Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2014-00222-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de abril de 2024
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandantes: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
Demandada: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa
Tema. Responsabilidad del Estado por daños causados por obra pública Subtema 1. Elementos de la
Responsabilidad. Subtema 2. Pruebas de oficio en segunda instancia – son excepcionales y no suplen las
cargas probatorias de las partes. Subtema 3. El daño antijurídico – No acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 25 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
La sociedad Inversiones Castañeda Hermanos Ltda., aduce que sufrió disminución en
sus ingresos, pues la estación de servicios de su propiedad, comercialmente conocida
como Petromil, ubicada en la calle 6 número 42D-43, en Barranquilla, se vio perjudicada
con ocasión de la obras adelantadas para la construcción y rehabilitación del Corredor
de Carga y Acceso Portuario al Distrito de Barranquilla, en virtud del contrato de
concesión número VF-12-2010-02, suscrito entre la entidad territorial y S.F. CONVIAS
SAS.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
La sociedad Inversiones Castañeda Hermanos Ltda. presentó demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla; la Empresa Concesionaria S.F. CONVIAS SAS; y la Empresa
de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-EDUBAR S.A., con la
pretensión de que se les declare administrativamente responsables por los daños y
perjuicios ocasionados con la “construcción y rehabilitación del corredor de carga y
acceso portuario del Distrito de Barranquilla”, cuyas obras obstaculizaron el ingreso de
los clientes a su establecimiento comercial “Petromil”, con lo cual se menguó
ostensiblemente su actividad comercial.
Consecuencialmente, solicitó se condene a las entidades demandadas al pago de los
perjuicios materiales (i) por concepto de daño emergente, la suma de $35.173.700 y (ii)
por lucro cesante $1.499.154.684.
1 Demanda. Folios 1 a 9, cuaderno 1.
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 3 de julio de 20142, admitió la demanda.
Notificada la decisión3 y corridos los traslados de ley, las entidades demandadas
presentaron sus escritos de contestación.
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla4 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones deprecadas por la parte demandante, en la medida en que no
encontraba acreditado el daño antijurídico, ni el nexo causal entre el hecho generador
del daño y el perjuicio reclamado. Por esta razón, indicó que la carga de la prueba que
le incumbe al accionante no fue satisfecha. Propuso las excepciones de: i) falta de
legitimación por pasiva, en la medida en que el demandante aludía directamente al
consorcio ejecutor y no a la entidad territorial y, ii) falta de jurisdicción, dado que, como
la demanda va dirigida a demostrar hechos producidos por el consorcio, este es de
naturaleza privada, por lo tanto, el asunto está llamado a ser ventilado ante la jurisdicción
ordinaria.
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe-EDUBAR5,
solicitó la desestimación de las pretensiones de la demanda. Como fundamento sostuvo
que la entidad no había podido causar algún daño o perjuicio, toda vez que, con relación
a la obra pública, solo se ejecutó un contrato de consultoría con la Sociedad CONVIAS
SAS., para adelantar el diseño y ejecución del plan de adquisición predial del proyecto.
Propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de culpa y consecuencialmente de
responsabilidad por parte de EDUBAR S.A.; ii) inexistencia del nexo causal entre la
conducta de la entidad y los daños recibidos por el demandante; iii) inexistencia del daño
a través del lucro cesante y daño emergente y, iv) excepción oficiosa o ecuménica.
Por su parte, la Sociedad CONVIAS SAS.6, se opuso a las pretensiones de la demanda
y solicitó que fueran despachadas de manera desfavorable. Manifestó que no le asiste
razón al demandante, pues, en la ejecución de la construcción del corredor de carga no
causó perjuicio alguno a la estación de gasolina Petromil Atlántico, por el contrario, la
obra los benefició en la medida en que se ha mejorado el acceso vial y mayor flujo
vehicular. Puso de presente que no guardaba relación la supuesta disminución de
ingresos que haya podido sufrir la sociedad accionante, con la construcción del corredor
de carga.
El juez de primera instancia celebró audiencia inicial el 24 de agosto de 20157, en la
que: i) verificó que no había alguna circunstancia constitutiva de nulidad procesal que
invalidara las actuaciones surtidas hasta ese momento; ii) se abstuvo de pronunciarse
sobre las excepciones propuestas por las demandadas, dado que requerían del análisis
del acervo probatorio, por lo tanto, advirtió que se abordaría su estudio al momento de
proferir sentencia de mérito -las partes no expresaron desacuerdo alguno con dicha
determinación-; iii) fijó el objeto del litigio en los siguientes términos: “[l]as pretensiones
de la demanda van dirigidas a que se declare que el distrito de Barranquilla, S.F
CONVIAS SAS y EDUBAR S.A., son administrativa y extracontractualmente
responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de las obras
para la construcción y rehabilitación del corredor de carga y acceso portuario del distrito
de Barranquilla” -decisión que no fue recurrida por las partes-; iv) agotó la etapa
2 Auto admisorio de la demanda. Folios 203 y 204, cuaderno 1.
3 Diligencias de notificación. Folios 211 a 217 y 237 a 246, cuaderno 1.
4 Contestación a la demanda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Folios 226 a 228, cuaderno
1.
5 Contentación a la demanda por parte de EDUBAR S.A. Folios 309 a 318, cuaderno 2.
6 Contestación a la demanda de CONVIAS SAS. Folios 327 a 332, cuaderno 2.
7 Acta de audiencia inicial y cd. Folios 345 y 350 a 351, cuaderno 2.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
conciliatoria regulada en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, sin éxito; y v) abrió la
etapa de pruebas.
Celebrada la audiencia de pruebas8 y practicada la inspección judicial, mediante auto
del 3 de marzo de 2016 se incorporaron las pruebas allegas al proceso. Posteriormente,
el Tribunal corrió traslado9 a las partes para que alegaran de conclusión, como en
efecto ocurrió10; y al Ministerio Púbico para que emitiera su concepto, el cual guardó
silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia, el 25 de abril de 201611, en
la que declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas
y negó las pretensiones de la demanda.
En sus consideraciones, puso de presente que, para resolver el asunto, realizaría el
estudio de los elementos estructurales de la responsabilidad administrativa, “en el marco
de la teoría de la falla en el servicio, habida cuenta que, el daño endilgado al Estado,
proviene de la actividad administrativa, material o técnica, a través de un contratista,
originada en los hechos y omisiones por la ejecución de obras públicas; y porque así lo
solicitó el demandante en su escrito”.
En consecuencia, el juez de primera instancia, manifestó que el daño antijurídico que la
sociedad demandante pretendía atribuir al Estado, no se encontraba acreditado, “toda
vez que no fue aportada prueba que evidenciara de manera fehaciente los presupuestos
fácticos objeto de la acción”. Es decir, con lo aportado a la actuación no fue posible
determinar el menoscabo causado por la ejecución de la obra vial, en la medida en que
no se logró establecer la afectación patrimonial ocasionada a la empresa Inversiones
Castañeda Hermanos Ltda., ni a la calzada de la estación de servicios S.S. Petromil
Atlántico.
2.4. El recurso de apelación
La sociedad Inversiones Castañeda Hermanos Ltda., interpuso recurso de
apelación12, en contra de la sentencia de primera instancia, con el fin de que esta
Corporación profiera su revocación y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la
demanda. El recurso se sustentó en los siguientes cargos:
2.4.1. La decisión emitida por el a quo resolvió el campo probatorio con extremismo
riguroso sin aceptar elementos “de prueba históricos – valiosos para este proceso
contencioso”.
2.4.2. Si bien el demandante tenía la carga procesal de demostrar los hechos aludidos
en la demanda, también es cierto que el Tribunal podía decretar pruebas de oficio para
esclarecer los hechos y encaminar la controversia a un fallo más seguro, de conformidad
con el artículo 213 del CPACA., además, el artículo 167 del CGP regula lo concerniente
a la carga dinámica de la prueba y sus efectos.
8 Celebrada el 24 de agosto de 2015 y continuada el 21 de septiembre siguiente. Actas de audiencia de pruebas y
cds. Folios 363 a 366 y 375 a 377, cuaderno 2.
9 Decisión que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 406 y 407, cuaderno 2.
10 Alegatos de conclusión de la parte demandante en primera instancia, folios 413 a 416, cuaderno 2. Alegatos de
conclusión de SF CONVIAS SAS en primera instancia, folios 417 a 421, cuaderno 2. Alegatos de conclusión del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en primera instancia, folios 422 a 424, cuaderno 2. Alegatos de
conclusión de EDUBAR S.A. en primera instancia, folios 425 a 430, cuaderno 2.
11 Sentencia de primera instancia. Folios 432 a 443, cuaderno principal.
12 Recurso de apelación interpuesto por el SIVA. Folios 456 a 460, cuaderno principal.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
2.4.3. El nexo de causalidad estaba plenamente demostrado con el daño o la afectación
producida por el largo tiempo en la construcción del corredor portuario o calle 6ª, que
trajo consigo que esta vía por la que transitaba un fluido tráfico, se vio disminuida por las
dos carreras ( carrera 43 y carrera 42D) hasta el punto de quedar prácticamente anulada
la movilidad por dicho sitio, pues automotores pesados como las tractomulas dejaron de
movilizarse por ese lado, lo que conllevó a generar grandes pérdidas económicas
durante varios años a la sociedad demandada.
2.4.4. El juez de primera instancia omitió valorar documentos valiosos que acreditaban
el grave perjuicio económico que ocasionó la extensa duración en la construcción del
corredor portuario, tales como: i) estado de resultado del 31 de diciembre de 2011, ii)
balance general del 31 de diciembre de 2011, iii) balance general del 31 de diciembre de
2012, iv) estado de resultado del 31 de diciembre de 2012, v) ingreso dejado de percibir
año 2012 por la suma de $224.537.120 y, vi) ingreso dejado de percibir año 2013, por la
suma de $1.274.617.564.
2.4.5. Respecto a las fotografías aportadas con la demanda, el Tribunal señaló que no
se logró determinar su autenticidad, sin embargo, en ninguna parte del proceso estas
fueron “tachada de espurias, ni por los demandados ni por la honorable magistrada, lo
que demuestra su autenticidad”.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, el 2 de agosto de 2016, admitió el recurso de apelación
interpuesto13; y, el 25 de abril de 2018, corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.
Las demandadas y la parte actora presentaron sus alegaciones conclusivas, en tanto
que el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales,
rindió su respectivo concepto14.
2.5.1. CONVIAS15 solicitó se confirmara la decisión de primera instancia. Para el efecto
sostuvo que, se encontraba probada la excepción de fondo de “ausencia total de
responsabilidad”, dado que de las pruebas obrantes en la actuación se colige que la
entidad demandada tuvo sumo cuidado e interés de no causar perjuicios a la actora, en
la medida en que durante la ejecución de la obra procuró “que la modificación de le vía
no tocara” la estación de servicios. Lo anterior, aunado a que se encuentra probado en
el expediente que la estación de servicios también tenía acceso por la carrera 42D y 43,
lo que demuestra que durante el desarrollo de la obra los accesos a la estación de
servicios nunca fueron cerrados.
2.5.2. Por su parte, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla16 en su
escrito de alegaciones finales manifestó que la decisión de primer grado debe ser
confirmada, en la medida en que no se encuentra probado el supuesto daño causado a
la parte demandante por acción u omisión de la entidad territorial. A su vez, indicó que
la carga de la prueba que le incumbe al demandante, no fue satisfecha, por lo que no
era dable acceder a las pretensiones.
13 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 475, cuaderno principal.
14 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia, folios 498 a 505, cuaderno principal.
15 Alegatos de conclusión de CONVIAS SAS en segunda instancia, folios 518 a 522, cuaderno principal.
16 . Alegatos de conclusión del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en segunda instancia, folios
523 a 530, cuaderno principal.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
2.5.3. EDUBAR S.A.17 deprecó, en sus alegatos de conclusión, que se confirme la
sentencia proferida en primera instancia. Argumentó que, de conformidad con los
artículos 1757 del CC y 167 del CGP, la carga de la prueba recaía sobre la sociedad
demandante y como el material probatorio aportado por esta fue deficiente, no se logró
acreditar la responsabilidad endilgada a la entidad accionada en la demanda.
2.5.4. La sociedad demandante18 reiteró los argumentos esbozados en el recurso de
apelación. Puso de presente que además de las pruebas obrantes en el plenario, el juez
contaba con la facultad de decretar pruebas de oficio con el fin de esclarecer puntos
dudosos o difusos de la contienda. Advirtió que los medios de comunicación, locales y
nacionales, pusieron de presente las consecuencias de tipo social que ocasionó la
construcción del corredor de carga, por lo que se encontraba acreditada la
responsabilidad de las demandadas.
2.5.5. El Ministerio Público19 allegó su concepto en el que solicitó a esta judicatura
confirmar el fallo impugnado. Indicó que no está demostrado el daño, consistente en el
detrimento patrimonial por la disminución de las ventas de gasolina en la estación de
servicio Petromil, pues de los documentos y fotografías aportados al plenario, solo se
extrae que la obra pública ocasionó trancones en la vía, pero no al punto de llevar a la
ruina a la empresa demandante. Puso de presente que se echaba de menos la prueba
pericial, pues esta constituye para el juez un parámetro al momento de consolidar su
juicio de convicción. Por último, recalcó la carga probatoria que recae sobre el accionante
y arguyó sobre la obligación de probar los hechos en los que fundamenta sus
pretensiones, por lo tanto no puede trasladarse al juez esta carga y usar como pretexto
la facultad de decretar pruebas de oficio.
2.6. Impedimento por parte del magistrado Nicolas Yepes Corrales
Mediante escrito del 25 de abril de 2019 el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó
estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en este proceso, en
calidad de agente del Ministerio Público. Dicho impedimento se declaró fundado
mediante auto proferido por el magistrado ponente, el 9 de julio de 2019, toda vez que el
Consejero se encontraba incurso en la causal establecida en el numeral 12 del artículo
141 del Código General del Proceso, en consecuencia, el magistrado ponente avocó el
conocimiento de la acción.
III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
4.1. Competencia
La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio, habida consideración de la
competencia que le asiste para ello, según los artículos 15020 y 152.621-22 del CPACA.
4.2. Vigencia del medio de control
17 Alegatos de conclusión de EDUBAR en segunda instancia, folios 527 a 529, cuaderno principal.
18 Alegatos de conclusión del demandante en segunda instancia, folios 546 a 550, cuaderno principal.
19 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 546 a 550, cuaderno principal.
20 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]”.
21 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […]
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando
la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.
22 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2015, año en el que el salario mínimo fue fijado en
$616.000 mediante el Decreto 3068 de 2013. Por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $308.000.000, cifra
superada por la pretensión mayor de la demanda de la demanda, fijada en $1.499.154.684. Folio 3, cuaderno 1.
5
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
El literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA reguló lo concerniente al ejercicio
oportuno del derecho de acción, en el sentido de indicar que, en materia de reparación
directa, la demanda deberá presentarse “dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación23 ha señalado que la contabilización
del término de caducidad, cuando el daño alegado es consecuencia de una obra pública,
como regla general, se debe iniciar cuando termina la obra, entendiendo que los
perjuicios son de naturaleza instantánea, es decir, que se originan y son de conocimiento
del afectado en plena realización de la obra.
En el presente caso, la obra pública que sirve de fundamento de las pretensiones de la
demanda, para la fecha de presentación de la demanda, se encontraba en ejecución, de
conformidad con la certificación expedida por EDUBAR S.A.24, por lo que la demanda
incoada el 31 de marzo de 2014 fue presentada dentro de la oportunidad prevista en la
norma antes referida25.
4.3. La legitimación en la causa
4.3.1. Por la parte activa la Sala constata que la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este asunto, es la sociedad Inversiones Castañeda Hermanos
Ltda., quien acreditó conforme al certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio26 que su objeto social es, entre otros, la
comercialización de gasolina y que funciona en la dirección comercial calle 6 número
42D-43 de la ciudad de Barranquilla, en inmediaciones del tramo en el que se realizó la
obra pública. Lo anterior, en tanto reclama perjuicios materiales producto de la afectación
ocasionada por las entidades demandadas.
4.3.2. En relación a la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que la parte actora
sustentó sus pretensiones en los daños que le fueron causados con ocasión de la
realización de las obras públicas para la construcción y rehabilitación del Corredor de
Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla (calle 6 con carrera 43). Obras en
cuya realización participaron el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y
CONVIAS SAS, pues suscribieron el contrato de concesión VF-12-2010-0227, cuyo
objeto consistió en la construcción y rehabilitación del Corredor de Carga y Acceso
Portuario del Distrito de Barranquilla y el saneamiento básico del Caño de la Ahuyama
entre el puente Alberto Pumarejo y la carrera 38, por lo tanto, están legitimados para
actuar en el extremo pasivo de la litis. Por su parte, la Sala estima que EDUBAR S.A.,
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en la medida que suscribió con
CONVIAS SAS, el contrato de consultoría SFC-12-2010-02-07, cuyo objeto consistió en
adelantar el diseño y ejecución del plan de adquisición predial y reasentamiento de los
predios requeridos para la construcción del corredor de carga y acceso portuario del
23Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 13 de febrero de 2015. Radicación número: 73001-23-31-000-1999-00952-02(31187); (ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de junio de 2021.
Radicación No. 76001-23-31-000-2002-02421-01 (51796); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de junio de 2017. Radicación No. 25000-23-26-000-
2001-02833-02 (34948).
24 Folio 388 y 389, cuaderno 2.
25 La demandante presentó solicitud de conciliación el 16 de diciembre de 2013, la cual fue declarada fallida el 13 de
marzo de 2014. Constancia de conciliación, folio 11, cuaderno 1.
26 Certificado de existencia y representación legal de Inversiones Castañeda Hermanos Limitada, folios 37 a 39,
cuaderno 1.
27 Folios 40 a 174, cuaderno 1.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
Distrito de Barranquilla y el saneamiento básico del Caño de la Ahuyama, obras que
según el actor, ocasionaron una afectación patrimonial.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Problema jurídico
El artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), dispone que “el recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión”. En estos términos, el objeto de la apelación recae sobre las
decisiones adoptadas en la providencia recurrida, razón por la que el impugnante tiene
el deber de cumplir con la carga de sustentar el recurso28, con exposición de los
desaciertos o yerros en los que incurrió el a quo al resolver el litigio planteado. Así, es
apenas lógico comprender que la competencia funcional del juzgador de segunda
instancia se encuentra limitada por los argumentos expuestos por el recurrente en contra
de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o
perjudicial a sus derechos o interés, razón por la cual, prima facie, los demás aspectos
se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso alzada opera tanto
el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformatio in pejus) como el principio
dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y
sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue.
El alcance referido de la apelación se deriva, asimismo, del artículo 328 del CGP, que
establece que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley”, en línea con la jurisprudencia constitucional,
que de antaño ha considerado que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de
interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo
que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el
cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum [involucró tanto
como se le llamó]’”29.
Ilustrado lo anterior, al examinar el trámite impartido al proceso en primera instancia, se
identifica que el a quo, precisamente con base en la causa petendi y pretensiones descritas
en la demanda, limitó el objeto del litigio así: “[…] “[l]as pretensiones de la demanda van
dirigidas a que se declare que el distrito de Barranquilla, S.F CONVIAS SAS y EDUBAR
S.A., son administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios
ocasionados a los demandantes con ocasión de las obras para la construcción y
28 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415:
«Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina
"impugnare", que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso
consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer
el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente
crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende
su revocatoria o su modificación […]. Cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende
cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a
calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales
como, “sí hay prueba de los hechos" u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones,
justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la
inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado».
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente 48450: ”[…]
la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por la parte actora en su recurso,
en tanto a través de ella se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual
corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su
decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida
sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia […]”.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-327 de 1995, criterio reiterado en la sentencia C-583 de 1997.
7
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
rehabilitación del corredor de carga y acceso portuario del distrito de Barranquilla” 30,
delimitación que contó con el beneplácito de las partes toda vez que no formularon
recurso contra aquella.
En el caso objeto de estudio, comoquiera que el recurso de apelación fue presentado
únicamente por la parte demandante, a esta Corporación le está vedado, en principio y
salvo las excepciones establecidas por el legislador, revisar temas del fallo de primera
instancia que son aceptados por el recurrente (bien porque omite reargüirlos en la
sustentación del recurso de apelación o en la medida en que expresamente los elimina
de la discusión, manifestando su asentimiento en relación con ellos) pues éstos quedan
excluidos del debate y, por lo mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos, fenece
por completo el litigio o la controversia.
En línea con lo expuesto, de conformidad con el recurso de apelación formulado por la
parte demandante y el material probatorio que obra en el expediente, la Subsección
resolverá el siguiente problema jurídico:
¿Se demostró la existencia del daño antijurídico alegado en la demanda, esto es, la
disminución de las ventas y la consecuente reducción de los ingresos y utilidades de la
Sociedad Inversiones Castañeda Hermanos Ltda., con ocasión de la realización de las
obras públicas de construcción y rehabilitación del Corredor de carga y acceso portuario
del Distrito de Barranquilla y el saneamiento básico del Caño de la Ahuyama entre el
puente Alberto Pumarejo y la carrera 38?
Si la respuesta al problema jurídico es afirmativa, la Sala abordará el estudio de la
imputación de la responsabilidad a los demandados y, el mérito de la prueba traída a
este contencioso para demostrar los perjuicios causados a los demandantes.
4.2. Hechos probados
Al respecto, la Sala precisa que las copias de los documentos simples que respaldan los
hechos que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en curso
de la audiencia inicial31, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos32.
4.2.1. La sociedad Inversiones Castañeda Hermanos Ltda., fue constituida por Escritura
Pública número 1086 del 17 de mayo de 2005, otorgada por la Notaría 3 de Barranquilla,
e inscrita a la Cámara de Comercio de Barranquilla el 24 de junio de 2005, bajo el número
118.39333, cuyo objeto social, entre otros, consiste en la “(…) compra, importación,
exportación, distribución y venta de hidrocarburos, productos químicos y sus derivados
(…)”. La dirección comercial registrada es la calle 6 número 42D-43 en la ciudad de
Barranquilla, es decir que la estación de servicio tenía acceso tanto por la calle 6 como
por la carrera 42D.
4.2.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de concedente
y la sociedad CONVIAS SAS., en condición de concesionario, celebraron contrato de
concesión número VF-12-2010-0234, suscrito del 23 de diciembre de 2010, cuyo objeto
30 Acta de audiencia inicial y cd. Folios 350 a 351, cuaderno 1.
31 Acta de audiencia inicial, folio 302, cuaderno 1.
32 El artículo 246 del CGP, aplicable a este caso, estipula que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original,
salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio
de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con
su original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante
exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
33 Certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos de Inversiones Castañeda
Hermanos Ltda., folios 37 a 39, cuaderno 1.
34 Folios 40 a 174, cuaderno 1.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
consistía en la “(…) construcción, rehabilitación, administración, operación y
mantenimiento del Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla y el
saneamiento básico del Caño de la Ahuyama entre el puente Alberto Pumarejo y la
carrera 38 (…)”.
4.2.3. La sociedad CONVIAS SAS., en condición de contratante, y EDUBAR, en calidad
de contratista, suscribieron, el 5 de septiembre de 2011, contrato de consultoría número
SFC-12-2010-02-0735, que tenía por objeto, “[adelantar] (…) el DISEÑO Y EJECUCIÓN
DEL PLAN DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO DEL PROYECTO
“CORREDOR DE CARGA Y ACCESO PORTUARIO DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA””.
4.3. Régimen de responsabilidad aplicable y carga de la prueba
4.3.1. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia36, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC)37 y 167 del Código General del
Proceso (CGP)38, quien pretenda la indemnización de los perjuicios causados por el Estado
deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico, y (ii) su imputación al Estado por
la acción u omisión de las autoridades públicas.
4.3.2. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o
el derecho39, que contraría el orden legal40 o que está desprovista de una causa que la
justifique41, resultado que se produce al margen del derecho, luego de contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida42, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial
que sufre.
4.3.3. Por consiguiente, el daño constituye el elemento cardinal de la responsabilidad, el
cual debe estar plenamente demostrado con independencia del régimen que se aplique.
De acuerdo con lo anterior, aun en aplicación del régimen objetivo por daño especial al
que usualmente se acude en los casos en que se reclama la indemnización de los
perjuicios causados como consecuencia del ejercicio de una actividad lícita por parte del
Estado, como lo es la construcción de una obra pública, el daño y la prueba del mismo
tienen un rol axial en el juicio de responsabilidad del Estado, y su acreditación le
corresponde a la parte demandante; especialmente cuando esta hace consistir el daño
antijurídico en la disminución de las ventas, ingresos y utilidades de su establecimiento
comercial, pues es aquella quien está en capacidad de demostrar la ocurrencia de esa
situación.
4.4. De la prueba del daño
35 Contrato de consultoría, folios 182 a 189, cuaderno 1.
36 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
37 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
38 “Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen (…)”.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
40 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª
ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia
del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
42 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá
Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
Teniendo en cuenta que la apelante fundó su inconformidad en la carencia de análisis
sobre las pruebas que aportó, es necesario referirse a ellas y a su interpretación con las
demás que integraron el acervo probatorio.
Por ello, como se explicó al momento de plantear el problema jurídico, esta instancia se
concentra en determinar si está probado o no el daño antijurídico, de cara a los
argumentos del recurso de apelación, y en caso afirmativo, pasará la Sala a analizar si
está demostrada la imputación.
4.4.1. Con el fin de demostrar el daño, esto es, el detrimento económico que sufrió su
establecimiento comercial por efecto de las obras de construcción y rehabilitación del
Corredor de carga antes mencionado, Inversiones Castañeda Hermanos Ltda., allegó
como prueba: i) estado de resultado del 31 de diciembre de 2011, ii) balance general a
31 de diciembre de 2011, iii) balance general a 31 de diciembre de 2012, iv) estado de
resultados a 31 de diciembre de 2012, v) presupuesto de ingreso dejado de percibir año
2012 por la suma de $2.224.537.12043 y vi) presupuesto de ingreso dejado de percibir
año 2013, por la suma de $1.274.617.56444; documentos suscritos por la contadora
Verónica Cañate Pérez, con los cuales intentó acreditar la disminución en las cuentas
contables de ingresos entre el año 2011 y 2012.
La parte actora afirmó que con ello constituyó prueba idónea de la disminución de
ingresos, toda vez que dichos documentos permiten tener certeza del comportamiento
de las ventas, ingresos y gastos, y están suscritos por una contadora pública.
En relación con los registros contables, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido
que “[e]l registro de la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley le exige
al comerciante, según el artículo 19.3 y el artículo 48 CCo. con independencia del
procedimiento técnico contable que use el comerciante, microfilmación u otros
autorizados por la ley, la finalidad de este deber radica en que puedan asentarse sus
operaciones y que se tenga prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los
asientos individuales y el estado general de los negocios. Desde el punto de vista
tributación, los libros de contabilidad, si se llevan en debida forma, constituyen prueba
en favor del contribuyente, de conformidad con el artículo 772 ET”45.
De acuerdo con lo anterior se advierte que en cuanto al documento que relaciona el
presupuesto de los “ ingresos dejados de percibir” entre los años 2011, 2012 y 2013: (i)
no se certificó por parte de la contadora, de dónde provenían los resultados de la
operación, , máxime que, conforme al rótulo del documento signado por esta, se trató de
valores estimativos; (ii) ni se especificaron sus ventas diarias; (iii) tampoco se aportaron
los libros de contabilidad, ni se comprobó que esas cifras fueran extraídas de allí, con lo
cual, la eficacia probatoria de los registros contables no se satisface plenamente, en la
medida que, el cotejo entre los reportes que elabora el profesional contable y los registros
en los libros oficiales de contabilidad que de esos se hace, es necesario para tener
certeza de las operaciones comerciales fidedignas del comerciante.
Adicionalmente, el certificado de “ingresos dejados de percibir”, no tiene fecha de
elaboración y se desconoce si contienen o no una apreciación de la demandante que
parta de la base de comparar un estado de pérdidas y ganancias proyectado con
crecimientos hipotéticos o supuestos, pues no existe una real certeza de donde
provengan las cifras.
43 Folio 32, cuaderno 1.
44 ibidem
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 6 de agosto de 2021. Radicación 05001-23-31-
000-2007-03165-01 (46797)
10
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
A su turno, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación:
“[T]ales certificados deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas
o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar
sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos
funcionarios dan cuenta. Lo anterior no significa que la Sala exija una fórmula sacramental
en cuanto a la redacción del certificado del contador o del revisor fiscal, lo que se exige es
que sea completo, detallado y coherente, del cual se pueda establecer que la contabilidad
del comerciante evidencia la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales
y del estado general de los negocios (artículo 48 Código de Comercio)”46.
La certificación allegada al proceso no es clara ni precisa, como lo ordena el artículo 69
de la Ley 43 de 1990, que reglamenta la profesión del contador público, toda vez que se
limita a relacionar las cifras de los supuestos ingresos dejados de percibir, sin alusión a
soporte alguno (libros, cuentas, estados financieros o asientos contables) que confirme
las sumas certificadas.
La Sala no pierde de vista que, si bien la parte actora aportó los balances y estados de
resultados de los años 2011 y 2012 suscritos por su representante legal y revisor fiscal,
de conformidad con el artículo 33 del Decreto 2649 de 199347, reportan una utilidad
operacional del $121.344.036 y $67.693.454, respectivamente, estos no se acompasan
con lo afirmado en la demanda, ni con lo relacionado en el presupuesto de “ingresos
dejados de percibir”. Esto, si se tiene en cuenta que en la demanda se solicita por
concepto de lucro cesante el valor de $1.499.154.684 cifra que, inclusive se muestra muy
distante si se tomara como referente en año 2011─inmediatamente anterior a la calenda
de inicio del daño─ y se duplicara en atención a que el reclamo se extiende por la
parálisis de ventas durante dos años (2012 y 2013), pues, en ese hipotético ejercicio de
utilidades, en el mejor de los casos, lo dejado de percibir ascendería a $242.688.072.
4.4.2. En cuanto a los testimonios practicados en el proceso, se advierte que estos se
encuentran incorporados al expediente y reposan en el cd de la audiencia de pruebas48.
El señor Euraclides Camacho Herrera, vecino del sector, en su declaración manifestó
que “(...) desde que los señores de EDUBAR empezaron la construcción de la avenida
del rio, que creo que es por eso, digamos que no tuvieron en cuenta ciertas cositas que,
a la postre, a nosotros nos perjudicó también como era la inundación que se hacía en la
bomba”. Cuando se le preguntó si ¿Existió el obstáculo por parte del transporte tanto en
la carrera como en la calle? Contestó “(...) yo he jurado aquí decir la verdad y solamente
la verdad, yo no voy a echar ni para allá, ni para acá, voy a decir lo que yo viví, porque
yo fui perjudicado, sí se obstruyó porque ya la calle 6 era un acceso para nosotros
dirigirnos a Pizano, hacia el terminal marítimo, zona franca, ya eso se obstruyó no se
podía transitar por ahí (…). PREGUNTADO: Quiere decir que su actividad y la de las
personas que estaban allí en todo el corredor, más precisamente en la carrera (...) ¿hubo
cese de actividades aquí o no hubo cese de actividades? CONTESTADO: (...) hubo cese
de actividad, no había afluente como para uno transportarse por esa vía, no, y siempre
los trancones (...)” (negrita fuera de texto).
En su relato, el deponente da cuenta de la razón o ciencia de sus dichos y aquellos son
circunstanciados, en cuanto dice conocer de los hechos por ser vecino del lugar. Así
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 27 de enero de 2011, exp.
41001-23-31-000-2003-00788-01(17222). Postura reiterada por esa misma Sección en sentencia del 22 de septiembre
de 2016, exp. 250002337000201200211-01 (20490).
47 “El Decreto 2649 de 1993 previó los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que
deben ser aplicados por todas las personas -que de acuerdo con la ley- estén obligados a llevar contabilidad y como
una condición necesaria cuando la contabilidad se pretenda hacer valer como prueba (art. 2)” Ibidem.
48 Folios 363 y 375, cuaderno 2.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
mismo, se observa, desde un punto interno, coherencia en su relato y, aunque no se
advierte que tenga una relación de subordinación ni parentesco con la parte que lo
convocó a declarar, al anunciarse también perjudicado con la obra, su versión de los
hechos podría tildarse de sospechosa y, por tanto, deberá ser analizada con más rigor.
En todo caso la coherencia externa de sus dichos solo podrá ser determinada cuando se
correlacione y se valore en conjunto con los demás testimonios.
Por otra parte, el señor Mauricio Cortés Ramírez indicó en su testimonio que “(...) sí, yo
conozco los motivos por los que estoy citado acá, sobre la problemática de la vía, la
bomba donde se parqueaban los vehículos y los problemas que tenían del agua de todas
esas cosas de las obstrucciones que tuvimos nosotros por allá por donde estaban
guardados los vehículos (…). PREGUNTADO: ¿Con la construcción se afectó la
actividad laboral de la empresa? CONTESTADO: Claro si, se afectó digamos que un
90% el transporte todo, ya de que, ósea se imposibilitaba para el trabajo, porque por ahí
era el sitio por donde uno circulaba (…) PREGUNTADO: ¿La actividad tuya se afectó
con la construcción portuaria, hubo alguna indemnización? CONTESTADO: (...) no,
indemnización no hubo en ningún momento (...)”.
El testigo en su declaración afirma que la actividad laboral de la empresa se afectó, sin
embargo, a pesar de manifestar tener conocimiento de la situación, no dio cuenta del
porqué de tal afectación laboral y la limitó a indicar que el transporte se había complicado,
pero no refirió ningún suceso de índole laboral. En cuanto a la idoneidad del testigo, este
se identificó como perjudicado con la construcción del corredor de carga, por lo que su
versión podría ser parcializada al tener interés personal en la causa, en consecuencia,
su testimonio se analizará con mayor rigidez.
El señor Jorge Eliecer de los Reyes Valencia en su declaración sostuvo que “(...) esta es
una obra que no se socializó con la comunidad, es decir que no se dijo a todos los
afectados que era lo que iban a hacer y los perjuicios que iba a ocasionar esta obra,
entonces comenzaron los trabajos, los siguieron y perjudicaron a muchas empresas que
están ubicadas en el sector de Barranquillita, especialmente entre la carrera 43 con calle
6, 5, 4 y hasta 3. Muchas empresas de transporte, empresas harineras como Molinos
Barranquillita S.A., las dos estaciones de servicio que están en la carrera 43 con la calle
6 y muchos talleres industriales y metalmecánicos que se encontraban ubicados en ese
sector los cuales tuvieron que salir de ahí y se vieron enormemente perjudicados porque
no tuvieron donde ubicarse muy rápidamente (...) especialmente Inversiones Castañeda
Hermanos Ltda. con la bomba Petromil Atlántico fue una de las perjudicadas porque ya
no hubo ese flujo de vehículos para comprar la gasolina ACP y el mantenimiento de los
vehículos, dicha empresa llego hasta un estado en la cual no tenía ingresos y tuvo que
despedir a todo el personal que tenía laborando, quedándose únicamente con dos
vigilantes (…) a mí me consta porque yo laboré durante 34 años en la empresa Molinos
Barranquillita S.A. yo era el gerente administrativo de esa compañía y una de las cosas
que perjudicó enormemente fue ese proyecto (...) al cortarnos a nosotros la carrera 43
no teníamos medios rápidos para poder desplazar nuestra materia prima y traer los
productos terminados, porque ellos alegaron que había que dar una vuelta llegando casi
a la 38 por triple Pizano, devolviéndonos hasta la carrera 46 y empalmando con la carrera
43 y la calle 6 (...) se nos aumentaron los costos para la materia prima (...)
PREGUNTADO: ¿Cómo usted acaba de manifestar que trabajó durante 34 años con
Molinos Barranquillita (…) esa entidad o empresa presentó demanda contra Edubar o el
distrito por los mismos hechos? CONTESTADO: (...) sí señor, Molinos Barranquillita y
Concentrados del Norte, empresas filiales, sí presentaron demandas contra Edubar por
estos hechos”.
12
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
En el trámite de la audiencia, Edubar solictó se tuviera como testigo sospechoso 49 al
señor Jorge Eliecer de los Reyes Valencia, en atención a que la empresa en la cual el
señor laboró presentó una demanda contra las mismas entidades demandadas. En este
sentido, ante el posible interés por parte del declarante, la atestación se analizará de
manera rigurosa, en el entendido que la veracidad de sus dichos se determinará al
momento de relacionarse con las demás declaraciones.
Por otra parte, el señor Víctor José Saumeth Rebolledo en su testimonio sostuvo que
“(...) soy vecino de la bomba (…) tenía un taller en la 6, a una cuadra donde él (...), de
un momento a otro por la construcción de la calle dejaron de vender gasolina porque
nadie iba a comprarla (...) de una u otra forma se perjudicó el señor dueño de la bomba
(...) soy testigo de que no iban carros por allá, soy testigo también de que prácticamente
se quebraron, nos quebramos él y varias personas por allá, entre esas estoy yo, porque
no dieron un aviso de que iban a construir esa calle, o sea a nosotros no nos avisaron
(...) de un momento a otro avisaron que teníamos que desocupar y yo desocupé, ahora
estoy a la vuelta a una cuadra de ahí PREGUNTADO: el despacho le pregunta ¿si no se
acuerda ni siquiera del apellido del señor Orlando, como sabe que es propietario de la
bomba y de qué bomba? CONTESTADO: yo lo conozco como el señor Orlando y en
varias ocasiones hablamos, porque yo iba allá y me ponía a hablar con él, el perjuicio
de la avenida (…) cuando me llegaban a mi los carros yo tenía que ir a dos cuadras a
quitar las cosas mías (…) por varias ocasiones que hablamos, el me dijo Víctor, la verdad
es que aquí no llega ningún carro a comprar gasolina, yo le dije hermano ya usted tiene
que tomar medidas (…) no le conozco el apellido pero si se que se llama Orlando y que
hemos hablado (…) el me dijo, me sirves de testigo y yo le dije claro que le sirvo porque
yo viví en carne propia lo que sucedió allá”. En ese estado de la diligencia, la magistrada
dejó constancia que la respuesta no había sido brindada.
El testimonio rendido por el señor Víctor Saumeth no da cuenta precisa de las
circunstancias en que se desarrollaron los hechos, en la medida en que no brinda de
manera certera una ubicación espacial en relación con las calles y las carreras cerradas,
sino que de manera general afirma que tenía que movilizarse dos cuadras, sin delimitar
entre que nomenclatura estaban ubicadas dichas cuadras. En cuanto a la carencia de
clientes de la estación de servicio, manifestó que tal situación se la había manifestado el
“señor Orlando” (propietario) y por tanto no es un hecho del cual haya manifestado tener
conocimiento directo. Todo sumado a que ante la pregunta de la magistrada, no pudo
contestar cómo sabía que el “señor Orlando” era el propietario de la estación de servicio.
Otro de los testigos, el señor Henry German García Hoyos, en su declaración afirmó que
“(...) los dueños exactamente no sé quiénes son (...) el motivo de mi presencia es para
testificar sobre el inconveniente que hubo en esa estación por el cierre de la vía que hubo
aproximadamente como en el año 2008 o 2009 no se la fecha exactamente, hubo un
cierre de la vía por los trabajos que se estaban realizando de ampliación de la calle 6 (...)
a raíz de los diferentes trabajos que se vinieron efectuando en la construcción de la
nueva vía del corredor portuario, hubo una parálisis total del flujo vehicular por esa
zona, normalmente los vehículos salían por la calle 6 y salían por la 47 (…) a raíz de la
construcción de esa vía, en esa época, se paralizó totalmente el flujo vehicular por esa
zona y tocaba desviar por la carrera 38 y salir hacía la calle 30 para poder encabezar
allá con la vía 40 o sea que toda la zona de la calle 6 y 7 prácticamente quedaron sin
flujo vehícular” (negrita fuera de texto).
49 Artículo 211 del CGP: Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las
personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el
momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
13
Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
El deponente no manifestó tener relación alguna con las partes, como tampoco afirmó
tener interés en las resultas del proceso, sin embargo, no da cuenta del por qué conoce
sobre los hechos y de qué forma se enteró de estos.
Ahora bien, en cuanto a la eficacia y valoración probatoria de los mencionados
testimonios, vistos de forma integral y, en conjunto, la Sala observa que le asiste razón
al juez de primera instancia, pues se encuentran contradicciones entre lo declarado por
los testigos habida cuenta que mientras “algunos indican en su declaraciones que hubo
una parálisis total del flujo vehicular, que no se podía transitar por la vía, (…) otros indican
que se hacía trancones en la vía”, sin mencionar la parálisis total u obstaculización que
impidiera el ingreso a la estación de servicio Petromil o, concretamente, que el acceso
fuera nulo.
Pero, por sobre todo, los testimonios referidos no son medios de prueba útiles50 para
demostrar la disminución de las ventas sufridas por la sociedad demandante, como que,
no demostraron tener conocimiento sobre el volumen de ventas preexistente ni sobre el
que sobrevino a la obra, y menos revelan conocimiento de los movimientos contables de
la sociedad. En síntesis, por sí solos no prestan mérito para la acreditación de un daño
resarcible. Con todo, la Sala los valorará integralmente, con las demás pruebas que
fueron traídas al expediente con el fin de demostrar el daño y el nexo de causalidad entre
este y la construcción de las obras públicas.
4.4.3. CONVIAS SAS. allegó copia del “PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ESPECÍFICO:
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: VÍA 40 – CARRERA 38”, con registros fotográficos51.
En este documento se especifica cómo se diseñaron los planes para la construcción de
la vía y cuáles accesos vehiculares permanecerían habilitados durante el transcurso de
las obras. Al respecto, se lee “FASE 3 Construcción de la calzada norte sur y sur norte
de la vía existente entre la carrera 46 y la 42D. Durante esta etapa se demolerá lo que
hace falta de la calle 6 para el tramo 1, con el fin de conseguir el ancho suficiente para
la construcción de la sección transversal proyectada, posteriormente se construirá la vía
desde el empalme con la vía 46 hasta la carrera 42D. Para este periodo se tendrá
habilitada toda la calle 5 dentro del área de afluencia del tramo 1 y se mantendrán las
mismas especificaciones para la calle 7. Para esta fase del proyecto los vehículos que
antes tomaban la 44 podrán utilizar la carrera 45, del mismo modo los vehículos que
antes utilizaban la carrera 43 tomarán la carrera 42D” (negrita fuera de texto). A partir
de esto es dable concluir que se diseñaron los planes de manejo de tránsito y que no se
presentó la obstrucción o imposibilidad de acceso que pretendió demostrar el
demandante, en la medida en que la carrera 42D, vía de acceso a la estación de servicio
se encontraba habilitada. Este plan de manejo, apreciado en conjunto con la
comunicación que fue dirigida al administrador de la “ESTACIÓN PETROMIL”, del 19 de
septiembre de 2012, suscrita por el director de la obra (CONVIAS SAS), en la que, con
ocasión a la obra realizada en el “Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de
Barranquilla” se le convocaba a una reunión “la cual se llevará a cabo el día 21 de
septiembre de 2012 a las 9 am en la siguiente dirección calle 6 #43B-15 arrocera
Barranquillita”52, se revela contraria a la ya de por si precaria utilidad que pudiera
derivarse de la prueba testimonial.
50 “La utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo
superfluo e intrascendente” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proveído del 17 de marzo de 2009.
Radicado No. 22053).
51 Folios 251 a 308, cuaderno 2.
52 Folio 262, cuaderno 2.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, por requerimiento del Tribunal del Atlántico,
Consultores del Desarrollo S.A., empresa interventora del contrato de concesión, allegó
escrito del 1 de octubre de 2015 en el que certificó:
“1. Consultores del Desarrollo S.A. en virtud del contrato VF-12-2010-01 de fecha diciembre
27 de 2010, suscrito con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y cuyo
objeto es la: "Interventoria al Contrato de Concesión cuyo objeto es la realización de
estudios y diseños definitivos, financiación, gestión social, predial y ambiental,
construcción, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento del Corredor de
Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla, y el saneamiento básico del Caño de
la Ahuyama entre el puente Alberto Pumarejo y la carrera 38 (Avenida de los Estudiantes).",
ejerce actualmente y desde el dos (2) de marzo de 2011, fecha de inicio del citado contrato,
funciones como Interventor del contrato de concesión VF-12-2010-02 suscrito entre la
sociedad S.F. CONVIAS S.A.S. y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
2. Que desde el dos (2) de marzo de 2011, fecha de inicio del contrato de concesión VF-
12-2010-02 y hasta la fecha, el concesionario S.F. CONVIAS S.A.S. ha cumplido con las
obligaciones derivadas del contrato en mención.
3. Que durante la ejecución de las obras objeto del contrato de concesión VF-12-2010-02,
el concesionario S.F. CONVIAS S.A.S. no efectuó intervención alguna ni causó daños
materiales con las obras de construcción en el predio identificado con la nomenclatura Calle
6 No. 42D-43, referencia catastral No. 010202960001000 y Matricula Inmobiliaria No. 040-
192623 de propiedad de Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.; toda vez que el diseño y
trazado del Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla, elaborado
por el Concesionario S.F. CONVIAS no contempló afectación del predio en comento.
4. Que durante la ejecución de las obras objeto del contrato de concesión VF-12-2010-02,
los accesos al predio identificado en el numeral que antecede y en el cual se encuentra
ubicada la estación de gasolina PETROMIL SS Atlántico, por las carreras 43 y 42D desde
las calles 7 y 8 no quedaron impedidos con ocasión de la ejecución de las obras, teniendo
en cuenta que el alcance de las mismas se concretó a la intervención de la calle 6”.
4.4.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 2 de marzo de 2016, realizó diligencia
de inspección judicial, para lo cual se levantó un acta en la que se consignó:
“Siendo las 2:45 de la tarde la Magistrada con su abogada asesora y los
apoderados judiciales presentes se traslada al lugar donde se practicará la
inspección judicial, dejando constancia que se hará un registro fílmico del recorrido.
Una vez iniciado el recorrido nos detenemos en el peaje “Barranquillita”, en donde
se ubica una de las oficinas de la concesionaria, siendo atendidos por el sr Iván
Jiménez, representante legal de la concesionaria, quien manifiesta que nos
acompañará en el recorrido junto con el ingeniero Álvaro Roca Mcausland.
Enseguida se continua con el recorrido hasta llegar a donde se encuentra ubicada
la Bomba Petromil, Inversiones Castañeda, sociedad demandante, y una vez allí
nos detenemos, a fin de verificar lo expuesto por la accionada en la contestación
de la demanda, esto es, las vías de acceso y salida de la bomba y el estado de la
obra, cual fue el objeto de la prueba. En este estado de la diligencia el ingeniero
presente, hace una explicación de cómo se encontraba las vías de acceso antes,
durante y luego de culminada la obra. Escuchada su intervención nos trasladamos
a las oficinas de la concesionaria donde se realiza por parte del ingeniero una
exposición de los registros fotográficos de la zona donde se encuentra la obra, para
la época de la construcción, los cuales serán suministrados al Despacho a fin que
reposen como prueba en el expediente”53.
53 Folios 401 y 402, cuaderno 2.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
Revisado el texto del acta, que registra una transcripción literal del acta levantada con
ocasión a la inspección judicial, la Sala encuentra que ninguna utilidad probatoria arroja
para los fines de este proceso, pues ninguna información trae para explicación del estado
de las vías, así como tampoco se anexaron a ésta los registros fotográficos que el
ingeniero afirmó que serían aportados.
4.5. Conclusiones sobre los argumentos de la apelación
4.5.1. Las pruebas invocadas por la apelante carecen de mérito, aún apreciadas en su
conjunto, para inferir con certeza la anormalidad o excepcionalidad de la carga que
habría sufrido la sociedad accionante con ocasión de la obra pública de “construcción y
rehabilitación del corredor de carga y acceso portuario del Distrito de Barranquilla”.
Se echa de menos una pericia técnica y contable que permitiera el conocimiento
fundamentado del tipo de afectación que sufrió el acceso vehicular al establecimiento de
expendio combustible, así como la demostración de la mengua experimentada en las
ventas y su impacto sobre los estados de resultados correspondientes al periodo de
obstaculización del acceso vehicular a la estación de servicios. En síntesis, la Sala
comparte la apreciación que de la prueba hizo al Tribunal Administrativo del Atlántico
para inferir la insuficiencia de la prueba del carácter antijurídico objeto de las
pretensiones de reparación.
4.5.2. La prueba que obra en el expediente da cuenta de que CONVIAS contrató la obra
con un componente de manejo de tráfico, manteniendo vías alternas de acceso, al paso
que la estación de servicio siguió funcionando, por lo menos hasta la celebración de la
inspección judicial, soportando, ciertamente, algunas incomodidades que en modo
alguno se muestran excesivas en comparación con las que todo ciudadano debe afrontar
cuando se intervienen las vías públicas para el beneficio de la comunidad.
4.5.3. Contrario a lo que sostuvo la apelante, en este proceso no se evidenció: i) la
obstaculización del acceso, puesto que, aunque la calle 6 estaba cerrada, el ingreso se
permitió por vías alternas; y ii) tampoco se demostró una indebida planeación por parte
de las entidades demandadas.
4.5.4. En cuanto al reproche relativo al valor probatorio otorgado al material fotográfico
aportado por el demandante, en la medida en que afirmó que el Tribunal no logró
determinar la autenticidad de dicho acervo, se pone de presente que, contrario a lo
expresado por el recurrente, el juez de primera sí tuvo en cuenta estas fotografías, tanto
así que afirmó en la sentencia de primera instancia lo siguiente: “(…) las fotografías
allegadas con la demanda en este evento pueden ser valoradas aplicando las reglas de
la sana crítica habida cuenta que fueron confrontadas con la inspección judicial celebrada
en el trámite del presente proceso, en la cual la Corporación advirtió que el acceso a la
estación de gasolina no pudo haberse obstruido totalmente, en razón a la ubicación
misma de la estación, en razón a que ocupa una cuadra de extremo a extremo, la obra
realizada si bien pudo ocupar la calzada de entre de la misma (sic), a ambos lados
continuaba con acceso por las carreras aledañas”54.
Colofón de lo anterior, no se entiende la inconformidad manifestada por el accionante,
pues al material fotográfico aportado con la demanda se le dio plena validez por cuanto
se cotejó con la inspección judicial realizada y a partir de su análisis se concluyó que la
obstrucción total que se pretendía demostrar por parte del accionante no era cierta y que
la estación de servicio se tenía acceso por otras carreras aledañas.
54 Folio 441 vuelto, cuaderno principal.
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Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
4.5.5. Por último, en torno al reproche del demandante sobre la obligatoriedad de
decretar pruebas de oficio ante la eventual insuficiencia de los medios ya obrantes en el
proceso para demostrar la existencia de un daño antijurídico, esta judicatura advierte que
el decreto oficioso de pruebas no está concebido en el ordenamiento para suplir las
omisiones de las partes en cuanto a la carga probatoria que les compete, sino para
solucionar los supuestos que las normas procedimentales señalan. Pretender que el
juez, en ejercicio de la facultad oficiosa, decrete pruebas orientadas a demostrar hechos
favorables a una de las partes por evidenciarse que los mismos están sin acreditar en el
proceso, equivale a desconocer el principio de imparcialidad del juez y conduce a que se
vulneren los derechos de los demás sujetos procesales, lo cual, naturalmente, resulta
inadmisible y opuesto al ordenamiento vigente.
Al respecto, la Sala refiere el criterio jurisprudencial que sobre tal materia se ha fijado, y
que, por ser pertinente para dar respuesta a la apelación en el caso bajo estudio, se
transcribirá tal como fue expuesto por esta Corporación55.
“5.1. Ante todo, recuerda la Sala que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución
Política de Colombia56, en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (“CC”)57
y 177 del CPC58, quien pretenda indemnización de los perjuicios por la responsabilidad
patrimonial del Estado deberá demostrar la existencia de un daño antijurídico, y su
imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas.
La carga de la prueba es una regla procesal que impone a las partes y al juzgador un papel
en el proceso judicial59. Con la dialéctica se busca la comprensión de un problema a partir
de la tesis y su antítesis, cuyo éxito depende, en parte, de una construcción adecuada de
cada uno de eso extremos. Si bien no es este el único método cognitivo, ha sido adoptado
en el proceso judicial adversarial desde tiempos remotos, por ajustarse a la naturaleza del
conflicto en el que una parte depreca algo a otra que se opone. Este sistema depende, en
buena medida, de la labor activa que en la defensa de los intereses en litigio asuman las
partes procesales, lo que, en el plano fáctico, implica desplegar el poder de probar derivado
del debido proceso60. Deben las partes, por virtud del principio de la carga de la prueba
que rige en materia contencioso-administrativa, solicitar y facilitar la práctica de la prueba
de los hechos que esgrimen como fundamento de su posición61.
Como regla procesal, la carga de la prueba impone también un rol al juzgador que, como
tal, es una regla de juicio que determina el sentido de una decisión ante la incertidumbre
sobre los hechos en contienda y, de esa forma, permite zanjar un conflicto jurídico evitando
el non liquet62. Así, en razón al principio de la carga de la prueba, le corresponde al
juzgador adoptar una decisión desfavorable a aquel que no haya conseguido acreditar con
certeza los hechos que esgrimió.
Esta regla, sin embargo, se flexibiliza en el ámbito contencioso-administrativo, en cuanto
el artículo 169 del CCA faculta al ad quem para que, al momento de fallar, disponga “que
se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la
contienda”. No obstante, esta norma no impone un sistema inquisitivo en lo contencioso-
administrativo, ni se propone soslayar la inactividad de las partes que no hayan
55 Consejo de Estado – Sección Tercera – subsección C, sentencia del 7 de octubre de 2020, exp. 66001-23-31-000-
2010-00425-01.
56 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
57 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
58 “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”.
59 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2019, exp. 17720., FJ 2.3.2.
60 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-640 de 2002, C-331 de 2012 y C-146 de 2015.
61 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de mayo de 2010, rad. núm. 23001-31-
10-002-1998-00467-01, FJ 1. Reiterada en: CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-733 de 2013, FJ 8.1.1.
62 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2019, exp. 17720., FJ 2.3.2.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
desarrollado el papel procesal que les corresponde en el proceso contencioso-
administrativo, para la comprensión de los intereses en disputa y, con ello, del conflicto.
Para que ella se active debe, por lo tanto, existir al menos un principio de prueba63, es
decir, los elementos de convicción suficientes que, si bien no acrediten con certeza los
hechos en cuestión, generen en el juzgador una duda razonable sobre su existencia o
sobre la existencia de dos hechos contrapuestos, y así el supuesto fáctico se muestre como
un punto oscuro.
Al margen de lo expuesto, huelga precisar que, si bien las consideraciones reproducidas
hacen referencia al artículo 169 del derogado Código Contencioso Administrativo, la
norma actual (artículo 213 del CPACA), aplicable al presente asunto, establece el mismo
supuesto, en el sentido de otorgarle al juez la facultad de poder disponer que se
practiquen pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.
Así entonces, como la interpretación jurisprudencial expuesta resulta aplicable al sub
judice, de conformidad con lo anterior, no prospera el argumento que, sobre el decreto
de pruebas de oficio, formuló la parte actora en el recurso de apelación, pues como ya
se dijo, dicha facultad no comporta una sustitución de las cargas procesales para suplir
el actuar precario y deficitario de las partes.
Por lo tanto, al no haberse acreditado la ocurrencia del daño antijurídico, se confirmará
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 3 de mayo de 2016,
que negó las pretensiones de la demanda.
V. COSTAS
El concepto de costas procesales está íntimamente relacionado con todos los gastos o
expensas necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza, que se denominan
gastos ordinarios; de igual manera, incluye las agencias en derecho que corresponden a
los gastos por concepto de apoderamiento de la parte vencedora en el litigio. El artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”. En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365 del CGP prevé que “[s]e
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el
fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la apelante a pagar las costas
causadas en ambas instancias; erogación económica que deberá ser liquidada, de manera
concentrada, por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del
CGP.
Ahora bien, esta Sala fija agencias en derecho por 1 SMLMV vigente para el momento de
esta sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
63 MICHELI, Gian Antonio, La Carga de la Prueba, traducción de Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-
Amércia, Buenos Aires, 1961 (original de 1942), pp. 276 a 282.
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Expediente: 08001-23-33-000-2014-00222-01 (57459)
Demandante: Inversiones Castañeda Hermanos Ltda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 25 de abril de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico denegatoria de las pretensiones.
SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante a pagar las costas
causadas en ambas instancias, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, teniéndose en cuenta que en esta
instancia se fijaron agencias en derecho por 1 SMLMV vigente para el momento de esta
sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
SABF
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