Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00870-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Impuesto de industria y comercio: base gravable
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2013-00870-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2013-00870-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
14 de marzo de 2019
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Base gravable / INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL EN OTROS MUNICIPIOS – Noción / CERTIFICACIONES DE CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL - Requisitos para que se tenga como prueba contable / EXTRATERRITORIALIDAD DE LOS INGRESOS - Prueba. No se prueba solo con las declaraciones tributarias presentadas en otros municipios, puede ser probado con facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios tales como los recibos de pago de estos impuestos en otros municipios, porque no existe una tarifa legal preestablecida / SANCIÓN POR INEXACTITUD - Configuración / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO - Procedencia. Presupuestos de análisis de la Ley 1819 de 2016
El Decreto 180 de 2010, en el artículo 48 establece los requisitos para excluir de la base gravable los ingresos percibidos fuera del D.E.I. y P. de Barranquilla, en los siguientes términos: “Artículo 48. Requisitos para excluir de la base gravable ingresos percibidos fuera del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización que posee el Distrito, para la procedencia de la exclusión de los ingresos obtenidos fuera del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el caso de actividades comerciales y de servicios realizadas fuera de esta jurisdicción, el contribuyente deberá demostrar mediante facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios el origen extraterritorial de los ingresos, tales como los recibos de pago de estos impuestos en otros municipios. En el caso de actividades industriales ejercidas en varios municipios, deberá acreditar el origen de los ingresos percibidos en cada actividad mediante registros contables separados por cada planta o sitio de producción, así como facturas de venta expedidas en cada municipio, u otras pruebas que permitan establecer la relación entre la actividad territorial y el ingreso derivado de ella”. La norma transcrita prevé que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio pueden detraer de la base gravable los ingresos que hayan obtenido en otros municipios, siempre y cuando demuestren que los ingresos declarados por este concepto se obtuvieron por desarrollar su actividad en otras jurisdicciones. Para el efecto, puede utilizar los recibos de pago del impuesto de industria y comercio efectuado en otros municipios, facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios que acrediten que tales ingresos fueron obtenidos en municipio distinto a Barranquilla. (…) Conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, las certificaciones del revisor fiscal son prueba contable, sin perjuicio de la facultad de la Administración de realizar las comprobaciones pertinentes. Al respecto, la jurisprudencia ha reiterado que para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se tengan como prueba contable deben cumplir los siguientes requisitos: (i) expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, (ii) si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, (iii) si reflejan la situación financiera del ente económico, (iv) debe tener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden demostrar y estar respaldados por comprobantes internos y externos y (v) llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. La certificación allegada no reúne los requisitos señalados para tenerla como prueba contable, puesto que las manifestaciones allí previstas, no son suficientes para llevar a la Sala al convencimiento de que los ingresos en cuestión los obtuvo la actora en un municipio distinto de Barranquilla y la certificación en mención no tiene algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden demostrar ni están respaldados por comprobantes internos y externos. (…) La Sala considera que la actora confunde el lugar del domicilio de sus clientes o de ubicación de los establecimientos de comercio de propiedad de los mismos, con el lugar en que la actora desarrolla su actividad de intermediación laboral por la que percibe sus ingresos.
De la revisión del expediente se encuentra que la actora tiene su domicilio principal en Barranquilla y que no tiene sucursales, agencias o establecimientos de comercio en otros municipios, sin que de manera alguna la certificación de revisor fiscal, el informe detallado de facturación certificado por revisor fiscal, balance de prueba con asientos de cierre y libros auxiliares por terceros, certificación de existencia y representación legal de algunos clientes y copia de las facturas emitidas por Distribuidora El Manantial y por Huevos El Manantial, acrediten la extraterritorialidad de los ingresos, es decir, no demuestran que los ingresos por la actividad de intermediación laboral los hubiera percibido la actora en municipio distinto a Barranquilla. La Sala ha precisado que los ingresos que constituyen base gravable del ICA en cada municipio no solo se prueban con las declaraciones presentadas en otras jurisdicciones, pues como lo establece el artículo 48 del Acuerdo 030 de 2008, el origen extraterritorial de los ingresos puede ser probado con “facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios tales como los recibos de pago de estos impuestos en otros municipios”. Esto porque, “no existe una tarifa legal preestablecida”. No basta, entonces, con aportar tales documentos. Deben ofrecer certeza del hecho que se pretende probar, como en el caso, el origen extraterritorial de los ingresos. (…) En el presente caso, la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados que modificaron la declaración privada, en el sentido de desconocer parcialmente los ingresos declarados como obtenidos fuera del Distrito demandado y adicionar los ingresos gravables, por lo que es procedente la sanción por inexactitud, sin que sea viable la alegada diferencia de criterio en la interpretación del derecho aplicable. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, reconocido expresamente en el artículo 282 parágrafo 5 de la Ley 1819 de 2016, la sanción debe reducirse, pues se determinó con fundamento en el artículo 241 del Acuerdo 022 de 2004 y el artículo 264 del Decreto 180 de 2010 [hoy artículo 265 del Decreto 0924 de 2011], conforme con el cual dicha sanción corresponde al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado oficialmente y el declarado por el contribuyente. En efecto, los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 modificaron los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, en el sentido de señalar que la sanción por inexactitud corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el valor declarado.
FUENTE FORMAL: DECRETO 180 DE 2010 – ARTÍCULO 48 / DECRETO 180 DE 2010 – ARTÍCULO 43 / DECRETO 180 DE 2010 – ARTÍCULO 52 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 777 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 287 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 288
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos que debe cumplir la prueba contable ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de septiembre de 2008, Exp. 25000232700020030220301(15255) C.P. Hector J. Romero Diaz; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de noviembre de 2017, Exp. 25000233700020120011701(20529) C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de mayo de 2018 Exp. 13001233100020110078301(21323) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00870-01(22241)
Actor: SERVICIOS EVENTUALES DE LA COSTA LIMITADA
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 25 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, que negó las súplicas de la demanda y no condenó en costas a la actora.
ANTECEDENTES
El 25 de febrero de 2011, SERVICIOS EVENTUALES DE LA COSTA LTDA presentó la declaración anual [13] del impuesto de industria y comercio y complementarios del año gravable 2010 en Barranquilla, en la que por concepto de ingresos brutos obtenidos en ese Distrito registró un total de $723.948.000.
Previo requerimiento ordinario de información COD 102 N° GGI-FI-RO-01991-11 de 18 de julio de 2011 y respuesta de la actora, la Secretaría de Hacienda del D.E.I. y P. de Barranquilla profirió el Requerimiento Especial COD 401 N° GGI-FI-RE-00242-11 del 18 de noviembre de 2011, en el que propuso a la actora modificar la declaración privada del 25 de febrero de 2011, para adicionar $8.649.905.000 al renglón 11 – “Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios del periodo gravable” y, por falta de soportes, rechazar $15.127.000 del renglón 12 - “Total ingresos obtenidos fuera del distrito. Además, propuso imponer la sanción por inexactitud en la suma de $87.978.000.
Previa respuesta de la actora, la Administración practicó la Liquidación Oficial de Revisión COD 504 Nº GGI-FI-LR-00120-12 del 29 de junio de 2012, por la que modificó la declaración privada del ICA del año gravable 2010 [13], en el sentido de adicionar ingresos, pues, para ese momento, la base gravable del tributo para las empresas de servicios temporales estaba constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, toda vez que no existía norma expresa que indicara lo contrario y no podía aplicarse de manera retroactiva la Ley 1430 de 2010. Además, por falta de soportes, rechazó $15.127.000 del renglón 12 - “Total ingresos obtenidos fuera del distrito e impuso la sanción por inexactitud propuesta e impuso la sanción por inexactitud propuesta. Este acto fue notificado el 6 de julio de 2012
Contra la liquidación anterior, la actora interpuso el recurso de reconsideración. Mediante auto Nº GGI-DT-AU 00729-13 del 28 de junio de 2013, la Administración ordenó practicar una inspección tributaria y contable a la actora y suspender por tres meses el término para decidir el recurso. La Secretaria Distrital de Hacienda de Barranquilla confirmó la liquidación recurrida, por medio de la Resolución Nº GGI-DT-RS 01103 del 16 de octubre de 2013. Este acto fue notificado personalmente el 28 de octubre de 2013.
DEMANDA
La actora, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Declárase la nulidad de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración Nº GGI-DT-RS-01103 de octubre 16 de 2013, proferida por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla.
2. Declárase la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nº GGI-FI-LR-00120-12 de junio 29 de 2013, proferida por la Asesora de Despacho de Fiscalización Tributaria de la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla.
3. Como consecuencia de la nulidad de los citados actos administrativos y como restablecimiento del derecho, se ordene el archivo del expediente.
4. Que se ordene al DISTRITO DE BARRANQUILLA – SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, a pagar las costas del proceso, agencias en derecho y demás gastos”.
Indicó como normas violadas las siguientes:
Artículos 2, 29 y 209 de la Constitución Política.
Artículos 47 y 48 del Decreto 180 de 2010 de la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Artículos 683, 730, 742, 743, 745 y 746 del Estatuto Tributario.
Artículos 2, 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 3, 103, 104 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
Artículos 4, 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Violación al debido proceso por falta de valoración de las pruebas
El requerimiento especial y la liquidación oficial fundamentan el desconocimiento de los ingresos obtenidos fuera de Barranquilla solo en que la actora no aportó las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas en otros municipios, sin tener en cuenta la certificación del revisor fiscal y el informe detallado de facturación certificado por el revisor fiscal, documentos contables aportados, que corresponden a “las pruebas que exige, para estos casos, el ordenamiento jurídico distrital en los artículos 47 y 48” del Decreto 0180 de 2010.
La sentencia en que se apoyó la Administración no es aplicable. En esa oportunidad, los hechos ocurrieron en Cali, municipio en el que las normas establecen que los ingresos obtenidos fuera de esa jurisdicción se acreditan únicamente con las declaraciones tributarias. En Barranquilla, la normativa prevé que tales ingresos se demuestran con “soportes contables, facturas u otros medios probatorios”. Las normas contienen mandatos diferentes, por lo que no se trata de un precedente judicial obligatorio.
Al resolver el recurso de reconsideración, la Administración cambió su tesis inicial al aducir que la actora “no presentó un libro auxiliar por centro de costo” que le permitiera cotejar los ingresos en otras jurisdicciones, sin tener en cuenta los argumentos expuestos en el recurso.
De conformidad con la legislación tributaria distrital, los ingresos percibidos fuera del distrito se acreditan con facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios. La actora aportó una relación de las facturas certificada por el revisor fiscal y copia de las facturas y así dio cumplimiento a la norma local.
La sanción por inexactitud es improcedente
La falta de prueba para acceder a la disminución de la base gravable del impuesto de industria y comercio, no implica que el rubro sea inexistente, que provenga de operaciones simuladas o que se hubiesen utilizado en la declaración, datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, conductas previstas en el artículo 647 del E.T. como sancionables.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Distrito demandado propuso las excepciones de “legalidad” de los actos demandados y “buena fe”. Se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
Los actos acusados están ceñidos a la normativa que regula el procedimiento en materia tributaria.
La Administración Distrital garantizó a la actora sus derechos al debido proceso y de defensa, pues tuvo la oportunidad de controvertir la actuación demandada.
Las declaraciones tributarias presentadas por la actora en Soledad, por un total de $3.447.000, acreditan la extraterritorialidad de parte de los ingresos declarados como obtenidos fuera del Distrito. No obstante, “existe una diferencia sin justificar”, toda vez que “los documentos aportados por la declarante como prueba contable no registran ni demuestran los ingresos obtenidos en otros municipios”.
Los artículos 32 de la Ley 14 de 1983 y 36 del Acuerdo 030 de 2008 (posteriormente artículo 36 del Decreto 180 de 2010, reenumerado por el Decreto 0924 de 2011), establecen que si el contribuyente demuestra que desarrolla su actividad en otra jurisdicción, el Distrito ni puede gravar como propios los ingresos obtenidos por tales actividades.
El artículo 48 del Decreto 180 de 2010 estableció los requisitos para excluir de la base gravable del ICA los ingresos percibidos fuera del Distrito de Barranquilla. Si bien no existe norma que indique cuáles libros de contabilidad son obligatorios, estos deben llevarse conforme al giro ordinario de los negocios de la empresa, que permitan determinar y verificar la base gravable de los tributos.
El Decreto 3070 de 1983, reglamentario de la Ley 14 de 1983, acogido en el artículo 204 del Acuerdo 30 de 2008, retomado por el artículo 237 del Decreto 0180 de 2010, dispone que los contribuyentes que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios en más de un municipio deberán llevar los registros contables discriminados, de tal manera que permitan determinar los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en cada municipio.
Los documentos entregados en la inspección practicada como el balance de prueba, la declaración de renta y el certificado de existencia y representación legal de algunos clientes, no demuestran la extraterritorialidad de los ingresos declarados.
En los actos acusados, la Administración tuvo en cuenta la información contenida en las declaraciones tributarias presentadas en otros municipios por la actora en el año gravable 2010, por concepto de impuesto de industria y comercio. Y encontró que la actora disminuyó la base gravable sin justificación, por lo que adelantó el trámite legal en el que garantizó a la actora su derecho de defensa.
La sanción por inexactitud es procedente. La actora incurrió en el hecho sancionable, pues informó ingresos percibidos fuera del Distrito de Barranquilla, sin ningún soporte que lo justifique, sin que se configure la diferencia de criterios.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones con fundamento en las razones que se resumen a continuación:
Violación al régimen probatorio en materia tributaria
El ordenamiento local prevé que una de las formas de probar la extraterritorialidad de los ingresos, son los recibos de pago del impuesto expedidos por otros municipios, aunque no es el único medio de prueba que pueda utilizarse para el efecto, pues permite que los pagos del impuesto se demuestren “con facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios”.
En los antecedentes administrativos está la relación de los ingresos obtenidos por la actora fuera del Distrito de Barranquilla en el año 2010, suscrita por el revisor fiscal.
Este documento indica el bimestre, concepto, lugar en el que se generó el ingreso y valor, que le sirvió al Tribunal para encontrar que, para el año gravable 2010, la actora obtuvo ingresos por servicios gravados en los municipios de Soledad [$3.446.414] y Santa Marta [$15.127.230].
Sin embargo, la actora solo allegó los recibos de pago del impuesto de industria y comercio por la actividad desarrollada en Soledad, Atlántico, por un total de $3.447.000. Así, la actora solo acreditó los ingresos obtenidos por fuera de Barranquilla, en ese monto, que fue aceptado por la Administración. No allegó medio de prueba idóneo que demuestre los restantes $15.127.230 por la actividad desarrollada en Santa Marta.
En la inspección tributaria y contable practicada, los funcionarios comisionados requirieron a la actora la entrega de los documentos contables que les permitieran verificar los ingresos declarados en el año gravable 2010. La actora informó que no lleva libro auxiliar por centro de costos porque no está obligada a ello y entregó “balance de prueba con asientos de cierre y libro auxiliar por terceros, declaraciones tributarias presentadas en Soledad, declaración de renta 2009 y certificado de la Cámara de Comercio de los clientes de Santa Marta, Romesco Ltda, Carreño Rangel Eliana Yaneth, Walter Willi Friebe Laborde”.
El Tribunal estimó que los documentos contables aportados no permiten establecer los ingresos obtenidos en otros municipios, puesto que los registros no se ajustan a lo previsto en el artículo 1º del Decreto 3070 de 1983, norma acogida por el artículo 237 del Decreto 0180 de 2010, que ordena llevar los registros discriminados por municipios para efectos del impuesto de industria y comercio.
La actora no cumplió las exigencias previstas en el Estatuto Tributario Distrital para excluir de la base gravable el total declarado por concepto de ingresos percibidos fuera de Barranquilla, pues no logró probar que el total de esos ingresos tuviera respaldo probatorio, en particular, los ingresos obtenidos en Santa Marta.
La actuación del Distrito no viola el derecho al debido proceso, pues la actora pudo controvertir las pruebas recaudadas y, en la inspección practicada pudo aportar las pruebas de la extraterritorialidad de los ingresos.
La sanción por inexactitud es procedente. La actora descontó en exceso los ingresos obtenidos fuera del Distrito, hecho previsto en el ordenamiento como sancionable, sin que sea necesario demostrar el dolo o culpa de la actora. No acreditó en debida forma la extraterritorialidad de los ingresos, sin que exista “diferencia de criterios”, en cuanto al derecho aplicable.
No condenó en costas a la demandante al encontrar que no incurrió en conductas que la hicieran merecedora de ello.
RECURSO DE APELACIÓN
La actora apeló con fundamento en las siguientes razones:
El fallo es incongruente, toda vez que admite que los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Barranquilla pueden demostrarse con varios medios probatorios. Sin embargo, niega las pretensiones porque la actora no demostró la extraterritorialidad de algunos ingresos, sin tener en cuenta la certificación de revisor fiscal, el informe detallado de facturación certificado por revisor fiscal, balance de prueba con asientos de cierre y libros auxiliares por terceros, certificación de existencia y representación legal de algunos clientes y copia de las facturas emitidas por Distribuidora El Manantial y por Huevos El Manantial, entre otros, documentos que fueron aportados en sede administrativa y en sede judicial y que acreditan la extraterritorialidad de los ingresos declarados como tales.
La obligación de “llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dichos municipios”, contenida en el artículo 1° del Decreto 3070 de 1983 y en el artículo 237 del Decreto 180 de 2010, no es exigible a la actora, puesto que no tiene sucursales, agencias o establecimientos de comercio matriculados en otros municipios.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la apelación.
El Distrito demandado insistió en la legalidad de los actos acusados.
El Ministerio Público, en el concepto rendido, precisó lo siguiente: (i) No existe tarifa legal para demostrar la extraterritorialidad de los ingresos, la actora simplemente debía probarla. (ii) Las facturas expedidas por Walter W Friebe y Huevos Manantial y los certificados expedidos por la cámara de comercio dan certeza de la ubicación de las empresas, no del lugar en el que se prestó el servicio. (iii) Las certificaciones del revisor fiscal contienen datos relacionados con la facturación pero carecen de los requisitos que la jurisprudencia ha fijado para tenerlas como prueba contable suficiente para acreditar la extraterritorialidad de los ingresos declarados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En el caso, se controvierte si son legales o no la Liquidación Oficial de Revisión COD 504 Nº GGI-FI-LR-00120-12 del 29 de junio de 2012 y la Resolución Nº GGI-DT-RS 01103 del 16 de octubre de 2013, por los que la Secretaría de Hacienda de Barranquilla modificó la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2010, presentada por la actora el 25 de febrero de 2011, y resolvió el recurso administrativo, respectivamente.
En los términos del recurso de apelación, la Sala dilucida lo siguiente: (i) Si según la normativa local, la actora acreditó o no los ingresos percibidos fuera del D.E.I. y P. de Barranquilla y (ii) si es o no procedente la sanción por inexactitud.
Los actos demandados modificaron la declaración anual del impuesto de industria y comercio presentada por la actora en Barranquilla, el 25 de febrero de 2011, en el sentido de adicionar el renglón 11 – “Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios del periodo gravable” en la suma de $8.649.905.000, desconocer por falta de soportes del renglón 12 - “Total ingresos obtenidos fuera del distrito” la suma de $15.127.000 e imponer sanción por inexactitud en cuantía de $87.978.000.
Se precisa que la actora pretende la nulidad de los actos acusados, solo en cuanto desconocen parte de los ingresos declarados como obtenidos por fuera del Distrito de Barranquilla ($15.127.000) e imponen sanción por inexactitud, por lo que frente a la adición de ingresos brutos por $8.649.905.000, la Sala no hará pronunciamiento alguno, dado que no es objeto del proceso.
La Sala procede a resolver los cargos propuestos por la apelante. Para el efecto precisa que la actora es una empresa de servicios temporales que se dedica a la intermediación laboral. Según el certificado de existencia y representación legal su objeto social es el siguiente:
“Contratar la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades ya sea para atender incrementos en la producción, el transporte, los periodos estacionales de cosechas, cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias, cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencias de incapacidad por enfermedad o maternidad y en la prestación de servicios, mediante labor desempeñada por personas naturales, contratadas directamente, teniendo así con respecto de estas el carácter de empleador. Así mismo todos aquellos actos y funciones relacionados con la prestación de servicios a las empresas usuarias encaminadas a colaborar con el desarrollo de sus actividades; como también los encaminados a la materialización y logro de este objeto social”.
Además, hace referencia a la normativa que regula el impuesto de industria y comercio, la definición de actividad de servicio e intermediación laboral para, en este contexto, revisar la norma local que autoriza detraer de la base gravable los ingresos obtenidos fuera de la jurisdicción del Distrito de Barranquilla.
Conforme al artículo 32 de la Ley 14 de 1983 (incorporado en el Decreto 1333 de 1986 como artículo 195), el impuesto de industria y comercio se causa sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realicen directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, de manera permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin ellos.
El artículo 36 de la ley 14 de 1983 define las actividades de servicios. Por su parte, la norma local (art. 39 D. 180 de 2010) define las actividades de servicios así:
“ARTÍCULO 39. Actividades de servicio. Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.
Dentro de las actividades de servicios, el artículo 39 del Decreto 180 de 2010 incluyó las formas de intermediación comercial e indicó algunas como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles.
El artículo 71 de la Ley 50 de 1990 define la empresa de servicios temporales como “aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.
En oportunidad anterior, la Sala precisó que de las empresas de servicios temporales se derivan dos relaciones, a saber: (i) la que se establece entre la empresa de servicios temporales y el usuario del servicio, producto del contrato de prestación de servicios y, ii) la relación laboral entre la empresa de servicios temporales y sus trabajadores. Al respecto, la Sala señaló lo siguiente:
“Las empresas de servicios temporales, de conformidad con el artículo 77 Ibíd., son personas jurídicas conformadas como sociedades comerciales cuyo objeto social es ‘enganchar y remitir personal que requieran otras personas naturales o jurídicas. Se denominan Usuarios las personas naturales o jurídicas que contratan con las empresas de servicios temporales, a través de un contrato mercantil escrito, cuyas estipulaciones cuando menos han de referirse a los temas establecidos en el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. En virtud de este contrato, las empresas de servicios temporales, a cambio de una remuneración determinada, se comprometen a remitir el personal requerido por el usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que se acomode a la necesidad del servicio y duración de la misión. La relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste mientras el Usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado. Conforme a lo anterior y como lo afirma el a-quo, son dos las relaciones que se derivan de la sociedad temporal: i) la proveniente entre la empresa temporal y el usuario producto de un contrato de prestación de servicios y, ii) la relación laboral entre la empresa temporal y sus trabajadores respecto de los cuales según definición del artículo 71 de la Ley 50 de 1990 la empresa tiene el carácter de empleador.” (Resaltado del texto)
En otra oportunidad, la Sala precisó que las empresas de servicios temporales desarrollan la actividad de intermediación laboral, por lo tanto para efectos del impuesto de industria y comercio es una actividad de servicios análoga a la intermediación comercial, en los siguientes términos:
“Las empresas de servicios temporales ejercen la actividad de intermediación laboral para generar empleo de manera temporal. En esta actividad a cargo de las empresas de servicios temporales intervienen tres sujetos: el usuario, el trabajador en misión y la empresa de servicios temporales.
“De otra parte, teniendo en cuenta que las empresas de servicios temporales por mandato legal deben remunerar a los trabajadores en misión, el usuario del servicio debe pagar a estas empresas un monto global que cubre no solamente los pagos laborales de los trabajadores en misión, sino la remuneración por el servicio prestado, que es el ingreso que recibe para sí.
Ahora bien, dado que la actividad de las empresas de servicios temporales es de intermediación laboral, para efectos del impuesto de industria y comercio se considera como actividad de servicios. Lo anterior, porque en los términos del artículo 36 de la Ley 14 de 1983 constituye una actividad análoga a la intermediación comercial, que, también está prevista como actividad de servicios”.
En la relación con los usuarios del servicio que presta, las empresas de servicios temporales desarrollan la actividad de intermediación laboral de la que obtienen sus ingresos, dado que “por dicha intermediación cobran una compensación consistente en la comisión o porcentaje de administración”.
Para efectos del impuesto de industria y comercio, es preciso determinar cuál es el lugar en que la actora, empresa de servicios temporales, desarrolla la actividad gravada de la que deriva sus ingresos (intermediación), porque no puede confundirse el lugar de prestación del servicio de la intermediaria laboral con el lugar en el que el personal requerido por los usuarios presta el servicio contratado.
Así, los elementos de prueba deben demostrar el origen extraterritorial de los ingresos, es decir, acreditar que el lugar en el que la actora realizó la actividad de intermediación laboral de la que derivó los ingresos en cuestión es distinto de la ciudad de Barranquilla.
1. De la prueba de la extraterritorialidad de los ingresos en el D.E.I. y P. de Barranquilla
Como se precisó, la actora es una empresa de servicios temporales que, en desarrollo de su objeto social, realiza la actividad de intermediación laboral.
Su domicilio es Barranquilla, no tiene sucursales, agencias y establecimientos de comercio matriculados en otros municipios, como lo afirmó en la apelación y se corrobora con el certificado de existencia y representación legal.
El Decreto 180 de 2010, en el artículo 48 establece los requisitos para excluir de la base gravable los ingresos percibidos fuera del D.E.I. y P. de Barranquilla, en los siguientes términos:
“Artículo 48. Requisitos para excluir de la base gravable ingresos percibidos fuera del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización que posee el Distrito, para la procedencia de la exclusión de los ingresos obtenidos fuera del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el caso de actividades comerciales y de servicios realizadas fuera de esta jurisdicción, el contribuyente deberá demostrar mediante facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios el origen extraterritorial de los ingresos, tales como los recibos de pago de estos impuestos en otros municipios. En el caso de actividades industriales ejercidas en varios municipios, deberá acreditar el origen de los ingresos percibidos en cada actividad mediante registros contables separados por cada planta o sitio de producción, así como facturas de venta expedidas en cada municipio, u otras pruebas que permitan establecer la relación entre la actividad territorial y el ingreso derivado de ella”.
La norma transcrita prevé que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio pueden detraer de la base gravable los ingresos que hayan obtenido en otros municipios, siempre y cuando demuestren que los ingresos declarados por este concepto se obtuvieron por desarrollar su actividad en otras jurisdicciones.
Para el efecto, puede utilizar los recibos de pago del impuesto de industria y comercio efectuado en otros municipios, facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios que acrediten que tales ingresos fueron obtenidos en municipio distinto a Barranquilla.
Por su parte, el artículo 43 del Decreto 180 de 2010 dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 43. Actividades realizadas en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Entiéndase por actividades realizadas en esta jurisdicción, las operaciones económicas de enajenación de bienes y prestación de servicios que se verifiquen en esta jurisdicción, a cualquier título, con o sin establecimiento de comercio, con o sin inventario en la ciudad, por intermedio de oficina, agencia, sucursal, principal, subsidiaria o cualquier otra figura comercial establecida en el Código de Comercio, o a través de agentes vendedores o viajeros, independientemente de su vinculación o utilizando sistemas informáticos, medios magnéticos, electrónicos, telemáticos, televentas o cualquier valor agregado de tecnología.”
2. De los elementos de prueba aportados por la actora para soportar el valor del renglón 12 - “Total ingresos obtenidos fuera del distrito” desconocido por la Administración [$15.127.000]
La Administración y el Tribunal encontraron que de los ingresos declarados como obtenidos fuera del Distrito de Barranquilla, la actora solo allegó soportes por un total de $3.447.000. La diferencia, esto es $15.127.000, carece de soportes que justifiquen su detracción de la base gravable, toda vez que los documentos aportados por la actora no demuestran que los obtuvo en Santa Marta u otro municipio.
La apelante sostiene que el a quo no tuvo en cuenta la certificación de revisor fiscal, el informe detallado de facturación certificado por revisor fiscal, balance de prueba con asientos de cierre y libros auxiliares por terceros, certificación de existencia y representación legal de algunos clientes y copia de las facturas emitidas por Distribuidora El Manantial y por Huevos El Manantial, entre otros documentos, que fueron aportados en sede administrativa y en sede judicial y que acreditan la extraterritorialidad de los ingresos en cuestión.
Entre los elementos de prueba aportados por la actora para demostrar que obtuvo ingresos fuera de Barranquilla, están los siguientes:
1. Relación de los ingresos obtenidos fuera de ese Distrito en el 2010 suscrita por el revisor fiscal. Este documento informa el monto de los ingresos generados en los municipios de Soledad y Santa Marta, por bimestre. Los datos correspondientes al periodo 13 son los siguientes:
Concepto
Municipio donde se generó el ingreso
VR
Ingresos por servicios gravados
Soledad
3.446.414
Ingresos por servicios gravados
Santa Marta
15.127.230
Total ingresos obtenidos fuera del Distrito 13er Bimestre
18.573.644
Con esta relación, la actora allegó las declaraciones del impuesto de industria y comercio del 2010 que presentó en el municipio de Soledad, que demuestran que, en esa jurisdicción, la actora obtuvo ingresos que ascendieron a $3.447.000, que fueron base de determinación del tributo y fueron aceptados por el demandado.
No allegó soporte alguno de los ingresos que, afirmó, se generaron en Santa Marta y que son los ingresos cuestionados en este asunto ($15.127.230).
2. Certificación suscrita por el revisor fiscal. Dice certificar lo siguiente: (i) que la actora “lleva todos los libros de contabilidad exigidos por el Código de Comercio”, (ii) que los libros están registrados en la Cámara de Comercio de Barranquilla, (iii) que la contabilidad está al día y que “todos los hechos económicos (…) se encuentran debidamente asentados y registrados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas”, (iv) que la empresa “desarrolla una actividad económica de intermediación laboral”, (v) que “calculó la base gravable del impuesto de industria y comercio, del año gravable 2010, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52 del Decreto 180 de 2010”, (vi) que las cifras informadas en la declaración anual del impuesto de industria y comercio “corresponden con la realidad económica de la sociedad”, (vii) que “posee los documentos contables que amparan los ingresos fuera del distrito señalados en la declaración anual del año gravable 2010” y (viii) “Que las cifras consignadas en la columna ‘Porcentaje por Administración’ (sic) del Informe Detallado de Facturación del año 2010, corresponden con la cifra consignada en los ingresos fuera del Distrito señalado en la declaración de ICA del año gravable 2010”.
Conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, las certificaciones del revisor fiscal son prueba contable, sin perjuicio de la facultad de la Administración de realizar las comprobaciones pertinentes.
Al respecto, la jurisprudencia ha reiterado que para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se tengan como prueba contable deben cumplir los siguientes requisitos: (i) expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, (ii) si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, (iii) si reflejan la situación financiera del ente económico, (iv) debe tener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden demostrar y estar respaldados por comprobantes internos y externos y (v) llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
La certificación allegada no reúne los requisitos señalados para tenerla como prueba contable, puesto que las manifestaciones allí previstas, no son suficientes para llevar a la Sala al convencimiento de que los ingresos en cuestión los obtuvo la actora en un municipio distinto de Barranquilla y la certificación en mención no tiene algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden demostrar ni están respaldados por comprobantes internos y externos.
Así, este certificado no demuestra que la actividad de intermediación laboral que desarrolla la actora, de la que deriva sus ingresos, la hubiera realizado en Santa Marta u otro municipio distinto a Barranquilla.
3. “Informes de facturación del año 2010” de: (i) Distribuidora El Manantial y/o Walter Friebe y (ii) Huevos Manantial suscritos por el revisor fiscal. Estos dos cuadros resumen las operaciones realizadas en el 2010, con dos de sus clientes, en los que, por columnas, informan lo siguiente: número de factura, código de empresa, concepto de facturación, periodo facturado, “V/r nómina”, “V/r Prest. Sociales”, “V/r Aportes”, “diferencias de aportes”, “V/r Admon”, “V/r IVA”, otro concepto, descuentos y total facturado. Estos informes no demuestran que los ingresos provenientes de la intermediación los haya obtenido la actora en jurisdicción diferente a Barranquilla.
4. Facturas de venta expedidas por la actora
Las facturas de venta aportadas son las mismas cuyos datos están relacionados en los “informes de facturación”, expedidas por la actora a los clientes (i) Distribuidora El Manantial y/o Walter Friebe y (ii) Huevos Manantial. Revisadas estas se observa que son facturas impresas con los datos de la actora y diligenciadas con la información de los usuarios y de la operación comercial respectiva. Se advierte que la dirección de la actora es de Barranquilla y la de los usuarios es Santa Marta.
Estos documentos muestran las operaciones realizadas en el 2010 entre la actora y dos de sus clientes o usuarios, sin que acrediten la extraterritorialidad de los ingresos objeto del proceso, esto es, que desarrolló la actividad de intermediación laboral, de la que deriva sus ingresos, fuera de esa jurisdicción.
5. Certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Este certificado está a nombre de “Friebe Laborde Walter Willi”, indica que la dirección es “CL 13 8 11 Mercado Público” del Distrito de Santa Marta, además, que es propietario de los establecimientos de comercio Distribuidora El Manantial, ubicado en esa misma dirección, y Huevos Manantial, en la Calle 12 A N° 9-70 Mercado público de esa misma ciudad.
Este documento acredita que la persona natural está matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla y que su domicilio y establecimientos de comercio están ubicados en Santa Marta.
La Sala considera que la actora confunde el lugar del domicilio de sus clientes o de ubicación de los establecimientos de comercio de propiedad de los mismos, con el lugar en que la actora desarrolla su actividad de intermediación laboral por la que percibe sus ingresos.
De la revisión del expediente se encuentra que la actora tiene su domicilio principal en Barranquilla y que no tiene sucursales, agencias o establecimientos de comercio en otros municipios, sin que de manera alguna la certificación de revisor fiscal, el informe detallado de facturación certificado por revisor fiscal, balance de prueba con asientos de cierre y libros auxiliares por terceros, certificación de existencia y representación legal de algunos clientes y copia de las facturas emitidas por Distribuidora El Manantial y por Huevos El Manantial, acrediten la extraterritorialidad de los ingresos, es decir, no demuestran que los ingresos por la actividad de intermediación laboral los hubiera percibido la actora en municipio distinto a Barranquilla.
La Sala ha precisado que los ingresos que constituyen base gravable del ICA en cada municipio no solo se prueban con las declaraciones presentadas en otras jurisdicciones, pues como lo establece el artículo 48 del Acuerdo 030 de 2008, el origen extraterritorial de los ingresos puede ser probado con “facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios tales como los recibos de pago de estos impuestos en otros municipios”. Esto porque, “no existe una tarifa legal preestablecida”.
No basta, entonces, con aportar tales documentos. Deben ofrecer certeza del hecho que se pretende probar, como en el caso, el origen extraterritorial de los ingresos.
Así las cosas, la Sala encuentra ajustados a la legalidad los actos demandados, toda vez que la actora no acreditó que los $15.127.000, en discusión, fueran ingresos percibidos fuera del D.E.I. y P. de Barranquilla, que de haberse probado tendría el beneficio fiscal de detraerlos de la base gravable.
3. De la sanción por inexactitud
Al apelar, la actora insistió en que la sanción es improcedente conforme al artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, que la conducta de la actora no es antijurídica, ni va en detrimento del recaudo, porque los datos contenidos en la declaración privada son ciertos y ajustados a la realidad y que se configura una diferencia de criterios en cuanto a la interpretación del derecho aplicable.
Sea lo primero indicar que el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 fue derogado por el artículo 376, numeral 3, de la Ley 1819 de 2016.
En el presente caso, la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados que modificaron la declaración privada, en el sentido de desconocer parcialmente los ingresos declarados como obtenidos fuera del Distrito demandado y adicionar los ingresos gravables, por lo que es procedente la sanción por inexactitud, sin que sea viable la alegada diferencia de criterio en la interpretación del derecho aplicable.
Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, reconocido expresamente en el artículo 282 parágrafo 5 de la Ley 1819 de 2016, la sanción debe reducirse, pues se determinó con fundamento en el artículo 241 del Acuerdo 022 de 2004 y el artículo 264 del Decreto 180 de 2010 [hoy artículo 265 del Decreto 0924 de 2011], conforme con el cual dicha sanción corresponde al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado oficialmente y el declarado por el contribuyente.
En efecto, los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 modificaron los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, en el sentido de señalar que la sanción por inexactitud corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el valor declarado.
Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en esta providencia y el determinado privadamente.
Por tanto, se practica nueva liquidación para reflejar lo decidido en esta providencia, así:
SERVICIOS EVENTUALES DE LA COSTA LTDA
Impuesto de industria y comercio y complementarios
Año gravable 2010 (Bimestre 13)
R
Concepto
V/r declarado
V/r determinado L.O.R.
V/r determinado
C.E.
11
Total ingresos brutos ordinarios y extraordinarios del periodo gravable
742.522.000
9.392.427.000
9.392.427.000
12
Menos: Total ingresos fuera del municipio
18.574.000
3.447.000
3.447.000
13
Total ingresos brutos obtenidos en el Distrito
723.948.000
9.388.980.000
9.388.980.000
17
Total ingresos netos gravables
723.948.000
9.388.980.000
9.388.980.000
18
Impuesto de industria y comercio
4.102.000
50.700.000
50.700.000
19
Impuesto de avisos y tableros (15% R. 18)
615.000
7.605.000
7.605.000
20
Sobretasa bomberil (3% R. 18)
123.000
1.521.000
1.521.000
22
Total impuesto a cargo
4.840.000
59.826.000
59.826.000
26
Total autoretenciones, saldos a favor, anticipos y retenciones por aplicar
4.840.000
4.840.000
4.840.000
27
Más: sanciones
0
87.978.000
54.986.000
28
Total saldo a cargo
0
142.964.000
109.972.000
29
Total saldo a favor
0
0
0
Igualmente, el cálculo de la sanción por inexactitud queda así:
Saldo a pagar determinado
$54.986.000
Saldo a favor según la declaración privada
0
Base para calcular la sanción
$54.986.000
Tarifa
100%
Valor sanción por inexactitud
$54.986.000
Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión acusada, en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta en aplicación del principio de favorabilidad a $54.986.000. A título de restablecimiento del derecho, se fija la suma de $109.972.000 como saldo a cargo de la actora, por concepto de impuesto de industria y comercio y complementarios del año gravable 2010, conforme a la anterior liquidación.
Condena en costas
No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar dispone:
2. ANULAR PARCIALMENTE, la Liquidación Oficial de Revisión COD 504 Nº GGI-FI-LR-00120-12 del 29 de junio de 2012 y la Resolución Nº GGI-DT-RS 01103 del 16 de octubre de 2013, en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta, según lo expuesto en la parte motiva.
3. A título de restablecimiento del derecho, FIJAR el saldo a cargo de la actora, por concepto de impuesto de industria y comercio y complementarios del año gravable 2010, en la suma de CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS [$109.972.000] MONEDA CORRIENTE, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva.
4. SIN CONDENA en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
MILTON CHAVES GARCÍA
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl. 198 c. 2
Fl. 185 c. 2
Fl. 188 y s.s. c. 2
Fl. 320 a 331 c. 2
Fls. 334 a 352 c. 2
Fls. 391 a 407 c. 2
Fls. 409 a 435 c. 2
Fls. 441 a 445 c. 2
Fls. 461 a 488 c. 2
Sentencia del 3 de marzo de 2011, Exp. 2008-00488-01 [18409], C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
Transcribió apartes de la sentencia del 7 de junio de 1996, C.P. Delio Gómez Leyva, sobre la territorialidad del impuesto de industria y comercio en el desarrollo de actividades comerciales.
Cfr. Fl. 71 v c.2
L. 14 de 1983, art. 36 Artículo 36.- Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.” (Se destaca).
El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia N° HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/csj_sp_109_1909_1991.htm" \l "1" 109 del 19 de septiembre de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 2009-00232-01 (18830), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
El artículo 10 del decreto 3115 de 1997 define la intermediación laboral como la “actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de la mano de obra, el reconocimiento de las diferentes unidades económicas para que sus vacantes, sean ocupadas por personas calificadas para el desempeño de las mismas”. De acuerdo con el artículo “La Intermediación Laboral” elaborado por Antonio Mario Rojas Chávez, publicado en la Revista de Derecho Universidad del Norte, 2004, existen tres formas de intermediación laboral: la del simple intermediario del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, las agencias de empleo y las empresas de servicios temporales. Las connotaciones jurídicas y la responsabilidad de cada intermediario varían dependiendo de su calidad: “en algunos eventos, el mismo agente intermediador es el empleador del trabajador suministrado, tal como sucede frente a la empresa de servicios temporales; en otras, como el simple intermediario, su responsabilidad se limita exclusivamente al suministro de personal, aunque excepcionalmente puede responder solidariamente por las obligaciones laborales. En cuanto a las agencias de empleo, éstas no tienen obligación laboral alguna frente al trabajador suministrado”. Según el citado artículo, esta forma de intermediación laboral resulta muy apetecida para los empresarios, entre otras razones, por la posibilidad de contratar empleos temporales, el traslado de la responsabilidad laboral en cabeza del agente intermediador y la inmediatez en la obtención del personal calificado. En el mismo artículo se precisa: “Dentro de la intermediación laboral siempre participan tres elementos, y de no presentarse alguno de ellos, deviene en otra relación jurídica: el oferente, el demandante y el intermediario. El oferente, que dentro de la relación laboral sería el trabajador, es el sujeto que pone a disposición del demandante su fuerza de trabajo para ser empleada en las actividades requeridas por éste […]. El intermediario es la persona natural o jurídica que sirve de vínculo para que el oferente (trabajador) sea incorporado como sujeto activo dentro del mercado laboral; […] es la parte que ubica al oferente al servicio de la empresa que necesita la prestación de la mano de obra. […] Por último, el demandante, dentro de la intermediación laboral, es la persona natural o jurídica que requiere de la prestación de la mano de obra calificada.” (Subraya fuera de texto). Sentencia de 7 de junio de 2012, Exp. 2006-03068-02 (17682), C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia. El Decreto 3115 de 1997, en el artículo 1°, definía Intermediación laboral, así: “Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como demanda de mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades económicas para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para el desempeño de las mismas” [Este Decreto fue derogado por el artículo 54 del Decreto 720 de 2013]. Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 2009-00232-01 (18830), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Cfr. Fl.
71v c.2
El Alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas por el parágrafo 3° del artículo Primero del Acuerdo 002 de 2010, profirió el Decreto N° 0180 de 2010 “por el cual se compila, actualiza y renumera la normativa tributaria del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”. Cfr. Fls. 221 a 227 c.2
Cfr. Fl. 355 c.2. Ver sentencias de 25 de septiembre de 2008, exp. 15255 C.P. Héctor J. Romero Díaz, de 28 de febrero de 2013, exp. 18420, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 22 de septiembre de 2016, Exp. 20490, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de 16 de noviembre de 2017, Exp 20529, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. A partir de la vigencia del Decreto 19 de 2012, de supresión de trámites, los libros de comercio no se inscriben en el registro mercantil (artículo 175). Al respecto la Sala ha precisado que no basta la simple afirmación “acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues ‘en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones’“. [Sentencias de 25 de noviembre de 2004. Exp. 14155, C. P. María Inés Ortiz Barbosa y de 30 de noviembre de 2006, Exp. 14846, C.P. Héctor Romero Díaz]. Cfr. Fls 75 y 76 y 129 c.2
Cfr. Fls. 77 a 127, 130 a 143 y 73 a 74 c. 2
Cfr. Fls. 73 a 74 c. 2
Ver sentencia de 10 de mayo de 2018, exp 21323, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Ley 1819 de 2016, artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:/ “Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo./ […]/ Parágrafo 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.”
En concordancia con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, conforme con el cual “Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.”. En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 13 de diciembre de 2017, Exp. 21210, C.P. Milton Chaves García. CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00870-01 (22241)
Demandante: Servicios Eventuales de la Costa Limitada
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