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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00595-01

Fecha
22 de mayo de 2019
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00595-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A 1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar dispone: 2. ANULAR PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión Nº 022412013000092 del 10 de abril de 2013, en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta, según lo expuesto en la parte motiva. 3. A título de restablecimiento del derecho, FIJAR el saldo a cargo de la actora, por concepto de impuesto de renta y complementarios del año gravable 2009, en la suma de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES NUEVE MIL PESOS [$35.302.009.000] MONEDA CORRIENTE, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva. 4. SIN CONDENA en costas en segunda instancia. 5. RECONOCER personería a MYRIAM ROJAS CORREDOR como apoderada de la demandada, en los términos del memorial que está en el folio 61 del cuaderno del recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2013-00595-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

22 de mayo de 2019

RECHAZO DE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES POR SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA - Procedencia / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN SOBRE REALIDAD DE TRANSACCIONES DECLARADAS - Alcance / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA PROBATORIA - Alcance / SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA - Configuración. Al desvirtuarse con las visitas a los proveedores / COMPRAS SIMULADAS DE CHATARRA - Efectos. Ocasionan el rechazo de las compras y de los impuestos descontables

El artículo 771-2 del Estatuto Tributario prevé que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requiere la presentación de las facturas o documentos equivalentes expedidos con el lleno de los requisitos de los artículos 617 literales b), c), d), e), f) y g) y 618 del Estatuto Tributario. El artículo 618 del E.T. establece que están a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios las obligaciones formales de exigir la factura o documento equivalente y de exhibir estos documentos cuando el fisco lo exija. La Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 1 y 2 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en los que el legislador estableció que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas o documentos equivalentes que le permitan adquirir la certeza sobre datos necesarios para la determinación del impuesto. Lo anterior “no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta pueden ser rechazados”. (…) [N]o es aceptable el argumento de la apelante, según el cual no le fueron trasladados los documentos recopilados por la Administración para su contradicción, toda vez que la actora tuvo conocimiento de la investigación que la DIAN adelantaba en su contra, pues le notificó el acto de verificación y cruce, el auto de inspección tributaria y el requerimiento especial que, en el anexo explicativo, contiene las razones de hecho y de derecho en que se fundamentó la modificación propuesta y los elementos de prueba en que se apoyó, los que tuvo la oportunidad de controvertir y desvirtuar ante la misma Administración. Además, proferida la liquidación oficial de revisión, en vía judicial también podía controvertir las pruebas existentes o tachar de falsos los documentos, situación que en este asunto no ocurrió.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771, INCISO 1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 771, INCISO 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 618

SANCIÓN POR INEXACTITUD. Procedencia / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO - Aplicación. Disminución de la sanción por inexactitud / CONDENA EN COSTAS - Improcedencia por falta de prueba de su causación

[L]a actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados que modificaron la declaración privada, en el sentido de desconocer parcialmente el costo de ventas por inexistencia de las transacciones con dos de sus proveedores, por lo que es procedente la sanción por inexactitud, pues al incluir costos improcedentes se generó un menor impuesto a pagar. (…) No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

FUENTE FORMAL: LEY 1819 DE 2016 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647/ LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00595-01(22885)

Actor: C. I. METAL TRADE S.A.S.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A” que denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la actora.

ANTECEDENTES

El 19 de abril de 2010, C.I. METAL TRADE S.A.S. presentó la declaración de renta y complementarios del año gravable 2009, en la que liquidó un saldo a pagar de $492.843.000.

Previa investigación a la actora, derivada de otro programa de gestión, la DIAN profirió el Requerimiento Especial N° 022382012000169 del 12 de julio de 2012, en el que propuso desconocer del costo de ventas declarado [$77.608.394.000], la suma de $52.741.161.000 e imponer sanción por inexactitud. Además, imponer sanción al representante legal y al revisor fiscal. Este acto fue notificado el 3 de julio de 2012.

La actora respondió el requerimiento especial. Luego, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nº 022412013000092 del 10 de abril de 2013 que modificó la declaración de renta del año gravable 2009, en el sentido de desconocer parte del costo de ventas declarado [$52.741.161.000] al encontrar que las transacciones con INSUMETALES S.A.S. y DIGULCO LTDA, dos de sus proveedores, son simuladas e imponer sanción por inexactitud [$27.847.333.000]. Determinó oficialmente un saldo a pagar de $45.744.759.000. Además, impuso sanción al representante legal [$99.380.000] y a la revisora fiscal [$99.380.000] .

Con fundamento en el artículo 720 [parágrafo] del Estatuto Tributario, la demandante acudió directamente a la jurisdicción.

DEMANDA

La actora, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declárese la nulidad de la liquidación oficial de revisión N° 022412013000092 de 10 de abril de 2013, proferida por el Jefe de División de Gestión Liquidación de la DIAN.

“SEGUNDA: Como consecuencia de la nulidad del citado acto administrativo y como restablecimiento del derecho, se ordene el archivo del expediente.

“TERCERA: Que se condene a la NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN a pagar los perjuicios económicos ocasionados a mi poderdante, así mismo a pagar las costas del proceso, agencias en derecho y demás gastos.”

Indicó como normas violadas las siguientes:

Artículos 2, 29, 209 y 363 de la Constitución Política
Artículos 495, 488, 683, 742, 743, 745, 746, 772 a 777 del Estatuto Tributario
Artículos 2, 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo
Artículos 4, 174, 248 a 250 del Código de Procedimiento Civil

El concepto de la violación se sintetiza así:

1. Violación del régimen probatorio - Falta de idoneidad de la prueba indiciaria

La liquidación acusada se fundamenta en indicios. La DIAN desconoció el costo de ventas e impuso sanción por inexactitud y las sanciones al representante legal y la revisora fiscal sin que exista prueba directa que desvirtúe la contabilidad de la actora. Los documentos recaudados por la Administración no le fueron trasladados para su contradicción. La prueba contable acredita la realidad de las operaciones económicas efectuadas por la actora con sus proveedores en el año gravable 2009.

2. Violación de la legislación tributaria. De la procedencia de los costos consignados en la declaración de renta del año gravable 2009 – De la determinación y procedencia de los costos – Del valor probatorio de los cruces de información

La DIAN “presume” que las operaciones realizadas con INSUMETALES SAS [$27.436.225.110] y DUGILCO LTDA [$25.304.936.373] son simuladas, con fundamento en “indicios que no tienen fundamento real alguno”.

Conforme a lo previsto en los artículos 66 y 771-2 del Estatuto Tributario, el costo de ventas es procedente, toda vez que la actora “posee todos los documentos de orden contable” que soportan el costo de ventas declarado, como facturas de compra a proveedores, comprobantes de egreso y el “auxiliar contable donde se evidencian los inventarios”. Además, los costos informados cumplen con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la normativa tributaria.

Las facturas cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, como lo reconoció la Administración en la actuación cuestionada.

Se expidió el requerimiento especial sin soporte probatorio. Los cruces de información no tienen el valor de plena prueba y atribuirle dicho carácter es violar el debido proceso y el derecho de defensa. La información suministrada por terceros es apenas un indicio que debió “ser sometido” a comprobación y la información contable de la empresa debió ser objeto de análisis. Los cruces de información no son prueba conducente para el desconocimiento de costos.

3 Improcedencia de la sanción por inexactitud

No procede la imposición de la sanción toda vez que no se configura el hecho sancionable. Las cifras consignadas en la declaración corresponden a la realidad económica, contable y fiscal de la actora. La contabilidad es prueba de la existencia de las compras y sus pagos. Además, la actora presentó oportunamente la declaración, por ende, no causó daño alguno al erario.

4. Improcedencia de la sanción a contador o revisor fiscal

Desvirtuada la presunta “inclusión de impuestos descontables y compras inexistentes”, carece de fundamento legal la sanción mencionada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Los actos acusados se ajustan a la normativa que regula el proceso administrativo de determinación de los tributos, sin que se advierta violación al debido proceso.

En ejercicio de las facultades de fiscalización, la DIAN verificó las transacciones comerciales de la actora con sus proveedores con el fin de establecer la veracidad y autenticidad de la información declarada y “llegar al convencimiento real de la ocurrencia de los hechos”. Los actos acusados se fundamentan en pruebas válidamente recaudadas durante la investigación adelantada por el funcionario competente, sin que se haya desconocido el derecho al debido proceso o causado agravio injustificado a la actora.

El desconocimiento del costo de ventas por valor de $52.741.161.000, se fundamentó en la información obtenida en la etapa de investigación, en la que se profirió auto de verificación y cruce, visita a la actora e inspección tributaria.

En la visita practicada, como soporte de las transacciones con los proveedores DUGILCO LTDA y INSUMETALES S.A.S., la actora suministró “informe del libro auxiliar de las cuentas 14353 y 22501”, “fotocopia de las facturas de venta” y “certificados virtuales de los pagos realizados”.

De los cruces de información, señaló que en la visita practicada a INSUMETALES S.A.S., el 15 de septiembre de 2010, obtuvo facturas de venta con C.I. METAL TRADE S.A.S. del sexto bimestre del 2009, el registro contable de dichas ventas y recibos de caja “todos de fecha diciembre 30 de 2009”, entre otros documentos.

Del informe correspondiente, destacó la parte que dice “La mayoría de las veces el gasto de fletes corre por cuenta del proveedor o el cliente ya que, por lo general, la mercancía ni siquiera es llevada a INSUMETALES, sino directamente trasladada al cliente por el proveedor” y la anotación de la revisora fiscal según la cual, esa entidad “comparte los mismos socios con DUGILCO LTDA”, empresa en la que, en el operativo de registro llevado a cabo el 1° de marzo de 2010, se obtuvo información que “da cuenta de la forma como tal sociedad controla documentalmente la totalidad de la operación de compra y venta de material reciclable para obtener beneficios fiscales a través de la simulación de operaciones con sus proveedores”.

En la inspección tributaria atendida por la revisora fiscal encontró que los comprobantes de egreso son diligenciados a mano, están firmados por Duván Gil y sellados a nombre de ambas empresas DUGILCOL LTDA e INSUMETALES S.A.S.

Del material recaudado y del resultado de las investigaciones adelantadas por la DIAN en Medellín y Barranquilla a la actora y sus proveedores, concluyó que las operaciones realizadas son simuladas.

Si bien las facturas de venta se ajustan a las formalidades establecidas en el artículo 771-2 del E. T. para la procedencia de los impuestos descontables, “prevalece la verdad real sobre la verdad formal”, por lo que luego de referirse a las actuaciones adelantadas en las visitas realizadas a sus proveedores INSUMETALES S.A.S. y DUGILCO LTDA, precisó lo siguiente:

“… la DIAN no basó su decisión en una presunción sino que se fundamentó en hechos probados dentro del expediente y por los medios de prueba señalados de acuerdo con las leyes tributarias en la que se demuestra la carencia probatoria de las operaciones supuestamente realizadas entre el contribuyente investigado (C.I. Metal Trade S.A.S.) y las sociedades proveedoras INSUMETALES S.A.S. […] y DUGILCO LTDA […]. Es función de la DIAN vigilar por la correcta aplicación de las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación tributaria, no infrinjan directamente, ni mediante operaciones que aunque virtual o aparentemente legales, tengan por objeto menguar los intereses del fisco”.

Es procedente la sanción por inexactitud, toda vez que la actora “incluyó costos por compras de bienes y servicios no reales o compras simuladas de los que derivó un menor saldo a pagar”, configurando el supuesto de hecho previsto en la ley como sancionable.

La DIAN advirtió que la apoderada de la actora carece de poder para actuar en defensa de la revisora fiscal. Además, que está probada la existencia de las irregularidades por las que impuso la sanción a la revisora fiscal.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

La normativa prevé que, en desarrollo de la facultad de fiscalización, la DIAN puede ejercer todas las diligencias necesarias para la correcta determinación de los tributos, entre las que está el cruce de información con terceros.

La contabilidad es prueba a favor del contribuyente si esta se lleva en debida forma. Sin embargo, aunque las facturas reúnan los requisitos legales, tratándose de operaciones simuladas, la Administración puede ampliar “su esquema probatorio […] para llegar a la verdad real”.

La Administración cruzó la información de la actora con INSUMETALES S.A.S. y DUGILCO LTDA, sus proveedores, y tuvo en cuenta el resultado de las investigaciones que la DIAN adelantó en contra de la actora y sus proveedores.

De la actuación cuestionada, el Tribunal destacó lo siguiente:

INSUMETALES S.A.S. “controla las operaciones de compra y venta de material reciclable para obtener beneficios fiscales a través de la simulación de operaciones con sus proveedores, que resultan ser los mismos de la sociedad DUGILCO LTDA”, como lo informó la Revisora Fiscal en su “testimonio”. Los comprobantes de egreso están diligenciados a mano y firmados por el Señor Duvan Gil y sellados “a nombre de ambas empresas”.
“En el oficio N° 1-11-238-0249” se informó que “C.I. Metal Trade S.A.S. aparece relacionada en las liquidaciones de revisión de los bimestres 1, 2, 3, 4 y 5 del año gravable 2009, proferidas por la sociedad DUGILCO LTDA”. Que “se encontraron facturas originales y copias, comprobantes de ingresos, recibos de caja y de copia de los mismos que llevó a pensar a la DIAN que estos se generan en las instalaciones de DUGILCO LTDA, y no por quienes debieron generarlos”.
“En el acta de investigación tributaria hecha a DUGILCO LTDA, durante el bimestre 2 de 2009, se manifestó que dicha sociedad vendió $4.282.504.950 a C.I. Metal Trade, quien en la declaración de ventas (2 bimestre de 2009), declara exportaciones por valor de $5.293.265.000 que supera el monto adquirido”.

Luego, puntualizó que “los anteriores recaudos probatorios permitieron establecer la veracidad real de las operaciones entre el contribuyente y sus proveedores con quienes realiza transacciones”.

La DIAN fundamentó el acto acusado “en hechos probados” por los medios de prueba previstos en la normativa, entre estos, los cruces de información con terceros. Si bien la contabilidad es prueba a favor del contribuyente, cuando se lleva en debida forma, también lo es que la Administración tiene amplias facultades para determinar la veracidad de los hechos económicos.

El artículo 11 del Decreto 2649 de 1993 dispone que, en materia contable, se debe valorar la esencia o realidad económica y no únicamente su forma legal, como lo pretende la actora, por lo que “no resultan ser únicamente pruebas idóneas los libros contables y auxiliares de contabilidad, así como los documentos soportes internos y externos de una empresa, “cuando la Administración advierte la existencia de operaciones simuladas o ficticias”.

La sanción por inexactitud es procedente, toda vez que la actora “incurrió en desconocimiento del derecho aplicable sobre la materia”.

Frente a la sanción impuesta al representante legal y a la revisora fiscal, el Tribunal advirtió que es improcedente cualquier pronunciamiento, toda vez que la apoderada de la actora carece de poder para representar a los sancionados.

No condenó en costas a la actora al considerar que no incurrió en “temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o deslealtad”.

RECURSO DE APELACIÓN

La actora apeló. Manifestó que la sentencia de primera instancia no hizo “un estudio profundo sobre todos y cada uno de los argumentos señalados en la reforma de la demanda presentada el 27 de octubre de 2014, argumentos que debieron ser tenidos en cuenta para el pronunciamiento de fondo”. Propuso como fundamentos de la apelación los siguientes:

1. De la esencia sobre la forma

De la declaración de renta del año gravable 2009 de la actora, la DIAN reconoce los ingresos obtenidos por las exportaciones efectuadas, pero “injustificadamente”, desconoce los costos, compras e impuestos descontables” que se derivan de las mismas operaciones, que están debidamente acreditados, toda vez que “la contabilidad y sus soportes constituyen prueba directa” de la realidad de los hechos económicos de la empresa y desvirtúan los indicios en que se fundamenta la decisión de la Administración.

2. De la procedencia de los costos consignados en la declaración de renta año gravable 2009 - De la determinación y procedencia de los costos

Insistió en lo dicho en la demanda y su “reforma” de lo que derivó las siguientes conclusiones: Que la DIAN reconoce que los soportes cumplen con los requisitos legales para el reconocimiento del costo de ventas declarado. Que erróneamente la DIAN tildó de simuladas las operaciones realizadas con INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, a partir de indicios, sin un fundamento real alguno. Que la actuación carece de validez al no fundarse en hechos reales. Que no existe siquiera prueba sumaria que desvirtúe la contabilidad de la actora. Que “las compras constituyen costos para la sociedad […] lo cual se encuentra probado con los documentos de orden contable que las soportan y se anexaron en la vía gubernativa”.

3. Determinación de costos estimados y presuntos

Reprodujo los argumentos expuestos en la “reforma” a la demanda, según los cuales si la DIAN aceptó los ingresos declarados, igualmente, debió aceptar los costos y si tenía alguna duda sobre el costo de las operaciones debió aplicar el artículo 82 del Estatuto Tributario y determinar el costo presunto.

4. De la verificación y/o cruce respecto de las sociedades DUGILCO LTDA e INSUMETALES

A manera de cuestionar que el Tribunal fundamentó la decisión en los resultados de las investigaciones adelantadas a sus proveedores, reprodujo el mencionado cargo y su sustento propuestos en la “reforma” de la demanda, que se concreta a que a la actora no le asiste responsabilidad por “las irregularidades en las que incurran sus proveedores tanto en su contabilidad como en su deber de declarar”.

5. Traslado indebido de la carga de la prueba a la sociedad demandante

Reprodujo este cargo propuesto en la “reforma” de la demanda, que se contrae a que la actora suministró “las pruebas conducentes, pertinentes e idóneas que demuestran la realidad de las compras realizadas durante el año gravable 2009” que no fueron valoradas por la DIAN. La Administración tiene la carga de probar la inexistencia de las operaciones. No obstante, sin demostrar la simulación o inexistencia de las operaciones ni desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones, trasladó indebidamente la carga de la prueba a la actora. Pidió la aplicación del principio indubio contra fiscum.

6. Del valor probatorio de los cruces de información

Reiteró lo dicho en la demanda, en cuanto a que los cruces de información no tienen el valor de plena prueba y atribuirle dicho carácter es violar el debido proceso y el derecho de defensa. La información suministrada por terceros es un indicio que debió “ser sometido” a comprobación y la información contable de la empresa debió ser objeto de análisis. Los cruces de información no son prueba conducente para el desconocimiento de costos.

7. De la prueba indiciaria

Insistió en la “falta de idoneidad de la prueba indiciaria” propuesta en el escrito inicial y los argumentos según los cuales el acto acusado se fundamenta en indicios. La DIAN desconoció el costo de ventas e impuso sanción por inexactitud y las sanciones al representante legal y la revisora fiscal sin que exista prueba directa que desvirtué la contabilidad de la actora. Y que los documentos recaudados por la Administración no le fueron trasladados para su contradicción. Además, otros argumentos planteados en la “reforma” de la demanda.

8. De las pruebas directas que desvirtúan los indicios señalados por la DIAN

En un cuadro a doble columna, la actora muestra el documento y “lo que se prueba”. Indica que la contabilidad, llevada en debida forma, prueba las transacciones realizadas con sus proveedores. Las facturas prueban la existencia de las operaciones de compra – venta con sus proveedores. El RUT de los proveedores acredita la existencia de estos. Y, los documentos relacionados con la exportación prueban “las ventas al exterior y con ello la compra del material exportado”. Los gastos administrativos y operativos de exportación acreditan la operación de comercio exterior, la existencia del bien exportado y, por ende, “la compra de los bienes exportados”.

9. La DIAN no desvirtuó la contabilidad de la sociedad C.I. METAL TRADE S.A.S.

Cargo planteado en la “reforma” a la demanda que sustentó, en síntesis, en que la DIAN fundamenta el acto demandado en “la contabilidad de un tercero”. Que la contabilidad de la actora no ha sido desvirtuada, por lo que “es prueba directa que no puede ser suplida por una serie de indicios”.

10. Aspectos aduaneros y cambiarios que demuestran la realidad económica de las operaciones

Cargo planteado en la “reforma” a la demanda que sustentó, en síntesis, en que los documentos que soportan la exportación de las mercancías acreditan la realidad de las operaciones y, por lo tanto, que “los costos de las mismas son reales”.

11. Improcedencia de la sanción por inexactitud

Es improcedente la sanción por inexactitud toda vez que no se configura el hecho sancionable. Las cifras consignadas en la declaración corresponden a la realidad económica, contable y fiscal de la actora. La contabilidad es prueba de la existencia de las compras y sus pagos. Además, la actora presentó oportunamente la declaración de renta del año gravable 2009, por ende, no causó daño alguno al erario.

12. De la violación al debido proceso y el derecho de defensa

La sentencia de primera instancia violó los mencionados derechos de la actora, toda vez que no valoró “todos los argumentos expuestos en la demanda y su reforma”.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La actora insistió en algunos argumentos expuestos en los memoriales de demanda, “reforma” y recurso de apelación de los que concluyó que es procedente revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

La demandada precisó que la DIAN tiene amplias facultades de fiscalización para comprobar la certeza, veracidad o realidad de las declaraciones tributarias. Que dado que las pruebas contables “no reflejan la realidad de las operaciones económicas de la actora”, otras pruebas recaudadas le permitieron desconocer los costos por compras a proveedores. Que debido al rechazo de los costos no es posible la aplicación de los “costos presuntos”. Y, que es procedente la sanción por inexactitud dado que “no existe diferencia de criterios sino inclusión de operaciones inexistentes”.

El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada por lo siguiente:

La DIAN desconoció el costo de ventas al encontrar en las investigaciones que realizó a INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, proveedores de la actora, documentos que desvirtúan la realidad de las “supuestas compras que les realizaba la actora”.

La apelante no desvirtuó las consideraciones del Tribunal, sobre las irregularidades que la DIAN encontró en las operaciones constitutivas de costo para la actora.

Contra lo afirmado por la apelante, el Tribunal resolvió sobre la alegada realidad de las compras y su comprobación, sin que haya incurrido en la violación de los derechos al debido proceso y defensa.

Es improcedente la determinación de costos presuntos, toda vez que no se configuraron los supuestos de hecho, porque “las compras que los generaron no fueron comprobadas” y “se desconocieron parcialmente los costos”, los relacionados con los dos proveedores mencionados, “no en su totalidad como se refiere la norma”.

Se configuró la inexactitud sancionable dado que “las compras fueron rechazadas por inexistentes y la actora no desvirtuó esa constatación efectuada por la DIAN”, por lo que “es evidente que se trata de datos falsos o equivocados que influyeron en la determinación de un menor impuesto a pagar”, supuesto de hecho previsto en la ley como sancionable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En el caso se controvierte si es legal o no la Liquidación Oficial de Revisión Nº 022412013000092 del 10 de abril de 2013 expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla que modificó la declaración de renta de C.I. METAL TRADE S.A.S., correspondiente al año gravable 2009, en el sentido de desconocer parcialmente el costo de ventas declarado e imponer sanción por inexactitud.

Cuestión previa

El 13 de agosto de 2013, C.I. METAL TRADE S.A.S., por intermedio de apoderada, interpuso la demanda que dio origen al presente proceso. El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda, mediante auto del 16 de septiembre de 2013. Posteriormente, el 27 de octubre de 2014, la actora presentó memorial de reforma de la demanda. El Tribunal por auto del 12 de marzo de 2015 rechazó por extemporánea dicha reforma, decisión que fue recurrida en reposición y confirmada mediante auto del 11 de junio de 2015.

La actora en el memorial de apelación sostuvo que el Tribunal no hizo “un estudio profundo sobre todos y cada uno de los argumentos señalados en la reforma de la demanda presentada el 27 de octubre de 2014, argumentos que debieron ser tenidos en cuenta para el pronunciamiento de fondo” y, como “fundamentos de la apelación” reprodujo el contenido del escrito presentado como reforma de la demanda, aunque en un orden diferente; además se refirió al principio de “la esencia sobre la forma” y alegó la violación del derecho al debido proceso y de defensa.

Al respecto se advierte que la reforma a la demanda presentada por la actora fue rechazada por el Tribunal y esa decisión quedó en firme. Por ende, el contenido de ese memorial y sus anexos no surten ningún efecto en el proceso, cuyo marco, en esta instancia, se circunscribe al recurso de apelación en cuanto se refiere a la demanda.

Respecto a la sanción al representante legal y el revisor fiscal, se precisa lo siguiente:

La Liquidación Oficial de Revisión Nº 022412013000092 del 10 de abril de 2013, el acto demandado, no solo modificó la declaración de renta de renta de C.I. METAL TRADE S.A.S., sino que, además, ordenó imponer sanción al representante legal y a la revisora fiscal.

La demanda fue interpuesta por la actora, persona jurídica y así fue admitida por el Tribunal mediante auto del 16 de septiembre de 2013. Decisión que quedó en firme, toda vez que no fue recurrido. De otra parte, revisado el poder allegado con la demanda solo fue otorgado a la abogada “para representar a la sociedad C.I. METAL TRADE SAS”, esto es, a la demandante.

Por lo anterior, frente a las sanciones que en el acto liquidatorio se ordenan al representante legal y a la revisora fiscal, como personas naturales, la Sala no hará pronunciamiento alguno, dado que, en realidad, no fueron objeto de este proceso.

Por lo anterior, la Sala contrae el análisis del recurso a determinar si es procedente o no el desconocimiento parcial del costo de ventas por operaciones ficticias o inexistentes y la sanción por inexactitud.

Leído el memorial de apelación se observa que en él se cuestiona el sentido de la decisión, el análisis en que se funda, la aplicación del principio de prevalencia de la “esencia sobre la forma” y se aduce la violación del debido proceso y el derecho a la defensa porque en el fallo no se resolvieron “todos los argumentos expuestos en la demanda y su reforma”.

Dentro de los cargos y argumentos contenidos en el memorial de apelación están la falta de idoneidad de la prueba indiciaria para desconocer el costo de ventas, el valor probatorio de la contabilidad que no ha sido desvirtuada, el valor probatorio de los cruces de información y la improcedencia de la sanción por inexactitud porque no se configuró el hecho sancionable, aspectos que si bien hacen parte de la “reforma de la demanda” que fue rechazada, también fueron planteados en la demanda original, por lo que a estos se contrae el análisis del recurso interpuesto.

Lo anterior, toda vez que la competencia del superior está enmarcada en la demanda, sin que el recurso de apelación constituya una nueva oportunidad para reformarla, pues se desconocerían el artículo 162 del CPACA y el principio de lealtad procesal.

Procedencia de costos

El artículo 771-2 del Estatuto Tributario prevé que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requiere la presentación de las facturas o documentos equivalentes expedidos con el lleno de los requisitos de los artículos 617 literales b), c), d), e), f) y g) y 618 del Estatuto Tributario.

El artículo 618 del E.T. establece que están a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios las obligaciones formales de exigir la factura o documento equivalente y de exhibir estos documentos cuando el fisco lo exija.

La Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 1 y 2 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en los que el legislador estableció que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas o documentos equivalentes que le permitan adquirir la certeza sobre datos necesarios para la determinación del impuesto .

Lo anterior “no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta pueden ser rechazados”.

Caso concreto

Revisados los antecedentes administrativos se encontró lo siguiente:

La DIAN adelantó investigación a C.I. METAL TRADE LTDA por el impuesto de renta del año gravable 2009, derivada de otro programa de gestión [Pre Devoluciones (AD)]

La solicitud de apertura de esta investigación se fundamentó en el resultado del cruce de información realizado por la DIAN de Medellín con INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, dos de los proveedores de la actora, que se soportó en lo siguiente:

Oficio 1-11-238-790 del 5 de octubre de 2010 del Jefe de la División Gestión de Fiscalización de Medellín con el que remitió a su homólogo en Barranquilla el acta de verificación o cruce realizado a INSUMETALES SAS del 6B/2009, cuya visita solicitó el funcionario de Barranquilla.

En el acta remitida, la funcionaria comisionada dejó consignado que “Según lo manifestó la señora CLAUDIA GARCÍA (la Contadora) durante la diligencia [que se practicó el 15/09/2010], la mayoría de las veces el gasto de fletes corre por cuenta del proveedor o el cliente ya que por lo regular la mercancía ni siquiera es llevada a INSUMETALES, sino que directamente es trasladada al cliente por el proveedor”. Que “la señora MARLENE SÁNCHEZ DELGADO, en calidad de Revisora Fiscal, expuso que la sociedad INSUMETALES S.A.S, comparte los mismos socios con DUGILCO LTDA”. Esta información se consideró importante porque en el “operativo de registro efectuado el 1 de marzo de 2010 a la sociedad DUGILCO LIMITADA se pudieron obtener documentos con valor probatorio que dan cuenta de la forma como tal sociedad controla documentalmente la totalidad de la operación de compra y venta de material reciclable para obtener beneficios fiscales a través de la simulación de operaciones con sus proveedores, que en su gran mayoría son Corporaciones y Asociaciones, los cuales son a su vez los mismos proveedores de INSUMETALES S.A.S., según listado de proveedores aportado en la visita”.

La División de Gestión de Liquidación de Medellín, mediante el oficio 1-11-238-0249 del 6 de marzo de 2012, respondió la solicitud de información que el funcionario de Barranquilla formuló “el 24 de febrero de 2012”, relacionada con INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, proveedores de la actora, en el que informó lo siguiente: “que la sociedad C.I. METAL TRADE aparece relacionada en las liquidaciones de revisión de los bimestres 2°, 3°, 4° y 5° del año gravable de 2009, proferidos a la sociedad DUGILCO LTDA”. Aclaró que “la información relacionada con la sociedad C.I. METAL TRADE se origina en la diligencia de registro adelantada al contribuyente DUGILCO LTDA, por lo tanto la información es la misma para todos los actos proferidos”. Anexó los siguientes documentos: requerimiento especial, acta general de investigación y liquidación oficial de revisión correspondientes al segundo y tercer bimestres de IVA de 2009 y la liquidación oficial de revisión del cuatro bimestre de IVA del mismo año, todos de la empresa DUGILCO. Además, el auto de apertura de la investigación a INSUMETALES SAS por el sexto bimestre de IVA de 2009, auto de verificación o cruce, acta de cruce con terceros, acta de verificación entre otros.

Luego, profirió el auto de verificación o cruce 022382011000111 del 5 de mayo de 2011. El funcionario comisionado practicó visita a la actora el 22 de junio de 2011, diligencia que fue atendida por la señora DIANA LUCÍA MORA DE LA HOZ, revisora fiscal, quien le suministró, como soporte de las transacciones realizadas con INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, los siguientes documentos: informe del libro auxiliar de las cuentas 14353, 220501, facturas de venta de estos proveedores y certificados virtuales de pago del 2° y 6° bimestres de 2009, comprobantes de egreso, relación de los DEX emitidos por C.I METAL TRADE LTDA

El funcionario encontró que “las facturas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario”.

Posteriormente, profirió el auto de inspección tributaria N°022382012000088 del 9 de abril de 2012. Los funcionarios comisionados efectuaron visita a la actora el 27 de junio de 2012, que fue atendida por la señora DIANA LUCÍA MORA DE LA HOZ, revisora fiscal, quien suministró la información relacionada con las transacciones realizadas con sus proveedores INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA en el año gravable 2009 [Informes del libro auxiliar de las cuentas 143530, 143531, 41355201, facturas, comprobantes de egreso y certificados virtuales de los pagos realizados tomados al azar].

El funcionario resaltó que “los comprobantes de egresos son diligenciados a mano y aparecen firmados por el señor Duván Gil, además están sellados a nombre de ambas empresas DUGILCO e INSUMETALES”.

De la documentación recolectada, la DIAN encontró mérito suficiente para considerar que las operaciones efectuadas por la actora con esos dos proveedores durante el año gravable 2009 son simuladas, toda vez que del análisis de los mencionados elementos de prueba y teniendo en cuenta las apreciaciones y conclusiones a las llegó esa entidad en las investigaciones adelantadas por las Administraciones de Impuestos de Medellín y Barranquilla, en las que se obtuvo información que demuestra que, INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA, proveedores de C.I. METAL TRADE LTDA, la actora, “comparten los mismos socios” y que DUGILCO LTDA “controla documentalmente la totalidad de la operación de compra y venta de material reciclable para obtener beneficios fiscales a través de operaciones simuladas”, pues, “la verdad real prevalece sobre la verdad formal”

La Administración consideró que los costos por compra de mercancías registrados en la contabilidad por C.I. METAL TRADE LTDA no ofrecen credibilidad, aunque las facturas formalmente cumplían los requisitos legales.

Por lo anterior, previo el requerimiento especial 022382012000169 del 12 de julio de 2012, notificado a la actora por correo el 13 de julio de 2012, la DIAN profirió la liquidación oficial de Revisión N°022412013000092 del 10 de abril de 2013, que modificó la declaración de renta del año gravable 2009 de la actora, en el sentido de disminuir del costo de venta declarado [$77.608.394.000] la suma de $52.741.161.000 que corresponde al monto de las transacciones realizadas por METAL TRADE S.A.S con INSUMETALES SAS [$27.436.225.000] y DUGILCO LTDA [$25.304.936.000] en ese mismo periodo e impuso sanción por inexactitud.

Sea lo primero señalar que no es aceptable el argumento de la apelante, según el cual no le fueron trasladados los documentos recopilados por la Administración para su contradicción, toda vez que la actora tuvo conocimiento de la investigación que la DIAN adelantaba en su contra, pues le notificó el acto de verificación y cruce, el auto de inspección tributaria y el requerimiento especial que, en el anexo explicativo, contiene las razones de hecho y de derecho en que se fundamentó la modificación propuesta y los elementos de prueba en que se apoyó, los que tuvo la oportunidad de controvertir y desvirtuar ante la misma Administración. Además, proferida la liquidación oficial de revisión, en vía judicial también podía controvertir las pruebas existentes o tachar de falsos los documentos, situación que en este asunto no ocurrió.

Es un hecho probado que, en el año gravable 2009, INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA eran proveedores de C.I. METAL TRADE LTDA.

La discusión se centra en el desconocimiento del costo de ventas que ascendió a la suma de $52.741.161.000, monto que corresponde a las transacciones realizadas durante el año gravable 2009 con INSUMETALES SAS [$27.436.225.110] y DUGILCO LTDA [$25.304.936.373], según los informes del libro auxiliar de las cuentas 143530, 143531 suministrados por la actora.

La Administración encontró que las facturas suministradas por la actora cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Sin embargo, teniendo conocimiento del resultado de las investigaciones adelantadas a la actora por el 2°, 3° y 4° bimestres de IVA de 2009 a la actora y sus proveedores [INSUMETALES SAS y DUGILCO LTDA], en desarrollo de su facultad fiscalizadora procedió a verificar la realidad de las transacciones.

Con los cruces de información realizados por la Administración de Medellín a dos de los proveedores de la actora, pudo constatar inconsistencias e irregularidades de tal magnitud que mostraban que las operaciones de esas empresas eran simuladas, que dieron origen a las liquidaciones oficiales de revisión del IVA de los bimestres 2°, 3° y 4° del año gravable 2009 a DUGILCO que hacen parte de los anexos del oficio 1-11-238-0249 del 6 de marzo de 2012 de la Administración de Medellín, en el que además señaló que “la información relacionada con la sociedad C.I. METAL TRADE se origina en la diligencia de registro adelantada al contribuyente DUGILCO LTDA [01/03/2010], por lo tanto la información es la misma para todos los actos proferidos”. Se refiere a las liquidaciones oficiales de revisión de IVA del 2009 de DUGILCO LTDA y de la actora incluida la liquidación oficial de revisión del impuesto de renta del año gravable 2009 que es objeto de este proceso.

En la visita de verificación a INSUMETALES SAS, el 15 de septiembre de 2010, el funcionario encontró que en “la mayoría de las veces el gasto de fletes corre por cuenta del proveedor o el cliente ya que por lo regular la mercancía ni siquiera es llevada a INSUMETALES, sino que directamente es trasladada al cliente por el proveedor”. Que “INSUMETALES S.A.S, comparte los mismos socios con DUGILCO LTDA”, como lo manifestó la señora MARLENE SÁNCHEZ DELGADO, Revisora Fiscal, en la visita de verificación practicada a esa empresa.

Además, que, en el “operativo de registro efectuado el 1 de marzo de 2010 a la sociedad DUGILCO LIMITADA se pudieron obtener documentos con valor probatorio que dan cuenta de la forma como tal sociedad controla documentalmente la totalidad de la operación de compra y venta de material reciclable para obtener beneficios fiscales a través de la simulación de operaciones con sus proveedores, que en su gran mayoría son Corporaciones y Asociaciones, los cuales son a su vez los mismos proveedores de INSUMETALES S.A.S., según listado de proveedores aportado en la visita”.

Y, que en ese mismo operativo, la DIAN encontró carpetas con “facturas originales, de originales y copias, comprobantes de ingreso, recibos de caja, etc y de copias de las mismas de los proveedores de Dugilco Limitada, que supuestamente permiten pensar que los mismos se generan en las instalaciones de Dugilco Limitada y no por quienes debieron generarlos”, como por ejemplo “los comprobantes de egreso N° 15398 y 15399 del 3 de diciembre de 2009 de C.I. METAL TRADE LTDA y el beneficiario DUGILCO LTDA y los comprobantes de cheque 125200 y 46972 DE C.I. METAL TRADE LTDA y beneficiario INSUMETALES S.A.S.”.

Además, “en el acta general de investigación tributaria hecha a DUGILCO LTDA, durante el bimestre 2° de 2009, se manifestó que ‘esta sociedad vendió $4.282.504.950 a C.I. METAL TRADE LTDA, quien en declaración de ventas (2009/2° bim), declara exportaciones por valor de $5.293.265.00, que supera el monto adquirido”

También encontró que “los comprobantes de egresos son diligenciados a mano y aparecen firmados por el señor Duván Gil, además están sellados a nombre de ambas empresas DUGILCO e INSUMETALES”.

Las visitas de verificación y cruces de información realizados por la DIAN a proveedores de la actora por las transacciones realizadas con la actora durante el año gravable de 2009 no son indicios como lo afirma la actora, son pruebas de carácter documental como lo ha aceptado la Sala en otros asuntos similares que desvirtúan la realidad de las compras de las que se derivan los costos discutidos.

Las anteriores pruebas desvirtúan la realidad de las operaciones económicas de estas dos empresas, incluidas las transacciones que estas efectuaron con la actora, lo que le resta credibilidad a las facturas suministradas por C.I. METAL TRADE LTDA, en tanto se desvirtuó la operación de compraventa de chatarra que esos documentos registran.

La parte actora de manera alguna acreditó, por otros medios de prueba, las operaciones realizadas con estos dos proveedores, pues se limitó a fundamentar la pretendida nulidad de la liquidación oficial de revisión de renta del año gravable 2009, en la afirmación de que la contabilidad no ha sido desvirtuada, que las facturas contabilizadas reúnen los requisitos legales, que los cruces de información realizados por la Administración son solo indicios que no son suficientes para desconocer el costo de ventas.

Dado que la Administración encontró elementos de prueba que desvirtúan la realidad de las operaciones de los proveedores de la sociedad actora y sin que esta haya acreditado, por medio distinto a las facturas, el valor real de las transacciones efectuadas con INSUMETALES S.A.S. y DUGILCO LTDA, los proveedores de los que surgió la diferencia disminuida se pone en evidencia que las compras no existieron, por lo que es procedente el desconocimiento del costo de ventas, en los términos de la liquidación oficial de revisión.

Sanción por inexactitud

Al apelar, la actora insistió en que la sanción es improcedente toda vez que no se configuró el hecho sancionable y las cifras consignadas en la declaración son reales y no se causó daño al fisco.

En el presente caso, la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados que modificaron la declaración privada, en el sentido de desconocer parcialmente el costo de ventas por inexistencia de las transacciones con dos de sus proveedores, por lo que es procedente la sanción por inexactitud, pues al incluir costos improcedentes se generó un menor impuesto a pagar.

Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, reconocido expresamente en el artículo 282 parágrafo 5 de la Ley 1819 de 2016, la sanción debe reducirse, pues se determinó con fundamento en el artículo 647 del Estatuto Tributario, conforme con el cual dicha sanción corresponde al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado oficialmente y el declarado por el contribuyente.

En efecto, los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 modificaron los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, en el sentido de señalar que la sanción por inexactitud corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el valor declarado.

Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en esta providencia y el determinado privadamente.

Por tanto, se practica nueva liquidación para reflejar lo decidido en esta providencia, así:

C.I. METAL TRADE S.A.S.
Impuesto de Renta y complementarios
Año gravable 2009

Conceptos
V/r declarado
V/r determinado L.O.R.
V/r determinado
C.E.

Total ingresos brutos
83.687.326.000
83.687.326.000
83.687.326.000

Devoluciones, descuentos y rebajas
120.513.000
120.513.000
120.513.000

Total ingresos netos
83.566.813.000
83.566.813.000
83.566.813.000

Costo de venta
77.608.394.000
24.867.233.000
24.867.233.000

Total costos
77.608.394.000
24.867.233.000
24.867.233.000

Total deducciones
4.678.819.000
4.678.819.000
4.678.819.000

Renta líquida del ejercicio
1.279.600.000
54.020.761.000
54.020.761.000

Renta presuntiva
46.093.000
46.093.000
46.093.000

Renta líquida gravable
1.279.600.000
54.020.761.000
54.020.761.000

Impuesto sobre renta gravable
422.268.000
17.826.851.000
17.826.851.000

Impuesto neto de renta
422.268.000
17.826.851.000
17.826.851.000

Total impuesto a cargo
422.268.000
17.826.851.000
17.826.851.000

Anticipo por el año gravable
70.869.000
70.869.000
70.869.000

Total retenciones año gravable
98.613.000
98.613.000
98.613.000

Anticipo por el año gravable siguiente
240.057.000
240.057.000
240.057.000

Saldo a pagar por impuesto
492.843.000
17.897.426.000
17.897.426.000

Sanciones
0
27.847.333.000
17.404.583.000

Total saldo a pagar
492.843.000
45.744.759.000
35.302.009.000

Total saldo a favor
0
0
0

Igualmente, el cálculo de la sanción por inexactitud queda así:

Saldo a pagar determinado
$17.897.426.000
Saldo a favor según la declaración privada
38.966.000
Base para calcular la sanción
$17.404.583.000
Tarifa
100%
Valor sanción por inexactitud
$17.404.583.000

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión acusada, en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta en aplicación del principio de favorabilidad a $17.404.583.000. A título de restablecimiento del derecho, se fija la suma de $35.302.009.000 como saldo a cargo de la actora, por concepto de impuesto de renta y complementarios del año gravable 2009, conforme a la anterior liquidación.

Condena en costas

No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar dispone:

2. ANULAR PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión Nº 022412013000092 del 10 de abril de 2013, en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta, según lo expuesto en la parte motiva.

3. A título de restablecimiento del derecho, FIJAR el saldo a cargo de la actora, por concepto de impuesto de renta y complementarios del año gravable 2009, en la suma de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES NUEVE MIL PESOS [$35.302.009.000] MONEDA CORRIENTE, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva.

4. SIN CONDENA en costas en segunda instancia.

5. RECONOCER personería a MYRIAM ROJAS CORREDOR como apoderada de la demandada, en los términos del memorial que está en el folio 61 del cuaderno del recurso.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

MILTON CHAVES GARCÍA
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Fl. 14 T.1 c.a. Según el informe de investigación que está en los folios 1183 y siguientes del tomo 6 del cuaderno de antecedentes, la DIAN adelantó investigación a C.I. Metal Trade Ltda, por el programa Pre Devoluciones (AD), en la que la entidad oficial recogió “documentos soportes selectivos para su revisión y efectuado el cruce de información con la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín”, encontró razones para abrirle investigación por el impuesto sobre la renta del año 2009. Fl. 1514 y s.s. T. 8 c.a
Fl. 1530 y s.s. T. 8 c.a. Fl. 3483 y s.s. T. 18 c.a. El 27 de octubre de 2014, la actora presentó memorial de reforma de la demanda. Por auto del 12 de marzo de 2015, tal reforma fue rechazada por extemporánea. Decisión que fue recurrida en reposición y confirmada mediante auto del 11 de junio de 2015 [Cfr. fls. 102, 268, 286 y 294 c.1.]. Cfr. fls. 30, 71, 73, 102 a 259, 268, 286 y 294 c.1. E.T., art. 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Adicionado por el artículo 3° de la Ley 383 de 1997. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario./ Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario./ Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. /PARÁGRAFO. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración”. Sentencia C-733 de 2003, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia de 11 de mayo de 2017, Exp. 21373, C.P. Milton Chaves García. Los antecedentes administrativos están conformados por 3544 folios, distribuidos en 18 tomos. Cfr. fl. 3 y s.s., T. 1 c.a.
“Mediante correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2010 el funcionario auditor de la División de Gestión de Fiscalización de Impuestos de Barranquilla en cumplimiento del Memorando N° 400 del 6 de agosto de 2010, solicitó se realizara visita al contribuyente INSUMETALES S.A.S. (…), quien figura como proveedor de C.I. METAL TRADE S.A.S. (…), dicha verificación fue ordenada mediante auto de verificación o cruce N°1020 de fecha 13/09/2010” [Cfr. fl. 3492 T. 18, c.a.]
Es la misma acta de verificación que se allegó con el Oficio 1-11-238-790 del 5 de octubre de 2010
Cfr. fl 828, T. 5 al 1091 T. 6, c.a. Fl. 15, T.1, c.a. Cfr. fls. 1185 y 1186, T. 6, c.a. Cfr. fl. 1188, T. 6, c.a. Cfr. fls. 1511 y 1512, T. 8, c.a. Cfr. fl. 1515, T. 8 c.a. Cfr. fl. 1520 y 1190 a 1202, T. 8 y 9 c.a. Cfr. fl. 1511 T. 8, c.a. Cfr. fl. 1512 T. 8, c.a. Sentencia de 20 de septiembre de 2018, Exp. 22144, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 28 de noviembre de 2018, Exp. 20883 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Ley 1819 de 2016, artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:/ “Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo./ […]/ Parágrafo 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.”
En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 13 de diciembre de 2017, Exp. 21210, C.P. Milton Chaves García. CPACA.

Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00595-01 (22885)
Demandante: C.I. Metal Trade S.A.S.

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