Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00201-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00201-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00201-02
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
5 de mayo de 2022
1
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: ANTONIO JULIO MAZENETT CONTRERAS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
Temas: Nivelación salarial de auxiliar de servicios generales
respecto de un funcionario con igual cargo, pero con
mejor remuneración en virtud de un reajuste ordenado
por la misma entidad demandada. Carga de la prueba.
Ausencia de medios de convicción que demuestren la
equivalencia de condiciones entre empleos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-084-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Antonio Julio Mazenett Contreras en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 2, C1)
1. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración
del silencio administrativo negativo, el cual tuvo lugar con ocasión de la
falta de respuesta a la petición del 17 de diciembre de 2007, formulada por
el demandante con el fin de que le fuera reconocido el incremento salarial
previsto para los auxiliares de servicios generales de la Asamblea
Departamental del Atlántico, y además, que se reliquidaran las
prestaciones devengadas con base en el valor de la asignación básica
reajustada.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene al departamento del Atlántico reconocer y pagar a favor
del libelista el incremento salarial consagrado para los auxiliares de
servicios generales de la entidad demandada conforme a la Resolución
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.
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Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
000464 del 30 de diciembre de 2003, y que por lo tanto sean reliquidadas
sus prestaciones de acuerdo con esta variación en la remuneración.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 4, C1)
1. El demandante fue vinculado al servicio de la Asamblea Departamental del
Atlántico bajo el cargo de auxiliar de servicios generales desde el 1.° de
febrero de 2003. Esta misma posición fue ocupada por el señor Darío
Castro de la Hoz.
2. La relación legal y reglamentaria del libelista terminó el 31 de agosto de
2006. Para esa fecha, su salario reconocido era de $520.546, por lo que
sus prestaciones fueron liquidadas con base en este monto. No obstante,
a pesar de que el señor Mazenett Contreras ocupaba el mismo cargo del
señor Castro de la Hoz, este último devengaba en dicha anualidad una
remuneración de $867.732 en virtud del incremento determinado en la
Resolución 000464 de 2003.
3. La entidad demandada expidió el referido acto administrativo en virtud del
cual ordenó realizar un reajuste salarial a los empleados de la Asamblea
Departamental del Atlántico con retroactividad desde el 31 de diciembre de
2001.
4. Al señor Darío Castro de la Hoz, en su condición también de exfuncionario
de la referida corporación de elección popular, le fue reconocido el mentado
incremento desde el 1.° de enero de 2004 hasta el mes de junio de 2011.
No obstante, al señor Antonio Julio Mazenett Contreras no le efectuaron
este pago a pesar de haber ocupado la misma plaza de auxiliar de servicios
generales.
5. El Juzgado Segundo Laboral de Barranquilla mediante sentencia proferida
en el año 2009 declaró prescrito el derecho al reajuste salarial pretendido
por los trabajadores de la Asamblea Departamental del Atlántico. Empero,
esta última autoridad a través de la Ordenanza 00077 del 22 de diciembre
de 2009 fijó una asignación presupuestal de $777.080.930 a fin de saldar
los derechos laborales de reajuste salarial fijado en la Resolución 000464
de 2003.
6. El señor Mazenett Contreras formuló petición ante la Asamblea
Departamental del Atlántico el 17 de diciembre de 2007, a fin de que le
fuera reconocido el incremento de su remuneración con base en la
aplicación de la aludida resolución. Sin embargo, a la fecha de
presentación de la demanda (21 de febrero de 2013), la entidad
demandada no había dado respuesta de fondo a esta reclamación.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fechas de la audiencia inicial: 21 de mayo de 2014 y 26 de junio de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] el Tribunal antes de estudiar los medios exceptivos propuestos por las entidades
demandadas, se permite tratar de oficio el siguiente hecho circunstancial con
relevancia jurídica:
El señor Antonio Mazenett Contreras, presenta demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la fulminación del acto
ficto generado por la Asamblea Departamental del Atlántico frente a la petición de
fecha diciembre 17 de 2007 presentada por el actor, en el sentido de que se le
reconociera el reajuste salarial conforme a la Resolución No. 00464 del 30 de
diciembre de 2003, la cual reconoce un reajuste salarial a los empleados de la
Asamblea Departamental del Atlántico.
El informativo da cuenta de que el señor Antonio Mazenett Contreras, laboró en la
Asamblea Departamental del Atlántico desde el 1 de febrero del 2003, hasta el 31 de
julio de 2006, desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, con
una asignación de $ 520.547.00, tal como se aprecia en la certificación expedida por
el Secretario General de la Asamblea Departamental del Atlántico (fl.106).
Teniendo en cuenta lo anterior se puede extraer, que para la fecha en que culminó la
relación laboral entre el hoy accionante y la demandada Asamblea Departamental del
Atlántico valga decir (31 de julio de 2006), ya había sido proferida la Resolución No.
000464 de 30 de Diciembre de 2003, resolución que se torna según el libelo
introductorio, en el fundamento principal para postular mediante demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento, las pretensiones que hoy solicita
el actor, lo cual nos indica, que al momento de haber fenecido el vínculo legal y
reglamentario de carácter laboral al que nos hemos venido refiriendo, la Asamblea
debía en el evento de que le asistiera el derecho reclamado al señor Mazenett
Contreras, liquidar todas las prestaciones y emolumentos a que hubieren lugar,
teniendo en cuenta el reajuste reconocido en la resolución ya mencionada, así como
también las diferencias salariales que se derivaran de ese reconocimiento y no lo hizo
tal como lo manifiesta la parte actora en el acápite de hechos de la demanda (fl. 2),
es ahí en ese momento cuando existe por parte de la corporación empleadora una
negativa tacita al no reconocer ni tener en cuenta para efectos de la liquidación
definitiva de sus haberes prestacionales y salariales el reajuste querellado, negativa
esta que el actor debió atacar en su momento y no lo hizo, pues se convierte ésta en
la decisión o manifestación unilateral de la voluntad de la administración como
empleadora de no reconocer ni tener en cuenta en el caso del señor Mazenett
Contreras el reajuste en mención.
Solicitar derechos que ya fueron reconocidos o desconocidos por un acto
administrativo anterior y provocar un nuevo pronunciamiento con respecto a los
mismos derecho, la jurisprudencia y la norma lo han llamado "revivir términos", en el
anterior orden de ideas dice, el artículo 72 del Decreto 01 de 1984 (vigente para la
época de los hechos y también vigente para la época en que el actor presentó su
reclamación administrativa).
[…] Entonces el Tribunal entiende que el acto administrativo que ha debido
demandarse en nulidad y los consecuentes restablecimientos y que eventualmente
desconoció los derechos reclamados por el actor, es el acto por medio del cual le
liquidaron definitivamente y con ocasión de la terminación del vínculo laboral legal y
reglamentario sus haberes prestacionales y salariales, y no el que ahora depreca en
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su libelo demandatorio, por lo tanto de conformidad con las consideraciones
expuestas, el Tribunal habrá de declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda en el presente asunto y así se dejará expuesto en la parte resolutiva de la
providencia que se adopte.
Habida cuenta de que la Corporación encontró oficiosamente probada la excepción
de inepta demanda y que como consecuencia de ello se dará por terminado el
proceso, en los términos del artículo 180 de la ley 1437 de 2011, el cual señala en su
numeral 6° que si alguna de las excepciones previas prospera ya sea de oficio o a
petición de parte, el juez o Magistrado ponente dará por terminado el proceso,
facultado por el inciso 3° del numeral 6° del artículo 180 de la ley 1437 de 2011, para
dar por terminado el proceso, así habrá de procederse. […]». (Folios 149 a 153 y
CD visible a folio 158, C1).
Se notificó la decisión en estrados y la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue conocido en segunda instancia por esta misma
Subsección. Mediante auto del 20 de septiembre de 2018 (folios 161 a 165,
C1), la Sala resolvió la respectiva alzada en el sentido de revocar la
providencia impugnada que había declarado probada de oficio la excepción de
inepta demanda, ello bajo la siguiente argumentación:
«[…] En el presente caso, la Subsección considera que la excepción declarada de
oficio por el a quo no encuadra dentro de los asuntos susceptibles de ser analizados
bajo la figura de la «ineptitud sustantiva de la demanda», toda vez que no recae sobre
el estudio de los requisitos formales de la demanda consagrados en los artículos 162
y 166 del CPACA, ni acerca de la indebida acumulación de pretensiones; los cuales
constituyen las reales falencias que estructuran dicho medio exceptivo tal como se
indicó en la providencia de 21 de abril de 2016.
[…] Corolario, como la pretensión del demandante es el reconocimiento y pago del
reajuste salarial y la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales, es un
asunto que debe ser dilucidado a través del análisis del acto ficto que negó esa
reclamación y no de la Resolución 000144 de 2006 porque lo que dicho acto definió
fue la liquidación de las prestaciones del demandante como consecuencia de la
finalización de su vínculo laboral con la Asamblea Departamental del Atlántico, no la
nivelación deprecada por este en la presente demanda. […]»
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Realizando una conclusiva de lo expuesto en el expediente, el Litigio se contrae
en establecer si el acto administrativo ficto o presunto demandado, expedido por la
Asamblea del departamento del Atlántico y/o Gobernación del departamento del
Atlántico frente a la petición elevada por el señor Antonio Julio Mazenett Contreras el
DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2007, es ilegal o si existen vicios de nulidad por haber
sido expedido como lo señala el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, y si la parte
actora tiene derecho al reconocimiento y pago incremento o reajuste salarial, así
como el consecuente pago de las diferencias salariales y prestacionales surgidas con
ocasión al mismo. […]» (Negrilla y mayúscula del texto original. Folio 192 y CD
obrante a folio 190 bis, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 210 a 219, C2)
El a quo profirió sentencia escrita el 21 de agosto de 2019 por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El tribunal de primera instancia indicó que respecto a la nivelación salarial y a
la homologación de cargos, el Consejo de Estado ha señalado que no solo
basta con la observación del factor formal, es decir, la denominación del cargo
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o el grado del mismo, sino que, es fundamental observar las funciones que
cada cargo contiene, pues no podría tener una remuneración diferente un
cargo respecto de otro cuando materialmente ambos implican un desarrollo
similar de funciones, esto es, bajo el factor material de la equiparación.
Aseguró que en desarrollo de los principios de la prevalencia de la realidad y
de trabajo igual salario igual aplicables en materia laboral, la nivelación desde
el punto de vista remunerativo no es el simple cómputo de cargos, pues es
indispensable un análisis material en las labores asignadas a cada empleo
comparado, toda vez que dicho proceso no puede traducirse en una desmejora
de las condiciones de trabajo del servidor, es decir, una variación en su
categoría y en su asignación.
Resaltó que el demandante como sustento de sus pretensiones sostuvo que
existe un trato desigual en cuanto a la asignación salarial devengada por aquel
frente a la que perciben las personas que ocupan sendos cargos al interior de
la Asamblea Departamental del Atlántico, quienes sí fueron objeto del
respectivo ajuste salarial ordenado mediante la Resolución 000464 del 30 de
diciembre de 2003. Al respecto precisó que el señor Darío Castro de la Hoz se
encontraba vinculado a la fecha de la expedición del referido acto
administrativo y efectivamente fue beneficiario del mentado reajuste, al punto
de haber recibido un salario en cuantía superior al del demandante, ello pese
a que ambos ocupaban la misma plaza de auxiliar de servicios generales.
Sobre el punto aseveró que, en efecto, el señor Castro de la Hoz fue nivelado
salarialmente en virtud de la orden impartida por la Asamblea Departamental
del Atlántico mediante la resolución aludida previamente, ello puesto que su
nombre se encuentra relacionado en el artículo primero de la parte resolutiva
de dicho acto administrativo. Adicionalmente puntualizó que si bien se puede
verificar que aquel ocupaba el empleo de auxiliar de servicios generales, lo
cierto es que no obran en el plenario elementos que permitan determinar la
identidad de funciones, labores, responsabilidades e incluso de nomenclatura
del cargo entre el desempeñado por el libelista y el que era titular el servidor
con quien se compara. Por esta razón adujo que, no es viable deducir si la
diferencia de remuneración estaba justificada o no, así como tampoco era
posible advertir si dicha divergencia existía, dado que sobre este asunto
particular no se observan medios de convicción con los cuales se pueda
corroborar la afirmación en tal sentido.
Afirmó que a la parte activa no le bastaba mencionar que desempeñaba el
mismo cargo del señor Darío Castro de la Hoz, puesto que de la sola lectura
de la Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003 no se desprende per se
la vulneración del derecho invocado, ni existe suficiente evidencia que permita
deducir que en efecto la Asamblea del Departamento del Atlántico pagó al
demandante un salario inferior al que legalmente correspondía.
Reiteró que para evidenciar si existió o no un trato discriminatorio en el
presente asunto, también es necesario verificar el manual de funciones de
ambos cargos, el nivel jerárquico, grado y código contemplado para cada uno,
las funciones efectivamente desempeñadas, así como la remuneración
percibida por cada uno, pues estos aspectos resultan ser esenciales para
realizar una verdadera comparación entre los presuntos empleos similares.
Frente a la alegada vulneración al derecho a la igualdad que plantea el señor
Mazenett Contreras, consideró que el test de comparación referente al
incremento salarial fijado para el cargo que desempeñaba respecto de otros
empleos de la panta de personal, no resulta procedente pues es claro que no
se solicitaron ni practicaron pruebas suficientes a partir de las cuales se pueda
inferir que se trata de plazas de la misma naturaleza, condiciones, funciones y
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responsabilidades asignadas. Acerca de esta situación manifestó que ello se
traduce en un incumplimiento de la carga de la prueba de la parte demandante,
quien tenía la responsabilidad de acreditar los hechos que sirven de sustento
a las pretensiones, incluso a pesar de que el juez pueda ejercer facultades
probatorias de oficio, pues en realidad este no está llamado a suplir la
obligación de las partes en tal sentido.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(228 a 237, C2)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.
Para ello adujo que si bien es cierto el extremo activo del litigio debe aportar
con el libelo todos los documentos que prueben los hechos que sustentan sus
pretensiones, su deber se limita a allegar aquellos medios de convicción que
se encuentren en su poder como en efecto se hizo en este caso, pues es
imposible que se adjunte lo que no se tiene. Aseguró que es por esta razón
que el legislador en el artículo 175 del CPACA ordena a todas las entidades
públicas que con la contestación de la demanda aporten el expediente
administrativo, ello con la intensión de que los jueces tengan es su poder el
100% de la información necesaria para dictar una decisión en derecho.
En tal sentido acotó que no le asiste razón al a quo cuando le solicita al libelista
el manual de funciones, así como la estructura de la planta de personal de la
entidad donde aparezca la similitud en la nomenclatura de los cargos y el
código cuando precisamente esa carga procesal la ley se la entrega a la
entidad pública demandada.
Por otro lado, aseveró que el Consejo de Estado ha reiterado en su
jurisprudencia el principio relativo a que «a trabajo igual, salario igual», y por
lo tanto, el demandante al cumplir las mismas funciones y detentar la misma
plaza de su par, el señor Darío Castro de la Hoz, no podía devengar un salario
inferior.
Indicó que la decisión de primera instancia conlleva una vulneración al debido
proceso que conlleva su revocatoria, y en su lugar, se debe dictar una
sentencia condenatoria contra la demandada por el incumplimiento de sus
obligaciones procesales, en la medida en que quedó demostrada la
desigualdad salarial para dos personas que ocupaban el mismo cargo en la
misma entidad y que cumplían las mismas funciones.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandada (índice 13 del registro en SAMAI): instó que se confirme
la decisión impugnada. Para el efecto argumentó que no es cierto que la
Resolución 000464 de 2003 haya ordenado el reajuste salarial a todos los
empleados de la Asamblea Departamental del Atlántico con retroactividad al
31 de diciembre de 2001, toda vez que de la lectura de dicho acto
administrativo ello no se infiere, así como tampoco que en virtud del derecho
a la igualdad al demandante se le deba reconocer la equiparación deprecada,
por cuanto el nombre del señor Antonio Julio Mazenett Contreras no figura
relacionado en la aludida decisión.
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Además, precisó que aquella resolución consagró en su parte considerativa
que la mentada nivelación es procedente para los funcionarios que se
encontraban vinculados al 31 de diciembre de 2001, no obstante, el libelista
afirmó haber sido vinculado desde el 1.° de febrero de 2003, es decir, con
posterioridad a la primera data en comento. Sobre el punto destacó que el
mismo inciso sexto de la manifestación en comento condicionó esta
prerrogativa a que fuera proporcional para el caso de «los funcionarios que
fueron vinculados a la DUMA departamental, con posterioridad a la fecha de
dicho acto administrativo», el cual se refiere a la Resolución 000811 del 31 de
diciembre de 2001, ello «siempre y cuando se presente una similitud con
respecto a nivel jerárquico, grado y código con alguno de los funcionarios que
ya se encontraban en la planta de personal», situación que no fue demostrada
por el señor Mazenett Contreras.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal conforme a la constancia secretarial visible a folio 252 del
cuaderno 2.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en las siguientes preguntas:
¿El señor Antonio Julio Mazenett Contreras es titular del derecho al reajuste
salarial directo declarado mediante la Resolución 000464 del 30 de diciembre
de 2003, o en su defecto, era carga de aquel demostrar el supuesto tratamiento
salarial y prestacional discriminatorio entre este y el señor Darío Castro de la
Hoz, luego de haber ocupado supuestamente el mismo cargo de auxiliar de
servicios generales al interior de la planta de personal de la Asamblea
Departamental del Atlántico?
En caso afirmativo,
¿El demandante acreditó los elementos necesarios para que proceda la
equiparación remunerativa deprecada durante el tiempo que estuvo vinculado
a dicha entidad?
Frente a estos cuestionamientos la Subsección tendrá como tesis que: el
demandante no es titular del derecho a un reajuste salarial previsto en la
Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003, pues esta lo hizo de manera
particular para ciertos servidores y no general. Por ello, para la procedencia
de una nivelación salarial como la deprecada, era obligación del libelista
demostrar las condiciones de paridad y el tratamiento discriminatorio por parte
de la entidad demandada, lo cual no logró comprobar a plenitud ni con
suficiencia, tal como se expone a continuación:
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Sobre la Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003, «por
medio de la cual se reconoce un reajuste salarial a los empleados
de la Asamblea Departamental del Atlántico».
En primer lugar se destaca que de folios 14 a 18 del cuaderno 1 reposa la
Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003, la cual efectivamente previó
una modificación en la remuneración de algunos servidores de la Asamblea
Departamental del Atlántico, pero no de todos sus funcionarios, así como
tampoco de manera general para aquellos que ocuparan específicamente el
cargo de auxiliar de servicios generales. Al respecto se precisa que dicho acto
administrativo contempla la siguiente motivación expresa:
«[…] Que la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico, mediante
resolución No.000814 de 31 de Diciembre de 2001, RECLASIFICÓ un empleo de
Carrera Administrativa, dentro de su planta de personal, con fundamento en la
resolución No. 000811 de 2001, "Por medio de la cual se reestructura
administrativamente la Asamblea Departamental del Atlántico, se dicta la nueva
planta de personal, con sus respectivos niveles, nomenclatura, códigos y grados".
Que con la reclasificación de empleo, según las voces del Ley 443 de 1.998, Articulo
23, Inciso 2°, concordante con el Decreto 1572 Artículo 149, Parágrafo único, se surtió
un incremento salarial.
Como consecuencia del incremento salarial que adquirió con la reclasificación de un
cargo, se produjeron reclamaciones a petición de los funcionarios que integran la
planta de personal de la corporación, fundamentadas esencialmente en el sentido
que, se estudiara jurídicamente, la situación presentada, con ocasión de la
reclasificación, realizada, mediante resolución No.000814 de 2001.
Que se remitió a la secretaria de Hacienda, la nómina correspondiente a las
reclamaciones adelantadas, en razón a la preservación del Derecho a la IGUALDAD.
Que la Secretaría de Hacienda solicitó concepto jurídico a la Secretaría Jurídica de la
Gobernación del Departamento del Atlántico, consultando la viabilidad jurídica de
proceder a reconocer el reajuste salarial.
La Secretaría jurídica, emitió el respectivo concepto jurídico, en el que se ordena a
esta presidencia, la expedición del Acto administrativo de reconocimiento de la
obligación, concepto éste que forma parte integral del presente acto administrativo.
Que según ordenanza No.00024 de 2003, fueron apropiadas las partidas necesarias
para cubrir obligaciones de la Asamblea Departamental del Atlántico, por valor de
QUNIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS
($551.127.000).
Que según oficio SH-SP 0563-03 de fecha 24 de noviembre de 2003, el secretario de
hacienda, comunicó a éste presidencia que existe la respectiva disponibilidad
presupuestal, así: En el artículo tercero, rubro 3520 "Pasivos contingentes" existen
$251.127.000 y en el artículo décimo tercero al rubro 3522 "acreencias"
$300.000.000; se anexa copia de la citada comunicación al presente acto
administrativo.
Que por lo expuesto en los considerandos anteriores, es viable jurídicamente
reconocer la nivelación salarial a los funcionarios de la Asamblea Departamental, que
se encontraban vinculados a diciembre 31 de 2001, fecha en la cual se expidió la
resolución No. 000814 de 2001, "Por medio de la cual se reclasifica un empleo de
carrera administrativa, dentro de la planta de personal de la Asamblea Departamental
de acuerdo al contenido de la resolución No. 000811 de diciembre 31 de 2001"; así
como el reconocimiento de igual nivelación salarial, proporcionalmente, a los
funcionarios que fueron vinculados a la DUMA departamental, con posterioridad a la
fecha de dicho acto administrativo, siempre y cuando, se presente una similitud, con
respecto a nivel jerárquico, grado y código, con uno o alguno de los funcionarios que
ya se encontraban en la planta de personal. Con ésta decisión se garantiza a los
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funcionarios reclamantes, el derecho fundamental de Igualdad, consagrado en la
carta política, Artículo 13 y se evitaría, la institución demandas judiciales, que según
nuestro criterio, están llamadas a prosperar, lo cual le ocasionaría a la corporación,
en un futuro, gravosos daños económicos.
La mesa Directiva de la Asamblea, acoge el concepto emitido por la secretaría
jurídica, de la gobernación, por lo que deberá reconocer, a los funcionarios, que
conforme a la relación que se detalla en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, previa liquidación que se ha hecho de esas acreencias laborales, por
parte del funcionario competente, la nivelación salarial respectiva, con corte a 31 de
diciembre de 2002.
RESUELVE
Artículo primero: RECONÓZCASE a los funcionarios, que conforman la planta de
personal de la Asamblea Departamental del Atlántico, según la relación que se detalla
a continuación, la nivelación salarial, en los términos contenidas en la parte motiva de
esta resolución, así:
Parágrafo: Los valores a cancelar a cada uno de los beneficiarios relacionados, serán
los estipulados en la nómina anexa al presente acto administrativo.
Artículo Segundo: Remítase copia de la presente resolución a la gobernación del
Departamento, con el objeto de que se adelanten las actuaciones administrativas
dirigidas a financiar presupuestalmente, la obligación, que a través de éste acto
administrativo, se ha reconocido.
Artículo tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
[…]». (Mayúscula y negrilla conforme a la transcripción. Subrayado de la Sala).
A partir de esta transcripción es dable inferir en primer lugar que el mentado
acto administrativo definitivamente no es de carácter general ni abstracto, por
lo que tampoco detenta fuerza vinculante de naturaleza reglamentaria para
que pueda predicarse su aplicación indiscriminada a todos los servidores de
la Asamblea Departamental del Atlántico. Lo anterior en la medida en que tanto
de la parte motiva como resolutiva de aquella resolución, se extrae que la
voluntad de la administración para conceder un reajuste salarial estaba dirigida
únicamente a ciertos funcionarios que cumplieran condiciones específicas, los
cuales claramente determinó y enlistó de manera concreta como destinatarios
exclusivos de los efectos de la decisión.
Estos planteamientos implican que la Resolución 000464 del 30 de diciembre
de 2003 es necesariamente un acto administrativo de contenido particular. En
tal sentido, no resulta viable estimar que la nivelación de carácter remunerativa
prevista en este, podía extenderse hacia otros empleados distintos a los
anunciados expresamente en el artículo primero, y mucho menos de forma
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general para todos los auxiliares de servicios generales de la entidad
demandada como lo pretende el libelista.
Por ello, las previsiones sobre las cuales se adoptó la decisión de reajustar las
asignaciones de algunas personas en diferentes cargos de la Asamblea
Departamental del Atlántico, solo puede concretarse para las situaciones
jurídicas de quienes reclamaron lo propio y demostraron el cumplimiento de
los requisitos necesarios para el efecto. No obstante, lo que se verifica de este
medio de prueba e incluso del relato fáctico de la demanda, es que el señor
Mazenett Contreras no fue uno de los funcionarios solicitantes en su momento
que hubiese sido cobijado por esta resolución, dado que con certeza se
advierte que aquel no figura en el listado de beneficiarios indicados en la parte
resolutiva del acto en comento.
Ahora, uno de los fundamentos impugnativos del libelista, radica en asegurar
que se presenta una vulneración al derecho a la igualdad del que es titular, por
cuanto esta determinación de equiparar salarios debía haberse concretado
también a su favor, toda vez que se encontraba en las mismas condiciones del
señor Darío Castro de la Hoz, quien efectivamente fue uno de los funcionarios
destinatarios de la Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003, ello por
haber ocupado la misma plaza de auxiliar de servicios generales.
Pues bien, es del caso tener en cuenta que aquel acto contempló dos
supuestos específicos en virtud de los cuales era procedente el reajuste
pretendido en esta oportunidad. El primero de ellos se refiere al hecho de que
esta modificación remunerativa era aplicable a «[…] los funcionarios de la
Asamblea Departamental, que se encontraban vinculados a diciembre 31 de 2001,
fecha en la cual se expidió la resolución No. 000814 de 2001, "Por medio de la cual
se reclasifica un empleo de carrera administrativa, dentro de la planta de personal de
la Asamblea Departamental de acuerdo al contenido de la resolución No. 000811 de
diciembre 31 de 2001" […]».
Sobre el punto se evidencia a partir del certificado laboral emitido el 20 de
noviembre de 2013 por el secretario general de la Asamblea Departamental
del Atlántico (ver folio 106, C1), que el señor Antonio Julio Mazenett Contreras
estuvo vinculado con dicha corporación como auxiliar de servicios generales
desde el 1.° de febrero de 2003 hasta el 31 de julio de 2006. Lo anterior implica
que el demandante no colmó la referida exigencia de estar en ejercicio del
referido empleo al 31 de diciembre de 2001, pues su nombramiento y posesión
ocurrió con posterioridad. De esta forma, respecto a la exigencia bajo estudio
se torna palmario que el apelante no la satisfizo y por lo tanto no podía ser
beneficiario de la decisión en comento bajo tal presupuesto.
Por otra parte, la Resolución 000464 de 2003 previó otro escenario según el
cual podría estimarse necesaria la compensación salarial por la existencia de
diferencias en este punto sobre cargos similares. Para ello planteó que
también serían receptores de aquella determinación: «[…] los funcionarios que
fueron vinculados a la DUMA departamental, con posterioridad a la fecha de dicho
acto administrativo3, siempre y cuando, se presente una similitud, con respecto a nivel
jerárquico, grado y código, con uno o alguno de los funcionarios que ya se
encontraban en la planta de personal. […]».
Si bien el libelista estaría en principio inmerso en el aludido escenario por
haber sido nombrado como auxiliar de servicios generales con posterioridad
al 31 de diciembre de 2001, lo cierto es que según el mismo acto
administrativo, era necesario que se demostrara una condición de paridad
frente al nivel jerárquico, grado y código de algún servidor que ya estuviera
3
Entiéndase por tal acto administrativo la Resolución 000811 del 31 de diciembre de 2001.
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incorporado con anterioridad a esa data bajo la misma plaza en la planta de
personal de la entidad demandada.
De conformidad con este planteamiento, en efecto resulta indispensable que
el señor Mazenett Contreras compruebe que al margen de la fecha de inicio
de su relación legal y reglamentaria con la corporación pública de elección
popular del Atlántico, tal vínculo se configuró en un empleo de igual
nomenclatura a la de un auxiliar de servicios generales posesionado antes del
31 de diciembre de 2001 conforme a la estructura funcional que haya adoptado
dicha autoridad.
Empero, a pesar del referido elemento formal requerido, debe tenerse en
cuenta que con fines de materializar una nivelación salarial en virtud de una
situación discriminatoria como la aludida en esta causa judicial, y no de una
homologación de cargos, es imperioso que se configure un elemento subjetivo
relacionado con la acreditación entre sujetos comparados de idénticas
condiciones laborales en punto al mismo cumplimiento de funciones,
responsabilidades, cargas, horarios y perfiles, pues de lo contrario no se
estaría en un plano de igualdad conforme al cual sea posible efectuar un juicio
de vulneración de esta garantía constitucional.
Con base en lo expuesto hasta este punto, se infiere que el libelista no era
beneficiario directo del reajuste previsto en la Resolución 000464 del 30 de
diciembre de 2003, habida cuenta de que este no es un acto general y
abstracto aplicable a todos los servidores de la entidad, sino que es una
manifestación particular y concreta que solo surtió efectos para los
reclamantes involucrados en la actuación. Por tal motivo, la equiparación
pretendida por el recurrente en el sub examine no obedece a la simple
extensión de los efectos de aquella decisión. Por el contrario, dicho pedimento
se debe fundar en la inexorable carga probatoria del reclamante para
evidenciar su situación de paridad respecto de otro funcionario, tal como se
explica a continuación.
El ejercicio de comparación exigido jurisprudencialmente para
verificar la equivalencia de características entre empleos a nivelar
En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que el demandante en su
calidad de auxiliar de servicios generales retirado de la Asamblea
Departamental del Atlántico, pretende la respectiva nivelación salarial con
fundamento en un parangón con la misma plaza en comento que ocupaba el
señor Darío Castro de la Hoz, ello al asegurar que ejerció su empleo bajo las
mismas características de este último.
Pues bien, en materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se
alega por la parte activa el desempeño «de facto» de una misma posición
jerárquica al interior de una entidad, pero con menor salario al de su par, esta
Subsección precisó las condiciones para la procedencia de tal clase de
pretensiones en sentencia del 9 de diciembre de 20194, al indicar que:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función
que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera
con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones
que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los
requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae
consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los
supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su
contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de
diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
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de pruebas que avalen sus alegatos.» (Negrita fuera de texto).
Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional5 también indicó lo
siguiente:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también
diferenciación ante situaciones desiguales...”
(....)
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]» (Negrita de la Sala).
Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito
de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y
material, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional6, así:
«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de
una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia
de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades
públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato
en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue
aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en
discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no
obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es
conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios
válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre
trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo
igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración
diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada
debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y
razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional
de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los
empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
5
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación también señaló
al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado
que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma
forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el
ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad
de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (Subraya y negrilla de la Sala).
6
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-3.561.818
y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente: D-113. Se aclara
en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter
partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación
homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de
nivelación salarial.
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acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción. Negrita de la
Subsección).
Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una
presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad, tales
hechos tendrán que valorarse en conjunto con todas las condiciones
particulares de cada cargo en contraste desde diferentes aristas objetivas, en
orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación
salarial, en tanto un examen adecuado para hallar un trato discriminatorio
únicamente puede ser predicado entre pares y no entre similares con ciertas
divergencias7.
Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado,
aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en
la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía
iguales responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con
idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo
contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado8.
De la situación particular del libelista
Acorde con las precisiones jurídicas expuestas, es imperioso valorar los únicos
elementos probatorios aportados y practicados en el proceso. Al respecto, en
el expediente solo obran los siguientes medios de convicción:
Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003, por medio de la cual se
reconoció a favor de algunos servidores de la Asamblea Departamental del
Atlántico un reajuste salarial derivado de la restructuración funcional de la entidad
en virtud de la Resolución 000811 del 31 de diciembre de 2001. (Folios 14 a 18,
C1).
Ordenanza 000024 del 4 de diciembre de 2003 por medio de la cual se modificó
el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento del Atlántico para
la vigencia fiscal del año 2003. (Folios 20 a 50, C1).
Ordenanza 000077 del 22 de diciembre de 2009 con la que se autorizó al
gobernador del departamento del Atlántico suscribir un programa de ajuste fiscal
integral, institucional y financiero de la respectiva entidad territorial, a fin de
restablecer su solidez económica mediante la adopción de medidas de
racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, fortalecimiento de los
ingresos y saneamiento de pasivos. (Folios 51 a 52, C1).
Peticiones formuladas por el demandante los días 27 de julio de 2006 y 17 de
diciembre de 2007 ante la mesa directiva de la Asamblea Departamental del
Atlántico, por medio de la cuales instó el reconocimiento de un reajuste salarial en
aplicación de la Resolución 000464 del 30 de diciembre de 2003. (Folios 83 a 86,
C1).
Orden de pago 31051099 emitida por el departamento del Atlántico, con la que
se generó un abono a favor del señor Darío Antonio Castro de la Hoz por valor de
7
La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de 2021, proferida
en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
8
Idem.
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$52.096.377, esto por concepto de retroactivo salarial previsto en la Resolución
000464 de 2003. (Folio 87, C1).
Certificación laboral emitida por el secretario general de la Asamblea
Departamental del Atlántico el 20 de noviembre de 2013, en la que se indica que
el señor Antonio Mazenett Contreras estuvo vinculado al servicio de dicha entidad
en el cargo de auxiliar de servicios generales desde el 1.° de febrero de 2003
hasta el 31 de julio de 2006.
Sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Barranquilla el 10 de junio de 2010, mediante la cual se condenó al departamento
del Atlántico, Asamblea Departamental a pagar a favor del libelista el monto
correspondiente a lo debido por concepto de sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías de los años 2004 a 2006. (Folios 107 a 115, C1).
Una vez realizado el examen probatorio del caso, es posible inferir como lo
hizo el a quo que la parte demandante mantuvo una actitud probatoria pasiva
frente a la acreditación de los supuestos de hecho con los cuales soportaba la
tesis jurídica de sus pretensiones. Al verificar las evidencias documentales
allegadas al proceso sub lite, solo se advierte como relevante en lo atinente al
objeto de litigio, una certificación laboral y la petición de reajuste salarial.
Si bien el apelante sostiene que el supuesto trato discriminatorio se evidencia
del simple fundamento de expedición de la Resolución 000464 del 30 de
diciembre de 2003, lo cierto es que, como se adujo previamente, este acto es
de carácter particular y sus efectos no son pasibles de extenderse a
situaciones no analizadas en virtud de tal actuación, como sería el caso de la
planteada por el señor Mazenett Contreras.
Ahora, si lo pretendido por el libelista es realizar un ejercicio comparativo de lo
resuelto a favor del señor Darío Castro de la Hoz frente a la negativa de aquel
reajuste salarial en su caso particular, incluso a pesar de sostener que sus
condiciones laborales eran iguales a las de este último, resultaría necesario
recordar que es quien alega dicha discriminación el que se encuentra obligado
a comprobar su tesis, ello bajo el entendido de que debió estar en una situación
de paridad en todos los aspectos frente al empleo con el que se compara.
Sin perjuicio de lo anterior, también es indispensable destacar que como se
precisó anteriormente en punto a los criterios jurisprudenciales para la
procedencia de los pedimentos bajo estudio, en este tipo de casos no basta
asegurar y demostrar el cumplimiento de hecho de funciones idénticas a las
de la plaza contrastada, sino que además deben comprobarse otros elementos
de juicio objetivos como los siguientes: «[…] i) ejecutan la misma labor, ii) tienen
la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario
y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales. […]»9.
En suma, debe resaltarse que en el presente asunto no fueron aportadas ni
solicitadas con la demanda las pruebas necesarias, útiles y conducentes para
corroborar los elementos descritos, pues solo se allegaron las enunciadas
previamente, conforme a las cuales no es posible determinar aspectos tan
relevantes y fundamentales de la litis como: i) las funciones, condiciones
salariales, nomenclaturas y demás criterios de comparación respecto de los
empleos ocupados por el demandante y el señor Castro de la Hoz; ii) el horario
y forma de trabajo contemplada para los dos funcionarios; iii) la preparación
académica, experiencia o trayectoria de ambos; y iv) las responsabilidades
asignadas a cada uno.
Por lo expuesto, esta situación impide materialmente realizar cualquier tipo de
9
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-3.561.818.
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análisis de contraste, pues no reposan medios de convicción con los que sea
posible inferir al menos un grado de similitud en los aspectos que
jurisprudencialmente se aducen indispensables como elementos estructurales
de una nivelación salarial.
Conforme a esta línea de intelección y debido a la falta de evidencia que
respalde la tesis de la parte activa sobre la supuesta discriminación salarial a
la que se vio sometida, para la Subsección resulta evidente que se configura
un incumplimiento frente a la carga probatoria del demandante en lo que
respecta a la demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que alega
para el reclamo de su derecho. El referido mandato se deriva del contenido del
artículo 167 del Código General del Proceso que consagra lo siguiente:
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»
La normativa citada impone una carga procesal10 a las partes dentro del
proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito.
Ahora, si bien existen algunas variables excepcionales a la regla general en
comento como lo son la carga dinámica de la prueba o la facultad oficiosa del
juez, en el sub lite estas no se configuran, habida cuenta de que a la entidad
demandada solo le correspondía y tenía la facilidad de evidenciar en el
proceso, cómo tiene estructurada su planta de personal, mientras que para el
libelista resultaba necesario y factible demostrar que ejerció sendas
actividades, tenía el mismo perfil, asumió responsabilidades idénticas a las del
señor Castro de la Hoz con el que buscaba compararse, y que el salario de
este era superior, por ejemplo, pudo haber citado a este último como testigo
en la actuación.
Aquellas circunstancias no pueden simplemente asumirse como iguales para
ambos cargos por afirmarse lo propio en la demanda o por la sola comparación
de manuales de funciones como si se tratara de una presunción de derecho,
tal como pretende hacerlo en esta oportunidad el apelante al asegurar que era
la entidad demandada quien debía allegar todos los medios de convicción
respectivos.
En este punto debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, para las
autoridades públicas demandadas constituye una obligación legal el aportar la
10
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes procesales»,
«obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos ordenados en la ley
para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes. Los segundos son las
obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión del adelantamiento del proceso,
como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de
una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias
desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala
de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.
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totalidad del expediente administrativo de acuerdo con el artículo 175 del
CPACA, este corresponde exclusivamente a «[…] aquel que contenga los
antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.
[…]». En tal sentido, la documentación a la que alude la norma es la que se
haya recaudado desde el inicio del procedimiento administrativo hasta su
culminación a través de un acto definitivo, por lo que en el presente caso, no
es cierto como lo aduce el recurrente, que era la entidad territorial demandada
quien debía presentar todos los medios de convicción diferentes a los de la
actuación bajo estudio, la cual solo constaba de la petición que dio origen a
aquella y la eventual decisión adoptada que en este caso no se profirió.
Bajo este entendido, al margen de las posibles investigaciones y sanciones
disciplinarias contra los funcionarios encargados de cumplir con el referido
deber procesal, resulta indispensable resaltar que aun así, la parte demandada
no estaba obligada anexar con su contestación documentos diferentes al que
ya reposaba en el plenario, como lo es la reclamación del libelista para obtener
el reajuste salarial materia de controversia.
Por lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es el libelista quien aduce que
se encontraba en una situación de equiparación salarial con fundamento en el
aparente ejercicio de la misma plaza ocupada por el señor Darío Castro de la
Hoz, de modo que aquel debía tener la evidencia documental o testimonial de
ese supuesto, sin que pueda pensarse que es la entidad empleadora la que
está en mejores condiciones para corroborar aquello, pues ese presunto trato
discriminatorio no solo debe ser funcional, sino en las demás condiciones
como perfil, experiencia y otros requisitos que únicamente puede acreditar
quien alega que los cumple.
En todo caso, el enfoque de convicción en este punto, más que unos hechos
específicos es la imputación del supuesto actuar discriminatorio de la autoridad
demandada, el cual inicialmente se presume ajustado a derecho. Tal punto
hace inviable reasignar la carga probatoria a la entidad y exonerar de ella al
demandante, pues transgrediría las garantías constitucionales del debido
proceso y de la no autoincriminación, tal como esta misma Subsección 11 lo
planteó en sentencia del 8 de octubre de 2020 bajo la siguiente intelección:
«[…] A pesar de ser cierta la dificultad que comporta el tener que probar aquel
punto factual, debe tenerse en cuenta que esto no se torna en una mayor
facilidad para aportar el medio demostrativo por parte del sujeto endilgado y en
la consecuente dinamicidad de la carga en comento tendiente a que sea aquel
quien haga evidente la posición contraria. Lo anunciado porque al no tratarse
de un hecho en sí mismo sino una suerte de imputación fáctica y jurídica, sería
violatorio de las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación
y particularmente en el caso de las entidades del estado, del precepto de
inoperancia de la confesión, cuyo sustento es precisamente la legalidad
inherente a sus actos, que solo puede ser enervada con un adecuado ejercicio
probatorio, el cual que por antonomasia no le puede corresponder a la propia
administración al no tratarse de un régimen objetivo de judicialización donde se
asuma desde el principio la arbitrariedad del Estado. […]».
Por otra parte y sin perjuicio de lo expuesto, también se descarta la posibilidad
de que ante la falta de pruebas aportadas por el señor Mazenett Contreras,
fuera el juez quien tuviera la obligación de actuar ex officio a su favor para
decretar y buscar la práctica de los medios de convicción que se consideraran
pertinentes para corroborar la tesis jurídica con la que respalda sus
pretensiones.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 8 de
octubre de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-02283-01 (0093-17).
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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
Al respecto, se observa que esta Sala12 en sentencia de tutela contra una
providencia que asumió la referida improcedencia en un caso con similitudes
fácticas y jurídicas, puntualizó que no se presenta un defecto fáctico y tampoco
constituye un deber del juzgador intervenir en tal sentido. Se rescata de dicho
fallo lo siguiente:
«[…] Se advierte que, como ciertamente lo manifestó el Tribunal, dentro del
plenario no obra ninguna prueba relativa a las funciones asignadas al cargo
cuya nivelación pretendía la demandante y las que efectivamente
desempeñaba, lo cual impedía determinar si, como aquella lo afirmaba, cumplía
las mismas obligaciones de dicho cargo y a pesar de ello recibía una
remuneración menor (…) la accionante discurre que el juez, en ejercicio de sus
facultades, tenía el deber de solicitar de oficio las pruebas requeridas para
comprobar lo afirmado en la demanda. No obstante, debe aclararse que si
bien es cierto los jueces pueden decretar pruebas de oficio, también lo es
que no pueden suplir el deber probatorio de alguna de las partes, pues
ello equivaldría a favorecer a una de ellas y desconocer los derechos de
la otra, con lo cual se generaría una parcialidad y un desequilibrio
procesal. Lo sostenido en precedencia cobra mayor relevancia si se tiene en
cuenta que la demandante contó con las oportunidades procesales necesarias
para acreditar que ejercía las mismas funciones que las asignadas al cargo de
auxiliar de servicios generales (…) las cuales fueron debidamente garantizadas
por el Tribunal. De hecho, en la demanda solicitó las pruebas que en su criterio
reunían los requisitos para brindar convencimiento al juez, quien las decretó en
la audiencia inicial. Ahora bien, si el municipio demandado no allegó las
pruebas requeridas o las remitió de forma incompleta, la demandante podía,
una vez el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué puso en
conocimiento el contenido de los documentos presentados, informar la
ausencia de ellas y/o insistir la práctica de las mismas. Empero, decidió no
pronunciarse (…) En ese orden de ideas, no se aprecia la configuración de un
defecto fáctico en ninguna de sus dimensiones. Por el contrario, se denota que
el Tribunal Administrativo del Tolima valoró las pruebas obrantes en el
expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica y con base en ellas
adoptó una decisión ajustada a derecho. […]». (Negrita fuera del texto original)
Como se desprende de lo transcrito ut supra, no es posible que la autoridad
judicial decrete pruebas de oficio en casos como el particular cuando se
configura una clara inactividad de la parte activa para aportar e incluso para
solicitar elementos de evidencia que demuestren sus supuestos de hecho,
habida cuenta de que ello implicaría una suerte de parcialidad proscrita para
el tercero objetivo que decide de fondo el litigio.
Es decir, la conducta oficiosa en controversias donde se requiere la práctica
de determinados medios de convicción está limitada a buscar la verdad y
esclarecer puntos oscuros del debate cuando las partes han cumplido
adecuadamente su respectiva carga, pero esta no ha sido suficiente y
definitivamente resulta indispensable demostrar un punto clave a fin de emitir
una decisión de mérito ajustada a derecho.
Según lo anterior, la falta de interés así como de acciones afirmativas y
contundentes de las partes para acreditar los elementos fácticos y jurídicos
que se alegan con la demanda o su contestación, no puede ser suplida por las
facultades oficiosas del juez, lo cual acontece en el presente caso donde se
verifica que la parte activa solo allegó y solicitó las pruebas documentales
enlistadas previamente, más aun cuando adujo con total precisión que
aquellas eran suficientes para evidenciar el supuesto trato salarial
discriminatorio que habilitaba la nivelación remunerativa deprecada. Por lo
anterior, se hace patente que el demandante incumplió con la carga procesal
que solo le correspondía a aquel.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de
julio de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2018-01606-00(AC).
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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
Al respecto, es dable precisar que el referido postulado adjetivo sobre la carga
de la prueba se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la parte
demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe
probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus
absolvitur, que predica la absolución del demandado si la parte activa no
prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda13.
Bajo esta línea de intelección, se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado
por el otro extremo litigioso o por la ausencia de medios de comprobación, tal
como se advierte en el presente caso y se convalida frente al análisis del
tribunal de primera instancia.
En conclusión: el señor Antonio Julio Mazenett Contreras no es titular del
derecho al reajuste salarial previsto en la Resolución 000464 del 30 de
diciembre de 2003, pues este acto es de carácter particular, y por lo tanto sus
efectos solo podían concretarse respecto de los funcionarios enlistados
expresamente en la referida decisión, en la que no se encuentra el
demandante. En todo caso, dicha determinación no podía aplicarse de manera
general para todos los servidores de la Asamblea Departamental del Atlántico,
en específico para todos los auxiliares de servicios generales, pues no se
predicaba unidad de criterios para la extensión uniforme de la eficacia jurídica
del acto en mención.
En tal sentido, para la procedencia de una nivelación salarial como la
deprecada, era obligación del libelista demostrar las condiciones de paridad y
el tratamiento remunerativo discriminatorio por parte de la entidad demandada,
sin embargo, aquel no cumplió con la carga probatoria para evidenciar lo
propio, toda vez que de los únicos medios de convicción allegados a la
actuación, no es posible realizar el ejercicio comparativo que permita
evidenciar cada uno de los elementos objetivos de análisis previstos
jurisprudencialmente para que proceda acceder a lo deprecado.
En todo caso, tampoco era viable redistribuir dicha imposición para que fuera
suplida por la Asamblea Departamental del Atlántico, debido a que tales
postulados de hecho solo pueden ser conocidos y demostrados por el
interesado, quien tiene la facilidad y acceso a las evidencias de su propia
afirmación. Lo mismo se sostiene acerca de la improcedencia para que el juez
decretara pruebas de oficio tendientes a acreditar los puntos en litigio, toda
vez que asentir en ello constituiría un acto parcializado ante la debilidad o
inactividad de la parte demandante para sustentar la tesis jurídica de sus
pretensiones.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 21 de agosto de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que denegó las
pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista.
13
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de
Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).
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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201614, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP15, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público16.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas al demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida que
conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, el primero resultó vencido
en segunda instancia al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y
además la parte pasiva intervino en esta oportunidad al presentar escrito de
alegatos conforme con la constancia secretarial visible a folio 252 del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de agosto de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda,
14 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
15
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […]».
16
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
[…].»
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20
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00201-02 (6587-2019)
Demandante: Antonio Julio Mazenett Contreras
en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Antonio Julio Mazenett
Contreras contra el departamento del Atlántico, Asamblea Departamental.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y
a favor de la entidad demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.
Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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