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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2014-00064-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00064-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00064-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Revocar la sentencia del 25 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del proceso instaurado por el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla, de conformidad con las consideraciones que anteceden. En su lugar se dispone: 46 Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla Primero.- Declarar la nulidad del Oficio 2948 del 25 de julio de 2013, expedido por el jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla y la entidad. Segundo.- Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones respecto de las prestaciones sociales pretendidas. Tercero.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Oficio 2948 del 25 de julio de 2013, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Dirección Distrital de Liquidaciones tomar (durante el tiempo comprendido entre el 30 de agosto al 29 de octubre de 2001; 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2001; 1°de marzo al 31 de julio de 2004; 19 de enero al 15 de septiembre de 2005; 1° de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2006; 1° de febrero al 31 de diciembre de 2007; y del 1° de abril al 20 de diciembre de 2008) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del señor Ricardo Antonio Quesada Padilla (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00064-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

9 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-2017)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad, prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Dirección Distrital de
Liquidaciones y el Distrito Especial de Barranquilla, contra la sentencia proferida el
25 de julio de 2016, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla, mediante

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2948 del 25 de julio de 2013,
expedido por el jefe de la oficina jurídica del Distrito de Barranquilla, por medio del
cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social
reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre el demandante y
la entidad.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral producto
de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de prestación
de servicios; ii) reconocer una indemnización equivalente a los salarios dejados de
pagar por la Secretaría de «salud», el Instituto de Recreación y Deporte, en adelante
IRD, la Corporación Distrital de Recreación y Deporte, en adelante Cordeportes, y la

Secretaría Distrital de Recreación y Deporte correspondientes a los años en los
cuales laboró; así como las primas de navidad, servicios, vacaciones y cesantías
con sus respectivos intereses y demás derechos laborales que en igualdad de
condiciones tenían los empleados de las referidas entidades; iii) cancelar las
prestaciones sociales que se encuentran a cargo del empleador al sistema integral
de seguridad social, en la cuota parte que se dejó de trasladar a las entidades en
las que estuvo afiliado; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 187 del CPACA; y v) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Ricardo Antonio Quesada Padilla fue vinculado «laboralmente» a la
Secretaría de Educación, al IRD y a Cordeportes mediante órdenes de prestación de
servicios. En los cargos desempeñados existían funciones asignadas de manera
continuada, con subordinación, cumplimiento de horarios y remuneración
económica. Las actividades, concretamente, fueron las siguientes:

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Fecha Dependencia Funciones
1994 - 1996 Secretaría de Educación Digitador del departamento de
educación especial
1997 - 2004 IRD Coordinador auxiliar de los
programas deportivos con
personas con discapacidad
2005 – enero 2008 Cordeportes Coordinador auxiliar de los
programas deportivos con
personas con discapacidad
Marzo – Dic 2008 Cordeportes Digitador de información de los
2009 – 2012 Secretaría de Recreación y juegos intercolegiales
Deporte

ii) Durante el tiempo que prestó servicios a las entidades distritales mencionadas
no le fueron reconocidas o canceladas ninguna de las prestaciones sociales.

iii) El artículo 14 del Decreto 0258 de 2004 dispuso la liquidación del IRD y creó
Cordeportes. Posteriormente, esta última entidad fue liquidada el 30 de noviembre
de 2009. El proceso de liquidación estuvo en cabeza de la Dirección Distrital de
Liquidaciones.

iv) El 19 de junio de 2013, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados;
sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 2948 del 25 de julio de 2013,
dio respuesta negativa a su petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 53, y 211 de la Constitución Política; 23
del Código Sustantivo del Trabajo; 12 y 18 del Decreto 1333 de 1986 y 44 y 76 de
la Ley 715 de 2001.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El acto administrativo demandado transgrede los derechos del demandante,
toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran dentro de una clara
relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente aparecen los

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.

ii) El Distrito de Barranquilla delegó en el IRD y en Cordeportes competencias
en materia de recreación y deporte, y posteriormente liquidó dichas dependencias,
luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política,
reasumió la responsabilidad consiguiente lo que implica la asunción de las funciones
delegadas y de las obligaciones laborales pendientes con sus extrabajadores.

iii) Así las cosas, al negar el Distrito los derechos reclamados violó
ostensiblemente las garantías y derechos fundamentales del actor.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:

i) Cordeportes antes de ser liquidada era una entidad descentralizada del orden
territorial, con autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad jurídica
propia, es decir, era una entidad completamente independiente del Distrito, de
manera que este último no se encuentra obligado a responder o asumir obligación
alguna en relación con los hechos y la causa petendi de la demanda.

ii) El municipio no adelantó el trámite liquidatario ni suprimió la planta de
personal ni liquidó en forma definitiva a Cordeportes, ni tampoco asumió obligación
alguna frente a la liquidación ni por disposición legal, ni por voluntad propia. Fue la
Dirección Distrital de Liquidaciones, en su calidad de agente liquidador quien realizó
los activos y pagó los pasivos de dicha entidad.

1 Folios 271 al 287.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

iii) Así las cosas, no es posible acceder a la petición de restablecimiento del
derecho referida al pago de las sumas adeudadas por concepto de acreencias
laborales, teniendo en cuenta que entre el accionante y el ente territorial no existió
vínculo laboral alguno (Secretaría de Educación). Adicionalmente, en el proceso no
se encuentra prueba sumaria que acredite la existencia de una subordinación
laboral, un horario de trabajo que fuera de obligatorio cumplimiento para el actor
entre otros aspectos de vital importancia para comprobar la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad,
prescripción y compensación.

1.2.2. Dirección Distrital de Liquidaciones

La litisconsorte necesaria, vinculada al proceso de oficio mediante el auto del 23 de
septiembre de 2015,2 se pronunció en los siguientes términos:3

i) Se opuso a todas las pretensiones de la demanda por cuanto aquellas
carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, en atención a que la vinculación de
esa dirección debió realizarse en calidad de tercero especializado por haber
asumido la administración de las situaciones jurídicas no definidas por el extinto IRD
en liquidación (liquidado finalmente el 27 de diciembre de 2007) y Cordeportes en
liquidación.

ii) Respecto de las funciones asignadas al demandante en su carácter de
contratista, estas hacían parte de la esencia de la contratación. En cuanto al
elemento de la subordinación, este no se puede confundir con la facultad de que
goza la administración para vigilar, supervisar y controlar la labor contratada.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva por

2
Folios 365 al 370.
3 Folios 378 al 393.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

independencia entre la Dirección Distrital de Liquidaciones y el IRD y Cordeportes,
inexistencia de la obligación demandada por cuanto el contrato de prestación de
servicios no genera vínculo laboral entre las partes, y prescripción del término para
reclamar ante la administración el reconocimiento y pago de los derechos
prestacionales pretendidos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia escrita proferida el 25
de julio de 2016,4 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:

i) Del material probatorio aportado emerge con claridad que el señor Ricardo
Antonio Quesada Padilla prestó sus servicios como digitador entre 1994 y 2010, de
la siguiente manera: en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla entre
1994 y 1996; en el Instituto de Recreación y Deportes, entre 1997 y 2004; en
Cordeportes, entre 2005 y 2008; «en la Secretaría de Recreación y Deportes, entre
2009 y 2010; y en la Secretaría de Recreación y Deportes entre 2011 y septiembre
de 2012».

ii) Se advierte que el actor suscribió varias órdenes de prestación de servicio de
manera sucesiva con el objeto de prestar sus servicios en la oficina de atención a
personas con necesidades educativas especiales en la Secretaría de Educación
Distrital durante el período comprendido entre el 14 de julio de 1996 hasta el 30 de
noviembre de 1998; así como en el IRD desde el 30 de agosto de 2001 hasta el 30
de julio de 2004; y en Cordeportes desde el 2 de mayo de 2005 hasta el 30 de
noviembre de 2008.

iii) Del referido material probatorio también se puede inferir que el demandante
prestó de manera personal sus servicios como digitador por períodos y que por
dicha labor recibió el pago de una remuneración. El elemento de la subordinación

4 Folios 565 al 598. Con ponencia del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo.

6

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

deviene claro de la prueba testimonial, toda vez que el señor Quesada Padilla para
desarrollar la actividad de apoyo para la que fue contratado sucesivamente se
encontraba sujeto al cumplimiento de horario, y a la supervisión permanente de las
tareas realizadas, teniendo en cuenta que su trabajo estaba supeditado a la
información que le proporcionaran los diferentes coordinadores de los programas
creados por cada una de las entidades en las que prestó servicios. Asimismo, lo
contratado corresponde a una función permanente, inherente a la esencia y objeto
de la entidad demandada.

iv) En ese orden, si bien se puede concluir que resulta procedente el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por la relación
laboral que sostuvo el actor con la entidad demandada, tal reconocimiento solo
podrá hacerse frente a los períodos comprendidos entre 1996 y 2008, pues no
existen elementos probatorios que permitan determinar que para los años 2009 a
2012 el señor Quesada Padilla prestó sus servicios a la Secretaría de Recreación y
Deportes del Distrito de Barranquilla.

v) Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por las entidades demandadas se determina que el llamado a cubrir la
condena impuesta es la Dirección Distrital de Liquidaciones, por cuanto, tanto el IRD
como Cordeportes fueron liquidadas y la referida dirección estuvo encargada de ese
proceso, luego resulta evidente que está legitimada para actuar dentro del proceso
y asumir la condena en lo que respecta al período 2001 – 2008.

vi) Se precisa que el señor Quesada Padilla laboró al servicio de la Secretaría
de Educación Distrital entre 1996 y 1998 por lo tanto los emolumentos y
prestaciones ocasionados deben ser cancelados por dicha dependencia.

vii) En cuanto al fenómeno de la prescripción, dispone el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 que los derechos prescribirán en tres años contados desde el
momento en que la obligación se haga exigible, pero teniendo en cuenta que esta

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

sentencia tiene carácter de constitutiva no hay lugar a ordenar su aplicación,
carácter determinante también para abstenerse de reconocer la sanción moratoria.

viii) Finalmente, referente a las prestaciones compartidas (vr. gr. pensión y salud)
se ordena a la demandada el pago a favor del demandante de los porcentajes de
cotización que le correspondían de conformidad con la Ley 100 de 1993, pagos que
en virtud de las órdenes de prestación de servicios fueron asumidos totalmente por
el contratista. No obstante, en caso de que estos no se hubieran efectuado la
demandada deberá realizar las cotizaciones respectivas a los dos sistemas,
descontando de las sumas que se adeudan al señor Quesada Padilla el porcentaje
que a este le corresponde, y en todo caso, el tiempo efectivamente laborado se
computará para efectos pensionales.

ix) En suma, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó al
Distrito de Barranquilla – Dirección Distrital de Liquidaciones pagar las prestaciones
sociales y demás emolumentos reclamados correspondientes al período en el cual
se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, desde el 14 de julio de 1996
hasta el 30 de diciembre de 2008, y se abstuvo de condenar en costas.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Dirección Distrital de Liquidaciones

El apoderado de la litisconsorte necesaria interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar absolver
a la entidad de toda condena. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:5

i) Si bien es cierto, como lo afirmó el Tribunal en el fallo, tanto el IRD como
Cordeportes fueron liquidados y la Dirección Distrital de Liquidaciones fungió como
ente liquidador, también lo es que el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla no
estuvo en el proceso liquidatorio de tales entidades y, por tanto, las pretensiones

5 Folios 605 al 611.

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

aquí reclamadas no fueron estudiadas por el liquidador y mucho menos incluidas en
el pasivo de los entes demandados.

ii) Con todo es claro que existía para el demandante la carga procesal de
hacerse parte dentro del trámite de liquidación de manera oportuna a efectos de
tener la satisfacción del derecho que reclama, y en caso de no hacerlo, debe asumir
las consecuencias que se derivan de su omisión.

iii) Sumado a lo anterior el artículo 46 del Decreto 2211 de 2004, derogado por
el Decreto 2555 de 2010, señala que tratándose de gestiones judiciales existe para
la liquidación la obligación de provisionar los recursos para garantizar el pago de
sentencias que hubieran sido notificadas antes de la terminación del proceso de
liquidación. Una vez terminada la liquidación las provisiones deben ser entregadas
por el liquidador a un tercero especializado que estará a cargo del título de
administración de las situaciones jurídicas no definidas. De suerte que en este caso
por negligencia del actor al haber iniciado el trámite judicial luego de terminado el
proceso de liquidación de las referidas entidades no fueron constituidas las
provisiones por parte del girador.

iv) Así las cosas, el pago de acreencias por fuera del trámite liquidatorio como
pretende el a quo a través del fallo que se impugna desconoce el principio de la
concursalidad que rige los procesos liquidatorios, constituyéndose una violación al
derecho a la igualdad con los demás acreedores.

v) Respecto de la prescripción, el Consejo de Estado desde el año 2009 unificó
jurisprudencia en torno a este fenómeno bajo el entendido de que el carácter
constitutivo de la sentencia en los procesos en que se pretenda la declaración de
una relación laboral encubierta o subyacente no faculta al interesado para radicar
su petición ante la administración en cualquier tiempo.

vi) No se puede perder de vista que el actor solicitó el reconocimiento de
prestaciones sociales 11 años después de haberse terminado las órdenes de

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

prestación de servicios suscritas con el IRD y 5 años después de la liquidación de
Cordeportes, por lo tanto, el Tribunal sí debía realizar un análisis del fenómeno
prescriptivo.

1.4.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El apoderado de la demandada elevó recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar negar las pretensiones
de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:6

i) La decisión del Tribunal resulta contraria a derecho y no se compadece con
el acervo probatorio recaudado en el proceso, ya que no se logró acreditar la
existencia de la relación laboral alegada por el actor, ni se tuvo en cuenta que toda
reclamación que por dicho sentido pudiese deprecar el accionante se torna
improcedente habida cuenta el fenómeno de la prescripción. De ahí que no se
hubiera derruido la presunción de legalidad que pesa sobre el acto acusado y menos
sea procedente la condena impuesta.

ii) El fallador no tuvo en cuenta que el plazo pactado de la última orden de
prestación de servicios suscrita con la Secretaría de Educación finalizó el 30 de
noviembre de 1998, por lo que a partir de ese momento tenía 3 años para reclamar
la existencia del contrato laboral, por tal razón al elevarse la reclamación
administrativa tan solo hasta el 19 de junio de 2013 (casi 12 años después de la
vigencia del último contrato y/o, en gracia de discusión, 5 años después de que
finalizara el último encargo con Cordeportes), no resultaba procedente acceder a
las pretensiones de la demanda por encontrarse prescrito cualquier derecho
reclamado.

iii) Contrario a lo manifestado por el a quo, no se acreditó ninguna relación
laboral entre las partes entre 1996 y 1998, tampoco se demostró que de los
contratos u órdenes de prestación de servicios allegados se desprendiera la

6 Folios 659 al 668.

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

adecuación de una relación laboral que sustentara la anulación del Oficio
demandado.

iv) El hecho de que las pretensiones de la demanda se hubieran cimentado
sobre la premisa de que el actor sostuvo una supuesta relación laboral con el IRD,
Cordeportes y la Secretaría de Educación obligaba al a quo a constatar con las
pruebas obrantes dentro del proceso, para cada una de dichas vinculaciones, que
el actor efectivamente cumplía órdenes o fue objeto de memorandos, exigencias y
demás elementos que pudieran evidenciar, sin lugar a dudas, que se configuró en
algún momento una relación laboral con tales entidades.

v) No obstante, al Tribunal le bastó para condenar al Distrito y a la Dirección de
Liquidaciones el hecho de que el accionante suscribió varios contratos, conclusión
incorrecta que, se insiste, no se compadece con el material probatorio arrimado al
dosier.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en los recursos de
apelación, respectivamente.7

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

7 Folios 731 al 739 y 747 a786.
8 Folio 757.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si está probado en el expediente que entre el señor Quesada Padilla y el
Distrito de Barranquilla, Secretaría de Educación, Instituto Distrital de Recreación y
Deportes y/o Corporación Distrital de Recreación y Deportes existió una verdadera
relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculado contractualmente y, de ser así,

2. Si operó el fenómeno jurídico de prescripción, y

3. Si la Dirección Distrital de Liquidaciones es la legitimada para asumir la condena
respecto de la presunta relación laboral que pudiera surgir entre el actor y el Instituto
Distrital de Recreación y Deportes y/o Corporación Distrital de Recreación y
Deportes.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización10, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de

9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la

14

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales

15

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,11 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del

11 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

16

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.14

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del

14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

17

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.15

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

18

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;17 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.18

16 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
17 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

19

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

20

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.20

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.21

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

21 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

22

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante

El señor Ricardo Antonio Quesada Padilla tuvo las siguientes vinculaciones en el
Distrito de Barranquilla:

Órdenes prestación de servicios en la Secretaría de Educación del Distrito de
Barranquilla
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 14 01/05/1998 30/11/1998 8 Labores de digitación en la oficina
(Fl. 64) meses de educación especial de la
Secretaría de Educación del Distrito
de Barranquilla

Órdenes prestación de servicios en el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 232 30/08/2001 29/10/2001 2 Coordinador eventos programas de
(Fl. 72) meses recreación semanas del niño
2 317 01/11/2001 31/12/2001 2
(Fl. 74) meses
3 164 01/03/2004 30/03/2004 1 mes
(Fl. 82)
4 300 01/04/2004 30/04/2004 1 mes
Coordinador eventos programas
(Fl. 85)
con discapacitados del IDRD
5 439 01/05/2004 30/05/2004 1 mes
(Fl. 88)
6 578 01/06/2004 30/06/2004 1 mes
(Fl. 92)

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

7 725 01/07/2004 31/07/2004 1 mes
(Fl. 98)

Órdenes prestación de servicios a Cordeportes
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 074 19/01/2005 31/01/2005 13 días
(Fl. 482)
2 129 01/02/2005 30/04/2005 3
(Fl.481) meses
3 313 02/05/2005 31/07/2005 3 Prestación personal de los servicios
(Fl. 133) meses personales del contratista como
4 478 01/08/2005 15/09/2005 45 días digitador oficina de deportes y
(Fl. 139) emitir los conceptos que se le
solicitan
5 614 01/10/2005 31/10/2005 1 mes
(Fl. 476)
6 716 01/11/2005 30/11/2005 1 mes
(Fl. 141)
7 891 01/12/2005 31/12/2005 1 mes
(Fl. 142)
8 104 02/01/2006 31/05/2006 5
(Fl. 146) meses
9 245 01/06/2006 30/06/2006 1 mes
(Fl. 470)
10 351 04/07/2006 31/07/2006 29 días
(Fl. 171)
11 473 01/08/2006 31/08/2006 1 mes
(Fl. 208)
12 603 01/09/2006 30/09/2006 1 mes
(Fl. 209)
13 737 01/10/2006 31/10/2006 1 mes
(Fl. 175)
14 805 01/11/2006 31/12/2006 2
(Fl. 178) meses
15 196 01/02/2007 28/02/2007 1 mes
(Fl. 183)
16 348 01/03/2007 31/03/2007 1 mes
(Fl. 458)
17 506 01/04/2007 30/04/2007 1 mes
(Fl. 190)
18 667 01/05/2007 31/10/2007 6
(Fl. 191) meses
19 821 01/11/2007 30/11/2007 1 mes
(Fl. 211)
20 042 01/12/2007 31/12/2007 1 mes
(Fl. 182)
21 151/08 01/04/2008 30/06/2008 90 días
(Fl. 193)
22 382/08 01/07/2008 31/07/2008 1 mes
(Fl. 233)

24

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

23 481/08 01/08/2008 31/08/2008 1 mes Prestación personal de los servicios
(Fl. 235) del contratista en la realización de
actividades recreo deportivas en los
24 620/08 01/09/2008 30/09/2008 1 mes
diferentes programas que ejecute
(Fl. 237)
Cordeportes
25 729/08 01/10/2008 31/10/2008 1 mes
(Fl. 239)
26 842/08 04/11/2008 30/11/2008 27 días
(Fl. 240)
27 954/08 01/12/2008 20/12/2008 20 días
(Fl. 434)

i) El 26 de noviembre de 1997, el coordinador de educación especial de la
Secretaría de Educación de Barranquilla certificó que el señor Ricardo Antonio
Quesada Padilla «laboró como digitador en el periodo comprendido desde el mes
de agosto de 1996 al mes de noviembre de 1996 y desde el mes de abril de 1997
al mes de noviembre de 1997».22

ii) El 3 de diciembre de 1998, la oficina de atención a personas con necesidades
educativas especiales de la Secretaría de Educación de Barranquilla hizo constar
que el señor Quesada Padilla «cumplió con sus actividades laborales desde el 1°
del mes de mayo hasta el 30 del mes de noviembre» de 1998 como digitador a
través de prestación de servicios.23

iii) El 25 de enero de 2005, el director del programa de deportes y educación física
de Cordeportes certificó que el actor «cumplió con sus laborales a satisfacción de
la entidad, en el cargo de digitador en el periodo comprendido desde 01 al 30 de
abril de 2005 en el programa de Deporte y Educación Física y en la Escuela de
Formación Deportiva».24

iv) El 3 de diciembre de 2007, el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla suscribió
el contrato individual de trabajo a término fijo núm. 010 de 2007 con Cordeportes
(plazo de ejecución 12 meses) para digitar las informaciones referentes a la oficina
de deportes sobre los campeonatos intercolegiales, interinstitucionales e

22 Folio 53.
23 Folios 52 y 57.
24 Folios 116,117, 122 y 123.

25

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

interbarriales.25

v) El 26 de febrero de 2008, con la Resolución 0053 el director general de
Cordeportes reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas al señor
Quesada Padilla, quien suscribió contrato de trabajo núm. 10 del 3 de diciembre de
2007 para desempeñar el cargo de operario, vínculo que se dio por terminado el 31
de enero de 2008.26

vi) En el dossier obran las cuentas de cobro presentadas por el contratista, así
como los informes de cumplimiento de obligaciones.27

vii) Asimismo, reposa una solicitud de permiso elevada por el presidente del Club
Frapon Atlántico ante la Secretaría General de Cordeportes, con el propósito de
que el señor Quesada Padilla asistiera a los juegos interclubes en la ciudad de
Medellín del 22 al 25 de septiembre de 2005.28

En el mismo sentido, el 30 de enero de 2006 el representante de la junta directiva
del sector discapacitado de Cordeportes solicitó permiso a la secretaria general de
la referida entidad para que el demandante se presentara a la práctica deportiva
en la escuela de formación los días martes, jueves y sábados de 8:00 a 10:00 am
para la preparación de los juegos nacionales.29

viii) De igual modo, el 21 de septiembre de 2007 el presidente de la Liga de
Discapacitados Físicos del Atlántico le remitió misiva al director de Cordeportes con
el ánimo de indicarle que se realizarían los segundos juegos nacionales
paralímpicos en la ciudad de Cali y teniendo en cuenta ello el señor Quesada Padilla
«el cual trabaja para esa institución que usted dirige, tendrá competencia del 27 al
30 de septiembre por este motivo le pido encarecidamente que lo apoye en lo que

25 Folios 449 al 451.
26 Folio 217.
27 Folios 122 al 125.
28 Folio 42 y 489.
29 Folio 529.

26

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

esté a su alcance, porque como usted bien lo sabe la liga no tiene recursos para
apoyar a los deportistas».30

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 19 de junio de 2013, el demandante a través de su apoderado y en ejercicio
del derecho de petición solicitó a la Alcaldía de Barranquilla fuera expedido un acto
administrativo en el cual se declarara que entre aquel y la Secretaría de Educación
Distrital, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Corporación Distrital de
Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte existió una
relación laboral; y como consecuencia de ello reconociera y pagara las prestaciones
y prerrogativas salariales y laborales a las que tiene derecho, entre otras
pretensiones.31

ii) El 25 de julio de 2013, mediante Oficio 2948, la jefe de la Oficina Jurídica de
la Alcaldía de Barranquilla despachó de manera desfavorable las pretensiones
invocadas bajo los siguientes fundamentos:32

Ahora dando proyección a la jurisprudencia antes citada en lo atinente a los requisitos
que se deben demostrar al momento de solicitar la aplicación del principio de la
primacía de la realidad, el más importante, el consistente en la necesidad de
corroborar la existencia del empleo dentro de la planta de personal del Distrito de
Barranquilla, no existió. Porque no sería posible argumentar el desempeño de un
cargo bajo la continua dependencia y subordinación que no existe dentro de la
entidad, así como la determinación de las funciones permanentes y propias del mismo
y la previsión de los recursos en el presupuesto para el cargo de gasto que demande
el empleo. La sentencia que se cita a continuación, entraña el desarrollo
jurisprudencial que ha venido sosteniendo el Consejo de Estado sobre lo
anteriormente expuesto, dejando zanjado este punto sin lugar a dubitaciones.

[…]
Conforme a la clara posición jurisprudencial antes consignada, resulta improcedente
la posibilidad jurídica de conceder lo solicitado.

En dicho acto no se indicó que procedieran recursos contra la decisión.

30 Folio 525.
31 Folios 20 al 23.
32 Folios 24 al 26.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

El 30 de septiembre de 2014, rindieron testimonio los señores Juan Carlos
Cervantes Salinas, Orlando Rafael Ibarra Echeverría y Edgar Gil Mora.33

El señor Juan Carlos Cervantes Salinas, de profesión entrenador de atletismo,
manifestó lo siguiente:

Se le informa que ha sido citado a este tribunal con el fin de que declare sobre los
hechos relacionados con la clase de vinculación del señor Ricardo Antonio Quesada
Padilla con la Secretaría de Educación, Instituto de Recreación y Deporte,
Cordeportes mediante órdenes de servicios. haga un relato de cuánto conozca o le
conste sobre los hechos objeto de este proceso. Contestó. Con mi compañero
Ricardo Quesada en realidad nos conocemos desde que estábamos haciendo
prácticas en el estadio Romelio Martínez, ya el como que estaba contratado ahí,
siempre lo veíamos en la oficina, llegaba a la pista, saludaba, luego pasó, la oficina la
pasaron para el estadio Metropolitano, donde también hice unas prácticas como
entrenador, lo vi allá, yo en ese momento trabajaba con el IRD, mi oficio era
únicamente en la pista, él laboraba desde la oficina, lo veía constantemente cuando
iba a pedir información de los juegos Intercolegiados porque mis pupilos tenían que
participar en las actividades. Pasado el tiempo como que hubo un vínculo más cerca
porque él hacía parte de un cuerpo de misión de los juegos Intercolegiados. Son los
jefes, los coordinadores, los que se encargan de las actividades deportivas. Bueno
pues ya empezamos a conocernos, amablemente él llegaba muy temprano, eran las
6 y ya estaba trabajando, yo salía muy tarde del estadio porque también colaboraba
con algunas situaciones allá. Preguntado. Diga al despacho en qué época se dieron
esos hechos. Contestó: en la oficina del estadio Metropolitano que está ubicada al
frente de la portería, ahí donde funciona actualmente la oficina de juegos
Intercolegiados, en el proceso de IRD la oficina operaba en el segundo piso, esa
época fue entre el 97 - 98 a 2004 el IRD, a partir de la fecha de septiembre cambió el
nombre a Cordeportes hasta el 2008 que estuvo el señor Eliecer Peña. Preguntado:
diga al despacho en concreto qué hacía el señor Ricardo Quesada Padilla. Contestó:
bueno, cuando nos conocimos inicialmente él estaba operando en sistemas, el
manejaba allá la informática en ese entonces, después lo bajaron, se que lo bajaron
porque me encontraba con él constantemente como coordinador de una de las
actividades de deportes en la oficina de deportes del estadio Metropolitano para
juegos Intercolegiados (…) Preguntado. de acuerdo con las relaciones que usted
mantuvo en la época que narra de 1997 a 2008, indique al despacho qué funciones
desarrollaba el señor Ricardo Quesada en esa área de deportes, en las instituciones
que usted acaba de mencionar. Contestó: como le decía yo lo conocí a él trabajando
en oficinas, manejaba lo de informática, de hecho, algunas veces nos colaboraba con
lo de los informes, él siempre estaba frente a un computador que es lo que podíamos
apreciar ahí, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche. Preguntado: indique
al despacho si conocía el horario en el que se desarrollaban esas actividades.

33 Folios 329 al 335 y cd 336.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Contestó: sí, ingresaba a las 8:00 AM y salía a las 5:00 o 6:00 PM, y muchas veces
se extendían en los horarios si se presentaban necesidades externas para los juegos,
como hacer el carné, él estaba muy pendiente de esas actividades. Preguntado: diga
al despacho a usted por qué le consta que él cumplía ese horario. Contestó: porque
yo también laboré allí, yo también hacía parte de ese cuerpo de entrenadores
colaboradores, en ese caso de Cordeportes y ahora secretaría. Preguntado: usted
manifestó que estaba en campo y él en oficina, entonces por qué le consta. Contestó:
si claro, yo estaba en campo y de momento se nos solicitaba que subiéramos para
colaborar con la papelería de los juegos Intercolegiados, de hecho, muchas veces
visitaba los colegios en mi moto para que participaran en los juegos, él muchas veces
me acompañó en la moto y cumplíamos esa función. Preguntado: de acuerdo con
eso que nos ha narrado, esas instrucciones que recibía el señor Quesada a usted le
consta o sabía de qué personas recibía esas instrucciones o bajo qué parámetro
recibía las instrucciones. Se reformula la pregunta. Indique usted al despacho en esas
actividades que usted desarrollaba conjuntamente con el señor Quesada de quién
recibían las instrucciones o encargos que ustedes realizaban. Contestó: la última
persona que estuvo vinculada con nosotros como jefe es una señora de nombre
Alexis, jefe coordinadora del departamento de Deportes, en ese momento ella nos
encomendaba visitar colegios, nos instruía para cumplir las funciones en los juegos
Intercolegiados; anteriormente el señor Jairo Holguín, que fue coordinador de las
escuelas, él también nos ocupaba, a mi obviamente en el campo en la disciplina de
atletismo, y al señor Ricardo pues lo mantenía muy cerca para alguna información
que se requería en cuanto a informática. El señor Tomas Corro, con el siempre
compartíamos las recreo vías porque él siempre nos invitaba a todos los entrenadores
y coordinadores que estábamos más cerca de la unidad deportiva a cumplir las recreo
vías los días sábados cuando se celebraba alguna fiesta en el distrito y luego pasaron
a ser los domingos, pasábamos de barrio en barrio haciendo recreo vías. Y
últimamente el señor Sala, que fue el director o secretario de la oficina de Deportes,
él nos encomendaba tareas y teníamos que asistir a todos los barrios de Barranquilla
a cumplir las recreo vías inclusive en la fecha de navidad. Preguntado: de acuerdo a
su respuesta anterior, esas instrucciones cómo las recibía. Contestó: eran muy
verbales. Ellos pasaban un documento donde de pronto pasaban unas tareas y en
últimas pues nos las leían y decían, bueno le toca a este muchacho, el señor. Nos
daban unas tareas. A mí personalmente me tocaba la actividad deportiva que nos
encargaba el señor Carlos peña. Y como nos encontrábamos en recreo vías todos
compartíamos las tareas conjuntamente. Preguntado: nunca hubo memorando por
escrito. Contestó: yo recibí un memorando una vez (…) Preguntado: usted
manifestó que usted ejercía tarea en el campo y el señor Quesada en oficina, cada
cuánto tenía contacto con el señor Ricardo Quesada. Contestó. En el último periodo
que estuve con él. Todo un año estuve en la oficina, porque a mí me subieron de
campo porque las escuelas desaparecieron, las escuelas son un sofisma, las montan
dos o tres meses y luego desaparecían, el señor Sala inventó que todos debíamos
iniciar en el proceso de oficina cumpliendo con el problema más grande que tiene
barranquilla que son los juegos Intercolegiados. El señor Ricardo digitaba ingresando
la información para ser las inscripciones de los respectivos colegios. Preguntado:
anteriormente manifestó que usted no estaba en la oficina, cada cuanto se veía con
él.

Contestó: siempre nos veíamos en todas sus tardes, el visitaba la pista para que
lo entrenara porque también en un momento hizo atletismo para el sector de
paralímpicos, anteriormente estaba practicando el ajedrez, después me pidió que lo
entrenara en otras actividades, pero como él tenía su problema de parálisis cerebral,
yo lo ayudaba en forma terapéutica. Siempre bajaba y me decía, profe voy a bajar a
las 4:30 yo pido un permiso acá, y de hecho bajaba todos los días a las 4:30 de la

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

tarde. Preguntado: quién tiene parálisis cerebral. Contestó. El señor Ricardo.
Preguntado. Si esos encuentros eran ocasionales, cómo le consta que él cumplía el
horario. Contestó: yo todos los días llego al estadio, llevo 20 años de estar asistiendo
al estadio Metropolitano y cada vez que ingreso me encuentro con él en la puerta él
siempre acostumbra o acostumbraba cuando llegaba al estadio a quedarse con los
vigilantes muy temprano 7 de la mañana se quedaba él con los vigilantes echando
chistes porque él es un tipo muy jocoso, yo inclusive llegaba a esa hora a trabajar con
los muchachos y lo encontraba allí y a veces me tocaba llevarlo de noche a su casa
porque él manejaba una fotocopiadora yo a veces necesitaba algunos trabajos de él
pues él me colaboraba con ellos. Preguntado: sí el señor Quesada cumplía horario
a usted le consta si no lo cumplía, le imponían alguna amonestación. Contestó. Yo
ingresaba directamente a la pista lo encontraba ahí yo subía cuando lo requería y ahí
encontraba a Ricardo Quesada. Preguntado. Se puede decir que a ustedes les
daban algún tipo de instrucción para realizar el trabajo. Contestó. Yo si tenía
instrucción, yo cumplía horarios y hablando del compañero Quesada en los horarios
que yo estaba asumiendo mi responsabilidad él estaba en su oficina cumpliendo sus
funciones. Muchas veces se vio eso.

Por su parte, el señor Orlando Rafael Ibarra Echeverría indicó lo siguiente en su
declaración:

conozco a Ricardo desde hace bastante tiempo, siempre ha estado con el distrito
laborando lo que era Cordeportes, IRD, y en la Secretaría del Deporte, sé que estuvo
en la Secretaría de Educación, pero en ese tiempo no tenía buena amistad como la
tengo ahora. Preguntado. Por qué lo conoció usted en el trabajo, cuál era su relación
con él. Contestó. Bueno, primero que todo señor magistrado las tres empresas
anteriores del estado, secretaría del deporte, el instituto distrital de recreación y
deporte, Cordeportes son entes totalmente deportivos, soy presidente de la liga de
atletismo del Atlántico cuya sede es la pista de atletismo en el estadio Metropolitano
donde han funcionado todas estas entidades; además de esto llevo adscrito al deporte
25 años, fui deportista activo hasta el año 2004, y he sido entrenador de atletismo.
Conocí al señor Ricardo desde hace mucho tiempo porque él siempre estuvo
vinculado a los entes deportivos, en la parte de deportes, con él nos tocaba entregar
informes sobre los distintos programas que tienen estas entidades sobre todo el
programa de los juegos Intercolegiados, que es programa bandera, también las
escuelas de formación donde Ricardo era el digitador, nosotros le entregábamos el
informe para que él lo digitara y se los pasara a los jefes, pasara la información de
cómo eran los resultados de las pruebas y todos los torneos que se realizaban (…)
Preguntado. Indique al despacho si le consta a usted y por qué le consta los horarios
en que el señor Quesada desarrollaba su actividad en el estadio. Contestó. Como lo
dije anteriormente llevo muchos años vinculado al deporte, como desde el año 1998,
siempre he conocido a Ricardo, es más, fue mi atleta, me consta porque yo iba y
hablaba y le solicitaba los permisos para que lo dejaran entrenar, a veces en la
mañana a las 6:30 de la mañana el entraba a las 8:00 de la mañana o a veces en la
tarde después de las 3 o 4:00 de la tarde, se le pedía permiso para que bajara y
entrenara con los demás muchachos. Por lo general siempre estaba en el estadio
laborando porque los programas bandera de estas instituciones son las escuelas de
formación y los juegos deportivos Intercolegiados y a él era al que se le entregaban
los resultados, todos los días uno estaba en disposición para entregar resultados así
como iba uno terminado la jornada, además se nos facilitaba porque el estadio y la

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

pista atlética quedaban en el estadio metropolitano donde quedaban las oficinas,
siempre estaba Ricardo atento y siempre estaba digitando para entregar los
respectivos resultados. Preguntado. Informe al despacho, estos informes que
digitaba Ricardo, alimentado con las estadísticas que ustedes presentaban y los
demás entrenadores, usted sabía cuál era el destino de la información que ustedes le
transmitían al señor Ricardo, digitador o que decisiones se tomaban. Contestó. Sí
claro Ricardo tenía que digitar todo porque eran los resultados y además nos servía
para que a nosotros nos pagaran lo que tenía que ver con toda la organización y el
juzgamiento del evento, si nosotros no pasábamos eso al digitador no se nos pagaban
los servicios prestados a la secretaría del deporte o al IRD, o Cordeportes que eran
en su momento. Preguntado. Indique al despacho cuántos digitadores había en la
oficina. Contestó. Que yo sepa siempre fue Ricardo no había más digitadores, había
otro señor que organizaba los juegos, el señor Armando. Preguntado. Diga al
despacho quién era el superior inmediato del señor Ricardo. Contestó. Hasta que se
liquidó Cordeportes el que estaba encargado era el señor Carlos Vargas.
Preguntado. Puede indicar al despacho si le consta qué tipo de instrucciones se daba
al señor Ricardo. Contestó. Las instrucciones que se le daban eran de recopilar toda
la información, digitarla y pasarla al jefe de deportes y este lo pasaba los del despacho
que estaban encargados del despacho, como ya lo dije si no se pasaba la información
y no se digitaban los resultados no se les pagaba a las personas encargadas de
realizar las actividades de la organización de los juegos y el juzgamiento. Es más,
Ricardo suministraba a través de lo que digitaba al área de prensa que lo circulaban
en los periódicos de amplia circulación de la ciudad. (…) Preguntado. El señor
Ricardo y usted ejercían funciones en lugares diferentes. Contestó. Ricardo siempre
laboró en el estadio Metropolitano, él fue atleta, participó en los Juegos Nacionales
Paralímpicos, que fueron en la ciudad de Bogotá en el año 2007 – 2008, siempre
estaba ahí, se nos facilitaban los permisos con él porque él estaba en el estadio
Metropolitano, él era atleta corría los 100 metros y los 200 metros. Por lo tanto la pista
atlética queda en el mismo estadio Metropolitano donde siempre han funcionado las
oficinas de estas entidades donde el siempre laboraba. Preguntado. Usted dice que
él tiene un horario, él siempre estaba en pista todo el tiempo. Contestó. No, él estaba
en la oficina recibiendo la digitación de todo lo que correspondía a los juegos
Intercolegiados, o en su defecto el otro programa bandera que eran las escuelas de
formación, él como te dije la Ley 181 de 1995, Ley General del Deporte, le otorga a
aquellos que representan a sus departamentos o al país a nivel departamental,
municipal, territorial permisos para que puedan entrenar y desarrollar su actividad
deportiva, por lo tanto se solicitaba el permiso porque él siempre estaba allí, se
facilitaba para que llegara a la pista y hiciera el trabajo de entrenamiento para su
competencia a nivel nacional o local. Preguntado. cómo le consta que cumplía un
horario de trabajo, o que tenía un jefe, un superior. Contestó. Porque siempre le
entregaba los informes a él porque él era el que digitaba y su jefe siempre fue Carlos
Vargas, que entre otras vainas cuando hubo el cambio de administración pasada salió
de la entidad. Posterior, Cordeportes fue liquidada y se montó la que es hoy secretaría
distrital del deporte. El siempre permaneció y siempre estaba ahí porque era su
función recibir además no solo era atletismo son aproximadamente 20 - 22 deportes
los cuales hacen parte de los juegos Intercolegiados a él le tocaba prácticamente
recibir toda esa información.

Finalmente, el señor Edgar Enrique Gil Mora en su declaración narró lo siguiente:

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Se le pregunta si cree que esa circunstancia, que tiene actualmente dos procesos
fallados a su favor contra el Distrito de Barranquilla, afecte su imparcialidad en la
declaración que va a rendir. Contestó. Yo creo que no por cuanto si está relacionada
esta diligencia con mi vinculación con el IDR en principio y posteriormente
Cordeportes pues me limitaré a los hechos que obedecieron a esas circunstancias
que se dieron en particular en relación con el caso que está en curso. Preguntado.
ha sido citado a este tribunal con el fin de que declare sobre los hechos relacionados
con la clase de vinculación del señor Ricardo Antonio Quesada Padilla con la
Secretaría de Educación, Instituto de Recreación y Deporte y Cordeportes mediante
órdenes de servicios, es decir, en la modalidad de contratos de prestación de
servicios, se solicita que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los
hechos objeto de este proceso, había dependencia total de horarios, aclárenos eso. Contestó. Bueno lo primero es que yo laboré para el IRD desde el año 1995 hasta
julio de 2004, en ese momento asumió la representación legal de esa entidad la
Dirección Distrital de Liquidaciones y nuestro vínculo quedó ahí. Posteriormente con
el acuerdo que liquidó el IRD se crea la Corporación Distrital de Recreación y
Deportes y en el caso concreto mío fui incorporado sin solución de continuidad a esa
nueva entidad y estuve vinculado a ella hasta diciembre 16 del año 2008, cuando
liquidaron la entidad y crearon en su defecto la Secretaría Distrital de Recreación y
Deporte. En relación con lo del señor Ricardo Quesada lo conozco desde hace
aproximadamente 10 años, yo tenía una vinculación directa con el IRD y él estaba
vinculado mediante orden de prestación de servicios con el IRD. Dentro de la
estructura del IRD había una Junta Directiva la cual tenía un representante que era el
sector de los discapacitados el señor Quesada es discapacitado y estaba vinculado
mediante orden de prestación de servicios a esa entidad y las actividades que
desarrollaba estaban relacionadas en su mayoría con los programas de discapacidad
que desarrollaba la entidad. Preguntado. Qué tipo de actividades desempeñaba el
señor Quesada. Contestó. El compañero Ricardo en esa época es el digitador,
atendía con lo que tenía que ver con la digitalización de los programas de
inscripciones de los programas de discapacidad que llevaba el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte. Preguntado. cómo era esa relación de trabajo, de vinculación
de trabajo con el IRD del señor Quesada. Contestó. Como ya les dije la vinculación
era de orden de prestación de servicios y dentro de la estructura de la entidad había
unos coordinadores de programa, en particular había un coordinador de recreación,
un coordinador de educación física y un coordinador de deportes. Preguntado. él
estaba sujeto a algún tipo de horario. Contestó. Yo no me atrevería a decirlo o
afirmarlo porque las actividades que ellos desarrollan a través de orden de prestación
de servicios estaban desarrollándose con el jefe o coordinador del programa en
particular. Preguntado. usted no tenía ningún trato con el señor Quesada. Contestó: Nos conocíamos porque estábamos en la misma entidad, o sea, era la misma planta
de personal del IRD, ahí en este caso funcionaban el segundo módulo del estadio
Metropolitano de Barranquilla allá en la ciudadela 20 de julio, nos veíamos todos los
días (…) Preguntado. La audiencia quiere conocer si realmente en esa época a usted
le constaba o tenía conocimiento de que esas actividades eran transmitidas
directamente por funcionarios del IRD bajo esa supervisión. Contestó.

Como dije
anteriormente dentro de la estructura del IRD había unos jefes de programa
específicos que era el jefe de deporte, que manejaba todo lo que tenía que ver con
escuelas de formación, jefe de recreación, que era el que era toda la actividad recreo
deportiva que se desarrollaba en el distrito, y el jefe de educación física que eran unos
programas específicos que se desarrollaban allá cada uno de ellos tenían unas
personas a su cargo con la cual desarrollaban toda actividad para tener esas
actividades a nivel Distrito Barranquilla.

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Contra la sentencia del 25 de julio de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se
formularon los recursos de apelación objeto de análisis para controvertir la decisión
de declarar una relación laboral encubierta o subyacente entre el demandante y la
Secretaría de Educación de Barranquilla, el IRD y Cordeportes, respectivamente;
aunado a que los apelantes se encuentran en desacuerdo con la determinación del
a quo de no realizar el conteo del término prescriptivo.

Así las cosas, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente interrogante.

2.4.1. ¿Está probado que existió entre el señor Ricardo Antonio Quesada
Padilla y la Secretaría de Educación de Barranquilla, el IRD y Cordeportes una
relación laboral encubierta o subyacente que permita el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que
permaneció vinculado contractualmente?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
el demandante estuvo vinculado en el Distrito de Barranquilla entre 1998 y 2008
para prestar servicios en la Secretaría de Educación, el IRD y Cordeportes; no
obstante, desarrolló objetos diferentes, como pasa a explicarse.

Sobre la vinculación con la Secretaría de Educación se tiene que celebró un
contrato con el objeto de «prestar servicios en labores de digitación en la oficina de
Educación Especial», así las cosas, tuvo que desarrollar actividades de tipo
asistencial. El encargo tuvo una duración de 8 meses para ejecutar una necesidad
específica de la administración entre el 1° de mayo y el 30 de noviembre de 1998.

Transcurridos aproximadamente dos años y medio desde la ejecución del mentado
encargo, el 30 de agosto de 2001, el demandante suscribió contrato con el IRD, con

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

el propósito de prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de
actividades de coordinación de eventos de programas con discapacitados en el
distrito. La vinculación se prorrogó a través de la suscripción de seis contratos de
prestación de servicios más, hasta el 31 de julio de 2004.

Posteriormente, contrató en 27 oportunidades con Cordeportes, para cubrir las
necesidades del servicio que en su momento se presentaron a saber: i) entre el 19
de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, con el objeto de prestar servicios
como digitador en la oficina de deportes; y ii) entre el 1° de abril y el 20 de
diciembre de 2008, con el propósito de prestar servicios en la realización de
actividades recreo deportivas en los diferentes programas que ejecute la entidad.

Visto lo anterior, las actividades desempeñadas en la Secretaría de Educación no
fueron las mismas, ni guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o
equivalencia con las encomendadas en el IRD y Cordeportes que permitan concluir
que todas ellas formaron parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter
continuado y permanente, pues se atendieron diversas necesidades del servicio, en
diferentes dependencias.

Luego, contrario a lo afirmado por el a quo, no se puede predicar continuidad en la
prestación del servicio, pues de entrada se advierte que existieron tres períodos de
vinculación para solventar diferentes necesidades al interior de dos dependencias
distintas, de suerte que deba analizarse cada lapso de contratación de forma
independiente en punto a determinar si existió una relación laboral encubierta o
subyacente en alguno de ellos.

2.4.1.1. Respecto de la vinculación con la Secretaría de Educación entre el 1° de
mayo y el 30 de noviembre de 1998, se advierte que en el expediente únicamente
reposa la copia del referido contrato de prestación de servicios. Dicho documento
evidencia la prestación personal del servicio por parte del actor y que se pactó una
contraprestación mensual por las actividades realizadas.

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Sin embargo, no obran otros medios de prueba en el dosier que hagan referencia a
dicho lapso y que permitan inferir con algún grado de certeza que el accionante
estuvo subordinado o inmerso en el círculo rector y organizativo de esa
dependencia. Nótese que la prueba testimonial recaudada en primera instancia no
hace referencia a dicho período ni a la vinculación para realizar labores de digitación
en la oficina de educación especial de la Secretaría de Educación del Distrito de
Barranquilla.

Los señores Juan Carlos Cervantes Salinas, Orlando Rafael Ibarra Echeverría y
Edgar Gil Mora en sus declaraciones se refirieron únicamente a las tareas que
desempeñaba el señor Quesada Padilla en el IRD y en Cordeportes.

Así las cosas, se itera, no obran medios de prueba en el plenario que acrediten que
el ejercicio de la actividad contratada no se dio de manera independiente por parte
del señor Quesada Padilla o que estuvo sometido al cumplimiento de órdenes
diferentes a las pactadas, de suerte que no pueda hacerse ningún reconocimiento
prestacional por dicho vínculo.

No pierde de vista la Sala que el a quo en la sentencia que se revisa advirtió que el
demandante prestó servicios en la Secretaría de Educación entre el 14 de julio de
1996 y el 30 de noviembre de 1998; no obstante, en el plenario solamente reposa
copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre el 1° de mayo y el 30
de noviembre de 1998, luego no se tiene certeza de la modalidad de vinculación
con la que presuntamente pudiera haber prestado servicios entre 1996 y 1997 y, en
ese orden, no se puede afirmar que hubiere sido a través de un contrato estatal.34

En suma, las pretensiones de la demanda respecto de dicha vinculación deben
despacharse desfavorablemente.

34 Llama la atención, además, que fue allegada al proceso certificación laboral suscrita por el
coordinador de educación especial de la Secretaría de Educación en la que hizo constar que desde
el mes de agosto de 1996 al mes de noviembre de 1996 y desde el mes de abril de 1997 el señor
Ricardo Antonio Quesada Padilla «laboró como digitador», por lo que se podría inferir válidamente
que su vinculación pudo ser laboral o legal y reglamentaria.

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Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

2.4.1.2. Sobre los contratos celebrados con el IRD entre el 30 de agosto de 2001 y
el 31 de julio de 2007, salvo algunas interrupciones, así como con Cordeportes
entre el 19 de enero de 2005 y el 20 de diciembre de 2008, salvo las interrupciones
advertidas en el cuadro obrante en el acápite de hechos probados de esta
providencia, se observa que el demandante acreditó la prestación personal del
servicio, a través de los 34 contratos de prestación de servicios aportados, y, en
estricto sentido, dichos documentos constituyen prueba de que se pactó una
contraprestación mensual por los servicios prestados.

De lo probado en el proceso se advierte que mediante el Decreto 258 de 2004 se
ordenó la supresión y liquidación del IRD, y, a su vez, se creó Cordeportes para
continuar con el objeto de fomentar y coordinar, entre otras cosas, la práctica del
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito de
Barranquilla; en ese orden, las labores contratadas por ambas entidades, en su
momento, guardan relación y tuvieron como propósito solventar una misma
necesidad de la administración.

Teniendo en cuenta ello, y siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas
circunstancias que permiten determinar su existencia, entre estas, las siguientes:

i) El lugar de trabajo. En el presente asunto el demandante tuvo que prestar
sus servicios personales en las oficinas del IRD y Cordeportes, respectivamente, las
cuales se encontraban ubicadas en las instalaciones del Estadio Metropolitano de
Barranquilla.

Dicha información se extrae de los contratos de prestación de servicios celebrados
y del testimonio de los señores Juan Carlos Cervantes Salinas (entrenador de
atletismo vinculado con las entidades entre 1998 y 2008), Orlando Rafael Ibarra
Echeverría (presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico adscrito al deporte por
más de 25 años) y Edgar Gil Mora (empleado del IRD y Cordeportes, entre 1998 y

36

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

2008), quienes unívocamente manifestaron que les consta que el señor Quesada
Padilla prestaba sus servicios como digitador en las instalaciones de la entidad y
que fue su compañero de trabajo.

Adicionalmente fueron coincidentes al indicar que al actor debían entregarle cada
uno de ellos los resultados de cada encuentro deportivo según el programa que se
estuviera ejecutando (juegos Intercolegiados, escuelas deportivas) para que este
realizara el proceso de digitalización y «siempre» lo encontraban en las
instalaciones del estadio.

ii) El horario de labores. De las pruebas obrantes en el expediente se puede
advertir que el demandante debía cumplir con horario para desarrollar su labor, y
que este fue impuesto por la entidad contratante.

El señor Juan Carlos Cervantes Salinas afirmó que el actor cumplía un horario de
trabajo de 8:00 am a las 5:00 o 6:00 pm, y muchas veces se extendía si se
presentaban necesidades externas para los juegos deportivos, como la expedición
de carnés, inscripción de participantes, entre otras circunstancias. Asimismo, afirmó
que siempre se veían todas las tardes en la pista de atletismo.

Por su parte el señor Orlando Rafael Ibarra Echeverría fue claro al indicar que el
demandante entraba a laborar a las 8:00 am y que en las tardes después de las
3:00 o 4:00 pm pedía permiso al jefe del actor (el declarante) para que le permitiera
entrenar para las competencias deportivas en las que participaba como atleta
paralímpico. Indicó, además, que el accionante «por lo general siempre estaba en
el estadio laborando porque los programas bandera de estas instituciones son las
escuelas de formación y los juegos deportivos intercolegiados y a él era al que se
le entregaban los resultados, todos los días uno estaba en disposición para entregar
resultados así como iba uno terminando la jornada, además se nos facilitaba porque
el estadio y la pista atlética quedaban en el estadio metropolitano donde quedaban
las oficinas, siempre estaba Ricardo atento y siempre estaba digitando para
entregar los respectivos resultados».

37

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

De igual modo, reposan misivas en las que el presidente del Club Frapon Atlántico,
el representante de la Junta Directiva del Sector Discapacitado de Cordeportes y
el presidente de la Liga de Discapacitados Físicos del Atlántico, respectivamente,
solicitaron permisos ante la secretaria general de Cordeportes para que el señor
Quesada Padilla se ausentara de sus labores para acudir a los encuentros
deportivos programados, o incluso permisos para salir antes de la terminación de
la jornada de trabajo para realizar los entrenamientos concernientes,
circunstancias estas que sin lugar a duda permiten evidenciar que el señor
Quesada Padilla debía cumplir una jornada de trabajo y que requería de
autorización para ausentarse o modificar su jornada.

Además, la anterior situación fue corroborada por los deponentes quienes de igual
modo afirmaron que solicitaban permiso ante Cordeportes para que el actor
pudiera modificar su jornada laboral para poder cumplir con la práctica deportiva
para representar al departamento en los juegos paralímpicos.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Según se
desprende de la lectura de las obligaciones contractuales y de las demás pruebas
obrantes en el plenario las tareas desarrolladas por el actor eran direccionadas y
dirigidas por los coordinadores deportivos.

Nótese que el señor Juan Carlos Cervantes Salinas en su testimonio señaló que el
actor recibía órdenes de forma verbal de los jefes coordinadores del departamento
de deportes, le encomendaban visitar colegios, cumplir funciones operativas en los
juegos Intercolegiados; en muchas ocasiones el señor Jairo Holguín, coordinador
de las escuelas de formación también lo ocupaba. A su vez aseveró que el señor
Tomas Corro, les impartía directrices respecto de las recreo vías, y por último el
señor Sala, que fue el director o secretario de la oficina de Deportes, quien también
impartía órdenes al personal.

38

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

De igual modo, Edgar Gil Mora indicó que dentro de la estructura del IRD había unos
jefes de programa específicos: i) jefe de deporte, que manejaba todo lo que tenía
que ver con escuelas de formación, ii) jefe de recreación, que administraba toda la
actividad recreo deportiva que se desarrollaba en el distrito, y iii) el jefe de educación
física, que era un programa específico y que cada uno de ellos tenía unas personas
a su cargo entre estos el accionante.

Así pues, los referidos medios de prueba hacen referencia a que en efecto el señor
Quesada Padilla no contaba con autonomía o independencia para ejecutar los
contratos suscritos, por cuanto las actividades que le fueron encomendadas exigían
de la guía, autorización y dirección de los coordinadores deportivos de los
programas desarrollados tanto por el IRD como por Cordeportes. De suerte que los
anteriores indicios resulten demostrativos de que el actor estuvo inmiscuido en el
círculo rector y organizativo de las entidades en las que prestó el servicio.

En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, toda vez que
el desempeño de las funciones por parte del actor estaba sujeto a la imposición de
medidas y/o órdenes de las autoridades tanto del IRD como de Cordeportes, el
establecimiento de horarios y la imposibilidad de la prestación del servicio por otras
personas, lo que denota sin lugar a hesitaciones que la accionada, en su condición
de empleadora, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del señor Quesada
Padilla.

Aunado a todo lo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter
temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, período en el cual el
demandante desplegó las funciones de digitador de manera uniforme según los
objetos contractuales concertados.

En conclusión, esta Sala encuentra acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y el IRD y
Cordeportes, únicamente por los siguientes períodos: del 30 de agosto al 29 de
octubre de 2001; 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2001; 1°de marzo al 31 de

39

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

julio de 2004; 19 de enero al 15 de septiembre de 2005; 1° de octubre de 2005 al
31 de diciembre de 2006; 1° de febrero al 31 de diciembre de 2007; y del 1° de abril
al 20 de diciembre de 2008. Así pues, la totalidad del tiempo laborado se debe
computar para efectos pensionales.

2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?

El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispone que «las acciones que emanen
de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se ha hecho exigible».

Para efectos de dar aplicación a la prescripción trienal en los asuntos en los que se
encontró demostrada una relación laboral encubierta o subyacente la Sección
Segunda en la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 2016, dispuso lo siguiente:

Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido
interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12
(numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de
los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el
empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que
durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos
constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las
prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior
en virtud de los principios de favorabilidad35, irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales36 y progresividad y prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales37, así como los derechos

35 Constitución Política, artículo 53.
36 Ibídem.
37 Corte Constitucional, sentencia C- 1141 de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. “El principio de

progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social.
La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social, debe ser complementada con la
posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas,
cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de
no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción”.

40

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

constitucionales al trabajo en condiciones dignas38 e irrenunciabilidad a la seguridad
social39.

Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “…primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal
sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales
y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

[…]
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter
de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la
prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el
artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)40, y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede
sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha
servido al Estado mediante una relación de trabajo.

38 Constitución Política, artículo 25.
39 Ibídem. artículo 48, inciso 2°.
40 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; (…)”.

41

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

[…]

Por último, resulta oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la que se ha hablado
no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes
hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente
económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca
garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad
social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto
pensional, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes si existe
diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el
contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador

Teniendo en cuenta lo anterior, contrario a lo afirmado por el Tribunal en el presente
asunto correspondía hacer un análisis del fenómeno prescriptivo, contado a partir
de la terminación de cada vínculo contractual, en aplicación de las normas y las
reglas de interpretación mencionadas.

En el sub judice, se tiene que el último vínculo contractual que tuvo el señor
Quesada Padilla con Cordeportes que se encuentra efectivamente probado en el
proceso feneció el 20 de diciembre de 2008, de manera que, para que no se hubiera
configurado el fenómeno prescriptivo, debió formular la reclamación, tendiente a
solicitar la declaratoria de la existencia de la relación laboral y el consecuente
reconocimiento prestacional, a más tardar hasta el 20 de diciembre de 2011; sin
embargo, tan solo elevó la petición al respecto, el 19 de junio de 2013, por lo cual
se entienden prescritos los emolumentos derivados de esa vinculación.

Sin embargo, dado que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son
imprescriptibles, tal como se explicó en la precitada sentencia de unificación de la
Sección Segunda de 25 de agosto de 2016, el empleador deberá completarlos al
respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el
tiempo comprendido entre el 30 de agosto al 29 de octubre de 2001; 1° de

42

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

noviembre al 31 de diciembre de 2001; 1°de marzo al 31 de julio de 2004; 19 de
enero al 15 de septiembre de 2005; 1° de octubre de 2005 al 31 de diciembre de
2006; 1° de febrero al 31 de diciembre de 2007; y del 1° de abril al 20 de diciembre
de 2008.

De igual modo, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador.

De suerte que teniendo en cuenta la ocurrencia del mentado fenómeno se tendrá
que revocar la decisión de primera instancia que ordenó el reconocimiento de las
prestaciones reclamadas, al abstenerse de resolver la excepción de prescripción
propuesta por las entidades accionadas, para en su lugar disponer únicamente el
pago de los aportes que impacten el derecho pensional del señor Quesada Padilla.

Ahora bien, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación en punto a cuestionar la legitimación de la Dirección Distrital de
Liquidaciones para asumir la condena que surge de este proceso, esto es, cotizar
al respectivo fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el demandante la suma
faltante por concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le correspondía al
empleador, advierte la Sala que tal como lo determinó el a quo dicha entidad fue
encargada del proceso de liquidación de las extintas IRD y Cordeportes y, además,
actúa como administrador de las situaciones jurídicas no definidas al tiempo de la
liquidación, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 069 del 28 de
diciembre de 2007 y 091 del 3 de diciembre de 2009, respectivamente.41

Lo anterior por cuanto dentro del proceso de reestructuración administrativa
adelantado al interior del Distrito de Barranquilla, el alcalde distrital mediante el
Decreto 258 de 2004 ordenó la supresión y liquidación del IRD, asignándole a la

41 Folios 405 y 406, y 415 y 416.

43

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Dirección Distrital de Liquidaciones el desarrollo y ejecución del proceso liquidatorio
y, a su vez, creó Cordeportes como un establecimiento público descentralizado del
orden distrital dotado de personería jurídica, patrimonio autónomo y autonomía
administrativa.

Mediante el Decreto 857 del 23 de diciembre de 2008, el alcalde distrital ordenó la
supresión de la mencionada entidad y de igual modo dispuso que la Dirección
Distrital de Liquidaciones adelantara el proceso liquidatorio, el cual terminó con la
Resolución 094 del 3 de diciembre de 2009.

De conformidad con las normas que regulan los trámites liquidatorios para garantizar
el pago de eventuales fallos condenatorios en contra de las entidades que se
extinguen, el ente liquidador tiene la obligación de provisionar, al cierre de los
procesos liquidatorios, los recursos para garantizar el pago de futuras sentencias,
supeditado a la existencia de recursos para el efecto. Además, una vez terminada la
liquidación las provisiones deben ser entregadas por el liquidador a un tercero
especializado que se hará cargo del proceso post liquidatorio como administrador
de las situaciones jurídicas no definidas al tiempo de la liquidación.

Concretamente, el Decreto 2555 de 201042 refiere lo siguiente:

Artículo 9.1.3.6.4 Reglas sobre situaciones no definidas. Cuando subsistan
procesos o situaciones jurídicas no definidas, el liquidador previa información a los
acreedores o a la junta asesora, según el caso, y siguiendo las reglas previstas en el
inciso segundo del literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del presente decreto, deberá
encomendar la atención de dichas situaciones a otra institución financiera intervenida
o a un tercero especializado, previa constitución de una reserva adecuada.43

Así las cosas, como la Dirección Distrital de Liquidaciones, según se extrae de las
Resoluciones 069 del 28 de diciembre de 2007 y 091 del 3 de diciembre de 2009,

42 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del

mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
43 La Ley 1105 DE 2006, por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre

procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se
dictan otras disposiciones, permite la remisión a la anterior norma ante los vacíos de ese régimen de
liquidación.

44

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

asumió la administración de las situaciones jurídicas no definidas y la
destinación de los eventuales remanentes que pudieren generarse del proceso
liquidatario de las extintas IRD y Cordeportes, está legitimada para asumir la
condena impuesta con esta sentencia.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,44 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

45

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que en el presente asunto, dada la ocurrencia del
fenómeno jurídico de la prescripción respecto de las prestaciones salariales
reclamadas, únicamente procede declarar probada la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente entre el 30 de agosto de 2001 y el 20 de diciembre
de 2008, salvo las interrupciones presentadas, con el propósito de que la Dirección
Distrital de Liquidaciones asuma el pago de las cotizaciones adeudadas al sistema
de seguridad social en pensiones que podrían tener incidencia al momento de
liquidarse el monto pensional del demandante. En ese orden, la decisión de primera
instancia deberá ser revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Revocar la sentencia del 25 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda dentro del proceso instaurado por el señor Ricardo Antonio Quesada
Padilla, de conformidad con las consideraciones que anteceden. En su lugar se
dispone:

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Primero.- Declarar la nulidad del Oficio 2948 del 25 de julio de 2013, expedido
por el jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla, por medio del cual se
negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social
reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre el señor Ricardo
Antonio Quesada Padilla y la entidad.

Segundo.- Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Dirección Distrital de
Liquidaciones respecto de las prestaciones sociales pretendidas.

Tercero.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Oficio 2948 del 25
de julio de 2013, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Dirección
Distrital de Liquidaciones tomar (durante el tiempo comprendido entre el 30 de
agosto al 29 de octubre de 2001; 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2001;
1°de marzo al 31 de julio de 2004; 19 de enero al 15 de septiembre de 2005; 1° de
octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2006; 1° de febrero al 31 de diciembre de
2007; y del 1° de abril al 20 de diciembre de 2008) el ingreso base de cotización
(IBC) pensional del señor Ricardo Antonio Quesada Padilla (los honorarios
pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, por lo que el actor deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador.

Cuarto.- Declarar que el tiempo laborado por el señor Ricardo Antonio Quesada
Padilla bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, desde el 30 de
agosto al 29 de octubre de 2001; 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2001; 1°de
marzo al 31 de julio de 2004; 19 de enero al 15 de septiembre de 2005; 1° de
octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2006; 1° de febrero al 31 de diciembre de
2007; y del 1° de abril al 20 de diciembre de 2008, se debe computar para efectos
pensionales.

Quinto.- Negar las pretensiones relacionadas con el pago de las primas de
navidad, servicios, vacaciones, las cesantías con sus respectivos intereses y
demás derechos laborales, por haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción, así como cualquier otro pedimento.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)
Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Segundo.- Sin condena en constas.

En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar
las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

48

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