Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00721-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Auxilio de cesantias: sanción moratoria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00721-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00721-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
19 de abril de 2018
AUXILIO DE CESANTIAS - Sanción moratoria / SANCION MORATORIA - Recuento normativo / SANCION MORATORIA - Un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Cuarenta y cinco días hábiles para el pago de las cesantías so pena de incurrir en mora / PRESCRIPCION TRIENAL - Tres años a partir de que se hace exigible la obligación / SANCION MORATORIA - Operó prescripción
La Subsección estima que, tal como lo decidió el a quo, la contraloría distrital de Barranquilla desconoció los plazos previstos para el pago de las cesantías definitivas del demandante, configurándose en consecuencia, la sanción prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, que modificó la 244 de 1995 como a continuación se sustentará. Si bien es cierto que, el demandante no acreditó la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, también lo es que fueron reconocidas mediante la Resolución 729 de 17 de julio de 2002, por lo que los 45 días hábiles de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, se deben contabilizar desde la firmeza del aludido acto administrativo, término que sobrepasó la entidad encargada del reconocimiento y pago de las cesantías en el sub lite. Se demostró que operó la prescripción extintiva del derecho, porque el demandante tenía tres años para reclamar la sanción moratoria contados a partir del día siguiente a que esta se hizo exigible, es decir, desde el 15 de octubre de 2002 hasta el 14 de octubre de 2005, término que no se interrumpió en la medida que la reclamación ante la administración solo se agotó el 11 de julio de 2013.
FUENTE FORMAL: LEY 1071 DE 2006 / LEY 50 de 1990 / LEY 244 de 1995
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00721-01(2653-15)
Actor: CARLOS MANUEL ORTEGA BALLESTAS
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Subsección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 24 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
LA DEMANDA
El señor Carlos Manuel Ortega Ballestas, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla- contraloría distrital.
Fundamentos fácticos relevantes.
1. El demandante laboró para la Contraloría Distrital de Barranquilla durante el periodo del 25 de julio de 2001 hasta el 14 de mayo de 2002, en el cargo de auxiliar de revisión de cuentas, código 401, grado 08.
2. Su último salario promedio devengado fue $720.000.
3. Se le reconocieron las cesantías definitivas y otras prestaciones mediante resolución 0729 del 17 de julio de 2002, que fue notificada el 1.º de agosto de 2002. Contra la misma no se interpuso recurso alguno.
4. El actor primero presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral el 17 de junio de 2011.
5. Posteriormente presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa a fin de que se le reconozca y pague la sanción moratoria contemplada en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
6. Al señor Ortega Ballestas no le han reconocido, cancelado ni pagado, hasta la presente fecha, la sanción por el retardo y mora en el pago de la liquidación de sus cesantías definitivas, según el artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
7. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla es solidariamente responsable del pago de la sanción y de los derechos que se reclaman, pues los recursos de la Contraloría Distrital de Barranquilla provienen del distrito.
8. El 11 de julio de 2013 el demandante presentó sendas peticiones ante la Contraloría Distrital de Barranquilla y la Alcaldía Distrital de Barranquilla el pago de sus cesantías definitivas y demás prestaciones sociales reconocidas en la Resolución 0729 de 17 de julio de 2002 y la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
9. Las solicitudes fueron resueltas mediante oficio DJ-012-001-0083-13 de 23 de julio de 2013 suscrito por el Contralor Auxiliar Departamento Jurídico (e) de la Contraloría Distrital de Barranquilla, notificado el 26 de julio de 2013. Y a través de oficio O.J. 3196 de 13 de agosto de 2013 y notificado el 22 de agosto de 2013.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, a modo de antecedentes, se realiza el resumen de la audiencia inicial celebrada en el presente proceso.
3.1 Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Esta figura «[…] insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo […]».
En folio 198 se observa que se declararon no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva; la primera, dado que «[…] en su formulación se inicia el conteo de dicho término desde la Resolución No. 0729 de 17 de julio de 2002, y no desde la notificación de los actos demandados, que son el Oficio O.J. 3196 de agosto 13 de 2013 proferido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla y el Oficio DJ-012-001-0083-13, suscrito por el Contralor Auxiliar del Departamento Jurídico de la Contraloría Distrital de Barranquilla» y, la segunda, en el entendido que no se puede desvincular la entidad territorial, pues, si bien, la contraloría distrital cuenta con autonomía financiera y administrativa no ostenta personería jurídica para actuar de forma independiente. Con relación a las excepciones de prescripción y subrogación de la obligación propuestas por la contraloría distrital de Barranquilla, el a quo indicó que sería analizada en la sentencia, por guardar estrecha relación con el fondo del asunto.
Contra dicha decisión no hubo pronunciamiento de las partes.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
Esta importante etapa procesal «[…] es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última».
En el presente caso a folio 199 en la audiencia inicial se fijó el litigio respecto a las pretensiones, así:
De conformidad con lo planteado en los supuestos fácticos y lo pedido en las pretensiones de la demanda, y en punto a que las partes conocen la numeración de los hechos y su contenido, se advierte que se pretende la nulidad del Oficio O.J. 3196 de agosto 13 de 2013 proferido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla y del Oficio DJ-012-0083-13, suscrito por el Contralor Auxiliar del Departamento Jurídico de la Contraloría Distrital de Barranquilla. Consecuencialmente y como restablecimiento del derecho se solicita el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, y de ello determinar en caso positivo si ha operado el fenómeno de la prescripción parcial de esos derechos que habrían de surgir.
En consecuencia, de encontrarse afectada la legalidad de los actos demandados por algún vicio o causal de anulación de las contenidas en la Ley 1437 de 2011, se procederá al correspondiente restablecimiento del derecho, de lo contrario, se negarán las súplicas de la demanda.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Atlántico, en sentencia de 24 de noviembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Respecto del material probatorio aportado, concluyó el a quo que al demandante se le reconocieron sus cesantías definitivas mediante la Resolución 729 de 17 de julio de 2002, por el período comprendido entre el 25 de julio de 2001 y el 14 de mayo de 2002; acto administrativo que quedó en firme el 9 de agosto siguiente, una vez vencidos los cinco días concedidos para presentar recursos, contados a partir del siguiente de la notificación, sin que se hubiese presentado alguno. Agregó, que en el plenario no existe prueba documental que acredite que dichas cesantías han sido pagadas al demandante.
Estimó que las cesantías del demandante debieron pagarse a más tardar el 15 de octubre de 2002, lo que se hizo hasta el 13 de marzo de 2012, según lo afirma la demandada, por lo que se incurrió en la sanción moratoria de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, y se declara la nulidad de los actos administrativos demandados.
Sin embargo, como la reclamación ante el empleador se radicó el 11 de julio de 2013, es decir más de tres años después de que se causó el derecho, con base en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, prescribieron las no reclamadas oportunamente, de modo que, condenó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla-contraloría distrital al pago de la sanción moratoria, desde el 11 de julio de 2010 hasta el 13 de marzo de 2012.
Por último, con base en la sentencia C-448 de 1996 de la Corte Constitucional, no accedió a la indexación de las sumas adeudadas ni condenó en costas a la parte demandada, porque «[…] no asumió en el proceso una conducta que lo hiciera merecedor a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad».
LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Arguye que la condena la debe asumir la contraloría distrital de Barranquilla con cargo a su presupuesto, habida cuenta que la entidad territorial no es responsable solidaria y solo se encarga de transferirle los rubros para sus gastos de funcionamiento y personal, dado que es un ente de control autónomo administrativa y financieramente, que además fue la entidad que liquidó las cesantías definitivas del demandante, por lo que era su obligación gestionar el pago oportuno.
Contraloría distrital de Barranquilla.
Alega que las contralorías territoriales aunque gozan de autonomía administrativa, financiera y contractual, no cuentan con personería jurídica, por lo que le corresponde a la entidad territorial asumir el pago de las obligaciones laborales y pensionales derivadas del acuerdo de reestructuración del distrito y los fallos judiciales en firme, con cargo a los fondos de la cuenta de liquidaciones del concejo, personería, contraloría, creada por el Acuerdo 11 de 2006 del concejo de distrital de Barranquilla.
Por otra parte, insiste en la excepción de prescripción, porque la parte demandante dejó vencer los términos para incoar su reclamación, de conformidad con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Demandante.
Señala su desacuerdo parcial con la sentencia del a quo, que condenó al pago de la sanción moratoria desde el 11 de julio de 2010 hasta el 13 de marzo de 2012, comoquiera que no tenía conocimiento del pago de las cesantías, toda vez que se enteró de ello por la sentencia recurrida, por lo que considera existió mala fe de los entes demandados, porque no ha recibido «[…] pago por concepto de sus cesantías definitivas».
Por otro lado, pide que no se declare probada la excepción de prescripción, dado que el 17 de junio de 2011 (radicado 2011-00358) acudió ante la jurisdicción laboral ordinaria para el pago de las acreencias laborales adeudadas, que declaró probadas las excepciones propuestas por la demandada, por lo que se vio obligado a acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa, para reclamar la sanción moratoria del parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, por lo que el término extintivo se suspendió, además de lo referido en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, que estipula que «[…] durante la ejecución del Acuerdo de Reestructuración el término de prescripción se SUSPENDE […]».
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Demandante
Reiteró en su integridad lo expuesto en el recurso de apelación y adicionalmente pide que se tenga en cuenta lo analizado en la sentencia de 31 de mayo de 2013, radicado 54001-23-31-000-2012-00236-01, en el sentido de que «[…] la presentación de la demanda hace inoperante el término de caducidad e interrumpe la prescripción, así se hubiere interpuesto ante jurisdicción distinta a la que correspondía».
El Ministerio Público.
Solicita que se revoque el fallo y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, puesto que considera que lo reclamado está afectado por el fenómeno extintivo, en razón a que las cesantías fueron reconocidas mediante Resolución 729 de 17 de julio de 2002, acto administrativo que quedó en firme el 8 de agosto siguiente, pero la demanda ejecutiva, presentada ante la jurisdicción ordinaria, se incoó hasta el 17 de junio de 2011, por lo que el Juez Cuarto Laboral Administrativo del Circuito de Barranquilla por auto de 25 de junio de 2013, declaró prescrita la acción ejecutiva y ordenó levantar las medidas cautelares decretadas.
La parte demandada guardó silencio, como lo informa el secretario de la sección en folio 437.
CONSIDERACIONES
Competencia.
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico.
Conforme al recurso de apelación, los problemas jurídicos que se resuelven en esta instancia, se resumen en los siguientes interrogantes:
¿El señor Carlos Manuel Ortega Ballestas tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que prevé la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006?
¿En relación con el cómputo de los 45 días hábiles que tiene la entidad para el pago de las cesantías, se debe tener en cuenta solo la firmeza del acto administrativo de reconocimiento?
¿La sanción moratoria que trata la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la 1071 de 2006, se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción extintiva en el presente asunto?
¿En caso de no prosperar las pretensiones del recurso desestimatorio, es el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla la entidad que debe pagar la condena impuesta en primera instancia?
Primer problema jurídico.
¿El señor Carlos Manuel Ortega Ballestas tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que prevé la Ley 244 de 1996 modificada por la Ley 1071 de 2006?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: El demandante tiene derecho a la sanción moratoria, por el pago tardío de sus cesantías, como pasa a explicarse:
La Ley 244 de 29 de diciembre de 1995 en lo que atañe a las cesantías definitivas, que deben reconocerse a los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado una vez termine su relación laboral, dispone no solo unos términos perentorios para su liquidación, reconocimiento y pago, sino una sanción por mora, en caso de que se paguen de manera extemporánea.
Así pues, la indemnización moratoria, es una sanción a cargo del empleador moroso y en favor del empleado, que corresponde a un día de salario por cada día de retardo, que fue creada con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. Resalta la Sala, que el espíritu de dicho precepto fue proteger el derecho, de los servidores públicos que se retiran del servicio, a percibir oportunamente la liquidación definitiva de las cesantías.
Posteriormente, la referida ley fue adicionada por la 1071 de 31 de julio de 2006, que precisó el procedimiento de la administración para la liquidación oportuna de la referida prestación, así:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Ahora bien, una vez proferida la resolución de liquidación de la cesantía, el artículo 5 de la mencionada Ley 1071 de 2006, determina que el pago se efectuará dentro del siguiente término legal:
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Asimismo, el parágrafo del artículo en mención, prevé la sanción moratoria en el pago de la cesantía, en caso de incumplirse los términos legales, con el siguiente tenor literal:
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
Visto lo anterior, la normativa citada contempla los términos legales para que la administración liquide y pague las cesantías, y consagra una sanción moratoria en caso de que aquellos se incumplan.
En aplicación de lo precedente, en el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:
Mediante Resolución 729 de 17 de julio de 2002, la contraloría distrital de Barranquilla reconoció al señor Carlos Manuel Ortega Ballestas las cesantías definitivas, por el período comprendido entre el 25 de julio de 2001 y el 14 de mayo de 2002, por un valor de $606.885, notificada personalmente el 1.º de agosto siguiente.
El 17 de junio de 2011 el demandante presentó demanda ejecutiva laboral ante la jurisdicción ordinaria, que en audiencia de 25 de junio de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Barranquilla, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la contraloría distrital, al considerar que transcurrieron más de ocho años entre la fecha en que quedó en firme la resolución ejecutada (8 de agosto de 2002) y la presentación de la demanda, esto es, por encima del término del artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social y, en consecuencia, levantó las medidas cautelares decretadas.
Las acreencias adeudadas al demandante por valor de $606.885, fueron depositadas en el Banco Agrario «[…] solicitado por el Juzgado Cuarto Laboral, según cheque Nº.0001278 de fecha 13 de Marzo de 2012» y relación adjunta visible en folios 104 a 106.
El 11 de julio de 2013 el demandante pidió de los señores contralor y alcalde distritales de Barranquilla el pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas reconocidas por la Resolución 729 de 17 de julio de 2002, que le fue negada a través de los oficios DJ-012-001-0083-13 de 23 de julio de 2013 y O.J. 3196 de 13 de agosto siguiente, respectivamente.
De las pruebas relacionadas colige la Sala, que la Resolución 729 de 17 de julio de 2002, ejecutoriada el 8 de agosto siguiente, liquidó las cesantías definitivas del demandante, que fueron consignadas el 13 de marzo de 2012 en una cuenta del Banco agrario por orden del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla.
En conclusión: La Subsección estima que, tal como lo decidió el a quo, la contraloría distrital de Barranquilla desconoció los plazos previstos para el pago de las cesantías definitivas del demandante, configurándose en consecuencia, la sanción prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, que modificó la 244 de 1995 como a continuación se sustentará.
Segundo problema jurídico.
¿En relación con el cómputo de los 45 días hábiles que tiene la entidad para el pago de las cesantías, se debe tener en cuenta solo la firmeza del acto administrativo de reconocimiento?
La Subsección sostendrá la siguiente postura: para el cómputo de los 45 días hábiles, que tiene la entidad para pagar las cesantías reconocidas, se debe tener en cuenta la firmeza del acto administrativo de reconocimiento, siempre y cuando éste sea expedido dentro del término que consagra el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, por las razones que se explican a continuación:
El artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 ordenó que la entidad empleadora o pagadora cuenta con el término de 15 días, contados a partir de la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución correspondiente.
Asimismo, frente a la sanción moratoria, el artículo 5 eiusdem reguló que la entidad cuenta con 45 días hábiles para pagar las cesantías definitivas, después de la firmeza del acto administrativo de reconocimiento, pues de lo contrario la entidad obligada debe reconocer un día de salario por cada día de retardo, hasta que ello se haga efectivo.
De lo expuesto, se colige que el legislador no solo reguló la mora en el pago de las cesantías, sino que además le dio un término a la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las mismas; por ende, debe estudiarse cada caso en particular, en el entendido de que si el acto administrativo de reconocimiento se expide dentro del término legal conferido, los 45 días para el pago comienzan a contabilizarse desde la firmeza del mismo.
No obstante, si la entidad competente sobrepasa el término para emitirlo, no es procedente inferir que la sanción moratoria empieza a contarse desde la firmeza del acto administrativo expedido tardíamente, pues ello atenta contra el espíritu de la norma, que es darle un tiempo prudencial a la administración para que adelante el proceso interno para su reconocimiento y pago.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, desde otrora indicó lo siguiente:
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria […].
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria.
La anterior tesis para contabilizar la sanción moratoria, se diagrama así:
+
+
=
Al respecto, ha de recordarse que el tiempo de ejecutoria del acto administrativo es de i) 5 días, si la solicitud ante la administración se radicó en vigencia del CCA, o ii) 10 días, si se presentó en vigor del CPACA.
En el sub lite se encuentra acreditado que la contraloría distrital de Barranquilla reconoció y liquidó las cesantías definitivas del demandante, mediante Resolución 729 de 17 de julio de 2002 obrante a folios 12 a 13 vto. (en vigor del CCA), que se le notificó personalmente el 1.º de agosto siguiente (f. 13 vto.), y, como no interpuso recurso, alcanzó su ejecutoria el 8 del mismo mes y año.
Corolario, los 45 días hábiles, después de la firmeza del acto administrativo de reconocimiento, para que la administración pagara las cesantías definitivas al demandante, trascurrieron entre el 9 de agosto y el 11 de octubre de 2002, por lo que no satisfacer la obligación dentro de este término, obliga a la entidad a reconocer un día de salario por cada día de retardo, hasta que ello se haga efectivo, es decir, desde el 15 de agosto hasta que se satisfaga su pago.
En conclusión: Si bien es cierto que, el demandante no acreditó la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, también lo es que fueron reconocidas mediante la Resolución 729 de 17 de julio de 2002, por lo que los 45 días hábiles de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, se deben contabilizar desde la firmeza del aludido acto administrativo, término que sobrepasó la entidad encargada del reconocimiento y pago de las cesantías en el sub lite.
Tercer problema jurídico.
¿La sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la 1071 de 2006, se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción extintiva en el presente caso?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria, por la falta de pago de las cesantías definitivas, sí es objeto de prescripción y operó en el presente caso, por lo siguiente:
En lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral, la sección segunda en sentencia de unificación, determinó que:
[…] los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
Asimismo, indicó que la norma aplicable en estos casos es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, que señala:
Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual.
Lo anterior, debido a que el término de prescripción previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se fijó para los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la 1071 de 2006.
Si bien, la sentencia de unificación jurisprudencial aludida se pronunció frente a la sanción moratoria en el caso de la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, en criterio de esta Subsección, por analogía dicha tesis resulta aplicable a la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
En este sentido, la Ley 50 de 1990, reguló la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías causadas anualmente en el fondo elegido por el empleado, mientras que la Ley 244 de 1995, trajo consigo la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, es decir, aquellas causadas por el año o fracción laborado al momento del retiro o finalización del vínculo laboral.
De acuerdo con ello, tratándose de las sanciones contempladas por las Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995, pese a que regulan dos situaciones diferentes: i) la no consignación de las cesantías causadas año a año y, ii) el pago del auxilio de cesantía originado al momento de terminar la relación laboral, ambas son normas sancionatorias de carácter laboral.
Empero, el término de prescripción es el mismo, que como se señaló, no es otro que el regulado en el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual las acciones laborales prescriben en tres años, contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible.
Visto lo anterior, reitera la Sala que la sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías definitivas deberá solicitarse ante la administración dentro de los tres años siguientes contados a partir del día siguiente en que la obligación se hace exigible, esto es, desde el momento en que se causó la mora. Ello, so pena de verse afectada por el fenómeno de la prescripción extintiva.
Ahora, en la referida sentencia de unificación, se analizó la forma y tiempo para reclamar la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías. Para el efecto, se precisó lo siguiente:
[…]
Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial (subrayado fuera del texto original).
En este contexto, si bien, como se señaló líneas atrás, la providencia citada realiza un análisis de la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, la Subsección considera que la misma tesis es aplicable para el caso del no pago o pago tardío de las cesantías definitivas, por cuanto la indemnización surge desde el día que venció el término que tenía la administración para pagarlas, es decir, el derecho a dicha indemnización no está supeditado al pago efectivo de las cesantías definitivas; por tanto se debe reclamar desde la fecha en que se hizo exigible la obligación.
En dicho sentido se pronunció la Subsección B de esta sección en sentencia del 19 de enero de 2017, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la cual sostuvo que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 empieza a causarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, para el pago del auxilio de cesantía definitiva. Dicha providencia indicó:
Por su parte, la obligación prevista en la Ley 244 de 1995 empieza a causarse, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días que prevé el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago del auxilio de cesantías definitivas y su causación se prolonga hasta que se haga efectivo el pago parcial o definitivo, según el caso, de las cesantías.
Para el caso concreto, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas del demandante, se hizo exigible a partir del 15 de octubre de 2002, pero el demandante la solicitó de la administración el 11 de julio de 2013, es decir, cuando el término oportuno para su exigibilidad (3 años) se había extinguido por prescripción.
En consecuencia, la sanción moratoria debía solicitarse a la administración dentro de los tres años siguientes al momento en que se hizo exigible la obligación, so pena de verse afectada por el fenómeno prescriptivo.
Por otra parte, en lo que atañe al argumento de que no operó el fenómeno de la prescripción, toda vez que presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria, con el fin de que le fuera reconocida la sanción moratoria e interrumpir el término de prescripción extinción de la acción, esta Sala en reciente decisión, examinó el tema bajo las siguientes consideraciones:
El Código de Procedimiento Laboral, en su artículo 151, regula que las acciones emanadas de derechos sociales prescriben en el término de 3 años, contados a partir de que la obligación se hizo exigible. Este precepto reguló además, que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual.
A su turno, el Código Civil, en el artículo 2539, consagró la interrupción natural y civil de la prescripción extintiva, que frente a esta última señala se interrumpe por la «demanda judicial».
De acuerdo con las normas anteriores, por regla general el término de prescripción extintiva se interrumpe en los siguientes eventos:
i) En asuntos laborales, por la reclamación escrita del trabajador sobre un derecho o prestación debidamente determinado; lo anterior siempre y cuando la reclamación se haya presentado dentro de los tres años siguientes a la fecha en que la obligación se haya hecho exigible.
ii) Naturalmente, cuando el deudor reconoce la obligación expresa o tácitamente;
iii) Civilmente, cuando se presenta la demanda judicial.
En armonía con lo anterior, la forma de interrumpir la prescripción de los asuntos laborales es a través de la reclamación ante el empleador para el reconocimiento o pago de una obligación, dentro de los tres años siguientes a que esta se hizo exigible.
En ese sentido, se reitera, el demandante tuvo 3 años para reclamar su derecho a la sanción moratoria contados desde el 15 de octubre de 2002 hasta el 14 de octubre de 2005, y no lo hizo, por cuanto lo exigió el 11 de julio de 2013.
Lo anterior, comoquiera que en el proceso no existe prueba alguna de que la administración, en este caso, la contraloría distrital de Barranquilla hubiese reconocido por su cuenta, la obligación expresa o tácitamente; ello por cuanto no obra documento alguno en el cual reconociera a favor del demandante el derecho a la sanción moratoria o que sin reconocerlo expresamente, ordenara su pago. Luego no se interrumpió naturalmente la prescripción.
Ahora bien, la presentación de la demanda sí interrumpe el fenómeno prescriptivo; no obstante, para que dicha interrupción opere, deben cumplirse determinados requisitos exigidos por la ley, los cuales están contenidos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para los casos ocurridos mientras este estuvo vigente, y en el artículo 94 del Código General del Proceso, que rige desde el 1.º de enero de 2014 para la jurisdicción de lo contencioso-administrativa.
El Código de Procedimiento Civil regulaba la interrupción de la prescripción de la siguiente manera:
ARTÍCULO 90. INTERRUPCION (sic) DE LA PRESCRIPCION (sic), INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCION (sic) EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.
La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.
Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos. […]»
Del artículo transcrito se desprende que la presentación de la demanda interrumpía el término de prescripción, siempre que el auto admisorio o el que librara mandamiento de pago se notificara al demandado dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente a la notificación del demandante de dichas providencias (ya sea por la notificación por estado o personalmente, en caso de que el interesado se notificara antes de que ocurriera la primera).
En caso de no cumplirse lo anterior (que la notificación al demandado no se realizara dentro del año siguiente a la notificación del demandante del auto admisorio o del que librara mandamiento de pago), el término de prescripción solo se interrumpía con la notificación al demandado.
No obstante, en el sub lite no puede afirmarse que la demanda ejecutiva laboral presentada por el demandante interrumpió el término de prescripción, toda vez que la radicó el 17 de junio de 2011, es decir, más de ocho años después de que la obligación se hizo exigible (15 de octubre de 2002), por lo tanto para esa fecha había operado la prescripción extintiva no solo del derecho sino de la acción ejecutiva, tal como lo declaró el Juez Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Barranquilla, en su proveído de 25 de junio de 2013.
Finalmente, arguye el demandante que el término de prescripción fue suspendido por el ordinal 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1990, pues el Distrito de Barranquilla se encuentra en proceso de reestructuración.
Al respecto, el artículo 58, numeral 13, de la Ley 550 de 1999 reguló lo siguiente:
[…] ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN APLICABLES A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:
[…]
13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho […].
Ante ello, se tiene que esta norma fue proferida para proteger las obligaciones laborales que se causen en un proceso de reestructuración, mediante un acuerdo que se suscriba entre el empresario deudor insolvente y sus acreedores, en donde se pueda sustituir el interés particular de obtener el pago de las obligaciones insolutas, por el interés general, de contenido social, a fin de que la empresa o entidad deudora continúe con sus actividades, esté saneada económicamente, y pueda prestar un servicio del cual se beneficie también la sociedad.
En este sentido, el demandante no probó que haya suscrito con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla acuerdo para el pago de la acreencia aquí solicitada, en virtud del proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1990, por ende, no hubo suspensión de la prescripción solicitada.
En conclusión: Se demostró que operó la prescripción extintiva del derecho, porque el demandante tenía tres años para reclamar la sanción moratoria contados a partir del día siguiente a que esta se hizo exigible, es decir, desde el 15 de octubre de 2002 hasta el 14 de octubre de 2005, término que no se interrumpió en la medida que la reclamación ante la administración solo se agotó el 11 de julio de 2013.
Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que no prosperan las pretensiones de la demanda, por la que la Sala considera innecesario pronunciarse sobre los demás problemas jurídicos.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la Subsección revocará la sentencia apelada, y, en su lugar, se declarará probada la excepción de prescripción y se denegarán las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia de 7 de abril de 2016, sobre la condena en costas, en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Así las cosas, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 365 del CGP, en el presente caso no se condenará en costas porque a pesar de resultar vencido el demandante en esta instancia, las entidades demandadas no intervinieron en el trámite de la misma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Carlos Manuel Ortega Ballestas contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla-contraloría distrital.
Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho propuesta por la parte demandada por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
Tercero: Denegar las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en las consideraciones.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: Se reconoce personería adjetiva para actuar en nombre y representación de la contraloría distrital de Barranquilla, al abogado Manuel Enrique Valderrama Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 1.140.821.535 y portador de tarjeta profesional 251.507 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los términos y para los efectos del poder obrante en el folio 449.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: JORM/Lmr. Ff. 2 a 9. Hernández Gómez William, consejero de Estado, sección Segunda. Módulo: Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Ff. 197 a 201. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, sección cuarta. Módulo: El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, sección segunda. Módulo: Audiencia inicial y audiencia de pruebas, 2015. EJRLB
F. 199. Ff. 277 a 291. FF. 294 a 298. Ff. 299 a 301. Ff. 302 a 308. Ff. 426 a 431. Ff. 432 a 436. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones
Las cesantías como prestación social de carácter especial, constituyen un ahorro forzoso de los empleados para auxilio en caso de quedar cesantes. Ver, sentencia del 8 de abril de 2010, Expediente 1872 de 2007, consejero ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. Folio 21 a 22. Ff. 12, 13, 114 y 115. Ff. 61 a 67. Ff. 14 y 15. F. 12 a 15
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se determinan sanciones y se fijan términos para su cancelación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2007, consejero ponente: doctor Jesús María Lemus Bustamante, Número Interno 2777-2004, demandante José Bolívar Caicedo Ruíz. Artículo 51 Decreto 01 de 1984. Artículo 75 Ley 1437 de 2011. Máxime si se tiene en cuenta que en la Resolución 0777 de 17 de julio de 2002 en el primer párrafo de la parte considerativa, no se hace mención a la fecha de la solicitud, pues expresamente allí se consigna: «[…] Que el señor HERRERA SARA JOSE AGUSTIN, identificado con la cédula de ciudadanía […] presentó solicitud para que la Contraloría Distrital de Barranquilla, le reconozca y pague la liquidación de sus cesantías definitivas, aportando los requisitos exigidos para solicitarla […]». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016. Cita de cita. Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, radicación número: 27001-23-33-000-2013-00166-01(0593-14). Cita de cita. En sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “[…] busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora […]”
Criterio que esta Subsección estima es aplicable a la indemnización de que trata la Ley 244 de 1995, debido a que tiene un carácter sancionador semejante al de la Ley 50, y a que tampoco está contenida en los decretos descritos.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 5 de abril de 2018, radicación 08001-23-33-000-2014-00069-01 (2268-2015), consejero ponente William Hernández Gómez, medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho de Elena Karina Montenegro Paz contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla- contraloría distrital.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación 08001233300020130016801 (2981-14). Walter Arcesio Guevara Rodríguez contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría Distrital de Barranquilla.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 5 de abril de 2018, radicación 08001-23-33-000-2014-00069-01 (2268-2015), consejero ponente William Hernández Gómez, medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho de Elena Karina Montenegro Paz contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla- contraloría distrital.
Por su parte, los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo regulan:
«ARTÍCULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
ARTÍCULO 489. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.»
«ARTICULO 2539. <INTERRUPCIÓN NATURAL Y CIVIL DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524.»
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi, ambas del consejero ponente William Hernández Gómez.
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS ANTE LA ENTIDAD
15 días hábiles a partir de la solicitud, para expedir el acto de reconocimiento
5 o 10 días hábiles de ejecutoria del acto de reconocimiento, según el caso
45 días hábiles para efectuar el pago de las cesantías
En total son 65 o 70 días, según el caso
A PARTIR DEL DÍA 66 o 71, SEGÚN EL CASO, SE CAUSA LA SANCIÓN MORATORIA
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