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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00620-01

Fecha
28 de febrero de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00620-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de María Trinidad Bastidas Mejía, y por pasiva, de la Nación Ministerio de Justicia y del - Derecho. - SEGUNDO: CONFIRMASE la sentencia proferida el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, incluyendo las agencias en derecho por 1 SMLMV que se fijaron en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. 1

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2013-00620-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de febrero de 2023

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)
Demandante: Ramiro Suarez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 08001-23-33-000-2013-00620-01(57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros
Demandada: Nación Ministerio de Justicia y del Derecho
-

Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial
Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por la actividad judicial.
Subtema 1: Marco de juzgamiento del juez de segunda instancia.
Subtema 2: Privación de la libertad.
Subtema 3: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de
abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia dictada el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Fiscalía General de la Nación inició investigación penal en contra de algunos
funcionarios de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de
Barranquilla, entre ellos Ramiro Suarez, por incurrir en irregularidades relacionadas
con la administración y custodia de automotores y de armamento que habían sido
retenidos e incautados. El órgano investigador impuso medida de detención
preventiva en contra del señor Suarez, por los delitos de concierto para delinquir,
cohecho impropio, peculado por uso, abuso de función pública, falsedad ideológica
en documento público y hurto agravado. Tras ello, acusó al sindicado de haber
cometido, como coautor, las mentadas conductas punibles y el delito de abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto. Apelada la anterior decisión, la Fiscalía i)
revocó la acusación relacionada con los delitos de concierto para delinquir y de
abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; y, en su lugar, precluyó la instrucción
de esos dos hechos ilícitos; u) remitió, por competencia, la documentación
relacionada con el hurto agravado a los jueces penales municipales; y iii) confirmó
la acusación que atañe a los delitos de peculado por uso y de cohecho impropio.
Posteriormente, la Fiscalía precluyó la investigación penal de los delitos de falsedad
ideológica en documento público y de abuso de función pública. Un juzgado penal
de Barranquilla declaró la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de
cohecho impropio y de peculado por uso. Los actores demandan al Estado porque

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del consejo de Estado, aprobó: "los
expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (U) conscriptos y,
(iü) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al
turno ( ... )".

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01(57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros

consideran injusta la privación de la libertad del señor. Suarez, y en razón a que
hubo una dilación injustificada al tramitar el proceso penal en su contra.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Ramiro Suarez, quien puso de presente su condición' de víctima directa; María
Trinidad Bastidas Mejía, quien anunció su condición de compañera permanente del
señor Suarez; Cristian Camilo Suarez Raigosa y Héctor David Suarez Bastidas,
quienes afirmaron que eran hijos del primero de los ,mencionados; y Felicinda
Suarez Guarnizo, que expresó que acudía a este proceso como madre de la víctima
directa, presentaron demanda, en ejercicio del medi& de control de reparación
directa2. Los actores pretenden que esta Jurisdicción profiera sentencia en la que
se condene a la Nación — Ministerio de Justicia y del Derecho — Fiscalía General de
la Nación — Rama Judicial a cancelar la indemnización 1e los perjuicios causados
como consecuencia i) de la dilación injustificada del proceso penal adelantado en
contra de Ramiro Suarez, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho
impropio y peculado por uso, entre otros; y u) de la medida privativa de la libertad
que en su momento le fue impuesta con ocasión del referido trámite judicial.

La parte actora, además, controvirtió la legalidad del acto expedido por la Fiscalía
General de la Nación el 27 de octubre de 1994, en el que declaró insubsistente el
nombramiento de Ramiro Suarez en el cargo de Investigador Judicial Grado 1, de
la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla. Lo
anterior, de tal manera que se protesta que aquella decisión careció de motivación
y no tuvo en cuenta el amparo de estabilidad laboral para funcionarios de carrera
administrativa3.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

Admitida la demanda4, notificado el auto admisorio5, y corridos los traslados que
exige la ley, la Nación — Ministerio de Justicia y del Derecho6 presentó escrito de
contestación a la demanda, en el que propuso las excepciones tituladas
"inexistencia de falla del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho
(ausencia de nexo causal)" y "falta de legitimación material en la causa por pasiva",
para efectos de dar cuenta que la Fiscalía General de l&Nación y la Rama Judicial
son quienes deben responder por los hechos expuestos en la demanda; y que sus
actuaciones no guardan relación con el daño objeto de las pretensiones
indemnizatorias de la parte actora.

2 Demanda. Folios 1 a 15, cuaderno 1.
Todo lo expuesto en este acápite se establece a partir de un análisis integral de la demanda. Las
pretensiones están definidas así: 'le solicito se reconozcan y paguen los siguientes conceptos y
valores: 1.- El pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir desde la fecha de despedido hasta la fecha que su despacho dice sentencia, con su
correspondiente indexación. ( ... ) 2.- Al pago de los pérjuicios morales causados no solo al señor
SUAREZ, sino a su progenitora ( ... ), a su compañera permanente (..) y a sus hijos ( ... ); los cuales
estimo al equivalente a ochenta salarios mínimos mensuales vigerités para cada vía (...)". Folio 5,
cuaderno 1. -
Auto admisorio de la demanda dictado el 29 de noviembre de 2013.. Folios 281 a 283, cuaderno 1.
Diligencias de notificación. Folios 284 a 287, cuaderno 1.
6 contestación a la demanda de la Nación - Ministerio de Justicia y.del Derecho. Folios 298 a 303,

cuaderno 1.

2

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

La Nación Rama Judicial también contestó la demanda7. Se opuso a las
-

súplicas de los actores. Invocó las excepciones de: i) "falta de legitimación en la
causa por pasiva"8, toda vez que, en su criterio, el objeto de la controversia se centra
en una actuación adelantada única y exclusivamente por la Fiscalía General de la
Nación; e u) "inexistencia de daño imputable a la dirección seccional de
administración judicial", en la medida en que el daño no le es imputable, pues sus
actuaciones, afirmó, fueron legales. En todo caso, sostuvo que la Fiscalía no incurrió
en alguna irregularidad.

La Nación Fiscalía General de la Nación9, en su contestación a la demanda,
-

objetó la indemnización de perjuicios deprecada, por no encontrarse probada en el
proceso y no satisfacer los criterios jurisprudenciales de esta Corporación. Luego,
se opuso a las pretensiones de la demanda. También adujo que no estaba
acreditado el nexo causa¡- entre la falla en el servicio y el daño invocado en la
demanda, y que en el proceso penal que cursaba en contra del señor Suarez, se
tuvo la oportunidad de reclamar alguna irregularidad vinculada al servicio de
administración de justicia prestado.

El juez de primera instancia celebró audiencia inicial el 23 de septiembre de
201410, en la que: i) resolvió postergar el estudio de la excepción de falta de
legitimación en la causa propuesta por la Nación Rama Judicial y la Nación
• -

Ministerio de Justicia y del Derecho, hasta el momento en el que dictara sentencia
de mérito; u) fijó el objeto del litigio11; hi) agotó, sin éxito, la oportunidad de obtener
algún acuerdo conciliatorio; y iv) abrió la etapa de pruebas.

Agotado el periodo probatorio, el Tribunal corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto12. Así lo
hizo la parte demandante13 , la Nación Fiscalía General de la Nación14 y la Nación
-

• Rama Judicial15 , mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.

Contestación a la demanda de la Nación Rama Judicial. Folios 307 a 315, cuaderno 1.
-

8
Aunque también hizo referencia a la excepción de "indebida representación por pasiva".
Contestación a la demanda de la Nación Fiscalía General de la Nación. Folios 331 a 341,
-

cuaderno 1.
lO
Acta de audiencia inicial. Folios 374 a 381, cuaderno 1.
11 El juez de primera instancia fijó el litigio a partirde este problema jurídico: ",es administrativamente
responsable el Estado Colombiano Ministerio de Justicia Rama Judicial Fiscalía General de la
• - -

Nación, de los perjuicios que aduce haber recibido el demandante y su núcleo familiar, con motivo
de la investigación penal que se inició en su contra el 18 de octubre de 1994 y que posteriormente
culminó con la cesación del procedimiento por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción
de la acción penal, decretada por el Juzgado Séptimo Penal del circuito de Barranquilla mediante
providencia de 22 de agosto de 2011". En la oportunidad respectiva, las partes no presentaron
inconformidad frente a la fijación del litigio y, por consiguiente, desde ese momento procesal se
marginó de la controversia lo atinente a los reparos que en la demanda se hizo sobre la declaración
de insubsistencia que inicialmente invocó la parte actora. Folio 379, cuaderno 1.
12
Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 657, cuaderno 1.
13
La parte demandante alegó de conclusión antes del auto que corrió traslado para tal efecto. Folios
638 a 655, cuaderno 1.
14
Alegatos de conclusión en primera instancia de la Nación Fiscalía General de la Nación. Folios
-

663 a 670, cuaderno 1.
15
Alegatos de conclusión en primera instancia de la Nación Rama Judicial. Folios 672 a 674,
-

cuaderno 1.

3

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros

2.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, con sentencia dictada el 5 de febrero de
201616, negó las pretensiones de la demanda17. El Tribunal determinó que, de las
pruebas contenidas en el expediente no se observaba alguna conducta negligente
cometida por los jueces que conocieron el proceso penal adelantado en contra de
Ramiro Suarez. Asimismo, concluyó que la privación de la libertad a la que fue
sometido el señor Suarez fue justa y legítima, en razón á que estaban presentes los
presupuestos para vincularlo a una investigación penal, citarlo a diligencia de
indagación y mantenerlo detenido preventivamente. Es del caso precisar que, en el
escrito de apelación, no hubo mención alguna a la ilegalidad del acto que declaró
insubsistente el nombramiento de Ramiro Suarez.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación18 en contra del fallo
dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la pretensión de que esta
Corporación lo revoque y que, en su lugar, acceda a las pretensiones de la
demanda. Como sustento de su escrito de impugnación, la apelante citó apartes
de lo que, a su parecer19 , la jurisprudencia del Consejd de Estado ha indicado en
relación con el factor de imputación denominado "defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia". Luego, transcribió los mismos hechos expuestos en la
demanda y reiteró los cargos allí elevados, aunque resaltó que el señor Suarez no
fue objeto de procedimiento disciplinario en su contra, mientras laboró con la Rama
Judicial. También aclaró que en el caso objeto de estudio "no solo existe un error
judicial o (una) privación injusta de la libertad, sino también un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia", que trajo como consecuencia la
apertura de una investigación penal en contra del señor: Suarez y la prolongación
injustificada de la restricción del derecho a la libertad de una persona. Agregó que
las anteriores circunstancias causaron que el señor Suarez perdiera de manera
injustificada el cargo que venía desempeñando, sufriera un menoscabo que no
estaba en condiciones de soportar y padeciera perjuicios de carácter moral y
material. Finalmente, insistió en que está acreditadai la actuación irregular del
Estado, por el incorrecto funcionamiento del servicio de administración de justicia.

2.5. El trámite procesal relevante de segunda instançja

Esta Corporación, por medio de auto del 21 de julio de201620 admitió el recurso
de apelación interpuesto por los demandantes. En providencia posterior21, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto de fondo; sin embargo, guardaron silencio22.

16 Sentencia de primera instancia. Folios 678 a 695, cuaderno princi pal.
17 El juez de primera instancia omitió el análisis del presupuesto frocesal de la legitimación en la

causa.
18 Recurso de apelación. Folios 703 a 709, cuaderno principal.
19 El juez de primera instancia no precisó la sentencia o las pfovidencias en las que quedó

consignado los apartes citados.
20 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 728, cuaderno prircipal.
21 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Folio 732, cuaderno principal.
22 Constancia secretarial. Folio 733, cuaderno principal.

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

III. CONSIDERACIONES

3.1. Marco de juzgamiento de la controversia objeto de estudio

Revisada la demanda, la Sala observa que en algunos apartes los demandantes
mencionaron el factor de imputación de error jurisdicciona123; no obstante, de los
acápites de hechos24 y fundamentos de derecho25 se desprende que la causa del
daño que pretenden sea reparado radica, exclusivamente, en la restricción del
derecho a la libertad que padeció Ramiro Suarez, con ocasión del proceso penal
adelantado en su contra; y en las probables deficiencias que pudieron ocasionarse
en el trámite de aquel proceso judicial, sin que ello implique una equivocación
grosera en una providencia en concreto. En ese sentido, el marco de juzgamiento
que debía seguir el juez de primera instancia, como en efecto así ocurrió, se
encontraba en estudiar solo los factores de imputación de privación injusta de la
libertad y de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Es del caso recordar que esta Sección ha considerado de manera pacífica, en
primer lugar, que los jueces carecen por completo de facultades para variar la causa
peteridi que la parte actora narra en la demanda, es decir, que los procesos que se
tramitan ante esta jurisdicción deberán ser resueltos con base en los antecedentes
fácticos descritos en la demanda26 y en los medios de prueba regular y

23
"El error judicial inexcusable; el que hace referencia a las omisiones graves, evidentes,
protuberante e imperdonables, que pueden obedecer a la negligencia, a la falta de eficacia que
convierten a los funcionarios judiciales en enemigos de los ciudadanos, quienes esperan objetividad,
independencia e imparcialidad por parte de ¡ajusticia, atentando contra la legitimad del Estado Social
de Derecho; por estas razones cuando se evidencia un error judicial, el funcionario está en la
obligación de reparar a la víctima" y Tuando se trata de la responsabilidad directa del Estado por el
error judicial, el punto de partida para el análisis de aquella, lo es el daño causado al usuario del
servicio jurisdiccional, imputable al Estado por acción u omisión, perjuicio causado en el ejercicio del
poder judicial y en cumplimientb de la función pública de administrar justicia". Demanda. Folio 8,
cuaderno 1.
24
"Se le dictó Resolución acusatoria el 15 de septiembre de 1995 y solo se resolvió la Apelación de
la misma, ( ... ) 22 meses después". Demanda. Folio 2, cuaderno 1. Cabe destacar que durante todos
estos años mi poderdante continuó enfrentando su situación penal; esperando la decisión final de
los jueces de la República, atento y presentándose periódicamente, es decir, enfrentó y nunca dilató
el impulso de este proceso". Demanda. Folios 2 y 3, cuaderno 1. "Durante todo este tiempo nunca
se impulsó ningún diligenciamiento a pesar de la asistencia frecuente de mi cliente ante ese
Despacho Judicial". Demanda. Folio 3, cuaderno 1. "Durante esos los dos años en que estuvo
privado de la libertad y aun durante el término que duró la dilatada e injustificada investigación se vio
afectado moralmente el señor SUAREZ, al igual que su núcleo familiar" y "Además para afrontar su
defensa durante los diecisiete años de esta larga y exhaustiva investigación, el señor Ramiro
SUAREZ tuvo que afrontar grandes gastos patrimoniales ( ... ). Demanda. Folio 4, cuaderno 1.
25
"En efecto, en este orden de ideas, se ubica la exigencia de que el proceso penal sea tramitado
en un plazo razonable; pauta que si bien no es privativa de aquel, no cabe dudas que se acentúa en
materia penal por el respeto que merece a la dignidad del hombre que proclama el derecho de toda
persona sospechada (sic) de la comisión de un delito a poner dicha situación de incertidumbre y
eventualmente, de privación de la libertad". Demanda. Folio 6, cuaderno 1. "la Corte Interamericana
de Derechos Humanaos ha afirmado que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable" y 'también
debemos mencionar que la Constitución, dispone en su artículo 29, el derecho a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas". Demanda. Folio 7, cuaderno 1.
26
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de
1999, expediente S-123. "[ ... ] los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto configuran
la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el
punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance
de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto
del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan
prosperar las peticiones de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en
perfecta congruencia".

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

oportunamente allegados al plenario 27; y, en segundo lugar, que ni los alegatos de
conclusión ni el recurso de apelación se constituyen como oportunidades
procesales procedentes para que la parte actora modifique la causa petendi de la
demanda28, ni siquiera con base en la aplicación del principio ¡ura novit curia, ya que
ello implicaría una transgresión al derecho de contradicción y defensa de la parte
contraria29.

La parte actora, en su escrito de apelación, insiste en que en esta controversia al
juez administrativo le corresponde estudiar el error jurisdiccional30. Sin embargo,
incurre en la misma falencia argumentativa de no dar cuenta, siquiera, de la
providencia que contiene el invocado yerro. Por este motivo, para honrar el principio
de congruencia, esta Subsección, en su condición de-juez de segunda instancia,
únicamente analizará los cargos que en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora (como apelante único) se centran en la pertinencia del factor de
imputación, y en los presupuestos de aquel que esta judicatura encuentre
pertinente.

3.2. Presupuestos procesales de sentencia de mérito,

El presente asunto será resuelto de fondo, habida consideración de la competencia
que fijó la Ley 270 de 1996, en cuanto prescribió que los litigios de reparación que
tengan causa en la administración de justicia son de conocimiento de los Tribunales
Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia,
sin consideración a la cuantía31. Además, en atención a la pertinente escogencia que
hizo la parte demandante del medio de control, pues esta Corporación ha reiterado
que la vía judicial adecuada para reclamar la indemnización de perjuicios causados
como consecuencia de la privabión injusta de la -libertad y del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, es el medio de control de reparación
directa32. Finalmente, porque los accionantes vinieron en tiempo a la jurisdicción en
procura de reparación del daño causado por la privación de libertad, atendiendo a lo
preceptuado por el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y a

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Senteñcia de¡ 31 de mayo de 2019,
expediente 44799.
28 consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 1996, expediente 8422. "La

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de
facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de
esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a
declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en
la demanda y a los medios de convicción regular y oportunaménte agregados al plenario. [ ... }
Cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del
principio relativo al debido proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública
demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados
en la demanda y, por otra parte, en atención a que ésta jamás tendía opción de ejercer en ese caso
el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientesa rebatir los elementos de juicio
eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuéncial condena al pago de los
perjuicios".
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrerp de 1995, expediente S-123.
30 Recurso de apelación. Folio 709, cuaderno principal.
31 El articulo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de
&esentación de la demanda, fue
derogado de manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C- 818 de 10 de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del
CRACA, la competencia en los asuntos referidos en la Ley 270 ..de 1996, se rige conforme a lo
previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código.
32 Al punto, viene bien recordar que la controversia que planteó erV torno al acto administrativo que

declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo que désempeñaba, se deslindó de la
11
presente actuación a partir de la fijación del litigio. Í

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

los lineamientos trazados por la jurisprudencia de esta Corporación33. Esto, porque las
decisiones que pusieron fin a las actuaciones penales adelantadas contra el señor
Suárez datan del 8 de julio de 1997, la relacionada con los delitos de concierto para
delinquir y de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto; del 28 de julio de 2004,
la atinente a los delitos de falsedad ideológica en documento público y de abuso de
función pública; y del veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011) la que declaró
la prescripción de la acción penal adelantada en contra de Ramiro Suarez, por los
delitos de cohecho impropio y de peculado por uso. Por tanto, el plazo para el ejercicio
oportuno de la acción corrió desde el día siguiente de la última decisión judicial en
mención, por corresponder al momento en el que quedó resuelta, de manera definitiva,
la situación jurídica del sindicado. Y, entonces, considerando que los demandantes,
el cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013), solicitaron la realización de audiencia
de conciliación prejudicial sobre el asunto al que se contrae este litigio, vale decir, más
de 6 meses antes de que feneciera el plazo inicial de ley para el ejercicio oportuno del
medio de control de reparación directa, y que dicha conciliación fue declarada fallida
el diecinueve 19 de marzo siguiente35,la presentación de la demanda, acaecida el,
veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013))36, fue oportuna. Por otro lado, en
cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como ya se
mencionó, los demandantes protestaron una indebida e injustificada dilación del juicio
penal surtido en contra dél señor Suarez. Entonces, al tratarse de un daño que se
extendió en el tiempo, el conteo del término de vigencia de la acción inició en el
momento en que cesó el trámite judicial, es decir, con la ejecutoria de la providencia
que finalizó el proceso. Por tanto, está acreditado que las pretensiones derivadas de
la dilación injustificada del trámite también se plantearon cuando el medio de control
estaba vigente.

Además, porque la Sala encuentra, respecto a la legitimación en la causa, lo
siguiente:

Ramiro Suarez fue la persona que soportó la medida de detención preventiva y el
proceso penal adelantado en su contra, por lo que se encuentra legitimado en la
causa por activa. Cristian Camilo Suarez Raigosa37, Héctor David Suarez Bastidas38
y Felicinda Suarez Guarniz039 están legitimados en la causa por activa, al acreditar
su relación de parentesco con la víctima directa. No ocurre lo mismo con relación a
la señora María Trinidad Bastidas Mejía. Para acreditar legitimación, trajo al proceso
un acta de una audiencia de conciliación celebrada el 28 de octubre de 2013 ante
el Juzgado Segundo de Paz del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, así
como una declaración extrajuicio40, en las que el señor Suarez y María Trinidad
Bastidas Mejía hicieron constar que la segunda depende económicamente del
primero, que ambos conviven en unión marital de hecho hace 25 años, y que de
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 7 de mayo de 2018,

expediente 41495; y del 19 de noviembre de 2021, expediente 50564.
14 Acta de audiencia de conciliación prejudicial. Folio 234, cuaderno 1.
35 Constancia de conciliación extrajudicial. Folio 236, cuaderno 1.
36 Demanda. Folio 10, cuaderno 1.
37 Copia del registro civil de nacimiento de Cristian Camilo Suarez Raigosa, identificado con indicativo
serial 14181401 y con fecha de inscripción del 28 de julio de 1989. Folio 250, cuaderno 1. En ese
documento quedó registrado que el padre del señor Suarez Raigosa es Ramiro Suarez.
38 copia del registro civil de nacimiento de Héctor David Suarez Bastidas, identificado con indicativo

serial 15049387. En ese documento quedó registrado que el padre del señor Suarez Bastidas es
Ramiro Suarez.
39 Copia del registro civil de nacimiento de Ramiro Suarez, con fecha de inscripción el 22 de enero

de 1975 ante la Notaría Segunda de Barranca bermeja. En el documento no se permite establecer el
número de indicativo serial, pero está consignado que la madre del señor Suarez se llama Felicinda
Suarez Guarnizo. Folio 225, cuaderno 1 (anverso).
40 Declaración extraprocesal. Folio 259, cuaderno 1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01(57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros

aquella relación afectiva se procreó un hijo llamado Héctor David Suarez Bastidas41;
circunstancia esta última acreditada con la copia del registro civil de nacimiento
incorporado en este proceso, identificado con el indicativo serial 15049387 y con
fecha de inscripción el 3 de enero de 1990 ante la Notaría Sexta de Bogotá42. A
juicio de esta Subsección, la documentación presentáda no es suficiente para
acreditar la convivencia entre la víctima directa y la señora Bastidas Mejía, en la
medida en que ni siquiera hay otros medios de pruebas que respalden lo sostenido
por los declarantes. Asimismo, no puede pasarse por alto que los jueces de paz
carecen de competencia para conocer acciones judiciales que versen sobre el
estado civil de las personas43 y tampoco se les ha atribuido la función de fedatarios
y, si bien pueden realizar conciliaciones, deben hacerlo en el ámbito estricto de los
asuntos en los que tienen competencia, por lo que no resulta válido la constatación
del vínculo afectivo con aquella acta de conciliación. En consecuencia, no está
probada la legitimación en la causa por pasiva de la señpra Bastidas Mejía.

Por pasiva, la persona jurídica llamada a responder es la Nación, y de acuerdo con
los supuestos fácticos planteados en la demanda, ésta vino debidamente
representada por el Fiscal General de la Nación y por el Director Administrativo
de Administración Judicial, pues para la época de.los hechos, al primero le
competía la función de adelantar la etapa de investigación en el proceso adelantado
en contra de Ramiro Suarez y ordenar la medida de aseguramiento y al segundo, la
de impulsar la etapa de juzgamiento de aquel trámite judicial. Así, la Nación -

Ministerio de Justicia y del Derecho carece de legitimación en la causa por pasiva.
1
3.3. Problemas jurídicos

Precisado el marco de juzgamiento de este asunto en segunda instancia, y en
atención a los motivos de inconformidad expuestos en el-escrito de apelación, a esta
Subsección le corresponde resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico
relacionado con el factor de imputación de privacióninjusta de la libertad:

¿La afectación del derecho a la libertad de RamiroT Suarez, acaecida como
consecuencia de la detención preventiva ordenada por la Fiscalía 279 de la Unidad
de Investigaciones Especiales de Bogotá, en un proceso penal en su contra por los
delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto,
falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, cohecho
impropio y peculado por uso, puede considerarse como causa de un daño
antijurídico por privación injusta de la libertad, pese a que, otras fiscalías seccionales
precluyeron la investigación de los cuatro primeros delitos mencionados y el
Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla declaró la prescripción de la acción penal
respecto de los últimos dos?

En el evento de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, la
Subsección definirá este problema jurídico: ¿El daño antijurídico causado a la parte

41
Acta de conciliación. Folio 258, cuaderno 1.
42 Registro civil de nacimiento de Héctor David Suarez Batidas. Folio 261, cuaderno 1.
43 Ley 497 de 1999. "Articulo 90. competencia. Los jueces de paz .conocerán de los conflictos que
las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acueFdo, sometan a su conocimiento,
que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean
sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no sup erior a los cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, los jueces de paz no tendrán competencia para
conocer de las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, así como de las acciones
civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento
voluntario de hijos extra matrimoniales". 1:

8

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

actora es atribuible, por acción u omisión, a la Nación - Fiscalía General de la
Nación Rama Judicial?
-

En caso de que estén configurados los dos anteriores presupuestos necesarios para
declarar la responsabilidad del Estado, deberá esta Subsección efectuar un
pronunciamiento sobre la prueba que acredita los perjuicios deprecados en la
demanda, según los criterios jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado.

En segundo lugar, la Sala resolverá este interrogante vinculado al factor de
imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia:

¿La parte actora acreditó la dilación injustificada del proceso penal en contra de
Ramiro Suarez, para efecto de demostrar la deficiencia grosera que protesta, en el
servicio de administración de justicia?

3.4. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas jurídicos
enunciados

Las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se relacionan
a continuación, estuvieron a disposición de las partes en este contencioso y no
fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba
válidos44.

3.4.1. Ramiro Suarez, el 1° de julio de 1992, comenzó a laborar en la Dirección
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla de la Fiscalía
General de la Nación, en el cargo de Investigador Judicial 145.

3.4.2. Con fundamento en un informe rendido el 18 de octubre de 1994 por el Jefe
de la Oficina de Veeduría del órgano investigador, la Fiscalía, el 29 de octubre del
mismo año, vinculó en una investigación penal a algunos funcionarios de la
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Barranquilla, entre
ellos al señor Suarez, porque, al parecer, habrían incurrido en algunas
irregularidades y arbitrariedades relacionadas con el procedimiento de incautación
de armas y de inmovilización y retención de automotores, que tenía como objetivo
indagar si era o no ilícita su procedencia, si presentaban alteración en sus números
de identificación o si eran auténticos aquellos números. Las irregularidades
establecidas, entre otras, fueron: i) no poner de manera oportuna el vehículo a
disposición de las autoridades competentes; u) exigir una suma de dinero a los
propietarios para la restitución del automotor; iii) uso indebido de los vehículos para
su propio beneficio; iv) cambiar las placas de identificación para poder desplazarse
en ellos; y) la sustracción de repuestos o accesorios de los vehículos; y vi) la

44 El artículo 176 del código General del Proceso (cGP), aplicable en este caso, prescribe que las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. En
ese orden, esta Subsección considera pertinente hacer las siguientes precisiones sobre las pruebas
que serán valoradas. De las pruebas documentales allegadas como medios de convicción a este
proceso, los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su
eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias
simples traídas al plenario seráh tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de tacha de
falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos y
privados, de conformidad con el artículo 244 del CGP, emanados por las partes o terceros, aportados
en original o en copia, se presumirán auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso.
'
certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación. Folio 210, cuaderno 1.

9

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

restitución de armas retenidas a su propietario, sin la competencia asignada para
ello46.

3.4.3. La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolpción número 0-239247 el 27
de octubre de 1994, en la que declaró insubsistente e nombramiento efectuado a
Ramiro Suarez, como Investigador Judicial 1.

3.4.4. Ramiro Suarez rindió indagación el 11 de noviembre de 199448.

3.4.5. La Fiscalía 279 de la Unidad de Investigaciones Especiales de Bogotá, el 25
de noviembre de 1994, impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva en contra de Ramiro Suarez, entre otros, por el delito de concierto para
delinquir, en concurso con las conductas punibles de cohecho impropio, peculado
por uso, abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público y hurto
agravado.

3.4.6. Ramiro Suarez presentó alegatos de conclusión el 1° de agosto de 1995 0.

3.4.7. La Fiscalía Seccional 157 de la Unidad Sexta deDelitos contra la Fe Pública
y el Patrimonio Económico, con resolución expedida el 15 de septiembre de 199551,
calificó el mérito del sumario, en el sentido de acusar a Ramiro Suarez de haber
cometido, en condición de coautor, el delito de concierto, para delinquir, en concurso
con las conductas punibles de cohecho impropio, péculado por uso, abuso de
función pública, falsedad ideológica en documento público, abuso de autoridad por
acto arbitrario e injusto, y hurto agravado.

3.4.8. Un apoderado de los otros funcionarios incrimindos52 interpuso recurso de
reposición, yen subsidio el de apelación, contra la aludida resolución de acusación.

3.4.9. En dos escritos diferentes, Ramiro Suarez, en nombre propio y a través de
su apoderado, también apeló la anterior resolución de acusación. El 25 de
octubre53 y el 30 de noviembre54 de 1995, sustentó cada uno de los medios de
impugnación.

3.4.10. La Fiscalía, el 11 de diciembre de 1995, negó el recurso de reposición
mencionado en el numeral 3.4.8. de esta providencia. .En consecuencia, concedió
el recurso de apelación respectivo.

3.4.11. El 12 de enero de 199656, la Fiscalía concedió:los recursos de apelación
interpuestos por el señor Suarez.
46 Resolución que impuso medida de aseguramiento de detenión preventiva. Folios 20 y 21,
cuaderno 1. Resolución que resolvió el recurso apelación contra la resolución de acusación. Folios
554 y 555, cuaderno 1.
47 Resolución que declaró insubsistente al señor Suarez. Folio 209, cuaderno 1.
46 Providencia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla. Folio 621, cuaderno 1.

49 Resolución que impuso medida de aseguramiento. Folios 20 43y 394 a 417, cuaderno 1.
50 Alegatos de conclusión. Folios 418 a 423, cuaderno 1.
51 Resolución de acusación. Folios 44 a 126 y 424 a 511, cuaderno 1.
52 Yojairo García interpuso el recurso de reposición en nombre del procesado, José Sequeda

Pimienta. Folios 549, cuaderno 1.
53 Sustentación del recurso de apelación interpuesto por el señor Suarez en nombre propio. Folios
512 a 540, cuaderno 1.
54 Sustentación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Suarez. Folios 541

a547, cuaderno l.
55 Resolución en la que se absolvió de resolver el recurso de apelación. Folios 549, cuaderno 1.
56 Ibid.

10

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

3.4.12. La Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá
D.C. y Cundinamarca, el 22 de enero de 1996, se abstuvo de resolver los
recursos de apelación interpuestos contra la resolución de acusación57, toda vez
que, en su criterio, esa autoridad no había adquirido la plena competencia para ello,
si la Secretaría de la Fiscalía no había concluido de manera satisfactoria el
procedimiento de notificación de la decisión proferida el 11 de diciembre de 1995.
Reconoció que, si bien ya se había obtenido la competencia para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el señor Suarez, era necesario garantizar la unidad
procesal para que la totalidad de los medios de impugnación se resolvieran en la
misma oportunidad58.

3.4.13. Superada la anterior limitación procesal, la Fiscalía Delegada ante los
Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá D.C. y Cundinamarca, el 8 de julio de
1997, resolvió los citados recursos de apelación, en el sentido de: i) confirmar la
acusación promovida por el ente investigador, en lo que atañe a los delitos de
peculado por uso y de cohecho impropio; y u) revocar la acusación formulada
por la Fiscalía, respecto de los delitos de concierto para delinquir y de abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto, y, en su lugar, precluir la investigación
penal que se adelantaba sobre aquellos hechos ilícitos60.

Ese mismo día, el ente investigador declaró la nulidad parcial del cierre de la
investigación adelantadá contra Ramiro Suarez, en cuanto a los delitos de abuso
de función pública y falsedad ideológica en documento público, para efectos
de realizar algunas diligencias encaminadas a aclarar unos puntos de la
controversia61. También ordenó que la Fiscalía Seccional 157 de la Unidad Sexta
de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico compulsara las copias de
lo actuado respecto de la comisión del delito de hurto agravado, con destino al
reparto de los jueces penales municipales de Barranquilla, por ser este hecho
punible de su competencia, según lo preceptuado en la Ley 228 de 199562.

Como consecuencia de aquellas decisiones, la Fiscalía concedió la libertad
provisional al señor Suarez63 y dispuso la cancelación de la orden de captura
librada en su contra64.

3.4.14. En firme la resolución de acusación, el expediente del proceso penal fue
asignado al Juzgado Tercero Penal de Barranquilla, para que este surtiera la etapa
de juzgamiento65.

3.4.15. El 20 de noviembre de 200166, Ramiro Suarez solicitó al Juez Tercero Penal
del Circuito de Barranquilla que le informara a la Policía Nacional la cancelación de
la orden de captura en su contra, desde el 8 de julio de 1997, ya que todavía en las
bases de datos de la Fuerza Pública registraba como "vigente".

57 Resolución en la que se absolvió de resolver el recurso de apelación. Folios 548 a 551, cuaderno
1.
58 ¡bid. Folio 550, cuaderno 1.
59 ¡bid. Folios 127 a 187 y553 a 613, cuaderno 1.
60
¡bid. Folio 184, cuaderno 1.
61
¡bid. Folios 166 a 170 y 185, cuaderno 1.
62 Ibid. Folio 156, cuaderno 1.
63
¡bid. Folios 178, 179, 185 y 186, cuaderno 1.
64 ¡bid. Folio 187, cuaderno 1.
65
Providencia del juzgado Séptimo Penal de Barranquilla. Folio 622, cuaderno 1.
66
Comunicación dirigida al Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla. Folio 616, cuaderno 1.

11

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

3.4.16. La Secretaría del referido juzgado penal, el 15 de enero de 200367, puso de
presente que entre alguno de los procesados y la titular de aquel despacho existe
un vínculo afectivo. Por lo anterior, el Juez Tercero Penal de Barranquilla, el 16 de
enero de 200368, declaró su impedimento para conocer la investigación penal
adelantada en contra de Ramiro Suarez; y, en consecuencia, remitió el expediente
de aquel proceso al Juez Cuarto Penal del mismo circuito judicial.

3.4.17. La Fiscalía 33 Delegada ante la Unidad de Delitos contra el Patrimonio
Económico, la Fe Pública y otros, el 28 de julio de 200469, precluyó la
investigación penal que cursaba en contra de Ramiro. Suarez, por los delitos de
falsedad ideológica en documento público y de abuso de función pública.

3.4.18. Ramiro Suarez, el 24 de noviembre de 2005 y pl 20 de marzo de 2009 0,
solicitó al Juez Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, que expida una
certificación dirigida al Departamento Administrativo ide Seguridad, Seccional
Barranquilla, en la que informara los datos del proceso penal adelantado en su
contra, e hiciera constar la decisión dictada el 8 de julio :de 1997 por la Fiscalía.

3.4.19. Luego, se observa que el conocimiento del proceso penal fue redistribuido
al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla71 que, el 22 de agosto de
201172 , declaró la prescripción de la acción penal-adelantada en contra de
Ramiro Suarez, por los delitos de cohecho impropio yde peculado por uso. En
todo caso, ordenó que se compulse copias al Consejo Seccional de la Judicatura
de Barranquilla, para que este investigue las supuestas fallas en las que pudieron
incurrir los jueces tercero y cuarto penal de Barranquilla, por no impulsar con la
debida diligencia y eficiencia las etapas del proceso penal.

3.5. Consideraciones sobre los problemas jurídicos relacionados con la
privación injusta de la libertad de Ramiro Suarez 91

3.5.1. La prueba del daño y de su antijuridicidad

La cláusula general de responsabilidad patrimonial de¡ Estado regulada en el
artículo 90 de la Constitución Política, establece que el: Estado tiene la obligación
de responder "patrimonialmente por los daños antijurídiçs que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades Øúblicas". La jurisprudencia
del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida
requiere la demostración de los siguientes elementos (i) el daño y su carácter
,
antijurídic073 y (u) la imputabilidad al Estado, que se •centra en constatar si el
menoscabo es atribuible a la acción u omisión de ¡a parte demandada. Esta
imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, que se verifica
en función del principio de causalidad, y otra en el plano.jurídico, que se verifica en
función de la carga obligacional del órgano demandado74.

67 Informe secretarial. Folio 618, cuaderno 1.
66 Providencia de declaración de impedimento. Folio 619, cuadernol.
69 Resolución que precluyó la investigación penal, por unos delitos. Folios 188 a 192, cuaderno 1.
70 Comunicaciones dirigidas al Juez Cuarto Penal de Barranquilla. Folios 201
y 202, cuaderno 1.
71 Comunicación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. Folio 198,

cuaderno 1.
72 Auto dictado por el Juez Séptimo Penal de Barranquilla. Folios 193 a 197
y 621 a 626, cuaderno
1.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.
.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, expediente
29195.

12

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

Con relación al primer elemento, el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es
decir, i) que exista lesión a un bien jurídico tutelado que tenga consecuencias ciertas
en el patrimonio económico o moral del titular, y U) que quien padece el daño no
tenga el deber jurídico de soportar1075.

En los eventos en los que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en
virtud de las facultades de investigación de los delitos que están en cabeza del
Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva y
excepcional, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se
configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, bajo la consideración
que el término injusticia hace referencia a una actuación "abiertamente arbitraria,
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales1,76.

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su
determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual
se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue
proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho"77.
Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica de injusta la
medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue
"abiertamente arbitraria", "desproporcionada"y desconocedora de los principios de
razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad
debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese
propósito, exige «valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por
cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone
considerar, independientemente del factor de atribución que se elija, si la decipión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad `78 .

75 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 25 de abril de 2012, expediente 21861.
76
corte constitucional, sentencia c-037 del 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68
de la Ley 270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne
evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho,
sino abiertamente arbitraria".
71 Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta
de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos
premisas señaladas, esto es, que el articulo 90 de la constitución no define un factor de imputación
y que, en todo caso, la falla en el servicio es el factor de imputación preferente, concluyó en la
sentencia c-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir
si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada
y/o juzgada fue proporcionada Ç razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho ( ... )
103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma exige tener en
cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos en los cuales procede la detención
preventiva tienen ínsito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley
2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra
el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas en el proeso".
76
Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.

13

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros

De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el factor
de privación injusta de la libertad no procede con la. sola acreditación de una
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a lo
dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, es necesario que en cada
caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis que,
en lo que atañe al principio de razonabilidad, está directamente relacionado con el
estándar probatorio previsto en cada etapa del prceso penal (principio de
progresividad pena 79.

Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de Ramiro Suarez constituyó una
detención razonable, proporcional y necesaria.

En el caso bajo estudio, de la revisión del expediente no es posible extraer el
momento de captura de la víctima directa, sin embargo, las pruebas incorporadas
al proceso revelan que, el 25 de noviembre de 1994, lalFiscalía impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva, sin derecho al beneficio de excarcelación,
en contra de Ramiro Suarez, medida que se mantuvo hasta el 8 de julio de 1997,
cuando la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá
D.C. y Cundinamarca ordenó su libertad provisional y, además, la cancelación de la
orden de captura librada en su contra80; lo que permite tener por acreditado que la
víctima directa soportó una medida restrictiva del bien jurídico fundamental de
la libertad personal y física, excepcional y preventiva, que generó padecimiento a él
y a sus seres queridos81. Por tanto, la parte actora honró la carga que le asistía de
demostrar el daño o menoscabo a un bien o interés jurídicamente tutelado.

Ahora, para determinar la antijuridicidad del daño, debet tenerse en cuenta que, el
Decreto 2700 de 1991 (norma procedimental vigente para, la ocurrencia de los hechos
que dieron lugar al proceso penal), en sus artículos • 388 y 397, fijó la detención
preventiva como una medida de aseguramiento, que procedía cuando las pruebas
legales recaudadas en el proceso permitían inferir Mlida e indicíariamente la
participación del sindicado en la comisión del delito objeto de investigación, cuya
pena de prisión era de dos años o más. Por tanto, debe establecerse si la medida
impuesta a Ramiro Suarez fue razonable y legal en función del mérito que arrojaban
las pruebas y a la luz del estándar probatorio exigido por el artículo 388 del
mencionado decreto, para luego verificar su carácter necesario y proporcional.

La jurisprudencia de esta Corporación ha planteado la siuiente definición del indicio
11
y los elementos que la integran, así:

79 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia. Sentencia del 29 de abril de 2021,

expediente 00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso
penal tiene dos vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos
y con carácter preclusivo que lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en tanto que la
segunda apunta a la definición progresiva y vinculante de su objeto, qúe no es otro que el de establecer
la verdad de los hechos investigados. Por lo anterior, la queja que cifra el defensor en que el delito por
el cual ha sido convocado a juicio ( ... ) no es el mismo por el cual se le definió la situación jurídica, está
enmarcada en la estructura conceptual del debido proceso caracterizado por el principio de
progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la certeza".
60 Decisión que resuelve el recurso de apelación contra la resolución de acusación. Folio 187,

cuaderno 1.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,

expediente 36149.

14

Radicado: 08001-23-33-000-2013-00620-01 (57313)
Demandantes: Ramiro Suarez y otros

'Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el
testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el
juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez
tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros
hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o
científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con
apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan
en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra
con los siguientes elementos:

• Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas
que se dejan al actuarla motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de
un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso. 11 Una regla de
-

experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la
elaboración del razonamiento. 11 Una inferencia mental: el razonamiento, la
-

operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de
causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.
11 El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental1,12 .
-

De conformidad con lo anterior, y en atención a la exigencia derivada del debido
proceso de motivar las premisas que componen el razonamiento judicial83, se
considera que la construcción de la prueba indiciaria requiere, en primer lugar, la
demostración de los hechos indicadores, mediante la identificación y valoración de
las pruebas válidas y eficaces que los acreditan; y, en segundo lugar, la exposición
de un razonamiento que, conforme a la lógica yio las máximas de la experiencia, se
derive de los hechos indicadores.

Traídas estas nociones al caso bajo estudio, la Sala observa que los hechos
indicadores de la comisiónde los delitos investigados surgieron, en primer lugar,
del Informe número 438 del 30 de mayo de 1994, suscrito en tal fecha por Ramiro
Suarez, en el que se hizo constar que unos revólveres de propiedad de Loys Cantillo
Beltrán y Wilfrido Rafael Cantillo González se encontraban en las instalaciones del
C.T.I. de la Fiscalía, pasando por alto el acta de entrega de aquellas armas, con la
firma del procesado y fechada el 5 del mismo mes y año; lo que permitía inferir un
documento público que faltaba a la verdad en su contenido, por omitir la devolución
de elementos incautados. Además, que la referida acta de entrega revelaba la
asunción de funciones por parte del señor Suarez que no estaban a su cargo,
porque quien debía realizar aquella restitución de elementos retenidos eran los
Fiscales encargados de la investigación. En segundo lugar, del libro de control
llevado por el servicio y vigilancia del parqueadero del centro cívico, que daba
cuenta de algunas irregularidades en los vehículos retenidos como sustracción de
algunas de sus partes o modificación de sus accesorios, corroborado por
declaraciones de propietarios de vehículos retenidos, quienes pusieron de presente
la exigencia de sumas de dinero por parte de funcionarios del C.T.I. a cambio de la
restitución de automotores retenidos o la utilización de los vehículos para su uso
personal, incluso en ciudades ajenas a la jurisdicción de la seccional incriminada.
Esta última circunstancia habilitaba la deducción para establecer la participación del
señor Suarez en los hechos punibles, comoquiera que, en el ejercicio de sus
funciones, era una de las personas encargadas de custodiar las llaves de los

82
consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15700,
reiterada en la sentencia de la Subsección A del 10 de julio de 2013, expediente 27913.
83 Corte constitucional.
Sentencia T-589 de 2010.

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

vehículos o de gestionar la distribución de los automotores a las personas que
adelantarían investigaciones penales sobre esos elementos.

Con todos estos elementos de juicio, la Sala encuentra satisfecho el estándar
probatorio exigido para proferir la medida de aseguramiento en contra de Ramiro
Suarez, pues había indicios suficientes para inferir que el sindicado participó en las
irregularidades relacionadas con la entrega de unas armas que hablan sido
incautadas, y con la administración y custodia de vehículos retenidos por la
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla de la
Fiscalía General de la Nación, es decir, su probable provisionalmente
responsabilidad en la comisión de las conductas puniblés investigadas.

Precisado lo anterior, la medida privativa de la libertad impuesta en contra de Ramiro
Suarez estuvo basada en la inferencia que hizo el fiscal.a partir de pruebas válidas
y eficaces que daban cuenta armónica, hasta ese momento, de los delitos objeto de
la instrucción penal, y que, además, revelaba sucesos que permitieron al fiscal, a
través de un razonamiento lógico y basado, no solo en la experiencia sino en el
deber legal que pesaba sobre el sindicado, inferir la pobable participación en las
conductas investigadas.

Como elemento adicional, hay que destacar que la investigación a la que se vinculó
Ramiro Suarez, cursaba por los delitos de falsedad ideológica en documento público
y concierto para delinquir, cuya sanción superaba los dos años de pena de prisión,
según lo prescrito en los artículos 18684y 21985 del Código Penal vigente para
esa época. Inclusive, es preciso destacar que el Decreto 2700 de 1991, en su
artículo 39766, era claro en ordenar que la detención preventiva procedía para
delitos, entre otros, como el cohecho impropio, que también le fue endilgado al
señor Suarez.

Por los motivos expuestos, la decisión de restringir el derecho a la libertad del señor
Suarez resultó razonable, porque contó con los elemeptos materiales probatorios
suficientes que daban cuenta de que el investigado, podía ser coautor de las
conductas delictivas objeto de investigación.

Ahora, la medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a
que el tiempo en que estuvo detenido el señor Suarez, no fue siquiera próxima a la
pena de prisión fijada para los delitos por los que er.a procedente la detención
preventiva (concierto para delinquir y falsedad ideológía en documento público).
Finalmente, la medida se revelaba necesaria, porque lás imputados constituían un
peligro para la comunidad, teniendo en cuenta que los hechos demostrados hasta
ese estadio del proceso permitían inferir razonablemeñte que los investigados se
valían de la necesidad de los ciudadanos de que les restituyeran el vehículo
retenido, con sus accesorios y repuestos, para derivar de ella provecho propio, y
que con su proceder podían haber incurrido en un número plural de delitos con

84 Decreto Número 100 de 1980. "Artículo 186. Concierto para delinquir, cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será p.e.nada, por este solo hecho, con
prisión de tres (3) a seis (6) años".
85 .Decreto Número 100 de 1980. "Articulo 219. Falsedad ideológica en documento público. El

empleado oficial que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir
de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres
(3) a diez (10) años".
86 Decreto Número 100 de 1980. "Articulo 397.de la detención. La detención preventiva procede en

los siguientes casos: ( ... ) 3. En los siguientes delitos: ( ... ) cohecho impropio (artículo 142) (.4".
-

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

grave compromiso e impacto negativo para la administración pública (concierto para
delinquir, abuso de función pública, entre otros).

Por lo expuesto, la Sala concluye que la medida de aseguramiento de detención
preventiva de la que fue objeto Ramiro Suarez, estuvo sustentada en un título
jurídico que atendió las nqrmas constitucionales y legales que justifican y legitiman
la limitación del derecho a la libertad de manera excepcional y preventiva87, bajo los
presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. En consecuencia,
ausente de prueba, como se halla el daño antijurídico que los actores pretendían
les fuera reparado, no hay lugar a avanzar a juicio de imputación, por lo que se
confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, encaminadas a
establecer el carácter injusto de la privación de la libertad del procesado.

3.6. Consideraciones sobre el problema jurídico vinculado al defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia

Los demandantes invocaron el factor de imputación de defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por la morosidad causante de la indebida extensión
de las etapas de investigación y de juzgamiento del proceso penal que cursaba en
contra de Ramiro Suarez, ya que los órganos demandados pretermitieron los
términos preceptuados en' el Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de
1991), al tramitar el aludido juicio penal.

Este factor de atribución de responsabilidad está regulado en el artículo 69 de la
Ley 270 de 1996, así: "Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta
ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función
jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación". Esta Sección ha
interpretado aquella norma, en el sentido de indicar que el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia es un evento de responsabilidad
aplicable solo cuando no existe una providencia judicial a la que se le pueda atribuir
un error jurisdiccional o cúando no se alegue un daño derivado de la privación
injusta de la libertad. Así, el defectuoso funcionamiento ocurre en el desarrollo de la
actividad judicial desplegada para adelantar el proceso o para lograr la ejecución de
providencias judiciales, funciones que están a cargo de funcionarios, empleados
judiciales y particulares investidos de función judicial88.

Esta Corporación89 también manifestó que son características de este factor de
imputación:¡) que acaece frente a actuaciones u omisiones, diferentes a
providencias judiciales necesarias para adelantar un proceso; u) puede provenir de
funcionariós, empleados judiciales y de particulares que ejerzan facultades
judiciales; iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la
comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; iv)
es un factor de imputación de carácter subjetivo; y y) se manifiesta de tres formas:
en el mal funcionamiento de la administración de justicia, en la falta de
funcionamiento o en el funcionamiento tardío, supuesto este último al que alude la
controversia objeto de análisis en esta instancia.

87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia dei 29 de octubre de 2018,
expediente 46932.
88
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 31164.
En este sentido véanse también las sentencias del 16 de febrero de 2006, expediente 14307 y del
15 de abril de 2010, expediente 17507.
89
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 12 de febrero, expediente 28857 y del 26 de
septiembre de 2013, expediente 28164.

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

Las anteriores características parten de un supuesto común: la carga que padece
toda persona de soportar las investigaciones que adelanten las autoridades con el
fin de determinar su participación en la comisión de hechos punibles, de modo que
el solo enunciado de la vinculación del sujeto a una investigación penal no presta
mérito para inferir padecimiento de daño antijurídico. Diferente es el predicado que
se impone si el daño es causado por una investigación que se extiende
injustificadamente, desbordando la carga que toda persona está obligada a
soportar, como afirma el actor que ocurrió en su caso con ocasión de la
investigación penal referida.

En tales casos, la jurisprudencia de esta Corporación expresó que, para derivar
responsabilidad del Estado por la extensión de una actuación judicial, no basta con
la demostración de que se excedieron los términos previstos en la ley. Es menester
acreditar, asimismo, que hubo retardo injustificado, con la consideración previa de
la complejidad que entraña el asunto, del comportamiento observado por las partes
en el trámite procesal, del volumen de trabajo que sopqrtaba el Despacho para la
época en que tuvo a cargo el trámite cuestionad y de los estándares de
funcionamiento de la autoridad judicial establecidos, no por simple comparación con
los términos ordenados en la ley, sino con referencia al promedio de duración de
procesos equiparables al que es motivo de reproche por retraso. Estos aspectos
deben analizarse en atención a la propia realidad de la Administración de Justicia y
no a las expectativas que podría generar un Estado ideal90. Al respecto, esta
Colegiatura ha dicho:

I. ¡Esta Corporación ha considerado que en este ;tipo de asuntos, en los que
subyace la crítica por dilación injustificada de 'la actuación judicial, debe
considerarse ' si ese retardo estuvo o no justificado, donclusión a la cual se llegará
luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento de los sujetos
procesales, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que
tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no
están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración
de los procesos del tipo por el que se demanda la mora'.

Este lineamiento jurisprudencia¡ sigue el trazado del derecho convencional, en
particular, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así
como la jurisprudencia de la CIDH, que ha manifestado que para determinar si un
Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazb razonable, deben analizarse
los siguientes criterios: a) Marco temporal del proceso.; b) Complejidad del asunto;
b) Actividad procesal del interesado, c) Conducta de las autoridades; y d) Afectación
jurídica de la parte interesada"91. 1

La revisión de los documentos aportados a este contencioso permite apreciar un
incumplimiento en los términos legales para agotar las etapas del juicio penal contra
Ramiro Suarez; sin embargo, en virtud del parámetro jurisprudencia¡ ya expuesto,
esto resulta insuficiente para endilgar responsabilidad al demandado, en tanto que
no revela datos necesarios para valorar la complejidad que entrañaba el asunto, del
que por cierto se observa, surgieron varias investigaciones contra otras personas".

Ahora, no se puede determinar la diligencia observada por las autoridades que
tuvieron a su cargo la investigación y la etapa de juzgamiento, e incluso la
colaboración que brindó el investigado, comoquiera no está presente la totalidad del

° consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 11 de mayo de 2011, expediente 22322; y
del 26 de agosto de 2011, expediente 27524 y del 14 de septiembre de 2017, expediente 48271.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2018, expediente 41978.
92 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de agosto de 2021,
expediente 52792.

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expediente del proceso penal, que dé cuenta de todo lo ocurrido. Nada se conoce
sobre el volumen de trabajo que soportaban los jueces penales que, en su
momento, tuvieron a su cargo la controversia penal; o los Fiscales encargados de
dictar la resolución de calificación del mérito del sumario o de definición de la
situación jurídica. También se echa de menos la información de los estándares de
funcionamiento de aquellas autoridades, que no se obtienen con la simple
comparación con los términos establecidos en la ley, sino en relación con el
promedio de duración de procesos equiparables al que es objeto de estudio por
dilación. Por último, es del caso destacar que la sola exposición del tiempo que
tardaron las decisiones y, sobre todo, el desacuerdo con su contenido y la forma de
fallar de los órganos encargados del proceso penal en aquella época no presta
suficiente fundamento para predicar un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia93.

El artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión de la
Ley 1437 de 2011, establece el principio de la "Carga de la prueba", referente a que
corresponde al demandante demostrar los supuestos fácticos que fundamentan su
pretensión y al demandado los hechos en los que basa sus excepciones. El
incumplimiento de esta carga por parte de los actores impide atribuir el daño al
órgano demandado, dilación que, por demás, y al margen del reproche que hubiera
podido comportar si se hubieran allegado los elementos probatorios para
demostrarla, redundó en favor del investigado, pues fue la causa para que, vía
prescripción, cesara la investigación penal que contra sí pesaba. En consecuencia,
la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda, en cuanto a la configuración del factor de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

W. CONDENA EN COSTAS

El concepto de costas procesales está íntimamente relacionado con todos los gastos
o expensas necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza, que se
denominan gastos ordinarios; de igual manera, incluye las agencias en derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento de la parte vencedora en
el litigio. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que "la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil". En ese orden de ideas, el numeral 1° del articulo 365
del CGP prevé que "[sje condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código".

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra el fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la apelante a pagar
las costas causadas en ambas instancias; erogación económica que deberá ser
liquidada, de manera concentrada, por el Tribunal de primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del CGP.

Ahora bien, esta Sala fija como agencias en derecho en segunda instancia la suma de
1 SMLMV, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-1 0554 de

93 ¡bid,

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Demandantes: Ramiro Suarez y otros

2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura94 y, comoquiera que la parte
demandada no ejerció actuaciones en el trámite de la alzada de este proceso.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de María
Trinidad Bastidas Mejía, y por pasiva, de la Nación Ministerio de Justicia y del
-

Derecho. -

SEGUNDO: CONFIRMASE la sentencia proferida el 5 de febrero de 2016 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante a pagar las costas
causadas en ambas instancias, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, incluyendo las agencias
en derecho por 1 SMLMV que se fijaron en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo. 1

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

ICOLAflEPES OR
Presidente
Aclaración de y

JAIME E1IQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SANCHE UQUE
Magistrado rad o
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
36.146-15#1, Rad. 45.655-19 #2 y
Rad. 50.668-20

94 ACUERDO PSAA16-10554 de 2016. El articulo 5 establece que para los procesos declarativos en
segunda instancia será "Entre 1 y 6 S.M.M.L.V".

20

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