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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00877-01

Pensión excepcional de vejez: decreto ley 546 de 1971

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00877-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. CONFÍRMESE la sentencia apelada. SEGUNDO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-00877-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

16 de mayo de 2019

PENSIÓN EXCEPCIONAL DE VEJEZ – Decreto ley 546 de 1971 / PENSIÓN EXCEPCIONAL DE VEJEZ – Requisitos

[P]ara acceder a la referida pensión y al amparo del régimen de transición, se exige como requisitos sine qua non y concurrentes: (i) que la persona interesada llegue o haya llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico, (ii) sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, (iii) haber servido no menos de 5 años continuos. (iv) haber estado afiliada al régimen del Decreto-Ley 546 de 1971, con anterioridad al 1 de abril de 1996.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS.

Bogotá D.C., dieciséis (16) mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00877-01(1846-15)

Actor: MARINA JULIAO DE QUIROZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Referencia: PENSIÓN DE RETIRO POR VEJEZ- ARTÍCULO 10 DECRETO LEY 546 DE 1971

La Sala decide, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de diciembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, negó las pretensiones de la demanda instaurada por la señora, Luz Marina Juliao de Quiroz, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

ANTECEDENTES
1. La demanda

Pretensiones

La señora Marina Juliao de Quiróz, por medio de apoderado pretendió la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones: (i) RDP 022656 de 17 de mayo de 2013, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó el reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez. (ii) RDP 029268 de 26 de junio de 2013 y RDP 022656 de 17 de mayo de 2013, expedidas por el mismo ente, por medio de las cuales confirma la resolución 022656 de 2013. A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

“CUARTO...se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, a efectuar el reconocimiento de la pensión especial de vejez a la señora MARINA JULIAO QUIROZ y a su correspondiente pago, en una cuantía equivalente a un 25%de la asignación más elevada devengada en el último año de servicio, más el 2% por cada año de servicio, incluyendo en la liquidación lo devengado por la actora, por todo concepto debiendo INDEXÁRSELE LA PRIMERA MESADA y dársele los reajustes de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que estará integrada no solamente para la asignación básica mensual, sino por todos los demás factores que constituyen salario por mandato legal, para los empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público (Decreto 546 de 1971). La Base de Liquidación será la asignación básica mensual 1/12 parte de la prima de servicio anual, 1/12 parte de la prima de navidad, 1/12 de la parte de la prima de vacaciones y de los demás factores salariales percibidos en el último año de servicio, que las sumas de dinero que resultan a favor de mi representada se indexen con aplicación de la respectiva fórmula que viene aplicando la justicia contenciosa Administrativa.

QUINTO: CONDENAR a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP., al pago de CIEN(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de mi representada, como daños y perjuicios morales, a ella causados por la primera al desconocer y retardar el reconocimiento de su pensión de jubilación, de conformidad con lo previsto en el Art. 10º del Decreto 546 de 1971, generándole traumas en el orden personal, familiar y social.

SEXTO: Que la sentencia se ejecute en forma y términos que consagra el Art.195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

SÉPTIMO: Que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN –UGPP..”

1.2. Hechos y afirmaciones de la parte demandante

La demandante argumentó como soporte de su solicitud, en resumen lo siguiente:

Invocó como fundamento de hecho que la señora Marina Juliao de Quiroz, prestó sus servicios laborales por más de 20 años al Estado Colombiano, de los cuales, más de 5 años lo fue con la Rama Judicial, y cuenta con más de 65 años de edad.

Anunció como fundamentos de derecho, los artículos 13, 23, 53 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, artículo 36 de la Ley 100 de 1996, Ley 33 de 1985 y artículo 12 del Decreto 717 de 1978. Asimismo, jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Afirmó que los actos administrativos demandados son violatorios de los derechos al debido proceso y al mínimo vital, porque en su criterio a la señora María Juliao de Quiroz, le es aplicable el régimen de transición y el régimen pensional especial previsto en el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, y por consiguiente merecedora del reconocimiento y pago de la pensión de vejez especial por haber laborado más de 5 años con la Rama judicial y contar con más de 65 de edad.

En las alegaciones finales, concluyó que en el proceso se encuentra demostrado que la señora María Juliao de Quiroz, laboró 20 años con el Estado, 6 de ellos con la Rama Judicial, que adquirió su estatus pensional el 14 de agosto de 2011 y conforme a las prevenciones del artículo 10 de la Ley 546 de 1971 y a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 25 años.

2. Fundamento de la demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: (i) inexistencia de las obligaciones reclamadas (ii) Cobro de lo no debido (iii) compensación (iv) buena fe y (v) prescripción.

Arguyó que no es procedente el reconocimiento pretendido porque la señora Marina Juliao Quiroz se retiró del servicio de la Rama Judicial en el año 1984, a los 37 años de edad y por causal distinta al cumplimiento de los 65(retiro forzoso). No se dan los requisitos exigidos por el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971.

La demandante no allegó nuevos elementos que conduzcan a variar la decisión contenida en los actos administrativos demandados y estos gozan de presunción de legalidad.

En los alegatos de conclusión, reiteró que la demandante no cumple los requisitos en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971, específicamente “... llegar a la edad de retiro forzoso dentro de la Rama Judicial pues había cesado su vínculo el 17 de julio de 1984” y para esa época no había alcanzado la edad de retiro forzoso.

Que si bien es cierto la demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que al 1 de abril de 1993, no se encontraba vinculada a la Rama Judicial, no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable para obtener el reconocimiento pensional a la luz del artículo 10 de la Ley 546 de 1971. Citó y transcribió apartes de la sentencia del 12 de abril de 2012 del Consejo de Estado.
3. Trámite procesal

En primera instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 11 de marzo de 2014, admitió la demanda, notificó a: (i) la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (ii) Agente del Ministerio Público (iii) Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El 29 de octubre de 2014, realizó la audiencia inicial, agotó las etapas procesales previstas en los numerales, 5º a 10 de los artículos 180 y 181 de la Ley 1437 de 2012, y centró la controversia a establecer “si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación de que trata el artículo 10 del Decreto 546 de 1971 y a los consecuentes restablecimientos que se deriven de la nulidad del acto administrativo demandado y de ello determinar en caso positivo si ha operado el fenómeno de la prescripción sobre las mesadas dejadas de pagar desde que la actora adquirió el status pensional hasta que se realice el pago de la misma.”

Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2014, declaró no probadas las excepciones y negó las súplicas de la demanda. El 14 de abril de 2015 concedió el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante.

En segunda instancia el asunto fue repartido al Despacho sustanciador el 2 de junio de 2015. El 14 de abril de 2016 se admitió el recurso de apelación. Por auto de 28 de febrero de 2017, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar.

4. La providencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014, declaró no probadas las excepciones y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Se refirió a la Ley 100 de 1993 y al régimen de transición, para precisar que “para acceder al derecho pensional debe tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, en lo referente a la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y la forma de liquidar el ingreso base de la liquidación.”

Encontró probado que la demandante :(i) para el 1 de abril de 1994, no se encontraba Laborando en la Rama Judicial porque se desvinculó el 17 de julio de 1984.(ii) Que para esa fecha (17 de julio de 1984) la demandante contaba con 37 años de edad. Por lo que concluyó que no es beneficiaria del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, tampoco del régimen previsto en el Decreto Ley 546 de 1971 para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, y no reúne los requisitos del artículo 10 ibídem.

Adujo que el artículo 10 ibídem, es claro en señalar que tendrán derecho a la pensión especial de vejez los funcionarios de la Rama Judicial que en actividad y habiendo laborado no menos de 5 años lleguen a la edad de retiro forzoso, sin reunir los requisitos para la pensión ordinaria. Transcribió apartes de la sentencia del 12 de abril de 2012 del Consejo de Estado.

Se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

5. La apelación

La parte demandante, apeló la sentencia de 2 de diciembre de 2014, y solicitó, se revoque y en su lugar se acceda a las condenas impetradas al incoar el medio de control.

Manifestó como razón fundamental de inconformidad y fundamentos de la alzada la siguiente:

Los argumentos esgrimidos por el A-Quo para negar las pretensiones de la demanda y consecuente pensión especial de vejez a la demandante solicitada con fundamento en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971, no se compadecen con la jurisprudencia imperante en materia contencioso administrativa. Trajo a colación la sentencia del Consejo de Estado, proferida en el radicado 25000-23-25-000-1999-06034-01(4109-04).

5.1. Posición jurídica de las partes en segunda instancia

5.1.1. Parte actora apelante: Manifestó que se ratifica en lo expresado en el recurso de alzada.

Citó la sentencia del Consejo de Estado proferida en el radicado 13001-23-31-000-2008-00704-01 (1977-10), para argüir que la providencia atacada; parte de la consideración errada que la señora Juliao de Quiroz no es beneficiaria del régimen de transición, y por esa misma razón el reconocimiento de la pensión no se haya sujeto a lo previsto en el régimen especial pensional consagrado para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial en el Decreto Ley 546 de 1971, régimen anterior a la Ley 100 de 1993.

Que la demandante-apelante, cumplió 65 años de edad el 14 de agosto de 2011, y en consecuencia llegó a la edad de retiro forzoso bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, “quedando en imposibilidad de vincularse al servicio y, por ende, de seguir cotizando al sistema pensional.”

Afirmó que se estableció en el proceso que la señor Marina Juliao de Quiroz, no cumplió los 20 años de servicios exigidos para acceder a la pensión, pero si 6 años laborados a la Rama Judicial y que su situación fáctica se encuentra cobijada por el artículo 10 del Decreto-Ley 546 de 1971, y si bien cuando cumplió los 65 años de edad no se encontraba activa ese hecho no es impedimento para el reconociendo de la pensión de vejez.

En su criterio, el artículo 10 del Decreto-Ley 546 de 1971, debe articularse e interpretarse con normas supralegales que protegen los derechos de la tercera edad, y ordenan aplicar el principio de favorabilidad en materia laboral.

Puso en consideración que no se puede “pasar por alto”, que el Decreto Ley 546 de 1971, fue expedido 20 años antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, y que ésta última norma impone brindar estándares mínimos de seguridad a las personas.

Citó y transcribió apartes de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, en el radicado 08001233300020130056301 (4864-14).

5.1.2. La demandada

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social: solicitó se confirme la providencia apelada.

Recordó que mediante los actos administrativos demandados le negó la pensión vejez a la señora Juliao de Quiroz en razón a que la pensión contenida el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, se otorga a quienes en actividad de la Rama Judicial lleguen a la edad de retiro forzoso, sin reunir los requisitos para acceder a la pensión ordinaria y la referida señora se retiró el 17 de julio de 1984, época para la cual contaba tan sólo con 37 años de edad y cumplió los 65 en el 2011.

Reiteró que la señora Marina Juliao, tampoco es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y aun así lo estuviere no cumple los requisitos del artículo 10 de la ley 546 de 1971.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

En virtud del inciso 1º del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce en segunda instancia de las apelaciones dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos; razón por la cual la Sala ocupa su atención en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 2 de diciembre de 2014, dictada en primera instancia por Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. Presentación del caso y problema jurídico

Del análisis integral del asunto, se advierte que la controversia en sede administrativa y jurisdiccional se emprendió en aras de obtener de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el reconocimiento y pago en favor de la señora Marina Juliao de Quiroz, de la pensión de retiro por vejez ínsita en el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971-Régimen de Seguridad y Protección Social de los Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y Ministerio Público- y al amparo del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993.

La señora Marina Juliao Quiroz, el 4 de marzo de 2013, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social el reconocimiento y pago de la pensión por vejez. El ente de previsión mediante las resoluciones RDP 022656 de 17 de mayo; RDP 029268 de 26; RDP 036207 de 9 de agosto, todas de 2013, negó lo pretendido; porque consideró que la interesada no reúne los requisitos exigidos en el Decreto Ley 546 de 1971. Las referidas decisiones en sede jurisdiccional en primera instancia fueron encontradas ajustadas a derecho.

Revisado el expediente, se advierte como probados los siguientes hechos probados relevantes:

La señora Marina Juliao Quiroz, nació el 14 de agosto de 1946. Prestó sus servicios a la Rama Judicial en los siguientes periodos:

Empleador

Periodo
subtotal
Cotizaciones
5%
A
M
D
Cajanal

Rama Judicial
15-09-71 a 31-12-71
00
03
15
“
01-01-72 a 31-12-72
1
00
00
“
01-01-73 a 15-02-73
00
01
14
“
03-09-73 a 31-12-73
00
03
27
“
01-01-74 a 31-12-74
1
00
00
“
01-01-75 a 07-09-75
00
09
06
“
08-09-75 a 31-12-75
00
03
22
“
01-01-76 a 31-12-76
1
00
00
“
01-01-77 a 31-12-77
1
00
00
“
01-01-78 a 31-12-78
1
00
00
“
01-01-79 a 30-08-79
00
08
00
“
03-07-84 a 17-07-84
00
00
14
“
Total
383 semanas
07
05
14
“

Al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 46 años 7 meses 15 días de edad, no tenía vínculo laboral con la Rama Judicial.

En el expediente no obra constancia alguna que acredite que la señora Juliao de Quiroz, hubiere servido al sector público o privado, o cotizado por tiempo adicional al referido anteriormente. Vale decir, sirvió a la Rama Judicial por un lapso de 7 años 5 meses y 14 días, siendo su último periodo laborado del 3 de julio de 1984 al 17 del mismo mes y año.

Al 17 de julio de 1984, último día acreditado como laborado, la señora Juliao Quiroz, calendaba por la edad de 37 años, 11 meses y 2 días; cumplió 65 años de edad, el 11 de agosto de 2014, vale decir, 30 años después del retiro. Actualmente cuenta con 69 años 9 meses y 9 días.

Así, los problemas jurídicos por resolver se centran a establecer: (i) la señora Marina Julio de Quiroz es beneficiaria del régimen de transición? (ii) ¿es procedente con fundamento en los artículos 10 del Decreto 546 de 1971 y 36 de la Ley 100 de 1993, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de retiro por vejez en su favor al haber laborado con la Rama Judicial 7 años, 5 meses y 14 días antes de la Ley 100 de 1993 y haber cumplido 65 años de edad, 30 años después retirarse del servicio y sin encontrarse en actividad judicial (ii) ¿si se debe revocar o confirmar la sentencia apelada?.

Para resolver los anteriores cuestionamientos la Sala realizará el estudio de los siguientes tópicos: (i) edad retiro forzoso (ii) De la pensión excepcional de retiro por vejez (iii) Breve noción del régimen de transición 36 de la Ley 100 de 1993 (iv) alcance del artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971. (v) caso concreto.

La Sala anticipa que la legislación colombiana anterior a la Ley 100 de 1993, contemplaba la ”pensión excepcional de retiro por vejez” para proteger al trabajador que por llegar a la edad de retiro forzoso en actividad o retirado por ese hecho, no hubiere y no pudiere continuar cotizado las semanas exigidas para acceder a la pensión ordinaria o plena de jubilación. En tanto la Ley 100 de 1993, sin la exigencia de encontrarse la persona en actividad con ese propósito estableció, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

Análisis de los problemas jurídico y solución

Edad de retiro forzoso

La edad de retiro forzoso es una de aquellas causales de retiro del servicio, previstas en la ley. En Colombia de conformidad con los artículos 31 del Decreto Ley 2400 de 1968, 122 del Decreto 1950 de 1973, artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, se fijó los 65 años como tope máximo para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas.

Así mismo, el artículo 5º del Decreto Ley 546 de 1971, régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público, previó los 65 años, como la edad de retiro forzoso de los funcionarios y empleados a que se refiere el Decreto.

Con la Ley 1821 de 2016,por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas, publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2016, la edad de retiro forzoso se aumentó a los 70 años de edad. El artículo 2 ibdíem precisó:

“Artículo 2°. La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al derecho a la pensión de jubilación. Quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. A las personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

La Corte Constitucional, mediante las sentencias C-351-95, C-084 y C-135 ls dos últimas de 2018, declaró exequible el artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1969 y la Ley 1821 de 2016.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en su oportunidad consideró que la Ley 1821 de 2016, tiene efecto general inmediato y no es retroactiva. En efecto adujo:

“...2. En los términos del artículo 2º de la Ley 1821 de 2016, ¿pueden permanecer voluntariamente en sus cargos las personas que (i) antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 cumplieron la edad de 65 años, pero a esa fecha (ii) no se les había definido su situación laboral mediante acto administrativo de retiro y (iii) continúan ejerciendo funciones públicas? Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el “efecto general inmediato” (no es retroactiva) y que el artículo 2º de la misma no regula el supuesto fáctico que se describe en la pregunta, no pueden permanecer en sus cargos, hasta cumplir los 70 años de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad de retiro forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo, en el ejercicio de funciones públicas, independientemente de que su situación laboral o administrativa haya sido declarada (no constituida) o no mediante un acto administrativo en firme. Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean aplicables, sin desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional para amparar los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren protección en condiciones especiales.”

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del 30 de diciembre de 2016, la edad de retiro forzoso se aumentó a los 70 años de edad, para las personas que desempeñan funciones públicas.

2.2. Pensión excepcional de retiro por vejez

En términos generales, la pensión de vejez plena, es un derecho fundamental y una prestación económica del sistema de seguridad social pensional, que se concede a quienes cumplen con los requisitos legales como la edad y el tiempo de cotización, y busca otorgar un ingreso adecuado y digna subsistencia a las personas que por su avanzada edad han disminuido o agotado su capacidad productiva.

Igualmente, la legislación anterior a la Ley 100 de 1993, tenía previsto una prestación excepcional –la pensión de retiro por vejez, en aquellos casos en los cuales el trabajador avanzaba a la edad de retiro forzoso y por lo mismo le era imposible continuar cotizando para pensiones. La pensión de vejez excepcional, tiene por objeto garantizar el mínimo vital de quien alcanza la edad del retiro forzoso.

Decreto-Ley 3135 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, disponía:

“ARTÍCULO  29. Pensión de retiro por vejez. A partir de la vigencia del presente Decreto, el empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la edad de 65 años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez, tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente al veinte por ciento (20%) de su último sueldo devengado, y un dos por ciento (2%) más por cada año de servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal.”

El Decreto 1868 de 1969, reglamentario de la norma transcrita, precisó:

“Artículo 81º.- Derecho a la pensión. 1. Todo empleado oficial que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, sea retirado del servicio por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, sin contar con el tiempo de servicio necesario para gozar de pensión de jubilación, ni hallarse en situación de invalidez, tiene derecho a pensión de retiro por vejez, siempre que carezca de medios propios para su congrua subsistencia, conforme a su posición social. 2. La falta de medios propios para la congrua subsistencia se demostrará con los siguientes medios probatorios: a) Con dos declaraciones de testigos sobre la carencia de bienes o rentas propios del interesado para atender a su congrua subsistencia, conforme a su posición social ante un juez del trabajo, o civil, con citación del respectivo agente del ministerio público; y b) Con la presentación, además, de la copia auténtica de la última declaración de renta y patrimonio del interesado, expedida por la Administración de Hacienda Nacional respectiva. 3. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión se estableciere por cualquier medio que el pensionado poseía bienes o rentas suficientes para su subsistencia en el momento del reconocimiento, la entidad pagadora revocará dicho reconocimiento y podrá repetir por las sumas pagadas indebidamente”

El artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, contentiva del régimen especial de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público, previó para los referidos servidores una pensión de vejez por llegar a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico, sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades.

El Acto Legislativo 01 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005, estableció la regla general que a partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrán regímenes pensionales especiales ni exceptuados.

La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, dispone:

“ARTÍCULO 37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.”

Del análisis de las normas transcritas se advierte que las normas anteriores al sistema de seguridad social integral, exigían como requisitos esenciales para acceder a la pensión excepcional de retiro por vejez: (i) llegar a la edad de retiro forzoso (65 años) dentro del servicio o sean retirados del servicio por haber cumplido esa la edad (ii) no reunir los requisitos para acceder a la pensión plena u ordinaria de jubilación. La Ley 100 de 1993, por su parte prevé que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y no tengan la posibilidad de continuar cotizando, acceden a la indemnización sustitutiva.

2.3. Breve noción del régimen de transición

El régimen de transición ha sido un mecanismo, establecido desde otrora en la legislación colombiana para la protección de derechos adquiridos y expectativas pensionales legítimas ante los cambios producidos por el tránsito legislativo.

Así y con ese propósito el parágrafo 2 del artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968,dispuso que: “Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente Decreto hayan cumplido dieciocho años continuos o discontinuos de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad al presente Decreto.”

A su turno, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 estableció un régimen de transición y fijó como presupuesto que: los empleados oficiales que al momento de entrar a regir esa Ley (13 de febrero de 1985) hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, se aplicarían las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la misma.

Las normas referidas fueron derogadas por el artículo 25 de la ley 33 de 1995 y 289 de la Ley 100 de 1993, respectivamente.

Finalmente, la Ley 100 de 1993, cuya vigencia en materia pensional tuvo comienzo el 1º de abril de 1994, por haberlo establecido así el mismo ordenamiento en su artículo 151, consignó en el artículo 36 el régimen de transición, de la siguiente manera:
“ARTICULO 36.Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos. a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.”

El parágrafo transitorio 4, del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005

“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html" \l "48" 48 de la Constitución Política.
...
Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".

Entonces, de acuerdo con las últimas leyes reseñadas el régimen de transición para que los derechos pensionales se consoliden con sujeción a la normativa del régimen al que se encontraba afiliado el trabajador a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, (1 de abril de 1994), debía: (i) contar con 35 o más años si era mujer, 40 o más años para el caso de los hombres, o que (ii) tuvieran 15 o más años de servicios.

Sumado a lo anterior, el régimen de transición tiene un límite impuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, que el mismo se extendía hasta el 31 de julio de 2010, excepto que el trabajador tuviera 750 semanas a “31 de diciembre del año 2014 se acabarían todos los regímenes pensionales distintos al consagrado en el Sistema General de Pensiones.”

La Corte Constitucional, encontró que por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición y poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior.

2.3.1. Alcance de la expresión en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, contenida en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La referida expresión ha generado interpretaciones controversiales, a saber:

El Consejo de Estado al estudiar la “acción de nulidad”  contra los artículos 25, 26, 27 y 28 del Decreto 043 de 1999, acogió la tesis en el sentido que para ser beneficiario de un régimen especial, no resulta necesario estar inscrito en él al 1 de abril de 1994, “incluso procede si se inscribe en forma posterior”. En la sentencia del 31 de agosto de 2000, adujo que:

“El “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de servicios cotizados y por circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen, el interesado no tenga por vínculo laboral. Esta hipótesis no podría entenderse como un impedimento para acceder al beneficio que establece la Ley, El “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” hace referencia a servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido en la Ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente en ése momento.”

En la sentencia del 12 de abril de 2012, para efecto de la aplicación del Decreto-ley 546 de 1971, en medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, exigió “vinculación” para el 1 de abril de 1994, vr.gr. “a la Rama Judicial”. En la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014, para la aplicación del mismo régimen, no exigió como requisito sine qua non, que a 1 de abril de 1994, la interesada estuviera “vinculado a la Rama Judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 17 de junio de 2015, consideró:

“...la titularidad de un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo que haya estado afiliado a un régimen pensional durante su ordinaria vigencia y que tenga relación con la pensión que se reclama, pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los presupuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiere tenido la condición de afiliado a dicho régimen, ...sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, ...,para el 1 de abril de 1994.
...El régimen anterior al cual se encuentren afiliados exigido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, no puede ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de servicio cotizados y por circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen, el interesado no tenga vínculo laboral. Esta hipótesis no podría entenderse como un impedimento para acceder al beneficio de la Ley. El régimen anterior al cual se encuentren afiliados hace referencia a servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente en ese momento. ...”

La Corte Constitucional (i) En la sentencia C-596-97, señaló que para ser beneficiario de un régimen especial en razón del régimen de transición, era necesario estar afiliado al mismo al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) (ii)En la sentencia T-483-09, consideró que para beneficiarse de un régimen especial en virtud del régimen de transición no era necesario al 1 de abril de 1994, estar afiliado al mismo.(iii) en la sentencia T-353-12, retornó a la tesis de la sentencia C-596-97. En la sentencia C-258-13 y SU-023 de 2018, fue categórica en el sentido que no se puede extenderse un régimen especial, “a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo”.

En la sentencia T-080-13, reflexionó, en los siguientes términos: “

“El tiempo verbal en el que está conjugado el verbo encontrar –presente- evidencia que el legislador hacía referencia al régimen en el que se encontrara vinculado el trabajador en el momento de expedición de la Ley 100. Por tanto, conforme a una interpretación literal, es inevitable concluir que para que a una persona se le aplique la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios cotizados, el número de las semanas cotizadas y el monto de la pensión del régimen anterior a la Ley 100, debía estar afiliado a él al entrar en vigencia el nuevo sistema.

En tercer término, encuentra la Sala una interpretación teleológica de la Ley 100 refuerza la tesis anterior. La Ley 100 de 1993 busca proteger la expectativa a ser pensionado bajo las reglas del régimen al que pertenecía el trabajador cuando comenzó el tránsito normativo. Teniendo en cuenta esta finalidad –protección de expectativas que ya habían surgido al amparo de un arreglo normativo e institucional-, resulta necesario que efectivamente el beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación reclama al momento de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existiría ninguna expectativa que proteger. “

En la sentencia T- 370-16, adujo:

“5.6. Por último, cabe destacar que el ser beneficiario del régimen de transición permite la aplicación de las normas que se encontraban vigentes al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, de conformidad con el régimen al que se encontraban afiliados. Al respecto, la Sala Plena de la Corporación, ha señalado que al estudiar cuáles serían las condiciones más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de una nueva ley, en relación con el régimen de transición, si la persona no está vinculada a ningún régimen pensional, no existe una expectativa de derecho a pensionarse.  “Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior. (resaltado fuera del texto)” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-370-16.htm" \l "_ftn27" \o "" [27]  Es así como la condición para acceder al beneficio de la transición, es estar afiliado a algún régimen pensional, lo que permite entonces la aplicación de los requisitos exigidos en el sistema pensional anterior, sin especificar, ni condicionar la escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de seguridad social a la que se encontrará afiliado.”

Teniendo en cuenta o anterior, se advierte que para beneficiarse de un régimen pensional al amparo del régimen de transición, se requiere necesariamente que la persona interesada hubiere estado afiliada al mismo con anterioridad al 1 de abril de 1994, aun cuando no encontrare laboralmente activa para esa fecha.

2.4. Alcance del artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971

La parte demandante-apelante, invocó como fundamento de derecho para pretender la pensión excepcional de retiro por vejez, el artículo 36 de la Ley 100 de 1996 y el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, norma ésta última contentiva del régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y que dispone:

“Artículo 10. Los funcionarios a que se refiere este Decreto, que lleguen o hayan llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico, sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por cada año de servicio.”

Respecto del alcance de la disposición, se advierte:

El Consejo de Estado, en su oportunidad negó la pensión excepcional de retiro por vejez, en consideración a que encontró que el interesado a la entrada en vigencia de vigencia la Ley 100 de 1993, no era beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971-“no se encontraba vinculada a la Rama Judicial”. En efecto anotó:

“Los funcionarios a que se refiere el Decreto 546 de 1971, Articulo 10, que lleguen o hayan llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Público, sin reunir los requisito exigidos para una pensión ordinaria de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por cada año servido. Se tiene entonces, que tal y como se evidencia en el acervo probatorio allegado al expediente que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Robles Carrillo no era beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la Rama Judicial, pues a pesar de que laboró en ella durante un mes en el año 1971, no se encontraba para el 1 de abril de 1994 vinculado a la Rama Judicial y por ende no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable para que se reconociera su derecho pensional de vejez de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del mencionado Decreto.”

La misma corporación, en otra oportunidad, accedió a las súplicas ante una situación en la cual la parte interesada, había laborado 12 años, 5 meses 15 días a la Rama Judicial, no se encontraba vinculado a 1 de abril de 1994, tampoco se encontraba en servicio de la misma al cumplir los 65 años de edad. Esbozó como razones las siguientes:

“...La anterior disposición debe armonizarse con las normas constitucionales que protegen los derechos de las personas de la tercera edad, que disponen aplicar los principios de favorabilidad en materia laboral e irrenunciabilidad de las prestaciones sociales que tienen fuerza vinculante, y criterios auxiliares como la equidad, pues dicha disposición fue proferida muchos años antes de la expedición de la nueva Carta, la cual consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho y que en desarrollo de ese postulado impone brindar estándares mínimos de seguridad a los coasociados.

Sobre este punto, esta Corporación en la Sentencia del 26 de Octubre de 2006 Exp. 4109-04 Cp. Jaime Moreno Garcia, en un asunto de similares contornos, accedió a las súplicas de la demanda de un funcionario que cotizó a la Rama Judicial por un tiempo inferior a los 20 años y cumplió la edad de retiro forzoso años después de su desvinculación. En dicha oportunidad dijo:

De la prevalencia de los derechos fundamentales: Pensión de vejez.
...
1. La interpretación en torno a temas de seguridad debe realizarse con fundamento en el marco constitucional
...
2. La vinculación laboral al momento de cumplir 65 años de edad es un hecho fortuito que no depende de la voluntad del empleado.
3. Derecho a la igualdad.

4. Avance Jurisprudencial
El asunto sometido a consideración no es nuevo. Así, en fallo del 26 de febrero de 2003, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla, esta Sala accedió a ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al actor quien no se encontraba activo laboralmente cuando cumplió los 65 años.
...
La anterior jurisprudencia fue reiterada en la sentencia del 1º de marzo de 2012 Exp. 7318-05 con ponencia de quien redacta esta providencia, precisando lo siguiente:
...
En razón a los precedentes previamente citados, es preciso rebatir que la pensión por vejez sólo se reconoce a quienes al momento de cumplir los 65 años de edad estén vinculados al servicio, por tratarse de una interpretación literal que produce a todas luces un efecto injusto, violatorio del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, opuesta a los mandatos constitucionales de protección a la tercera edad y de aplicación favorable de las disposiciones legales en materia laboral, dadas las particularidad que envuelve el caso.

En ese orden, es justo, razonable y coherente con el sistema jurídico reconocer la prestación en el caso analizado, pues el alcance de esta norma debe armonizarse con los principios y valores básicos del ordenamiento jurídico, contenidos en los preceptos constitucionales y desde esta perspectiva se considera que el actor tiene derecho a la pensión especial de vejez.

En las condiciones anotadas y teniendo en cuenta que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el actor contaba con más de 40 años de edad (nació el 14 de marzo de 1943) y laboró al servicio de la Rama Judicial de manera ininterrumpida dentro del periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 1969 y el 10 de mayo de 1982 (12 años, 5 meses y 15 días) , le asiste el derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971.
...”

Los pronunciamientos traídos a colación fueron invocados por las partes en pro de defender cada una su correspondiente interés. Se advierte que el tema se ha tornado un tanto controversial y a la fecha no se unificado la cuestión.

Con todo en la sentencia del 14 de junio de 2018, en el contexto de una acción de tutela, el Consejo de Estado, revocó la sentencia de 28 de septiembre 2017 de la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación y encontró razonable y ajustado a derecho fallo del 22 de febrero de 2017 del Tribunal Administrativo de Boyacá que revocó la sentencia de 10 de diciembre de 2015 y negó las pretensiones de la demanda en un caso, en el cual “el demandante ...no llegó a la edad de retiro forzoso mientras prestó sus servicios a la Rama Judicial.”

En la sentencia del 14 de junio de 2018, el Consejo de Estado, concluyó que como requisito para acceder a la “pensión subsidiaria por cumplimiento de edad de retiro forzoso”, se requiere que:

“...el funcionario llegue a la edad de retiro forzoso durante el servicio en la Rama Judicial y que este no sea menor de 5 años continuos: así:
...
En efecto, como el vínculo laboral del actor con la Rama Judicial culminó el 15 de septiembre de 1985 y desde entonces no se observa la existencia de alguna relación con la Rama Judicial, lo que tampoco ocurrió para el 1 de enero de 2013, fecha en la cual cumplió los 65 años, como edad de retiro forzoso, no es acertado afirmar que el actor se le pueda reconocer la pensión subsidiaria por edad de retiro forzoso, por cuanto no cumple las condiciones establecidas para la mencionada prestación. ...”

La Corte Constitucional, en la sentencia T-083-13, en un caso y ante una persona de 75 años de edad, con varias patologías y precaria situación económica, por no cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 546 de 1971, para acceder a la pensión ordinaria, ni la pensión de retiro por vejez, ordenó al respectivo ente de previsión que en el caso que el interesado opte por la indemnización sustitutiva, reconocérsela (la indemnización) conforme al artículo 37 de la Ley 100. En efecto consideró:

“...Encuentra la Sala que si bien el señor Luis Beltrán Dangón Martínez cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, no cumple con los establecidos en el Decreto 546 de 1971 para adquirir una pensión ordinaria vitalicia de jubilación ni la pensión vitalicia de jubilación por retiro forzoso, ...
...Por tanto, si bien el tutelante sí se encuentra cobijado por el régimen de transición, al 1ª de abril de 1994 no estaba afiliado al régimen de los funcionarios de la Rama Judicial o del Ministerio Público, de modo que no se le puede reconocer una pensión con base en un régimen pensional en el cual no había adquirido ninguna expectativa de pensión.
3.2.5.  No obstante no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 546 de 1971 para acceder a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación o a una pensión vitalicia de jubilación por retiro forzoso, el accionante sí tiene derecho a escoger entre: i) recibir el pago de una indemnización sustitutiva, que no es más que “el derecho que le asiste a las personas que no logran acreditar los requisitos para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, de vejez y de sobreviviente, para reclamar -en sustitución de dicha pensión- una indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-080-13.htm" \l "_ftn13" \o "" [13]; o ii) continuar cotizando al sistema hasta tanto obtenga el número de semanas para acceder al beneficio pensional.
...
Entonces, si el accionante opta por hacer efectiva la indemnización sustitutiva, Colpensiones, la entidad que remplazó al ISS, está en la obligación de reconocérsela y pagársela conforme a las reglas contenidas artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, so pena de incurrir en un enriquecimiento sin justa causa.
...”

Del análisis del artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971, en integridad con la finalidad de la “pensión excepcional de vejez”, la jurisprudencia traída a colación y lo consignado en los acápites anteriores, la sala concluye que para acceder a la referida pensión y al amparo del régimen de transición, se exige como requisitos sine qua non y concurrentes: (i) que la persona interesada llegue o haya llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico, (ii) sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, (iii) haber servido no menos de 5 años continuos. (iv) haber estado afiliada al régimen del Decreto-Ley 546 de 1971, con anterioridad al 1 de abril de 1996.

2.5. Caso concreto

La Sala confirmará la sentencia apelada, por las razones esbozadas en los acápites anteriores, y las siguientes:

La señora Juliao de Quiroz, no cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tampoco todos los presupuestos exigidos en el artículo 10 del Decreto-Ley 546 de 1971.

En efecto, el acervo probatorio obrante en el expediente, acredita que la señora Marina Juliao de Quiroz, nació el 14 de agosto de 1946 y prestó sus servicios laborales a la Rama Judicial en periodos del 15 de septiembre de 1971 al 17 de julio de 1984, de donde se infiere que al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la referida señora Marina Juliao de Quiroz contaba con 46 años 7 meses 15 días de edad, y había estado afiliada al régimen de la Rama Judicial, empero al 25 de julio de 2005 fecha de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tenía sólo 383 semanas de cotización y no 750 como lo exigió esta norma. Entonces, la parte actora apelante no reúnen las condiciones exigidas por la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Acto legislativo 01 de 2005, para ser beneficiaria del régimen de transición.

Tampoco, se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Ley 546 de 1971, para acceder a la pensión de retiro por vejez, pues si bien es cierto se encuentra demostrado que el tiempo servido por la señora Juliao a la Rama Judicial fue de 7 años, 5 meses y 14 días, no lo es menos que la norma exige, para acceder a la prestación que el servidor “llegue a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico”, no en cualquier momento o en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En el subexamine, al 17 de julio de 1984, último día acreditado como laborado, la señora Juliao Quiroz, calendaba por la edad de 37 años, 11 meses y 2 días, no se encontraba impedida para continuar cotizando para efectos pensionales, por el contario con plena fuerza laboral.

La señora Julio cumplió los 65 años de edad el 11 de agosto de 2014 (antes de la Ley 1821 de 2016), esto son, 30 años después de su último día laborado con la Rama Judicial, luego en las condiciones descritas, pretender beneficiarse de la previsión consagrada en el artículo 10 del Decreto Ley 546 de 1971 y el artículo 36 de la Ley 1993, resulta irracional y desproporcionado al objetivo de las normas que consagraban la pensión de retiro por vejez.

III.DECISIÓN

En este orden de ideas se concluye que habrá que confirmarse la sentencia apelada, como así se hará y por las razones expuestas anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. CONFÍRMESE la sentencia apelada.

SEGUNDO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.
(Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha).

CÉSAR PALOMINO CORTÉS SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER
folios 1 y ss, y 199 del expediente
Radicado 13001-23-31-000-2008.00704-01 (1977-10)
folios 135 y ss, 216 y ss del expediente
folios 124, 183, 220, 244, 249, 258, del expediente. Radicado 13001-23-31-000-2008-0704-01(1977-10)
folio 41 vto expediente. 9.61 años. Folios 59 y ss. certificación expedida por el jefe de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. y actos acusados.
artículo 151. vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Registro Civil folio 62 del expediente
Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos. Exceptúense de esta disposición los empleos señalados por el inciso 2o. del artículo 29 de este Decreto. Artículo 122. La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso segundo del artículo 29 del decreto 2400 de 1968, adicionado por el 3074 del mismo año. Retiro forzoso. Señalase como edad de retiro forzoso para los notarios, la de 65 años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal. 4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años.
por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas. Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las contenidas en los Decretos-ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968, y en los Decretos números 1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3)”. Diario Oficial. año CLII. 50102. 30, diciembre, 2016. pág. 504. Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las contenidas en los Decretos-ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968, y en los Decretos números 1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3)”. Radicación: 11001-03-06-000-2017-00001-00 (2326 ) concepto de 8 de febrero de 2017 C.P. Álvaro Namén Vargas
Sentencias T-774/15, T- 631-16, T-037/17
Sentencia T-631/16
negrilla fuera de texto.
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”
Decreto derogado HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=248" \l "25" por el artículo 25 Ley 33 de 1985. negrilla fuera de texto. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política
sentencia T-631-16
C-258-13, C-596 de 1997
Sentencia del 18 de noviembre de 2002 Radicado IJ-008
sentencia de agosto 31 de 2000, expediente No. 16.71
expediente No.

16.71
Radicado 5000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014) y 11001-03-15-000-2017-02163-01
Radicado 56892. sentencia de 17 de junio de 2015. Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00704-01(1977-10) sentencia de 12 de abril de 2012. Folio 394
Expediente No. 08001233300020130056301 (4864-14), sentencia 4 de agosto de 2016. Radicado 11001-03-15-000-2017-02163-01
De la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual revocó la sentencia del 22 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y ordenó se dictara una nueva decisión, por cuanto: “ ...la sentencia de unificación proferida el 12 de septiembre de 2014, no se exigió como condición sine que non, para para la aplicación del Decreto 546 de 1971, que a partir de 1 de abril de 1994 la vinculación a la Rama Judicial estuviera activa. Indicó que teniendo en cuenta que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el actor contaba con más de 40 años de edad ( nació el 1 de enero de 1948) y trabajó al servicio de la Rama Judicial de manera ininterrumpida dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1977 y el 1 de septiembre de 1983 (8 años y 15 días), le asiste el derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 10 del decreto 546 de 1971·” fuente: Radicado 11001-03-15-000-2017-02163-01
Radicado 11001-03-15-000-2917-02163-91, fallo del 14 de junio de 2018
Sentencia T-080-13
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación. Diario Oficial 45.980e 25 de julio de 2005

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