Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00128-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00128-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2012-00128-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023
Radicación: 08001-23-33-000-2012-00128-01 (54.398)
Actor: Emilio Vence Zabaleta y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad – Culpa de la víctima
Síntesis del caso: El demandante principal fue privado de la libertad con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para
delinquir, terrorismo, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Dicha
actuación finalizó con sentencia absolutoria a su favor
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 6 de abril de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sala de decisión oral A, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo2 que conoció en primera instancia debido a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 152
del CPACA3.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1 En el resuelve de la sentencia se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Deniéguese las súplicas de la demanda; SEGUNDO:
Sin costas (Art. 188 de la Ley 1437 de 2011); TERCERO: Notifíquese esta decisión en los términos del artícul o 203 de la
Ley 1437 de 2011; CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia archívese el expediente.”
2 Ley 1437 de 2011. Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.
3 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” En este caso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de perjuicios
materiales corresponde al lucro cesante, que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 08001-23-33-000-2012-00128-01 (54.398)
Actor: Emilio Vence Zabaleta y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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1. El 22 de agosto de 2012, Emilio Vence Zabaleta, con su grupo familiar,
presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra
de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para obtener
la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su
libertad, ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra por la
presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo,
falsedad ideológica en documento público y fraude procesal4.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“PRIMERA.- Que se declare administrativa, extracontractual y solidariamente
responsables a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL,
por la totalidad de los daños y perjuicios (materiales e inmateriales) causados al
señor EMILIO VENCE ZABALETA y su NÚCLEO FAMILIAR, al encontrarse éste
privado injustamente de la libertad, como consecuencia de habérsele
vinculado irregularmente a una investigación y posterior proceso penal,
adelantado inicialmente a través de la UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FISCALÍA
‘UNIDAD CONTRA EL TERRORISMO’, y luego por el JUZGADO ÚNICO PENAL
ESPECIALIZADO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y la Sala Penal del
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA”.
3. Por lo anterior, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas
a pagar los siguientes montos:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Emilio Vence Zabaleta Víctima directa 100 SMLMV6
Erlinda Beatriz Zabaleta López Esposa 100 SMLMV
María Beatriz Vence Zabaleta Hija 100 SMLMV
Guillermo Enrique Vence
Hijo 100 SMLMV
Zabaleta
Emilio Fernando de Jesús Vence
Hijo 100 SMLMV
Zabaleta
Perjuicios
inmateriales5 Clara Deyanira Vence Zabaleta Hermana 100 SMLMV
Zoila Vence Zabaleta Hermana 100 SMLMV
Juan Tomás Vence Zabaleta Hermano 100 SMLMV
Juan José Vence Zabaleta Hermano 100 SMLMV
Fernando Augusto Vence 100 SMLMV
Hermano
Zabaleta
Tomás Enrique Vence Zabaleta Hermano 100 SMLMV
Daño emergente
consolidado:
$280.519.875 más los
Víctima directa
Perjuicios Emilio Vence Zabaleta honorarios cancelados
materiales por el presente
proceso.
4 Folios 1 al 44 del cuaderno No. 1 del tribunal.
5 En la demanda se señaló lo siguiente: “esto es, los clásicos perjuicios morales (pretium doloris), así como los relativos
al daño a la vida en relación y/o alteración a las condiciones de existencia, la salud y los causados a sus derechos
constitucionales de carácter fundamental al buen nombre, honor, honra y dignidad, por lo mínimo, en sumas
equivalentes a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada concepto para el accionante
principal y cada uno de los miembros de su núcleo familiar (…)”. Folio 27 del cuaderno No. 1 del tribunal.
6 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Actor: Emilio Vence Zabaleta y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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Lucro cesante: lo
dejado de percibir con
ocasión de la privación
de la libertad
4. Además, como medidas de justicia restaurativa solicitaron lo siguiente (se
trascribe):
“i.-) De Satisfacción.- Que exista declaración y reconocimiento de perdón
público, que se divulguen ampliamente por parte del señor FISCAL GENERAL DE
LA NACIÓN o la persona que se encuentre encargada de esa entidad, así como
por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL, en una ceremonia oficial, y
que posteriormente se divulgue tal situación en los medios de comunicación,
específicamente en radio y prensa de carácter nacional y local.
Lo anterior, como consecuencia jurídica ineludible de las pretensiones, de tal
manera que todo quede contemplado en la sentencia que se profiera en el sub
lite, a fin de que se restauren los derechos de raigambre constitucional
afectados del accionante principal y su núcleo familiar, tales como la
presunción de inocencia, buen nombre, honra, dignidad y libertad.
La ceremonia pública y su divulgación en los medios de comunicación de orden
nacional y local aludida, se deberá realizar dentro de los seis (6) meses siguientes
a la fecha de ejecutoria de la providencia que se disponga para el efecto, y
una vez llevada a cabo se enviará constancia de su realización al Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlántico, para que anexe el correspondiente
oficio o certificado al proceso.
ii.-) Que se establezca un ‘link’ con un encabezado apropiado en la página de
internet de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL, en las que
se pueda acceder al contenido magnético del fallo que se profiera. Por lo tanto,
las entidades demandadas, en el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoria del fallo, subirán a la red el archivo que contenga esta decisión, y
mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de un (1)
año que se contará desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la
información en la página web.
iii.-) De Rehabilitación.- Que a través de las entidades demandadas, se
establezca la financiación de la atención médica, psicológica, siquiátrica o
servicios sociales o de otra índole al Sr. EMILIO VENCE ZABALETA y su núcleo
familiar.
iv-) Garantía de No Repetición.- Las entidades demandadas, por intermedio del
Director Nacional de Fiscalías y la Dirección Ejecutiva de Administración de
Justicia, remitirán a todas y cada una de las Unidades de Fiscalías Especializadas
del país y Juzgados Penales, copia íntegra de la providencia que se profiera a
favor del Sr. VENCE ZABALETA y su NÚCLEO FAMILIAR, con miras a que sirva como
medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias, para lo
cual tendrá como plazo máximo el término de seis (6) meses contados a partir
de la fecha de ejecutoria de la misma.
Adicionalmente, se ordene a las entidades accionadas:
i.-) La adopción de una política institucional seria y racional, en la que se
disponga respetar la conciliación extrajudicial no solo como requisito de
procedibilidad, sino también como un mecanismo alternativo de resolución de
conflictos, a través del cual se evita colocar sobre los hombros de la víctima un
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Actor: Emilio Vence Zabaleta y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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proceso judicial dispendioso – que además de recargar la ya atareada labor
judicial – a la postre, hará más onerosa la erogación que deberá hacer el
Estado.
ii.-) La creación de una Comisión Interinstitucional conformada por la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, para que con fundamento en las
facultades y funciones constitucionales previstas en el artículo 251 y en la Ley
270 de 1996, a más tardar dentro de los ocho (8) meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que se profiere en el presente caso, radique ante
el Congreso de la República un proyecto de ley tendiente al establecimiento
de unas reglas de reparación integral en sede administrativa para las personas
que hayan resultado afectadas por el servicio público de administración de
justicia, bien sea por casos de privación injusta de la libertad, error jurisdiccional
o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. La anterior, una
petición que se realiza con el propósito de crear normativamente un programa
que tenga en cuenta una ponderación de los derechos de las víctimas
conforme a los estándares internacionales, junto con los criterios orientadores
de sostenibilidad fiscal previsto en el artículo 334 de la Constitución Política de
1991, y los principios presupuestales previstos en los artículos 12 y ss. Del Estatuto
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996)”.
5. Finalmente, pidieron que se diera cumplimiento a lo previsto por los
artículos 189 y 192 del CPACA, se actualizaran las sumas reconocidas de
acuerdo con el IPC y se condenara en costas a las demandadas.
6. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
7. 1) Con ocasión del informe de fecha 24 de junio de 2005, presentado
ante la Fiscalía No. 110 Seccional delegada ante el DAS, dicha entidad inició
indagación preliminar, “a fin de esclarecer hechos denunciados por anónimos
referidos a la ocurrencia de un supuesto ardid institucional gestado en el DAS –
Seccional Atlántico, para elaborar una coartada de falsos positivos en el Municipio
de Puerto Colombia (Atlántico) durante las anualidades de 2003 y 2004, dentro de
los cuales se denunciaba la participación de algunos agentes del DAS, y de quien
por aquella fecha se desempeñaba como Director Seccional – señor EMILIO VENCE
ZABALETA”.
8. 2) El 6 de julio de 2005, la Fiscalía 5ª delegada ante los jueces penales del
circuito de Barranquilla profirió resolución de apertura de instrucción por los
delitos de concierto para delinquir y terrorismo en contra de Edgardo
Rodríguez Heilbron.
9. 3) El 11 de julio de 2005, el ente acusador dispuso la vinculación de Emilio
Vence Zabaleta a la mencionada instrucción, mediante diligencia de
indagatoria.
10. 4) El 16 de noviembre de 2005, el aquí demandante se entregó
voluntariamente mediante funcionarios del DAS.
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11. 5) El 21 de noviembre de 2005, la Fiscalía delegada ante los jueces
penales del circuito especializado de Bogotá resolvió su situación jurídica y le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto
coautor de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, falsedad
ideológica en documento público y fraude procesal.
12. 6) El 8 de agosto de 2006 se profirió resolución de acusación en su contra.
13. 7) El 29 de agosto de 2007, el Juzgado único penal del circuito
especializado de Barranquilla profirió sentencia absolutoria a su favor por
duda probatoria y ordenó su libertad condicional.
14. 8) Dicha providencia fue apelada por Emilio Vence Zabaleta, con el fin
de que el superior revocara la decisión y ordenara “la absolución por
demostración de su plena inocencia”.
15. 9) El 4 de junio de 2010, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal,
confirmó la sentencia de primera instancia, “pero modificándola en cuanto a
declarar la presunta inocencia”.
1.2. Posición de la parte demandada
16. El 7 de noviembre de 2012, la Rama Judicial presentó escrito de
contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas7. Al respecto, sostuvo que, la actuación del Juzgado único penal
del circuito especializado de Barranquilla estuvo ajustada a derecho.
Además, según la Ley 600 de 2000 -normativa vigente para el momento de
los hechos-, la facultad de imponer la medida de aseguramiento recaía
únicamente en la Fiscalía General de la Nación, por lo que formuló la
excepción de falta de legitimación pasiva en la causa.
17. El 21 de febrero de 2013, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito
de contestación a la demanda, en el que también se opuso a las pretensiones
de la parte actora8. En ese sentido, afirmó que la medida de detención
preventiva se impuso con fundamento en lo establecido en el artículo 356 de
la Ley 600 de 2000 y las pruebas que obraban en el expediente, por lo que, el
hecho de que se hubiese proferido sentencia absolutoria no podía
comprometer de manera automática la responsabilidad del Estado.
Finalmente, sostuvo que los montos solicitados a título de perjuicios morales
estaban sobrestimados.
7Folios 1.884 a 1.897 del cuaderno No. 4 del tribunal.
8Folios 1.902 a 1.913 del cuaderno No. 4 del tribunal. Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, el Tribunal
Administrativo de Atlántico ordenó notificar nuevamente a la Fiscalía General de la Nación (folio 1.886 del cuaderno
No. 4 del tribunal).
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18. En la audiencia inicial celebrada el 14 de marzo de 2013, el Tribunal
Administrativo de Atlántico ordenó la vinculación del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS)9. Dicha entidad presentó escrito de
contestación a la demanda, en el que solicitó que se negaran las pretensiones
formuladas, dado que estaban configuradas las excepciones de caducidad,
“la genérica” y la falta de legitimación pasiva en la causa, toda vez que otras
entidades eran las llamadas a responder10.
1.3. Sentencia de primera instancia
19. El 6 de abril 2015, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de decisión
oral A, profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones
de la demanda11. Como fundamento de la decisión sostuvo que, la sentencia
absolutoria por sí sola no generaba de manera automática responsabilidad
del Estado, ya que no significaba que el demandante hubiese sufrido una
carga desproporcionada por la investigación seguida en su contra. Además,
como la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos exigidos para su
imposición, de conformidad con la norma vigente para el momento de los
hechos -Ley 600 de 2000-, no había lugar a declarar la responsabilidad
patrimonial de las entidades demandadas.
1.4. Recurso de apelación
20. El 21 de abril de 2015, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda 12. En su escrito
indicó que, el fallo impugnado desconoció el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado13 y del Tribunal Administrativo de Atlántico14, en el que se
señaló que los casos de privación injusta de libertad debían estudiarse bajo un
régimen objetivo de responsabilidad.
21. Así, en la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que la
absolución se dictó ante la comprobada inocencia del demandante Emilio
Vence Zabaleta, lo que demostraba lo injusto de la detención. Además, la
investigación estuvo “colmada de errores e imprecisiones, al interior de la cual
jamás se produjeron pruebas determinantes de un principio de responsabilidad penal
sobre el sindicado”. De hecho, los mismos fallos del proceso penal demostraron
la inexistencia de los fundamentos necesarios para construir los indicios graves
9 Acta No. 001 visible a folios 251 al 253 del cuaderno No. 2 del tribunal.
10 Folios 257 al 271 del cuaderno No. 2 del Tribunal.
11 Folios 723 al 734 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folios 739 al 841 del cuaderno del Consejo de Estado.
13 Citó las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp.
13.168; Sentencia de 31 de enero de 2011, Exp. 18.452; Sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 21.140, entre otras.
14 Citó los siguientes fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Atlántico: Sentencia de 4 de julio de 2014, Exp.
2011-01406, demandante: José Fernando Pereira y otros, y Sentencia de 12 de mayo de 2004, Exp. 2000-02759,
demandante: Jorge Navarro Insignares.
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de responsabilidad para el decreto de la medida de aseguramiento, sin
embargo, el tribunal omitió pronunciarse al respecto.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Cuestión previa; 2.2. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán;
2.3. Identificación del daño; 2.4. Análisis del hecho de la víctima; 2.5. Costas
2.1 Cuestión previa
22. En atención a lo previsto por el artículo 68 del CGP15, aplicado por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se vinculará como sucesor
procesal del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-, al Patrimonio
Autónomo PAP - Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento
Administrativo de Seguridad y su Fondo Rotatorio, conforme a lo dispuesto en
el artículo 238 de la Ley 1753 de 201516.
2.2. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
23. La Sentencia de primera instancia negó las pretensiones planteadas. En
esta instancia, la parte demandante pretende la indemnización de los
perjuicios que le fueron causados con ocasión de la privación de la libertad
de Emilio Vence Zabaleta, materializada dentro del proceso penal que se
siguió en su contra, la cual debe ser valorada bajos las consideraciones de un
régimen objetivo de responsabilidad.
24. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo
privada de la libertad en centro carcelario, desde el 15 de noviembre de 2005
hasta el 15 de noviembre de 200617, y en detención domiciliaria, desde el 16
15 Ley 1564 de 2012, Artículo 68. “(…) Si en el curso del proceso sobreviene la extinción fusión o escisión de alguna
persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les
reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran (…)”.
16 Ley 1753 de 2015. Artículo 238. Atención de procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto DAS y
constitución de fiducia mercantil. ” Para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 18 del
Decreto ley 4057 de 2011 y 7° y 9° del Decreto número 1303 de 2014, autorícese la creación de un patrimonio
autónomo administrado por Fiduciaria La Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
suscribirá el contrato de fiducia mercantil respectivo. // Para todos los efectos legales la representación de dicho
patrimonio autónomo la llevará la sociedad fiduciaria, quien se encargará de la atención de los procesos judicia les,
reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los cuales sea parte o destinatario el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, y que no guarden relación con funciones
trasladadas a entidades receptoras de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, o que por cualquier
razón carezcan de autoridad administrativa responsable para su atención.”.
17 Según el informe en el que se dejó a Emilio Vence Zabaleta a disposición de la fiscalía, en el que consta que se
entregó voluntariamente el 15 de noviembre de 2015 (folios 286 y 287 del cuaderno No. 1 del tribunal), así como el
acta de derechos del capturado (folio 291 del cuaderno No. 1 del tribunal) y el acta de buen trato de la misma fecha
(folio 293 del cuaderno No.1 del tribunal). También obra en el expediente la Resolución de 21 de noviembre de 2005,
mediante la cual se le impuso al entonces procesado medida de aseguramiento de detención preventiva y se libró
la correspondiente boleta de detención ante el director de la Penitenciaria Nacional de La Picota (folios 337 al 353
del cuaderno No. 1 del tribunal).
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Decisión: Modifica la sentencia apelada
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de noviembre de 200618 hasta el 31 de agosto de 2007 19, con ocasión del
proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión de los
delitos de concierto para delinquir, terrorismo, falsedad ideológica en
documento público y fraude procesal, el cual finalizó con sentencia
absolutoria a su favor20.
25. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto respecto de las
pretensiones formuladas en contra de la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar,
entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En
efecto, la Sentencia que confirmó la absolución fue proferida el 4 de junio de
2010 y aparecen dos constancias que informan fechas distintas acerca de su
ejecutoria21, sin embargo, según las normas procesales, pudo quedar
ejecutoriada el 8 de julio de ese mismo año22.
26. En consecuencia, si se tiene en cuenta que, el 22 de junio de 2012 se
presentó la solicitud de conciliación extrajudicial -por lo que se suspendió el
mencionado término-, el 14 de agosto de 2012 se expidió la constancia que
la declaró fallida23 y que la demanda fue radicada el 22 de agosto de 201224,
se concluye que la acción se ejerció dentro del plazo previsto por el artículo
164, numeral 2, inciso i del CPACA.
27. Sin embargo, se declarará la caducidad respecto de la vinculación del
DAS, debido a que fue llamada oficiosamente por el tribunal el 14 de marzo
18 De acuerdo con la Resolución proferida el 2 de noviembre de 2006 por el Juzgado Único Penal del Circuito
especializado de Barranquilla, que sustituyó la medida de detención preventiva por domiciliaria (folios 1306 a 1311
del cuaderno No. 2 del tribunal). Así como las certificaciones expedidas por el director del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Valledupar, el 11 de mayo de 2012 (folio 179 del cuaderno No. 3 del tribunal)
y el 17 de febrero de 2014 (folio 339 del cuaderno No.1 del tribunal), en las que se señaló que el período de detención
domiciliaria inició el 16 de noviembre de 2006.
19 Obra en el expediente la Sentencia proferida el 29 de agosto de 2007 por el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Barranquilla, mediante la cual se absolvió a Emilio Vence Zabaleta de los cargos imputados y se le
concedió el beneficio de libertad provisional (folios 1600 a 1628 del cuaderno No. 2 del tribunal), así como el acta de
la diligencia de compromiso suscrita el 31 de agosto de 2007 (folio 1629 del cuaderno No. 2 del tribunal). La Sala no
tendrá en cuenta las fechas de finalización del período de detención señaladas en las certificaciones expedidas por
el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Valledupar -mencionadas en precedencia-
dado que son contradictorias en ese punto. En efecto, en una se señaló que el entonces procesado estuvo en
detención domiciliaria “hasta el 20 de junio de 2007”, mientras que en la otra se indicó que dicho período finalizó en
“agosto de 2007”.
20 Sentencia proferida el 4 de junio de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. Folios 1.816 a 1.835
del cuaderno No. 4 del tribunal.
21 En el expediente obran dos constancias de ejecutoria. Una señala que la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada
el 2 de julio de 2010 (folio 1840 del cuaderno No. 5 del tribunal), y en la otra consta que la ejecutoria ocurrió el 27 de
julio de 2010 (folio 330 del cuaderno No. 2 del tribunal).
22 Según el artículo 180 del C.P.P, “[l]a sentencia se notificará por edicto, si no fuere posible su notificación personal
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. El término para realizar la notificación personal debió transcurrir
durante los días 8, 9 y 10 de junio, por lo que el edicto debió fijarse durante los 3 días siguientes, es decir, 11, 15 y 16
de junio de 2010. Después de esta última fecha transcurría el traslado para interponer el recurso extraordinario de
casación. Para este momento, no existía norma vigente -artículo 210- de la Ley 600 de 2000, que rigiera el traslado
para presentar dicho recurso, debido a su declaratoria de inexequibilidad, por ello se aplicaba la disposición
pertinente del Decreto 2700 de 1991, esto es, el artículo 223, según el cual “[e]l recurso de casación podrá
interponerse, por escrito, dentro de los quince días siguientes a la última notificación de la sentencia de se gunda
instancia”. En consecuencia, este último término se debió cumplir el 8 de julio de 2010.
23 Constancia expedida por la Procuraduría 14 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo
de Atlántico. Folios 1863 y 1864 del cuaderno No. 4 del tribunal.
24 Según el acta individual de reparto visible a folio 1.865 del cuaderno No. 4 del tribunal. En el expediente no se
observa ningún otro sello ni constancia que dé cuenta de la radicación de la demanda en una fecha anterior.
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Radicación: 08001-23-33-000-2012-00128-01 (54.398)
Actor: Emilio Vence Zabaleta y otros
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de 2013, cuando ya había expirado la oportunidad para trabar la litris, de
conformidad con el plazo establecido en la ley 25.
28. Así las cosas, esta Subsección modificará la sentencia de primera
instancia, dado que declarará la caducidad de la acción respecto de las
pretensiones formuladas en contra del DAS, y negará las demás pretensiones
de la demanda, al constatar la existencia de un hecho de la víctima que fue
determinante en la causación del daño alegado. Con este fin, la Sala
abordará los siguientes asuntos: identificará que se acreditó un daño derivado
de la afectación del derecho a la libertad; luego, analizará las razones por la
cuales se considera configurada la causal de exoneración de responsabilidad
y, finalmente, condenará en costas a la parte demandante.
2.3. Identificación del daño
29. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de
Emilio Vence Zabaleta, que se extendió desde el 15 de noviembre de 2005
hasta el 15 de noviembre de 2006 en centro carcelario -12 meses-, y desde el
16 de noviembre de 2006 hasta el 31 de agosto de 2007 en detención
domiciliaria -9 meses y 17 días-.
2.4. Análisis del hecho de la víctima
30. Al expediente se aportó copia del proceso penal adelantado en contra
del demandante principal por los delitos de concierto para delinquir,
terrorismo, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, del
cual se advierte lo siguiente:
31. 1) El 11 de julio de 2005, la fiscalía vinculó mediante diligencia de
indagatoria a Emilio Vence Zabaleta y libró la correspondiente orden de
captura26.
32. 2) El 3 de octubre de 2005, el apoderado del aquí demandante presentó
un memorial en el que puso en conocimiento del ente acusador “la voluntad”
que tenía Emilio Vence Zabaleta de presentarse ante las autoridades
judiciales. Sin embargo, solicitó medidas especiales de protección para
presentarse ante la fiscalía, al tratarse de un antiguo funcionario del DAS27.
33. 3) Mediante Resolución de 7 de octubre de 2005, la fiscalía indicó que
“lo único que le puede garantizar al sindicado (…) es que se designará un centro
25 Se acoge la postura mayoritaria de la Subsección según la cual las reglas de caducidad deben extenderse a la
vinculación oficiosa que realice el juez de alguna de las partes, sin embargo, el magistrado ponente considera que
dicha conclusión confunde los límites del derecho de acción (y de las partes) con los poderes de instrucción
otorgados al juez. Al respecto, ver la Sentencia proferida por esta Subsección el 23 de noviembre de 2022, Exp. 53.668,
en la que el suscrito aclaró voto por las razones expuestas.
26 Según lo señalado en la Resolución de 21 de noviembre de 2005, mediante la cual se impuso la medida de
aseguramiento. Folio 344 del cuaderno No. 3 del tribunal.
27 Folios 221 al 223 del cuaderno No. 3 del tribunal.
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carcelario en donde se encuentre un área o sitio exclusivo para exfuncionarios
públicos”28.
34. 4) El 28 de octubre de 2005, el entonces procesado solicitó que se fijara
hora y fecha para rendir diligencia de indagatoria 29, la cual se ordenó, en
principio, para el 10 de noviembre de 200530. Sin embargo, fue reprogramada,
según el cronograma de la fiscalía en dos oportunidades, para el 1831 y luego
para el 1632 del mismo mes y año. De todas maneras, a pesar del
aplazamiento de estas diligencias, no consta que el procesado se hubiera
presentado a la fiscalía, para demostrar la intención manifestada de que
cumpliría con los requerimientos de la administración de justicia.
35. 5) El 16 de noviembre de 2005, funcionarios del DAS pusieron a disposición
de la fiscalía al aquí demandante, e indicaron lo siguiente:
“Mediante información suministrada por una fuente humana, se tuvo
conocimiento de la voluntad de entrega a la justicia del Doctor Emilio Vence
Zabaleta, la cual se realizaría en Barranquilla (…) y efectivamente el día 15 de
noviembre (…) se atendió información mediante llamada telefónica de la
posible ubicación del Doctor Emilio Vence Zabaleta, quien manifestaba su
intención de entrega voluntaria a las autoridades judiciales por las cuales es
requerido, inmediatamente se procedió a realizar verificación del inmueble (…)
lugar en el que (…) fuimos atendidos por su abogado (…) quien manifestó
conocer el motivo de nuestra presencia, momentos siguientes hizo presencia el
Doctor Emilio Vence Zabaleta a quien una vez identificado plenamente con su
cédula de ciudadanía, se procedió a notificar el motivo de su captura (…)”33.
36. 6) Ese mismo día, 16 de noviembre de 2005, la víctima directa rindió
indagatoria34, y el 21 de noviembre del mismo año, el ente acusador le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de libertad
provisional, como presunto coautor de las conductas punibles de concierto
para delinquir, terrorismo, falsedad ideológica en documento público y
fraude procesal35.
37. 7) El 8 de agosto de 2006, la fiscalía profirió resolución de acusación en
contra de Emilio Vence Zabaleta por los delitos de concierto para delinquir,
amenazas y falsedad en documento público, y precluyó la investigación a su
favor por la conducta de fraude procesal 36.
38. 8) El 2 de noviembre de 2006, el Juzgado único penal del circuito
especializado de Barranquilla sustituyó la medida de detención preventiva
por domiciliaria, debido a la solicitud realizada por la defensa, en el sentido
28 Folios 232 y 233 del cuaderno No. 3 del tribunal.
29 Folio 245 del cuaderno No. 3 del tribunal.
30 De acuerdo con la Resolución de 1 de noviembre de 2005. Folio 250 del cuaderno No. 3 del tribunal.
31 Folio 261 del cuaderno No. 3 del tribunal.
32 Folio 278 del cuaderno No. 3 del tribunal.
33 Folios 286 al 288 del cuaderno No. 3 del tribunal.
34 Folios 298 al 326 del cuaderno No. 3 del tribunal.
35 Folios 337 al 353 del cuaderno No. 3 del tribunal.
36 Folios 1173 al 1209 del cuaderno No. 6 del tribunal.
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de que para ese momento procesal ya se había recaudado la totalidad del
material probatorio que permitiría adoptar una decisión de fondo, por lo que
no era necesario mantener la medida intramural, si lo que se buscaba era la
preservación de la prueba. Además, el entonces procesado demostraba
arraigo37.
39. 9) El 29 de agosto de 2007, el juez de la causa profirió sentencia
absolutoria38. Dicha decisión fue confirmada el 4 de junio de 2010 por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Barranquilla39.
40. Como puede observarse, si bien la víctima directa tenía conocimiento
de la existencia de un proceso penal seguido en su contra por los delitos de
concierto para delinquir, terrorismo, falsedad ideológica en documento
público y fraude procesal, decidió de manera voluntaria no comparecer ante
las autoridades, sino hasta 4 meses después de que se ordenó su captura con
fines de indagatoria, a pesar de la manifestación que hizo mediante su
apoderado acerca de su aparente deseo de comparecer ante la fiscalía.
41. Si bien es cierto indicó en su momento -memorial de 3 de octubre de
2005- que se le debían proveer condiciones especiales para su reclusión, ello
solo estuvo motivado en su condición de antiguo funcionario del DAS, pero
sin que explicara razones adicionales que impidieran su presentación ante las
autoridades para cumplir los respectivos requerimientos judiciales o una
situación específica que pusiera en riesgo su vida o integridad personal.
42. Por lo tanto, la Sala encuentra que dicha actuación del demandante
principal incidió de manera determinante en la imposición de la medida de
detención preventiva, dado que la mostraba como razonable y útil para
asegurar la comparecencia del entonces sindicado al proceso, así como
para la preservación de la prueba. Además, se trataba de delitos de
competencia de la justicia especializada -concierto para delinquir y
terrorismo-, por lo que, en el evento de que existieran indicios graves en su
contra, la medida de detención preventiva era la única opción posible según
el artículo 14 transitorio de la Ley 600 de 2000 40 -norma vigente para el
momento de los hechos-.
37 Folios 1306 a 1311 del cuaderno No. 2 del tribunal.
38 Folios 1600 al 1624 del cuaderno No. 2 del tribunal.
39 Folios 1816 al 1835 del cuaderno No. 4 del tribunal.
40 Ley 600 de 2000. Artículo 14 transitorio. “En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de
Circuito Especializados es obligatorio resolver situación jurídica, y en caso de darse los presupuestos del artículo 356 de
este código procede detención preventiva.”
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43. La jurisprudencia de la Corte Constitucional 41 y de la Corte Suprema de
Justicia42 han entendido que, es posible revocar la medida de aseguramiento
cuando se advierta que no es necesaria, al haberse superado los fines por los
que fue dictada. No obstante, en este caso, la actitud mostrada por Emilio
Vence Zabaleta durante el proceso, al abstenerse de cumplir, de forma
consciente, la orden de captura con fines de indagatoria justificó su
detención. De hecho, el 2 de noviembre de 2006, el juez de la causa resolvió
sustituirla por detención domiciliaria, más no revocarla, a pesar de que el
entonces procesado “demostró arraigo familiar y social de gran magnitud”43. Así
las cosas, la medida se tornaba útil para asegurar la acción de la justicia y el
buen desarrollo del proceso penal.
44. En consecuencia, al verificarse que el hecho de la víctima fue
determinante para la causación del daño, dado que, como se señaló en
precedencia, el entonces sindicado, a pesar de que manifestó que atendería
la citación de la fiscalía, no se presentó una vez conoció el requerimiento
realizado por la administración de justicia y solo compareció al proceso 4
meses después de que se libró la orden de captura en su contra,
condicionando su entrega a razones de seguridad, aunque sin exponer, ni
demostrar de manera suficiente el riesgo alegado. Por lo anterior, la Sala
exonerará de responsabilidad a las entidades demandadas y confirmará la
determinación de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
2.5. Costas
41 El artículo 363 de la Ley 600 de 2000 preveía que “[d]urante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la
desvirtúen”. Esta disposición fue declarada exequible, de manera condicionada, por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-774 de 2001, “en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención
preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a
los fines que llevaron a decretarla”. Por tanto, “la detención preventiva puede ser revocada cuando surjan nuevos
elementos de juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos, ya sea
porque existe certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación a la
comunidad o al material probatorio”.
42 La Corte Suprema de Justicia ha entendido que, “la revocatoria de la medida de aseguramiento será viable no
solo en la instrucción cuando sobreviene prueba que enerve sus fundamentos probatorios, sino también en cualquier
instante de la actuación en que el funcionario tenga la seguridad que el procesado acudirá al trámite y a la
ejecución de la pena, que no cometerá más delitos, y que no atentará contra la inmutabilidad de la prueba, es
decir, una vez se hayan superado sus objetivos constitucionales y fines rectores”. Cfr. Corte Suprema de Justicia. Auto
de 2 de octubre de 2003, Exp. 21348. En el mismo sentido se encuentra el Auto de 23 de noviembre de 2016, Exp.
35691.
43 Según la Resolución de 2 de noviembre de 2006 que sustituyó la medida por detención domiciliaria. Folio 1.309 del
cuaderno No. 2 del tribunal.
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45. De conformidad con el artículo 188 del CPACA44 y el numeral 3 del
artículo 365 del CGP45, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887
de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura 46, la Sala considera razonable
fijar la suma de 6 SMLMV por concepto de agencias en derecho de la
segunda instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: TENER como sucesora procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) al Patrimonio Autónomo PAP-Fiduprevisora S.A. Defensa
Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad y su Fondo
Rotatorio.
SEGUNDO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 6 de abril de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de decisión oral A, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: DECLARAR la caducidad respecto de la vinculación oficiosa de la
Nación - DAS, hoy Patrimonio Autónomo PAP-Fiduprevisora S.A. Defensa
Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad y su Fondo
Rotatorio.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Por Secretaría del
tribunal, se ordena liquidar las costas, que incluirán la suma de 6 SMLMV por
concepto de agencias en derecho de segunda instancia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
44 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
45 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas: (…)
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda (…)”.
46 Acuerdo 1887 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Artículo 6. Numeral 3.1.3.
“Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.”
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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