Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de vejez: finalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00462-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
3 de mayo de 2018
PENSIÓN DE VEJEZ – Finalidad / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA – Finalidad / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVAEN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO – Aplicación / TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN
La pensión de vejez tiene por objeto garantizar a una persona que cumple con los criterios previstos por ley, su retiro de la vida laboral sin que ello implique la suspensión de sus ingresos ni afecte su calidad de vida y la de su familia. No obstante, en aquellos eventos en que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la prestación en mención, tiene derecho a una indemnización sustitutiva para cubrir dicha contingencia. (…). La Ley 100 de 1993, cobija a todos los habitantes del territorio nacional, por tanto, las normas que regulan lo referente a la indemnización sustitutiva también tienen aplicación en relación con aquellas personas que cotizaron o prestaron sus servicios bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas precedentes. Por tanto, es viable conceder la indemnización sustitutiva con el cómputo de las semanas cotizadas aún con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, ya sea en el sector público o privado. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2017, C.P.: William Hernández Gómez, rad.: 2017-00089-00(AC).
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 37 / DECRETO 1730 DE 2001 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1730 DE 2001 – ARTÍCULO 2
PENSIÓN DE VEJEZ E INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA – Incompatibilidad
Es claro que el derecho pensional surge de los aportes del empleado a las entidades de previsión durante un determinado tiempo, de manera que los referidos aportes constituyen el sustento económico que permite pagar la pensión y en sub lite con ocasión de que el demandante ya goza de una pensión de vejez es improcedente la indemnización sustitutiva, así dichos aportes, se reitera, no hayan sido tenidos en cuenta como base para la liquidación del derecho a la citada pensión.
FUENTE FORMAL: DECRETO 4640 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1730 DE 2001 – ARTÍCULO 6
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00462-01(3760-15)
Actor: RÓMULO ANTONIO ROA MONTERO
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-061-2018
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Rómulo Antonio Roa Montero en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó al departamento del Atlántico - Fondo de Pensiones Territorial.
Pretensiones
1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 000161 del 10 de septiembre de 2012 y 000254 del 17 de diciembre de la citada anualidad, expedidas por el secretario general del departamento de Atlántico quien funge como administrador del Fondo de Pensiones Territorial del Departamento, a través de las cuales se negó la indemnización sustitutiva, por los aportes realizados mientras se desempeñó como diputado de dicho ente territorial, en los periodos entre el 1 de octubre de 1972 hasta el 30 de septiembre de 1976
Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
2. Ordenar a la entidad demandada a que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, por cumplirse con los requisitos del artículo 4 del Decreto 1730 de 2001 y Decreto 4640 de 2005, por los aportes realizados desde el 1 de octubre de 1972 hasta el 30 de septiembre de 1976 y demás emolumentos tasables dinerariamente que se prueben, indexadas al valor presente conforme a la fórmula prevista en la ley.
3. Ordenar que se cancele lo que resulte de la condena por concepto de la indemnización sustitutiva, así como el pago de los intereses en los términos y condiciones señalados en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
4. Condenar en costas.
Fundamentos fácticos
1. Mediante petición presentada el 6 de julio de 2012 la parte demandante, solicitó ante el secretario general de la Gobernación del Atlántico se le concediera la indemnización sustitutiva, cuando se desempeñó como diputado por los periodos del 1 de octubre de 1972 al hasta el 30 de septiembre de 1976.
2. Para el trámite de dicha petición, se allegaron como elementos de prueba la certificación del tiempo de prestación de servicios del demandante como diputado y la Resolución 366 del 7 de julio de 2005, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le concedió pensión vitalicia de jubilación, con fundamento en el tiempo laborado única y exclusivamente como docente.
3. La anterior petición fue negada a través de la Resolución 000161 del 10 de septiembre de 2012.
4. Ante el anterior acto administrativo, se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 000254 del 17 de diciembre de 2012, que confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso a folios 163 y cd visible a folio 167 A, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] El Departamento del Atlántico, presentó las siguientes excepciones:
Falta de competencia.
Cobro de lo no debido.
Inexistencia de la obligación.
De incompatibilidad.
El Despacho se pronunciara (sic) solo sobre la excepción de FALTA DE COMPETENCIA, como quiera que las demás planteadas, hacen parte del fondo del asunto y por lo tanto, su estudio se acometerá junto con el de las pretensiones de la demanda.
Falta de competencia […] En el presente proceso se tiene que el demandante pretende que la entidad demandada le reconozca y pague la indemnización sustitutiva, por lo (si) aportes realizados durante (sic) tiempo en que se desempeñó como diputado del Departamento del Atlántico, en el periodo comprendido (sic) entre el 1 de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1974 y del 1 de octubre de 1974 al 30 de septiembre de 1976.
En vista de lo anterior, es claro para el Despacho que el asunto a debatir hace referencia a un asunto de carácter laboral y como quiera que los diputados son de elección popular, dicho asunto no proviene de un contrato de trabajo, encuadrándose ello, en lo previsto en el artículo 152 numeral 2 que dispone:
[…]
Como la cuantía del proceso está determinada en la suma de $117.890.568, ésta suma supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto, la Excepción No Prospera.
De conformidad a los planteamientos esbozados se resuelve:
PRIMERO. DECLARESE (sic) NO PROBADA LA EXCEPCION (sic) de Falta de Competencia, propuesta por el Departamento del Atlántico. […]» (Negrillas y mayúsculas del texto).
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folio 164 a 165 y cd que obra a folio 167 A, se fijó el litigio respecto del problema jurídico de la siguiente forma:
Problema jurídico fijado en el litigio
«[…] Se circunscribe a determinar si el señor ROMULO (sic) ANTONIO ROA MONTERO tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005, por lo (sic) aportes realizados durante (sic) tiempo en que se desempeñó como diputado del Departamento del Atlántico, en el periodo comprendido (sic) entre el 1 de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1974 y del 1 de octubre de 1974 al 30 de septiembre de 1976. […]»
Se le concedió el uso de la palabra a las partes.
La parte demandante afirmó que está de acuerdo con la fijación del litigio, pero solicita que se incorpore el estudio respecto de que los argumentos esgrimidos en los actos administrativos enjuiciados, fueron exclusivamente que se negaba la indemnización porque los aportes se habían realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin embargo, en la contestación de la demanda, la entidad expone una tesis completamente diferente, por lo que es pertinente que este punto se tome en consideración para resolver el fondo del asunto.
Ante lo anterior, el Despacho accede a la solicitud y agrega dicho punto a fin de resolver la litis.
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia escrita, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Analizó los requisitos regulados en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 que permiten ser beneficiario de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, para concluir que a dicho beneficio se accede cuando se alcanza la edad para obtener la pensión, sin embargo, no se han cotizado el número mínimo de semanas y existe imposibilidad declarada de continuar las cotizaciones.
Al realizar el análisis de los planteamientos esgrimidos por la entidad demandada en los actos administrativos enjuiciados, expuso que distaba de ellos, dado que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han sostenido que dicha prestación debe ser reconocida aún en aquellos casos en que los aportes al sistema se realizaron con anterioridad a la entrada en vigencia a la Ley 100 de 1993.
Expuso que, acorde a lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 la indemnización sustitutiva y la pensión de vejez son incompatibles, de modo que al advertirse que al demandante le reconocieron pensión de jubilación por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, hace improcedente el reconocimiento de la indemnización solicitada. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones, conforme los argumentos que a continuación se exponen:
Sostuvo que se demostró dentro del proceso que los aportes realizados durante el lapso que se desempeñó como diputado -12 de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1976-, no fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino que solo se computó el tiempo de servicio prestado como docente, aunado a que se probó que no goza de una pensión por parte de la Asamblea Departamental del Atlántico y que al momento de la petición de indemnización, tenía 62 años y 11 meses.
De igual forma, indicó que obra declaración extrajuicio en la cual manifestó su imposibilidad de seguir cotizando para pensión, entre otros motivos, porque ya tenía en su haber una pensión, además que no aportó ante el Fondo de Pensiones Territoriales del Atlántico el número mínimo de semanas exigidas para ser acreedor de la pensión de vejez.
Expuso que el entendimiento que otorga el a quo respecto del artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 es errado y no corresponde a la interpretación razonable y finalista del sistema normativo, pues si bien se prevé una incompatibilidad, la norma se refiere es a que, no podrán en ningún caso, tenerse en cuenta cotizaciones para una indemnización sustitutiva cuando han sido computadas para otros efectos, como sería el caso de la pensión de vejez o invalidez, pues sin duda se estaría utilizando, doblemente y de manera desleal la misma cotización o tiempo de servicio para ser beneficiario de dos instituciones jurídicas que persiguen propósitos similares, lo que no ocurre en el presente caso, en virtud a que los aportes aquí reclamados no fueron sumados para el reconocimiento pensional del demandante.
En este mismo sentido, indicó que no ordenar la devolución de los aportes a través de la figura de indemnización sustitutiva por el tiempo en que el demandante desempeñó el cargo de diputado, constituye una grave violación al principio de enriquecimiento sin causa y el correlativo empobrecimiento injustificado del patrimonio del cotizante sin una razón legítima, toda vez que quedarán en las arcas del ente territorial, sin que pueda el demandante ejercer su derecho a la devolución de la porción que le fue descontada con el propósito de aforar fondos para su pensión y que por tanto no disfrutó en ningún momento, pues se retiró sin haberse pensionado de la Asamblea Departamental.
Por otro lado, señaló que dado que la entidad demandada se ha negado de manera reiterada a entregar las pruebas que tiene en su poder acerca del salario base de liquidación que debe ser tenido en cuenta para liquidarse la indemnización sustitutiva, lo cual revela un actuar procesalmente desleal, solicitó se tenga en cuenta como indicio grave de responsabilidad en su contra conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 175 del CPACA, y, en consecuencia, todos los hechos que se deriven de las pruebas no aportadas y estando en su poder, sean tenidos como ciertos.
Aunado a lo anterior, peticionó que si no se tienen las pruebas suficientes para efectuar la liquidación de la indemnización sustitutiva se profiera una condena en abstracto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante: Reiteró todos y cada uno de los argumentos señalados en el recurso de alzada.
Ministerio Público: La procuradora tercera Delegada ante el Consejo de Estado sostuvo que acorde con lo regulado en la Ley 100 de 1993 y sus normas concordantes, la indemnización sustitutiva tiene una naturaleza supletoria y bajo esa óptica, los planteamientos de la demanda y del recurso de apelación, son ajenos a lo previsto por nuestro ordenamiento jurídico, dado que se demostró dentro del plenario que el demandante tiene una pensión de jubilación reconocida, hecho que no deja duda alguna respecto de la improcedencia de lo solicitado, por lo que peticionó confirmar el fallo recurrido.
La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, el cual se resume en la siguiente pregunta:
¿El señor Rómulo Antonio Roa Montero cumple con los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005 para ser beneficiario de la indemnización sustitutiva, por los aportes efectuados mientras se desempeñó como diputado del departamento del Atlántico?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: El demandante no tiene derecho a la indemnización sustitutiva prevista en el régimen general de pensiones y sus normas concordantes, con base en los siguientes argumentos.
Régimen legal de la indemnización sustitutiva por vejez
La pensión de vejez tiene por objeto garantizar a una persona que cumple con los criterios previstos por ley, su retiro de la vida laboral sin que ello implique la suspensión de sus ingresos ni afecte su calidad de vida y la de su familia.
No obstante, en aquellos eventos en que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la prestación en mención, tiene derecho a una indemnización sustitutiva para cubrir dicha contingencia.
En efecto, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 consagró la indemnización sustitutiva de la pensión, como una prestación a la que tiene derecho una persona afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando se presenta una situación que impide consolidar el derecho a la pensión, de la siguiente forma:
«Artículo 37.- Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.»
De acuerdo a la norma en cita, la indemnización sustitutiva está dirigida a compensar o restituir el capital aportado en los términos dispuestos por la ley, o recuperar los aportes efectuados durante el período laboral, ante la imposibilidad de obtener la pensión .
La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 de 2001 en los siguientes términos:
«Artículo 1.- Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando [***con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones] se presente una de las siguientes situaciones:
Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993; HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248" \l "1" Ver art. 39 Ley 100 de 1993
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic) que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993; HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248" \l "1" Ver art. 46 Ley 100 de 1993
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
NOTA: El texto subrayado fue declaro NULO por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 24 de julio de 2017, Rad. No. 11001-03-25-000-2010-00279-00(2292-10).
Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.»
Conforme a lo anterior, se observa que esta norma previó que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima media con prestación definida puede originarse en tres situaciones: i) como sustitutiva de la pensión de vejez o, ii) de la pensión de invalidez o, iii) de la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993 y, en el artículo 1.º, exigió que los eventos antes mencionados deben ocurrir «con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones.»
Sin embargo, dicha exigencia, fue declarada nula por el Consejo de Estado a través de sentencia de 14 de abril de 2005, por las siguientes razones:
«[…] En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría que tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que habiendo cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia, sin el número de semanas exigidas para tener derecho a la prestación y declaren su imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS; sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo, no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley establece en su artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el régimen anterior que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la ley reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad de categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada de la vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos que ellas contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando, quedarían privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador. […]»
En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional al precisar:
“«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:
“El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa”.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior. […]»
De acuerdo con las disposiciones anteriores y el precedente transcrito, no se requiere como requisito para tener derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión, que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con el requisito de la edad con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, pues como se anotó, la expresión antes subrayada del artículo 1.º del Decreto 1730 de 2001, fue declarada nula por el Consejo de Estado.
Así las cosas, la Ley 100 de 1993, cobija a todos los habitantes del territorio nacional, por tanto, las normas que regulan lo referente a la indemnización sustitutiva también tienen aplicación en relación con aquellas personas que cotizaron o prestaron sus servicios bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas precedentes. Por tanto, es viable conceder la indemnización sustitutiva con el cómputo de las semanas cotizadas aún con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, ya sea en el sector público o privado.
Corolario, quedan descartados los argumentos argüidos por la entidad demandada en los actos administrativos enjuiciados, en el sentido de que no era procedente la indemnización de los aportes peticionados, en atención a que se habían realizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que la Sala procederá al estudio consistente en determinar si el demandante cumple con los requisitos para ser beneficiario de la indemnización sustitutiva que solicita.
En efecto, como se estudió en precedencia, acorde con lo regulado en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1.º del Decreto 1730 de 2001, la indemnización sustitutiva procede cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para acceder a la prestación de vejez, invalidez o de sobrevivientes, antes o después de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y manifiesta su imposibilidad de seguir cotizando.
En el mismo sentido, el artículo 1.º del Decreto 4640 de 2005 preceptúo:
«Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° del Decreto 1730 de 2001 el cual quedará así:
"Artículo 1°. Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones estén en una de las siguientes situaciones:
a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
[…]». (Subrayas de la Sala).
Aunado a lo anterior, el artículo 6 del precitado Decreto 1730 de 2001 previó:
«ARTICULO 6º-Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.» (Resaltado fuera de texto).
Por ende, acorde con los lineamientos legales y jurisprudenciales citados anteriormente, es claro para esta Subsección que la indemnización sustitutiva es procedente cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para acceder a pensión y manifiesta su imposibilidad de seguir cotizando, toda vez que dicha indemnización tiene como finalidad otorgar protección a las personas que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la ley -edad, capital o tiempo- para adquirir el estatus de pensionado, a fin de que puedan acceder a la devolución de dineros aportados al sistema.
En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:
i) A folio 29 se encuentra certificación de fecha 17 de enero de 2012 expedida por el secretario general de la Asamblea Departamental del Atlántico, en la cual se hace constar que el señor Rómulo Antonio Roa Montero fue elegido diputado suplente para el periodo constitucional desde el 1.º de octubre de 1972 al 30 de septiembre de 1974 y entre el 1.º de octubre de 1974 hasta el 30 de septiembre de 1976. Además, señaló el citado documento que durante dicho periodo, los aportes para pensión eran asumidos por la Caja de Previsión Departamental, hoy Fondo Territorial de Pensiones del Departamento.
ii) A folio 30 se observa petición del 6 de julio de 2012, mediante la cual el señor Rómulo Antonio solicitó ante la Secretaría General del departamento del Atlántico, la devolución de los aportes efectuados cuando se desempeñó como diputado de dicho ente territorial.
iii) De igual forma, de folios 31 a 34 obra la Resolución 000161 del 10 de septiembre de 2012, a través de la cual se niega la indemnización sustitutiva peticionada, al considerar, entre otras razones, la siguiente:
«[…] Que pese no obstante (sic) haber laborado para el Departamento del Atlántico, en la Asamblea del Departamento, se puede evidenciar que el tiempo laborado, por el señor ROMULO (sic) ANTONIO ROA MONTERO […] fue con anterioridad a la Ley 100 de 1993. […]» (Mayúsculas del texto).
iv) De folios 36 a 51 se encuentra el escrito contentivo del recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo que negó la indemnización sustitutiva.
v) Por medio de Resolución 000254 del 17 de diciembre de 2012, visible a folios 52 a 55 se resolvió el recurso interpuesto y se confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido.
vi) A folios 57 a 59 reposa la Resolución 366 del 07 de julio de 2005, por medio de la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció pensión vitalicia de jubilación a favor del señor Rómulo Antonio Roa Montero, efectiva a partir del 6 de septiembre de 2004.
vii) A través de declaración extrajuicio visible a folio 60, el señor Rómulo Antonio manifestó bajo la gravedad de juramento ante la Notaría Décima de Barranquilla, la imposibilidad de seguir cotizando para la pensión.
Visto lo anterior, reitera la Subsección que la jurisprudencia ha sido enfática al afirmar que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, así como sus normas reglamentarias, sobre indemnización sustitutiva, solo exige que la persona haya alcanzado la edad de jubilación sin cumplir las semanas necesarias para acceder al derecho pensional, pues resulta ilógico que al no obtener el beneficio esperado, éste se sustituya con otra figura que refleje el esfuerzo realizado.
Ahora bien, se encuentra demostrado en el plenario que el demandante es beneficiario de una pensión de jubilación desde el año 2004, la cual fue reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en atención a que cumplió 50 años de edad y 20 años de servicio como docente.
En este orden de ideas, acorde con los hechos probados y la normativa analizada, es claro entonces, que la ley estudiada prevé el reconocimiento de la indemnización sustitutiva siempre y cuando no se acrediten los requisitos exigidos por la ley para el otorgamiento de la pensión de vejez, motivo por el cual al ser el demandante beneficiario de dicha prestación, no es procedente el reconocimiento la indemnización peticionada.
Así mismo, no es de recibo para esta Sala el argumento expuesto por la parte demandante en el sentido de que se debe dar otra interpretación al citado artículo y es que si el tiempo durante el cual aportó no fue base para el reconocimiento de la pensión, es procedente su reembolso, toda vez que, como quedó analizado en párrafos anteriores, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tiene como finalidad otorgar protección a las personas que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la ley, es decir, edad, capital o tiempo, para adquirir el estatus de pensionado, lo cual significa que es supletoria, si no se alcanza el derecho a la pensión de vejez, se tendrá derecho a la mentada indemnización, empero tal circunstancia no ocurre en el sub lite, pues se itera, el demandante cumplió los requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez y así le fue reconocida.
Bajo este entendido, es claro que el derecho pensional surge de los aportes del empleado a las entidades de previsión durante un determinado tiempo, de manera que los referidos aportes constituyen el sustento económico que permite pagar la pensión y en sub lite con ocasión de que el demandante ya goza de una pensión de vejez es improcedente la indemnización sustitutiva, así dichos aportes, se reitera, no hayan sido tenidos en cuenta como base para la liquidación del derecho a la citada pensión.
Finalmente, respecto al argumento del recurso de apelación referente al enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad demandada al omitir la devolución de los aportes aquí reclamados, la Subsección considera que dentro del sistema pensional y en virtud del principio de solidaridad, los afiliados están en la obligación de efectuar las cotizaciones pertinentes para el sostenimiento de este.
En lo que se refiere al argumento expuesto en el recurso de alzada, en el sentido que la entidad demandada al negarse a aportar las pruebas que tenía en su poder, debe tenerse como indicio en su contra y que los hechos de la demanda sean tenidos como ciertos, la Subsección considera que debe estarse a lo resuelto en la providencia del 24 de junio de 2016, proferida por esta Corporación a través de la cual se negó el decreto de pruebas en segunda instancia.
En conclusión:
En el presente caso no se demostró el cumplimiento de los requisitos regulados en la Ley 100 de 1993 así como en los Decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005, para reconocer al señor Rómulo Antonio Montero Roa la indemnización sustitutiva, en la medida en que al demandante ya le fue reconocida pensión de vejez.
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación, pues el demandante no tiene derecho a la indemnización sustitutiva reclamada, tal y como lo consideró el a quo.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, no se condenará en costas a la parte demandante, porque si bien resulta vencida, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación, la parte demandada no intervino en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 9 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Rómulo Antonio Roa Montero contra el departamento del Atlántico - Fondo de Pensiones Territorial.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
AUSENTE CON PERMISO
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 3 y 4.
Folios 3 y 4.
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.
Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 226 a 240.
Folios 249 a 259.
Folios 285 a 296.
298 a 306.
Ver constancia secretarial obrante a folio 307.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de febrero de 2017. Consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00089-00(AC).
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Sentencia T-853 de 28 de octubre de 2010, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto
«Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida.»
Consejo de Estado – Sección Segunda – Expediente No. 2003- 00112-01 (0477-03). Sentencia 14 de abril de 2005. Magistrado Ponente: Ana Margarita Olaya. El texto en corchete [***] fue declarado nulo por considerar que circunscribir el cumplimiento de la edad con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, impone una limitante que no establece la Ley.
Sección Segunda. Expediente: 0477-03. Consejera ponente: Ana Margarita Olaya.
sentencia T-849 A de 24 de noviembre de 2009.
Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Decreto HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6186" \l "0" 1730 de 2001.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
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