Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00553-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00553-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2013-00553-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: JOSÉ ANTONIO DELGADO LOGREIRA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Error jurisdiccional. Suspensión de proceso ejecutivo por falsedad
en documento privado. Fiscalía debe adoptar medidas para
interrumpir efectos generados por la comisión de un delito.
Alcance y límites del recurso de apelación. No se acreditó un daño
antijurídico. Condena en costas procesales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante providencias del 20 de agosto de 2004, 7 de septiembre de 2004 y 14 de
julio de 2006, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó,
respectivamente, el embargo, secuestro y la venta en pública subasta de los
inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 040-
26547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira, en el curso de un proceso
ejecutivo seguido en su contra y en la de su hermano, William César Delgado
Logreira, por el no pago de unas sumas de dinero garantizadas mediante una letra
de cambio.
El 23 de marzo de 2007, José Antonio Delgado Logreria presentó denuncia penal
contra su hermano, alegando falsedad en la firma de la letra de cambio atrás
referida. Más adelante, mediante proveído del 30 de julio de 2007, la Fiscalía 59
Seccional de Barranquilla ordenó al Juzgado suspender el remate de los inmuebles
aludidos, pues evidenció que la huella plasmada en el título valor no era la de José
Antonio Delgado Logreria. Seguidamente, mediante proveído del 16 de noviembre
de 2010, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla precluyó
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
la investigación penal seguida en contra William César Delgado Logreira por
prescripción de la acción penal. Luego, mediante proveído del 22 de noviembre de
2010, el mencionado ente instructor solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restituir a José Antonio Delgado
Logreria la propiedad de los inmuebles embargos y secuestros. Sin embargo,
mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el citado Juzgado ordenó continuar
con el trámite de ejecución, pues constató que la Fiscalía no ordenó declarar la
nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo.
En vista de ello, en fecha indeterminada, José Antonio Delgado Logreira presentó
acción de tutela contra la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de
Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, pretendiendo el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, restablecimiento de los
derechos de las víctimas y propiedad privada, así como el desembargo de los
inmuebles referidos y la devolución de los títulos judiciales. Mediante sentencia de
tutela del 15 de noviembre del 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia amparó los derechos fundamentales aludidos y ordenó a la Fiscalía 8°
Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y al Juzgado 14 Civil del Circuito
de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para “el restablecimiento de los
derechos” del solicitante. Por ello, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior
de Barranquilla solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla declarar la
nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006, que había ordenado seguir adelante
con el proceso ejecutivo. El Juzgado accedió a esta solicitud y, en vista de ello,
ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar
la anotación de embargo de los mencionados inmuebles y al Banco de Agrario de
Colombia S.A. pagar al ejecutado los cánones de arrendamiento consignados en la
cuenta de depósitos judiciales. La decisión del 15 de noviembre del 2011 fue
confirmada parcialmente mediante providencia del 20 de marzo de 2012, proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El demandante considera que la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial son patrimonialmente responsables por “la inminente pérdida de todo…[su]
patrimonio” i) por el error jurisdiccional en las providencias del 16 de noviembre de
2010 y 9 de agosto de 2011, proferidas por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal
Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
respectivamente; y ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia del Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla derivado de la tardanza
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
injustificada en devolverle los inmuebles objeto de embargo y los cánones de
arrendamiento pagados mientras aquellos no estuvieron en su poder.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 20 de febrero de 20131, José Antonio Delgado Logreira mediante apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en
contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por “la
inminente pérdida de todo…[su] patrimonio” derivada i) del error jurisdiccional en las
providencias del 16 de noviembre de 2010 y 9 de agosto de 2011; y ii) del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por la tardanza injustificada en
devolverle los inmuebles objeto de embargo, identificados con folios de matrícula
inmobiliaria No. 040-53203 y 040-26547, así como en la demora en devolverle los
cánones de arrendamiento pagados mientras los inmuebles no estuvieron en su
poder.
Como pretensiones de su demanda, el demandante solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $29.475.000;
por daño emergente, la suma de $425.410.000 y; por lucro cesante, la suma de
$66.243.301.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 28 de mayo de
2004, Cure Delgado & Cía. S en C presentó demanda ejecutiva contra los hermanos
William César Delgado Logreira y José Antonio Delgado Logreira, pretendiendo el
pago de unas sumas de dinero que habían sido garantizadas por medio de una letra
de cambio.
Señala que mediante providencias del 20 de agosto y 7 de septiembre de 2004, el
Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó el embargo y secuestro de los
inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-53203 y 040-
26547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira.
1 Fl. 19, C.1.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
Precisa que, mediante providencia del 14 de julio de 2006, el referido Juzgado
ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en pública subasta de
los inmuebles embargados.
Aduce que el 23 de marzo de 2007, José Antonio Delgado Logreria, presentó
denuncia penal en contra su hermano William César Delgado Logreira, aduciendo
que “no firm[ó] ni pus[o] [su] huella en el título valor”.
Precisa que, mediante proveído del 30 de julio de 2007, la Fiscalía 59 Seccional de
Barranquilla ordenó al Juzgado suspender el remate de los inmuebles referidos,
pues evidenció que la huella plasmada en la letra de cambio aludida no era la de
José Antonio Delgado Logreria.
Arguye que, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010, la Fiscalía 8°
Delegada ante el Tribunal Superior precluyó la investigación penal seguida en
contra William César Delgado Logreira por prescripción de la acción penal.
Manifiesta que mediante proveído del 22 de noviembre de 2010, el mencionado ente
instructor solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las
medidas necesarias para restituir los inmuebles a José Antonio Delgado Logreria.
Aduce que, pese a lo anterior, mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el
citado Juzgado ordenó continuar con el trámite de ejecución del título valor.
Sostiene que, en vista de ello, en fecha indeterminada, José Antonio Delgado
Logreira presentó acción de tutela contra la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal
Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
restablecimiento de los derechos de las víctimas y propiedad privada, así como el
desembargo de los inmuebles referidos y la devolución de los títulos judiciales.
Asevera que, mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre del 2011, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos
fundamentales aludidos y ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior
de Barranquilla y al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las
medidas necesarias para “el restablecimiento de los derechos” del solicitante.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
Arguye que, en vista de ello, mediante proveído del 21 de noviembre de 2011, la
Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicitó al Juzgado 14
Civil del Circuito de Barranquilla declarar la nulidad de la sentencia del 14 de julio
de 2006, que había ordenado seguir adelante con el proceso ejecutivo.
Aduce que mediante providencia de tutela del 20 de marzo de 2012, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente la decisión
del 15 de noviembre del 2011, en el sentido de acceder al amparo solicitado frente
a la actuación desplegada por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de
Barranquilla, pero declarar la nulidad de lo actuado desde auto admisorio de la
demanda de tutela respecto de lo decidido contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla por falta de competencia.
Sostiene que el 21 de marzo de 2012 y el 30 de abril de 2012, el Juzgado 14 Civil
del Circuito de Barranquilla accedió a la solicitud presentada el 21 de noviembre de
2011 por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla,
ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla
cancelar la anotación de embargo de los mencionados inmuebles y al Banco de
Agrario de Colombia S.A. pagar al ejecutado los cánones de arrendamiento
consignados en la cuenta de depósitos judiciales.
Finalmente, sostiene que, mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2012, el
Tribunal Superior de Barranquilla negó el amparo deprecado por José Antonio
Delgado Logreira contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla por
configurarse un hecho superado.
El demandante considera que la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación son patrimonialmente responsables por “la inminente pérdida de todo…[su]
patrimonio” i) por el error jurisdiccional en el proveído del 16 de noviembre de 2010,
proferido por la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, puesto
que desconoció el artículo 66 de la Ley 600 de 20002, mediante el cual se preveía
2 “Artículo 66. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento de la
actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la
obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario
que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos. También
se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos
fraudulentamente. Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los
títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en
conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes. Las
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
que el ente de instrucción penal estaba facultado para cancelar los embargos
decretados por error a causa de una conducta punible; ii) por el error jurisdiccional
en la providencia del 9 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del
Circuito de Barranquilla, porque ordenó continuar con el trámite de ejecución del
título valor, sin observar que en el proceso penal estaba acredito el delito de
falsedad en documento público; y iii) por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia del Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, derivado
de la tardanza injustificada en devolverle los inmuebles objeto de embargo y los
cánones de arrendamiento pagados mientras aquellos no estuvieron en su poder.
Textualmente señala en la demanda: “Con ocasión de la cadena sucesiva de
defectos en la prestación del servicio de administración de justicia y de errores
judiciales que llevaban a la inminente pérdida de todo el patrimonio de mi
poderdante en el país y posteriormente por la injustificada dilación del
restablecimiento de sus derechos ordenados en últimas por el juez de tutela […]. A
pesar de haber sido el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, notificado de la
decisión de la Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla de
restablecer los derechos de mi poderdante y a pesar de las múltiples solicitudes del
apoderado judicial de mi poderdante en dicho proceso ejecutivo, el Juzgado profirió
el mencionado auto de fecha agosto 9 de 2011, que claramente es contrario a la
Constitución Nacional, configurando un claro error judicial, y así fue declarado por
la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de tutela
de fecha noviembre 15 de 2011 […]. A su vez la Fiscalía General de la Nación
también incurrió en deficiente funcionamiento de la administración judicial (sic), pues
a pesar de haber comprobado la ilegalidad del título valor utilizado en la acción
ejecutiva, dejó a criterio del Juez Civil el restablecimiento del derecho de mi
poderdante. Esto fue reprochado igualmente por la Corte Suprema […]. No obstante
lo anterior, el derecho al restablecimiento de los derechos de la victima de mi
poderdante, éste no fue restablecido inmediatamente como ha debido ocurrir
posterior al fallo de tutela, sino que fue prolongado injustificadamente por el
Juzgado, pues a pesar de proferir auto de fecha noviembre 23 de 2011, en ésta
providencia simplemente ordenó acatar la medida, pero no ordenó hacer la entrega
de los dineros depositados a orden del juzgado ni el desembargo de los inmuebles
embargados. Solo hasta el día 7 de diciembre de 2011, casi un mes después del
anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán
hacerlos valer en trámite incidental. El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo
de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
fallo de tutela, el Juzgado Catorce Civil del Circuito profirió auto mediante el cual
ordenó el desembargo de los bienes y la entrega de las órdenes de pago.
Increíblemente el oficio de desembargo solo fue entregado hasta el día 22 de marzo
de 2012 y las órdenes de pago fueron entregadas a finales del mes de abril de
2012. […]”.
2. Contestaciones
El 23 de septiembre de 20133, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio
Público.
2.1. La Nación - Rama Judicial4 argumentó que el hecho lesivo alegado por el
demandante no le era imputable, toda vez que la providencia del 9 de agosto de
2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla no fue arbitraria,
carente de fundamento o contraria a derecho. De otro lado, indicó que la mora
judicial no fue injustificada, ya que el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
ordenó la entrega de los inmuebles al ejecutado en un plazo razonable. Asimismo,
solicitó llamar en garantía a María Claudia Isaza Rivera, Juez 14 Civil del Circuito de
Barraquilla, aduciendo que fue la funcionaria judicial que profirió la providencia
acusada y resolvió sobre la entrega de los bienes objeto de embargo.
2.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación5 manifestó que no ocasionó un daño
antijurídico al demandante, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento
de los deberes constitucionales y legales que le habían sido conferidos.
2.3. María Claudia Isaza Rivera, quien fuera Juez 14 Civil del Circuito de Barraquilla6_7,
llamada en garantía por la Rama Judicial, adujo que no obró con dolo o culpa grave
cuando profirió la providencia del 9 de agosto de 2011, en la que ordenó continuar
con el trámite de ejecución del título valor. Adicionalmente, explicó que la mora
judicial fue justificada, debido a las reiteradas solicitudes de la parte ejecutante
respecto a la oposición a los desembargos de los inmuebles.
3 Fl. 180 a 182, C.1.
4 Fl. 333 a 336, C. P.
5 Fl. 242 a 251, C.2.
6 Fl. 218, C.2. Mediante auto del 30 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió
el llamamiento en garantía formulado por la Rama Judicial.
7 Fl.254 282, C.2.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
3. Audiencia inicial
El 2 de marzo de 20178 el Tribunal Administrativo del Atlántico celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, son
administrativamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados al señor
José Antonio Delgado Logreira, como consecuencia de los hechos y omisiones
administrativos en los que incurrieron dichas entidades estatales dentro del proceso
penal No. 270847 y dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 133-2004 que
conllevaron a un defectuoso funcionamiento de la administración judicial y error
judicial. En caso de resolverse positivamente el anterior interrogante, deberá
establecer el Tribunal si la parte actora tiene derecho al pago de los perjuicios
materiales reclamados en la demanda, en las cantidades solicitadas […]”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 7 de junio de 20189, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. El extremo activo10, la Nación - Fiscalía General de la Nación11, la Rama
Judicial12 y la llamada en garantía13 reiteraron los argumentos expuestos en el
escrito de la demanda y en las contestaciones de ésta, respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de enero de 201914 el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el hecho lesivo
8 Fl. 590 a 598, C.3.
9 Fl. 746, C.4.
10 Fl. 762 a 769, C.4.
11 Fl. 776 a 785, C.4.
12 Fl. 770 a 773, C.4.
13 Fl. 757 a 661, C.4.
14 Fl. 225 a 237, C.P.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
aludido en la demanda nunca se configuró, pues mediante sentencia de tutela
dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de
noviembre de 2011, se ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior
de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de
José Antonio Delgado Logreira y esta decisión fue cumplida por el Juzgado 14 Civil
del Circuito de Barranquilla. De otro lado, indicó que el proceso ejecutivo
cuestionado se resolvió dentro del término razonable, debido a las múltiples
solicitudes presentadas por la sociedad ejecutante y los ejecutados.
Al efecto sostuvo que: “[...] el ejercicio de la actividad jurisdiccional, independiente
por excelencia, le permite al juez moverse con amplitud en la labor juzgadora,
siendo precisamente ello lo que aconteció en el caso sub examine, donde el
Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptó decisiones que según su
entender consideró ajustadas al ordenamiento, adoptando medidas de
restablecimiento que consideró oportunas y procedentes […]. Ahora, no pasa por
alto la Sala que en esa decisión la Juez 14 Civil del Circuito de Barranquilla ordenó
la entrega al demandante de las sumas de dinero que se encontraban depositadas
a disposición de ese despacho judicial; sin embargo, debe presarse (sic) que esa
orden nunca se materializó, pues como puede apreciarse de la foliatura del proceso
ejecutivo, la H. Corte Suprema de Justicia dispuso como medida cautelar […] la
suspensión de todas las órdenes impartidas por ese despacho en el auto de 9 de
agosto de 2011. Es decir, que el daño no se configuró, pues otra autoridad
perteneciente a la Rama Judicial, como en efecto lo es la H. Corte Suprema de
Justicia, rectificó la orden proferida por la autoridad judicial de menor jerarquía […].
Para la Sala, el término transcurrido entre la expedición de la providencia de 23 de
noviembre de 2011, a través de la cual el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla acata la orden dada por el Juez Constitucional, hasta el 7 de diciembre
de ese mismo año, fecha en el que el referido juzgado ordenó el desembargo de los
bienes y la entrega de las órdenes de pago, no deviene en desmedido o
desproporcionado, pues transcurrieron 9 días hábiles, término que es aceptable
teniendo en cuenta la conocida carga laborar de los despachos judiciales. En este
caso, tal como lo alumbra el apoderado de la llamada en garantía, hubo diferentes
aspectos que retrasaron la entrega inmediata de los dineros depositados, como en
efecto lo es el recurso presentado por el demandante el 15 de diciembre de 2011,
el traslado que se corrió por secretaria del referido recurso, el cual se contabilizó del
17 al 19 de enero de 2012 […]”.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
En la parte resolutiva el a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandante, por cuanto no encontró acreditada ninguna conducta procesal que
justificara su imposición.
6. Recursos de apelación
Los días 1515 y 2016 de febrero de 2016, la llamada en garantía y el extremo activo
interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el
12 de abril17 y 30 de mayo de 201918 y admitidos el 5 de agosto siguiente19.
6.1. La parte demandante20 señaló que la providencia de 16 de noviembre de 2010,
proferida por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla
incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que desconoció las normas que
facultaban al ente instructor para cancelar embargos decretados equivocadamente,
a causa de una conducta punible. De otro lado, manifestó que la providencia del 9
de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
incurrió en un error jurisdiccional, pues ordenó continuar con el trámite de ejecución
del título valor, sin observar que en el proceso penal estaba acreditado el delito de
falsedad en documento público.
Al efecto sostuvo que: “[...] el reproche hecho al Juez precisamente radica en que
dicha providencia es no solo ilegal, sino caprichosa y arbitraria, desconociendo no
solo los lineamientos constitucionales sobre el restablecimiento del derecho de las
víctimas, sino afectando los derechos fundamentales del señor José Antonio
Delgado […]. No se comparte la anterior postura, porque pese a que, como se
mencionó anteriormente, nunca se hizo entrega de dineros, el perjuicio causado fue
uno completamente diferente (ver perjuicios en la demanda) y originados
directamente en los negligentes actuares de las entidades demandadas […]”.
6.2. María Claudia Isaza Rivera21, llamada en garantía por la Rama Judicial, solicitó
condenar en costas al extremo activo, en ambas instancias, porque a su juicio, las
15 Fl. 842, C.P.
16 Fl. 847, C.P.
17 Fl. 852, C.P.
18 Fl. 859, C.P.
19 Fl. 875, C.P.
20 Fl. 341 a 344, C.P.
21 Fl. 842 a 847, C.P.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
actuaciones desplegadas dentro del presente asunto litigioso se adelantaron de
forma temeraria.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 11 de septiembre de 201922 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. María Claudia Isaza Rivera23, llamada en garantía por la Rama Judicial, reiteró
lo expuesto en el recurso de apelación.
7.2. La parte demandante, la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Rama
Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 18 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14024 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
22 Fl. 879, C.P.
23 Fl. 885 y 886, C.P.
24 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia28, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo
o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro29.
Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta
Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el
conocimiento de dicho daño por la parte demandante.
Pues bien, en primer lugar, se estima que la pretensión se ejerció en tiempo, dentro
del término de dos (2) años, respecto al error jurisdiccional alegado frente al
proveído del 16 de noviembre de 2010, proferido por la Fiscalía 8 Delegada ante el
Tribunal Superior de Barranquilla, teniendo en cuenta: i) que dicho proveído quedó
ejecutoriado el 25 de noviembre de 2010, tres días hábiles después de la
notificación por estado30, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la
Ley 600 de 200031_32; ii) que el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 26 de noviembre de 201233, la cual se declaró fallida el 22 de febrero
de 201334; y iii) que la demanda se presentó el 20 de febrero de 201335.
Asimismo, se estima que la pretensión se ejerció en tiempo, dentro del término de
dos (2) años, respecto al error jurisdiccional alegado frente a la providencia del 9 de
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
30 Fl. 691, C.7. Consta que la providencia del 16 de noviembre de 2010 se notificó por estado del 25
de noviembre de 2010.
31 “Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide
los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación,
salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan
ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (…). El Aparte
subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-641 de 2002 'siempre y
cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias'”.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002: “(…) 40. Conforme a lo expuesto, es pertinente
concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y
providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario
correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a
partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las
ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias
y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte
resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los
efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas (…)”.
33 Fl. 154, C.P.
34 Fl. 155, C.P.
35 Fl. 19, C.1.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
teniendo en cuenta: i) que dicho proveído quedó ejecutoriado el 15 de noviembre
de 201336, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del Código General
del Proceso37; ii) que el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial
el 26 de noviembre de 201238, la cual se declaró fallida el 22 de febrero de 201339;
y iii) que la demanda se presentó el 20 de febrero de 201340.
Finalmente, se estima que la pretensión también se ejerció en tiempo, dentro del
término de dos (2) años, frente al defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, consistente en la tardanza injustificada en devolver al demandante los
inmuebles objeto de embargo y los cánones de arrendamiento correspondientes,
mientras no tuvo aquellos en su poder, teniendo en cuenta: i) que el demandante
tuvo conocimiento de la antijuridicidad del hecho lesivo con la expedición de las
providencias del 21 de marzo y 30 de abril de 2012, proferidas por el Juzgado 14
Civil del Circuito de Barranquilla, que ordenaron a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar la anotación de embargo de los
inmuebles de su propiedad y al Banco de Agrario de Colombia S.A. pagar al
ejecutado los dineros consignados en la cuenta de depósitos judiciales,
respectivamente; ii) que el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 26 de noviembre de 201241, la cual se declaró fallida el 22 de febrero
de 201342; y iii) que la demanda se presentó el 20 de febrero de 201343.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.
4.1. José Antonio Delgado Logreira está legitimado en la causa por activa, ya que
fue la parte ejecutada en el proceso ejecutivo civil, frente al cual se alega un
36 Fl. 140, C.44. Consta que la providencia del 6 de noviembre del 2013, que resolvió el recurso de
apelación contra el proveído objeto de acusación del 9 de agosto de 2011, se notificó por estado del
8 de noviembre de 2013.
37 “[…] Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos […]”.
38 Fl. 154, C.P.
39 Fl. 155, C.P.
40 Fl. 19, C.1.
41 Fl. 154, C.P.
42 Fl. 155, C.P.
43 Fl. 19, C.1.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la tardanza
injustificada en entregar los inmuebles objeto de embargo y los cánones de
arrendamiento correspondientes, y en el que se profirió la providencia del 9 de
agosto de 2011 proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla que se
acusa de contener el error jurisdiccional. Asimismo, está legitimado en la causa por
activa, ya que fue parte civil en el proceso penal adelantado contra su hermano
William César Delgado Logreira por el delito de falsedad en documento privado,
dentro del cual se dictó el proveído del 16 de noviembre de 2010, proferido por la
Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, que también se acusa
de contener un error jurisdiccional. De esta información da cuenta copia simple44 del
proceso penal con el número de radicado 270.84745 y de proceso ejecutivo con el
número de radicado 2004-00133-0746, respectivamente.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, toda vez
que la primera fue la entidad dictó el proveído del 16 de noviembre de 2010, que se
acusa de contener un error jurisdiccional y la segunda fue quien adelantó el proceso
ejecutivo civil en el que José Antonio Delgado Logreira fungió como parte ejecutada,
frente al cual se alega un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
por la tardanza injustificada en entregar los inmuebles objeto de embargo y los
cánones de arrendamiento correspondientes, y en el que se profirió la providencia
del 9 de agosto de 2011 proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla
que se acusa de contener el error jurisdiccional.
4.3. María Claudia Isaza Rivera, llamada en garantía por la Rama Judicial, está
legitimado en la causa por pasiva, pues fue quien profirió la providencia acusada del
16 de noviembre de 2010 y resolvió sobre la entrega de los bienes objeto de embargo.
De esta información da cuenta copia simple del proceso ejecutivo con el número de
radicado 2004-00133-0747.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial incurrieron en un error jurisdiccional en los proveídos del 16 de
44 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo
decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.
45 C.19 a C.44.
46 C. 5 a C.18.
47 C. 5 a C.18.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
noviembre de 2010 y 9 de agosto de 2011, proferidos por la Fiscalía 8 Delegada
ante el Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al régimen de responsabilidad por error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199148 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho49, que contraría el orden legal50 o que está desprovista de una
causa que la justifique51, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida52, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
48 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
50 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
52 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros53.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”
La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad54.
En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
54 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
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se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 55 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.
El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”56. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”57
Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios58 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima59 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.
Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001. Rad.: 13164.
56 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
57 Ibídem
58 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación
manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
59 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
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recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.
Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso60, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
60Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado– juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
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bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.
De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación61, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejo de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada62 o; viii) actuó sin competencia.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 18 de enero de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de
la demanda, el extremo activo señaló que la providencia de 16 de noviembre de
2010, proferida por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla
incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que desconoció las normas que
facultaban al ente instructor para cancelar embargos decretados equivocadamente,
a causa de una conducta punible. De otro lado, manifestó que la providencia del 9
61 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
62 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27
de abril de 2006. Rad.: 14837.
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de agosto de 2011, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
incurrió en un error jurisdiccional, pues ordenó continuar con el trámite de ejecución
del título valor, sin observar que en el proceso penal estaba acreditado el delito de
falsedad en documento público. A su turno, María Claudia Isaza Rivera, llamada en
garantía por la Rama Judicial, solicitó condenar en costas al extremo activo, en
ambas instancias, porque, a su juicio, las actuaciones desplegadas dentro del
presente asunto litigioso se adelantaron de forma temeraria.
En este sentido y comoquiera que solo la parte demandante y la llamada en garantía
por la entidad demandada63 presentaron recurso de apelación contra la sentencia
proferida el 18 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el
asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
de General del Proceso64, esto es, atendiendo exclusivamente a los reparos que se
presentaron contra el fallo referido65. Por ello, a continuación, se analizará
exclusivamente si la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación son
patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional contenido en las
providencias del 16 de noviembre de 2010 y 9 de agosto de 2011, proferidas por la
Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil
del Circuito de Barranquilla, respectivamente. Asimismo, se estudiará la eventual
condena en costas contra José Antonio Delgado Logreira, solicitada en el recurso
de apelación por la llama en garantía.
No se analizará el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
mora judicial en el que pudo incurrir el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
por cuanto dicho aspecto no fue objeto de apelación.
A propósito de esta temática, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 201266
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
63 La Jurisprudencia Constitucional ha señalado que el llamado en garantía “no es parte, sino un
tercero, que como se dijo, tiene una relación sustancial con una de las partes, el llamante. Relación
de la que se deriva la obligación de que el garante responda por quien lo ha llamado”. Ver: Sentencia
C-170 de 2014 de la Corte Constitucional.
64 Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
65 En sentencia del 9 de diciembre de 2021 Rad.: (41626) esta Subsección hizo un análisis similar,
pues evidenció que como ambas partes apelaron exclusivamente aspectos concernientes a la
liquidación de perjuicios, era esta la única temática que debía ser objeto de estudio.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.
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que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
congruencia67 como el dispositivo68.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
7.1.1. Se demostró que el 28 de mayo de 2004, Cure Delgado & Cía. S en C
presentó demanda ejecutiva contra los hermanos William César Delgado Logreira y
José Antonio Delgado Logreira, pretendiendo el pago de unas sumas de dinero que
habían sido garantizadas por medio de una letra de cambio, según da cuenta copia
simple69 del escrito de la demanda70.
7.1.2. Se acreditó que mediante proveído del 15 de julio de 2004, el Juzgado 14
Civil del Circuito de Barranquilla libró mandamiento de pago en contra de los
ejecutados y ordenó el emplazamiento de José Antonio Delgado Logreira debido a
que se desconocía su domicilio, según da cuenta copia simple del proveído71.
7.1.3. Se probó que mediante providencias del 20 de agosto y 7 de septiembre de
2004, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó el embargo y
secuestro de los inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria No.
67 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,
(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
68 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
69 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo
decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.
70 Fl. 1 a 4, C.25.
71 Fl. 20 y 21, C.25.
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040-53203 y 040-26547, de propiedad de José Antonio Delgado Logreira, según da
cuenta copia simple del proveído72.
7.1.4. Se acreditó que el 27 de octubre de 2004, Fabio Díaz Henao se constituyó en
apoderado judicial de José Antonio Delgado Logreira, dentro del proceso ejecutivo
referido, según da cuenta copia simple del escrito contentivo del poder73.
7.1.5. Se probó que, en fecha indeterminada, el apoderado judicial de José Antonio
Delgado Logreira solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla declarar la
falsedad del título valor, al estimar que el documento era apócrifo, según da cuenta
copia simple del escrito74.
7.1.6. Se demostró que el 2 de febrero de 2005, la parte ejecutada informó al
mencionado Juzgado que desistía de la solicitud de tacha de falsedad del título
valor, según da cuenta copia simple del escrito75.
7.1.7. Se acreditó que, mediante proveído del 16 de junio de 2005, el citado Juzgado
aceptó el desistimiento presentado por el apoderado de la parte demandada, según
da cuenta copia simple de la providencia76.
7.1.8. Consta que el 14 de julio de 2006, el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla ordenó seguir adelante con la venta, en pública subasta, de los
inmuebles embargados, al constatar que los ejecutados no habían cumplido con las
obligaciones garantizadas por el título valor, según da cuenta copia simple de la
sentencia77.
7.1.9. Se acreditó que el 23 de marzo de 2007, José Antonio Delgado Logreria
presentó denuncia penal en contra su hermano, William César Delgado Logreira,
aduciendo que “no firm[ó] ni pus[o] [su] huella en el título valor”, según da cuenta
simple de la denuncia78.
72 Fl. 59, C. 42
73 Fl.41, C.25.
74 Fl. 79 y 89, C.25.
75Fl. 92, C.25.
76 Fl. 103 a 105, C.25.
77 Fl. 118 119, C. 25.
78 Fl. 1 y 2, C.42.
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7.1.10. Se demostró que el 29 de marzo de 2007, la Fiscalía 36 Seccional de
Barranquilla dispuso dar apertura de instrucción en contra del sindicado por el delito
de falsedad en documento privado, según da cuenta copia auténtica del proveído79.
7.1.11. Se probó que, mediante proveído del 30 de julio de 2007, la Fiscalía 59
Seccional de Barranquilla ordenó suspender el remate de los inmuebles referidos,
pues evidenció que la huella plasmada en la letra de cambio no era la de José
Antonio Delgado Logreria, según da cuenta copia simple del proveído80. El
fundamento de la decisión fue el siguiente:
“La ley nos obliga a restablecer el derecho, para evitar que el ilícito continúe
causando efectos nocivos dañosos o lesivos, pero es precisamente lo que resulte
de la investigación lo que cimentará ese restablecimiento, muy a pesar que los
bienes trabados hubiesen sido adjudicados, pues ´lo ilegal nunca puede generar un
acto legal´; si se demuestra, como se evidencia la experticia dactiloscópica, la
ilegalidad del título valor en la investigación penal está obligado el administrador de
justicia a restablecer el derecho […]”
7.1.12. Se acreditó que el 17 de septiembre de 2007, la Fiscalía 36 Seccional de
Barranquilla dispuso citar a indagatoria a William César Delgado Logreira, según da
cuenta copia simple del proveído81.
7.1.13. Se demostró que el 19 de septiembre de 2007 William César Delgado
Logreira manifestó ante la Fiscalía, en indagatoria que no se realizó de manera
juramentada: “firmé por mi hermano”, según da cuenta copia simple del acta de la
diligencia82.
7.1.14. Consta que mediante proveído del 5 de febrero de 2010 la Fiscalía 37
Seccional de Barranquilla acusó al procesado de ser autor del delito de falsedad en
documento privado, según da cuenta copia simple del proveído83.
7.1.15. Se acreditó que, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010, la Fiscalía
8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la decisión del 5 de
febrero de 2010 y, en su lugar, precluyó la investigación penal seguida en contra
79 Fl. 9, C.42.
80 Fl 280 a 285, C.42.
81 Fl. 81, 28.
82 Fl. 82 a 90, C.28.
83 Fl 6 a 17, C. 29.
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William César Delgado Logreira por prescripción de la acción penal, según da
cuenta copia simple del proveído84. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“Para efectos de la contabilización del término de prescripción, sería la fecha de
presentación de la demanda, pues es el momento a partir del cual se hace uso del
documento en que aparece de manera falsa la firma y huella del señor José Antonio
Delgado Logreira, aquí denunciante. El delito de falsedad en documento privado,
tipificado en el art. 289 de la Ley 599 de 2000, tiene pena de prisión de uno (1) a (6)
años […]. Efectuada la respectiva operación aritmética se concluye que desde el 28
de mayo de 2004, en que se introdujo el documento como título valor, en la demanda
ejecutiva, transcurrieron los seis años señalados por la ley, a la fecha mayo 28 de
2010; es así que a febrero 5 de 2010, en que se calificó el proceso, todavía no se
había causado tal fenómeno jurídico, como se ha hecho evidente en este estudio,
ya que si bien es cierto la falsead se realizó en enero 16 de 2001, al momento de
ser autenticado el documento ame la Notaria Rosa Gordon del Estado de la Florida
[….] no menos cierto es que, por tratarse de una conducta que se consuma con el
uso del documento falso, es a partir de la fecha de la utilización como prueba, en
que se debe contabilizar los términos para los efectos de la prescripción, conforme
a los lineamientos de la Jurisprudencia citada”
7.1.16. Se acreditó que, mediante proveído del 22 de noviembre de 2010, el
mencionado ente instructor solicitó al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla
adoptar las medidas necesarias para restituir a José Antonio Delgado Logreria la
propiedad de los inmuebles embargos y secuestros, según da cuenta copia simple
de la providencia85.
7.1.17. Consta que el 14 de diciembre de 2010, el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla ofició a la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla
para que precisara los alcances de la orden del 22 de noviembre anterior e informara
si la ésta estaba en firme, según da cuenta copia simple del proveído86.
7.1.18. Se probó que el 19 de mayo de 2011, la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal
Superior de Barranquilla remitió copia auténtica del proceso penal de la referencia,
sin resolver nada más sobre lo requerido, según da cuenta copia simple del oficio
231 de esa misma fecha87.
7.1.19. Se demostró que mediante providencia del 9 de agosto de 2011, el Juzgado
14 Civil del Circuito de Barranquilla ordenó continuar con el proceso ejecutivo, pues
constató que la Fiscalía no ordenó “invalidar lo actuado en el proceso ejecutivo”,
84 Fl 660 a 691, C. 7.
85 Fl. 692 a 714, C.7.
86 Fl. 735 a 738, C. 21.
87 Fl. 842, C.21.
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según da cuenta copia simple del proveído88. El fundamento de la decisión fue el
siguiente:
“Dado que la Fiscalía General de la Nación, revocó la providencia proferida por la
Fiscalía 59 Seccional Barranquilla, que ordenaba la suspensión provisional del
remate de los inmuebles con folio de matrícula inmobiliaria 040-53203 y 040-26547,
que las providencias de la Fiscalía no ordenan invalidar lo actuado en este proceso
ejecutivo, ni precisan en qué consisten las medidas de restablecimiento del derecho
al demandado José Antonio Delgado Logreira, amén de que el presente proceso
civil se profirió sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución y que se ha
tramitado conforme lo prescribe el ordenamiento procesal civil y dentro de su trámite
las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción,
se hace necesario continuar con el remate de los inmuebles cobijados que se
encuentran embargados y secuestrados en este proceso, tal como ordenó en la
sentencia emitida en este proceso, la cual habrá de cumplirse, no sin antes precisar
que el presente proceso no se encontraba suspendido, sino que la Fiscalía General
de la Nación había ordenado como medida provisional, era la suspensión del remate
de los bienes [….]”
7.1.20. Consta que el 18 de agosto de 2011, José Antonio Delgado Logreira
presentó recurso de apelación contra la providencia del 9 de agosto de 2011,
argumentando que debió levantar las medidas cautelares impuestas sobre los
inmuebles, según da cuenta copia simple de dicho memorial89.
7.1.21. Se acreditó que, en fecha indeterminada, José Antonio Delgado Logreira
presentó acción de tutela contra la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior
de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla pretendiendo el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, restablecimiento de los
derechos de las víctimas y propiedad privada, así como el desembargo de los
inmuebles referidos y la devolución de los títulos judiciales, según da cuenta copia
simple de la sentencia del 15 de noviembre del 2011, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia90.
7.1.22. Consta que mediante proveído del 11 de octubre de 2011, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió las órdenes impartidas
por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, según da cuenta copia simple
de la sentencia del 15 de noviembre del 2011, proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia91.
88 Fl. 859 a 862, C. 21.
89 Fl. 863, C. 21.
90 Fl. 10, C.19
91 Fl. 10, C.19
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7.1.23. Se demostró que, mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre del
2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los
derechos fundamentales aludidos y ordenó a la Fiscalía 8° Delegada ante el
Tribunal Superior de Barranquilla y al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla
adoptar las medidas necesarias para “el restablecimiento de los derechos” del
solicitante, al estimar que aunque la acción penal prescribió, esto no afectaba la
tipicidad del delito de falsedad en documento privado, ni la responsabilidad penal
del investigado, según da cuenta copia simple de la providencia92. El fundamento
de la decisión fue el siguiente:
“El hecho de que se haya declarado la prescripción judicial de la acción penal
respecto del delito de falsedad en documento privado -lo cual a la sazón constituye
una situación meramente objetiva-, en manera alguna afecta la tipicidad del delito ni
la eventual responsabilidad penal de quien estaba siendo investigado, pues la
extinción de la acción por prescripción no es más que una sanción para la
jurisdicción por su inactividad, lo cual en manera alguna podrá ser avalado,
convalidado o esgrimido para desconocer los perjuicios ocasionados con la comisión
de un hecho punible, y menos aún para excusarse de perseguir la reivindicación de
los derechos que han sido menoscabados […]. Se presenta así, a no dudarlo, un
conflicto de derechos que la Corte debe resolver, esto es, entre la víctima del delito
de falsedad en documento privado -quien a su vez es el deudor del proceso
ejecutivo- y el ejecutante al interior del juicio civil, quien alega la derivación de su
derecho a partir de la sentencia proferida a su favor por el Juez 14 Civil del Circuito
de Barranquilla por cuyo medio se ordenó el remate de los bienes y posterior pago
de las sumas de dinero adeudadas; empero, para el efecto, habrá de partirse de la
premisa de que el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos […]. A pesar
de que la juez de la jurisdicción conocía que el título que sirvió a la sentencia por
ella proferida era falso, decidió continuar con la ejecución, ordenando el remate de
los bienes del deudor, así como la entrega al ejecutante de las sumas de dinero que
se encuentran depositadas a disposición de ese despacho, sin que para ella, como
funcionaria judicial obligada al cumplimiento de las disposiciones constitucionales,
ofreciera el más mínimo interés la procedencia ilícita de la letra de cambio que
ordenó ejecutar. Por ello, sorprende la decisión de la juez demandada de ordenar el
remate de los bienes del deudor con el argumento sofístico de que era la Fiscalía
General de la Nación quien debía adoptar las medidas de restablecimiento del
derecho de la víctima, ya que cuando la consecución de la protección y eficacia de
los derechos fundamentales se ve obstaculizada con la comisión de conductas
punibles, las autoridades estatales, en particular las judiciales -léase, jueces de todo
orden y fiscales-, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas
necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos de
las víctimas en la medida de lo posible. Por su parte, la Fiscal 8ª Delegada ante el
Tribunal Superior de Barranquilla, no adoptó conducta diferente a la descrita
respecto de la Juez 14 Civil del Circuito, pues no obstante su obligación de
restablecer los derechos de las víctimas es constitucional y legalmente expresa,
optó por sugerir o dejar en manos de la citada funcionaria, el desenlace de la
inverosímil situación del señor José Antonio Delgado Logreira, pudiendo y debiendo
conjurar el mal causado con la conducta punible cuya configuración se pudo
comprobar y que por la inactividad de la misma jurisdicción, se dejó prescribir […]”
92 Fl 3 a 60, C.19.
29
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7.1.24. Consta que, mediante proveído del 21 de noviembre de 2011, la Fiscalía 8°
Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicitó al Juzgado 14 Civil del
Circuito de Barranquilla declarar la nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006,
que había ordenado seguir adelante con la ejecución, según da cuenta copia simple
del proveído93.
7.1.25. Se demostró que, mediante providencia del 23 de noviembre de 2011, el
Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla accedió a la solicitud de declarar la
nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006, que había ordenado seguir adelante
con la ejecución, según da cuenta copia simple del proveído94.
7.1.26. Se probó que mediante providencia del 7 de diciembre de 2011, el Juzgado
14 Civil del Circuito de Barranquilla decretó el levantamiento de las medidas
cautelares ordenadas sobre los inmuebles de la referencia, según da cuenta copia
simple de la providencia95.
7.1.27. Consta que mediante providencia de tutela del 20 de marzo de 2012, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente la decisión
del 15 de noviembre del 2011, en el sentido de acceder al amparo solicitado frente
a la actuación desplegada por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal Superior de
Barranquilla, pero declarar la nulidad de lo actuado desde auto admisorio de la
demanda de tutela respecto de lo decidido contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla por falta de competencia, según da cuenta copia simple de la
providencia96. La providencia expone textualmente lo siguiente:
“De manera que aunque se declarara la aludida prescripción, se ha evidenciado que
el título ejecutivo que sustenta la acción tramitada contra el accionante contiene una
falsedad y, por ende, no puede constituir fuente válida de derechos. Desde esa
perspectiva, la Fiscal accionada dispone de las prerrogativas inherentes a su
investidura para lograr el restablecimiento de los derechos del afectado, aquí
accionante, como se determinó en el fallo que concedió la tutela, el que, en ese
aspecto, se confirmará […]. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala habrá de declarar la
nulidad del trámite de tutela respecto del Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla, como quiera que la Sala Penal de la Corte no podía, como lo hizo,
asumir el conocimiento, de la solicitud de amparo respecto de dicha autoridad, por
carecer de competencia, al tenor de lo establecido en el numeral 2º del artículo 1°
del Decreto 1382 de 2000.”
93 Fl. 899 a 951, C. 27.
94 Fl. 954 y 955, C. 27.
95 Fl. 170, C. 19.
96 Fl 63 a 72, C. 19.
30
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7.1.28. Se acreditó que el 21 de marzo de 2012, el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barranquilla cancelar la anotación de embargo de los inmuebles, según da cuenta
copia simple del oficio 275 de dicha fecha97.
7.1.29. Se acreditó que el 30 de abril de 2012, el Juzgado 14 Civil del Circuito de
Barranquilla ordenó al Banco de Agrario de Colombia S.A. pagar al ejecutado los
cánones de arrendamiento consignados en la cuenta de depósitos judiciales, según
dan cuenta órdenes de pago98.
7.1.30. Consta que mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2012 el Tribunal
Superior de Barranquilla negó el amparo deprecado por José Antonio Delgado
Logreira contra el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla por configurarse un
hecho superado, según da cuenta copia simple de la decisión99. La providencia
expone textualmente:
“con fundamento en esas decisiones de los jueces constitucionales, la Fiscalía 8°
Delegada de Barranquilla procedió a adoptar las medidas concretas dirigidas al
restablecimiento de los derechos del accionante José Antonio Delgado Logreira
dentro del proceso ejecutivo singular que en su contra se adelantaba ante el
Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla […] disponiendo mediante
resolución de noviembre 21 de 2011 "invalidar la sentencia ejecutiva emitida en
contra del actor", lo cual, una vez notificado a la señora Jueza 14 Civil del Circuito
de Barranquilla, produjo como efecto que ésta emitiera las providencias judiciales
de acatamiento a lo resuelto por la Fiscalía Octava Delegada, restándole efecto
jurídico a la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución respecto del señor
José Antonio Delgado Logreira, ordenando el consecuente levantamiento de las
medidas cautelares sobre bienes de éste afectados con las mismas, con lo cual los
derechos fundamentales del accionante, reclamados a través de la presente acción
de tutela se encuentran protegidos, por lo cual esta acción carece de objeto por
haberse superado el hecho que le dio origen”.
7.1.31. Consta que mediante providencia del 6 de noviembre de 2013, el Tribunal
Superior de Barranquilla resolvió “abstenerse de resolver el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de fecha 9 de agosto de 2011”, al evidenciar que lo
pretendido en aquel había sido resuelto por el a quo mediante auto del 23 de
noviembre de 2011, que accedió a la solicitud de declarar la nulidad de la sentencia
del 14 de julio de 2006, según da copia simple del proveído100.
97 Fl. 469 y 470, C.20.
98 Fl. 526 a 544, C. 20.
99 Fl. 123 a 133, C.44.
100 Fl 134 a 140, C.44.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración101-102.
7.2.1. El daño antijurídico
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial sufrida por el demandante por “la inminente pérdida de todo su
patrimonio”, como consecuencia de las providencias del 16 de noviembre de 2010
y 9 de agosto de 2011, proferidas por la Fiscalía 8° Delegada ante el Tribunal
Superior de Barranquilla y el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
respectivamente.
Ahora bien, luego de analizar las pruebas que reposan en el expediente, de las
cuales se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, se observa que no
101 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
102 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Radicado: 08001233300020130055301 (64320)
Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
existe medio de convicción alguno que permita acreditar que José Antonio Delgado
Logreria sufrió un daño antijurídico consistente en la merma patrimonial efectiva,
total o parcial, de sus haberes.
De hecho, aunque podría pensarse que ello pudo ser así porque la providencia del
14 de julio de 2006, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla,
ordenó el remate de dos inmuebles de propiedad del demandante, lo cierto es que
i) no se probó que esos bienes hubiesen integrado la totalidad del patrimonio del
demandante y, además, ii) se acreditó que a dicha decisión nunca se le dio
cumplimiento.
De hecho, frente a este segundo punto, se advierte que mediante proveído del 30
de julio de 2007, la Fiscalía 59 Seccional de Barranquilla suspendió el proceso
ejecutivo adelantando en contra de José Antonio Delgado Logreria (hecho probado
7.1.11.); posteriormente, mediante auto de tutela del 11 de octubre de 2011, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió el proveído del 9 de
agosto de 2011, proferido por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla, que
había ordenado continuar con el trámite de ejecución del título valor (hecho probado
7.1.22.); y finalmente, mediante sentencia de tutela del 15 de noviembre del 2011,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó, entre otros, al
Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla adoptar las medidas necesarias para
“el restablecimiento de los derechos” del demandante, al estimar que aunque la
acción penal había prescrito, esto no afectaba la tipicidad del delito de falsedad en
documento privado, ni la responsabilidad penal del investigado (hecho probado
7.1.23.).
Es más, a esta última decisión se le dio cumplimiento mediante providencia del 23
de noviembre de 2011, en la que el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla
accedió a la solicitud de declarar la nulidad de la sentencia del 14 de julio de 2006
(hecho probado 7.1.25.). Y posteriormente, en razón a ello, el 21 de marzo de 2012
y el 30 de abril de 2012 el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla ordenó a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla cancelar la anotación
de embargo de los inmuebles del demandante y al Banco de Agrario de Colombia
S.A. pagar al ejecutado los cánones de arrendamiento consignados en la cuenta de
depósitos judiciales (hechos probados 7.1.28. y 7.1.29.).
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Así, se observa entonces que en el expediente no existe prueba alguna que permita
acreditar verdaderamente que José Antonio Delgado Logreira sufrió un daño
antijurídico por “la inminente pérdida de todo el patrimonio” de modo que, ante la
ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis
del subsiguiente elemento carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia,
no será posible declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración103-104.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño antijurídico que
alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal
onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.
En consecuencia con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 18 de enero
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda al constatar que no se acreditó el daño antijurídico por
la merma patrimonial de José Antonio Delgado Logreria.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
103 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
104 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas y pese a lo sostenido por
la llamada en garantía en el recurso de apelación, la Sala no condenará en costas
de primera instancia a la parte actora, pues ello solo procede cuando la sentencia
del superior revoque totalmente la del a quo, lo que no ocurre en el presente
proceso, pues se confirmará la decisión de primera instancia.
Sin embargo, condenará en costas de segunda instancia a la parte actora, toda vez
que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas
la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho105 se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora106.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 2003107 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que en los procesos con cuantía
105 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
106 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51.034.
107 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
tramitados en segunda instancia, podrán fijarse hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia108.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la llamada en
garantía por la Rama Judicial en segunda instancia comprendió la presentación
de alegatos de conclusión en la oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar
al pago de las agencias en derecho a cargo de José Antonio Delgado Logreira, las
cuales se fijan en derecho en el 1% del valor de las pretensiones negadas en la
sentencia109, lo que equivale a la suma de $5.211.283 a la fecha de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de enero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, la
cual quedará así:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia, la suma de cinco millones doscientos once mil doscientos
ochenta y tres pesos ($5.211.283) a cargo de la parte demandante y a favor de la
Nación – Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y la llamada en garantía,
María Claudia Isaza Rivera”.
108 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.
109 Se advierte que la suma de todas las pretensiones ascendía a $521.128.301, de conformidad con
lo señalado en la demanda presentada el 20 de febrero de 2013. En efecto, el accionante señaló lo
siguiente: “[…] El presente proceso se estima que tiene una cuantía de […] $521.128.301 […]”. De
conformidad con lo anterior, el 1% de dicha suma, correspondía a $5.211.283.
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Demandante: José Antonio Delgado Logreira y otros
SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
AUSENTE CON EXCUSA FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado (E)
Aclaración de voto
VF
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