimientos de embarque hijos, es de carácter personal,

pero que, en todo caso, finalmente, dicha situación fue

subsanada mediante el pago de la sanción a que había lugar,

siendo presentada la mercancía y la documentación

respectiva.

5
ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
6
ARTÍCULO 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

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En el fallo de primera instancia el Tribunal consideró, respecto

al primer cargo, que si bien la naturaleza de la obligación

aduanera es de carácter personal, en el presente caso resultan

responsables de las infracciones aduaneras tanto el importador

como el transportador al igual que el agente de carga, al tenor

de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999,

máxime cuando se ha cometido una infracción aduanera que

da lugar a la aprehensión y decomiso de la mercancía

transportada, como lo es el hecho de no hacer entrega de los

documentos de viaje dentro del término previsto para ello,

según lo dispone el artículo 502 del citado Decreto.

Sin embargo, en relación con el segundo cargo, el a quo

concluyó que si bien es cierto que el agente transportador,

Cockerill Cargo Ltda., cometió una infracción al régimen

aduanero por haber entregado los documentos de viaje de

manera extemporánea, lo cierto es que ese mismo día al

haber pagado este la sanción correspondiente, y cumpliéndose

debidamente con la obligación aduanera, se había subsanado

la falta administrativa prevista en la norma arriba citada, por

lo que para el día 30 de agosto de 2005, fecha en que la DIAN

aprehendió la mercancía, ya había cesado la infracción.

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29

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Igualmente consideró, que tampoco precedía la declaración de

legalidad, puesto que la causal de aprehensión de la mercancía

había desaparecido por haberse subsanado la falta, por lo que

lo procedente era que la demandada concediera el levante de

las mismas. Así las cosas, como el Tribunal tuvo por

demostrado este segundo motivo de censura, declaró la

nulidad de los actos acusados.

La demandada, por su parte, apeló la decisión de primera

instancia argumentando que las razones esgrimidas por el

Tribunal en su fallo no son concordantes con lo dispuesto en la

normativa aduanera; y que dicha Corporación más bien

incurrió en un grave error de interpretación, pues confundió la

configuración de una infracción aduanera, como la prevista en

el numeral 2.1 del artículo 498 del Decreto 2685 de 1999,

modificado por el artículo 45 del Decreto 1232 de 2001, con la

configuración de la causal de aprehensión establecida en el

numeral 1.3 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,

modificado por el artículo 5º del Decreto 2628 del 2001, al

tratar de equiparar las dos situaciones como similares y con

idénticas consecuencias jurídicas, cuando en realidad se trata

de dos cosas distintas.

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Procederá entonces la Sala a estudiar los argumentos

expuestos en el recurso con el fin de determinar si estos

tienen o no vocación de prosperidad.

Sin embargo, ante todo, por su incidencia en este asunto, al

haberse tenido en cuenta por el a quo en su decisión, es

pertinente traer a colación el Concepto núm. 180 de 12 de

septiembre de 2000, que trata sobre la posibilidad de

subsanar las infracciones aduaneras, vigente para la época de

la ocurrencia de los hechos y que reza:

“[…]
PREGUNTA #11
¿Qué se entiende por subsanar la infracción?
RESPUESTA:

El término Subsanar según el diccionario de la Real Academia
de la Lengua traduce: Disculpar una falta o delito. Reparar,
resarcir un daño o error.

Resarcir: Indemnizar, compensar, pagar

La legislación aduanera, artículo 477 del Decreto 2685
de diciembre 28 de 2000, consagra sanciones para las
infracciones aduaneras que se puedan cometer en el desarrollo
de la actividad, pretendiendo con ello, al imponerlas, que el
infractor subsane la falta cometida bien sea a través de la
cancelación de una multa impuesta o apartándose de la
actividad por un tiempo determinado o en forma definitiva en
cumplimiento de una suspensión o cancelación, según sea el
caso, ordenada por la entidad como consecuencia de una
investigación.

El artículo 477 clasifica las faltas en leves, graves y
gravísimas dependiendo de la infracción cometida o de
la gravedad de la falta.

Señala la norma citada: “La autoridad aduanera aplicará las
sanciones por la comisión de las infracciones previstas en este
decreto, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, fiscal o
cambiaria que pueda derivarse de las conductas o hechos

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investigados y de la obligación de subsanar los errores que
hayan dado lugar a la comisión de la misma”.

Es de entender que subsanar la infracción significa atender la
sanción impuesta por la entidad y así mismo cumplir con la
obligación.” (La Sala destaca y subraya).

Cabe recordar que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo

del artículo 57 del Decreto 2117 de 1992, los conceptos

emitidos por la Subdirección Jurídica sobre la interpretación y

aplicación de las leyes tributarias o de la legislación aduanera,

que sean publicados, constituyen interpretación oficial para los

funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales, y su desconocimiento podrá acarrear sanción

disciplinaria7.

Para la Sala, es claro que el a quo, al considerar que con

ocasión del reconocimiento por parte del Agente de Carga

Internacional de la comisión de la infracción aduanera y el

pago de la sanción correspondiente a dicha falta, y teniendo

en cuenta además que el Importador igualmente pagó los

tributos aduaneros por concepto de la declaración de

importación, había desaparecido la causal de aprehensión de

la mercancía por haberse subsanado la falta y que, en

consecuencia, lo que procedía era el levante de la misma,

7
Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de septiembre de 1.998,
expediente núm. 4375. Consejero Ponente, doctos Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

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incurrió en una errada interpretación y aplicación de dicho

concepto por las razones que a continuación se esbozan.

En esta oportunidad, es importante recordar que, siguiendo los

lineamientos jurisprudenciales recogidos en las Sentencias C-

870 de 2002 y C-478 de 2007, la Corte Constitucional ha

dejado establecido que es posible juzgar y sancionar varias

veces un mismo comportamiento, sin que ello implique una

violación del non bis in ídem, (i) cuando la conducta imputada

ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección

en diferentes áreas del derecho; (ii) cuando las investigaciones

y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos; (iii)

cuando los procesos y las sanciones atiendan a distintas

finalidades; y (iv) cuando el proceso y la sanción no

presenten identidad de objeto y causa.

Sea lo primero señalar que el ordenamiento aduanero

distingue entre la actuación encaminada a definir la situación

jurídica de una mercancía, -que se inicia con la aprehensión y

puede concluir con el decomiso-; y la actuación que tiene por

objeto imponer multa al responsable de la correspondiente

infracción administrativa, ya sea de contrabando u otra.

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Debe la Sala empezar por reconocer que la Sección Primera de

esta Corporación ya se ha pronunciado sobre tópicos similares

a los que se estudian en el caso sub judice. Tal es el caso de la

sentencia de 10 de septiembre de 2010 (Radicación número

11001-03-24-000-2006-00195-00, C.P. María Claudia Rojas

Lasso), cuyas consideraciones son válidas como pautas para la

resolución del presente asunto.

En relación con las causales de aprehensión y decomiso de

mercancía, el artículo 502 del Decreto 2685 de 2000, prevé:

“[…]

“CAPITULO XIII
CAUSALES DE APREHENSION Y DECOMISO DE
MERCANCIAS

Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de
mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. En el Régimen de Importación:
….
1.3. (modificado por el artículo 5° del Decreto 2628 del 5 de
diciembre de 2001). Cuando las mercancías sean descargadas
sin que el transportador haya entregado previamente el
Manifiesto de Carga a la autoridad aduanera o, el Agente de
Carga Internacional no entregue el Manifiesto de la Carga
Consolidada, dentro de los términos establecidos en el artículo
96 de este Decreto; o cuando el transportador y/o el Agente
de Carga Internacional no entreguen los documentos de
transporte que les corresponda, dentro de la oportunidad
provista en el artículo en mención.

1.4. (modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001).
Cuando el transportador o el Agente de Carga Internacional no
informe por escrito a las autoridades aduaneras dentro de la
oportunidad prevista en el artículo 98 del presente decreto

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acerca de los sobrantes detectados en el número de bultos o
sobre el exceso en el peso en la mercancía a granel respecto
de lo consignado en el Manifiesto de Carga, o en sus
adicciones, modificaciones o explicaciones, o cuando se
encuentre mercancía que carezca de documento de transporte
o amparada en documentos de transporte no relacionados en
el Manifiesto de Carga, o en los documentos que lo adicionen,
modifiquen o expliquen.

1.5. Cuando el transportador o el Agente de Carga
Internacional no entregue en la oportunidad legal los
documentos de transporte que justifiquen las inconsistencias
informadas a la autoridad aduanera, en los casos de sobrantes
en el número de bultos, exceso en el peso en la mercancía a
granel, mercancía no relacionada en el Manifiesto de Carga, o
en los documentos que lo adicionen, modifiquen o expliquen;
[…].

Como puede advertirse, los tres numerales se refieren a

conductas del Transportador y/o del Agente de Carga

Internacional, que afectan la mercancía que transporta,

haciéndola susceptible de aprehensión y decomiso.

Pero dichos preceptos no pueden considerarse aisladamente,

sino que deben ser analizados armónicamente con las demás

disposiciones del Decreto 2685 de 1999 o Estatuto Aduanero,

lo que la parte actora no consideró, como tampoco tuvo en

cuenta las razones de interés general que guían la figura del

decomiso de las mercancías que no entran al país con el

cumplimiento de las disposiciones pertinentes.

Dichas normas del Decreto núm. 2685 de 1999, son:

“Artículo 2. Principios orientadores. Para la aplicación de
las disposiciones contenidas en este Decreto se tendrán en

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cuenta, además de los principios orientadores establecidos en
el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo 8, los
siguientes:

a) Principio de eficiencia: los funcionarios encargados de
realizar las operaciones aduaneras deberán tener en cuenta
que en el desarrollo de ellas debe siempre prevalecer el
servicio ágil y oportuno al usuario aduanero, para facilitar y
dinamizar el comercio exterior.
b) Principio de justicia: Los funcionarios aduaneros con
atribuciones y deberes que cumplir en relación con las
facultades de fiscalización y control deberán tener siempre por
norma en el ejercicio de sus actividades, que son servidores
públicos, que la aplicación de las disposiciones aduaneras
deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y
que el Estado no aspira a que al usuario aduanero se le exija
más que aquello que la misma Ley pretende. También
deberán tener presente que el ejercicio de la labor de
investigación y control tiene como objetivo detectar la
introducción y salida de mercancías sin el cumplimiento
de las normas aduaneras.

Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera. De
conformidad con las normas correspondientes, serán
responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el
exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la
mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones
que se deriven por su intervención, el transportador, el
agente de carga internacional, el depositario, intermediario
y el declarante, en los términos previstos en el presente
Decreto.

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 4. Naturaleza de la obligación aduanera. La
obligación aduanera es de carácter personal, sin
perjuicio de que se pueda hacer efectivo su
cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono
o el decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía
u obligación que recaiga sobre ella. (La Sala destaca y
subraya).

Ahora, los artículos 96, 97, 98 y 99 del Decreto 2685 de 1999
determinan que son los transportadores y/o el agente de
carga internacional, los responsables y obligados, de manera
personal, de hacer la entrega a la Autoridad Aduanera, de la
carga, de los Manifiestos de Carga y de los documentos
que los adicionen, modifiquen y/o expliquen.
8
Principios de economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción

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Los citados artículos 96, 97, 98 y 99 del Decreto 2685 de
1999 disponen:

“Artículo 96. Transmisión y entrega de los documentos
de viaje a la autoridad aduanera.

El Manifiesto de Carga y los documentos que lo adicionen,
modifiquen o expliquen, serán entregados por el transportador
a la autoridad aduanera de la jurisdicción del lugar de arribo
del medio de transporte, antes de que se inicie el descargue
de la mercancía.

Los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas
de porte, según corresponda, los documentos consolidadores y
los documentos hijos, serán entregados por el transportador a
la autoridad aduanera dentro de las seis (6) horas siguientes a
la entrega del Manifiesto de Carga.

El transportador aéreo o marítimo transmitirá
electrónicamente la información contenida en el Manifiesto de
Carga y en los documentos de transporte directamente
expedidos por él, con anterioridad a la llegada del medio de
transporte, o la incorporará en el sistema informático
aduanero dentro de las seis (6) horas siguientes a la entrega
física del Manifiesto de Carga.

Dentro del término previsto en el inciso anterior, el agente de
carga internacional transmitirá electrónicamente la
información relacionada con la carga consolidada contenida en
los documentos de transporte consolidadores y en los
documentos hijos, o la incorporará en el sistema informático
aduanero.

Los transportadores terrestres deberán entregar los
documentos de viaje al momento de su arribo en la primera
oficina de la Aduana y podrán optar por transmitir
electrónicamente la información contenida en los documentos
de viaje, o entregarla en medios magnéticos, de acuerdo al
reglamento que para el efecto expida la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Parágrafo. El agente de carga internacional será responsable
por la correcta y oportuna transmisión o incorporación al
sistema de la información contenida en los documentos de
transporte consolidadores y en los documentos hijos.

Para tal efecto, los agentes de carga internacional deberán
inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales cumpliendo además de los requisitos previstos en
el artículo 76º del presente Decreto, los que dicha entidad
determine mediante resolución de carácter general, debiendo
constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros por
un valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos

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legales mensuales vigentes, con el objeto de garantizar el
pago de las sanciones a que hubiere lugar por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en este Decreto.

Artículo 97. Responsabilidad en la modalidad de chárter.
Si la empresa transportadora no tiene representación en
Colombia, las obligaciones inherentes a la llegada del medio de
transporte, de la entrega de los documentos y la carga
recaerán exclusivamente en la empresa o persona que
contrató el servicio. Si una empresa transportadora
domiciliada o debidamente representada en el país se
responsabiliza por la recepción o atención de la nave, será
también responsable de las obligaciones del transportador
respecto de dicha carga.

En estos eventos, la autoridad aduanera asignará el depósito
donde permanecerán las mercancías mientras se someten a
algún régimen aduanero.

Artículo 98. Inconsistencias en los documentos de viaje.
Si una vez concluido el descargue, se detectan sobrantes o
faltantes en el número de bultos, o exceso o defecto en el
peso si se trata de mercancía a granel, respecto de lo
consignado en el Manifiesto de Carga o en las adiciones,
modificaciones o explicaciones, el transportador deberá
informarlo por escrito a la autoridad aduanera del lugar de
arribo, dentro de las dos (2) horas siguientes a la finalización
del descargue, precisando las inconsistencias encontradas.

Parágrafo. Los errores en la identificación de las mercancías
o la transposición de dígitos, cometidos por el transportador al
diligenciar el Manifiesto de Carga, darán lugar a la imposición
de una sanción al transportador, sin que proceda la
aprehensión de la mercancía, siempre y cuando la información
correcta sea susceptible de verificarse con los documentos
soporte.

Artículo 99. Justificación de excesos y faltantes
A partir del recibo por la autoridad aduanera del documento
que contiene las inconsistencias a que se refiere el artículo
anterior, el transportador dispone de dos (2) días para
entregar los documentos que justifiquen el exceso detectado,
y de dos (2) meses para justificar el faltante, o para demostrar
la llegada de la mercancía en un embarque posterior.
Sólo se considerarán causas aceptables para los excesos, el
hecho de que estén destinados a otro lugar, o que se hayan
cargado en el último momento. Estas situaciones deberán
acreditarse con el documento de transporte correspondiente
expedido antes de la salida del medio de transporte hacia el
territorio aduanero nacional.

Sólo se considerarán causas aceptables para los faltantes, el
envío por error a un destino diferente o el hecho de no haber
sido cargados en el lugar de embarque. En dichos casos, el
transportador deberá acreditar documentalmente el hecho y
queda obligado a enviar en un viaje posterior la mercancía

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faltante, según lo determine la autoridad aduanera, salvo que
acredite ante la autoridad aduanera que el contrato de
transporte ha sido rescindido y que el contrato de compra-
venta, la factura o el documento que sustenta la operación
comercial entre el exportador en el exterior y el consignatario
de la mercancía, ha sido modificado en lo pertinente al faltante
mencionado […]”.

El incumplimiento por parte del transportador y/o del agente

de carga internacional de las obligaciones previstas en las

normas pretranscritas tiene su propia sanción, establecida en

el mismo Decreto 2685 de 1999 en sus artículos 477, 497 y

498, modificados respectivamente por los artículos 44 y 45

del Decreto 1232 de 2001, que disponen:

“TITULO XV
REGIMEN SANCIONATORIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 477. Clases de sanciones. Las infracciones
administrativas aduaneras de que trata el presente
Título serán sancionadas con multas, suspensión o
cancelación de la autorización, inscripción o habilitación
para ejercer actividades, según corresponda a la
naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta.
De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como
leves, graves y gravísimas, respectivamente.

La autoridad aduanera aplicará las sanciones por la
comisión de las infracciones previstas en este Decreto,
sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, fiscal o
cambiaria que pueda derivarse de las conductas o
hechos investigados y de la obligación de subsanar los
errores que hayan dado lugar a la comisión de la
misma.

La sanción de suspensión surtirá efecto para la
realización de operaciones posteriores a la fecha de
ejecutoria del acto administrativo que la impone. Las
actuaciones que estuvieren en curso deberán
tramitarse hasta su culminación.

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Las sanciones previstas en este Título se
impondrán sin perjuicio del pago de los tributos
aduaneros a que haya lugar en cada caso.

“CAPITULO IX
INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS
TRANSPORTADORES

Artículo 497. Infracciones aduaneras de los
transportadores y sanciones aplicables. Las infracciones
aduaneras en que pueden incurrir las empresas
transportadoras y las sanciones asociadas a su
comisión son las siguientes:

1. En el Régimen de Importación:
1.1 Gravísimas:
1.1.1 Arribar por los lugares que no se encuentren
habilitados….
1.1.2 Ocultar o sustraer del control de la autoridad
aduanera las mercancías […].

1.2 Graves:

1.2.1 No entregar a la autoridad aduanera el Manifiesto
de Carga y los documentos que lo adicionen,
modifiquen o expliquen, en la oportunidad prevista en
el artículo 96 del presente decreto.

1.2.2 No entregar a la autoridad aduanera, los
conocimientos de embarque, las guías aéreas o las
cartas de porte, según corresponda, expedidos
directamente por él, en la oportunidad prevista en el
artículo 96 del presente decreto.

1.2.3 No transmitir electrónicamente o no entregar en
medio magnético o no incorporar en el sistema
informático aduanero o en el medio que se indique,
dentro del plazo previsto en el artículo 96 del presente
decreto, la información contenida en el Manifiesto de
Carga y en los documentos de transporte por él
expedidos.

1.2.4 No entregar dentro de la oportunidad establecida
en las normas aduaneras, las mercancías al Agente de
Carga Internacional, al depósito habilitado, al Usuario
Operador de la Zona Franca, al declarante o al
importador, según corresponda.

1.2.5 No entregar en la oportunidad legal los
documentos de transporte que justifiquen las
inconsistencias informadas a la autoridad aduanera, en
los casos de sobrantes en el número de bultos, exceso
en el peso, en el caso de la mercancía a granel,
respecto de lo consignado en el Manifiesto de Carga.

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1.2.6 ….
1.3 Leves:

2. En el Régimen de Exportación:
….
3. En el Régimen de Tránsito Aduanero:
….”

“CAPITULO X
INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS AGENTES DE
CARGA INTERNACIONAL

Artículo 498. Infracciones aduaneras de los Agentes de
Carga Internacional y sanciones aplicables. Las
infracciones aduaneras en que pueden incurrir los
Agentes de Carga Internacional y las sanciones
asociadas a su comisión son las siguientes:
1. Gravísimas:
1.1 Ocultar o sustraer del control de la autoridad
aduanera las mercancías objeto ….

2. Graves:

2.1 No entregar a la autoridad aduanera los
documentos consolidadores, los documentos hijos, y el
Manifiesto de la Carga Consolidada definido por
reglamento, en la oportunidad prevista en el artículo 96
del presente decreto.

2.2 No transmitir electrónicamente o no incorporar en
el sistema informático aduanero, dentro del plazo
previsto en el artículo 96 del presente decreto, la
información contenida en los documentos
consolidadores y en los documentos hijos.

2.3 No entregar dentro de la oportunidad establecida
en las normas aduaneras las mercancías al depósito
habilitado, al Usuario de la Zona Franca, al declarante o
al importador, según corresponda.

2.4 No entregar en la oportunidad legal los documentos
de transporte que justifiquen las inconsistencias
informadas a la autoridad aduanera, en los casos de
sobrantes en el número de bultos, exceso en el peso,
en caso de la mercancía a granel, respecto de lo
consignado en los documentos hijos.
2.5 ….

3. Leves:

3.1 No informar por escrito a las autoridades
aduaneras en la oportunidad prevista en el artículo 98
de este decreto, acerca de los sobrantes o faltantes
detectados en el número de bultos o sobre el exceso o
defecto en el peso, en caso de mercancía a granel,
respecto de lo consignado en los documentos hijos.

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3.2 Incurrir en inexactitudes o errores en la información
incorporada al sistema informático aduanero ….

La sanción aplicable será de multa equivalente a seis
(6) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

La Sala observa que si bien el Decreto 2685 de 1999 previó

unas infracciones por parte del transportador y de los agentes

de carga internacional, ellas son diferentes a las previstas en

los distintos numerales del artículo 502, que específicamente

se refieren a la situación de la mercancía y no a la

responsabilidad personal del transportador o del agente de

carga internacional.

De la normatividad transcrita, y en general del Estatuto

Aduanero, se deduce con claridad que cuando una mercancía

extranjera ingresa al territorio aduanero colombiano, el

transportista y/o el Agente de Carga Internacional debe

cumplir las obligaciones señaladas en los artículos 96 a 99 del

Decreto 2685 de 1999.

De lo que ha quedado expresado se desprende que la

legislación aduanera distingue entonces entre la conducta del

transportador y/o del Agente de Carga Internacional que no

cumple sus obligaciones y lo que tiene que ver con la

definición de la situación jurídica de la mercancía.

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Por ello, la administración aduanera tiene dos competencias:

una, la relacionada con la definición de la situación jurídica de

la mercancía que puede, luego de su aprehensión, culminar en

la decisión de decomiso de la misma; y, otra, la relativa a

sancionar al propietario, poseedor o tenedor, transportador,

Agente de Carga Internacional, depositario, en fin, a los

sujetos con obligaciones aduaneras, por haber incurrido en

una conducta tipificada como contravención aduanera.

Estas dos competencias están delimitadas en el mismo

Decreto acusado, núm. 2685 de 1999, así: a) en el Título XV

denominado “Régimen sancionatorio”, en sus Capítulos II a

XII que se refiere a las infracciones y sanciones

administrativas aduaneras, entre ellas, las que pueden

cometer los importadores, declarantes, los intermediarios, los

exportadores, los transportadores y los Agentes de Carga

Internacional que incumplan con sus obligaciones, por lo que

se trata de una responsabilidad personal de conformidad con

el artículo 3° del Decreto 2685 de 1999 transcrito y b) en el

Capítulo XIII “Causales de aprehensión y decomiso de

mercancías”, que se refiere a las mercancías sobre las cuales

no se logró demostrar su legal entrada al país, en desarrollo

del artículo 4 ibidem, que señala que la obligación aduanera es

personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su

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cumplimiento sobre las mercancías mediante el abandono o

decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u

obligación que recaiga sobre ella.

De tener en cuenta los argumentos de la actora para que se

declare la nulidad de las disposiciones acusadas, porque en su

criterio el incumplimiento de las obligaciones por parte del

transportador y/o del agente de carga implica una sanción

injusta para el importador o para el propietario, se tendría que

bastaría con que estos sujetos se limitaran a pagar una multa,

para que se permitiera la entrada al territorio de una

mercancía extranjera en situación irregular y que ésta fuera

entregada a los importadores o propietarios, con la única

excusa de protegerlos y sin tener en cuenta el interés general

que con las disposiciones acusadas se persigue.

Cabe precisar que dentro del proceso que resuelve la situación

jurídica de la mercancía aprehendida, únicamente se constata

objetivamente si una determinada mercancía cumple o no con

los requisitos exigidos para su ingreso y permanencia en el

territorio nacional, por lo que no se examina la conducta del

particular; de tal manera que si no se demuestra que la

mercancía entró al territorio con el cumplimiento de todos los

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requisitos que exige el Decreto 2685 de 1999, entre los cuales

están las obligaciones que tienen el transportador y/o el

Agente de Carga Internacional, ésta puede ser decomisada.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que las mercancías que se

decomisan son de propiedad de persona diferente al

transportador y/o el Agente de Carga Internacional, el

importador o propietario tiene las herramientas para repetir

contra aquellos para que se le indemnicen los perjuicios que le

haya ocasionado tal conducta. De ahí que el importador tenga

el deber de ser diligente y cuidadoso en la escogencia de su

proveedor en el exterior.

En el anterior sentido la Sala reitera lo expresado en sentencia

de 27 de abril de 2006 (Expediente núm. 2001-08954, C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual expuso:

“[…]A juicio de la actora se violó el artículo 29 de la
Constitución Política, porque ella no tuvo ninguna participación
en la infracción, ya que el error cometido, que consistió en la
equivocada descripción de la mercancía en la guía hija, debe
atribuírsele al embarcador…. Es decir, que no se le puede
sancionar por conductas ajenas. Al respecto, estima la Sala
que no tiene vocación de prosperidad el cargo, pues, conforme
se ha precisado en diversas providencias, entre ellas en
sentencia de 28 de junio de 2001 (Exp. 6339, Actora: Tampa
S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), el decomiso de la mercancía afecta
directamente al propietario de la misma el cual,
además, puede ser sancionado con multa; y por la
misma conducta también se puede sancionar al
transportador, si con su intervención quebrantó las
normas aduaneras. ….

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No hay duda entonces en cuanto a que el decomiso es
una medida que afecta directamente al propietario de la
mercancía pues esta le pertenece al punto de que es el
único interesado en legalizarla mediante rescate. De tal
manera que si la conducta que dio lugar al decomiso fue
originada por persona diferente, nada impide que el
propietario repita contra ella para que le indemnice los
perjuicios que le haya ocasionado con tal conducta […]”. (La
Sala destaca y subraya).

De lo anterior se concluye que en situaciones como la que los

actos acusados decidieron no se vulnera el derecho al debido

proceso, pues, se repite, una cosa es la sanción por

incumplimiento de una obligación aduanera que genera una

infracción personal y otra muy distinta es que la mercancía

haya entrado al país sin el cumplimiento de los requisitos

legales, caso en el cual ésta se puede aprehender y decomisar,

bajo el entendido de que se está frente a una responsabilidad

objetiva.

Precisamente, el Capítulo XIV del Decreto 2685 de 1999,

establece el procedimiento administrativo para la imposición

de sanciones por infracciones aduaneras ( Sección II, artículos

507 a 521) y el que debe seguirse para la definición de la

situación jurídica de la mercancía (Sección I artículo 504 a

506) que se inicia con el levantamiento de un acta de

aprehensión, que contempla garantías para quienes aparezcan

como titulares de la mercancía, diligencia a la cual se pueden

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allegar las pruebas que se consideren pertinentes. Sobre el

particular, el artículo 504 dispone:

“Sección I

Acta de Aprehensión, Requerimiento Especial Aduanero
y Liquidación Oficial

Artículo 504. Acta de aprehensión.

Establecida la configuración de alguna de las causales de
aprehensión y decomiso de mercancías de que trata el artículo
502º del presente Decreto, la autoridad aduanera expedirá un
acta que contenga: lugar y fecha de la aprehensión; causal de
aprehensión; identificación del medio de transporte en que se
moviliza la mercancía, cuando a ello hubiere lugar;
identificación y dirección de las personas que intervienen en la
diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o
responsables de las mercancías involucradas, descripción de
las mismas en forma tal que se identifiquen plenamente,
estimación provisional del precio unitario, precio total de la
mercancía y relación de las pruebas practicadas o allegadas
durante la diligencia.

La aprehensión es un acto de trámite y en consecuencia contra
él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

El acta de aprehensión deberá comunicarse a la persona que
atienda la diligencia, entregándole copia de la misma. Cuando
no comparezca ningún responsable, se comunicará mediante
aviso en el lugar que ocurra la aprehensión. En otras
circunstancias, se comunicará mediante aviso en las oficinas
de la Administración de Aduanas correspondiente”.

Y el artículo 506 dispone que “en cualquier estado del proceso,
si el interesado demuestra la legal introducción y permanencia
de la mercancía en el territorio aduanero nacional, el
funcionario competente ordenará mediante resolución
motivada la entrega de la mercancía y procederá su
devolución”.

Ahora, se tiene que las causales de decomiso y aprehensión de

mercancías son taxativas, por lo que éstas no pueden

extenderse ni aplicarse analógicamente frente otras

situaciones.

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Es de resaltar que en el Estatuto Aduanero se salvaguarda el

derecho a la igualdad de los responsables de las obligaciones

aduaneras y que, en defensa del debido proceso, se

establecen los principios de tipicidad, legalidad, así como el

derecho de defensa y de contradicción, en la medida en que se

describen las infracciones aduaneras con sus respectivas

sanciones, se consagran regulaciones sobre la caducidad de la

acción administrativa sancionatoria, la gradualidad de la

sanción y la prescripción de ésta y, en cuanto al decomiso,

como ya se vio, se aplican los mismos principios, todo ello

acorde con el artículo 29 de la Constitución Política.

Por todo lo anterior, la Sala no comparte las conclusiones a las

que arribó el Tribunal Administrativo del Atlántico, ya que,

como quedó demostrado, al interpretar y aplicar el Concepto

núm. 180 de 12 de septiembre de 2000, y como bien lo adujo

la demandada, confundió la configuración de una infracción

aduanera, prevista en el numeral 2.1 del artículo 498 del

Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 45 del

Decreto 1232 de 2001, con la configuración de la causal de

aprehensión prevista en el numeral 1.3 del artículo 502 del

Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 5º del

Decreto 2628 del 2001, al tratar de equiparar las dos

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situaciones como similares, y con idénticas consecuencias

jurídicas, cuando, en realidad, se trata de dos cosas distintas.

En el caso concreto, está plenamente demostrada la causal de

aprehensión y decomiso señalada en el numeral 1.3, al

haberse establecido dentro de la respectiva actuación

administrativa que, según acta núm. 0585COMEX de 30 de

agosto de 2005, se realizó la aprehensión de la mercancía

(RESINA POLIÉSTER) al importador PET DEL CARIBE S.A.,

con fundamento en el numeral 1.3, del artículo 502 del

Decreto 2685 De 1999, toda vez que el agente de carga

entregó los documentos de viaje en forma extemporánea,

incumpliendo claramente el artículo 96 del Decreto 2685 de

1999 que exige la entrega previa al descargue de la

mercancía, por vía electrónica o física, o mediante

incorporación de la información que estos documentos tienen

al Sistema informático de la entidad, para efectos de que

aquella se considere debidamente presentada.

Por último, no es cierto que el decomiso de que trata el

Estatuto Aduanero equivalga a una confiscación, como lo

afirma la parte actora, pues, dicha medida, de conformidad

con el artículo 1° del Estatuto Aduanero está definida como “el

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acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las

mercancías, respecto de las cuales no se acredite el

cumplimiento de los trámites previstos para su introducción al

país, por presentarse alguna de las causales previstas en el

artículo 502 de este Decreto”; en tanto que la confiscación,

que prohíbe la Constitución Política, vendría a ser el hecho por

el cual el Estado despoja de los bienes a una persona sin

causa justa o sin causa legal, lo que no es predicable del

decomiso de mercancías que entran ilegalmente al país.

En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por

la parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar

la presunción de legalidad que ampara a los actos

administrativos acusados, razón por la cual la Sala revocará la

decisión de primera instancia, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia y, en su lugar,

denegará las pretensiones de la demanda.

No habrá condena en costas por cuanto, de conformidad con el

artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, se

considera que la conducta procesal asumida por la parte

demandante no ha sido temeraria y, por ende, no se amerita

su imposición.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2017,

proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Mixta,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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Número único de radicación: 08001233100320060199001
Actor: PET DEL CARIBE S.A.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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