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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-703-2002-00865-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-703-2002-00865-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-703-2002-00865-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-31-703-2002-00865-01
Referencia: Acción de nulidad
Actora: NAZLY BRIEVA THERÁN

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EL POSIBLE
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO IMPIDE A LA SALA
PRONUNCIARSE RESPECTO DE SU NULIDAD. EL TRIBUNAL SÍ
JUSTIFICÓ LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS MÓVILES Y
FINALIDADES PARA DETERMINAR QUE RESULTABA PROCEDENTE
LA ACCIÓN DE NULIDAD. EL CAMBIO DEL USO DEL SUELO
COMPETÍA AL CONCEJO DISTRITAL Y NO A LA JUNTA DE
PLANEACIÓN DEL DISTRITO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada contra la sentencia de 4 de mayo de 2017, proferida por

el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural 1, por medio

de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 08001-23-31-703-2002-00865-01
Actora: NAZLY BRIEVA THERÁN

I. ANTECEDENTES

I.1.- La señora NAZLY BRIEVA THERÁN, en ejercicio de la acción

de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, actuando en nombre

propio, presentó demanda contra el DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA2, en la que

formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: que se declare la nulidad del artículo primero de la
Resolución No. 01 de diciembre 7 de 2000, expedida por el señor
Alcalde Distrital en su condición de tal y Presidente de la Junta de
Planeación, por medio del cual se emite concepto favorable y se
aprueba el cambio de uso del suelo para la construcción del proyecto
comercial de Almacenes Éxito”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

Representantes de CADENALCO S.A. presentaron ante la Alcaldía

Distrital de Barranquilla propuesta urbanística-arquitectónica en el

lote de terreno ubicado entre las carreras 51B y 53 y calles 87 y 90,

que para ese momento ocupaba el Colegio Alemán, con la finalidad

de construir el proyecto comercial denominado Almacenes Éxito.

2
En adelante el Municipio.

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Actora: NAZLY BRIEVA THERÁN

Según el plano general de usos del suelo que hacía parte integral del

estatuto urbanístico del Distrito, el lote donde funcionaba el citado

colegio estaba destinado a un uso institucional. Sin embargo, luego

de estudiar la solicitud del proyecto urbanístico, la Junta de

Planeación Distrital, presidida por el Alcalde Distrital, emitió concepto

favorable y aprobó el cambio del uso del suelo de institucional a

comercial para la construcción del proyecto, mediante la Resolución

01 de 7 de diciembre de 2000.

La referida modificación en el uso del suelo, por desprenderse del

contenido del Plan de Ordenamiento Territorial, correspondía al

Concejo Distrital de Barranquilla y no a su alcalde.

I.3.- Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo que los actos acusados

vulneraron los artículos 313 de la Constitución Política; 33 de la Ley

136 de 19943 y el Decreto Distrital 0154 de 2000.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 313 Constitucional, a los

Concejos Municipales y Distritales les corresponde reglamentar los

3
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y

controlar las actividades relacionadas con la construcción y

enajenación de inmuebles destinados a vivienda, por lo que lo

máximo que podría haber hecho la Junta de Planeación Distrital, para

efectos del cambio del uso del suelo, era emitir un concepto

urbanístico y arquitectónico sobre la propuesta presentada para la

construcción del proyecto de Almacenes Éxito.

No obstante, dicha Junta aprobó el cambio del uso del suelo que

estaba consignado en el plano general que hacía parte integral del

Estatuto Distrital, Tomo IV, que se constituía como un componente

del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla,

aprobado por el Concejo de esa ciudad mediante el Decreto 0154 de

2000.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida mediante auto de 28 de agosto de 2002 y

en la misma providencia, entre otras decisiones, se ordenó la

notificación al Distrito de Barranquilla y al Representante Legal de

Almacenes Éxito, quienes la contestaron en los siguientes términos:

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II.1.- Distrito de Barranquilla

El ente territorial, por intermedio de apoderado judicial contestó la

demanda4, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones,

después de realizar un recuento de los hechos y el concepto de la

violación de las normas señaladas en la misma, adujo, en esencia,

que la actora no actuó en defensa del interés general, sino en busca

de un beneficio particular, como lo demostraría a lo largo del

proceso. Propuso las siguientes excepciones:

Caducidad de la acción

Señaló, por un lado, que el acto administrativo demandado era de

carácter particular, toda vez que por medio de este se varió el uso

del suelo en un perímetro urbano determinado del Distrito; y, por el

otro, que en el presente proceso intervino como coadyuvante de la

demandante la sociedad KARAWI Ltda., que, a su juicio, poseía un

interés particular en el desarrollo comercial del sector donde se

adelantaría la construcción del proyecto.

En consecuencia, indicó que la acción que debió incoarse fue la de

4
Folios 97-103 C. 1.

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nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, para el momento de

presentación de la demanda, -18 de marzo de 2002-, se encontraba

caducada, debido a que la Resolución 01 de 7 de diciembre de 2000,

había sido notificada con mucho tiempo de antelación.

Falta de competencia

Con fundamento en lo anterior, adujo que al declararse la caducidad

de la acción esta jurisdicción carecería de competencia para

pronunciarse sobre el fondo del asunto.

II.2.- Almacenes Éxito

Por su parte, el Representante Legal de Almacenes Éxito explicó que5

la Resolución acusada se expidió en ejercicio de la facultad conferida

a la Junta de Planeación Distrital por el artículo 14 del POT del

Distrito, relativa a la emisión de concepto urbanístico y

arquitectónico sobre proyectos aislados de uso comercial que se

promovieran en áreas residenciales o institucionales consolidadas en

manzanas completas iguales o superiores a 5.000 metros cuadrados.

5
Folios 110-121 C. 1.

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Afirmó que al avalarse la construcción de un proyecto comercial en

una zona señalada como institucional, no significa cambiar el uso del

suelo, pues creer lo contrario, como al parecer lo hizo la

demandante, implicaría un cambio de uso de todo un sector del

territorio o que toda decisión deba ser aprobada por el Concejo

Distrital.

En línea con lo anterior, sostuvo que el hecho de que una zona tenga

un uso de suelo institucional no impide la construcción de un parque

recreativo o, en este caso, de un almacén comercial, pues si bien el

uso del suelo se refiere al tratamiento que en la amplia zona que lo

posee se le deba dar al territorio, no significa que no pueda existir

una actividad puntual diferente.

Por último, propuso las siguientes excepciones:

Ausencia de violación

En este punto, recalcó que, con fundamento en el artículo 14 del

POT, a la Junta de Planeación Distrital sí le correspondía autorizar la

realización de proyectos que cumplieran con las características

señaladas en dicha norma y que se pretendieran desarrollar en

inmuebles, que, en primera instancia, tuvieran asignado un uso de

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suelo diferente.

Aunado a lo anterior, con base en el alcance de las demás

atribuciones de la Junta de Planeación, señaladas en el artículo en

mención, sostuvo que a ésta le competía la determinación de

parámetros excepcionales a las reglas generales establecidas por el

mismo POT y, específicamente, sí podía autorizar un uso del suelo

diferente al inicialmente establecido para un sector, siempre que se

verificaran las condiciones fijadas por el mismo instrumento

urbanístico.

Cumplimiento de las normas en el acto administrativo

materia de este litigio

Consideró que el acto demandado fue expedido con observancia de

las disposiciones normativas contenidas en el POT del Distrito de

Barranquilla; y que, además, del análisis de la Ley 388 de 1997 y

del mismo Plan de Ordenamiento, se desprendía que no todas las

decisiones concernientes al cambio del uso de suelos debían ser

tomadas por el Concejo de la ciudad.

II.3.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS

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II.3.1.- Norton Villalba Rodríguez, como ciudadano interesado

interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la

demanda y de apelación contra el numeral que dispuso la suspensión

provisional del acto acusado6.

II.3.2.- Inversiones y Representaciones KARAWI Ltda., a

través de apoderado, intervino como coadyuvante de la demandante

y adujo que: i) el Acta 01 de la Junta de Planeación Distrital era falsa,

debido a que en la misma se relacionaron nombres de personas

como asistentes, pero que no aprobaron el cambio del uso del suelo,

tales como los Representantes Legales de Gases del Caribe y

Metrotel S.A.; ii) las medidas que se tomaron en la Junta de

Planeación no podían ser aprobadas el mismo día, sino que debían

ser plasmadas en un acto administrativo posterior, lo cual no ocurrió

en el presente caso; iii) la decisión del cambio del uso del suelo

correspondía al Concejo y no al Alcalde Distrital y; iv) Almacenes

Éxito, a pesar de la ilegalidad de la Resolución 01 de 7 de diciembre

de 2000, también desconoció las resoluciones 1450 de 17 de julio de

2002 y 1569 de la misma anualidad, expedidas por el Departamento

Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla y demolió

las instalaciones del Colegio Alemán, pasando por alto que el plan

6
Folios 16-21 C.1.

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de manejo ambiental no había sido aprobado7.

II.3.3.- Fernando Prada Ortega, en ejercicio de la veeduría que

debía ejercer como habitante de la ciudad, intervino en el proceso

para coadyuvar la demanda y señaló, por una parte, que la

Resolución acusada, además de ilegal era falsa porque no fue

aprobada por los miembros de la Junta de Planeación; y, por la otra,

que la licencia de construcción otorgada a Almacenes Éxito, por parte

del Curador Urbano No. 2 de Barranquilla, -Resolución 08 de 2001-,

también era falsa porque se sustentó en el acto cuya nulidad se

persigue8.

II.3.4.- Carlos José Torrente Bautista, como coadyuvante de la

demandante indicó que con la expedición de la Resolución

demandada se inobservó lo previsto por el artículo 313 de la

Constitución, la Ley 136 de 1994 y el POT de Barranquilla, por cuanto

la modificación en el uso del suelo correspondía al Concejo Distrital

y no al alcalde.

Adujo que las resoluciones por medio de la cuales se concedió la

licencia de construcción de Almacenes Éxito, que se cimentaron en

7
Folios 22-26 y 34-39 C. 1.
8
Folios 108-109 C. 1.

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la Resolución 01 de 7 de diciembre de 2000, también debían ser

declaradas nulas porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal9.

III-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural, mediante

sentencia de 4 de mayo de 2017, accedió a las pretensiones de la

demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Caducidad de la acción

En un primer momento, con base en la teoría de los móviles y

finalidades esbozadas por la Sección Primera del Consejo de Estados,

en varias sentencias, explicó que la acción de nulidad resultaba

procedente frente a actos administrativos creadores de situaciones

jurídicas individuales y concretas, cuando tales situaciones implican

un interés para la comunidad en general, de tal naturaleza e

importancia que desborde el simple interés de legalidad en abstracto;

y que en caso de acceder a las pretensiones, no represente un

restablecimiento automático de un derecho subjetivo.

9
Folio 130-134 C. 1.

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Así las cosas, de la lectura de la pretensión de la demanda, concluyó

que la actora se limitó a impugnar en abstracto la legalidad de la

Resolución 01 de 7 de diciembre de 2002 y que este juicio no

conllevaba automáticamente un restablecimiento del derecho para

ella o para otro particular, razón por la que resultaba procedente la

acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA y no la de nulidad

y restablecimiento del derecho.

En relación con la sociedad KARAWI Ltda., precisó que su

intervención en calidad de coadyuvante se encontraba ajustada a

derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del CCA,

para los procesos de simple nulidad.

Falta de competencia

Desestimó la presente excepción, toda vez que no fueron acogidos

los argumentos planteados en torno a la caducidad de la acción.

Finalmente, en cuanto a la de ausencia de violación y

cumplimiento de las normas en el acto administrativo materia

de este litigio, sostuvo que su estudio se realizaría al momento de

pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

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En lo atinente a la intervención de los coadyuvantes, trajo a colación

dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado10, en las

que se consideró que a aquellos se les permite prestar colaboración

a la parte actora a fin de enriquecer los planteamientos de la

demanda, pero no pueden adicionar o modificar nuevas pretensiones

o cargos. Así mismo, determinó que, como en el presente caso los

intervinientes cuestionaron la legalidad de actos diferentes al

acusado y añadieron cargos de nulidad, solo se pronunciaría acerca

del de falta de competencia de la Junta de Planeación Distrital para

modificar el uso del suelo.

Aclarado lo anterior, luego de la transcripción y análisis de algunos

apartes del POT del Distrito de Barranquilla, advirtió que de ninguna

de las atribuciones conferidas a la Junta de Planeación Distrital se

derivaba que ésta, dentro del estudio de un proyecto como el que se

puso a su consideración, podía, además de emitir un concepto sobre

la viabilidad del mismo, modificar la destinación del uso del suelo.

En consecuencia, sostuvo que, de conformidad con el numeral 7 del

artículo 313 Constitucional, le correspondía al Concejo Distrital

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 11 de julio de 2013 y 2 de mayo de 2012,
expedientes 2004 00331 y 2009 00942. M.P: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E) y Martha Teresa
Briceño de Valencia, respectivamente.

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reglamentar tal aspecto, debido que el cambio del uso del suelo

competía, por una cláusula de reserva, a las autoridades municipales

de su respectiva jurisdicción, con sujeción a las disposiciones

superiores sobre los diferentes aspectos que confluyen en el uso del

suelo, entre otros, el ambiental, urbanístico, económico, fiscal, social

y cultural.

Así, una vez delimitadas las funciones de la Junta de Planeación

Distrital, como la reglamentación de los usos del suelo en el POT del

Distrito de Barranquilla, concluyó que la citada Junta no tenía

competencia para aprobar el cambio del uso del suelo de institucional

a comercial a la manzana ubicada entre las carreras 51B y 53, calles

87 y 90 para la construcción del proyecto de Almacenes Éxito, pues

tal facultad está reservada, constitucionalmente, al Concejo Distrital.

IV-. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Las apoderadas del Distrito de Barranquilla y de Almacenes Éxito

presentaron escritos de apelación en los que solicitan REVOCAR la

sentencia. Para ello plantearon los siguientes reproches:

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IV.1.- Distrito de Barranquilla

Afirmó que la actora y los coadyuvantes difieren de la realidad actual

del sector, ya que el acto acusado data de más de 16 años, en el

transcurso de los cuales se expidió el Decreto 0212 de 28 de febrero

de 2014, por medio del cual se adoptó el POT del año 2012, y el uso

del suelo cambió, conforme al desarrollo urbanístico del Distrito, de

institucional a comercial, por lo que podría afirmarse que existe una

carencia de objeto en la presentación de la demanda y en la

declaratoria de nulidad de la Resolución 01 de 7 de diciembre de

2000.

Anotó que el Tribunal, cuando analizó la excepción de la caducidad

de la acción, se apoyó en circunstancias extraordinarias previstas en

sentencias del Consejo de Estado, pero no analizó si en el presente

caso se presentaron tales situaciones.

Informó que con fundamento en la Resolución 01 se expidieron

licencias de construcción que fueron notificadas al tercero interesado

y lo hicieron acreedor de derechos particulares y concretos que no

pueden ser desconocidos como consecuencia de la declaratoria de

nulidad del acto demandado, que debe entenderse hoy en día como

un acto administrativo decaído o carente de objeto.

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IV.2.- Almacenes Éxito

La apoderada de Almacenes Éxito presentó escrito contentivo de

apelación adhesiva, a través del cual recalcó que la Resolución

demandada se expidió con fundamento en el artículo 14 del POT del

Distrito de Barranquilla que se encontraba vigente para la época y

que se acompasa con el uso del suelo que se estableció en el POT del

año 2012 para la zona.

Frente a la caducidad de la acción, al igual que el Distrito de

Barranquilla, afirmó que el Tribunal hizo mención a la teoría de los

móviles y finalidades, pero no explicó su aplicación para el caso

concreto.

Finalmente, indicó que cuando se aprobó el cambio de uso del suelo,

a Almacenes Éxito se le otorgó licencia de construcción, lo que se

constituyó en un derecho adquirido, aunado a que dicha sociedad

siempre actuó de buena fe.

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V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

.- El DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA, a través de apoderada judicial11, presentó escrito de

alegatos de conclusión12, en el que reiteró los argumentos expuestos

tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de apelación

interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Explicó que como el POT de Barranquilla ha variado a través del

tiempo, en la actualidad la zona objeto de controversia está

clasificada como de uso comercial debido al desarrollo urbanístico y

progreso de la cuidad, cambio de uso del suelo que señala no fue

objeto de análisis por parte del Tribunal en el fallo recurrido.

.- La actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. ACTO ACUSADO

-Resolución 01 de 7 de diciembre de 200013, en la cual se anotó

textualmente lo siguiente14:

11
Patricia Eugenia Rodas Cepeda.
12
Folios 14 a 31 del cuaderno de segunda instancia, visible en el índice 26 del expediente digital.
13
Folios 33-68 C. 1.
14
Folios 14-15 C. 1.

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“[…]

RESOLUCIÓN No. 01 de 7 de diciembre del 2000

Por la cual se emite concepto favorable y se aprueba el cambio de uso del
suelo para la construcción del proyecto comercial de Almacenes Éxito

El Alcalde y Presidente de la Junta de Planeación Distrital de Barranquilla,
en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Presidente de la Junta de Planeación Distrital expedir
mediante Resolución, las decisiones de la Junta.

Que la Junta de Planeación Distrital en sesión celebrada el siete (7) de
diciembre del 2000, aprobó el cambio de uso del suelo a la manzana
ubicada entre cras. 51B y 53, calles 87 y 90 y el plan o propuesta
urbanística-arquitectónica de Almacenes Éxito para esa misma manzana,
según consta en el acta No. 01 de la Respectiva Junta y certificado expedido
por el Secretario de la misma.

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el cambio de uso del suelo de Institucional a Comercial a la
manzana ubicada entre cras. 51B y 53, calles 87 y 90 para la construcción
del proyecto de Almacenes Éxito.

Art. 2° Emitir concepto favorable al plan o propuesta urbanística-
arquitectónica para la construcción del proyecto de Almacenes Éxito en la
manzana descrita en el artículo anterior, con las siguientes
consideraciones:

• Suprimir las bahías de taxis en zonas municipales.
• Ampliar el área de retiro sobre la cra. 51B, que permita crear una
zona interna de almacenamiento de taxis.
• Coordinar con el Tránsito Distrital el impacto del flujo vehicular.
• Mantener el sentido de circulación Sur-Norte de la calle 90.
• Evitar el impacto visual urbanístico sobre la fachada con frente obre
la zona residencial buscando mantener el carácter que hoy presenta.
• Mantener la zona de almacenamiento sobre la calle 87.
• Sugerir la construcción de un puente peatonal que facilite el acceso
peatonal sobre la cra. 53.
• Ampliación de un tercer carril en la cra. 53 para la desaceleración
vehicular antes del acceso sobre esta vía.
• Mantener las zonas verdes de asilamiento propuestas sobre la cra
53.

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Dada en Barranquilla a los 7 días del mes de diciembre del 2000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERNARDO HOYOS MONTOYA
Alcalde Distrital y Presidente de la Junta de Planeación [...]”.

VI.2. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER

De acuerdo con los planteamientos de los recursos de apelación,

siguiendo el orden en que fueron presentados, la Sala establece que,

en este caso, los problemas por resolver se concretan en dar

respuesta a los siguientes interrogantes:

• Si al haberse presentado el decaimiento del acto administrativo

acusado la presente demanda carece de objeto, debido a que

no tendría ningún sentido pronunciarse acerca de su posible

nulidad.

• Si el Tribunal, luego de hacer mención a la teoría de los móviles

y finalidades de esta Corporación, explicó su aplicación para el

caso concreto, a fin de determinar por qué resultaba

procedente la acción de nulidad.

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• Si la Resolución 01 de 7 de diciembre de 2000 se expidió

conforme a lo reglado en el artículo 14 del POT del Distrito de

Barranquilla, vigente para la época.

VI.3.- CASO CONCRETO

VI.3.1.- Nulidad vs. decaimiento del acto administrativo

Recapitulando, la demandante pretende la nulidad del artículo

primero de la Resolución 01 de 7 de diciembre de 2000, por la cual

la Junta de Planeación Distrital de Barranquilla, en cabeza del Alcalde

Distrital, emitió concepto favorable y aprobó el cambio de uso del

suelo de una manzana del territorio de la ciudad para la construcción

del proyecto comercial de Almacenes Éxito.

El Tribunal, por medio de la sentencia de 4 de mayo de 2017, accedió

a la pretensión de la demanda y declaró la nulidad del acto, toda vez

que la reglamentación del cambio del uso del suelo, competía al

Concejo del Distrito y no a su alcalde.

Inconforme con la anterior decisión, el Distrito de Barranquilla

presentó recurso de apelación en el que, entre otras cosas, afirma

que en este caso ocurrió el decaimiento del acto administrativo

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porque si bien al momento de la expedición de la Resolución 01 el

POT del Distrito indicaba que el sector donde se construiría el Éxito

era de uso institucional, con el pasar del tiempo y en el transcurso

del presente proceso, a través de la expedición de un nuevo POT, se

cambió el uso de toda la zona a comercial, razón por la que no tendría

sentido para esta Sala pronunciarse acerca de la nulidad que se

solicita.

Así las cosas, dados los argumentos de la apelación la Sala considera

necesario referirse a la diferencia entre la declaración de nulidad y el

decaimiento de un acto administrativo, así:

De conformidad con el artículo 84 del CCA, la acción de nulidad

procederá “[…] no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las

normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido

expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma

irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y

defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las

atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió

[…]”.

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Por su parte, el artículo 66 de la misma codificación estableció, frente

a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, lo

siguiente:

“[…] ARTICULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su
fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre
sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia […]”. (Destacado fuera del texto).

Ahora, a la segunda de las causales referidas en el artículo anterior,

se le conoce comúnmente como la figura del “decaimiento del acto

administrativo”, sobre la cual, esta Sección de forma unánime, desde

tiempo atrás, ha sostenido lo siguiente15:

“[…] como quiera que tal fenómeno (decaimiento) en nada
afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el
principio de la presunción de legalidad del acto
administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de
un acto administrativo debe hacerse con relación a las
circunstancias vigentes al momento de su expedición.

15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2001, expediente: 11001 03 24
000 1995 03531 01. M.P: Olga Inés Navarrete Barrero.

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La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del
acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta
hasta el momento de su expedición, mientras que la causal
de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso,
atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto
administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera
decirse que cuando se produce el fenómeno del
decaimiento, el acto administrativo supervive en el
mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que
lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus
caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo
que implica que la administración no puede hacerlo
cumplir […]”.

De la jurisprudencia expuesta resulta claro, como también lo ha

expresado esta Sección en anteriores ocasiones16, que la nulidad del

acto administrativo afecta su validez desde el momento de su

expedición y, por ende, surte efectos ex tunc, mientras que la pérdida

de fuerza ejecutoria implica que por alguna de las causales

contenidas en el artículo 66 del CCA, cesan sus efectos desde el

momento en que se configura la causal y hacia futuro sin afectar su

validez por todo el tiempo de su existencia jurídica. De tal manera

que dicho fenómeno no excluye la posibilidad de efectuar un

pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del mismo, por los

efectos que se pudieron haber producido antes del decaimiento de

los fundamentos de hecho o de derecho.

16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, expediente 25000 23 24 000
2002 00956 01. M.P: María Claudia Rojas Lasso.

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VI.3.2.- Teoría de los móviles y finalidades esbozada por el

Tribunal

En el escrito de contestación de la demanda, el Distrito de

Barranquilla consideró que como la Resolución acusada se constituía

en un acto administrativo particular y concreto en el presente caso

resultaba procedente la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, pero que ésta se encontraba caducada al momento de

presentación de la demanda.

El Tribunal, cuando decidió acerca de la citada excepción, trajo a

colación la teoría de los móviles y finalidades aplicada por esta

Sección en múltiples oportunidades y consideró que sí era procedente

la acción de nulidad, en la cual, como es sabido, no tiene aplicación

la caducidad.

Inconformes con la anterior decisión, las apoderadas del Distrito y de

Almacenes Éxito, en sus recursos de apelación aducen que el

Tribunal, aunque se refirió a la teoría de los móviles y finalidades, no

estudió su aplicación en la presente demanda.

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Desde ya la Sala advierte que los argumentos de dichos recursos

serán desestimados, puesto que de la lectura de la sentencia

impugnada se evidencia que en la misma sí se expuso

suficientemente la aplicación de la teoría al presente caso, como se

pasa a explicar, así:

En efecto, para dirimir el punto, el Tribunal, luego de citar los

artículos 84 y 85 del CCA, en los que se establecieron las dos

acciones, señaló que esta Sección, en auto de 2 de agosto de 1990,

reiterado en sentencia de 28 de agosto de 1992, consideró que los

actos administrativos de contenido particular no son, en principio,

susceptibles de ser controvertidos por medio de la acción de nulidad,

salvo en aquellos eventos determinados por la ley.

Aunado a lo anterior, indicó que esta Sala, en sentencia de 26 de

octubre de 199517, amplió la teoría de los móviles y finalidades y

estableció que la acción de nulidad sería procedente, además de los

casos señalados por el legislador, frente a actos creadores de

situaciones jurídicas individuales y concretas cuando tales situaciones

implicaran “un interés para la comunidad en general de tal naturaleza

17
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de octubre de 1995, expediente: 1995 03332.
M.P: Libardo Rodríguez Rodríguez.

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e importancia que desborde el simple interés de legalidad en

abstracto, por afectar de manera grave y evidente el orden público

social y económico […]”.

Anotó que la posición precedente fue adoptada por la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en la sentencia S-

404 de 29 de octubre de 1996, en la que se precisó que, además de

los casos previstos en la ley, habría lugar al ejercicio de la acción de

nulidad en aquellos eventos en que se tratara de actos creadores de

situaciones particulares y concretas que comportaran “un interés

para la comunidad de tal naturaleza e importancia que fuera

aparejado con el afán de legalidad”, en especial cuando se encontrara

“de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y

contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía

nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el

desarrollo y bienestar social y económico de un gran número de

colombianos”.

Aseguró que la teoría de los móviles y finalidades fue reiterada por

la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia IJ-030 de 4 de

marzo de 2003, cuando se analizó y se fijó el alcance de la decisión

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de la Corte Constitucional a través de la cual se declaró la

exequibilidad condicionada del artículo 84 del CCA.

Resulta claro para la Sala que el Tribunal con la explicación de la

evolución que la teoría de los móviles y finalidades ha tenido en esta

Corporación, en lo que atañe a la procedencia de la acción de nulidad

prevista en el artículo 84 del CCA, dio por sentado que, además de

lo previsto por el legislador, dicha acción resulta procedente frente a

actos administrativos creadores de situaciones jurídicas individuales

y concretas, cuando tales situaciones implican un interés para la

comunidad en general, de tal naturaleza e importancia que desborde

el simple interés de legalidad en abstracto y que, en caso de acceder

a las pretensiones, no represente un restablecimiento automático de

un derecho subjetivo.

VI.3.3.- De la facultad del cambio del uso del suelo

En el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de

Almacenes Éxito, al igual que como lo hizo en la contestación de la

demanda, señaló que, conforme con lo previsto en el parágrafo 3°

del artículo 14 del POT de Barranquilla, que se encontraba vigente

para la época de la expedición de la Resolución 01 de 7 de diciembre

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de 2000, la Junta de Planeación Distrital sí tenía la facultad para

modificar el uso del suelo del Colegio Alemán, de institucional a

comercial, para que se llevara a cabo la construcción del proyecto

arquitectónico de Almacenes Éxito.

Al respecto, la Sala precisa que la Constitución Política estableció que

a los Concejos Municipales les corresponde reglamentar los usos del

suelo.

Conforme a esta prerrogativa, la Corte Constitucional ha señalado 18:

i) el artículo 287 Superior prevé que las entidades territoriales gozan

de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites

señalados por la Constitución y la ley; ii) de allí se derivan los

derechos de gobernarse por autoridades propias, ejercer las

competencias que les corresponden y administrar los recursos, entre

otros; iii) de conformidad con el artículo 288 Constitucional las

competencias atribuidas deben ser ejercidas respetando los

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad; iv) si bien

las entidades territoriales gozan de autonomía, ésta no es absoluta o

ilimitada y su ejercicio está sometido a la Constitución y la ley, por

cuanto el Estado colombiano tiene un carácter unitario y; v) en

18
Corte Constitucional, sentencia C-765 del 6 de septiembre de 2006. M.P: Jaime Araujo Rentería.

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concordancia con ello, el artículo 313 ibidem establece las funciones

de los concejos municipales entre las cuales está la de reglamentar

los usos del suelo.

En esa línea, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que se encontraba

vigente para la época de la expedición del acto acusado, dispuso:

“Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o
de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del
suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades
tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta
popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas
consultas estará a cargo del respectivo municipio.

PARÁGRAFO: en todo caso, las decisiones sobre el uso del
suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal”.
(Destaco fuera del texto).

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 152 de 199419 estableció:

“PLANES DE ACCIÓN EN LAS ENTIDADES
TERRITORIALES. Con base en los planes generales
departamentales o municipales aprobados por el correspondiente
Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento administrativo
preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su
correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del
respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal.
En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales,
especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a
las normas legales establecidas para dichas transferencias.

Para el caso de los municipios, además de los planes de
desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un
plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones

19
“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.

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especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los
departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico
para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial”. (Destacado fuera del texto).

Esta función se reguló por medio de la Ley 388 de 1997, en cuyo

artículo 9° se definió el plan de ordenamiento territorial como el

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,

programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

Ahora, en el parágrafo 3° del artículo 14 del Decreto 0154 de 2000,

-POT del Distrito de Barranquilla-, dentro de las funciones de la Junta

de Planeación Distrital, en lo relacionado con modificaciones al uso

general asignado a un sector del territorio, se señaló:

“[…] 1ª Emitir concepto urbanístico y arquitectónico sobre proyectos
aislados de tipo comercial o recreativo que se promuevan en áreas
residenciales y/o institucionales consolidadas en manzanas
completas iguales o superiores a 5.000 metros cuadrados, que no
estén incluidos en la respectiva zonificación y no modifiquen
sustancialmente el uso general asignado al sector. El interesado
deberá presentar un anteproyecto con la correspondiente memoria
explicativa de la propuesta, como base para el análisis por parte de
la Junta y su evaluación contemplar, entre otros criterios, los
siguientes: […]”.

De dicha normatividad, la Sala colige, como lo hizo el Tribunal, que

la Junta de Planeación Distrital estaba facultada para emitir concepto

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respecto de la viabilidad o no del proyecto Urbanístico-Arquitectónico

para la construcción de Almacenes Éxito en la manzana donde se

localizaba el Colegio Alemán, pero no para cambiar el uso del suelo

de este sector de institucional a comercial, ya que ello implicaría una

alteración del ordenamiento urbanístico.

Lo anterior, habida cuenta que por disposición del artículo 313

Superior esta modificación le correspondía al Concejo Distrital de

Barranquilla, Corporación sobre la cual recae la reglamentación de

los usos del suelo de la ciudad, con sujeción a las demás preceptivas

constitucionales y el desarrollo legal que se expuso en la parte

introductoria de este aparte.

Al respecto, debe precisarse que si bien es cierto que algunos usos

pueden ser complementarios dentro de una misma zona, también lo

es que el cambio de uso del suelo implica una modificación sustancial

de la destinación del territorio, lo cual, se reitera, es competencia

exclusiva del Concejo Distrital.

Por último, la Sala debe advertir que no se desconocen derechos

adquiridos como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la

Resolución 01 de 7 de diciembre de 2000, pues dicha decisión se

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fundamentó en la incompetencia de la Junta de Planeación Distrital

para cambiar el uso del suelo de institucional a comercial, además

de que la obtención de licencias de construcción derivadas de un acto

viciado de nulidad no otorga derechos consolidados.

En conclusión, habida cuenta que se hace evidente que la Junta de

Planeación desbordó el ámbito de sus competencias en la decisión

correspondiente al artículo primero de la Resolución 01 de 7 de

diciembre de 2000, la Sala confirmará la sentencia proferida por el

Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a la pretensión de

la demanda y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA, no hay lugar a ello, habida

cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio de la acción

pública de nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de mayo de 2017,

proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Escritural,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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