Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00548-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Sentenci a de segund a i nst an ci a
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00548-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00548-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) enero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 08001 2333 000 2013 00548 01 (4124-2014)
Demandante : YAMIL SANGUINO G UZMÁN
Demandado: Unidad Nacional de Protección -UNP – sucesora
procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS.
Temas: Contrato realidad . Escolta contratista .
SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A / LE Y 1437 DE 2011
AS UNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 8 de julio de 2014 , prof erida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó las pretensio nes de la
demanda.
I. ANTECEDE NTE S
1. LA DEM AND A 1
El señor YAMIL SANGUINO GUZMÁN , a través de apoderad o,
f ormuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artícu lo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
contra el Departamento Administrativo de Segu ridad – DAS (en
1 Fs. 7 2 a 9 2 d e l e xp e d i e n t e
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Número interno: 4124-2014
Demandante: Yam il Sanguino Guzm án
proceso de supresión) , hoy Unidad Nacional de Protección , para lo
cual f ormuló las siguientes pretensiones:
La declaración de nulidad del Oficio 2012-1367772 del 19 de
diciembre de 2012 por medio del cual el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS - en supresión, le negó la
solicitud de reconocimiento de una relación laboral y el
consecuente pago de los derechos laborales generados en virtud
de los servicios p restados .
A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) la declaración
de existencia de la relación laboral entre las partes, sin solución de
continuidad, ef ectuando la nivelación del demandante al código y
grado que en f orma equivalente e xist a en la planta de personal y
(ii) el reconocimien to de las prestaciones sociales .
1.2. Fundamentos fácticos
El demandante relató que (i) estu vo vinculado al Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, de manera ininterrumpida ,
desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2010 , (ii)
desempeñó el «cargo de escolta », y (iii) prestó sus servicios en el
horario y las f echas señaladas por sus inmediatos superiores .
1.3. Disposiciones violadas y conc epto de vi olación.
El actor in vocó como normas violada s los artículos 1°, 2°, 4°, 6°,
13, 25, 29, 53 y 122 de la Constitución Polít ica, los Decreto s 1835
de 1994, 1047 de 1978 y 1933 de 1989 , con sus normas
concordantes.
Al exponer el con cepto de violación , ref irió que desempeñó las
mismas f unciones y asumió i guales responsabilidades que l as
atribuidas a los servidores de planta , sin recibir una remuneración
en igualdad de condiciones.
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Destacó que el precedente de la Corte Constitucional 2 ha sido
constante y uniforme al indicar las condiciones que se deben
demostrar para dar aplicación a l principio de la primacía de la
realidad sobre las f ormas en una relación laboral, de tal manera
que las entidades no pueden escudarse en contratos de prestación
de servicios para ocultar vínculos en donde se aprecia la
subordinación como un elemento constante .
2. CONTEST ACIÓ N DE L A DEM ANDA
El Departamento Administra ti vo de Seguridad - D AS 3 se opuso a
las pretensiones formuladas por el demandante , en los sigu ientes
términos:
Indicó que ser e scolta de l íderes sindicales o def ensores de
derechos humanos, no le correspond ía propiamente al DAS, ya que
solo ejecutaba esa función en virtud d el apoyo que le deb ía of recer
al ente o la dependencia encargada de la misma , lo que se traduce
en que dicha actividad (i) puede o no ser desarrolla da, ya que
depende de la demanda de protección que pro pongan las personas
dif erentes a los dirigentes señalados en el artícu lo 82 de la Ley 418
de 1997 y (ii) entraña una contingencia y, por consiguiente , no
puede ser catalogada como de carácter permanente.
Precisó que la insuf iciencia de personal para desar rollar la labor
aludida, condujo al DAS a suscribir contratos de prestación de
servicios para cumplir con el apoyo que debía prestar para la
protección de las personas enlistadas en el artícu lo 81 de la Ley
2 Citóla sentencia T-500 de 2000, T-890 de 2000, T- 159 de 2000,
3S epone de presente que el sucesor procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad es la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los Decretos
4057 de 2011 “Por el cual se sup rime el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones» , el Decreto 4065
de 2011 “Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen
su objetivo y estructura».
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418 de 1997. De este modo se satisface la condición que exige el
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Por otro lado, enf atizó que el hecho de que el demandante recibiera
órdenes, por sí solo no lleva a inferir que e xist ía una relación
laboral ni un trabajo subordinado y dependiente.
Por último , propuso como excepciones : la ineptitud para demandar,
la ine xistencia de causa jurídic a, la f alta de interés jurídico para
obrar, el enriquecimiento ilícito e injustif icado y la genérica o
innominada .
3. AUDIENCI A INI CI AL
El 10 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de l Atlántico
celebró audiencia inicial 4 en la que (i) declaró saneado el proceso
(ii) encontró que no habían excepciones previas por re solver y (iii)
f ijó el litigio, como se transcribe a continuación:
«( …) le asist e al señor YA MI L SAN G UI NO G UZMÁN el
der echo al r econo cim ient o y pag o d e las pr et ensiones
dej adas de per cib ir con ocasión del víncu lo q ue m ant uvo co n
la ent idad dem anda da . »
De igual f orma , decretó las pruebas solicitadas y corrió traslado a
las partes y a l age nte del Ministerio Público .
4. SENTENCI A DE PRIMER A I NST ANCI A 5
El Tribunal Administrativo del Atlántico , por f allo del 8 de julio de
2014, negó las pretensiones de la demanda , bajo los sigu ientes
argumentos:
Estableció que el demandante f ue contratado en varias
oportunidades por el Departamento Administrativo de Seguridad
4 Folios 171 a 177
5 Fs. 2 9 2 a 3 0 4 d e l e xp e d i e n t e
4
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DAS, para prestar servicios de protección con sede principal en la
ciudad de Barranquilla y eventualmente en la ciudad donde se
asignara el esquema de prot ección a dirigentes sindicales,
organizaciones sociales y def ensores de Derechos Humanos ,
conforme las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de
Reglamentación y Evaluación de riesgos del Min isterio del Interior
y de Justicia.
Sin embargo, se tiene que las pruebas que obran en el expediente
con las que se pret ende desvirtuar la relación ju rídica originada en
los contratos de prestación de servicio y probar la consecuente
conf iguración de una verdadera relación laboral no son suf icientes .
En ese sentido, precisó que si bien es cierto que las entidades
estatales en orden a cumplir con la misión institucio nal pueden
suplir la f alta de personal con personas que se contratan a través
de órdenes o contrato de prestación de servicio , también lo es que
ello no genera necesariamente una relación laboral.
Que entre las partes de una relación contractual pued e existir una
relación de coordinación , de manera que el contratista se someta a
las condiciones necesarias para el desarrollo de la labor
encomendada , pero esto no comporta necesariamente la
conf iguración de un elemento de subordinación , el cual tampoco se
acreditó .
5. RECURSO DE APELACIÓN 6.
El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de
apelación con el fin que sea revoca da la sentencia de primera
instancia , bajo los sigu ientes argumentos :
6 Fs. 307
5
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Contrario a lo e xpuesto por el Tribunal, las p ruebas obrantes en el
expediente sí son demostrativas de que el señor Yamil Sanguino
Guzmán prestó sus servicios de escolta de protección a esquemas
o a personas que f ueron previamente dispuestas por la Nación ,
pues, mediante comisiones de actividades, se le indicaba a l antes
nombrado donde debía prestar el servicio en f orma personal,
cumpliendo horarios y elaborado los inf ormes correspondientes , es
decir, que con ello, se puede deducir que s í tenía u na relación
laboral con el DAS.
6. ALEG ATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUND A I NST ANCI A
6.1. La parte demandante 7: Insistió en las premisas desplegadas
en el recurso de apelación.
6.2. La entidad demandada 8 reiteró los argumentos exp uesto s en
la contestación de la demanda .
6.3 El Ministerio Público al emitir su concepto, indicó que e l
demandante acreditó la ejecución de la labor of icial permanente de
escolta, dirigida a prestar servicios de protección con sede principal
en Barranquilla y e ventualmente en la ciudad donde se le asignara.
Precisó que el contin úo servicio a ca rgo del demandante , a tra vés
de prorrogas, le dispensaba conf ianza a la entidad contratante que
no reparó en utilizar sus se rvicios po r más de 4 años se guidos, por
lo cual mal podría señalarse que no existieron controles de
cumplimiento de horario s, por lo que solicita que se acceda a las
pretensiones de la demanda.
II. CONSIDER ACI ONES
1. Competencia
7 Folio 371
8 Folios 371
6
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Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del
epígraf e, de acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 150 del
CPACA 9. Asimismo, conf orme con lo dispuesto en el artículo 328 10
del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante.
2. Problema jurídi co
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico a resolve r es el siguient e:
¿Se conf iguraron los elementos que la ley y la jurisp rudencia
exigen para que se declare la e xistencia de un contrato realidad
entre las partes?
Para resolver los p roblema s juríd ico s planteado s, la Sala se ref erirá
(i) al contrato realidad y (ii) al caso concreto.
3. Marco normati vo y jurisprudenci al
3.1. Del contrato realidad
9 CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y
cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en
u n e f e c t o d i s t i n t o d e l q u e c o r r e s p o n d a , o n o s e c o n c e d a n l o s e xt r a o r d i n a r i o s d e
revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
10 « A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a
d e b e r á p r o n u n c i a r s e s o l a m e n t e s o b r e l o s a r g u m e n t o s e xp u e s t o s p o r e l a p e l a n t e , s i n
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del a pelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse du rante la audiencia.»
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En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 11 en la que ha consid erado que
el contrato de prestación de servicios se desf igura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derec ho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las f ormalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el a rtículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
De acuerdo con lo anterior, para a creditar la e xisten cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos ref eridos,
especialm ente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y d ependencia
continuada.
Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios
relacionados con la administración o f uncionamiento de la entidad
pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere co nocimientos
especializados.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
s e n t e n c i a d e 2 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 6 , e xp e d i e n t e 0 0 8 8 - 2 0 1 5 , m a g i s t r a d o p o n e n t e :
Carmelo Perdomo Cuéter.
8
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Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 12, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realiz arse con
personal de planta» del art ículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la dif erencia entre una y otra f orma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del C ódigo Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o f uncionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratist as puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Consti tución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.
En ese orden de ideas, cuando se logra desvirtuar e l contrato de
prestación de servicios, inexo rablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciab ilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los art ículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
f igura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcado s 13.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unif icó su jurisprudencia y
señaló que el pa go de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo qu e negó l a
12 Corte Constitucional, sentencia C – 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
ponente: Hernando Herrera Vergara.
13 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
s e n t e n c i a d e 1 7 d e a b r i l d e 2 0 0 8 , e xp e d i e n t e 2 7 7 6 - 0 5 , m a g i s t r a d o p o n e n t e : J a i m e
Moreno García.
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existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al ef ecto, expresó lo sigu iente:
«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udencia l, r esult a im per ioso
unif icar el pr eceden t e con el f i n últ im o de acog er el cr it er io q ue
sea m ás f avor able a los ciudadanos q ue acuden ant e la j usticia
cont encioso - adm in is t r at iva en b usc a de obt ener el
r econocim ient o de los der echos q ue er an inher ent es a una
r elación labor a l pe r o q ue la Adm in ist r ación disf r az ó co n la
suscr ipción de un c ont r at o est at al, par a lo cual ha de ad ver t ir se
q ue el r est ablecim ie nt o del der echo es una consecuenci a ló g ica
de la nulidad q ue se decr et a, ya q ue una ve z ej ecut or iada la
sent encia q ue así lo declar a, el act o adm inist r at ivo desa par ece
del m undo j ur íd ico , por lo q ue los der echos y sit uac i ones
af ect ados deben vol ver a su est ado inic i al, es decir , q ue en las
cont r over sias de co nt r at o r ealidad h a y lug ar a r econocer las
pr est aciones q ue el cont r at ist a dej ó de deve ng ar y el t iem po de
ser vic ios con f ines pensiona les, pues s u sit uació n j ur ídica f ue
m ediant e un cont r ato est at al, per o q ue en su ej ecución se dier on
los el em ent os const i t ut ivos d e una r e laci ón labor a l, q ue en caso
de haber sido vincu l ado com o em pleado público hub iese t en ido
der echo a las m ism as pr est aciones que deveng an los dem ás
ser vi dor es de plant a de la r espect iva ent idad.
Por consig uient e, no resul t a procedent e condenar a l a a gen ci a
est at al demandada al pago de l as prestaci ones a l as que t ení a
derecho el cont rat i st a - t rabajador a t ít ul o de reparaci ón
i nt egral de perjui ci os, dado que est as se reconocen como
ef ect o de l a anul aci ón del act o que l as negó , pese a su
der echo a ser t r at ado en ig ualdad d e condic iones q ue a lo s
dem ás em pleados p úblic os vincu lados a t r avés de una r el a c ión
leg al y r eg lam ent ar ia, est o es, a pesar de t ener una r em uner ación
const it uida por los honor ar ios pact ado s, le f ue cer cenado su
der echo a r ecibir las pr est aciones q ue le hubier e cor r espondido
si la Adm inist r aci ón no hubiese usado la m odalidad de
cont r a t ación est at al par a esconder en la pr áct ica una r elació n de
t r abaj o» 14.
En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a
que su e xigib ilida d es imposible antes de que se p roduzca la
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n d e 2 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 6 , e xp e d i e n t e 0 0 8 8 - 2 0 1 5 , m a g i s t r a d o
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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sentencia, porque la decisión judicial al declarar la exist encia de la
relación laboral t ie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del f allo que nace a la vida juríd ica el derecho laboral reclamado y
por tanto no podía operar en est os casos el f enómeno procesal
extintivo 15.
Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclam ar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que sign if ica que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 16.
De igual manera, sobre este punto ref erido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la ref erida sentencia de
unif icación de 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo t ant o, si q uien pr et ende el r econocim ient o de la r elación
labor al con el Est ad o, se excede de los t r es años, cont ados a
par t ir de la t er m inación de su vínculo con t r act ual, par a r eclamar
los der echos en apl i cación de l pr incip io de la “ …pr im ací a de l a
r ealida d sobr e las f or m alidades est abl eci das por los sujet os de
las r elac iones l ab or ales ” ( ar t ícu lo 5 3 const it uciona l) , se
ext ing ue el der echo a solicit ar las pr est aciones q ue se der iven
de aq uella, pues dic ha sit uaci ón se t r ad ucir ía e n su des int er és,
q ue no puede sopor t ar el Est ado, en su condic ión de em ple ad or .
Per o en aq uellos co nt r at os de pr est ación de ser vicios, pact a dos
por un int er r eg no det er m inado y q ue l a ej ecución ent r e un o y
ot r o t iene un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de ellos
habr á de anali zar se la pr escr ipción a p ar t ir de sus f echas de
f inali zació n, puest o q ue uno de los f undam ent os de la exist en cia
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec ción Segunda,
s e n t e n c i a d e 6 d e a b r i l d e 2 0 0 8 , e xp e d i e n t e 2 1 5 2 - 0 6 , m a g i s t r a d o p o n e n t e : G u s t a v o
Eduardo Gómez Aranguren.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
s e n t e n c i a d e 9 d e a b r i l d e 2 0 1 4 , e xp e d i e n t e 1 3 1 - 1 3 , m a g i s t r a d o p o n e n t e : L u i s R a f a e l
Vergara Quintero.
11
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del cont r at o r eal i dad es pr ecisam e nt e la vocac ión de
per m anencia en el ser vic io. Por consig ui ent e, le cor r esponder á
al j uez ver if icar si exist ió o no la cit ada int er r upción cont r act ual,
q ue ser á excluid a de r econocim ient o y exam in ada en det al le en
cada caso par t icu lar , en ar as de pr ot eg er los der echos d e l os
t r abaj ador es, q ue han sido bur lados por las aut or ida des
adm inist r at i vas al e ncub r ir una r elación labor al baj o cont r at os
de pr est ación de ser vicios. »
Asimismo, dicha providencia aclaró qu e el f enómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.
Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda d e esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 17 estableció las siguientes pautas de unif icación f rente a
varios aspectos del contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispen sable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del art ículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que s e declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud ef ectuados por el contratista.
Al ef ecto señaló la Sección Segunda:
«[ …]
( i ) La pri mera regl a def ine q ue el concept o de «t érm ino
est r ict am ent e indisp ensable» , a l q ue al ude el num er al 3. º del
ar t ícu lo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado en los est udio s
pr evios y en e l obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de plane ación, t iene q ue est ar j ust if icado en la
necesidad de l a pr est ación de l ser vicio a f avor de la
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
s e n t e n c i a d e 9 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 2 1 , e xp e d i e n t e : 1 3 1 7 - 2 0 1 6 , m a g i s t r a d o p o n e n t e :
Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
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Adm inist r ació n, de f or m a esencialm ent e t em por al y, de ninguna
m aner a, con ánim o de per m anencia.
( i i ) La segunda regl a est ablece un per iodo de t r eint a ( 30) d ías
hábi les , ent r e la f inali zac ión de un cont r at o y la ej ecución del
sig uient e, com o t ér mino de la no so luci ón de cont inu idad, el c ual,
en los casos q ue se exce da, podr á f lexibi li zar se e n at enci ón a
las especia les cir cu nst ancias q ue el j uez encuent r e pr oba das
dent r o del exp edie nt e.
( i i i) La t ercera regla det er m ina q ue f r ent e a la no af iliac ió n al
sist em a de la Seg ur idad Soc ial e n salud, por par t e de l a
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devo lució n de los valor es q ue
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal».
En esta misma providencia expresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relació n laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las f ormalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos e n el
artícu lo 122 de la Carta Polít ica».
4. Análisis del caso concreto.
4.1. Hechos demostrados .
a). Los contratos celebrados: El señor Yamil San guino Guzmán
celebró los siguie ntes contratos de prestación de servicios de
escolta con el Departamento Administrativo de Segurida d DAS:
Numero Vi genci a O bjet o
Cont r at o No 121 de 2005 4 m eses «El cont r at ist a s e
(f l 29 a 33) j ulio 200 5) com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
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Bar r anq uilla y
event ua lm ent e en l a
ciudad don de se
asig ne el esq uema
pr ot ect ivo dent r o del
com ponent e
seg ur idad a
per sonas, del
Pr og r am a de
Pr ot ección a
Dir ig ent es
Sind ical es,
O rg aniza c iones
Socia les y
Def ensor es de
Der echos Hum anos
Cont r at o Sin num e r o (f l 6 m eses No obr a
12) ag ost o 2005
incom plet o
Cont r at o 170 de 2005 ( 42 6 m eses 1 día El cont r at ist a se
a 49) com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
Bar r anq uilla y
event ua lm ent e en l a
ciudad don de se
asig ne el esq uema
pr ot ect ivo dent r o del
com ponent e
seg ur idad a
per sonas, del
Pr og r am a de
Pr ot ección a
Dir ig ent es
Sind ical es,
O rg anizac iones
Socia les y
Def ensor es de
Der echos Hum anos
Cont r at o 070 de 2006 (f l 7 m eses «El cont r at ist a s e
21 a 28) ( 2006) com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
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Bar r anq uilla y
event ua lm ent e en l a
ciudad don de se
asig ne el esq uema
pr ot ect ivo dent r o del
com ponent e
seg ur idad a
per sonas, del
Pr og r am a de
Pr ot ección a
Dir ig ent es
Sind ical es,
O rg anizac iones
Socia les y
Def ensor es de
Der echos Hum anos
Cont r at o 005 de 2007 (f l 6 m eses No obr a
13- 15)
Cont r at o 065 de 2007 ( 35 1 año «El cont r at ist a s e
a 41) com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
Bar r anq uilla y
event ua lm ent e en l a
ciudad don de se
asig ne el e sq uema
pr ot ect ivo dent r o del
com ponent e
seg ur idad a
per sonas, del
Pr og r am a de
Pr ot ección a
Dir ig ent es
Sind ical es,
O rg anizac iones
Socia les y
Def ensor es de
Der echos Hum anos
Cont r at o 005 de 2007 (f l 6 m eses El cont r at ist a se
61 a 71) com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
Bar r anq uilla y
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com ponent e
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per sonas, del
Pr og r am a de
Pr ot ección a
Dir ig ent es
Sind ical es,
O rg anizac iones
Socia les y
Def ensor es de
Der echos Hum anos
Cont r at o 119 de 2008 (f l 8 m eses El cont r at ist a se
57 a 66 com pr om et e para
con el Das a pr est a r
sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
pr incipa l en la
ciudad de
Bar r anq uilla y
event ua lm ent e en l a
ciudad don de se
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Sind ical es,
O rg anizac iones
Socia les y
Def ensor es de
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Pr or r og a y adición 1 al 60 d ías El cont r at ist a se
cont r at o de pr est ación de com pr om et e para
ser vic ios 00 9 de 200 9 ( 50 con el Das a pr est a r
a 53) sus ser vic ios de
pr ot ección; con sede
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ciudad de
Bar r anq uilla y
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b). Acto administrati vo demandado: Mediante Of icio 2012 -136777
de 19 de diciembre de 2012 se negó la solicitud de reco nocimiento
de salarios y prestaciones 18, con base en que los contratos
suscritos con el de mandante «no generaron ningún tipo de relación
laboral ni el derecho al pago de las prestaciones sociales».
4.2. Análisis sustancial
Del acervo probatorio obrante en el proceso, la Sala advie rte que
si bien se evidencia a f olios 12 a 81 los contratos de prestación de
servicios celebrados entre el señor Yamil Sanguino Guzmán y el
Departamento Administrativo de Segu ridad DAS , así como el tiempo
de duración de los mismos, no se evidencian con exactitud las
f echas de iniciación y f inalización de la prestación del servicio por
parte del demandante .
Ahora bien, la Sala no desconoce que a través de los dif erentes
contratos No 121 de 2005, 170 de 2005, 070 de 2006, 007 de 2006,
005 de 2007, 119 de 2008 , 065 de 2007, 009 de 2009, el señor
Yamil San guino G uzmán prestó sus servicios de p rotección, con
sede principal en la ciudad de Barranquilla ; sin embargo , se
considera que la prolongación contractual per se no constituye
prueba directa de la e xistencia de u na verdadera relación laboral
18 F o l i o s 7
17
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entre las partes, se requiere de otros medios probatorios, para que
en ef ecto, se pueda evidenciar que entre las partes existió una
verdadera relación laboral.
Así las cosas , es de resaltar, que además de los contratos de
prestación de servicio en mención, (algunos incompletos) no
existen dentro del expediente, otros medios de prueba que permita n
inf erir que existió u na verdadera relación laboral , como por ejemplo :
inf ormes bimensuales suscritos por e l demandante y presentados
al coordinador de seguridad de instalaciones y a van zadas del DAS,
tampoco el “manual específ ico de f unciones y re quisitos a nivel de
grado” del cargo “agente escolta ”, es decir, cualquier otro medio
probatorio, testimonios, documentos, que le permita n a la Sala,
tener más herramientas para evidenciar sí e xistió o no una
verdadera relación laboral entre las partes.
Para la Sala , el d emandante no logró demostrar el elemento de
subordinación o dependencia, que se exige en estos casos, f rente
al particular, el Consejo de Estado ha precisado:
I II . Subordi naci ón o Dependenc i a
( …) le corr esponde a l a part e act ora demost rar l a permanenci a,
es deci r, que l a l abor sea i nherent e a l a ent i dad, y l a eq ui dad
o si mi l it ud, que es el parámet ro de comparaci ón con l os
demás empl eados de pl ant a , r eq uisit os necesar ios est able cidos
por la j ur ispr udencia, par a desent r añar de la apar ienci a del
cont r at o de pr est ación de ser vic ios una ver dader a r ela ción
labor al; ( …) ” ( Subr aya y neg r illa f uer a del t ext o or ig inal) .
En ese orden de ideas, no se logra determinar con claridad los
elementos que se exigen para declarar una verdadera relación
laboral, pues el demandante no cumplió con la carga pro batoria que
le asistía para demostrar que estaba sujeto a órdenes, al
cumplimiento de un horario laboral durante todo el tiempo que
permaneció vigente la prestación de sus servicios perso nales en la
entidad, y que no contaba con autonomía o independencia, por
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encontrarse bajo las directrices de un jef e inmediato.
Así las co sas, est a Sala advierte qu e le asistió razón al Tribunal
cuando negó las pretensiones de la demanda por lo que resulta
procedente conf irmar la sentencia de primera instancia .
5. De la condena en costas
En lo que se ref iere a las costas, esta Subsección en sentencia del
7 de abril de 2016 19, concluyó que en vigencia del CPACA l a
legislación avan zó de un criterio subjetivo a uno objetivo valo rativo.
En el presente caso , hay lugar a imp oner condena en costas a la
parte demanda nte conf orme al numeral 3 del artículo 365 del
Código General del Proceso, toda vez que la providencia recurrida
f ue conf irmada y la parte demanda da presentó alegatos de
conclusión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley.
F ALL A:
PRIMERO. CONFI RM AR la sentencia prof erida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 8 de julio de 2014, que negó las
pretensiones, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado por el señor Yamil Sanguino Guzmán contra
la Unidad Nacional d e Protección -UNP – sucesora procesal del
19 R a d .
13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero
Bardi, Consejero ponente: W illiam Hernández Gómez.
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Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de conformidad
con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. CO NDEN AR en costas e n segunda instancia a la parte
demandante, las cuales se liqu idarán por el a quo.
TERCERO: Efectúense las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una ve z en f irme esta
providencia de vuél vase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la f echa.
G AB RI EL V AL BUE N A H ERN ÁN D EZ
Fir m ado elect r ónica m ent e
WI LLI AM H ERN ÁN D EZ G Ó M EZ R AF AEL FR AN CI S CO SU ÁR EZ V ARG AS
Fir m ado elect r ónicam ent e Firm ado elect r ónicam ent e
20
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