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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00227-01

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Martín Bermúdez Muñoz
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00227-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE el numeral primero de la sentencia proferida 10 de abril de 2015, proferida por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así: <<PRIMERO: declárese la nulidad del artículo cuarto de la Resolución 3534 de 2012 y la nulidad parcial de los artículos quinto y sexto de la Resolución 3534 de 2012, los cuales quedarán así: “ARTÍCULO QUINTO.- Imponer a título de cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 590 de 2009, celebrado con el CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, NIT: 900.280.387-1, la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($878.121.183,14). ARTÍCULO SEXTO.- El CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, y/o sus integrantes, deberán pagar el valor señalado en el artículo anterior, en la cuenta que para tal efecto señale el Área de Tesorería del Instituto Nacional de Vías, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y si no procede en tal sentido, el INVÍAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que le adeude, o exigirá su pago a las compañías aseguradoras COLPATRIA S.A. y seguros MAPFRE, en virtud del amparo de cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 58”>> SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia en el resto de sus resoluciones. TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar en costas. CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2013-00227-01

Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz

9 de julio de 2021

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO

La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en el término previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En efecto, (i) el contrato terminó el 5 de octubre de 2011; (ii) las resoluciones demandadas fueron expedidas el 5 de julio de 2012; y (iii) la demanda se presentó el 8 de marzo de 2013.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COASEGURO / COASEGURO - Responsabilidad / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

En relación con las normas de coaseguros, el recurrente indicó que no surge responsabilidad solidaria. Para ello, citó los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio. (…) La jurisprudencia ha reconocido que en casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1092 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1095

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el coaseguro, ver Consejo de Estado, sentencia del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13632, C.P. María Elena Giraldo Gómez, también sentencia del 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia del 24 de marzo de 2020, Exp. 49612, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COASEGURO / COASEGURO - Responsabilidad / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / PÓLIZA DE SEGURO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CLÁUSULA DE ANTICIPO / CLÁUSULA PENAL / CONTRATO DE SEGURO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

[S]e declarará la nulidad parcial del artículo sexto de la Resolución 3534 de 2012, confirmada por la Resolución 3535 de 2012 (…) Así entonces, es claro que Colpatria respondía en un sesenta y cinco por ciento (65%) y Mapfre en un treinta y cinco por ciento (35%) de los siniestros que se configuraran en desarrollo del contrato. Lo anterior sin tener en cuenta si el incumplimiento fue parcial o total, porque ello desconocería justamente que la obligación no era solidaria. En ese caso, Colpatria y Mapfre responderán por el porcentaje acordado del siniestro, porque así se pactó la cuota de la obligación. En ese sentido, no procede imponer a una sola aseguradora el pago de la totalidad del valor del siniestro, sin tener en cuenta el porcentaje establecido en la póliza. (…) Se declarará la nulidad parcial de las Resoluciones 3534 y 3535 del 5 de julio de 2012 porque (i) declararon la ocurrencia del siniestro de la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, y (ii) no se aplicó en debida forma la cláusula penal dado que las partes pactaron expresamente que se impondría de manera proporcional al avance de la obra.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COASEGURO / COASEGURO - Responsabilidad / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / PÓLIZA DE SEGURO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CLÁUSULA DE ANTICIPO / CLÁUSULA PENAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL

En este caso la reducción no opera con fundamento en la norma legal porque existe una estipulación expresa de las partes sobre el punto: ellas acordaron que la cláusula se aplicaría “de forma proporcional al avance de obra”. Y en desarrollo de esa estipulación contractual es que procede entonces realizar la reducción. (…) Sobre este punto, la parte demandante solicitó que se dé aplicación integral a la cláusula teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución que obra en el acto administrativo demandado. (…) La Sala considera que, en efecto, la cláusula debe ser aplicada en proporción a lo realmente ejecutado. No obstante, una lectura integral del acto administrativo permite constatar que el porcentaje que dejó de ejecutar el contratista no correspondió al treinta y cinco punto cinco por ciento (35.5%). (…)De la totalidad del aparte citado es claro que el contratista ejecutó cuatro mil ochocientos un millones novecientos veintiocho mil treinta y tres pesos con setenta y cuatro centavos ($4.801.928.033,74).Teniendo en cuenta que el valor total del contrato era de trece mil quinientos ochenta y tres millones ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos ($13.583.139.862), esto significa que el porcentaje ejecutado por el contratista fue de treinta y cinco punto cincuenta y tres por ciento (35.53%). (…)De acuerdo con lo anterior, el porcentaje dejado de ejecutar corresponde al sesenta y cuatro punto sesenta y cinco por ciento (64.65%). Esto permite constatar que, por un error gramatical, se indicó que el porcentaje que el Consorcio dejó de ejecutar fue de treinta y cinco punto cincuenta y tres por ciento (35.53%), cuando dicho porcentaje en realidad correspondía a lo ejecutado. (…) Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la decisión del tribunal, pues las Resoluciones 3435 y 3535 de 2012 debieron imponer la cláusula penal en proporción a lo ejecutado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COASEGURO / COASEGURO – Responsabilidad / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Teniendo en cuenta que se accederá parcialmente al recurso y que en primera instancia se accedió parcialmente a las pretensiones de la parte demandante, la Sala se abstendrá de condenar en costas. Lo anterior en virtud del numeral 5 del artículo 365 del CGP, aplicable por el artículo 188 del CPACA.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00227-01 (54460)

Actor: SEGUROS COLPATRIA S.A

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS — INVÍAS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Tema: Se modifica la sentencia de primera instancia para anular la resolución demandada en cuanto le impone a una sola de las compañías que aseguraron el riesgo el pago de la totalidad del valor del siniestro, sin tener en cuenta el porcentaje establecido en la póliza. Se confirma, ajustando la proporción, la decisión de reducir la cláusula penal en desarrollo de lo estipulado en el contrato, precisando que tal decisión no puede fundarse en un principio de <<proporcionalidad de la cláusula penal>>, pues el punto está regulado en disposiciones legales que suplen la voluntad de las partes.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia del 10 de abril de 2015, proferida por la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, que resolvió lo siguiente:

<<PRIMERO: declárese la nulidad del artículo 5º de la Resolución 3534 de 2012, y en su lugar ordénese que el valor a pagar por concepto de cláusula penal pecuniaria corresponderá a un 5% de lo pactado.

SEGUNDO: deniéguense las restantes súplicas de la demanda.

TERCERO: Sin costas (Art. 1888 de la Ley 1437 de 2011).>>

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 75 de la Ley 80 de 1993. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera instancia de acuerdo con el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, el cual establece que conocerá <<de los relativos a los contratos (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes>>.

ANTECEDENTES

A.- La posición de la parte demandante

1.- El 8 de marzo de 2013 Seguros Colpatria S.A. (en adelante “Colpatria”) presentó demanda contra el Instituto Nacional de Vías (en adelante “Invías”) con las siguientes pretensiones:

<<PRETENSIÓN ÚNICA PRINCIPAL

Que se declare la nulidad de la Resolución 3534 de julio 5 de 2012 y de la Resolución 3535 de julio 5 de 2012, expedidas por la Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Vías, por las razones que se expondrán en el acápite de concepto de la violación del presente escrito.

PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA ÚNICA PRINCIPAL

Que, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, se declare que mi mandante no está obligada a dar cumplimiento a los actos administrativos antes anotados.

PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL DE LA ÚNICA PRINCIPAL

Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A.>>

2.- Colpatria fundamentó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 14 de diciembre de 2009, el Invías y el Consorcio Constructores Regionales (integrado por Civilec Ltda., Orlando Jimeno Gómez, Gustavo González González y Serinco Córdova S.A.) suscribieron el Contrato de Obra No. 590, con el objeto de realizar la reconstrucción, pavimentación o repavimentación de vías incluidas dentro del plan 2500 fase II, en los departamentos de Atlántico y Magdalena.

2.2.- El plazo del contrato fue de dieciséis (16) meses contados a partir de la fecha de la orden de iniciación, la cual fue impartida mediante oficio SGT–43312 del 5 de octubre de 2009. El contrato fue prorrogado por medio de los Adicionales No. 1 y 2, con lo cual la nueva fecha de vencimiento fue el 5 de octubre de 2011.

2.3.- La cláusula décima novena establecía que el contratista debía presentar la siguiente garantía:

<<GARANTÍA ÚNICA.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare los siguientes riesgos: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las sanciones que se le impongan, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. b) El buen manejo y correcta inversión de la inversión por concedido al CONTRATISTA, por una cuantía equivalente (sic) 100% del valor total que el CONTRATISTA reciba por este concepto, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. (…) PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la firma del presente contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.>>

En cumplimiento de lo anterior, el Consorcio Constructores Regionales (en adelante el “Consorcio”) presentó la Garantía Única de Cumplimiento No. 58. Dentro de las coberturas de la garantía se encontraban (i) el buen manejo y la correcta inversión del anticipo por valor de seis mil setecientos noventa y un millones quinientos noventa y seis mil novecientos treinta y un pesos ($6.791.596.931); y (ii) el cumplimiento del contrato por valor de mil trescientos cincuenta y ocho millones trescientos trece mil novecientos ochenta y siete pesos ($1.358.313.987).

La garantía fue otorgada bajo la modalidad de coaseguro por Colpatria en un sesenta y cinco por ciento (65%) y por <<Mapfre Crediseguro S.A.>> en un treinta y cinco por ciento (35%).

2.4.- Mediante oficio del 12 de junio de 2012 —esto es, ocho meses después de expirado el plazo contractual—, el Invías citó al Consorcio a la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que <<presume ya como un siniestro de incumplimiento definitivo de contrato>>. En el oficio también se señaló sin justificación que el <<siniestro de anticipo no amortizado es la suma de $3.936.004.014,90>>.

2.5.- El 5 de julio de 2012 se realizó la audiencia mencionada, en la cual la entidad, mediante la Resolución 3534 de la misma fecha, decidió lo siguiente:

<<… declarar el incumplimiento definitivo del Contrato de obra No. 590 de 2009, celebrado con el CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES; declarar la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 590 de 2009, celebrado con el CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, por la suma de $3.700.215.830; imponer a título de cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 590 de 2009, la suma de $1.358.313.986, equivalente al 10% del valor total del contrato. El CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, y/o sus integrantes deberán pagar el valor señalado en la cuenta que señale el Área de Tesorería del INVIAS, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y si no procede en tal sentido, el INVIAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que le adeude, o exigirá su pago a la compañía aseguradora COLPATRIA S.A., y/o seguros MAPFRE, o a ambas, en virtud del amparo de cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 58.>>

En los considerandos del señalado acto administrativo se indicó que: <<el contratista de acuerdo a lo informado por el interventor y la unidad ejecutora dejó de ejecutar un 35.3%>>.

2.6.- La resolución fue notificada dentro de la misma audiencia, en la cual el contratista interpuso recurso de reposición. Seguros Colpatria S.A. se <<adhirió>> a la argumentación del Consorcio.

En la misma audiencia también se profirió la Resolución 3535 que confirmó <<en todas sus partes la Resolución No. 3534 del 5 de julio de 2012, que declaró el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 590 de 2009.>>

2.7.- La Resoluciones 3534 y 3535 del 5 de julio de 2012 son nulas porque violan el <<Artículo 29 de la Constitución Nacional, artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, artículo 73 del C.C.A. vigente cuando ocurrieron los hechos, Decreto 734 de 2012, artículo 1596 del Código Civil, artículos 1092 y 1095 del C. de Co.>>. El concepto de la violación fue desarrollado en cinco (5) argumentos:

2.7.1.- No se le respetó el derecho de defensa a Colpatria. Esto, porque se confirmó la decisión inicial <<sin mayor estudio de la argumentación presentada, tomando así una decisión de plano>>. En ese sentido, el Invías se demoró en expedir la Resolución 3534 nueve meses desde la expiración del plazo del contrato y seis meses desde informe de la interventoría. A pesar de lo anterior, no se tomó el suficiente tiempo para resolver el recurso que interpuso el Contratista.

2.7.2.- Improcedencia de hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. La entidad demandada vulneró el artículo 5.1.13. del Decreto 734 de 2012 al hacer efectiva la garantía sin cuantificar el valor de la pérdida. Adicionalmente, se evidenció que el anticipo fue invertido totalmente en la obra, por lo cual no procede la declaración del siniestro.

2.7.3.- No se aplicó el principio de proporcionalidad. La entidad desconoció que el contrato se cumplió en un sesenta y cuatro punto siete por ciento (64.7%), porque, según lo establecido por la interventoría, lo no ejecutado correspondió a un treinta y cinco punto tres por ciento (35.3%). No se debió hacer efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, sino únicamente lo correspondiente al porcentaje incumplido.

2.7.4.- Se violaron los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio. Únicamente se hizo efectiva la prestación derivada del contrato de seguro frente a uno de los coaseguradores. No se tuvo en consideración que Mapfre Crediseguro S.A. participó en un treinta y cinco por ciento (35%) en la asunción del riesgo bajo la forma contractual de coaseguro. No era posible, entonces, hacer efectiva la integridad de la garantía frente a uno solo de los coaseguradores, porque en esa figura no existe solidaridad entre los diferentes aseguradores.

2.7.5.- Inexistencia del incumplimiento. Conforme lo sostuvo el Consorcio, en realidad no existió el incumplimiento que se le recrimina para imponer la <<multa>>.

B.- Posición de la parte demandada

3.- El 25 de febrero de 2014 el Invías contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con base en los siguientes argumentos:

3.1.- El abandono del Contrato 590 de 2009 por parte del Consorcio causó un perjuicio grave y directo a la comunidad aledaña de los municipios de Pivijay, Santa Ana, El Banco y Candelaria, Usiacurí y Luruaco. En consecuencia, el Invías realizó la declaración de un incumplimiento definitivo e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.

3.2.- Así mismo, declaró el siniestro del anticipo porque el contratista no lo amortizó, ni lo devolvió cuando venció el plazo de ejecución contractual.

3.3.- No era posible aplicar el principio de proporcionalidad a la cláusula penal teniendo en cuenta el perjuicio grave y directo a la comunidad aledaña de los municipios, al Invías, al Estado colombiano y al erario. El incumplimiento fue de mayor valor al pactado en la cláusula penal.

3.4.- Los actos administrativos expedidos gozan de la presunción de legalidad y fueron proferidos garantizando el debido proceso: en ellos se analizó cada uno de los argumentos de defensa presentados por el Consorcio. Adicionalmente, acceder a las pretensiones llevaría a pensar que la entidad no se encuentra en la posibilidad de hacer requerimientos frente a temas de cumplimiento contractual y calidad de las obras ejecutadas, lo cual es <<absurdo>> debido a que se están protegiendo obras públicas que interesan a toda la comunidad.

3.5.- El amparo de cumplimiento cubría los perjuicios derivados del incumplimiento total, incumplimiento parcial, cumplimiento tardío e inejecución absoluta de la prestación pactada. Es más, si el incumplimiento hubiera sido grave y amenazaba la paralización del contrato, la entidad estatal podía declarar la caducidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

3.6.- Respecto a los actos administrativos demandados, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 habilitó a las entidades estatales para pactar <<multas>> en los contratos que estas celebran y para hacerlas efectivas mediante acto administrativo motivado. Esa misma norma habilitó a las entidades para hacer efectiva la cláusula penal.

3.7.- Adicionalmente, planteó como excepción previa que al proceso se le dio un trámite diferente al que correspondía. En su opinión, no se trataba de un medio de control de controversia contractuales, teniendo en cuenta que <<la pretensión única (fue) la “Nulidad de la Resolución No. 3534 del 5 de julio de 2012 y de la Resolución 2525 de la misma fecha (…)”>>.

C.- La sentencia recurrida

4.- La Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad del artículo 5º de la Resolución 3534 de 2012 en virtud del principio de proporcionalidad, y ordenó el pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo pactado por concepto de cláusula penal pecuniaria con base en los siguientes fundamentos:

4.1.- Señaló que la parte actora no probó la violación del debido proceso y el derecho de defensa. Por el contrario, consideró que en el proceso obran pruebas documentales <<a folios 35 a 73 del expediente (…) que dan cuenta de los trámites previos a la imposición de la sanción>>.

4.2.- En relación con el anticipo, indicó que no se encontró prueba de que se hubiera invertido totalmente en la obra, por lo que no se accedió a la solicitud de nulidad relacionada con ese aspecto. Igualmente, indicó que el anticipo es un valor <<dinero que pertenece al Estado, la cual es entregada en calidad de préstamo, protegida por la Garantía Única de Cumplimiento>>.

4.3.- En cuanto a la cláusula penal pecuniaria impuesta como consecuencia del incumplimiento, encontró que debía aplicarse el principio de proporcionalidad. Se demostró que el contrato se había ejecutado en el sesenta y cuatro punto siete por ciento (64.7%). Por ello, consideró que debía reducirse el monto impuesto a título de cláusula penal en un cincuenta por ciento (50%), teniendo en cuenta que el Invías no probó que el perjuicio ocasionado con el porcentaje faltante para el cumplimiento del contrato fuera mayor de lo pactado.

4.4.- En relación con la violación de los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio, consideró que el Consorcio presentó la Garantía Única de Cumplimiento No. 58 otorgada por Seguros Colpatria. En las condiciones generales se estableció que Colpatria indemnizaría a la entidad estatal contratante por los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, incluyendo <<las multas y la cláusula penal pecuniaria>>. Además, no se superaron los valores contratados para cada amparo frente a Colpatria. Finalmente, indicó que no existió dentro de lo pactado alguna disposición que permitiera inferir que la póliza no podía hacerse efectiva frente a Colpatria, o que estuviera configurada alguna causal de exclusión para el no reclamo de la misma.

D.- Recursos de apelación

5.- Las dos partes apelaron la sentencia de primera instancia. El 23 de abril de 2015 Colpatria solicitó que se revocara la sentencia en los apartes impugnados y se condenara al Invías al pago de costas en ambas instancias, con base en cinco (5) argumentos:

5.1.- Violación del debido proceso. El Invías no solo dejó transcurrir un tiempo considerable entre la recepción de los descargos y la imposición de la sanción, sino que sólo se tardó unos minutos en resolver los recursos interpuestos contra la Resolución 3534. En su opinión, ambas actuaciones violaron el debido proceso: la primera, porque la tardanza vulneró el derecho a actuación <<sin dilaciones injustificadas>>; la segunda, porque no se respetó el derecho a que hubiera una decisión tomada<<de manera pausada y tranquila>>.

5.2.- Indebida aplicación de la garantía del anticipo. Para el recurrente, hubo dos errores en relación con el anticipo: por un lado, es claro que el acto demandado indicó que <<la interventoría ha manifestado que el anticipo fue invertido en la obra>>. En todo caso, si se tuviera en cuenta el informe de la Interventoría del 11 de mayo de 2012, hay una inconsistencia con el acto demandado: según el informe, el saldo sin amortizar correspondía a tres mil novecientos treinta y seis millones cuatro mil catorce pesos con noventa centavos ($3.936.004.014,90), pero en la resolución ese valor se fija en tres mil setecientos millones doscientos quince mil ochocientos treinta pesos ($3.700.215.830,00).

Por el otro, indicó que la sentencia transfirió indebidamente la carga probatoria a la parte demandante. Señaló que si el Invías consideraba que el anticipo no fue invertido totalmente en la obra, le correspondía probar dicha circunstancia y demostrar la cuantía.

5.3.- Indebida aplicación del principio de proporcionalidad. Manifestó que la cláusula penal debía ser reducida exactamente en el importe de la parte supuestamente cumplida del contrato, es decir, en un sesenta y cuatro punto siete por ciento (64.7%) y no en un cincuenta por ciento (50%) como lo ordenó el tribunal.

5.4.- Violación de los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio. Señaló que el tribunal no podía desconocer la naturaleza jurídica del coaseguro, por lo cual solo se podía exigir a Colpatria el sesenta y cinco por ciento (65%) del valor del presunto siniestro y no su integridad. Para hacer efectivo el restante treinta y cinco por ciento (35%) se ha debido vincular a la compañía coaseguradora.

5.5.- Condena en costas. En este caso procedía la condena en costas porque no se ventiló un interés público. Como las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente, debió condenarse en costas al Invías.

6.- El Invías apeló la sentencia el 29 de abril de 2015, solicitó que se revocara el Resuelve primero de la sentencia recurrida y, en consecuencia, se denegaran todas las pretensiones de la demanda. Esto, porque en aplicación del principio de legalidad, el Invías realizó un juicio de proporcionalidad para tasar el monto de la sanción. No obstante, encontró que el daño causado por el contratista fue mayor al diez por ciento (10%) del valor del contrato, teniendo en cuenta el perjuicio grave y directo generado a la comunidad aledaña de los municipios donde se desarrolló la obra, al Invías, al Estado colombiano y al patrimonio público.

E.- El trámite de segunda instancia

7.- Los recursos fueron admitidos mediante auto del 11 de febrero de 2016. Mediante auto del 10 marzo de 2016 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión.

8.1.- Colpatria presentó alegatos el 18 de marzo de 2016, en los que señaló tres asuntos: (i) que es fundamental tener en cuenta la afirmación de la interventoría sobre la inversión del anticipo en la obra; (ii) que el único acto en el que se puede determinar la existencia de un saldo en el anticipo es el acto de liquidación; y (iii) que no se demostró que el contratista no invirtió el anticipo en la obra.

8.2.- La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

F.- Cuestiones preliminares y el plan de exposición

9.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en el término previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En efecto, (i) el contrato terminó el 5 de octubre de 2011; (ii) las resoluciones demandadas fueron expedidas el 5 de julio de 2012; y (iii) la demanda se presentó el 8 de marzo de 2013.

10.- La Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia: aunque se comparte que se respetó el debido proceso, se accederá a la nulidad parcial de los actos demandados en lo relacionado a (i) el desconocimiento de la normativa del coaseguro; (ii) la declaratoria del siniestro del <<buen manejo y correcta inversión del anticipo>>, y (iii) la determinación del monto de la cláusula penal de acuerdo con lo ejecutado, teniendo en cuenta la forma en que fue pactada.

En la primera parte se señalará que, aunque se respetó el debido proceso, se desconoció la normativa del coaseguro. En la segunda parte se indicarán las razones por las cuales se declaró indebidamente la existencia del siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y se impuso la cláusula penal pecuniaria en contravía de lo pactado.

G.- Aunque las Resoluciones 3534 y 3535 de 2012 respetaron el debido proceso, desconocieron las normas sobre coaseguros

11.- La demandante afirma la violación del debido proceso porque la entidad se demoró mucho expidiendo la resolución y luego se demoró muy poco resolviendo la reposición; basta indicar que esta circunstancia, por sí sola, no genera nulidad de los actos administrativos, pues si el acto está adecuadamente motivado, la velocidad con la cual se tome es irrelevante.

12.- En relación con las normas de coaseguros, el recurrente indicó que no surge responsabilidad solidaria. Para ello, citó los artículos 1092 y 1095 del Código de Comercio, que establecen lo siguiente:

<<ARTÍCULO 1092. En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad.>>

<<ARTÍCULO 1095. Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro.>>

La jurisprudencia ha reconocido que en casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente. De hecho, ha indicado que en casos de coaseguro <<el riesgo, entonces, es dividido en el número de coaseguradores que participan del contrato, en las proporciones que entre ellos dispongan, sin que se predique solidaridad entre ellos>>.

En el presente caso, la Garantía No. 58 señaló lo siguiente

DISTRIBUCION DEL COASEGURO
CÓDIGO COMPAÑÍA %PARTICIPACIÓN PRIMA
59 MAPFRE SEGUROS DE CRÉDITO 35 4,728,049.20

De acuerdo con lo anterior se declarará la nulidad parcial del artículo sexto de la Resolución 3534 de 2012, confirmada por la Resolución 3535 de 2012, que establece lo siguiente:

<<ARTÍCULO SEXTO.- El CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, y/o sus integrantes deberán pagar el valor señalado en el artículo anterior, en la cuenta que para tal efecto señale el Área de Tesorería del Instituto Nacional de Vías, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y si no procede en tal sentido, el INVÍAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que le adeude, o exigirá su pago a la compañía aseguradora COLPATRIA S.A., y/o seguros MAPFRE, o a ambas, en virtud del amparo de cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 58>>.

El aparte subrayado adolece de nulidad porque, como se explicó previamente, la obligación causada no es solidaria. De acuerdo con el artículo 1568 del Código Civil: <<cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.>>.

Así entonces, es claro que Colpatria respondía en un sesenta y cinco por ciento (65%) y Mapfre en un treinta y cinco por ciento (35%) de los siniestros que se configuraran en desarrollo del contrato. Lo anterior sin tener en cuenta si el incumplimiento fue parcial o total, porque ello desconocería justamente que la obligación no era solidaria. En ese caso, Colpatria y Mapfre responderán por el porcentaje acordado del siniestro, porque así se pactó la cuota de la obligación. En ese sentido, no procede imponer a una sola aseguradora el pago de la totalidad del valor del siniestro, sin tener en cuenta el porcentaje establecido en la póliza.

H.- Las Resoluciones 3534 y 3535 de 2012 indebidamente (i) declararon del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo e (ii) impusieron cláusula penal pecuniaria contrario a lo pactado

13.- Se declarará la nulidad parcial de las Resoluciones 3534 y 3535 del 5 de julio de 2012 porque (i) declararon la ocurrencia del siniestro de la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, y (ii) no se aplicó en debida forma la cláusula penal dado que las partes pactaron expresamente que se impondría de manera proporcional al avance de la obra.

14.- En el presente caso, la garantía otorgada amparaba el <<buen manejo y correcta inversión del anticipo>>. Según las condiciones generales de la póliza, el amparo cubría lo siguiente:

<<(…) LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SE ENTIENDE POR APROPIACIÓN INDEBIDA LA DESTINACIÓN O INVERSIÓN DE LOS DINEROS O BIENES RECIBIDOS EN FORMA DIFERENTE A LA PACTADA EN EL RESPECTIVO CONTRATO>>.

En la Resolución 3534 de 2012 se indicó que hubo inversión del anticipo, pero que no fue amortizado. El acto administrativo expresamente indica lo siguiente en su parte considerativa:

<<3. En cuanto al tema del anticipo, la decisión será la de hacer efectiva el amparo por buen majo y correcta inversión del anticipo por el valor total no amortizado, es decir, la suma de TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($3.700.215.830), pues a pesar que la interventoría ha manifestado que el anticipo fue invertido en la obra, esta inversión sólo se verifica en forma definitiva al momento en que el anticipo queda amortizado, en acta debidamente suscrita por las partes, presentada y pagada por la entidad.>>

En el acto administrativo demandado, el mismo Invías indicó que había prueba de que el anticipo fue invertido en la obra, pero que declaraba el siniestro porque no había sido amortizado. En ese sentido, este hecho está probado dentro del proceso porque el propio acto administrativo demandado reconoce que la Interventoría había señalado que el anticipo fue invertido en la obra. En este caso, entonces, no le corresponde al demandante acreditar la ocurrencia de este hecho que, en virtud de la presunción de legalidad del acto administrativo, se reputa cierto, salvo que la entidad hubiera acreditado lo contrario.

Teniendo en cuenta el alcance de la garantía, es claro que no procedía la declaratoria de siniestro, porque la entidad fundamentó la decisión únicamente en la ausencia de amortización. Este riesgo, como se pudo constatar, no está cubierto por la garantía otorgada. En reciente providencia, con ponencia de este despacho, la Sala aclaró este asunto, así:

<<39.- El contratista, frente al anticipo, que ha sido calificado correctamente como un avance o préstamo que se le hace para que pueda cubrir los gastos iniciales del contrato, tiene dos obligaciones totalmente distintas:
De una parte, manejarlo adecuadamente e invertirlo correctamente. Para tal fin en el contrato se debe pactar la manera como debe manejar estos recursos y rendir las cuentas correspondientes. Es posible que la cuenta a través de la cual se maneje el anticipo solo pueda ser utilizada con la firma del interventor, y también que deba <<legalizar>> los gastos, en un plazo determinado, con el objeto de demostrar que lo ha manejado adecuadamente y lo ha invertido correctamente. Esta obligación es la que está cubierta con la póliza expedida por la Compañía de Seguros y, para que la Compañía esté obligada a pagarla, debe declararse que el contratista la incumplió, lo que no ocurrió en este caso.
De otra parte, tiene la obligación de amortizarlo, devolverlo o pagar la suma que le fue entregada a título de anticipo. Esta obligación no está garantizada por la póliza. En este caso, el amparo de anticipo no cubre el riesgo de no amortización, devolución o pago del anticipo, como quiera que no se pactó así expresamente dentro del alcance de la póliza. Por tal razón no puede condenarse a la compañía por este concepto.
(…)

40.- Si el contratista no amortiza el anticipo, está incumpliendo una obligación a su cargo, pero de esta circunstancia no puede deducirse automáticamente —como lo hace el tribunal— que el contratista invirtió o manejó inadecuadamente el anticipo. Se itera que la regla general es que estas sumas se utilicen para cubrir los gastos que tiene el contratista al principio del contrato e impulsar la obra (construcción, montaje de campamentos, compra de equipos y materiales, etc.) y el anticipo tiene por finalidad entregarle una suma de dinero antes de que inicie la obra para que pueda realizarlos. El hecho de que no ejecute la obra de acuerdo con el programa de inversión, que no facture y que por lo tanto no cumpla con la obligación de amortizar con cada cuenta, no evidencia —de ninguna manera— que haya invertido o manejado inadecuadamente el anticipo; razón por la cual tales circunstancias no autorizan a la entidad contratante a hacer efectiva la garantía, porque ellas no acreditan la ocurrencia del riesgo amparado.

(…)

42.- Para la Sala es claro que lo que cubre el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo son los perjuicios derivados del incumplimiento de estas obligaciones y no de la obligación de amortizar el anticipo, si dicha obligación no fue amparada expresamente por la Compañía de Seguros.

Igualmente es claro que existe una diferencia entre este amparo (buen manejo y correcta inversión del anticipo) y el amparo de cumplimiento, el cual garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, y que en el caso concreto cubrió el pago de la cláusula penal que asumió la Compañía de Seguros.>>

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el Invias declaró el siniestro por un riesgo diferente al amparado con la Póliza No. 58. Esta cubría el buen manejo y correcta inversión del anticipo, y no la obligación de amortizarlo. Ello conlleva a que se declare la nulidad del artículo cuarto de la Resolución 3534 del 5 de julio de 2012, confirmada por la Resolución 3535 de la misma fecha.

15.- En relación con la garantía de cumplimiento del contrato, se accederá a realizar el reajuste conforme al avance de la obra. Si bien el Invías indicó que el incumplimiento del contratista le generó un perjuicio mayor al monto de la cláusula, debe tenerse en cuenta que las partes estipularon la cláusula penal en el Contrato de Obra No. 590 de 2009, en los siguientes términos:

<<CLÁUSULA DECIMA SEXTA. MULTAS Y SANCIONES: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, se dará aplicación al procedimiento, causales y cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007 expedida por EL INSTITUTO. De igual manera EL INSTITUTO podrá, en caso de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, imponer una sanción a título de penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de obra, siguiendo el procedimiento establecido en La Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. EL INSTITUTO podrá tomar directamente el valor de las multas y sanciones de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA o de la garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial.>>

Se precisa que la reducción procede en virtud de lo pactado expresamente en el contrato y no en desarrollo de un <<principio proporcionalidad>> como lo indicó el tribunal. La cláusula penal está regulada en disposiciones legales que son supletorias de la voluntad de las partes, por lo que su aplicación debe sujetarse a lo estipulado por las partes o a lo dispuesto en la ley.

En ese sentido, el artículo 1596 del código civil dispone que <<si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal>>. Esta es la disposición que regula la rebaja proporcional de la pena sujetándola a dos condiciones: que el acreedor haya aceptado el cumplimiento parcial y que la pena se haya pactado por <<falta de cumplimiento de la obligación principal>>.

En este caso la reducción no opera con fundamento en la norma legal porque existe una estipulación expresa de las partes sobre el punto: ellas acordaron que la cláusula se aplicaría <<de forma proporcional al avance de obra>>. Y en desarrollo de esa estipulación contractual es que procede entonces realizar la reducción.

Sobre este punto, la parte demandante solicitó que se dé aplicación integral a la cláusula teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución que obra en el acto administrativo demandado. El aparte correspondiente de la Resolución 34335 de 2012 indica lo siguiente:

<<Escuchadas las partes y agotada la agenda de la audiencia la Jefe de la Oficina Jurídica, concluye que se procederá a declarar el incumplimiento definitivo del contrato y a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, pues la interventoría y los gestores del contrato son contundentes al afirmar que el incumplimiento existe y es imputable al contratista teniendo en cuenta la situación del contrato:

CONCEPTO
CONDICIONES INICIALES
$
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4
EJECUTADO HASTA ACTA No. 7
VALOR NO EJECUTADO HASTA ACTA No. 7
VALOR BÁSICO
12.624.787.502,00
12.824.122.323,70
7.752.779.471,20

AJUSTES
873.324.880,00
673.990.058,30
19.089.545,54

IVA
85.027.480,00
85.027.480,00
30.059.017,00

VALOR
TOTAL
13.583.139.862,00
13.583.139.862,00
4.801.928.033,74
8.781.211.828,26

Es decir que el contratista de acuerdo a lo informado por el interventor y la unidad ejecutora dejo (sic) de ejecutar un 35.5%>>.

La Sala considera que, en efecto, la cláusula debe ser aplicada en proporción a lo realmente ejecutado. No obstante, una lectura integral del acto administrativo permite constatar que el porcentaje que dejó de ejecutar el contratista no correspondió al treinta y cinco punto cinco por ciento (35.5%).

De la totalidad del aparte citado es claro que el contratista ejecutó cuatro mil ochocientos un millones novecientos veintiocho mil treinta y tres pesos con setenta y cuatro centavos ($4.801.928.033,74).Teniendo en cuenta que el valor total del contrato era de trece mil quinientos ochenta y tres millones ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos ($13.583.139.862), esto significa que el porcentaje ejecutado por el contratista fue de treinta y cinco punto cincuenta y tres por ciento (35.53%).

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje dejado de ejecutar corresponde al sesenta y cuatro punto sesenta y cinco por ciento (64.65%). Esto permite constatar que, por un error gramatical, se indicó que el porcentaje que el Consorcio dejó de ejecutar fue de treinta y cinco punto cincuenta y tres por ciento (35.53%), cuando dicho porcentaje en realidad correspondía a lo ejecutado.

16.- Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la decisión del tribunal, pues las Resoluciones 3435 y 3535 de 2012 debieron imponer la cláusula penal en proporción a lo ejecutado. Ello significa que la cláusula debió ser impuesta en un sesenta y cuatro punto sesenta y cinco por ciento (64.65%) del valor pactado. El valor asegurado ascendió a mil trescientos cincuenta y ocho millones trescientos trece mil novecientos ochenta y siete pesos ($1.358.313.987), correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Teniendo en cuenta lo dejado de ejecutar de la obra, se debió imponer la cláusula por la suma de ochocientos setenta y ocho millones ciento veintiún mil ciento ochenta y tres pesos con catorce centavos ($878.121.183,14). Sobra reiterar que esta suma no puede ser cobrada en su totalidad a Colpatria, sino de acuerdo con su cuota, tal como se explicó previamente en la fundamentación de la declaratoria de nulidad del artículo sexto de la Resolución 3534 de 2012, confirmada por la Resolución 3535 de 2012.

17.- Teniendo en cuenta que se accederá parcialmente al recurso y que en primera instancia se accedió parcialmente a las pretensiones de la parte demandante, la Sala se abstendrá de condenar en costas. Lo anterior en virtud del numeral 5 del artículo 365 del CGP, aplicable por el artículo 188 del CPACA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE el numeral primero de la sentencia proferida 10 de abril de 2015, proferida por la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así:

<<PRIMERO: declárese la nulidad del artículo cuarto de la Resolución 3534 de 2012 y la nulidad parcial de los artículos quinto y sexto de la Resolución 3534 de 2012, los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO QUINTO.- Imponer a título de cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 590 de 2009, celebrado con el CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, NIT: 900.280.387-1, la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($878.121.183,14).

ARTÍCULO SEXTO.- El CONSORCIO CONSTRUCTORES REGIONALES, y/o sus integrantes, deberán pagar el valor señalado en el artículo anterior, en la cuenta que para tal efecto señale el Área de Tesorería del Instituto Nacional de Vías, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y si no procede en tal sentido, el INVÍAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que le adeude, o exigirá su pago a las compañías aseguradoras COLPATRIA S.A. y seguros MAPFRE, en virtud del amparo de cumplimiento de la Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 58”>>

SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia en el resto de sus resoluciones.

TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar en costas.

CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado Magistrado (E)
Con salvamento parcial de voto

ANTICIPO NO AMORTIZADO / CONTRATO DE SEGURO / ANTICIPO / INDEBIDO MANEJO DEL ANTICIÓ / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE COASEGURO / COASEGURO - Responsabilidad / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / PÓLIZA DE SEGURO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CLÁUSULA DE ANTICIPO / CLÁUSULA PENAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL

[L]a decisión de la sentencia de anular parcialmente las resoluciones demandas, en cuanto hicieron efectivo el amparo de buen manejo e inversión del anticipo, porque la no amortización del mismo no se incluyó expresamente dentro de esa cobertura, sugiere que se trata de una cuestión meramente formal. Efectivamente, si se puede incorporar expresamente, de suyo es que hace parte de esa cobertura, de lo contrario no podría incorporarse si repulsa a su naturaleza.(…) No se puede compartir la teoría que pretende excluir los anticipos no amortizados de la cobertura del seguro contratado, cuando es apenas natural concluir que, si el anticipo no fue amortizado en la obra y se quedó en manos del contratista o en otro destino diferente a la finalidad del contrato, existe un indebido manejo, uso o inversión de este.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Consejero: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00227-01 (54460)

Actor: SEGUROS COLPATRIA S.A

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS — INVÍAS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

De manera respetuosa paso a exponer las razones que me llevaron a salvar parcialmente mi voto frente a la sentencia del 9 de julio de 2021, así:

El fallo advirtió que «es claro que el Invias declaró el siniestro por un riesgo diferente al amparado con la Póliza No. 58. Esta cubría el buen manejo y correcta inversión del anticipo, y no la obligación de amortizarlo. Ello conlleva a que se declare la nulidad del artículo cuarto de la Resolución 3534 del 5 de julio de 2012, confirmada por la Resolución 3535 de la misma fecha».

Sin embargo, el demandante no alegó el punto en su demanda, por tanto, el fallo no podía oficiosamente anular el acto con fundamento en cargos de anulación no propuestos por el accionante.

En todo caso, la decisión de la sentencia de anular parcialmente las resoluciones demandas, en cuanto hicieron efectivo el amparo de buen manejo e inversión del anticipo, porque la no amortización del mismo no se incluyó expresamente dentro de esa cobertura, sugiere que se trata de una cuestión meramente formal. Efectivamente, si se puede incorporar expresamente, de suyo es que hace parte de esa cobertura, de lo contrario no podría incorporarse si repulsa a su naturaleza.

La obligación del manejo del anticipo debe ser integral, con mayor razón si están de por medio recursos públicos. Difícilmente puedo acompañar una interpretación, por demás discutible, que termina por favorecer intereses privados en detrimento del patrimonio público, con mayor razón si dentro de las exclusiones de la póliza, tampoco está lo que se hizo efectivo.

Ahora, sostener que este amparo corresponde al de cumplimiento y que por este debe reclamarse, lo único que genera es confusión para las entidades estatales. Lo cierto es que el anticipo es el tema central y especial de la obligación y, por contera, todas las vicisitudes que naturalmente se generen con él deben quedar amparadas por el contrato de seguro. Lo contrario es tratar de dificultar la efectividad de este último contrato.

No se puede compartir la teoría que pretende excluir los anticipos no amortizados de la cobertura del seguro contratado, cuando es apenas natural concluir que, si el anticipo no fue amortizado en la obra y se quedó en manos del contratista o en otro destino diferente a la finalidad del contrato, existe un indebido manejo, uso o inversión de este.

Fecha ut supra,

Firmado electrónicamente
Alexánder Jojoa Bolaños
Magistrado

Fl. 249 del cuaderno principal.
Para lo cual citó una sentencia del 23 de junio de 2010, sin identificar (Fl. 258 del cuaderno principal).
Para lo cual citó una sentencia del 23 de junio de 2010, sin identificar (Fl. 258 del cuaderno principal).
Fl. 80 del cuaderno 1.
Fl. 264 del cuaderno principal.
“j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.;”
Dentro del plazo de liquidación del contrato, teniendo en cuenta que finalizó el <<5 de octubre de 2011>> (fl. 75 cuaderno 1).
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 13632, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2020, exp. 49612, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Fl. 28 del cuaderno 1.
Fl. 80 del cuaderno 1.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2020, exp. 47760.
Aunque existe otra cláusula penal pecuniaria en el contrato, ella no era aplicable porque dependía de la aplicación de la caducidad. En efecto, el parágrafo cuarto de la cláusula vigésima primera indicaba que <<En caso de declararle la caducidad al CONTRATISTA, se entenderá pactada una sanción a título de cláusula penal pecuniaria (…)>> (Fl. 21 del cuaderno 1).
Fls. 80 y 81 del cuaderno 1.
Fl. 24 del cuaderno 1.
Sobre la necesidad de alegar los cargos de anulación, la Corte Constitucional precisó: «Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación». Corte Constitucional, sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, exp. D-2171, MP Antonio Barrera Carbonell.

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