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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00300-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00300-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), proferida en audiencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. 88 En sentencia del 18 de marzo de 2015 (Rad. 73001-23-31-000-2004-0214701(33223)) esta Subsección puntualizó: "... debe tenerse presente que para tener por acreditado el desequilibrio económico debe aparecer la prueba fehaciente de que en virtud del incumplimiento contractual se presentó un resquebrajamiento grave de la ecuación contractual que compromete la ejecución del contrato. Esto es, que las situaciones fácticas configuradoras del incumplimiento tuvieran la virtud de afectar de manera tan profunda la estructura económica que no puede ser más que calificada de grave. // La prueba en materia de desequilibrio económico, así las cosas, no solo debe configurar el hecho mismo afectante y determinador del incumplimiento, sino también y de manera consecuencial y objetivo el impacto cierto, claro, evidente en la bases (sic) que soportan las condiciones económicas y financieras del negocio, permitiendo visualizar al juzgador el daño que sobre las mismas se hubiere causado." Por su parte la Subsección B, en sentencia del 31 de agosto de 2011 (antes citada) expuso lo siguiente: "5.5. Sea lo que fuere, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una pérdida real, grave y anonnal en la economía del contrato. // Es decir, cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que no basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2013-00300-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

16 de diciembre de 2022

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00300-01 (52631)
Actor: Consorcio Atlántico Sur

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C. dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00300-01 (52631)
Demandantes: Consorcio Atlántico Sur
Demandado: Departamento del Atlántico
Referencia: Controversias Contractuales

Tema: Contrato de obra
Subtema 1: Salvedad en liquidación bilateral del contrato
Subtema 2: Silencio administrativo positivo en materia contractual estatal
Subtema 3: Salvedades en actos modificatorios del contrato
Subtema 4: Mayor permanencia en obra

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la
sentencia proferida el qui ice (15) de agosto del dos mil catorce (2014) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, que negó las súplicas de la
demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El Consorcio Atlántico Sur formuló demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el departamento del Atlántico, con la que
pretende que se le declare responsable por la alteración del equilibrio económico y
financiero del contrato de obra pública no vial núm. 1010*2006*000079 de 28 de
diciembre de 2006 y sus dos contratos adicionales, el cual fue suspendido en ocho
(8) ocasiones y liquidadc de mutuo acuerdo. La actora considera que estas
suspensiones le generaron sobrecostos por una mayor permanencia en la obra y el
no pago de los reajustes solicitados.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013)1, el Consorcio Atlántico
Sur2 (en adelante, el Consc rcio o el CAS) presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales, contra el departamento del Atlántico (en
adelante, el Departamento), la cual fue corregida por escritos del 1 de octubre de
2013, en cumplimiento de lo dispuesto en auto de 16 de septiembre de esa
anualidad*, con la que pretende que: (i) se declare responsable al Departamento
del Atlántico por la alteración del equilibrio económico y financiero del contrato inicial
núm. 1010*2006*000079, así como de sus adicionales núm.
0110*2006*000084*015 (el plazo de 82 días) y 0110*2008*000054 (en incremento

1 F. 15, c 1 (reverso).
2 Compuesto por las sociedades Living SA., Salomón Melo C. Ltda. y DISICO SA.; y los señores Helio Fabio
Buenaventura Buenaventura, Norman Antonio Franco Ovalle y Hernando Sáenz López. Documento de
conformación: f. 26 (reverso) y 27.
3 F.170-172, c.1.
4 F. 167-168, c.1.

•

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

de precio y plazo de 2.5 meses); que, como consecuencia de lo anterior; (ii) se
condene al departamento del Atlántico a cancelar al Consorcio Atlántico Sur los
mayores costos generados, que están representados en los siguientes items:

t • -1
1. SOBRECOSTOS POR STAN BY DE MAQUINARIA.

DISTRITO DE RIEGO CAMPO DE LA CRUZ— ATLANTICO
RELACION DE STAND BY DE MAQUINARIA EN OBRA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
-f,UNITARIO
3,00 RETROEXCAVADORA HORA 13.740,00 110.000,00 1.511.400.000,00
CAT 320N (5 HORAS
DE STAND BY POR
DIA DURANTE 916
0/AS)
2,00 BULLDOZER CAT D- HORA 7.328,00 '100.000,00 732.8000.000,00
6H (4 HORAS DE
S;
STAND BY POR CIA
DURANTE 16 DIAS)
1,00 COMPACTADOR HORA 3.664,00 70.000,00 256.480.000,00
HYSTER C617B (4
HORAS DE STAN BY
POR DIA DUARNTE
916 DIAS)
1,00 CARROTANQUE HORA 3.664,00 33.750,00 123.660.000,00
IRRIGADOR REO
2500 GAL (4 HORAS
DE STAND BY (12
DIA) POR DIA
DURANTE 916 DIAS)
1,00 MOTONIVELADORA HORA 3.664,00 '80000,00 293.120.000,00
CAT 12F (4 HORAS DE
STAND BY POR DIA,
DURANTE 916 DIAS)
8,00 VOLQUETAS (STAND DIA 7.328,00 200.000,00 1.465.600,00
BY POR DIA,
DURANTE 916 DIAS)
TOTAL POR STAND 4.383.060.000,00
BY DE EQUIPOS

2. SOBRECOSTOS POR PERSONAL

916 días 855.207,00 $783.369.612,00

RELACION DE PERSONAL PROMEDIO MENSUAL EN OBRA
VALOR
INCREMENTO VALOR
DIAS SUELDO VALOR
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DEDICACION PRESTAIONAL TOTAL
TRABAJADOS BASICO TOTAL
' EN PESOS DIA
DIA
PERSONAL EN
OBRA
1 DIRECTOR DE 1 50% 15 8166.667 50.300,00 216.996,67 $3.254.500
OBRA
2 INGENIERO I 100% 30 $150.000 45270,00 195.270,00 $5.858.100
RESIDENTE
3 VIGILANTES 4 100% 30 $30.000 21.000,00 51.00400 $6.120.000
$15.232.600
COMUSON DE
TOPOGRAFIA
4 TOPOGRAFO 1 100% 30 866.667 20.120,00 86.786,67 $2.603.600
5 CADENERO 1 106% 30 $33,333 23.333,00 56.666.67 $1.700.000

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

6 AUXILIAR DE 1 100% 30 $30.000 21.000,00 51.000,00 $6.120.000
MAQUINARIA
$10.423.600
VALOR TOTAL $25.556.200
MENSUAL
VALOR DIA $855.207

3. ACTAS DE REAJUSTE
Valor reajustes según cuadro resumen
$176.537.975,00
• Valor intereses de mora
$23.485.512,00
TOTAL POR REAJUSTES
$200.023.487,00

4. ACTAS PENDIENTES DE PAGO.
• Acta de obra No. 4 Contrato adicional
16.170.817,00
VALOR TOTAL RECLAMACIÓN
5.382.623.916,00 [...]"

(iii) Solicitó, además, que se condene a la demandada a cancelar las sumas de
dinero que resulten probadas, y que no hayan sido incluidas en la relación anterior;
(iv) que se condene al departamento del Atlántico al pago de las costas procesales
y que, (v) se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció los
hechos que, a continuación, se sintetizan:

2.1.2.1. El 28 de diciembre de 2006, el Departamento y el Consorcio
suscribieron el contrato de obra pública no vial núm. 1010*2006*000079, que
tuvo por objeto la adecuación de tierras del sector del canal de alivio del
municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) con un plazo de ejecución de 8
meses contados a partir del acta de inicio y con un precio de $3.427.888.500.

2.1.2.2. Por causa de la insuficiencia de los recursos económicos del
departamento para la contratación de la interventoría, el contrato fue
suspendido de mutuo acuerdo hasta el 27 de abril de 2007, lo que impidió
que las obras se realizaran en época de verano, como habían sido planeadas
y, una vez iniciaron las lluvias de ese año, la obra fue suspendida en ocho
(8) oportunidades, para un total de 916 días, todo ello por causas no
imputables al contratista.

2.1.2.3. Al iniciar la ejecución del contrato, se identificaron una serie de
inconsistencias técnicas en los estudios y planos que sirvieron de base para
la convocatoria pública, por lo que fue necesario el rediseño de las obras en
la zona 1 del canal secundario de riego Cl, junto con sus canales terciarios
de riego y de drenaje en un área de 30 hectáreas. Aparte, habitantes del
municipio de Campo de la Cruz se opusieron a la realización de la obra;
situación que fue informada al departamento y al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER) para que expidieran los actos administrativos
de declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, estas solicitudes no fueron
atendidas.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

2.1.2.4. El 26 de septiembre de 2008, las partes firmaron el contrato adicional
núm. 0110*2006*000084*015, en el que fue prorrogado el plazo para la
ejecución del contrato de obra pública no vial núrñ. 1010*2006*000079 en 82
días. Luego, el 16 de diciembre de 2008, celebraron el contrato adicional
núm. 0110*2008*000054, en el que fue incrementado el precio inicial en
$615.646.401, y el plazo fue prorrogado en dos meses y medio (2.5) más.

2.1.2.5. El 6 de marzo de 2009, las partes suscribieron el contrato adicional
núm. 0110*2008*000054 al contrato adicional núm. 0110*2008*000054 del
contrato de obra pública no vial núm. 1010*2006*000079, para modificar la
forma de pago.

2.1.2.6. El 24 de octubre de 2008, el represéntante legal del consorcio
demandante elevó petición a la firma Unión Temporal 2007, interventora del
contrato de obra pública no vial núm. 1010*2006*000079 de 28 de diciembre
de 2006, con copia al secretario de Desarrollo EConómico del departamento
del Atlántico, con el propósito de que se estudiará y aprobara el desequilibrio
económico reclamado que ascendía para ea época a la suma de
$1.400.909.060, petición que no fue atendida por. la interventoría y la entidad
demandada, por lo que, el 24 de noviembre de 2009, elevó esta solicitud a
escritura pública ante la notaría primera del círculo de Facatativá.

2.1.2.7. Por último, el día 27 de diciembre de 2019, las partes suscribieron el
acta bilateral de liquidación del contrato de obra pública no vial núm.
1010*2006*000079 del 28 de diciembre de 2006.

2.1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte actora relacionó
las siguientes normas: los artículos 6 y 90 de la Constitución Política; los artículos
5.1, 14, 25.1, 25.2, 25.3, 25.16, 27, 50 y 68 de la Ley 8P de 1993; y el artículo 141
del CPACA.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia:

2.2.1. Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en decisión del dieciséis
(16) de septiembre de dos mil trece (2013), inadmitió fa demanda y le otorgó a la
parte actora un término de diez (10) días para que subsanara las formalidades
omitidas con la presentación de esta, consistentes en: (i) indicar lo que se pretendía
con precisión y claridad y, (II) allegar copias de la demanda y sus anexos para
notificación de las partes y del Ministerio Públicos; Este requerimiento fue
atendido por el apoderado del consorcio demandante, á través de escrito allegado
el primero (1) de octubre de esa anualidads. Posteriorménte, mediante auto del diez
(10) de octubre de dos mil trece (2013)7, el Tribunal admitió la demanda; decisión
que fue notificada en debida forma al Departamentos.

2.2.2. La entidad demandada contestó la demandas oponiéndose a las
pretensiones que esta contiene. Adujo que las suspenliones presentadas durante
la ejecución de la obra fueron pactadas de común aclierdo con el fin de superar,
conjurar y subsanar las situaciones que las originaron, sin que al momento de las
respectivas suspensiones, prórrogas o modificaciones al contrato, el consorcio

5 F. 166-167, c.1
6 F. 170-187, c.1
7 F. 188-189, c. 1
o F. 193, c.1
9 F. 197-212, C. 1

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

hubiera formulado reclamos por los conceptos que ahora demanda como causantes
de sobrecostos y de un supuesto desequilibrio económico del contrato.

En ese sentido, el Departamento propuso las siguientes excepciones: (i) falta de
legitimación en la causa para demandar de quien se presenta como sujeto activo de
la Mis; (II) inexistencia de las obligaciones demandadas, derivada de la intención de
las partes de tomar las medidas que permitieron superar las dificultades acaecidas,
sin que al momento de suscribirse se hubieren efectuado reclamaciones por parte
del contratista; (iii) inexistencia de las obligaciones demandadas por la falta de
demostración de los sobrecostos reclamados; y, finalmente (iv) inexistencia de las
obligaciones demandadas, por cuanto todos los ítems de obra incluidos con
posterioridad a la celebración del contrato inicial cuentan con respaldo en los
acuerdos adicionales a este.

2.2.3. En la audiencia iniciar° del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), el
Tribunal fijó el objeto del litigio, consistente en determinar si hubo o no
desequilibrio contractual que afectara al contratista, atribuible al Departamento, en
virtud de la ejecución del contrato de obra núm. 1010*2006*000079 y sus
adicionales, cuyo objeto consistió en la "Adecuación de tierras del sector del Canal
de Alivio del Municipio de Campo de la Cruz en el Departamento del Atlántico", y,
de ser así, que se profieran las condenas a que haya lugar.

2.2.4. Una vez agotada la práctica de pruebas, el despacho instructor corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para para
conceptuar". El CAS12 y el Departamento", presentaron alegatos de conclusión en
los que reiteraron las posiciones y argumentos defendidos a lo largo del proceso. El
agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal profirió fallo de primera instancia el quince (15) de agosto de dos mil
catorce (2014), en el que declaró no probadas las excepciones propuestas por la
parte demandada y negó las súplicas de la demanda". Como fundamento lo
decidido, el Tribunal consideró:

2.3.1. Que en el documento en el que se liquidó bilateralmente el contrato de
obra, el contratista solicitó que se diera trámite a la reclamación de los
reajustes de precios de las actas del contrato, de acuerdo con la cláusula
décima. No obstante, no obra prueba de que haya presentado reclamación
alguna al Departamento.

2.3.2. Que, si bien en la demanda se menciona que el contratista elevó
petición dirigida a la Unión Temporal 2007, que fungía como interventora del
contrato, con copia a la secretaría departamental de Desarrollo Económico,
lo cierto es que este hecho no fue probado en la actuación, ni se demostraron
los sobrecostos alegados por stand by de maquinaria y personal en virtud de
la suspensión de las obras.

10 F. 327-338, c.1.
" F. 523-533, c.1
12 F.167-193, c. 2.
13 F. 194-228, c.2.
14 F. 231-246, c. ppal.

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2.3.3. Que, conforme a la jurisprudencia del Cpnsejo de Estado sobre los
sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de la obra, en el
presente asunto no pueden prosperar las pretensiones de la actora, por
cuanto las suspensiones y ampliaciones del plazo quedaron consignados en
acuerdos suscritos por las partes que no fueron objeto de protesta alguna.

2.4. El recurso de apelación

El diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (O14), la parte demandante,
inconforme con la decisión, recurrió en apelación15, con fundamento en los
siguientes cargos:

2.4.1. Que en el expediente existe constancia de la protocolización del
silencio administrativo positivo relacionada con la reclamación elevada ante
el interventor del contrato, quien estaba en el deber de poner en conocimiento
de la demandada la reclamación del consorcio, contratista. Agregó que el
Consorcio sufrió pérdidas económicas con ocasión de la ejecución del
contrato, al punto que varios de sus consorciadós entraron en procesos de
liquidación y fueron objeto de reclamaciones laborales ante el Ministerio de
Trabajo, por el no pago de las prestaciones sociales de sus empleados.

2.4.2. Que, con el testimonio del interventort puede ratificarse que se
elevaron reclamaciones por parte del contratista, pese a que este no recordó
las fechas exactas por el tiempo transcurrido. Además, refiere que el testigo
reconoció que la persona que recibió la reclamación trabajaba en su
compañía, poniendo en duda si lo hacía para el día que consta en el
documento que se le puso de presente.

2.4.3. Que fueron allegadas las actas de reajústes en las que quedaron
consignadas las reclamaciones del consorcio, así como el Acta 4 del contrato
adicional, documentos en los que se evidencian las reclamaciones anotadas.

2.5. Trámite relevante de segunda instancia

2.5.1. Con auto16 del tres (3) de diciembre dos mil catorce (2014), esta Corporación
admitió el recurso; y, por proveído del veintiocho (28) de enero de dos mil quince
(2015), corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas
alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondon.

2.5.2. La parte actora, en memorial radicado el diez (10)de febrero de dos mil quince
(2015), reiteró de manera general los planteamientos de la demanda y del recurso
de apelación18. Por su lado, la entidad demandada hizo lo propio en escrito
presentado el dieciocho (18) de febrero de ese año19. El representante del Ministerio
Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

15 F. 249-250, c. ppal.
le F. 259, c. ppal.
17 F. 261, c. ppal.
18 F. 154-159, c. ppal.
19 F. 268-305, C. ppal.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") —
aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificadam—
el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la
competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a
"pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley, como lo establece el artículo 328 del CGP. Al tratarse de un proceso
contencioso-administrativo, el pronunciamiento oficioso sobre las excepciones es
procedente, según el artículo 187 del CPACA21.

3.2. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 199322 y la jurisprudencia
administrativa reiterada23, en el acta de liquidación bilateral las partes contratantes
acuerdan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como las
transacciones y pactos necesarios para declararse a paz y salvo. La liquidación es
así un negocio jurídico que, como tal, obliga a quienes lo suscriben conforme al
principio de la buena fe, los cuales únicamente pueden apartarse de lo pactada, con
pretensiones de controversias contractuales, cuando concurran vicios del
consentimiento o se hayan dejado salvedades expresas, las cuales deben ser
concretas, específicas y versar sobre puntos determinados de la liquidación que no
se compartan.

Las salvedades al acta de liquidación bilateral determinan así el marco del juicio de
controversias contractuales y su ausencia absoluta o relativa da lugar a la
declaración oficiosa de excepciones, que tiene lugar en este proceso contencioso-
administrativo. En razón a ello, surge en el asunto sub judice el siguiente problema
jurídico preliminar:

3.2.1. ¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada
en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la
reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal?

3.3. A su vez, los cargots de la alzada dan lugar a los siguientes problemas
jurídicos:

3.3.1. ¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de
sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la

20 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-
00395-01(IJ).
21 CPACA. "Articulo 187. U.] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el rallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reforman° in pejus".
22 "Articulo 60. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. II También en esta etapa las partes acordarán
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. II En el acta de liquidación constarán los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. [...]".
23 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 16 de octubre de 1980, EXP1980-N1960; del 17
de mayo de 1984, exp. 2796; del 6 de diciembre de 1990, EXP190-N5165; del 6 de mayo de 1995, EXP1992-
N6661; del 16 de febrero de 2001, exp. 11689; del 4 de junio de 2008, exp. 16293; del 29 de febrero de 2012,
exp. 16371; del 13 de noviembre de 2013, exp. 21865; y Subsección, sentencias del 24 de julio de 2017, exp.
55836; Subsección del 31 de mayo de 2019, exp. 44239; y del 18 de diciembre de 2020, exp. 49840, entre
otras.

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Actor Consorcio Atlántico Sur

interventoría operó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo
25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993?

3.3.2. ¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra
celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la
reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?

3.2. Como el acuerdo de voluntades fue suscrito por el departamento del Atlántico,
esta problemática deberá analizarse a la luz del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (EGCAP)24, esto es, la Ley 80 de 1993, vigente para la
época en que fue celebrado el contrato25.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS PLANTEADOSM
4
4.1. El 14 de septiembre de 2006, el secretario privado del Departamento, encargado
de las funciones de gobernador, expidió la Resolución 001385 por medio de la cual
abrió la licitación pública núm. SDE-002-2006, cuyo objéto es contratar las obras de
adecuación de tierras del sector del canal de alivio del municipio de Campo de la Cruz
(Atlántico). Como anexo a este acto administrativo, obran én el plenario los pliegos de
condiciones para la contratación de las obras antes referenciadas27.

4.2. El 20 de diciembre de 2006, el Gobernador departamental dictó la Resolución
004711, por medio de la cual adjudicó la licitación pública núm. SDE-002-2006 al
Consorcio, cuyo objeto consiste en contratar las obras dé adecuación de tierras del
sector del canal de alivio del municipio de Campo de la Cru''z (Atlántico) conforme a los
valores, condiciones, plazos, requisitos y demás establecidos en la oferta presentada
por el adjudicatario y en los pliegos de licitaciones28.

4.3. El 29 de diciembre de 2006, el Departamento y el CM celebraron el contrato de
obra no vial núm. 0110*2006*000079 (en adelante, el Contrato). De este
documento29, por su relevancia para dar respuesta a los problemas jurídicos
planteados, se destacan las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y PRECIOS UNITARIOS: EL
CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO, a ejecutar, por
el sistema de precios unitarios, la obra: ADECUACIÓN DE TIERRAS

24 Conforme al artículo 2° de la Ley 80 de 1993, numeral 1, literal a): "ARTICULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE
ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1. Se denominan
entidades estatales: /I a) La Nación, las regiones los departamentos lea provincias, el distrito capital y los
distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades
de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como
las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas Efn las que exista dicha participación
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles." (Se
subraya)
25 Según la regla general establecida por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887: "En todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración". La misma norma establece dos salvedades a esta
premisa: "1. Las leyes concemientes al modo de reclamar en juicio los derachos que resultaren del contrato, y
II 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la, cual infracción será castigada con
arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido".
28 Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. 25Ó22), en aras a garantizar el principio
constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del clerecho sustancial, la Sala valorará
las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el
proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida..
2? F. 270-322, c. 1
28 F. 232-234, c. 1
22 F. 348 — 356, c.1

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

DEL SECTOR DEL CANAL DE ALIVIO DEL MUNICIPIO DE CAMPO
DE LA CRUZ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, de acuerdo
con las cantidades y valores consignados en la propuesta presentada
dentro de la Licitación Pública No. SDE-002 de 2006, la cual forma parte
integral de este contrato.
[...]

CLAUSULA TERCERA: VALOR. Para efectos fiscales el valor del
presente contrato se estima en la suma de TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MIL
($3.427.888.500.00). CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Las
partes convienen en que el DEPARTAMENTO pagará al
CONTRATISTA el valor de la obra objeto de este contrato, de la
siguiente forma: a) Un anticipo por la suma de $1.713.944.250,00
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor una vez esté
perfeccionado y agotado el trámite del anticipo; b) Pagos parciales por
obra ejecutada, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a
la fecha de radicación de la cuenta previa entrega de la documentación
requerida. La amortización del anticipo se hará mediante descuentos del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de cada acta de ejecución
de obra, hasta la cancelación total. Al acta de recibo y liquidación final
se adjuntará la garantía de que trata la Cláusula Sexta del Contrato. No
se dejará para el pago y liquidación un porcentaje menor al 10% sobre
el valor total de la obra.

[...]
CLAUSULA NOVENA: PLAZO. Las partes convienen que el término
para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, que
empezarán a contarse a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra,
que suscribirán las partes. PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA podrá
dar inicio, a la ejecución de la obra sin anticipo, si así lo decide, previo
pago de los impuestos, aprobación de las pólizas exigidas y de la
suscripción del acta de inicio correspondiente. PARAGRAFO 2:
SUSPENSIÓN. Por: circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se
podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la
ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspensión. En este caso el contratista prorrogará la
vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión.
En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado
lugar a la misma. CLAUSULA DÉCIMA: REAJUSTES. EL
CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de ajustes de
acuerdo a la fórmula que se establece en la presente cláusula. EL
DEPARTAMENTO reconocerá reajustes de precios sobre el valor de las
obras ejecutadas de acuerdo a los índices que produzca el DANE,
mediante la aplicación de la siguiente fórmula; VR = Ao. (1110 -1) donde;
VR = Valor del reajuste del acta de recibió de obra mensual, Ao= Valor
del acta por reajustar, calculada a los precios originales del contrato una
vez deducido el porcentaje concedido en calidad de anticipo, I = Indice
Costo Total, publicado por el DANE, correspondiente al mes anterior a
aquel en el cual haya sido cancelado el valor de la obra cuyos precios

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

se pretendan reajustar, cuando este corresponde por lo menos a la
cuarta parte del plan de trabajo y programa de ¡Aversiones aprobado o
se trata de obra ejecutada en forma anticipada. lo= índice del Costo Total
publicado por el DANE, correspondiente al mes de aceptación por parte
del CONTRATISTA, del presupuesto oficial de la obra para reajustar.
PARAGRAFO UNICO: En caso de presentarse retrasos imputables al
CONTRATISTA en la ejecución de volúmeneS mensuales de obra,
conforme al programa establecido, los reajustes se calcularán en la
siguiente forma: I = índice del DANE al mes en el cual ha debido ser
entregada la obra sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por
incumplimiento del contrato, lo = Indice del DANE correspondiente al
mes de aceptación delpresupuesto oficialporparte del CONTRATISTA.
1.--1".

4.4. El 29 de diciembre de 2006, el Departamento y el AS suscribieron de común
acuerdo el acta de suspensión3° al contrato 'de obra no vial núm.
0110*2006*000079 fechado el 28 de diciembre de 2006,3 con la que fue postergado
el inicio del citado contrato "hasta que se perfeccione y Se cumplan los requisitos de
ejecución del contrato de interventoría respectivo". Al punto, se dijo lo siguiente en
la parte considerativa:

1...] 9) Que los recursos entregados por el INCODER al
DEPARTAMENTO mediante convenio de delegación de funciones No.
023 de 25 de enero de 2006, resultaron insuficientes para contratar la
interventoría del contrato No. 0110*2006*000079 por lo que se hizo
necesario destinar nuevos recursos para el efecro y la suscripción de un
modificatorio al convenio interadministrativo send/ado como paso previo
al proceso de selección del interventor. 10) Que:dado que la selección
de la interventoría del contrato de obia pública no vial
0110*2006*000079[...] implica la realización de un proceso de licitación
pública, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el Departamento
del Atlántico por la honorable DUMA departarhental para la próxima
vigencia fiscal del 2007, y que el contrato de obra citado no puede iniciar
su ejecución sin la interventoría señalada, las partes han convenido de
mutuo acuerdo suspender la iniciación de la ejecución del contrato de
obra pública no vial hasta que se suscriba el c4ntrato de interventoría
respectivo [...]".

4.5. El 11 de abril de 2007, las partes suscribieron el actita de inicio31 del contrato de
obra no vial núm. 0110*2006*000079, tomando en consideración que "el
Departamento del Atlántico y la UNIÓN TEMPORAL 2007 suscribieron el día 28 de
marzo de 2007 el contrato de interventoría No. 0110-2007-000008 cuyo objeto es la
interventoría a las obras de adecuación del sector del Cahal de Alivio del municipio de
Campo de la Cruz".

4.6. El 8 de junio de 2007, el CAS y la Unión Temporal 2007 —interventora del
Contrato— suscribieron de común el acta de suspensión32 temporal de obra núm.
1 al contrato de obra no vial núm. 0110*2006*000079, hasta tanto se superaran las
circunstancias que la justificaron, consistentes en que "los Canales Drenaje [sic]
existentes se encuentran rebosados inundando todas las parcelas aledañas en una

3° F. 249-250, C. 1.
31 F. 248-256, C. 1.
32 F. 45- 46, c. 1.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

extensión de 400 hectáreas de las cuales 250 corresponden al Canal de Alivio. Por
lo tanto, no se puede realizar la limpieza de esos canales [...]". Consta, igualmente,
que el 18 de julio de 2007, las partes suscribieron el acta de reiniciación de la
obra33, por cuanto "se han superado las causas motivantes que llevaron a la
suspensión de la obra y se hace necesario continuar con el proceso constructivo
después de estar suspendida la obra por 40 días calendario".

4.7. El 11 de octubre de 2007, el contratista y el interventor, suscribieron el acta de
suspensión34 temporal de obra núm. 2 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, en la cual acordaron extender la suspensión de la ejecución hasta
tanto se superen las circunstancias que la justificaron, consistentes en que: "el
invierno que azota la región dificulta la actividad constructiva de conformación de
terraplenes para canales principales y secundarios [...] 2) La falta de evacuación
de las aguas en el canal al cual desembocan los canales de drenaje principal Norte
y Sur no permiten un drenaje adecuado en el área del proyecto". Consta,
igualmente, que el 7 de diciembre de 2007, las partes suscribieron el acta de
reiniciación35 de la obra núm. 2, por cuanto "se han superado las causas
motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y se hace necesario continuar
con el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por 57 días
calendario".

4.8. El 25 de marzo de 2008, el contratista y el interventor del contrato suscribieron el
acta de suspensión36 temporal de obra núm. 3 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, la cual, según lo acordado, extendería hasta tanto se superen las
circunstancias que la originaron, consistentes en: "que hasta la fecha los documentos
aportados por algunos beneficiarios delproyecto afectado por las obras no permiten
determinar la real propiedad del inmueble, para proceder a la compra y pago de
esos inmuebles". Está acreditado, igualmente, que el día 8 de agosto de 2008, las
partes suscribieron el acta de reiniciación de la obrar núm. 3, por cuanto "se han
superado las causas motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y se hace
necesario continuar con el proceso constructivo después de estar suspendida la
obra por 168 días calendario".

4.9. El 24 de septiembre de 2008, el contratista y el interventor del contrato,
suscribieron el acta de suspensión temporal de obra38 núm. 4 al contrato de obra
no vial núm. 0110*2006*000079, la cual se acordó extender hasta tanto se superen
las circunstancias que la ocasionaron, consistentes en "el fuerte invierno que hay en
la zona, el cualno permite adelantar los trabajos de movimiento de tierra ni las obras
civiles tales como las estructuras de derivación, boxculvert y pasos elevados". Está
acreditado, además, que el día 28 de noviembre de 2008, las partes suscribieron el
acta de reiniciación38 de la obra núm. 4, por cuanto "se han superado las causas
motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y se hace necesario continuar
con el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por 65 días
calendario".

4.10. Mediante contrato adicional de plazo" núm. 0110*2006*000084*01*4 (sin
fecha), las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución hasta el 26 de
33 F. 49-50, C. 1.
34 F. 53-54, c. 1.
35 F. 55-56, c. 1.
36 F. 58-59, c. 1.
37 F. 60-61, c 1.
39 F. 58-59, c. 1.
39 F. 68-69, c. 1
4° F. 64-65, c. 1.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

septiembre de 2008. Dentro de los considerandos del acuerdo de voluntades,
aparece que el CAS solicitó al interventor de obra una extensión del período por
cuatro (4) meses y que el interventor la encontró procedente.

4.11. El 26 de septiembre de 2008, el Departamento y el CAS suscribieron el
contrato adicional de plazo núm. 0110*2006*000084*01*5 al contrato de obra
no vial núm. 0110*2006*000079 en el sentido de prorrogar el plazo para la ejecución
del contrato inicial del 28 de diciembre de 2006, hasta pl 16 de diciembre de 2008.
Como fundamento de este pacto, se dijo en la parte Considerativa que: "en fecha
Septiembre 24 de 2008, el Representante Legal dé! Consorcio Atlántico Sur,
contratista de la obra, solicitó al interventor externo, mediante oficio la prórroga del
plazo de ejecución del contrato hasta la fecha de diciembre 16 de 2008, por las
condiciones expuestas en su oficio [no se precisan las razones]"41.

4.12. El 24 de octubre de 2008, el Consorcio radicól un oficio al interventor del
contrato, con copia al Secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, en el que
hizo una relación de los costos en que consideraba haber incurrido, en virtud
de las suspensiones del contrato de obra por caúsas ajenas al contratista,
correspondientes a stand by de la maquinaria y 'personal por la suma de
$1.400.000.000,060. Al reverso del documento aparece la siguiente constancia:
"Recibido para su estudio no implica aceptación para el pago" y firma la señora
"Niled Coronadon42.

4.13. El 13 de diciembre de 2008, el Consorcio y el interventor del contrato suscribieron
el acta de suspensión temporal de obra43 núm. 5 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, suspensión que se acordó extender hasta tanto se superen las
circunstancias que la justificaron, consistentes en que "el nivel freático está por
encima del ten-eno, además la zona por donde pasa ¡os canales Cl y los terciarios
está inundada y esto impide trabajar con maquinada pesada". Está acreditado,
igualmente, que el día 8 de noviembre de 2009, las partes suscribieron el acta de
reiniciación de la obra" núm. 5, por cuanto "se:han superado las causas
motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y ae hace necesario continuar
con el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por 48 días
calendario".

4.14. El 16 de diciembre de 2008, el Departamento' y el Consorcio firmaron el
contrato adicional núm. 0110*2008*000054 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, en el sentido de: (1) agregar nuevos ítems de ejecución
conforme a las obras descritas en el acta de obras adicionales de noviembre de
2008; (ii) aumentar el precio del contrato inicial en la suma de $615.646.401 y, (iii)
ampliar el plazo inicialmente pactado en dos y medio (2:5) meses más".

4.15. El 17 de marzo de 2009, el contratista y el interventor del contrato, suscribieron
el acta de suspensión temporal de obra" núm. 6 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, suspensión que se acordó extender hasta tanto se superen las
circunstancias que la justificaron, consistentes en que "lá zona por donde pasan los
canales terciados de riego los propietarios se oponen porque no se ha procedido a

41 F. 346-347, c. 1. Esta es una transcripción literal, lo errores, erratas, énfasis y mayúsculas forma parte del
texto original.
42 F. 24-26, c.1
43 F. 70 -71, c. 1.
44 F. 75-76, c. 1
45 F. 357-359, C. 1.
46 F. 79- 80, c. 1.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

la compra y pago de las zonas afectadas y en algunos casos por el INCODER les
está cobrando la tarifa de conservación y mantenimiento del distrito alegando que
cerca de sus predios no pasa ningún canal que los beneficie. Además, en los
canales de drenaje el nivel de las aguas de escorrentia aún no ha bajado por lo cual
no permite la construcción de las obras de artes programadas". Está acreditado,
igualmente, que el día 25 de noviembre de 2009, las partes del contrato suscribieron
el acta de reiniciación de la obra47 núm. 6, por cuanto "se han superado las
causas motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y se hace necesario
continuar con el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por 258
días calendario".

4.16. El 1 de junio de 2009, a través del oficio núm. 0371, el Secretario de Desarrollo
Económico del departamento del Atlántico, dio respuesta a la comunicación del
Consorcio, en el que le precisó, entre otros asuntos, que conforme a "lo establecido
en el contrato y en la planificación previa para la ejecución de las obras, dentro del
cual ha debido tener en cuenta el régimen de precipitación de la región,
consideramos de su entera responsabilidad la determinación del inicio de las obras
y en consecuencia de las acciones que asumió como contratista en tal sentido [...]
es evidente que este atraso en el inicio de las obras no se puede aducir como
responsabilidad de la Gobernación del Atlántico por cuanto su cronograma de
ejecución de obras desde luego que estaba supeditado al previo inicio de la
Interventoría".

En cuanto a los inconvenientes que se han presentado por la oposición de algunos
usuarios, le precisó que 'las acciones encaminadas a la compra de franjas de
terreno son de su resorte exclusivo, como bien se encuentra detallado en los
Términos de Referencia, marco regulatorio del cual se desprende el contrato objeto
de este análisis".

Por último, le indicó que «expresiones como "cierre de crédito", "ahogo económico",
tengan peso a la hora de solicitar la modificación de una de las cláusulas
contractuales, por cuanto la forma de pago establecida tanto en el contrato principal
como en su contrato adicional consideró la entrega de un anticipo equivalente al
50% del valor total de las obras y el pago por actas parciales de obras ejecutadas,
procedimiento que se ha venido ejecutando sin alteraciones dignas de
considerar»48.

4.17. El 24 de noviembre de 2009, el representante legal del CAS, protocolizó ante
la Notaría Primera del Círculo de Facatativá, la solicitud de revisión formulada ante
la Unión Temporal 2007 del 24 de octubre de 2008 (aptdo. 4.12), relacionada con
las reclamaciones económicas del contrato de obra núm. 010*2006*00079, por lo
que se otorgó la escritura pública" núm. 2676.

4.18. El 24 de diciembre de 2009, el CAS y el interventor del contrato, suscribieron el
acta de suspensión temporal de obra5° núm. 7 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, suspensión que se acordó extender hasta tanto se superen las
circunstancias que la justificaron, consistentes en que "la zona por donde pasan los
canales principal, terciarios de riego los propietarios se oponen porque no se ha
procedido a la compra y pago de las zonas afectadas y en algunos casos porque el
INCODER les está cobrando la tarifa de conservación y mantenimiento alegando
47 F. 87-88, c. 1
48 F. 81-86, C. 1
49 F. 23-24, c.1
5° F. 89-90, C. 1

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Actor Consorcio Atlántico Sur

que cerca de sus predios no pasa ningún canal que los beneficie. Además, en los
canales de drenaje el nivel de las aguas de escorrentía aún no ha bajado por lo cual
no permite la construcción de las obras de artes programadas" Está demostrado,
igualmente, que el día 28 de enero de 2010, las partes suscribieron el acta de
reiniciación51 de la obra núm. 7, por cuanto "se, han superado las causas
motivantes que llevaron a la suspensión de la obra y se hace necesario continuar
con el proceso constructivo después de estar suspendida la obra por 34 días
calendario".

4.19. El 26 de enero de 2010, el Consorcio y el interventor del contrato, suscribieron
el acta de suspensión temporal de obra52 núm. 8 al contrato de obra no vial núm.
0110*2006*000079, suspensión que se acordó extender hasta tanto se superen las
circunstancias que la justificaron, consistentes en que "en la actualidad se están
adelantando trabajos de construcción de canales, a continuación de los ejecutados
en este proyecto, por lo que no es factible hacer pruebas hidráulicas, para hacer la
entrega definitiva". Al proceso no fue aportada copia del acta de reiniciación de la
obra núm. 8. No obstante, consta que en el acta de liquidación bilateral del contrato
de fecha 27 de diciembre de 2010, se indicó que esta fue suscrita por las partes el
día 29 de octubre de 2010.

4.20. El 27 de diciembre de 2010, las partes del contrato y el interventor, por
conducto de sus representantes legales, suscribieron el acta de liquidación del
contrato de obra no vial núm. 0110*2006*000079 y sus dos contratos adicionales. De
este documento, aportado en copia simple, la Sala destáca los siguientes apartes53:

"ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

CONTRATO INICIAL: No.
0110'2006'/41000079
CONTRATO ADICIONAL: No.
0110'120061'000084115
(EN PLAZO: 82 DIAS)
CONTRATO ADICIONAL: No.
0110'2008,1'000054
(VALOR Y PLAZO: 2.5
MESES

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL
ATLANTICO
CONTRATISTA. CONSORCIO
ATLANTICO SUR
OBJETO: LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN DE
TIERRAS, EN EL
SECTOR DEL CANAL
DE ALIVIO EN EL
MUNICIPIO DE
CAMPO DE LA CRUZ
LO CALIZADO EN EL
DEPARTAMENTO

51 F. 91-93, c. 1
52 F. 267-269, c.1
53 F. 238-248, c. 1.

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Actor Consorcio Atlántico Sur

DEL ATLANTICO
FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2007
FECHA DE SUSPENSION 8 DE JUNIO DE 2007
1:
FECHA DE REINIC1ACION 18 DE JULIO DE 2007
1:
FECHA DE SUSPENSION 11 DE OCTUBRE DE
2: 2007
FECHA DE REINIC1ACION 7 DE DICIEMBRE DE
2: 2007
FECHA DE SUSPENSION 25 DE MARZO DE
3: 2008
FECHA DE REINICIACION 8 DE AGOSTO DE
3: 2008
FECHA DE SUSPENSION 24 DE SEPTIEMBRE
4: DE 2008
FECHA DE REINICIACION 28 DE NOVIEMBRE
4: DE 2008
FECHA DE SUSPENSION 13 DE DICIEMBRE
5: DE 2008
FECHA DE REINICIAC1ON 8 DE FEBRERO DE
5: 2009
FECHA DE SUSPENSION 12 DE MARZO DE
6: 2009
FECHA DE REINICIACION 25 DE NOVIEMBRE
6: DE 2009
FECHA DE SUSPENSION 24 DE DICIEMBRE
7: DE 2009
FECHA DE REINICIACION 28 DE ENERO DE
7: 2010
FECHA DE SUSPENSION 26 DE FEBRERO DE
8: 2010
FECHA DE REINICIACION: 29 DE OCTUBRE DE
2010
FECHA DE 7 DE NOVIEMBRE 5
TERMINACION: (sic) DE 2010

VALOR INICIAL: $3.427.888.500
VALOR ADICION: $615.646.401
VALOR TOTAL: $4.043.534.091
PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO ADICIONAL 1: 82 DIAS
PLAZO ADICIONAL 2: 2.5 MESES
PLAZO TOTAL:. 397 DIAS

3.- Que el valor total de la obra ejecutada fue de CUATRO MIL
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE $4.043.434.901 de
conformidad con las cantidades aprobadas por la Interventoría y de
acuerdo CO,? los ítems del formulario de precios unitarios presentado en

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

la propuesta y en actas de modificación aprobadas durante la ejecución
del contrato según el siguiente detalle:

CUENTA DE ANTICIPO 1,713,941.3
COBRO 08
CUENTA DE ANTIICP0 397.823.200
COBRO ADICIONAL

FACTURA No. CONCEPTO VALOR
FACTURA No 1 CORTE OBRA 92.720.025
005
FACTURA No 2 CORTE OBRA 317.048.806
006
FACTURA No 3 CORTE OBRA 325.404.005
007
FACTURA No 4 CORTE OBRA 837.608.343
0016
FACTURA No 5 CORTE OBRA 628.989.616
0017
FACTURA No 6 CORTE OBRA 25.409.250
0020
FACTURA No 7 CORTE OBRA 46.650.850
0021
FACTURA No 8 CORTE OBRA 252.209.930
0022
FACTURA No 9 CORTE OBRA 381.700.524
0028
FACTURA No 10 CORTE OBRA 147.672.840
0029
FACTURA No 11 CORTE OBRA 141.172052
0031
FACTURA No 12 CORTE OBRA 23.296.374
076
FACTURA No 1 CORTE OBRA 179.071.050
0037 CONTRATO
ADICIONAL
FACTURA No 2 CORTE OBRA 200.847.195
0053 CONTRATO
ADICIONAL
FACTURA No 3 CORTE OBRA 203.386.520
077 CONTRATO
ADICIONAL
FACTURA No 4 CORTE OBRA 32 341.634
CONTRATO
ADICIONAL

VALOR TOTAL 4.043.534.901
FACTURADO

1.•.1

4.- A la fecha de la presente se adeuda al contratista CONSORCIO
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Actor: Consorcio Atlántico Sur

ATLANTICO SUR, la última FACTURA por concepto del acta No. 4 de
corte parcial de obra del contrato adicional, por valor de Treinta y dos
millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos
m/cte, ($32.341.634), cuyo valor neto es Dieciséis millones ciento
setenta mil ochocientos diecisiete pesos m/cte ($16.170.817) una vez
descontado el saldo final del anticipo. [...]

De acuerdo al numeral 14.1 del formulario de cantidades y precios
unitarios, resulta un menor valor del contrato por no haberse terminado
los trámites para la adquisición de predios por valor de ($91.110.164,00
NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE. [...]

6.- Observaciones: El contratista solicita se dé trámite a la reclamación
de los reajustes de precios de las actas del contrato de acuerdo a la
cláusula décima señalada en este y por tanto la administración
departamental analizará y evaluará la pretensión del contratista.

7.- El contratista se compromete a devolver al Departamento del
Atlántico los recursos de la diferencia en la ejecución del ítem 14.1
"Adquisición del Tierras para canales y vías" ($91.110.164.00)[...]".

Como anexo al acta de liquidación suscrita entre las partes, se incluyeron las 12
actas de reajuste del contrato original" y las 4 actas de los 2 contratos
adicionales55, así como el siguiente cuadro resumen de todas las actas de
reajuste del contratos:

RESUMEN ACTAS DE REAJUSTE CONTRATO No. 010*2006*000079
CONSORCIO ATLANTICO SUR

FECH No. DE VR. VR. SALDO A VR. VR.
A DE ACTA ACTA AMORT1Z REAJUST REAJUST REAJU
PAGO ADO AR ADO STE
Octubr 1 97.720.0 46.360.01 46.360.01 47.913.57 1.553.56
e de 25 2,50 2,50 5,17 2,67
2007
Octubr 2 317.048. 158.524.4 158.524.4 163.836.6 5.312.28
e de 806 03 03 87,90 4,90
2007
Octubr 3 325.404. 162.702.0 162.702.0 168.154.2 5.452.27
e de 005 02,50 02,50 82,24 9,74
2007
Diciem 4 837.608. 418.804.1 418.804.1 434.953.4 16.149.2
bre de 343 71,50 71,50 32,61 61,11
2007
Febrer 5 628.989. 314.494.8 314.494.8 337.478.4 22.983.6
o de 616 08 08 53,54 45,54
2008
Septie 6 25409.2 12.704362 12.704.62 14.548.73 1.844.10
mbre 50 5 5 1,88 6,58

54 F.118-140, c. 1
55 F. 141-147, c. 1
56 F. 116, cl

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Actor Consorcio Atlántico Sur

de
2008
Septie 7 46.650.8 23.32542 23.325.42 26.711.16 3.385.74
mbre 50 5 ,5 6,55 1,55
de
2008
Septie 8 252.209. 126.104.9 126.104.9 144.409.4 18.304.4
mbre 930 65 65 04,01 39,01
de ;
2008
Novie 9 381.700. 190.850.2 190.850,2 218.307.3 27.457.0
mbre 524 62 42 27,79 65,79
de
2008
Enero 10 147.672. 73.836.42 73.836.42 83.848.94 10.012.5
de 840 0 O Z25 22,25
2009
Enero 11 141.172. 70.58502 70.586.02 80.157.78 9.571.75
de 052 6 ,6 1,45 5,45
2009
Novie 12 231.296. 115648.1 115648.1 129.472.4 13.824.2
mbre 374 87 17 56,14 69,14
de
2008
Abril 1 179.071. 89.53552 89.53552 102.129.0 12.5915
de AD/Cl 050 5 5 27,05 02.05
2009 ONAL
Novie 2 200.847. 100.423.5 100.4215 112.427.9 12004.3
mbre ADICI 195 97 87,50 60,70 63,20
de ONAL ‘
2009
Novie 3 203.386. 101.6912 101.6912 111849.3 12.156.1
mbre AD/Cl 520 60 60 95,19 35,19
de ONAL
2009
Mayo 4 32341.6 16.170.81 16.17a81 20.351.59 4.180.77
de AD/Cl 34 7 '7 3,78 6,78
2012 ONAL

4.043.52 2021.764. 2021.764. 2198.550. 176.785
9.014 507,00 507,00 218,25 711
4.043.53
4.901
5.887

4.21. El 18 de abril de 2014, la Secretaria de Desarróllo Económico del Atlántico,
remitió al proceso copia del oficio suscrito por el funcionario Martín Rafael Atencio
García, Subsecretario de Desarrollo Económico y supiervisor del contrato suscrito
con el Consorcio, en el que certificó que, «en cuanto S requerimiento relacionado
con el suministro de copia de la "Escritura Pública No. 2676 de noviembre 24 de
2009", una vez revisado exhaustivamente el archivo dé la Secretaría de Desarrollo

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

Económico, dependencia a cargo de la contratación que nos convoca, no se reporta
ni el documento ni recibido alguno que lo relacione»57.

4.22. En el proceso fueron practicados los siguientes testimonios:

4.22.1. Martín Rafael Atencio García, ingeniero pesquero, quien se desempeñó
como Subsecretario de Desarrollo Económico del Atlántico y supervisor del
contrato suscrito con el Consorcio Atlántico Sur, refirió lo siguiente: (i) que creía que
se habían dado ocho suspensiones en la ejecución del contrato, la primera de las
cuales respondió a la falta de recursos para el pago de la interventoría y otras por
lluvias y la resistencia al ingreso de la maquinaria, pero no podía precisar los motivas
de cada suspensión, lo que constaba en actas; (ii) que el contrato de interventoría
había sido suscrito antes del acta de inicio; (iii) que no tenía conocimiento de que se
Salomón Meto hubiera elevado una petición a la interventoría del contrato para la
revisión del desequilibrio económico y no la habían encontrado en el expediente del
contrato; (iv) que se le indicó al contratista que no debía realizar erogaciones antes de
la suscripción del acta de inició y aquel no realizó salvedades por mayor permanencia
en las actas de suspensión, sino por reajuste de precios; (y) que no reconocía ni
identificaba el sello impreso en la petición protocolizada, fechada el 24 de octubre de
2009, que obra en el expediente58.

4.22.2. Julián Javier Saade Zableh, ingeniero civil, quien fungió como
representante de la Unión Temporal 2007, interventora del contrato de obra,
declaró lo siguiente: (i) que no recordaba el documento en el que el Consorcio había
elevado reclamaciones por mayor permanencia en obra y sobrecostos por la ausencia
de planos para el replanteo, pero "el sello es de mi oficina porque ella fue funcionaria
nuestra"; (ii) que la recepción de la reclamación para su estudio no implica el
reconocimiento del pago solicitado; y que (iii)"[Nubo una serie de inconvenientes que
generaron suspensiones, problemas de invierno, con los usuarios de los predios, pero
eran situaciones ajenas a la voluntad del buen proceder, o negligencia o no de las
partes, incluyendo a la Gobernación, Interventoría o al Contratista, porque eran cosas
fortuitas que se salían de las manos de los intervinientes"59.

V. CONSIDERACIONES

5.1. De acuerdo con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"), que entró en vigencia8° antes de la
presentación de la demanda (aptdo. 2.1.1), la Sala es competente para conocer del
presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo
del Tribunal Administrativo del Atlántico81, proferido en el marco del medio de control
contencioso administrativo de controversias contractuales82, en el que una de las
57 F. 229 — 230, c.1
55 F. 526-538, c. 2.
59 F. 529 — 532, c. 2
65 CPACA: "Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. //Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. //Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."
61
CPACA: "Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, ono se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia".
62 De acuerdo con el articulo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, "el juez competente para conocer de
las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

partes es el Departamento del Atlántico, una entidad territoria163, dentro de un
proceso cuya cuantía impone su juzgamiento en doble instancia".

5.2. El Contrato fue liquidado de mutuo acuerdo, mediante acta suscrita el veintisiete
(27) de diciembre de dos mil diez (2010) (aptdo. 4.19).; día a partir del cual debe
contabilizarse el plazo de dos años que tenía el actor para presentar oportunamente
la demanda65, según las normas procesales aplicables a este asunto66. Luego, sin
suspensión o interrupción mediante, el término bienal habría concluido el veintiocho
(28) de diciembre de dos mil doce (2012). Empero, el diecinueve (19) de diciembre
de dos mil doce (2012), a falta de nueve (9) días para que concluyera el plazo
referido, la parte actora radicó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual concluyó,
sin acuerdo, el dieciocho (18) de marzo de dos mil trece po13), según acta suscrita
por el Procurador 14 Judicial II Administrativo de Barranquilla67. Durante este lapso,
el término de caducidad fue suspendido" y se reinició el diecinueve (19) de marzo
de dos mil trece (2013), concluyendo el primero (1°) de abril del mismo año69, fecha
anterior al veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2011), cuando fue radicada la
demanda oportunamente.

5.3. El CAS y el Departamento suscribieron el contrato obra pública no vial núm.
1010*2006*000079 (aptado. 4.3), razón por la que ambos están legitimados en la
causa dentro de esta controversia surgida del mencionado acuerdo de voluntades.

SOBRE EL PROBLEMA JURÍDICO PRELIMINAR7°

5.4. En el acta de liquidación unilateral del contrato consta solamente una
"observación" del CAS, que pueda ser entendida como una salvedad a lo convenido
la jurisdicción contencioso administrativa." Igualmente, el artículo 77 de la misma, en su inciso segundo, señala
que "Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del
Código Contencioso Administrativo."
63 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: "Articulo 286. Son entidadel territoriales los departamentos los
distritos, los municipios y los territorios indígenas" (subrayado añadido).
64 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos
a... relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por
cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Para la fecha de
presentación de la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $294.750.000. De acuerdo con la
demanda, las pretensiones fueron estimadas en $5.382.623.916, guarisrrto que supera el limite fijado por la
norma procesal.
65 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Auto del
1° de agosto de 2019. Rad. 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009)
66 El plazo comenzó a correr en vigencia del Código Contencioso Adminiltrativo, por lo que en este caso es
aplicable el articulo 136-10, literal c. de dicha codificación: "ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
(...) 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. //En los
siguientes contratos, el término de caducidad se contará as1:[...] c) En los que requieran de liquidación y ésta
sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la
firma del acta."
67 Suscrita ante el entonces procurador Simón Miguel Ackerman Sánchez.1
68 Aplicando el artículo 21 de la Ley 640 de 2001: "SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA
CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador
suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta bue se logre el acuerdo conciliatorio
o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que:este trámite sea exigido por la ley o
hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará
por una sola vez y será improrrogable."
69 El día 28 de abril de 2013 fue jueves santo. Según el articulo 62 de la Lely 4 de 1913: "ARTICULO 62. En los
plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes,
a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario pero si el último
día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil." (Se subraya).
" Aptado. 3.2.1.

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Actor Consorcio Atlántico Sur

en dicho negocio jurídico (aptdo. 4.20), el cual determina el marco de la presente
controversia judiciaI71. Esta salvedad se refiere únicamente a la "reclamación de los
reajustes de precios de las actas del contrato", de acuerdo con la cláusula décima
del contrato (aptdo. 4.3). Le corresponde, por tanto, a la Sala determinar si dicha
salvedad cobija los sobrecostos que suplica el extremo demandante, como es
afirmado en el recurso.

5.4.1. Pues bien, el reajuste, la actualización o la revisión de precios es una figura
contractual que, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, procura mantener las
condiciones técnicas, económicas y financieras previstas al momento de proponer
o de celebrar el contrato, según sea el caso". No obstante, su desarrollo legal
procede de normas anteriores" al estatuto contractual estatal vigente, por lo que la
jurisprudencia viene perfilando hace tiempo los contornos de esta singular
cláusula74.

Según la jurisprudencia", el objetivo de la fórmula contractual de reajuste de precios
deviene de una realidad económica innegable en los contratos de tracto sucesivo,
como lo es la variación de los precios de las prestaciones contratadas a lo largo de
la ejecución del negocio; variación que, en un contrato de obra a precios unitarios,
se traduce en el incremento del costo de los ítems que componen la construcción",
cuyas dimensiones resultan imposibles de calcular al momento de proyectar la
estructura económica del contrato, bien en la oferta o en la celebración del negocio.

De allí que esta Sección haya sostenido que, si bien el alza o baja en el precio de
los elementos que componen la construcción puede llegar a alterar las bases del
contrato, cuando se pacta una fórmula de reajuste para atender esta circunstancia
no se está ante una situación imprevista sino que, por lo contrario, las partes sí la
previeron, por lo que acordaron el mecanismo de reacción frente a ese fenómeno
económico; pacto este que, en todo caso, que no se opone a que, si las
fluctuaciones de precios llegasen a tener una magnitud excepcional y anormal,
estas puedan generar un desequilibrio económico del contrato, cuyo
restablecimiento se sujetaría a la teoría de la imprevisión77.
71 Aptado. 3.2.
72 LEY 80 DE 1993. Artículo 4, numeral 8: "Articulo 4o. De los derechos y deberes de las entidades estatales.
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: [...1 Adoptarán las
medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación
o concurso o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y
revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. II Sin perjuicio de la actualización o
revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado". (Aparte subrayado derogado por la Ley 1150 de 2007).
73 DECRETO LEY 150 DE 1976, artículo 74; y DECRETO-LEY 222 DE 1983, artículo 86
74 Ver, entre muchas otras providencias: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. Sentencias del 20 de septiembre de 1979. Rad. 2742; y del 15 de febrero de 1999. Rad. 11194.
75 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
del 29 de febrero de 2012. Rad. 66001-23-31-000-1993-03387-01(16371), y Subsección A. Sentencia del 10 de
septiembre de 2021. Rad. 050012331000199803972 01 (44977).
75 En este punto, viene relevante agregar la diferencia entre la revisión de precios y la actualización o indexación
monetaria, en palabras de la jurisprudencia: "lo que pretende ésta [la actualización] es traer a valor presente a
la fecha de pago las sumas que fueron acordadas al momento de celebración del contrato, es decir, en este
último escenario se procura que al instante del cumplimiento de la obligación de pago el valor efectivamente
cancelado refleje la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Contrario sensu, la fórmula de reajuste de
precios atiende a que se mantengan las condiciones de los componentes esenciales del precio del negocio
jurídico, de tal suerte que las variaciones significativas que operen en los factores determinantes del mismo
sean reconocidas a efectos de no desequilibrar la ecuación financiera del contrato". CONSEJO DE ESTADO.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 7 de febrero de 2010. Exp. 0071-01. N°.
interno: 17663.
77 Ha afirmado esta Sección: "[...] la revisión de precios por las partes es consecuencia de su propia
previsión
en el contrato y de acuerdo con la fórmula acordada, cuando ocurra en la realidad la variación de los costos

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

Así pues, en rigor, el instrumento contractual del reajuste o revisión de precios no
corresponde al reequilibrio del balance prestacional p9r situaciones distintas a la
indexación de los precios de los componentes que integkan el objeto contractual. En
otras palabras, mediante esta estipulación las partes atienden la ocurrencia
previsible pero indeterminable de la variabilidad en el valor a pagar por cada insumo
o cantidad de obra requerido en la construcción, y no p otra serie de trastornos o
dificultades en la ejecución del contrato que se relacionen, ya no con el costo
intrínseco de cada elemento necesario para la obra e individualmente considerado,
sino con la afectación de otras condiciones del negocio, por ejemplo, en el plazo.
1
5.4.2. Por ende, para esta Colegiatura, la salvedad expresamente plasmada por el
CAS en el acta de liquidación bilateral no encaja con lo reclamado en la controversia
contractual entablada ante la Jurisdicción, esto es, el iiesequilibrio económico por
la mayor permanencia en la obra ocasionada por las suspensiones y prórrogas
pactadas a lo largo de la ejecución del contrato, y por motivos supuestamente
ajenos al contratista.

SOBRE EL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO"

5.5. Con todo, la parte demandante insiste en que, a: su reclamación elevada al
interventor del contrato, fechada el 24 de octubre dl 2008 (aptdo. 4.12), le es
aplicable el silencio administrativo positivo dispuesto en el estatuto contractual
estatal y, para ello, soporta la protocolización de esta petición en notaría el 24 de
noviembre de 2009. Tal circunstancia, en su parecer, daría lugar a la prosperidad
de sus pretensiones económicas.

5.5.1. Pues bien, la norma que prescribe el silenció administrativo positivo en
materia contractual es el artículo 25, numeral 16, de Ié. Ley 80 de 1993 que, a su
vez, fue reglamentado por el artículo 15 del Decreto 679 de 1994, ambos vigentes
para la fecha en que el contrato fue celebrado.

Así, el precepto mencionado del EGCAP prevé que:

"En las solicitudes que se presenten en el curso cíe la ejecución del contrato,
si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses
siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del
solicitante en virtud del silencio administrativo pbsitivo. Pero el funcionario o
funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los
términos de esta Ley'.

Mientras que la norma reglamentaria estableció que:

determinantes de los precios. Esto no significa que si durante la ejecución del contrato varían los costos
determinantes de los precios que no podían ser previsibles al momento'de ofertar o de celebrar el contrato -
que eran imprevisibles - el afectado no pueda reclamar el restablecimiento económico". CONSEJO DE
ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Senténcia del 14 de febrero de 2002. Rad.
13001-23-31-000-1991-7829-01(12924). Así mismo, la jurisprudencia ha detallado la diferencia entre el reajuste
de precios y la teoría de la imprevisión: 1...] en el primero el hecho genehiclor es perfectamente previsible, por
eso generalmente se pacta en el contrato y se establece la aplicación de índices y fórmulas que permitirán
reconocer los sobrecostos que pudieran ocurrir. Mientras que en la segunda, se trata de un hecho imprevisible,
que solo después de su ocurrencia se puede constatar y, por lo tanto, 'establecer la manera como afecta el
contrato y el monto de los sobrecostos consiguientes. Debe señalarse, S'iodo caso, que en ambos eventos es
necesario demostrar el hecho generador del desequilibrio y su incidencia en los costos del contrato". CONSEJO
DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 2003.
Rad. 25000-23-31-000-2001-0209-01(22952).
78 Aptado. 3.3.1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00300-01 (52631)
Actor: Consorcio Atlántico Sur

"De conformidad con el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993, las
solicitudes que presente el Contratista en relación con aspectos derivados de
la ejecución del contrato y durante el período de la misma, se entenderán
resueltas favorablemente a las pretensiones del contratista si la entidad
estatal contratante no se pronuncia durante de los tres (3) meses a la fecha
de presentación de la respectiva solicitud'.

Del texto de ambas normas se infiere que, para entender configurado el silencio
administrativo positivo en el contexto de los contratos estatales regidos por el
EGCAP, debe: (i) antecederse de una petición presentada por el contratista; (ii)
darse durante el período de ejecución del contrato; (iii) relacionarse, en su
contenido, con la ejecución del mismo contrato; (iv) transcurrir tres meses, contados
a partir de la presentación de la solicitud, sin que haya respuesta de la entidad
estatal contratante y; (y) debe presentarse ante la entidad contratante79, más
precisamente ante el funcionario competente para comprometer la voluntad
contractual de la entidad, quien a su vez responderá por haber permitido la
configuración del silencio positivo.

5.5.2. Ahora, el silencio administrativo positivo en materia contractual es una
expresión del principio de economía, lo que ha llevado a la jurisprudencia a precisar
que no cualquier solicitud del contratista sin respuesta de la contratante se entiende
contestada positivamente. Así, se ha afirmado que la petición debe contener un
derecho preexistente a su formulación, de suerte que la ficción de aceptación
presunta le permita al contratista proseguir con la ejecución del contrato y así evitar
la parálisis proveniente del mutismo de la entidad8°. Esto implica, además, que

79 Lo que hace imposible que el silencio positivo aplique en el supuesto inverso, es decir, en las peticiones de
la entidad contratante al particular contratista. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido sobre este requisito:
"[...] que parece obvio, porque así lo establece, expresamente, el art. 25.16 de la ley 80, y también su decreto
reglamentado. Por tanto, las peticiones, reclamaciones u observaciones que también suele presentar el Estado
al contratista, por distintas razones derivadas de la celebración del contrato, no configurarán este silencio, y ni
siquiera el negativo, simplemente porque este régimen no cubre las respuestas que también debe dar el
contratista a las comunicaciones de la entidad. I/ Se trata de un sistema jurídico diferencial, donde el Estado,
como parte del contrato, tiene una carga mayor que la del contratista, como integrante del negocio jurídico;
estableciendo la ley un beneficio exclusivamente para éste". CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2011. Rad. 08001-23-31-000-1997-02967-
01(17555); y Subsección C. Sentencia del 12 de febrero de 2014. Rad. 05001-23-24-000-1994-00840-
01(21576)
8° Al respecto, la jurisprudencia ha entendido que las pretensiones contenidas en la solicitud "deben contener
implícitamente, el derecho constitutivo del contratista; este derecho es anterior a la petición y requiere solamente
la formalidad o declaración del contratante público. //El silencio positivo no se puede construir sobre situaciones
y relaciones jurídicas inexistentes; no se puede edificar sobre la nada. //Esas situaciones o relaciones jurídicas
del contratista, requieren de declaraciones del Contratante que lo autoricen o le habiliten a proseguir con la
ejecución del contrato; le formalizan el derecho a hacerlo. "Además, agregó: "Para que se deduzca realmente
que la omisión de respuesta del contratante, en el término legal de tres meses seguidos a la petición del
contratista, constituye silencio positivo debe tenerse en cuenta que el contratista tenga derecho, como ya se
dijo, desde antesala respuesta expresa afirmativa a supetición. Es decir, que tenga una situación o una relación
jurídica anterior, que luego, con la respuesta se formaliza o se declara la aprobación o autorización para hacer
algo. // Cuando la ley para efecto de la dinámica de la operación contractual sanciona con efecto positivo la
omisión o silencio de la Administración, en responder después de los tres meses siguientes a la petición del
contratista, debe entenderse desde luego que lo peticionado por aquel deben ser asuntos a definir con relación
a su actividad contractual, del contratista - no del contratante -, con el lleno previo de requisitos legales o
contractuales, como ya se dijo. //Lo anterior implica, que las peticiones del contratista al contratante distintas a
ese fin objetivo descrito, no son solicitudes que no respondidas expresamente en el término de tres meses,
deban entenderse aceptadas presuntamente. // Considerar lo contrario significaría: /I - que las situaciones
conferidas, presuntamente, sin título justo, operarían contra derecho // que la irregularidad del funcionario
moroso en responder concedería, en algunos eventos, titularidad para hacer o ejecutar sin sustento jurídico. El
contratista se colocaría contra el interés público; primaria una situación subjetiva irregular sobre aquel. // - que
el convenio se lesionada porque la petición del contratista, no respondida a tiempo, podría, en algunos eventos,
conducir a la variación de las reglas negociares: por ejemplo cuando pidió el aumento del plazo, la variación
económica en su favor, la reducción o extensión del objeto, la interpretación del contrato etc. ¿la no respuesta
del contratante significa que éste decidió favorablemente?. La Sala considera que la respuesta es negativa.

El
contratista si bien tiene derecho a pedir - ejercicio del derecho de petición - no siempre tiene el derecho

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Actor Consorcio Atlántico Sur

adjunto con la solicitud, el peticionario deba "aportar las pruebas necesarias que
permitan deducir la obligación que se está reclamando"" si pretende configurar el
silencio positivo.

5.5.3. En este caso, prima facie ocurren dos circunstácias que impiden tener por
configurado el silencio administrativo positivo:

5.5.3.1. Por un lado, no está probado que la petición haya sido entregada a la
entidad contratante. En efecto, el CAS remitió su solicitud de reconocimiento de
sobrecostos por mayor permanencia en la obra al interventor (aptdo. 4.12), y aquella
fue recibida por una persona que, de acuerdo con la versión del representante de la
Unión Temporal 2007 —interventora de obra—, trabajó por un tiempo para dicha
firma (aptdo. 4.22.2).

En tal sentido, al margen de que pueda fungir como intermediario ante la entidad
contratante, nada indica que el interventor haya actuado como representante del
Departamento ante el contratista82. De suerte que la referencia a esta comunicación
no satisfizo el requisito de su entrega a la entidad pontratante, como requisito
fundamental para que el silencio administrativo se entienda configurado, silencio
que fue negado por el entonces Subsecretario de' Desarrollo Económico del
Departamento (aptdo. 4.22.1) sin que, como queda señalado, obre prueba en el
plenario que demuestre lo contrario.

5.5.3.2. Por otro lado, al margen del escrito de petición, el consorcio contratista no
protocolizó documento alguno que permitiera entengler que el Consorcio tenía
derecho a las prestaciones materia de su petición, circunstancia que provoca que la
formalidad de la solicitud ante notaría no tenga efectos de reconocimiento
económico alguno en favor del contratista.

SOBRE EL SEGUNDO PROBLEMA JURIDIC083

5.6. Por otra parte, el cargo de la alzada (aptado. 2.4.3) en el que se reprocha la
motivación del fallo de primera instancia, en punto a la, ausencia de reclamaciones
por sobrecostos derivados de una mayor pernnanencip en obra en los pactos de
suspensión y reinicio del plazo contractual (aptado. 2.3.3), tampoco está llamado a
prosperar, en cuanto excede el marco del juez del contrato en este asunto, en el
que, como se determinó anteriormente (aptados. 3.2, 4.20, 5.4, 5.4.1 y 5.4.2), el
demandante no consignó salvedad alguna sobre un desequilibrio económico del
contrato, quedando zanjados así los conflictos sobre este aspecto en el acta de
liquidación bilateral.

La Sala encuentra pertinente advertir que no es la falta de reserva expresa por parte
del contratista en las actas modificatorias del contrato, el motivo de la conclusión
que antecede. Sobre ese punto, recuerda que la ausencia de protestas en los
convenios modificatorios no genera necesariannpnte un pronunciamiento

constitutivo previo para que la respuesta sea afirmativa, expresa o presuntamente. De no ser como acaba de
explicarse el contrato podría novarse, o su ejecución causar desmedro injustificado al patrimonio público, etc.".
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 7 de octubre de
1999. Rad. 16165, reiterado por el auto del 27 de enero de 2000. Rad. 15609. Negrillas originales de la
providencia.
81 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 12 de mayo de
2010. Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446)
82 Sobre este aspecto, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 1 de junio de 2020. Rad. 05001-23-31-000-2000-03439-01(47101)
83 Aptado. 3.3.2.

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Actor: Consorcio Atlántico Sur

desestimatorio de las pretensiones de la demanda ya que, morigerando los
pronunciamientos jurisprudenciales que establecieron dicha postura", esta
Subsección ha considerado que el juez no puede dejar de valorar las pruebas
conforme a la sana crítica, bajo el pretexto de la presunción de una conducta
aquiescente, dado que es su deber analizar si los comportamientos del reclamante
generaron confianza en su contraparte85. Sin embargo, en esta ocasión la decisión
tiene fundamento en la ausencia de salvedad sobre la materia objeto de pretensión,
en el acta de liquidación, que es asunto diferente.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Basta lo expuesto en precedencia para confirmar la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda. Esta será confirmada porque: (i) la
salvedad plasmada en la liquidación bilateral no corresponde con los supuestos
fácticos que se suplican en este proceso judicial; (ii) de la solicitud planteada por la
contratista no puede deducirse el silencio administrativo positivo.

5.7. Sin embargo, no huelga denotar la falencia que acusa esta reclamación judicial
por absoluta insatisfacción de la carga probatoria86, sobre el supuesto desequilibrio
económico del contrato que aduce haber padecido el contratista, aquí demandante,
y generado por la mayor permanencia en obra derivada de las suspensiones y
prórrogas en el plazo de ejecución de la obra.

5.7.1. La jurisprudencia tiene por sentado87 que la mayor permanencia en obra, bien
sea invocada como supuesto de desequilibrio financiero o de incumplimiento
contractual, demanda que, además de la extensión en el tiempo, deba demostrarse
los ítems en que se produjeron concretamente los sobrecostos. Este requisito fue
abiertamente desatendido por la parte actora que, más allá de acreditar las
alteraciones del plazo, o sus causas, no allegó ni promovió la práctica de medio de
prueba que soporte los sobrecostos económicos supuestamente asumidos. Esto es
así ya que los reproches de apreciación probatoria que concretamente realizó el
apelante, el testimonio del interventor (aptdo. 4.22.2), resulta insuficiente para
cumplir con la carga legal de probar estos hechos. Y las actas de reajuste, anexadas
a la liquidación bilateral (aptdo. 4.20), no reflejan los sobrecostos deprecados por el
contratista sino que resumen los acuerdos a los que llegaron las partes a lo largo
de la ejecución contractual.

84 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de
agosto de 2011. Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080)
85 ""En este orden de ideas, es posible inferir a partir de la conducta de las partes en la suscripción de convenios
modificatorios—como los de prórroga, suspensión o adición— la conformidad de ellas con la ejecución contractual
y su anuencia en relación con el consiguiente restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual. Pero
siempre debe el intérprete de esa conducta establecer si existen elementos de juicio que muevan a entender
que tales acuerdos han obedecido a la necesidad de atender a la satisfacción inmediata de los fines estatales
sin perjuicio de la pervivencia de algunas de las diferencias que, al quedar sin resolver, puedan ser planteadas
en la fase de liquidación, que es el estadio en el que los contratantes se declaran a paz y salvo; o si, por el
contrario, con su conducta, alguna de las partes del contrato dio lugar a que la otra confiara en que merced a
tal acuerdo no presentarla reclamaciones posteriores con ocasión de los asuntos que fueron objeto de él".
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencias
del 13 de agosto de 2020. Rad. 76001-23-31-000-2008-00453-01(51833), y del 16 de diciembre de 2020. Rad.
25000-23-26-000-2011-00268-01(50613).
86 Código de Procedimiento Civil — Artículo 177: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto juridico que ellas persiguen.
87 Sent. 13-ago-2020, cit. Aptados 3.4.3. a 3.4.3.2.

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5.7.2. Por lo demás, la demandante también dejó de lado la demostración de una
alteración grave, anormal y extraordinaria de la equivalencia prestacional por las
suspensiones y prórrogas de plazo88.

VII. COSTAS

Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación
del 25 de junio de 201489, el COP entró a regir en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo desde el 1° de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del
recurso (aptdo. 2.4), por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas.

Según el COP, la condena en costas procede contra la "la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (COP, artículo
365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del COP, las expensas y
demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras
que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad
con el acuerdo núm. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por medio del cual el
Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de las agencias en derecho (núm.
4). Para la segunda instancia de los procesos declarativos, dicha tarifa tiene como
límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigencias (SMMLV).

En vista de este marco normativo, la Sala reconocerá la suma de 1 SMLMV para el
Departamento del Atlántico, por agencias en derecho en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil
quince (2015), proferida en audiencia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
88 En sentencia del 18 de marzo de 2015 (Rad. 73001-23-31-000-2004-0214701(33223)) esta Subsección
puntualizó: "... debe tenerse presente que para tener por acreditado el desequilibrio económico debe aparecer
la prueba fehaciente de que en virtud del incumplimiento contractual se presentó un resquebrajamiento grave
de la ecuación contractual que compromete la ejecución del contrato. Esto es, que las situaciones fácticas
configuradoras del incumplimiento tuvieran la virtud de afectar de manera tan profunda la estructura económica
que no puede ser más que calificada de grave. // La prueba en materia de desequilibrio económico, así las
cosas, no solo debe configurar el hecho mismo afectante y determinador del incumplimiento, sino también y de
manera consecuencial y objetivo el impacto cierto, claro, evidente en la bases (sic) que soportan las condiciones
económicas y financieras del negocio, permitiendo visualizar al juzgador el daño que sobre las mismas se
hubiere causado."
Por su parte la Subsección B, en sentencia del 31 de agosto de 2011 (antes citada) expuso lo siguiente: "5.5.
Sea lo que fuere, dentro de los requisitos necesarios para el reconocimiento de las causas anotadas de
rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, está el de la demostración o prueba de una
pérdida real, grave y anonnal en la economía del contrato. // Es decir, cualquiera que sea la causa que se
invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento automático del equilibrio
económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la existencia
de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que no
basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que
resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe probar el contratista que
representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda
previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como atrás se
señaló, siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él o
que con su conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos."
89 Rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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•
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00300-01 (52631)
Actor: Consorcio Atlántico Sur

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de la entidad pública demandada. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto
en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la
presente providencia, a favor del departamento del Atlántico.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta
providencia esté en firme.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

N OLA IbRR
Presidente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCH
Magistrado Ma rado
Aclaro voto

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