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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00095-01

Sanción moratoria: docente nacional

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00095-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico; y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Giovanni Pardo Cortina, identificado con C.C. 72.183.682 y T.P. 86.065 del C. S. de la J., para representar judicialmente los intereses del Departamento del Atlántico, de acuerdo con el poder que obra a folio 608 del expediente. TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00095-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

21 de junio de 2018

SANCIÓN MORATORIA – Docente nacional / DOCENTE NACIONAL – No es destinataria de la sanción moratoria / SANCIÓN MORATORIA - Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías / FECHA DE VINCULACIÓN - Está regulada en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, y no es destinataria de la sanción moratoria

De los supuestos fácticos acreditados dentro del expediente, se observa que la demandante fue nombrada como docente al servicio del municipio de Sabanalarga mediante el Decreto 00-00148 del 26 de diciembre de 2000, por lo que le asiste razón a la apoderada del Departamento del Atlántico cuando señala, que en virtud de la fecha de su nombramiento, se encuentra cobijada por el articulo 15 de la Ley 91 de 1989, que estableció que los educadores que ingresaran a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicarían las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional. Por lo anterior, pese a acreditarse que el decreto de nombramiento de la actora fue expedido por el alcalde del municipio de Sabanalarga, ello no le otorga el carácter de territorial, pues en materia prestacional, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, previó respecto de los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, la aplicación de las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo consideró el a quo, lo cual no conllevaba a que el tribunal de instancia concluyera que a la demandante le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso en la ratio decidendi de esta providencia, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y siempre que se encunetren afiliados a los fondos privados de cesantías. En consecuencia, le asiste razón al Departamento del Atlántico al manifestar que a la demandante no le es aplicable la penalidad pretendida, pues debido a la fecha de su vinculación está regulada en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, y siendo así, no es destinataria de la sanción moratoria, que fue extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple la docente; primero, por no reunir la condición de docente territorial; y segundo, porque no se encontraba afiliada a un fondo privado administrador de cesantías, tal como lo prevé la Ley 50 de 1990, toda vez que la finalidad de la Ley 91 de 1989, entre otras, fue la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes del sector oficial, cuyos recursos provienen de la Nación por disposición legal.

FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990 / DECRETO 1582 DE 1998 / LEY 91 DE 1989 – ARRICULO 15

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00095-01(4229-16)

Actor: CARMEN DE JESÚS BLANCO BLANCO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – MUNICIPIO DE SABANALARGA

Medio de Control:
Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Tema:
Sanción moratoria - Régimen de los docentes - Revoca sentencia y en su lugar, niega la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
_____________________________________________________

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la demandada el Departamento del Atlántico, contra la sentencia del 18 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la cual se condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Sabanalarga, al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque no le fueron consignadas las cesantías de los años 2001, 2002 y 2003.

ANTECEDENTES

2.1. La demanda.

La señora Carmen de Jesús Blanco Blanco, a través apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, demandó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento del Atlántico y al Municipio de Sabanalarga.

Pretensiones.

a. Declarar la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y demás normas complementarias, los cuales se enuncian a continuación:

i) Oficio del 16 de agosto de 2013, emanado del Alcalde Municipal de Sabanalarga.

ii) Oficio 3044 del 6 de septiembre de 2013, expedido por el Secretario de Educación Departamental del Atlántico.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a las entidades demandadas a:

Como sanción moratoria, a reconocer y pagarle un día de salario por cada día de retardo desde el incumplimiento en la consignación de las cesantías por las anualidades del 2001, 2002 y 2003.

Pagarle de forma indexada los valores que resulten de la condena, más los intereses moratorios, de conformidad con los artículos 187, inciso 4, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

Fundamentos fácticos

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala al revisar integralmente la demanda, resume los supuestos fácticos relevantes así:

La demandante manifestó que labora como docente de la planta del Municipio de Sabanalarga, asimilado por el Departamento del Atlántico en el año 2000, en el Grado 10°, inscrita en el Escalafón nacional para desempeñar el cargo de docente desde el 25 de diciembre de 2000 hasta la fecha, sin que le consignaran sus cesantías correspondientes a las anualidades de 2001, 2002 y 2003 dentro del plazo legal previsto para el régimen anualizado, tal como lo dispone la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, con remisión normativa a los artículos 99 al 104 de la Ley 50 de 1990.

Adujo que debido al incumplimiento de las entidades demandadas, se hicieron acreedoras de la sanción moratoria desde la fecha en que se hizo exigible la obligación laboral, sin que a la fecha se haya efectuado la consignación o el pago del valor adeudado por concepto de la prestación social.

Indicó que por lo anterior, elevó peticiones a la Alcaldía de Sabanalarga, a la Gobernación del Atlántico y al Ministerio de Educación Nacional los días 15, 20 y 22 de agosto de 2013 respectivamente, con el objeto de obtener el reconocimiento de la aludida penalidad, frente las cuales se expidieron los actos administrativos acusados a través del presente medio de control.

El Alcalde Municipal de Sabanalarga, con Oficio del 16 de agosto de 2013, le informó a la actora, que la administración municipal ha pagado las cesantías a sus empleados en la medida que los recursos se lo han permitido, como quiera que la entidad se encuentra en proceso de reestructuración [Ley 550 de 1990]; y que no estaría obligada a pagar la sanción moratoria reclamada, pues su reclamación no hace parte de las acreencias contenidas en el acuerdo de restructuración de pasivos del municipio.

Por su parte, el Secretario de Educación Departamental del Atlántico mediante Oficio 3044 del 6 de septiembre de 2013, indicó que las cesantías de las vigencias comprendidas entre el 2001 y el 2003, corresponden a los pasivos prestacionales a cargo del Municipio de Sabanalarga, pues su vinculación se concretó como docente municipal, y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG se llevó a cabo el 19 de agosto de 2005 en la misma condición, y aunado a ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, el Fondo asume el pago de las cesantías con base en el período de cotizaciones realizadas al mismo. Finalmente afirmó, que el régimen de cesantías de los docentes es especial y está consagrado en la Ley 91 de 1989, que no contempla la indemnización moratoria.

Normas vulneradas y concepto de la vulneración.

Invocó como disposiciones desconocidas, las siguientes: los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política. Igualmente, los artículos 13 de la Ley 344 de 1996; 1º del Decreto 1582 de 1998; numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; 20 del Código de Procedimiento Civil, 21 y ss. del Decreto 1063 de 1991, y 83, 138 y 192 del CPACA.

Señaló que no es cierta la motivación de uno de los actos demandados atinente a la carencia de los recursos y en otro de ellos, no se resolvió de fondo la petición de la demandante, sino que se remitió a otra autoridad pública; por lo que desconocieron el mandato constitucional previsto en el artículo 53 Superior, relativo a la irrenunciabilidad mínima de las garantías laborales.

Afirmó que las decisiones de la administración fueron expedidas con infracción del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, toda vez que a partir de su vigencia, se contempló que las personas que se vincularen a los órganos y entidades del Estado, les será aplicable el régimen anualizado de cesantías, y que por su parte, el Decreto Reglamentario 1582 de 1998 extendió el régimen de liquidación y pago de las cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial que ingresaran con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que se afiliaran a fondos privados, compendio normativo que contiene la sanción moratoria en el evento en que no se efectúe la consignación de las cesantías anualizadas.

Contestación de la demanda – Municipio de Sabanalarga.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la pretensión no aparece enlistada en las acreencias incorporadas en el acuerdo de reestructuración celebrado con fundamento en la Ley 550 de 1999, a pesar de haberse efectuado la convocatoria para tal fin, puesto que las obligaciones a reconocer, serán aquellas existentes en los estados financieros de la entidad territorial y las que fueron objeto de reclamación por los interesados en las oportunidades contenidas en la citada ley.

Manifestó que en caso de declararse la prosperidad de las pretensiones, se de aplicación al artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, el cual establece que la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente a la fecha establecida para el pago; y por último, propuso la excepción de prescripción trienal de manera individual para cada anualidad.

Contestación de la demanda - Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.

Señaló que las pretensiones de la demandante no se encuentran ajustadas a derecho, en tanto la mora no es imputable a la entidad que representa, y adicional a ello, considera que no pueden generarse intereses moratorios y/o indexación alguna, por cuanto el reconocimiento de las cesantías de los docentes sigue un procedimiento con sujeción expresa a la ley, atendiendo al turno de atención y disponibilidad presupuestal, de acuerdo al principio de igualdad. Resaltó, que debido a que no se cuenta con los recursos suficientes para el pago de todas las prestaciones que se encuentran en trámite, no puede endilgársele una negligencia al FOMAG.

Adicional a lo anterior, señaló que para el caso específico de los educadores estatales, el trámite de las solicitudes de cesantías se rige por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, que constituyen el procedimiento especial, por ende, no se encuentran cobijados por las demás normas reguladoras de la materia, y en tal virtud, no es posible pretender la aplicación extensiva de una penalidad establecida en una norma general a un sistema especial que no la contempla.

Para lo anterior, propuso como excepciones, la actuación bajo el postulado constitucional de la buena fe consagrado en el artículo 83 Superior, la prescripción conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, la compensación respecto de las sumas pagadas, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, la caducidad por cuanto el auxilio de la cesantía no es una prestación periódica, y finalmente la genérica.

Contestación de la demanda - Departamento del Atlántico.

El Departamento del Atlántico señaló que no es el llamado a responder por las pretensiones de la demanda, toda vez que para los años 2001 a 2003, la vinculación de la docente era de carácter municipal, es decir, que sus prestaciones sociales son responsabilidad del Municipio de Sabanalarga, y adicionalmente, no le corresponde al FOMAG, pagar las cesantías y la sanción moratoria pretendida, sino a partir de la fecha en que se haya afiliado la demandante, y precisó, que a partir del año 2003, las cesantías de la demandante fueron reportadas de forma oportuna a la entidad fiduciaria Fiduprevisora S.A.

Decisiones relevantes en la audiencia inicial.

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la función principal de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, así como de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las controversias que regirán el litigio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

En primer término, una vez efectuado el saneamiento del proceso, señaló que la excepción de caducidad no está llamada a protestar, debido a que la demanda se presentó dentro del término de los 4 meses indicados para este medio de control, según el artículo 138 del CPACA; y segundo, señaló, que las demás excepciones propuestas serían resueltas en la sentencia.

Por su parte, la fijación del litigio se realizó en los siguientes términos:

Problema jurídico fijado en el litigio

De conformidad con la demanda y con su contestación, se consideró resolver el siguiente problema jurídico, al que las partes manifestaron estar de acuerdo.

«el litigio va dirigido a que se declare la nulidad de los acto administrativos por los cuales se le niega a la actora el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996.»

III. SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia escrita del 18 de noviembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Para lo anterior, se refirió al marco normativo sobre la vinculación de los docentes de la Ley 91 de 1989, sobre al auxilio de cesantías conforme a las Leyes 6ª de 1945, 50 de 1990 y 344 de 1996, y al Decreto 1582 de 1998.

Indicó, que inicialmente existió un régimen de cesantías retroactivas creado por la Ley 6ª de 1945, pero con la expedición de la Ley 344 de 1996, se dio inicio a la liquidación anualizada, aplicable a todos los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de dicho año.

Consideró que a partir del 31 de diciembre de 1996, se creó un nuevo régimen de cesantías por el cual el empleador adquirió la obligación de afiliar al empleado al fondo que éste escoja, y de manera concurrente consignar el valor de la liquidación anual con sus intereses del 12% antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación; pues de lo contrario, debe reconocerle la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo.

Precisó, que la Ley 91 de 1989 no previó como obligación de los entes territoriales, afiliar a sus empleados al FOMAG, y que ello aconteció a partir de la vigencia del Decreto 3752 de 2003, lo cual implica, que en el evento que no se cumpliere dicho mandato, la entidad local debe responder por la totalidad de las prestaciones que haya lugar.

Afirmó, que del material probatorio obrante en el expediente, se encontró que la demandante prestó sus servicios al Municipio de Sabanalarga como docente desde el año 2001 hasta el 1º de enero de 2003, fecha en la que se incorporó a la Planta Personal del Departamento del Atlántico financiado con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, y que en vigencia de la resolución laboral, en su condición de docente territorial, fue afiliado al FOMAG, ente encargado de pagar la prestación a la demandante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3º y 5º de la Ley 91 de 1989, que establecen que a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se les aplicará el régimen de cesantías del sector nacional, lo que en consecuencia le llevó a concluir, que el legitimado en el proceso es la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.

Por otra parte, expuso que no es de recibo el argumento del municipio de Sabanalarga referente a la imposibilidad de cancelar la penalidad moratoria debido a que las acreencias reclamadas no fueron solicitadas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en razón a que si bien, la Ley 550 de 1990 prevé la posibilidad de que los entes territoriales celebren convenios con la finalidad de solventar su sostenimiento financiero, es claro que se suscriben entre la persona jurídica y los acreedores sin que ello implique la presencia de los empleados en la negociación del pago de sus prestaciones sociales y el desconocimiento de sus derechos laborales.

Concluyó, que al no haberse pagado a la actora las cesantías de las anualidades 2001, 2002 y 2003, se cumplen los presupuestos para acceder al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, aplicable a los servidores territoriales por disposición de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998.

Frente a la excepción de prescripción propuesta por el Municipio de Sabanalarga, indicó que no hay lugar a ella, teniendo en cuenta que en materia de cesantías, estas se hacen exigibles a partir de la fecha del retiro del servicio del empleado, y en el presente caso, la demandante aún se encuentra vinculada laboralmente.

Finalmente, declaró no probadas las excepciones formuladas por las entidades demandadas, e igualmente dispuso la nulidad de los actos, así: i) Parcial del Oficio 3044 del 6 de septiembre de 2013, emanado de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, solo en cuanto negó la sanción moratoria de los años 2001 a 2003; y ii) Parcial del Oficio del 16 de agosto de 2013, expedido por el Municipio de Sabanalarga, pero en cuanto a la mora del año 2001.

A título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y al Municipio de Sabanalarga, a pagarle a la accionante un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías por las anualidades de 2001, 2002, 2003 y 2004, hasta el cumplimiento de la obligación laboral. Igualmente, ordenó la indexación de las sumas reconocidas, y negó la condena en costas.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, pues no comparte que se haya excluido al Departamento del Atlántico como corresponsable del restablecimiento del derecho, ya que al resolver la excepción sobre falta de legitimación por pasiva, esta fue declarada impróspera por el a quo, y en tal sentido, requiere que la condena cobije a las tres entidades demandadas.

También señaló, que no hay congruencia en la decisión respecto de las pretensiones, como quiera, que concedió la sanción moratoria por la anualidad de 2004, cuando realmente se solicitaron las de 2001 a 2003, y por tal razón, solicita se excluya la condena del año 2004. En lo demás, comparte la decisión.

Por su parte, el Departamento del Atlántico redundó que no es el legitimado en la causa por pasiva para reconocer las pretensiones de la demanda, toda vez si bien la accionante entró a formar parte de la planta de personal del departamento en el año 2003, también lo es, que fue afiliada en ese año al FOMAG, y es claro que tanto a éste como al Municipio de Sabanalarga, les corresponde reconocer y pagar las cesantías a la actora.

Así mismo, indicó que no aprueba ni efectúa el pago de las cesantías de los docentes, en tanto la función que desempeña se circunscribe por mandato legal a una mera gestión de trámite, pues es el FOMAG, es el obligado a la cancelación de la aludida prestación social, así como también a los intereses y la sanción que de ella se derive.

Igualmente, insistió en que a la demandante no le resulta aplicable la penalidad por mora pretendida, en tanto la ley que regula el auxilio referido de los servidores públicos, excluyó de su aplicación, a los educadores vinculados con posteridad al 1° de enero de 1990 cobijados por la Ley 91 de 1989.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante, reiteró los argumentos presentados en la alzada. Precisó que en materia de cesantías, se encuentra cobijada por la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, y como se ha demostrado que le adeudan las anualidades de 2001 a 2003, las entidades demandadas deben ser reconocerle y pagarle la sanción moratoria que reclama.

El Municipio de Sabanalarga, a través de apoderado, insistió en los argumentos presentados en la contestación de la demanda, y resaltó, que de confirmarse la sentencia de primera instancia, se aplique la prescripción trienal.

El Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, ratificó lo expuesto en la contestación de la demanda, y solicitó que se le exonere de toda responsabilidad, por cuanto el régimen de cesantías aplicable a la demandante en su calidad de docente, es el regulado en la Ley 91 de 1989, que no contempla la sanción moratoria que se reclama.

Finalmente, el Departamento del Atlántico al alegar de conclusión, insistió en su exoneración bajo los mismas consideraciones presentadas a lo largo de este proceso.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

6.1. Problema jurídico.

De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por las partes, le corresponde a la Sala determinar:

Establecer si debido al nombramiento de la demandante efectuado por el alcalde del municipio de Sabanalarga el 26 de diciembre de 2000, le resulta aplicable el régimen anualizado de liquidación de cesantías previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y en tal virtud, si le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

Determinar en el evento que le asista el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, cuál es la entidad competente para el restablecimiento del derecho de la demandante.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente estudio: (i) Del sistema de liquidación de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial; (ii) Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación; (iii) Solución al asunto planteado; (iv) Antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado; y (v) Análisis del caso en concreto.

6.1.1. Del sistema de liquidación de las cesantías de los de servidores públicos del nivel territorial.

La Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado [Ramas Legislativa y Ejecutiva], a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:

[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

Luego, al expedirse el Decreto 1582 de 1998 por medio del cual se reglamentó parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado a los servidores públicos del nivel territorial y para los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, en los siguientes términos:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998. [Negrillas y subrayas fuera del texto original].

El nuevo sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto Reglamentario 1582 de 1998, previó la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación. Dice la norma:

Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

[…]
Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.
En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.
Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.
[…]

Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.
La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.
En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […].

En las anteriores disposiciones se establece que el régimen anualizado tiene las siguientes características:

i) Destinatarios: Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados administradores de cesantías;

ii) Liquidación: Cada 31 de diciembre, por la anualidad o por la fracción correspondiente, diferente a la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo;

iii) Intereses: Legales del 12% anual o proporcionales por fracción;

iv) Sanción moratoria: Un día de salario por cada día de retardo cuando el empleador no consigne el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada año.

6.2.2. Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación.

La Ley 43 de 1975 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones», implementó un proceso de nacionalización de la educación estatal, el cual tenía como propósito trasladar gradualmente a la Nación la totalidad de los costos de la prestación de dicho servicio, entre los que estaban comprendidos los salarios y las prestaciones sociales de los docentes

Posteriormente, la Ley 91 de 1989 «[P]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», en el artículo 1° diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así:

(i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional;

(ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 1975; y

(iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria.

Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibidem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:

[…] Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 […].

Como se expuso, el artículo 3| de la citada ley, creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella.
Por su parte, el artículo 15 ibídem señaló:

[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley […].

En lo relativo a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo señalado, previó lo siguiente:
3.- Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional [Resalta la Sala]
De la disposición transcrita se concluye, que respecto de los docentes oficiales, la ley regula dos situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación:

i) Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

ii) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989.

Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Destinatarios: Docentes vinculados desde el 1º de enero de 1990;

ii) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

iii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.

En armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 60 de 1993 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos.
En tal sentido, el Estado en ejercicio de la división y organización administrativa descentralizó la educación primaria y secundaria que se había nacionalizado a través de la Ley 43 de 1975, y distribuyó de manera diferente las competencias de los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.

El artículo 6° de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y los de las nuevas vinculaciones, sería el reconocido por la Ley 91 de 1989, en los siguientes términos:

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos. [Se resalta]

En desarrollo de los principios constitucionales sobre el derecho a la educación, fue proferida la Ley 115 de 1994 «Por la cual se expide la ley general de educación», a través de la cual se definió en el artículo 115 que el régimen especial de los educadores estatales sería el que allí se señalaba y el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.

A través del Acto Legislativo 01 de 2001, se creó el Sistema General de Participaciones de los entes territoriales y en desarrollo del mismo, se expidió la Ley 715 de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en virtud de la cual, se estableció un porcentaje de recursos de la Nación para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos.

Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 715 de 2001, mediante los cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados, la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

6.2.3. Solución al asunto planteado.

De las normas expuestas en precedencia, se establece que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.

Por lo anterior, los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1° de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, pues esta prerrogativa solo cobijó a quienes cumplieran la condición de ser nombrados sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

De manera que los educadores del sector público que ingresaren a partir de 1990, en materia prestacional se encuentran regulados por las disposiciones que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional, y en tal virtud, no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

6.2.4. Antecedentes jurisprudenciales

La Sección Segunda de esta Corporación, en Sentencia de Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la voluntad del legislador al expedir la Ley 91 de 1989, además de la creación del FOMAG, fue la unificar el sistema salarial y prestacional de los docentes oficiales nacionales y nacionalizados a partir de 1° de enero de 1990, por cuanto en dicha norma se dispuso, que a partir de ese momento, se crearía un solo régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros, que por disposición de las entidades territoriales a las que se encontraban adscritos, les habían sido reconocidas algunas prestaciones adicionales a las mínimas legales.

En casos similares al presente, las subsecciones A y B de esta Sección, han sostenido que al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden nacional, por lo que pese a que el nombramiento sea efectuado por el representante legal del respectivo departamento y municipio, no le otorga la calidad de docente territorial. Al respecto, señaló lo siguiente:

[…] a pesar de que el demandante fue nombrado por el gobernador del Departamento del Cesar como docente del municipio de Valledupar en el año de 1994, este nombramiento se realizó: i) con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43 de 1975 «inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de 1980»; ii) con las facultades legales otorgadas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989 a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados.

Ahora bien, una vez que finalizó el proceso de nacionalización de la educación, al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y distritales.

De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales de docentes a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto que los docentes ostentan un régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su carácter. (Se resalta)

6.2.5. Análisis del caso concreto.

En el sub judice, el a quo accedió a la pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al considerar que debido a la vinculación de la demandante [26 de diciembre de 2000], le es aplicable la Ley 91 de 1989, que previó respecto de las cesantías, que los docentes que ingresaran con posterioridad al 1° de enero de 1990, se regirían por el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

Igualmente, encontró acreditado que el municipio de Sabanalarga no giró los dineros correspondientes a los auxilios de cesantías de las anualidades 2001, 2002 y 2003 al FOMAG, por lo que se generó la aludida penalidad, sin que el argumento relativo a los acuerdos de reestructuración conlleve al empleador a eximirse de la obligación laboral. Así las cosas, condenó al municipio de Sabanalarga y a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a pagar a la demandante un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías por las anualidades mencionadas.

El apoderado judicial de la demandante apeló el fallo de primera instancia, con el fin que se condene también al Departamento del Atlántico al reconocimiento de la totalidad de las acreencias, ya que al resolver la excepción sobre falta de legitimación por pasiva, ésta fue declarada impróspera por el tribunal de primera instancia. Adicionalmente solicitó que se excluya la condena decretada en su favor respecto de la anualidad del 2004, pues solo reclama las de 2001 a 2003.

El Departamento del Atlántico, al interponer la alzada, no formuló cargos contra la sentencia de primera instancia, sino que se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el entendido que a los docentes no le son aplicables las normas generales que regulan el régimen prestacional general, así como tampoco la afiliación a fondos privados administradores, puesto que la Ley 91 de 1989, creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación destinada al manejo de las prestaciones sociales de sus afiliados los docentes, cuyo trámite para el reconocimiento fue reglamentado en un decreto reglamentario especial, al que no puede extenderse la penalidad solicitada.

Finalmente insistió que no está legitimada para pagar la sanción moratoria, en tanto la función que desempeña en cuanto a cesantías se refiere, se circunscribe por mandato legal a una mera gestión de trámite, pues es el FOMAG, el obligado a la cancelación de la aludida prestación social, así como también a los intereses y la sanción que de ella se derive.

Al respecto, la Sala señala en primer lugar, que dentro del asunto objeto de análisis, las partes coinciden y no es objeto de debate, el supuesto fáctico de la vinculación de la demandante a través del Decreto 00-00148 del 26 de diciembre de 2000, expedido por el Alcalde (e) del Municipio de Sabanalarga [Atlántico], del cual tomó posesión en la misma fecha, según se observa en el Acta 18 aportado por la docente y por el Departamento del Atlántico.

Igualmente, hay consenso entre las partes, que a partir del 2003, la demandante fue incorporada a la planta del Departamento del Atlántico mediante Decreto 13/10/174, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios educativos cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 2001, según se observa en el Certificado de Tiempo de Servicio expedida el 15 de diciembre de 2008 por la Coordinadora de hojas de Vida de la Secretaría de Educación Departamental.

Está probado en el plenario, que la accionante solicitó ante las entidades territoriales demandadas y al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, los días 15, 20 y 22 de agosto de 2013 respectivamente, el reconocimiento de la sanción moratoria por no efectuarse la consignación de las cesantías por las anualidades 2001 a 2003, peticiones que fueron resueltas de manera desfavorable a través de los actos acusados, por las siguientes razones:

El Alcalde Municipal de Sabanalarga, con Oficio del 16 de agosto de 2013, sostuvo que la administración municipal ha pagado las cesantías a sus empleados en la medida que los recursos se lo han permitido, como quiera que la entidad se encuentra en proceso de reestructuración [Ley 550 de 1990]; y que no estaría obligada a pagar la sanción moratoria pretendida, pues su reclamación no hace parte de las acreencias contenidas en el acuerdo de restructuración de pasivos del municipio.

Por su parte, el Secretario de Educación Departamental del Atlántico, a través del Oficio 3044 del 6 de septiembre de 2013, señaló que desde la afiliación al FOMAG en el 2003, las cesantías de la demandante han sido reportadas oportunamente, sin que se observara a la fecha, reportes del municipio de Sabanalarga por concepto de la prestación social del período reclamado [2001, 2002 y 2003]. Finalmente indicó, que el régimen de cesantías de los docentes es especial y está consagrado en la Ley 91 de 1989, normatividad que no contempla la indemnización moratoria.

Por último, la Asesora de la Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, mediante Oficio 2013EE64190 del 12 de septiembre de 2013, en la que sin resolver la petición de fondo, le informó a la interesada que la solicitud fue remitida por competencia a la Fiduprevisora S.A.

De los supuestos fácticos acreditados dentro del expediente, se observa que la demandante fue nombrada como docente al servicio del municipio de Sabanalarga mediante el Decreto 00-00148 del 26 de diciembre de 2000, por lo que le asiste razón a la apoderada del Departamento del Atlántico cuando señala, que en virtud de la fecha de su nombramiento, se encuentra cobijada por el articulo 15 de la Ley 91 de 1989, que estableció que los educadores que ingresaran a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicarían las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Por lo anterior, pese a acreditarse que el decreto de nombramiento de la actora fue expedido por el alcalde del municipio de Sabanalarga, ello no le otorga el carácter de territorial, pues en materia prestacional, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, previó respecto de los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, la aplicación de las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo consideró el a quo, lo cual no conllevaba a que el tribunal de instancia concluyera que a la demandante le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso en la ratio decidendi de esta providencia, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y siempre que se encunetren afiliados a los fondos privados de cesantías.

En consecuencia, le asiste razón al Departamento del Atlántico al manifestar que a la demandante no le es aplicable la penalidad pretendida, pues debido a la fecha de su vinculación está regulada en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, y siendo así, no es destinataria de la sanción moratoria, que fue extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple la docente; primero, por no reunir la condición de docente territorial; y segundo, porque no se encontraba afiliada a un fondo privado administrador de cesantías, tal como lo prevé la Ley 50 de 1990, toda vez que la finalidad de la Ley 91 de 1989, entre otras, fue la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes del sector oficial, cuyos recursos provienen de la Nación por disposición legal.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos acusados y se condenó a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, esta Subsección se abstendrá de pronunciarse frente a los demás argumentos planteados por los apelantes, relacionados con el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Sabanalarga, la legitimación del Departamento del Atlántico para pagar la sanción moratoria, y frente a la solicitud de exclusión de la condena por la vigencia 2004, en la medida que no hay lugar al reconocimiento de la penalidad pretendida por la demandante, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

Finalmente, se observa a folio 608 del expediente, que el Secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico confirió poder al abogado Giovanni Pardo Cortina, identificado con C.C. 72.183.682 y T.P. 86.065 del C. S. de la J., por lo que se le reconocerá personería para actuar dentro del proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico; y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Giovanni Pardo Cortina, identificado con C.C. 72.183.682 y T.P. 86.065 del C. S. de la J., para representar judicialmente los intereses del Departamento del Atlántico, de acuerdo con el poder que obra a folio 608 del expediente.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoria JORM
Según informe de la Secretaría de la Sección Segunda, visible a folio 618.
Folios 1 a 11.
En adelante FOMAG.
Folio 22.
Según se observa a folios 24 a 25.
En adelante CPACA
«Conjunto normativo de la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y remisión a la normatividad del artículo 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, que regula el régimen legal de cesantías de estos trabajadores.»
Folio 22.
Según se observa a folios 24 a 25.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;[…]»
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
« Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»
Folios 294 a 297.
El 5 de marzo de 2015.
«por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.»
«Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 88. INTERESES CON CARGO A OBLIGACIONES DE LA NACIÓN. En todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el pago.

De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.»
Presentada el 29 de enero de 2015, visible a folios 61 a 72.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
«Por el cual se reglamentan el inciso2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7°  de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.»
« por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
[…]
Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»

Presentada el 24 de febrero de 2015, visible a folios 107 a 121.
Folios 315 a 318.
Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
«La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.» Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folios 425 a 465.
«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta Ley.»
Folios 477 a 485.
Folios 486 a 492.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»
Folios 598 a 601.
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; […]»

« por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»

Folios 603 A 607.
«por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.”
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
Ibídem.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
Ley 45 de 1975, Artículo 10.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.»

« Artículo 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política, se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo. Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el CONPES para la Política Social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»

La Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» nacionalizó los servicios educativos públicos hasta el bachillerato y reguló la forma de prestarlos y de administrarlos por la Nación, que asumió la competencia directa de la prestación de este servicio.»

«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones»
«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
[…]
ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. […]»

«Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0. »

Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.
Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
«Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad, perderán la certificación.»

Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»
Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad. 2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 19 de octubre de 2017. Rad. 20001-23-39-000-2014-00289-01(5010-15). C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 12 de abril de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2013-00159-01(2860-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Copia simple que obra a folio 16 del expediente.
Copia simple que obra a folios 17 y 119 del expediente.
Folios 196 y 197
«por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.»
Escritos visibles a folios 19 a 21.
Según se observa a folio 22.
Según se observa a folios 24 a 25.
Según se observa a folio 26.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»

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