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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00082-01

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00082-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 13 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por el señor Osvaldo Rafael Montero Aponte contra la Universidad del Atlántico para, en su lugar, 31 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho. Tercero: Negar las pretensiones de la demanda. Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia. Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00082-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

12 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00082-01 (1619-2018)
Demandante: OSVALDO RAFAEL MONTERO APONTE
Demandados: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Tema: Sanción moratoria cesantías.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación formulados por las partes demandante y demandada
contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Osvaldo Rafael Montero Aponte, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio de fecha
24 de julio de 2013, por medio del cual la Universidad del Atlántico negó el
pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías
definitivas, de conformidad con lo previsto en la Ley 244 de 1995.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó: i) condenar a la entidad demandada a reconocer y
pagar con retroactividad, a favor del demandante, la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995; ii) ordenar que para la base de liquidación
de dicha penalidad, se tenga en cuenta la asignación básica y demás
factores salariales señalados en la ley; iii) dar cumplimiento a la sentencia,
de acuerdo con lo regulado en el artículo «178 del CCA»; iv) indexar la
condena; v) reconocer y pagar los intereses moratorios de las sumas
adeudadas; y vi) pagar las costas y agencias en derecho a que haya lugar
dentro del presente proceso.

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
2
Folios 2, 3, 151 a 153.

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Fundamentos fácticos relevantes3

1. El señor Osvaldo Rafael Montero Aponte laboró como docente al servicio
de la Universidad del Atlántico, desde el 20 de noviembre de 1975 y hasta
el 31 de marzo de 1999, cuando mediante la Resolución 000576 del 22 de
abril de 1999, se le aceptó la renuncia al cargo para entrar a gozar de su
pensión mensual vitalicia de jubilación.

2. Por medio de la Resolución 000204 del 5 de abril de 2002, la entidad
demandada reconoció el 100% de las cesantías del señor Montero Aponte,
auxilio que fue cancelado el 12 de octubre de 2011, es decir 9 años y 6
meses después de haber sido reconocido.

3. La Universidad del Atlántico no ha pagado al demandante el valor
correspondiente a la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995.

4. El 13 de junio de 2013 el convocante radicó ante la entidad universitaria
petición a través de la cual, solicitó el pago efectivo de la obligación
mencionada.

5. A efectos de obtener respuesta, interpuso acción de tutela con fundamento
en la cual, la demandada procedió a contestar el 24 de julio de 2013
negando el requerimiento presentado, por considerarlo inviable.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las
excepciones propuestas4:

«[…] Ha señalado de manera expresa el numeral sexto que se resolverán sobre
las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

En el presente caso, la Universidad del Atlántico, propuso la excepción de
“PRESCRIPCIÓN”, pero como esta excepción tocan(sic) el fondo del asunto su
estudio se acometerá junto con el de las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en cuanto a la excepción de “PRESCRIPCIÓN” es pertinente anotar
que el Consejo de Estado, en varios pronunciamientos, entre los que se destacan

3
Folios 3 a 5.
4
Folio 4.

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el auto proferido dentro del expediente No. 1331-2013 […] y el auto del 12 de
febrero de 2014 proferido dentro del procedo radicado bajo el no. 2013-00347-CH
[…], que la excepción de prescripción debe ser resuelta en la sentencia, y no en la
audiencia inicial, dada su característica de atacar el derecho sustancial, y no el
procedimiento formal de la demanda. Por lo tanto, este Tribunal siguiendo los
lineamientos del Consejo de Estado, estudiará la excepción planteada en la
sentencia.» (Mayúscula y negrilla del original)

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de
esta última.

En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera5:

«[…], considera el despacho que la fijación del litigio se contrae a establecer y/o
determinar lo siguiente:
[…]
“Si el señor OSWALDO RAFAEL MONTERO APONTE en su calidad de ex docente
de la Universidad del Atlántico, tiene derecho a que se le reconozca y pague por
conceptos de sanción moratoria por el supuesto retardo en la consignación del
auxilio de cesantías, de conformidad con lo establecido en la ley 244 de 1955.”»
(Mayúscula del texto)

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA6

Mediante sentencia del 13 de octubre de 2017, el tribunal de primera instancia
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró probada la
excepción de prescripción, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal consideró probado que al señor Montero Aponte se le reconocieron
las cesantías definitivas mediante la Resolución 000204 del 5 de abril de 2002,
y que al tenor del artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, la entidad demandada
debió cancelar el auxilio a más tardar el 24 de junio de 2002. Sin embargo,
advirtió que al demandante le fueron consignadas las sumas adeudadas el 12
de octubre de 2011.

En el anterior orden, a partir del 25 de junio de 2002 se hizo exigible la sanción
moratoria contemplada en el parágrafo del artículo 2.º citado, por lo que era
claro que la convocada incurrió en mora al no haber cancelado en tiempo los
valores reconocidos por concepto de cesantías definitivas al señor Montero
Aponte, razón por la cual habría lugar a condenar a la sanción moratoria.

Acto seguido, toda vez que la Universidad del Atlántico refirió no haberse
encontrado en la capacidad de efectuar el pago en virtud de acuerdo de
reestructuración de pasivos a la que se sometió, indicó que la protección de
los derechos laborales es una prioridad, no solo respecto de las acreencias

5
Folios 214 y 215.
6
Folios 66 a 86.

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anteriores al inicio de la negociación, sino de las que se causaren dentro del
mismo.

Así, concluyó que si bien la Ley 550 de 1999 prevé la posibilidad de que las
entidades territoriales celebren acuerdos de reestructuración de pasivos con
la finalidad de hacerlas viables en su sostenimiento económico y financiero,
también lo es que tales acuerdos se suscriben con el titular de la persona
jurídica y los acreedores internos y/o externos, sin que ello implique
obligatoriamente la presencia de los trabajadores o servidores públicos en la
negociación del pago de sus acreencias y prestaciones laborales.

En ese orden, concluyó que la administración obró en desconocimiento del
mencionado artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, razón por la cual había que
declararse la nulidad del acto administrativo cuestionado.

En punto a la prescripción, el juez de primer grado señaló que, de conformidad
con la norma, el demandante contaba con tres años para reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de sus
cesantías definitivas, término que debió contarse a partir de la causación de la
penalidad y hasta la fecha en que fue efectivamente cancelada la prestación.

En este caso, sostuvo, la sanción se generó a partir del día 25 de junio de
2002, y como quiera que el demandante solo presentó la reclamación ante el
empleador el 13 de junio de 2013, las prestaciones solicitadas se encuentran
prescritas, salvo las originadas desde el 13 de junio de 2010, y hasta el 12 de
octubre de 2011, fecha en la que se hizo el respectivo pago.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada7 manifestó su inconformidad con la sentencia de primera
instancia, para lo cual indicó que:

La indemnización moratoria peticionada no emerge automáticamente por el
hecho del no pago oportuno de las cesantías a cargo del empleador, pues tal
como se ha manifestado por la jurisprudencia, la mala fe debe ser evidente en
el acontecer negativo del patrono. De otro lado, el fenómeno del caso fortuito
o fuerza mayor, exoneran de responsabilidad a una persona que no ha
cumplido con una determinada obligación, toda vez que nadie está obligado a
lo imposible.

Argumentó que la penalidad por mora establecida en el numeral 3.º del artículo
99 de la Ley 50 de 1990, se causa por el incumplimiento del empleador en su
obligación de consignar anualmente antes del 15 de febrero del año siguiente,
el auxilio de cesantías causado en el año inmediatamente anterior. En ese
sentido la sanción moratoria no puede correr de forma independiente, es decir,
debe contabilizarse desde el día en que se incumplió por primera vez hasta el
momento en que efectivamente se cumplió con la consignación de las
cesantías y no como erradamente lo previó la parte considerativa de la
sentencia que se recurre, en cuanto sostuvo que cada anualidad debe ser
liquidada por aparte y luego sumar todo el tiempo repetido, para obtener un
monto que no corresponde a la realidad, lo que sería incurrir en un doble pago

7
Folios 287 a 295.

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que conllevaría al reconocimiento de varias sanciones moratorias por una sola
prestación.

Adujo además que, los salarios devengados por el demandante están
incrementados por primas extralegales, por lo que no es válido computarlas
para la liquidación de las cesantías.

Por último, manifestó que en los acuerdos de reestructuración de pasivos se
excluyen los intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del
capital, entre ellos la indemnización moratoria que se pretende en esta
demanda.

A su turno, la parte demandante8 precisó como argumentos de disenso con
la sentencia de primer grado que:

Si bien la providencia reconoció la violación de la norma por parte de la
Universidad del Atlántico, impuso una condena de apenas un lapso corto, en
desapego de lo contemplado en la ley para el efecto, excluyendo además a la
demandada del pago respectivo de la indexación monetaria de la condena.

Resaltó que se aplicó incorrectamente una supuesta prescripción de los
derechos del demandante y una imposibilidad al pago indexado de los mismos.

Finalmente indicó que, en el presente asunto, las cesantías fueron
efectivamente pagadas al señor Montero Aponte el 12 de octubre de 2011, por
lo que era a partir de esta fecha que empezaba a correr el término de tres años
dentro de los cuales el demandante debía reclamar la sanción moratoria, por
cuanto se recuerda lo que se pretende es la sanción por mora en la
consignación extemporánea de las cesantías y no las cesantías propiamente
dichas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La entidad demandada9 allegó escrito de alegaciones en el cual reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de alzada.

El Ministerio Público10 emitió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, en tanto en el presente caso se configuró la
mora de que trata la Ley 244 de 1995; sin embargo advirtió que se encuentra
demostrada la prescripción parcial del derecho con antelación al 13 de junio
de 2010, toda vez que el demandante presentó la reclamación administrativa
el 13 de junio de 2013.

La parte demandante y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica guardaron
silencio en esta etapa, de conformidad con la constancia secretarial visible a
folio 350 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

8
Folios 296 a 301.
9
Folios 327 a 331.
10
Folios 339 a 349.

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De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Consideración previa

Encuentra la Sala que dentro de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, la Universidad del Atlántico dio a entender que la sentencia rebatida
había sustentado sus consideraciones sobre la base normativa de la sanción
moratoria por la tardanza en la consignación de las cesantías anualizadas,
esto es, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En ese sentido, sostuvo que la penalidad no puede correr de forma
independiente, es decir, debe contabilizarse desde el día en que se incumplió
por primera vez hasta el momento en que efectivamente se satisfizo la
obligación de pago de las cesantías y no como erradamente lo previó la
providencia que recurre.

Igualmente, se observa que en la apelación, la demandada adujo que los
salarios devengados por el demandante están incrementados por primas
extralegales, por lo que no es válido computarlas para la liquidación de las
cesantías.

Al respecto, es de anotar que la controversia que se desata en sede de
segunda instancia se encuentra enmarcada por las disposiciones de las Leyes
244 de 1995, y 1071 de 2006, relacionadas con la procedencia de la sanción
por mora en el pago inoportuno del auxilio de cesantías parciales y definitivas,
y no la concerniente a las cesantías anualizadas.

Igualmente y de ser procedente, el análisis de la base de liquidación sería
referente a la misma sanción por mora, y no a la liquidación de las cesantías,
como pareciera entenderlo la demandada, al referirse a que el salario del señor
Montero Aponte estuvo incrementado por primas extralegales.

Así las cosas, y si bien tales planteamientos no tienen vocación de ser
analizados por esta Sala por no encontrarse relacionados con el asunto que
se debate, se tiene que en el escrito de alzada se pusieron de presente
argumentos encaminados a controvertir aspectos que sí se derivan del libelo
introductorio y de la providencia proferida por el Tribunal del Atlántico, por lo
que se precisa que será con fundamento en ellos, que se procederá a efectuar
el siguiente análisis.

Problemas jurídicos

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera
instancia y del recurso de alzada, los problemas jurídicos a resolver se
resumen en las siguientes preguntas:

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1. ¿Es relevante la constatación de elementos subjetivos de la entidad o
persona encargada del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías en
el trámite y liquidación de dicha prestación, para determinar la procedencia
de la sanción por mora?

2. ¿Cuál es el hito que sirve de punto de partida para contar el número de días
a efectos de determinar el monto de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995?

3. ¿Se encuentra acreditado en el sub lite la causación de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en el marco del acuerdo de
reestructuración de pasivos suscrito entre la Universidad del Atlántico y sus
acreedores, y en esa medida, le asiste el derecho al demandante de
reclamar el reconocimiento y pago de dicha sanción?

4. ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho a la
sanción moratoria que le asistía al demandante por el pago tardío de sus
cesantías definitivas?

5. ¿Hay lugar al reconocimiento de la indexación por valores reconocidos a
título de sanción por mora en el pago de cesantías anualizadas?

Primer problema jurídico

¿Es relevante la constatación de elementos subjetivos de la entidad o persona
encargada del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías en el trámite y
liquidación de dicha prestación, para determinar la procedencia de la sanción
por mora?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con lo
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de
la buena fe y, asimismo, por virtud del artículo 88 del CPACA, los actos
administrativos emitidos por las autoridades públicas ostentan presunción de
legalidad que solo puede ser rebatida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Así pues, la intencional y deliberada actuación de la
Universidad del Atlántico, que a voces suyas debió haberse demostrado como
mala fe, no solo no tiene vocación de determinar la causación de la sanción
moratoria solicitada, sino que no fue sometida a control jurisdiccional.

Manifiesta la demandada, que a efectos de que sea posible la reclamación de
la penalidad moratoria surgida con ocasión del pago inoportuno del auxilio de
cesantías, debe acreditarse que la administración actuó en contra de la ley y
que, en consecuencia, se encuentra en flagrante desconocimiento de la buena
fe en la cual deben enmarcarse los actos de las autoridades públicas,
circunstancia que en el presente asunto no aconteció.

Al respecto sea lo primero señalar, que el artículo 83 de la Constitución
Política, prevé que las actuaciones tanto de los particulares como de las
autoridades públicas deben observar los lineamientos de la buena fe, y que
por su parte el artículo 88 del CPACA, señala que: «Los actos administrativos
se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. […].»

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Sin embargo, considera importante la Sala indicar, que pese a que puedan
llegar a ser cuestionadas las características de legalidad y buena fe del acto
administrativo que liquida las cesantías definitivas o parciales a que tiene
derecho el empleado, las mismas no determinan la procedencia o no de la
sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, pues dicho régimen, no
contempla condicionamientos para la causación de la sanción, distinta de la
constatación objetiva de la tardanza del empleador en la consignación del
auxilio de cesantías vencidos 45 días hábiles posteriores, a la firmeza del acto
administrativo que reconoce y liquida dicha prestación.

Así, en lo que respecta a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para
la aplicación de la Ley 244 de 1995 resulta irrelevante el examen sobre la
subjetividad de la conducta desplegada por el empleador o quien esté llamado
al reconocimiento y trámite de consignación de las cesantías causadas, pues
la norma concibe el pago de dicha prestación como una obligación a su cargo
y no como una facultad discrecional cuyo cumplimiento pueda ser relativizado
o condicionado por elementos intrínsecos o extrínsecos, subjetivos o no, que
configuren mala fe.

Bajo dicho entendimiento, el empleador no puede excusarse en la buena fe
propia, la mala fe ajena, la ausencia de recursos administrativos, ni mucho
menos ampararse en sus propios errores para impedir la causación de una
penalidad que opera por ministerio de la ley, de pleno derecho, que no requiere
declaración judicial y que puede ser reclamada y reconocida aún por vía
administrativa.

Aunado a lo anterior, del libelo petitorio no es posible extraer una pretensión
encaminada a declarar la existencia de mala fe por parte de la entidad
demandada en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de
cesantías definitivas, y de existir, la misma no tendría efecto práctico en tanto,
como se indicó, la injerencia de aspectos subjetivos en la liquidación y
posterior consignación de las cesantías no tiene la virtualidad de afectar la
causación de la sanción moratoria.

Sobre este punto, se torna necesario resaltar que el acto administrativo cuya
nulidad se pretende, corresponde al que determinó la improcedencia de la
sanción por mora por la tardanza en la consignación de las cesantías
definitivas del demandante, más no respecto del que reconoció y ordenó el
pago inicial de tal prestación.

Así, dicho acto no está sometido a control de legalidad y en esa medida no
existe merito para realizar pronunciamientos adicionales frente a las
características de que goza el mismo, esto es, legalidad y buena fe de la
administración en el ejercicio de sus funciones, de modo que, se reitera, la
presente providencia, se circunscribe a verificar la presunta ilegalidad del acto
administrativo que negó la procedencia de la sanción moratoria.

Por último, a efectos de analizar lo correspondiente a la configuración o no de
la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, y posteriormente, si
la misma puede ser predicada del pago tardío del auxilio de cesantías, se hace
necesario estudiar lo pertinente a la aplicación del régimen previsto en la Ley
244, como se realiza a continuación.

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Segundo problema jurídico

¿Cuál es el hito que sirve de punto de partida para contar el número de días
a efectos de determinar el monto de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el marco
normativo que complementa y desarrolla la Ley 244 de 1995, y en armonía
con la postura jurisprudencial mantenida por esta Corporación, es (i) el
vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en
la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías
definitivas, o (ii) de los setenta días (70) hábiles siguientes a la fecha de
reclamación de las mismas o la de la solicitud de reliquidación (cuando la
reclamación se hace en vigencia del CPACA), el hito que debe servir de punto
de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de
la indemnización moratoria.

La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el
pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó
las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su
cancelación, asimismo reiteró los parámetros respecto de los cuales se
entiende configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas:

«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de
lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago
se produjo por culpa imputable a este.» (Subrayas propias)

De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías
definitivas la entidad cuenta con un término de quince (15) días para expedir
el acto de reconocimiento. Además, en el evento de que la solicitud esté

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incompleta el empleador debe manifestarlo así al peticionario dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen
pueda proferir el acto que reconozca la prestación en el término inicialmente
indicado.

Así, (i) el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de
las cesantías definitivas comienza a computarse desde la firmeza del acto
administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración
cuenta con el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la
prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada
en el parágrafo de la norma en cita, equivalente a un día de salario por cada
día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo
el pago.

En efecto, la Sala Plena de esta Corporación11 sostuvo que la administración
cuenta con 45 días hábiles para el pago de la prestación social, contados a
partir del momento en que adquiere firmeza el acto administrativo que la
reconoce, y agregó que dicho término solo se puede contar desde la ejecutoria
del acto administrativo que dio respuesta a la petición y no desde que se
radicó. Así lo interpretó la Sala al indicar que:

«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre
la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad
conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el
tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la
indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado
radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir,
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más
cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la
resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que
alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día
en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles,
transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (…).

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se
reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las
mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe
servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de
determinar el monto de la indemnización moratoria […]» (Resalta la Sala).

La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de unificación el 18 de julio
de 201812, reafirmó la postura precitada y la complementó en el sentido de
precisar que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el
CPACA, como se indica a continuación:

«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los
términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el

11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.
Número interno: 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de unificación del 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-
00580-01(4961-15).

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contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden
computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el
legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la
decisión13, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de
informarla a su destinatario.

101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo exige
de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la
administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento o
afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el cómputo de
la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta o se causa por
el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el empleador para
notificar el acto expreso que reconoce la mencionada prestación.

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las
cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores
a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se
verifica la notificación en los estrictos términos señalados. […]» (Resaltado
del texto original)

De esa suerte, y, en este prrimer escenario, es el vencimiento de los cuarenta
y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto
por el cual se reconocen las cesantías definitivas.

Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden
presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que
reconoce y ordena el pago del auxilio de cesantías, la sentencia en comentó
sentó jurisprudencia en los siguientes términos:

«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse
el término dispuesto en la ley14 para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.»

13
Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados.
14
Artículos 68 y 69 CPACA.

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Conforme a lo anterior, para esta Sección es claro que el segundo escenario
plantea que el término a partir del cual es exigible la sanción moratoria
dependerá de si el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
parciales o definitivas fue expedido dentro del término legalmente previsto
para ello, esto, es, dentro de los 15 días siguientes a la radicación de la
solicitud.

En ese sentido, (ii) cuando el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías parciales o definitivas no es proferido o se emite con
posterioridad a los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud, la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, se hace exigible pasados 70 días hábiles contados desde la fecha
de radicación de la petición, siempre que la misma haya presentada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo a lo expuesto, se tiene entonces que el análisis relevante en punto
a la determinación de la tardanza alegada por el demandante debe remitirse
a la actuación gubernativa que propició el acto administrativo de
reconocimiento inicial de la prestación.

Tercer problema jurídico

¿Se encuentra acreditado en el sub lite la causación de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, en el marco del acuerdo de reestructuración
de pasivos suscrito entre la Universidad del Atlántico y sus acreedores, y en
esa medida, le asiste el derecho al demandante de reclamar el reconocimiento
y pago de dicha sanción?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: en atención a los
planeamientos expuestos por la entidad demandada, relacionados con la
improcedencia de la sanción moratoria reclamada por el libelista, con ocasión
de la inclusión de su auxilio de cesantías como acreencia a ser pagada en el
marco de un acuerdo de reestructuración de pasivos, en el que, además, se
previó la no cancelación de rubros relacionado con multas y sanciones, se
tiene que en el plenario no obran los elementos probatorios necesarios para
acreditar tal aseveración, por lo que, analizada la actuación de la
administración frente al reconocimiento y pago de las cesantías del señor
Osvaldo Rafael Montero Aponte, se comprobó la causación de la sanción por
mora contemplada en la Ley 244 de 1995.

Dado que los argumentos que sustentan el disentir de la Universidad del
Atlántico en su recurso de alzada, se encuentran encaminados a desvirtuar la
procedencia de la sanción por mora a la que accedió el tribunal de primera
instancia, por virtud de la existencia de un acuerdo de reestructuración,
encuentra la Sala necesario precisar los aspectos que sobre el particular
regula la Ley 550 de 1999 «Por la cual se establece un régimen que promueva y
facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para
asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley».

El artículo 58 de la ley en comento previó su ámbito de aplicación a las
entidades territoriales al siguiente tenor:

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«ARTICULO 58. ACUERDOS DE REESTRUCTURACION APLICABLES A LAS
ENTIDADES TERRITORIALES. Las disposiciones sobre acuerdos de
reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley
serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central
como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo
de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y
las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas
especiales:
[…]
7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y
con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento,
en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la
entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos
corrientes de la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se
prevean en el mismo acuerdo:

a) Mesadas pensiónales;
b) Servicios personales;
c) Transferencias de nómina;
d) Gastos generales;
e) Otras transferencias;
f) Intereses de deuda;
g) Amortizaciones de deuda;
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;
i) Inversión.

Para garantizar la prioridad y pago de estos gastos, el acuerdo puede prever que
la entidad territorial constituya para el efecto una fiducia de recaudo,
administración, pagos y garantía con los recursos que perciba. La determinación
de los montos de gasto para cumplir con la prelación de pagos establecida, puede
ser determinada para períodos anuales o semestrales en el acuerdo de
reestructuración a fin de que pueda ser revisada en dichos períodos con el objeto
de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo.
[…]
13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la
iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la
entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de
pleno derecho. […]».

En anterior oportunidad, esta Corporación indicó la forma como debía ser
aplicada la Ley 550 de 1999 en lo referente a los Acuerdos de
Reestructuración de Pasivos y al pago de las obligaciones laborales de los
empleados públicos, específicamente en lo que trata a la cancelación de las
cesantías y la sanción moratoria15:

«[…] para el reconocimiento de la sanción moratoria de las cesantías en el marco
de un acuerdo de restructuración de pasivos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1) Los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos laborales deben contar con la
aprobación de los trabajadores, sin que puedan desconocer derechos ciertos e
indiscutibles.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de abril de 2017, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, exp. 23-001-23-33-000-2012-
90129-01, número interno 0094-2015.

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2) Los mencionados Acuerdos no pueden cercenar los derechos de los trabajadores
que no consistieron en su aprobación. Tampoco pueden orientarse a evadir el
pago de las obligaciones sino a rebajas, disminución de intereses y
concesión de plazos o prórrogas.

3) Debe obrar prueba de que el trabajador haya consentido la aprobación del
Acuerdo de Reestructuración o que la entidad haya dispuesto su citación para
que se hiciera parte y manifestara lo que considerara oportuno, respecto de
la liquidación de las cesantías y su moratoria.

4) En el evento en que la entidad territorial, informa a los acreedores la apertura del
proceso previsto en la Ley 550 de 1999 así como la determinación de la obligación
a pagar, sin que la objete, se suspende la contabilización de la sanción moratoria
hasta la ejecutoria de la decisión que determinó el pago de tal acreencia.

[…]». (Negrillas fuera del texto original)

Tales consideraciones permiten aseverar, que los acuerdos de
reestructuración de pasivos no tienen como finalidad generar ventajas a los
empleadores que se someten a dicho proceso de reestructuración financiera,
encaminadas a desconocer las obligaciones y acreencias adquiridas, en este
caso con sus trabajadores, sino que propenden por generar un plan financiero
que les permita solventar obligaciones y proyectar su viabilidad de
funcionamiento.

Es así como, al tratarse de derechos ciertos e indiscutibles aquellos que se
derivan de la relación laboral propiamente dicha, los mismos no son
disponibles ni están sujetos a las arbitrariedades que puedan surgir de las
negociaciones de los acuerdos de reestructuración, por lo que la protección
que se resalta en la sentencia en cita, y en la Ley 550 de 1999, a los derechos
laborales, debe entenderse como incluida esencialmente en los procesos
administrativos de reestructuración ya indicados, y que sin embargo, permite
que ciertas prerrogativas surgidas en derecho, puedan ser negociables como
lo son los intereses, las actualizaciones, las sanciones, las prórrogas, entre
otros.

Huelga resaltar además, que a efectos de vincular a la totalidad de las
personas naturales y jurídicas que consideren tienen un derecho adquirido,
acreencia u obligación reconocible y pagable por parte de la entidad sometida
a reestructuración, el ordenamiento jurídico, específicamente la Ley 550,
prevé el procedimiento que debe observar dicha entidad a efectos de vincular
a la totalidad de sus acreedores con el objetivo de no obviar las obligaciones
a su cargo, y salvaguardar los derechos de quienes se encuentran legitimados
al reconocimiento y pago de cualquier tipo de acreencia.

Lo anterior, no supone desconocer que, la finalidad y naturaleza de los
acuerdos de reestructuración, es ayudar a la viabilidad financiera y de
operación de la entidad sometida al proceso administrativo y que en esa
medida, también existen etapas procedimentales que deben ser surtidas, y
acatadas por los intervinientes, en tanto, se insiste, los procesos de
reestructuración de pasivos propenden solventar las deudas y obligaciones
insolutas a cargo, en este caso, del empleador, y ayudar a la viabilidad
financiera y de operación en el tiempo de la entidad promotora del acuerdo.

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Bajo dichas consideraciones es que debe ser revisada la actividad y
participación de los interesados que ostentan calidad de acreedores y que se
hacen parte de un proceso de reestructuración de pasivos, pues soslayar la
naturaleza de la Ley 550 de 1999, y la intencionalidad del legislador al
proferirla, implicaría de suyo la participación arbitraria de una de las partes del
acuerdo, cuando son ambas las beneficiarias en su celebración.

Sobre los aspectos previamente reseñados, esta Subsección ha efectuado las
siguientes precisiones16:

«[…] Respecto de la Ley 550 de 1999, conocida como la Ley de reactivación
empresarial y reestructuración de los entes territoriales, se dirá que su expedición,
de conformidad con los mandatos contenidos en los artículos 334 y 335 de la
Constitución Política, tuvo como fin la reactivación de la economía con la clara
finalidad de que el Estado pudiera intervenir para lograr la reactivación de la
economía y del empleo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 334 de la Carta Política, al Estado le
corresponde la dirección general de la economía y al legislador dictar las normas
de intervención que puedan garantizar que la actividad económica se desarrolle
sin quebranto de los principios y valores consagrados en la Constitución Política.

La labor conjunta de los actores que intervienen en todo el proceso de
reestructuración financiera bajo los lineamientos de la Ley 550, debe ir encaminada
a que la Empresa cumpla con la función social para la cual fue creada, a que se
fomente el empleo, a que se respeten los derechos fundamentales, se mejore la
calidad de vida de los habitantes, a la igualdad de oportunidades y al estímulo a
las actividades empresariales, dentro del marco de un Estado Social de Derecho.

Bajo ese entendido los procesos de reestructuración no sólo buscan proteger las
obligaciones que tiene el deudor en estado de insolvencia, sino que van más allá,
en cuanto propician que la “empresa” no termine liquidada.

Para que ello se pueda dar es necesario un Acuerdo entre el empresario deudor
insolvente y sus acreedores, en donde se pueda sustituir el interés particular de
obtener el pago de las obligaciones insolutas, por el interés general, de contenido
social, a fin de que la empresa o entidad deudora continúe con sus actividades, ya
saneada económicamente, y pueda prestar un servicio del cual se beneficie
también la sociedad.

Sin embargo, el Estado no puede dejar que el Acuerdo quede bajo la autonomía
absoluta de la voluntad de los particulares, por eso lo somete a pautas contenidas
en disposiciones legales, con el fin de evitar que los acreedores queden
sometidos a la voluntad unilateral e indiscriminada del empresario deudor.

En efecto, al ocuparse del estudio de constitucionalidad del artículo 29 de la Ley
550 de 1999, la Corte Constitucional dijo, en lo pertinente:

“Dada la trascendencia económica y social que conlleva la celebración de ese
acuerdo, el Estado no lo deja librado a la autonomía absoluta de la voluntad de los
particulares, sino que lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales. Así
se explica la existencia de las normas originales del Código de Comercio de 1971

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, Exp: 08001 23 31 000 2011 00628-
01 (0528-14).

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(Decreto 410 de ese año), que regularon la institución del concordato de los
comerciantes, y, posteriormente, de lo dispuesto en las leyes 222 de 1995 y 550
de 1999.

El acuerdo económico y jurídico a que se refieren tales normas, implica
necesariamente que el legislador en su regulación adopte mecanismos que
impidan que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral del
empresario deudor, y, al propio tiempo, que una mayoría ocasional de los
acreedores someta a la minoría de éstos o al mismo deudor a condiciones lesivas
de sus intereses. Es decir, la ley ha de propiciar y garantizar la equidad en el
acuerdo y debe servir como muro de contención al abuso del deudor en
desmedro de los acreedores, o, de la mayoría de éstos en perjuicio de los
demás o de aquel.”17 (Destaca la Sala).

Con base en las anteriores consideraciones y en la jurisprudencia trascrita se
puede decir que si bien en el proceso de restructuración se deben supeditar
derechos individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en
igualdad de condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal
magnitud que conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que
puedan ser trasgredidos por un Acuerdo que cercene créditos laborales
legalmente adquiridos.

En otras palabras, no puede el deudor aprovecharse de su insolvencia y someter
al acreedor a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó. […]»
(Negrilla del texto original)

De lo anterior se sigue entonces que a efectos de determinar las condiciones
en las que un acuerdo de reestructuración de pasivos fue suscrito, es
necesario contar con el documento respectivo dentro del plenario en el que se
cuestionan los aspectos que darían lugar al reconocimiento y pago de una
sanción por mora como la que se reclama en este proceso.

Observa la Sala que tanto en la contestación de la demanda, como en el
recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, la entidad demandada,
adujo de manera reiterada que no hay lugar al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, por cuanto la acreencia
debida al señor Osvaldo Rafael Montero Aponte, relacionada con la
cancelación efectiva del auxilio de cesantías definitivas, se encuentra dentro
de los términos del referido acuerdo.

Manifestó la Universidad del Atlántico que el demandante promovió acción
judicial en la jurisdicción laboral, orientada al reconocimiento y pago de las
cesantías y de la sanción por mora en su consignación, misma que
correspondió al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, y que
habiéndose librado mandamiento de pago a favor del convocante, se incluyó
la prestación dentro del proceso administrativo de reestructuración de pasivos,
el cual inició en agosto de 2006, acuerdo en el que además se limitó la
posibilidad de incluir la reclamación tendiente a obtener intereses, multas,
sanciones u otros conceptos distintos del capital.

Sin embargo, constatados los elementos de juicio anexos al expediente, se
tiene que dentro de los mismos no se allegó el acuerdo de reestructuración al
que se alude en las diferentes etapas procesales, ni constan otros documentos

17
Sentencia C-854-05 MP. Alfredo Beltrán Sierra.

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que den cuenta del procedimiento adelantado por la entidad en cumplimiento
de las disposiciones previstas en la Ley 550 de 1999, de modo que, en
aplicación del artículo 167 del CGP, al ser la Universidad del Atlántico la parte
que plantea como argumento de defensa la existencia de dicho contrato y las
condiciones que hacen inviable el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria pretendida en el libelo, le corresponde acreditar tales circunstancias
de hecho por ser quien la alega y estar en la mejor posición de demostrarlas
en «[…] virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el
objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio […]».

Así las cosas, y no habiéndose acreditado la existencia del acuerdo de
reestructuración aludido, se procederá a analizar la causación de la mora en
los términos en que se solicita en el escrito de alzada.

Caso concreto

Advierte la Sala que el señor Osvaldo Rafael Montero Aponte persigue con su
escrito de demanda, el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que
tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, causada por la tardanza de la
Universidad del Atlántico en el pago del auxilio de cesantías definitivas.

El tribunal de primera instancia, encontró acreditados los supuestos fácticos y
normativos que dan lugar a la configuración de la mora en la consignación
oportuna de la referida prestación, y por tal motivo, condenó a la entidad
convocada a reconocer y pagar, a favor del demandante, la aludida
indemnización por el lapso transcurrido entre el 13 de junio de 2010 y el 12 de
octubre de 2011, pues encontró configurada parcialmente la excepción de
prescripción.

Al respecto, se encuentra probado en el plenario que el señor Osvaldo Rafael
Montero Aponte prestó sus servicios como docente a la Universidad del
Atlántico, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas, desde el 20 de
noviembre de 1975 hasta el 31 de marzo de 199918.

Así mismo, se observa que la entidad demandada, mediante Resolución
000204 del 5 de abril de 200219, reconoció y ordenó el pago del 100% de las
cesantías totales al señor Montero Aponte, para lo cual indicó que «[…] la Junta
administradora del Fondo de Cesantías de la Universidad del Atlántico, acordó
cancelar al señor […] la suma de NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CUARNTEA Y DOS PESOS CON 16/100 […]
correspondiente al 100% de su cesantía total. Que este pago se hará según
certificado de disponibilidad presupuestal No. 2002040049. […]», e informó que
contra la misma procedía recurso de reposición, el cual debía ser interpuesto
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación20.

Obra en la actuación constancia de la notificación del anterior acto
administrativo al demandante, el 8 de abril de 200221.

18
Información que se extrae de los considerandos sobre los que se sustenta la Resolución 000204 del
5 de abril de 2002, misma que no es objeto de discusión por las partes (fl. 313).
19
Folio 31.
20
Folios 12 a 13 Vto.
21
Folio 31 Vto.

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Consta en el expediente documento emitido por la Fiduciaria Davivienda S.A.
de fecha 25 de julio de 201322, en el que se registra un desembolso a nombre
del señor Osvaldo Rafael Montero Aponte por valor de $109.819.765.

Teniendo en cuenta que no se aduce en el escrito introductorio que el señor
Osvaldo Rafael Montero Aponte haya radicado petición dirigida al
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, de modo que fuera esta la
actuación que dio lugar al acto administrativo que dispuso su reconocimiento
y pago, el supuesto en el que habrá de realizarse el análisis respectivo,
corresponde al establecido por la sentencia de unificación del 18 de julio de
2018, relacionado al vencimiento de cuarenta y cinco (45) días hábiles
contados a partir de la firmeza del acto que reconoce las cesantías, y que
corresponde a la Resolución 000204 del 5 de abril de 2002.

Así, en aplicación de las reglas fijadas en el pluricitado pronunciamiento de
unificación, al haberse presentado la reclamación en vigencia del CCA
(Decreto 01 de 1984), el término que debe verificarse para predicar la firmeza
del acto administrativo, es de cinco (5) días hábiles, por lo que, en ese orden,
la decisión de la administración quedó en firme el 15 de abril de 2002.

Con fundamento en el anterior cómputo, el plazo de 45 días con el que
contaba la Universidad del Atlántico para el pago efectivo del auxilio de
cesantías, inició el 16 de abril de 2002 y venció el 21 de junio de la misma
anualidad, de manera que a partir del 22 de junio se causó la penalidad por la
tardanza en el pago de la prestación, misma que culminó el 12 de octubre de
2011.

En conclusión, toda vez que la entidad demandada, tardó más de sesenta y
cinco (65) días hábiles (por haberse expedido el acto administrativo en
vigencia del CCA) en la consignación del auxilio de cesantías definitivas del
señor Osvaldo Rafael Montero Aponte, habría lugar a disponer el
reconocimiento y pago de la sanción por mora contemplada en la Ley 244 de
1995, de conformidad con las consideraciones que previamente se
expusieron.

Cuarto problema jurídico

¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho a la sanción
moratoria que le asistía al demandante por el pago tardío de sus cesantías
definitivas?

Sobre el particular, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el presente caso se
configuró la prescripción extintiva del derecho, en tanto que transcurrieron más
de tres años entre el reconocimiento de las cesantías definitivas y la
reclamación de la sanción moratoria por el pago inoportuno del auxilio ante la
administración, como se expondrá a continuación:

La prescripción extintiva en materia de sanción moratoria

La figura jurídica de la prescripción extintiva hace relación al deber que tiene
cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial determinado

22
Folio 30.

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en la ley; es decir, si los derechos que se han adquirido no se solicitan en un
determinado lapso fijado por una norma, se pierde la oportunidad para
ejercerlos ante la ausencia del interés que presume el legislador por parte de
quien ostenta el derecho.

Sobre la prescripción en casos de sanción moratoria, la Sala plena de la
Sección Segunda dispuso en sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 25
de agosto de 201623 que, en el caso de la sanción por la no consignación
oportuna de las cesantías anualizadas, el fenómeno procede si pasados tres
años luego de su exigibilidad (esto es, a partir del 15 de febrero del año
siguiente a la causación de las cesantías), la parte interesada no reclamó ante
la administración su reconocimiento y pago24.

Ahora, si bien la sentencia de unificación aludida hace referencia a la sanción
moratoria en el caso de la no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas, en criterio de esta Subsección, dicha tesis resulta también
aplicable respecto a la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas por analogía25. Ello por cuanto, se reitera el argumento
expuesto en la providencia de 2016, en el ordenamiento jurídico colombiano
no puede haber sanciones imprescriptibles, entre las cuales debe incluirse la
regulada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que en el caso de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas, el
término prescriptivo debe contabilizarse a partir de su exigibilidad, tal y como
advirtió la Sala Plena de la Sección Segunda en providencia CE-SUJ-SII-022-
2020 del 6 de agosto de 202026, exigibilidad que dependerá de las múltiples
hipótesis que se pueden presentar en estos casos y que fueron descritas en
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 201827.

Bajo los anteriores presupuestos, se advierte nuevamente que al señor
Osvaldo Rafael Montero Aponte le fueron reconocidas las cesantías definitivas
mediante la Resolución 000204 del 5 de abril de 2002, la cual se notificó el 8
del mismo mes y año.

23
Sentencia CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016, radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01
(0528-14). Yesenia Esther Hereira Castillo contra el municipio de Soledad.
24
«[…] los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar
las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen
parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del
deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia
de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa
sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse
un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador
es que no pueden existir sanciones imprescriptibles […]»
25
Así lo ha considerado la Sala, entre otras, en sentencias del 21 de junio de 2018 (2735-2016), 26 de
abril de 2018 (3230-2016), 19 de abril de 2018 (2653-2015 y 2051-2016), 5 de abril de 2018 (2268-2015).
De igual forma se ha pronunciado recientemente la subsección B en sentencias del 17 de marzo de 2022
(3369-2021), 3 de febrero de 2022 (6038-2019).
26
Ver sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, radicación 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016). María Lucely Taborda Cervantes contra el municipio de Sabanagrande.
27
Sentencia CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00580-01
(4961-2015). Jorge Luis Ospina Cardona contra el Ministerio de Educación Nacional, Fomag y
departamento del Tolima.

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Como se recuerda, en el expediente no obra prueba que permita determinar
la fecha de la reclamación del auxilio, no obstante, tanto en la solicitud de
reconocimiento de la sanción moratoria (agotamiento de la vía gubernativa)
como en la demanda, el libelista pretende el pago de la indemnización, en
tanto las cesantías no fueron canceladas una vez vencidos los 45 días hábiles
siguientes a la notificación del acto administrativo de abril de 2002, de modo
tal que, a juicio de la Sala, es una situación tácitamente aceptada por el
demandante que hace imposible analizar el asunto bajo la segunda de las
reglas previstas en la sentencia de unificación de 2018 y en la cual se previó
el caso en el que el acto administrativo de reconocimiento y pago de las
cesantías no se profiriera o se hiciera extemporáneamente28.

Pese a lo anterior, la Sala resalta la primera parte de las reglas contenidas en
la CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, que prevé «[…] ii) Así mismo,
en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en
las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará
el cómputo del término de ejecutoria. […]»

Según esta última, una vez se efectuó la notificación de la Resolución 0002014
(8 de abril de 2002) corrieron los cinco días de ejecutoria29, esto es, hasta el
15 de abril del mismo año, y a partir de esta fecha se contabilizan los 45 días
que finalizaron el 21 de junio de 2002. Se repite que estos supuestos no fueron
objeto de discusión por lo que, siguiendo los precedentes normativos y
jurisprudenciales, han de entenderse aceptados por las partes.

Conforme lo hasta aquí expuesto, y lo evidenciado en el problema jurídico que
antecede resulta clara la causación de la sanción moratoria deprecada, pues
el pago efectivo de las cesantías se efectuó el 12 de octubre de 2011, hecho
sobre el cual tampoco hay discusión ni fue objeto de apelación por la entidad.
Es decir que la administración canceló extemporáneamente el auxilio que,
como se indicó, debió ser consignado a más tardar el 21 de junio de 2002 y,
por consiguiente, legalmente era procedente reclamar la indemnización de que
tratan las Leyes 244 y 1071.

En consecuencia, en atención a las reglas jurisprudenciales citadas y que
deben ser aplicadas al sub examine, dado que la sanción por mora prescribe
si pasados tres años después de su exigibilidad no se reclamó ante la
administración su reconocimiento, la Sala no puede concluir otra cosa
diferente a que, en este asunto, el libelista no reclamó en forma oportuna la
indemnización deprecada, en tanto que esta se hizo exigible a partir del 22 de
junio de 2002, y bajo los supuestos analizados, debió presentar la solicitud de
pago a más tardar el 22 de junio de 2005, sin embargo, el señor Montero
Aponte solo reclamó la aludida sanción el 13 de junio de 201330.

28
«[…] i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de
radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. […]»
29
Se recuerda que los hechos hasta aquí descritos transcurrieron mientras regía el Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984) y que en dicho estatuto se preveía que el término de ejecutoria de
un acto administrativo era de 5 días, mientras que a partir de lo regulado en el CPACA, dicho plazo se
amplió a 10 días.
30
Folios 22 a 26.

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Cabe aclarar que si bien la Universidad del Atlántico no planteó en su recurso
de apelación argumentos encaminados a analizar la figura de la prescripción
extintiva, lo cierto es que si hizo mención a la misma en su escrito de
contestación y, la parte demandante manifestó su inconformidad con el
análisis efectuado por el juez de primer grado sobre este aspecto; así, al haber
sido apelada la sentencia por ambas partes intervinientes, esta Corporación
en sede de segunda instancia no tiene limitaciones para efectuar el análisis
del asunto sometido a discusión, más allá del libelo introductorio, los escritos
de alzada y lo cursado en el proceso.

Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y
negar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, y toda vez que no hay lugar al reconocimiento de la penalidad
moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, no se encuentra necesario
adelantar consideraciones destinadas a resolver el quinto problema jurídico,
relacionado con la indexación de los valores reconocidos a título de sanción
por mora en el pago de cesantías.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 13 de octubre de
2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió
parcialmente a las suplicas del demandante para, en su lugar, declarar
probada la excepción de prescripción extintiva y, en consecuencia, negar
las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencia del 7 de abril de 201631, en esta oportunidad,
la Sala considera que no hay lugar a condenar en costas, en tanto que la
decisión adoptada en esta instancia obedece a la aplicación de reglas
jurisprudenciales trazadas por esta Corporación en el curso del trámite judicial
surtido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 13 de octubre de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por el señor Osvaldo Rafael Montero
Aponte contra la Universidad del Atlántico para, en su lugar,

31
Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho.

Tercero: Negar las pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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