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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00783-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00783-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 6 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Aurith María Martes Cervantes contra el Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental. Segundo: Conforme al artículo 75 del CGP y para los efectos del poder especial que obra a índice 20 de SAMAI, se reconoce personería al abogado Miguel Ángel Ferrer Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía 1.044.427.564 de Puerto Colombia y tarjeta profesional 292.798 del C.S. de la J., para que actúe en nombre y representación del Departamento del Atlántico. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto: Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el acápite denominado «otros aspectos procesales» de esta providencia. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00783-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de diciembre de 2022

1
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., primero (1.°) de diciembre dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: AURIETH MARÍA MARTES CERVANTES
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

Temas: Retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial de los empleados administrativos del
sector educativo adscritos al Departamento del Atlántico
que eran financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones. Prescripción. Reliquidación
improcedente. Intereses moratorios por pago tardío de
dicho concepto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-211-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 6 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Aurieth María Martes Cervantes en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 342 del 22 de enero de 2014,
por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago a
favor de la libelista del valor retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones, en virtud de la aprobación del estudio
técnico y certificación de la deuda por parte del Ministerio de Educación
Nacional.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.
22 Folio 2 (demanda) y 52 (subsanación), cuaderno principal.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene al Departamento del Atlántico:

• Reliquidar el pago retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo de la entidad territorial por el lapso
generado desde 2000 hasta 2009, resultante de la diferencia entre la
remuneración fijada en las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico y la
percibida efectivamente para ese mismo período, en la cual se
computaron erradamente también las demás prestaciones y factores
salariales devengados.

• Liquidar los años no reconocidos por prescripción en el cómputo del valor
concedido a través del acto administrativo demandado, esto es, de 1997
a 1999

• Pagar los intereses moratorios sobre la suma abonada como reajuste
salarial por homologación, no solo desde el 29 de diciembre de 2011
hasta enero de 2014, sino a partir del momento de su exigibilidad en el
año 1995.

3. Condenar a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, a actualizar los valores
objeto de condena de acuerdo con el canon 187 y al pago de costas en
atención al artículo 188 ibídem.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La demandante prestó sus servicios en calidad de personal administrativo
para la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, desde el
año 1995.

2. El Ministerio de Educación Nacional aprobó, mediante Oficio 2009EE30647
del 3 de junio de 2009, el proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial de los empleados administrativos de la Secretaría de Educación del
Departamento del Atlántico, esto en aplicación de las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001 y en concordancia con la Directiva Ministerial 10 de 2005.

3. El Departamento del Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal
administrativo del sector educativo al de la planta general de la entidad
territorial según el Decreto 208 del 24 de junio de 2009. En virtud de lo
anterior, dicha autoridad profirió la Resolución 03853 del 26 de junio de
2009, con la cual asignó la correspondiente denominación, código, grado y
salario de la demandante.

4. El ente ministerial referido ordenó a la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico, suspender el proceso de homologación hasta
tanto se revisarán las actuaciones adelantadas y se enmendaran errores
cometidos en dicho trámite. Superada esta situación, la mentada autoridad
aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante el Oficio
2013EE34201 del 11 de junio de 2013, por lo que la entidad territorial

3 Folios 2 a 4 y 63 del cuaderno 1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

expidió la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 con la que revocó
los actos administrativos que habían consolidado aquel proceso.

5. El Ministerio de Educación Nacional aprobó la liquidación de la deuda
correspondiente al retroactivo producto del mentado ajuste de
homologación y nivelación salarial, razón por la cual por medio de la
Resolución 342 del 22 de enero de 2014, la entidad territorial reconoció y
ordenó el pago de los valores pendientes por ese concepto a favor de la
libelista.

6. La entidad demandada en el acto administrativo mencionado reconoció el
retroactivo salarial por homologación a favor de la señora Martes Cervantes
«de una forma incompleta», al no incluir la totalidad de los años que
debieron ser computados en el período de exigibilidad ni todas las
prestaciones y factores salariales percibidos por aquella. Igualmente en el
referido acto administrativo se ordenaron sendos descuentos por concepto
de aportes parafiscales, de salud, pensión y de estampillas de procultura,
prodesarrollo, prociudadela y proelectrificación rural.

7. La demandante aseguró que el Departamento del Atlántico en la
Resolución 342 del 22 de enero de 2014, no liquidó correctamente las
prestaciones y factores remunerativos a los que tiene derecho desde el año
2000 hasta 2009.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 5 de mayo de 2016

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] El despacho no abordará estudio alguno dentro de la presente etapa, por
guardar estrecha relación con el fondo de la litis.
Así mismo, de oficio no encuentra alguna que estudiar en esta etapa. La de
prescripción propuesta en el caso No. 1 y 4 y la de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta en el caso No.2, por seguir el lineamiento de la sección segunda
del consejo de estado se estudiará al momento de emitir la sentencia […]»

4 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

(Mayúscula conforme a la transcripción. Folio 137 y CD sin foliatura,
identificado con título de audiencia inicial, cuaderno 1).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] le asiste derecho al actor (a) al retroactivo de la homologación y a la
reliquidación de los años citados? […]» (negrilla y cursiva del texto original.
Folio 139 y en CD sin foliatura, identificado con título de audiencia inicial).

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 6 de abril de 2018, por medio de la cual
negó las pretensiones de la demandante. Lo anterior con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El Tribunal inicialmente resaltó que no se evidencia fundamento jurídico o
probatorio para acceder a los pedimentos de la parte activa, toda vez que se
demostró que en el acto administrativo demandado, la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico le reconoció a la libelista el
retroactivo derivado del proceso de homologación de cargos y salarios hasta
el año 2009 debidamente indexado.

Igualmente expuso que el valor reconocido y debidamente indexado fue
resultado de la aplicación aritmética realizada de la sumatoria de las
diferencias salariales percibidas durante el 2000 y 2009, tales como, horas
extras, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad
y bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad y bonificación especial de recreación. De otra
parte, en cuanto a los factores salariales de horas extras, prima técnica,
indemnización por vacaciones y días de descanso compensatorio no
disfrutados y dejados de cancelar, no resulta posible demostrarse dentro del
plenario que hayan sido devengados durante el tiempo señalado por la
libelista.

Sostuvo que la demandante en el escrito petitorio se limitó a aducir que el
retroactivo reconocido está mal liquidado sin señalar argumento que indiqué
en que términos. Aseguró que tampoco se logró comprobar que los dineros
reconocidos por la entidad demandada no correspondían efectivamente a los
devengados por la señora Martes Cervantes en los años solicitados. Recalcó
que en todo caso, se limitó en afirmar que se presentó una mala liquidación
del monto reconocido por concepto de retroactivo; sin embargo, en ningún
momento aportó las pruebas que evidenciaran lo propio, a pesar de que esta
era una carga exclusiva de aquella.

Advirtió que sobre la pretensión relacionada con la liquidación de los años
1997 a 1999, no reconocidos en el acto administrativo demandado, tampoco
fue aportada prueba alguna sobre la reclamación administrativa, máxime
cuando la Directiva 10 del Ministerio de Educación Nacional prescribió no
cancelar los retroactivos prescritos.

5 Folios 206 a 223 del cuaderno 1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

Finalmente consideró que tampoco era viable reconocer y ordenar el pago de
intereses moratorios sobre la suma concedida a la señora Martes Cervantes a
título de retroactivo por nivelación salarial, toda vez que como lo advirtió
previamente, no procede el reajuste deprecado por incumplimiento de la
actividad probatoria que le correspondía al interesado para demostrar los
hechos de su demanda.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva así: Declaró i) no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Departamento del Atlántico; ii) probadas las excepciones de pago e
inexistencia de la obligación propuestas por el Departamento del Atlántico y la
Secretaría de Educación Departamental, y iii) negó las pretensiones de la
demanda.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de
primera instancia, a fin de que este sea revocado en orden de acceder a sus
pretensiones. Como sustento de su posición, planteó que la esencia de la
demanda radica en que en su caso se configuró un pago incompleto o faltante
del retroactivo que le fue reconocido en el momento a través del acto
administrativo demandado, en razón del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo en el Departamento
del Atlántico.

Al respecto señaló que en la referida liquidación efectuada por la entidad
demandada, no se tuvieron en cuenta las horas extras ni los intereses a las
cesantías, a pesar de que al momento del traslado del personal del Ministerio
de Educación Nacional al Departamento del Atlántico se configuraba una
diferencia salarial y prestacional, no solo en cuanto a la asignación básica, sino
también frente a los referidos conceptos que se debían computar en el proceso
de homologación, toda vez que el ente territorial sí pagaba tales emolumentos
con recursos propios a los empleados de su planta interna. Aseveró entonces
que esta situación desconoce la Directiva Ministerial 10 de 2005 y el artículo 3
del Acto Legislativo 1 de 2001.

Manifestó al respecto que con la demanda aportó las pruebas que
demostraban la liquidación errada del retroactivo efectuada por la entidad
demandada en razón de la mentada diferencia salarial y prestacional, sin
embargo, el a quo no las tuvo en cuenta. Adicionalmente indicó que en su
momento solicitó que se decretara un dictamen pericial que fue denegado por
el tribunal de primera instancia, pero que en esencia buscaba que el contador
de dicha corporación judicial esclareciera y evidenciara los conceptos faltantes
en el cómputo del valor reconocido a su favor.

Esgrimió que también debieron incluirse en el monto del pago retroactivo, los
años que el Departamento del Atlántico desestimó al alegar la ocurrencia del
fenómeno de la prescripción. Sobre el punto afirmó que no es posible
determinar a ciencia cierta la fecha a partir de la cual se hizo exigible la
obligación del proceso de homologación, toda vez que en el Acuerdo del 3 de

6 Folios 230 a 275 del cuaderno 1.

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mayo de 2000 suscrito entre el Ministerio de Educación y Sintrenal, no se
estipuló un término para ejecutar aquella equiparación, por lo que no es posible
contabilizar los 3 años inherentes al referido fenómeno y en consecuencia es
dable concluir que la autoridad demandada «renunció a la prescripción», al
punto de estar vigente la deuda consolidada desde 1995 hasta 2014.

A continuación, acotó que también es procedente el reconocimiento de
intereses moratorios sobre la suma reconocida a su favor por los perjuicios
que le fueron ocasionados, en primer lugar, por el retardo en el pago del
reajuste salarial por homologación, cuando en 2011 se suspendió ese abono
de manera abrupta, lo cual no se satisface con la sola indexación. Anotó que
esta última figura simplemente recupera la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda. Adicionalmente sostuvo que también se causó una afectación sobre
el monto finalmente concedido mediante el acto administrativo demandado,
pues se debieron pagar intereses moratorios desde 1995 cuando se adquirió
el derecho a la nivelación salarial, por lo que no tiene fundamento el criterio
del a quo al negar lo propio por no proceder la reliquidación, toda vez que esta
sanción por la tardanza se solicita sobre la suma abonada en el 2014, no sobre
la cual se pretende el reajuste.

Además recalcó que a pesar de que se haya calculado la indexación frente al
valor del retroactivo, lo cierto es que esta es totalmente diferente a los
intereses moratorios, habida cuenta de que los últimos constituyen una forma
de rendimiento económico que se genera cada vez que se presente una
dilación en el pago de una obligación como ocurrió en su caso, si se tiene en
cuenta que el derecho lo adquirió en 2000 y solo fue reconocido hasta 2014,
al punto de que durante ese lapso, el Estado se «enriqueció ilícitamente».

Seguidamente formuló una solicitud de nulidad sobre la sentencia de primer
grado, al asegurar que en esta se desatendieron los elementos de hecho y de
derecho que soportaban su situación jurídica al basarse en consideraciones
«inexactas», toda vez que la entidad demandada no aportó de manera
completa las pruebas que le fueron requeridas y que buscaban demostrar el
error en la liquidación del retroactivo reconocido en cuanto a la falta de horas
extras e intereses a las cesantías. Adicionalmente precisó que el tribunal de
primera instancia no se manifestó sobre la necesidad de que el cálculo
respectivo lo efectuara el contador de la corporación judicial.

Por otro lado, refirió que con esta situación, el a quo vulneró sus derechos al
debido proceso, de defensa y contradicción de la prueba, pues no era válido
asegurar que no existía medio de convicción suficiente para acceder a sus
pretensiones cuando la sola resolución de reconocimiento y pago cuestionada
bastaba para evidenciar que el cálculo efectuado estaba mal elaborado, lo cual
fue ignorado en la sentencia apelada.

De otra parte, con el fin de sustentar su posición sobre la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios respecto de la suma reconocida por
concepto de retroactivo, trajo a colación diferentes extractos de sentencias de
la Corte Constitucional, específicamente de la T-418 de 1996, con base en la
cual adujo que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones,
tienen la responsabilidad emanada de la norma superior, de fijar mecanismos
aptos para abonar oportunamente tales emolumentos, pero al mismo tiempo
ostentan la carga de causar a favor de los empleados los intereses moratorios

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

cuando incurran en tardanzas injustificadas, aun si no existe sentencia
ejecutoriada que así lo ordene.

Consideró que dicha providencia es la que debe ser tenida en cuenta como
sustento de sus pretensiones en tal sentido y no las posteriores emitidas por
esa misma Corporación o por el Consejo de Estado que desarrollan una
postura contraria.

Finalmente instó que de conformidad con el artículo 247 del CPACA y en
garantía del debido proceso y del principio de congruencia, se ordene en
segunda instancia la práctica de las siguientes pruebas dejadas de decretar
por parte del a quo: i) inspección judicial con intervención de perito y exhibición
de documentos; ii) oficiar a la entidad demandada para que allegue
certificación de pagos que acredite el reconocimiento de todos los factores
salariales y prestacionales de la libelista; iii) certificación sobre los abonos que
le fueron efectuados a aquel por concepto de liquidación correspondiente al
período comprendido entre 1997 y 2009, ello respecto de los siguientes
haberes: bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
horas extras, prima de servicios, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, días de descansos compensatorios no disfrutados y dejados de
cancelar; y iv) certificación de horas extras efectivamente laboradas por la
demandante y de los descansos no reconocidos con las respectivas planillas
de trabajo suplementario.

Sobre este punto deprecó específicamente que la liquidación a efectuar para
encontrar el error en el cálculo del retroactivo concedido en el acto
administrativo demandado, sea desarrollada por el contador del Tribunal
Administrativo del Atlántico, pues aseguró que estas operaciones aritméticas
no consiguen valorarse solo con la información de la entidad demandada, toda
vez que aquella no puede ser juez y parte al mismo tiempo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio Público7: la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de
Estado emitió concepto en el cual solicitó confirmar la decisión de primera
instancia. Sostuvo que el problema jurídico a desarrollar se limita a la legalidad
de la Resolución 342 del 22 de enero de 2014, mediante la cual, fue ordenado
el reconocimiento y pago del retroactivo originado en el proceso de
homologación de cargos del personal administrativo financiado por el situado
fiscal, procedimiento que culminó por la adecuación de cargos de la Nación
hacia el Departamento del Atlántico.

Al analizar lo deprecado por la parte demandante, advirtió que confunde la
situación del reconocimiento con el pago, dado que una vez agotado el estudio
técnico final fueron aprobados los montos por concepto de retroactividad y
homologación, sin que debiera realizarse el pago de estos inmediatamente, al
considerarse el proceso particular de transición de la administración del sector
educativo de la Nación; situación anterior, que generó la creación de
presupuesto y organización con las entidades departamentales para el pago
de los mismos.

7 índice 19 SAMAI.

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En cuanto a la sustentación del recurso de alzada, señaló que la señora Martes
Cervantes realiza un análisis doctrinal con pruebas que no soportan la decisión
de primera instancia. Estimó que las sumas reconocidas a la libelista fueron
completas y no había lugar al reconocimiento de intereses de mora, dado que
el derecho se concretó en enero de 2014 y el pago fue emitido en un tiempo
considerado como oportuno por las gestiones que debió adelantar la
administración.

Finalmente precisó que sobre el argumento diferencial presentado por el
demandante entre indexación e interés moratorio surge de un análisis en
materia de derecho civil, el cual dista de la realidad de la actuación
administrativa, máxime al tratarse de un proceso de homologación, que una
vez finalizado, se concede la indexación del dinero al identificar la pérdida del
valor de este y no el reconocimiento de intereses moratorios, al no estar este
reglamentado y resultar improcedente.

Parte demandada8: solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda. Precisó que la reliquidación del
retroactivo por homologación con la inclusión de los factores salariales
reclamados por la demandante no fue demostrada bajo el apremio de la carga
probatoria que le correspondía conforme con el artículo 167 del Código
General del Proceso, por el contrario, la demandada pudo demostrar que el
acto administrativo demandado fue expedido conforme al ordenamiento
jurídico vigente.

En cuanto a la liquidación de los años 1997 a 1999 sostuvo que la parte
solicitante aun cuando había presentado la reclamación administrativa, no
demandó en el tiempo respectivo, situación que ocasionó la prescripción,
según lo descrito en la Directiva 10 del Ministerio de Educación Nacional.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal de conformidad
con la constancia secretarial visible a folio 377 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada. En el presente caso solo presentó la impugnación vertical
la parte demandante.

Cuestión previa

En primer lugar y antes de resolver de fondo la apelación, destaca la Sala que
la parte demandante presentó solicitud de nulidad a partir del auto que ordenó
correr traslado para alegar en esta instancia, al considerar que la actuación
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, defensa, contradicción de
la prueba y contraría los principios de prevalencia del derecho sustancial de

8 Índice 21 SAMAI.

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

eficacia y acceso a la administración de justicia, al considerar que no tuvo
acceso al expediente digital (en aplicación del Decreto 806 de 2020), el cual
requería para presentar los alegatos de conclusión.

Aunado a ello, la señora Aurieth María Martes Cervantes, insistió en el decreto
de oficio de las pruebas en segunda instancia que advirtió necesarias para la
toma de la decisión en segunda instancia, tales como: Las planillas de horas
extras efectivamente laboradas; los descansos compensatorios dejados de
disfrutar; los recargos nocturnos, los domingos y festivos laborados y no
cancelados; las nóminas de pago y el acta de posesión. Asimismo, la práctica
de inspección judicial, así como oficiar a la Corte Constitucional para solicitar
copia del expediente T-157 de 2014, que contiene elementos probatorios que
sustentan la situación fáctica.

Previo a resolver lo descrito, esta Sala considera necesario realizar un
recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de estudio, con
el propósito de aclarar a la parte actora, la legalidad de las actuaciones surtidas
en todas las etapas procesales, así:

Pruebas decretadas en primera instancia

i) Mediante acta de audiencia inicial, realizada el 5 de mayo de 2016, el
Tribunal Administrativo del Atlántico concedió el decreto de pruebas9
deprecadas por la parte demandante en el sentido de ordenar a la Secretaría
de Educación del Departamento del Atlántico expedir i) copia de los Oficios
2010EE81422 del 10 de noviembre de 2010; 2011EE77306 del 29 de
diciembre de 2011 y 2013EE34201 del 11 de junio de 2013; ii) Certificación de
pagos por conceptos salariales y; iii) fotocopia de los escritos de derecho de
petición presentados a cargo de Sintrenal en los años 2000 y 2003.

Negó la solicitud de inspección judicial al considerarla innecesaria y según en
el ejercicio del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el
artículo 236 del Código General del Proceso.

En relación con las pruebas requeridas por la demandada ordenó: i) oficiar a
la Secretaría de Hacienda Departamental para que allegará copia del estatuto
tributario departamental y; ii) oficiar a la oficina de nómina de la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, expedir certificación que acredite
el pago por conceptos salariales de la interesada.

Asimismo, en el ejercicio del decreto de pruebas de oficio regulado por el
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, el a quo ordenó expedir: i) la certificación
de pagos por conceptos salariales y no salariales consignados en el proceso
de homologación consignado a la señora María Martes durante las
anualidades 1997 a 1999; ii) certificado de pagos por concepto de reliquidación
entre los años 2000 y 2009, con la inclusión de los factores salariales:
bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, horas
extras, prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías
e indemnización por vacaciones, días de descanso compensatorio no
disfrutados y dejados de cancelar.

9 Folios 140 a 143 del cuaderno 1.

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

Contra la anterior decisión, la parte demandada guardó silencio, la parte
demandante estuvo ausente, sin recurso alguno (fls. 143 a 145).

No obstante, la parte demandante mediante escrito de 5 de mayo 10 y 5 de
octubre de 201611, reiteró la solicitud de ordenar practicar la inspección judicial
junto con el apoyo de un perito contable o con apoyo del contador asignado al
Tribunal, esto, bajo el argumento de esclarecer puntos oscuros en el proceso
de homologación reconocido a la señora Aurieth Martes. Seguidamente, con
escrito del 17 de mayo de la misma anualidad, nuevamente requirió sobre la
solicitud de pruebas y advirtió declarar la ilegalidad de la decisión de decreto
de pruebas ordenadas por la autoridad judicial.

Mediante auto del 6 de julio de 2016, el a quo, nuevamente negó la solicitud
de prueba relacionada con la inspección judicial al considerarla innecesaria;
de otra parte, ordenó requerir algunas de las pruebas decretadas a la
Secretaría de Educación Departamental12, una vez cumplido lo anterior, en
acatamiento del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, fueron incorporadas las
pruebas allegadas al proceso.

Solicitud de pruebas en segunda instancia13

iii) En punto a lo instado por el apelante en materia del decreto de pruebas en
desarrollo de la segunda instancia, es necesario destacar que este despacho
mediante providencia del 23 de enero de 202014 denegó la misma, habida
cuenta de que no se acreditan las condiciones para su procedencia en
atención al artículo 212 del CPACA, toda vez que los medios de convicción
deprecados no fueron instados con el libelo, de suerte que no se trata de
pruebas decretadas dejadas de practicar. Así las cosas, las solicitudes de
nulidad y de pruebas en segunda instancia están sujetas a las decisiones
previamente emitidas y debidamente ejecutoriadas.

Sobre la solicitud reiterada del apelante en materia del decreto de pruebas en
desarrollo de la segunda instancia, es necesario destacar que la regulación
sobre el punto está prevista en el artículo 212 del CPACA que reza lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en
este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición
a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar
su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.

10 Folios 146 a 148, cuaderno 1.
11 Folios 149 a 151, ibídem
12 Folios 173 a 177, ibídem
13 Folios 271 a 274, cuaderno 1, solicitud contenida en el recurso de apelación.
14 Folios 370 a 372 del cuaderno principal.

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.15
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles. […]».

Pues bien, la parte demandante insiste sobre la valoración de las planillas de
horas extras efectivamente laboradas; los descansos compensatorios dejados
de disfrutar; los recargos nocturnos, los domingos y festivos laborados y no
cancelados; las nóminas de pago y el acta de posesión. Asimismo, la práctica
de inspección judicial y, oficiar a la Corte Constitucional para solicitar copia del
expediente T-157 de 2014, contentivo de las pruebas que considera
pertinentes para el estudio del caso concreto.

De acuerdo con la normativa en cita, los casos previstos por el Legislador para
la procedencia de la práctica de pruebas en desarrollo de esta instancia,
únicamente son los enlistados en el inciso 4.° de la norma ejusdem. Empero,
al observar el asunto sub examine, se advierte que la parte activa busca el
recaudo de medios probatorios que abiertamente no se ajustan a los
supuestos de los numerales 1.°, 3.°, 4.° y 5.° del referido precepto. Al tratar de
acompasar lo deprecado al evento contemplado en el numeral 2.°, la
Subsección halla que tampoco es viable acceder a la solicitud con base en
aquel postulado, debido a que no se trata de pruebas decretadas dejadas de
practicar sin culpa del demandante.

Por el contrario, frente a la inspección judicial con exhibición de documentos,
se resalta que en primera instancia no fue decretada por considerarse
innecesaria, situación que, pese a que no fue recurrida en el término previsto,
fue objeto de discusión y reiteración de solicitud de pruebas, mismas que
fueron resueltas de manera negativa por el tribunal respectivo.

En lo atinente a las demás pruebas solicitadas en el recurso bajo examen,
debe tenerse en cuenta que estas no habían sido pedidas en su debida

15 Si bien este numeral fue modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, debe tenerse en cuenta

que conforme al régimen de vigencia y transición normativa previsto en el inciso final del artículo 86
ibídem, los recursos interpuestos deben continuar regidos por la normativa anterior a la señalada, que
para el caso particular es la Ley 1437 de 2011 bajo el texto original de su artículo 212.

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oportunidad, esto es, en la demanda de acuerdo con el inciso 2.° del artículo
212 del CPACA, por lo que tampoco fueron decretadas en primera instancia.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, la Sala en casos similares ha precisado
que: De cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia oficiosa
del juez de conocimiento frente a este punto, en la medida en que aquella tiene
como fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la actuación y no
solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes16.

Por lo expuesto, se torna imperioso reiterar la negativa en la solicitud
probatoria del recurrente, habida cuenta de que no se acreditan las
condiciones para su procedencia en atención al inciso 4.° de la norma
precitada y sus numerales, especialmente el segundo, toda vez que en primer
lugar, no fueron controvertidas en la instancia procesal correspondiente y, las
actuaciones posteriores que ha generado la intervención de las nulidades, han
sido rechazadas al argumentar los mismos presupuestos, máxime cuando
puede evidenciarse que los medios de convicción alegados no fueros instados
con el libelo, ni se trata de pruebas decretadas dejadas de practicar.

Ahora bien, en el ejercicio del artículo 213 del CPACA, el juez de manera
excepcional podrá decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes
para el esclarecimiento de alguna situación, lo cual no ocurre en el presente
asunto, al existir un estudio previamente realizado de manera clara y concreta,
al aplicar las situaciones, de hecho, de derecho así como la jurisprudencia
aplicable al presente asunto, preceptos que no puede olvidar la libelista, en su
empeño de entorpecer la autonomía, sana crítica e interpretación en el
ejercicio de hermenéutica jurídica.

Finalmente, en ejercicio de las potestades otorgadas por la Ley, con
fundamento en los poderes de ordenación e instrucción, se rechazará la
solicitud de pruebas de oficio.

Solicitud de nulidad en primera y segunda instancia

ii) Una vez surtida la etapa procesal para correr traslado de alegatos y proferida
la sentencia de primera instancia, la libelista, a pesar de haber solicitado lo
propio en su recurso de apelación, de manera concomitante, el 3 de mayo de
2018, presentó un memorial ante el Tribunal del Atlántico con idéntico
pedimento anulatorio y bajo los exactos argumentos de la apelación, pues
literalmente reprodujo en su totalidad la alzada17; además presentó
recusación18. Ante esta situación, el tribunal resolvió la recusación en forma
negativa mediante providencia del 31 de agosto de 2018, de igual manera, en
auto del 4 de octubre de 201819, negó la solicitud de nulidad, al señalar lo
siguiente:

«[…] En cuanto a la configuración de esta causal de nulidad se extrae de la
lectura de la norma que la contempla que se estructura bajo dos supuestos;
a) cuando se omita la oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas,

16 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda, Subsección B del

Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-
2014-01014-01 (2460-19), que resolvió un caso con similitudes fácticas y jurídicas al sub examine.
17 Folios 279 a 324, cuaderno principal.
18 Folios 325 a 327, ibídem.
19 Folios 346 a 349, ibídem.

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b) cuando se omita la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria. En el caso sub judice, considera el Despacho que el vicio de
nulidad invocado no se ha configurado como quiera que no existió omisión
sobre el pronunciamiento en esta instancia respecto de las pruebas solicitadas
por la parte actora, por cuanto se advierte que en la audiencia inicial fueron
decretadas de las pedidas en el libelo, las que la ponente estimó como
conducentes y pertinentes para el presente caso; y en el específico caso de la
petición de ¨inspección judicial con presencia de perito especializado en la
oficina de homologación de cargos y nivelación salarial en la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico, con el fin de demostrar los factores
salariales no tenidos en cuenta en su liquidación (…)¨, se indicó que resultaba
innecesaria en ese momento.

Además, tampoco se advierte que se hubiere omitido la práctica de una prueba
que de acuerdo con la ley fuere obligatoria; por cuanto para el caso en
particular tratándose de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, resulta innecesaria, aún más no es la prueba idónea la inspección
judicial para analizar documentos, cuando estos pueden ser solicitados
mediante oficio, tal y como ocurrió en el caso de marras.

Por tanto, para el Despacho no se evidencia la configuración de causal de
nulidad de lo actuado en el sub lite, en la medida en que no hubo omisión en
el pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas ni las aportadas, como
tampoco se omitió una oportunidad de practicar pruebas. En virtud de ello, la
nulidad propuesta no está llamada a prosperar, por lo que la Magistrada
sustanciadora negará su solicitud […]».

Como se aprecia de lo transcrito, la discusión sobre la supuesta nulidad del
fallo impugnado fue resuelta por el a quo con base en los mismos reparos
esbozados por la apelante en su recurso. Lo anterior implica que al no existir
argumentos diferentes que denoten otras causales o fundamentos de
anulación, en esta instancia resulta improcedente pronunciarse al respecto. El
hecho de hacer lo propio ante la existencia de una decisión ejecutoriada, sería
tanto como desconocer la firmeza de aquella en detrimento de la seguridad
jurídica.

En todo caso, es de recalcar que por tratarse de una solicitud de nulidad
posterior a la sentencia de primera instancia, debe entenderse que el origen
de esta tendría que radicar y sustentarse en tal providencia y no en
actuaciones anteriores, según se infiere del artículo 134, inciso 1.° del CGP.

No obstante, al verificar la argumentación esgrimida por el recurrente, se
encuentra que no fue planteada ni expuesta una sola causal en contra del fallo
en comento, sino sendos reproches sustanciales al análisis probatorio
efectuado por el a quo. Dichas formulaciones son inconformidades con la
manifestación judicial per se, de manera que ello se subsume en la apelación
en sí misma que es materia de examen en esta oportunidad. Por esta razón
adicional a la anterior, claramente resulta aún más justificado rechazar de
plano el estudio paralelo a la alzada pretendido por la parte demandante.

Solicitud de nulidad por falta de acceso al expediente digital20

iv) Mediante auto de 3 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 247
del CPACA, modificado por el artículo 623 del CGP, se procedió a correr

20 Índice 15 de Samai.

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traslado a las partes para la presentación de sus alegatos. Conforme a lo
anterior, la parte interesada advierte la supuesta imposibilidad de presentar los
alegatos, ante la presunta imposibilidad de tener acceso al expediente,
específicamente menciona que debió estar en formato digital, conforme al
artículo 4° del Decreto 806 de 2020.

En concordancia con lo anterior, repárese que la disposición alegada está
condicionada «Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial».
Sobre el particular, debe advertirse que una vez revisado el proceso en la
etapa de ejecutoria del auto que corrió traslado a las partes para alegatos, no
fue presentada solicitud alguna por parte de la señora Aurieth Martes, a través
de la cual hubiese requerido el acceso al expediente.

Ahora bien, para la fecha en que fue proferido el auto que corrió traslado, las
partes tenían acceso al expediente físico, dado que para ese momento ya se
había levantado la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior
de la Judicatura21. Por lo tanto, la parte interesada podía dirigirse al Palacio de
Justicia o agendar cita para revisar el proceso, ahora, si la intención era la
expedición de copias, debía tener en cuenta las tarifas por concepto de arancel
judicial conforme al Acuerdo PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018.
Sobre las actuaciones surtidas en segunda instancia, las mismas se
encuentran adjuntas en archivos digitales, visibles en la plataforma SAMAI, un
sistema de gestión judicial adecuado para la garantía e intervención de las
partes.

De igual manera, cabe mencionar que la digitalización de los procesos atendió
a un esquema organizacional que en la actualidad continúa al interior del
Consejo de Estado, sin que a la fecha haya culminado. Sin embargo, las partes
en cualquier momento en que lo soliciten pueden obtener copia de las piezas
procesales. Empero, al revisar la gestión del proceso objeto de estudio, se
reitera, que no existe actuación alguna, por lo tanto, no resulta procedente
alegar error o arbitrariedad ante una presunta omisión, situación que no
constituye ninguno de los presupuestos para la procedencia de una nulidad
procesal.

Finalizado lo anterior, la Sala procede a resolver el caso concreto, así:

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Aurieth María Martes Cervantes tiene derecho a la reliquidación
del retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial
de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
Departamento del Atlántico, reconocido a través de la Resolución 342 del
22 de enero de 2014, ello con la inclusión de los haberes devengados
durante el período comprendido entre 1997 y 1999, o para ese lapso se
configuró el fenómeno prescriptivo?

2. ¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido a
la libelista mediante el acto administrativo demandado, con la inclusión y
21 Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.

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cómputo de la diferencia entre la asignación básica y demás factores de
remuneración y prestacionales correspondientes a la nivelación salarial
derivada de aquel proceso, en comparación con los emolumentos
percibidos efectivamente por la parte demandante desde 2000 a 2009 entre
estos, la bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
prima de bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
horas extras, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías e intereses a las cesantías, días de descansos compensatorios
no disfrutados?

3. ¿La apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios por
el no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo derivado del
proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del Departamento del Atlántico?

Primer problema jurídico

¿La señora Aurieth María Martes Cervantes tiene derecho a la reliquidación
del retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de
la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
Departamento del Atlántico, reconocido a través de la Resolución 342 del 22
de enero de 2014, ello con la inclusión de los haberes devengados durante el
período comprendido entre 1997 y 1999, o para ese lapso se configuró el
fenómeno prescriptivo?

Sobre el punto se tendrá como tesis de la Sala la siguiente: la demandante no
tiene derecho a la reliquidación deprecada en punto a la inclusión del período
en mención, debido a que este fue objeto del fenómeno prescriptivo, tal como
se precisa a continuación:

Del proceso de homologación del personal al servicio de los
establecimientos educativos

La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que
prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios y
las intendencias y comisarias, proceso que se desarrolló entre el 1.º de enero
de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, para desarrollar el contenido de los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución Política, relativos a la distribución de competencias y
recursos, se expidió la Ley 60 del 12 de agosto de 1993, por la cual se dio
apertura a la descentralización del servicio educativo y al desmonte de la
nacionalización de la educación, para lo cual se efectuó por parte de la Nación
a los departamentos y distritos la entrega de los bienes, personal y
establecimientos educativos para que fueran asumidos directamente por las
entidades territoriales.

Este proceso de descentralización implicó el ajuste de las plantas del personal
administrativo que prestaban sus servicios en las instituciones educativas
adscritas a la Nación, los cuales, debían ser incorporados a las plantas
departamentales y distritales, previa homologación de cargos, no solo en el
aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado «que podían
diferir», sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las
funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio.
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Implementado el proceso de descentralización en educación, y con el fin de
fortalecer su desarrollo, se expidió la Ley 715 del 21 de noviembre de 2001, la
cual, pretendió la municipalización de la educación que había quedado en
manos de los departamentos y distritos certificados conforme a la Ley 60 de
1993. En efecto, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, determinaron
expresamente el procedimiento a seguir para incorporar las plantas
financiadas con recursos del sistema general de participaciones antes
«situado fiscal».

Para ello, previo estudio técnico, se tenían que fijar las plantas de personal
docente, directivo docente y administrativos de los planteles educativos, y
luego proceder a la provisión de dichos cargos en las plantas de personal
adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio
educativo, incorporándolos a las mismas.

Con el Acto Legislativo 1.° de 2005, se determinó que los recursos de la
participación para educación del sistema general de participaciones, se
destinarían a financiar la prestación del servicio educativo y entre otras
actividades el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus
prestaciones sociales.

Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005, en el ejercicio de una actividad de acompañamiento
a las entidades territoriales que habían adelantado su proceso de certificación
en educación, señaló las directrices para llevar a cabo la homologación de
cargos y la nivelación salarial del personal administrativo, y determinó los
criterios y pasos para tener en cuenta en dicho proceso.

Así mismo, señaló que la deuda por concepto de retroactividad en aquellos
eventos en que la homologación y consecuente incorporación conllevara la
nivelación de salarios, cuando no procediera la incorporación horizontal, se
asumiría con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad presupuestal, si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo ente territorial certificado homologó e incorporó al
personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus
recursos propios.

Del trámite de homologación y nivelación salarial de los funcionarios
administrativos del Departamento del Atlántico

Conforme al sustento fáctico expresamente señalado por la parte demandante
en su libelo22, corroborado por el Departamento del Atlántico en su
contestación de la demanda23, se observa que el proceso de homologación
desarrollado por dicha entidad territorial se desarrolló de la siguiente manera:

i) A través del Oficio 2009EE30647 de mayo de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional en cumplimiento de los postulados de la Ley 60 de 1993
emitió concepto favorable al Departamento del Atlántico para la administración

22 Según se observa de folios 2 a 4.
23 Obrante de folios 168 a 178.

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del servicio educativo y en consecuencia poder adelantar el proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.

ii) En virtud de lo anterior, el ente territorial demandado por medio del Decreto
00208 de 29 de junio de 2009, homologó y niveló salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaría de Educación Departamental financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones, ello en atención del concepto
emitido el 9 de diciembre de 2004 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado y de la Directiva Ministerial 10 de junio de 2005.

iii) Conforme a la Resolución 03853 de 2009, el Departamento del Atlántico
determinó específicamente la homologación para los servidores vinculados en
esa época a la planta interna de personal. En virtud de lo anterior, el Ministerio
de Educación Nacional aprobó el estudio técnico del mentado proceso para el
lapso comprendido entre 1997 y el 23 de julio de 2009, esto según el Oficio
2010EE81422 de 10 de noviembre de 2010.

iv) El ente territorial demandado y la autoridad ministerial en comento
celebraron acuerdo de pago el 31 de diciembre de 2010, en el que se estipuló
que la segunda reconocería a favor del primero una suma equivalente a
$28.755´797.596 por concepto del aludido proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo, para lo cual se concedió un término de
15 meses contados a partir del pago efectuado el 27 de febrero de 2011.

v) A pesar del inicio de las actuaciones administrativas tendientes a efectuar
los respectivos pagos a los funcionarios homologados, la autoridad
demandada evidenció errores en el cómputo de los valores a reconocer, por
lo que mediante Oficio 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011 se ordenó
suspender dicho proceso hasta nueva revisión y aprobación por parte del
Ministerio de Educación, lo cual ocurrió con la expedición del Oficio
2013EE34201 de 11 de junio de 2013.

vi) En razón de lo expuesto, el Departamento del Atlántico expidió la
Resolución 342 del 22 de enero de 201424, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de retroactivo,
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial a favor de la señora
Aurieth Martes, además, incluyó los pagos por aportes parafiscales y
patronales.

Sobre los efectos retroactivos del proceso de homologación y su
incidencia en materia prescriptiva

Al respecto es necesario recordar que la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio
de 2005 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, desarrolló en el literal
A. el esquema a aplicar por parte de las entidades territoriales a fin de
consolidar el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial derivada
de la autorización para la prestación del servicio educativo por parte de
aquellas.

Por otra parte, en el literal B. del acto en mención se consagró lo siguiente:

24 Folios 20 a 28, cuaderno principal.

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«[…] B. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACION Y
NIVELACIÓN

Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las
reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de
la misma. Con base en este listado, debe proceder a determinar el monto de
las deudas respectivas.

Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos
que no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y
103 del Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a
los cuales las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres
años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible y que el simple reclamo escrito del titular de un derecho, o prestación
debidamente determinado, recibido por el empleador, interrumpe la
prescripción por un lapso igual. […]» (Negrilla del texto original).

De acuerdo con esta determinación administrativa, es evidente que el
Ministerio de Educación contempló en el proceso de homologación y
nivelación salarial referido, que el fenómeno de la prescripción sería aplicable
a las reclamaciones efectuadas por los funcionarios objeto de la medida,
puntualmente el previsto en el Decreto 1848 de 1969. Ahora bien, tal como lo
planteó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto
2301 de 201625, el derecho en sí mismo del personal homologado del sector
educativo a reclamar el ajuste de los valores concedidos por concepto de
retroactivos salariales, no es susceptible de sufrir la prescripción extintiva, no
obstante, los pagos adeudados en razón de ello sí pueden prescribir bajo los
preceptos de la norma en cita, esto es, en atención al término de 3 años
contados a partir de la fecha de exigibilidad de la prerrogativa para solicitar el
reajuste que el beneficiario considere necesario.

Ahora bien, sobre el particular se observa que la demandante afirma en su
recurso de apelación, que entre la aludida autoridad ministerial y el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la Educación (SINTRENAL), tuvo lugar un
acuerdo laboral del 3 de mayo de 200026, tendiente a consolidar el esquema y
la dinámica para el desarrollo del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo de las entidades
territoriales, en el cual no se estipuló un término específico para ejecutar
aquella equiparación, por lo que sostuvo que no es posible contabilizar los 3
años inherentes a la referida figura jurídica, por lo que en consecuencia era
dable concluir que la autoridad demandada «renunció a la prescripción».

Pese a lo manifestado por la parte activa, lo cierto es que tal planteamiento no
se ajusta a derecho, habida cuenta de que la prescripción es un postulado
jurídico previsto en normas de orden público que impide su renuncia o
negociación en casos particulares como el presente, y mucho menos por parte
de la misma administración que por el contrario debe garantizar su aplicación.
En todo caso, debe destacarse el hecho de que a partir del precitado acuerdo
traído a colación por la libelista, no se desprende explícita ni implícitamente en
ningún aparte del documento, la inferencia esgrimida por aquel relacionada
con la renuncia de dicho fenómeno.
25 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2301 del 14 de diciembre de 2016.

Radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00.
26 Folios 38 a 44, cuaderno 1.

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19
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

A contrario sensu, lo que debe tenerse en cuenta es que está demostrado que
el propio Ministerio de Educación en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005,
previó y confirmó el fenómeno prescriptivo en cuanto a las peticiones de
revisión o reliquidación de los retroactivos reconocidos en virtud del proceso
de equiparación de cargos y salarios.

Pues bien, sobre el punto el Consejo de Estado27 ha señalado que la
configuración de la mentada figura requiere que transcurra un determinado
lapso durante el cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para
reclamar los derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3
años desde que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de
interrupción del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:

«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho cuyo
restablecimiento se depreca, tendrá que considerarse que esta data se
concreta desde el momento en que se consolidó el proceso de homologación
y se estructuró la prerrogativa de la nivelación salarial a favor de la
demandante, esto es, a partir del 10 de abril de 1997 cuando aquella ingresó
directamente a la planta de personal del Departamento del Atlántico28.

Empero, al verificar el sustento fáctico de la demanda y el acervo probatorio,
se observa que la demandante en ningún momento afirmó que había
presentado una reclamación ante la entidad demandada tendiente a obtener
la reliquidación del retroactivo cancelado. De hecho, lo único que sostuvo al
respecto, fue que la petición relacionada con sus pretensiones en vía judicial,
había sido presentada de manera general en los años 2000 y 200929 por
SINTRENAL, el sindicato al que hacía parte.

Ello porque del contenido de dichas solicitudes, se aprecia que aquellas
buscaban exclusivamente obtener el reconocimiento de los valores adeudados
en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial, sin que se hubiese
hecho mención a una reliquidación por falta de períodos o de factores
salariales y prestacionales, toda vez que evidentemente, para esas fechas,
aún no se había efectuado el respectivo pago, pues este se determinó para la
libelista solo hasta la expedición de la Resolución 342 del 22 de enero de 2014.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
28 Fecha extraída de la Resolución 342 del 22 de enero de 2014 (folio 23, cuaderno1). Esta consideración

sobre la data de exigibilidad del derecho al ajuste de pago retroactivo que debe tenerse en cuenta en
casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia de esta Subsección proferida el 18
de marzo de 2021 en el proceso con radicado: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019).
29Folios 23 a 27, cuaderno 1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

Sin perjuicio de lo anterior, también se destaca que con el fin de evidenciar
una petición pasible de interrumpir el término prescriptivo bajo estudio, aquella
debe ser específica, concreta y particular para el caso puntual del
administrado, en orden de consolidar una situación jurídica puntual susceptible
de verificación tanto en sede administrativa como judicial, y no por medio de
solicitudes generales y abstractas como las referidas por la parte activa, que
además de no relacionarse con el objeto del litigio, en caso de haberlo sido,
tampoco tendría efectos sobre el derecho de la demandante al no haber
reclamado lo propio personalmente.

Como se desprende de lo esbozado hasta este punto, claramente no se ha
presentado una reclamación administrativa específicamente para obtener la
reliquidación del pago efectuado a la libelista por concepto de retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del sector
educativo del Departamento del Atlántico.

Por tal razón, para la Sala resulta inviable determinar la fecha de interrupción
de la prescripción sobre los valores supuestamente adeudados a la
demandante en virtud de la reliquidación deprecada30, más aun cuando el
período completo de la referida actuación tuvo lugar desde 1997 hasta el 23
de julio de 2009, pero la única manifestación de oposición o reclamo frente al
valor del monto reconocido a la señora Aurieth Martes, es la interposición de
la demanda el 21 de agosto de 201431 cuando ya no tenía vigencia la
obligación.

En conclusión: la demandante no tiene derecho a la reliquidación del valor
reconocido como retroactivo de la nivelación salarial concedida en virtud de la
autorización al Departamento del Atlántico para la prestación del servicio
educativo público, basada en la falta de inclusión de los haberes computables
desde 1997) hasta 1999 dado que ante la imposibilidad de extraer una data de
interrupción de la prescripción en el caso sub lite por ausencia de una
reclamación en tal sentido, debe asumirse que, al ser aplicable el referido
fenómeno jurídico sobre los pagos correspondientes al mentado concepto,
aquellos relativos a dicho período efectivamente se encuentran sometidos a la
configuración de la prescripción por la superación del término previsto en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, al punto de hallarse ajustada la decisión
de la entidad demandada en este aspecto.

Segundo problema jurídico

¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido a la
libelista mediante el acto administrativo demandado, con la inclusión y
cómputo de la diferencia entre la asignación básica y demás factores de
remuneración y prestacionales correspondientes a la nivelación salarial
derivada de aquel proceso, en comparación con los emolumentos percibidos
efectivamente por aquel desde 2000 a 2009, entre estos, bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación, prima de bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación, horas extras, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las
cesantías, días de descansos compensatorios no disfrutados?
30 Situación que también fue advertida y contemplada para efectos de la decisión, en sentencia proferida

por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 13 de noviembre de 2020, en el
proceso con radicado: 08001-23-33-000-2014-01003-01(2666-19).
31 Ver acta individual de reparto a folio 52, cuaderno 1.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

En lo relativo a este cuestionamiento, la Sala sostendrá como tesis que, no es
procedente reliquidar el monto reconocido a la demandante como retroactivo
del proceso de nivelación salarial por homologación de cargos del sector
educativo en virtud de la diferencia salarial y prestacional por falta de inclusión
o cómputo adecuado de sendos haberes en el lapso comprendido entre 2000
y 2009, conforme a las siguientes consideraciones:

De las pruebas aportadas y el análisis de la reliquidación deprecada
conforme al contexto jurídico expuesto en la demanda

Los siguientes son los elementos probatorios que obran en la presente causa
judicial y que son relevantes para resolver el litigio:

• Resolución 3853 del 26 de junio de 2009, emitida por la secretaria de
educación del Departamento del Atlántico, con la que se asignó la
correspondiente denominación, código, grado y asignación salarial a los
empleados administrativos homologados de dicha dependencia, entre los
cuales se encuentra la señora Aurieth María Martes Cervantes, a quien le
fue fijado el cargo de secretaria, código 440, grado 17, con una
remuneración de $1.098.393 mensuales32.

• Resolución 342 del 22 de enero de 2014, mediante la cual la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, reconoció y ordenó pagar a
favor de la libelista, una suma equivalente a $41.769.615, esto por
concepto de retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo de dicha dependencia, dentro de la cual
se destacan los montos indexados anuales desde 2000 a 2009,
equivalentes al total de los haberes a los que tenía derecho la demandante
en virtud de la aludida equiparación laboral. Igualmente se resalta que para
la determinación del monto a pagar, la referida autoridad expuso como
motivación la siguiente:

«[…] Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación
Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le corresponde al funcionario
MARTES CERVANTES AURIETH MARIA la suma de $53.047.659, valor en el
que se encuentran incluidos los correspondientes pagos a terceros vinculados a
nómina, así: $2.571.981 por aportes parafiscales; $8.706.063 por aportes
patronales; sumas que deben ser deducidas en el presente acto administrativo del
valor total de la liquidación, quedando a su favor un valor a pagar de $41.769.615,
sin perjuicio de los descuentos a realizar por concepto de embargos y aportes a
sindicatos.

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de
los salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene
señalado y los salarios vigentes para la misma época que devengaban en la
Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos
propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto
de la sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no
salariales aplicables a cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de
servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación,
subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de servicios
(sic), prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los cuales

32 Folios 20 a 22, cuadernos anexos.

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales
legalmente establecidos.
[...]
Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados (indexados) con base
en índice de precios al consumidor certificado por el DANE para los respectivos
años, usando para ello la tabla de series de índices de empalme, que puede ser
consultada en la página web de dicha entidad. […]»33.

• Acta de acuerdo suscrito entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional
y SINTRENAL, en la que se estipuló que en un término máximo de 15 días
a partir de la firma del convenio, elaborarían la estructura de la propuesta
para la homologación y nivelación salarial de los funcionarios
administrativos del sector educativo de los entes territoriales pagados con
recursos del Sistema General de Participaciones, frente a los servidores
del orden territorial que desempeñan igual o similares funciones. Asimismo
se indicó que se coordinarían las gestiones interadministrativas para
adelantar dicho proceso con orientación directa a los distritos, municipios o
departamentos certificados34.

• Comprobantes de pago de la señora Aurieth María Martes Cervantes para
los años 2000 a 2009, en los que se advierte que percibió durante ese
período como haberes laborales los siguientes: sueldo básico, subsidio de
alimentación, bonificación especial por recreación, bonificación por
servicios, prima de vacaciones, de servicios y de navidad35.

Pues bien, antes de abordar el examen y valoración puntual de los medios de
prueba recaudados y practicados en el asunto de marras, la Subsección debe
resaltar el hecho que en la demanda, específicamente en el acápite de normas
violadas y concepto de la violación, no se encuentra un solo argumento puntual
y concreto referente a las causales de nulidad del acto administrativo
cuestionado y al fundamento de ilegalidad de aquel, en punto a las razones
por las cuales asegura que la liquidación del retroactivo por nivelación salarial
efectuado por el Departamento del Atlántico, fue realizado erróneamente o en
contradicción con la normativa aplicable a su situación jurídica.

Al respecto, se observa que la parte activa aseguró tanto en su libelo como en
el recurso de apelación, que la entidad demandada no solo dejó de incluir
emolumentos como horas extras completas e intereses a las cesantías en el
cómputo que determinó el valor del retroactivo reconocido, sino que lo liquidó
con valores incorrectos respecto de la diferencia de los demás haberes
devengados, por lo que sostuvo que no se concretó una nivelación salarial
adecuada a su caso.

Empero, dicha afirmación la esgrime de manera abstracta con la sola
transcripción de normas y sin enunciar, describir y puntualizar, por ejemplo,
cuántas horas extras y demás recargos se causaron, en qué períodos, por
cuáles valores y bajo qué autorizaciones conforme a las condiciones para su
procedencia previstas en los artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de 1978.

Lo propio debe asegurarse frente a los demás emolumentos cuya inclusión y
revisión pretende la demandante, pues no se advierte una sola referencia

33 Folios 34 a 36, cuaderno 1.
34 folios 38 a 44, ibídem.
35 Folio 173, ibídem.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00783-01 (6296-2018)
Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

específica a los valores dejados de liquidar, o al error en el cálculo aritmético
de estos. Tampoco se avizora una manifestación concreta de su caso en lo
relativo a los períodos en los que aquel percibió o debió percibir los mentados
conceptos salariales o prestacionales, ni los fundamentos: i) normativo que
respaldara el hecho atinente a la necesidad de computarlos, y ii) fáctico en
cuanto a su falta de inclusión total o parcial por parte de la entidad demandada
en la Resolución 342 del 22 de enero de 2014.

Las circunstancias descritas impiden al juez tener un conocimiento previo del
sustento del petitum, por lo que resulta inviable determinar las posibles causas
de anulación sobre la decisión administrativa cuestionada, en la medida en
que frente a esta se presume su legalidad, al punto de que la parte
demandante no solo debe demostrar lo contrario, sino argumentarlo con
exactitud y claridad, en orden de contrastar su tesis con la planteada por la
parte pasiva y la realmente aplicable al caso en razón del ejercicio
interpretativo de la autoridad judicial.

Sobre este punto, la libelista insiste en que el análisis o fundamentación de las
pretensiones en cuanto a la supuesta liquidación errónea efectuada por el
Departamento del Atlántico, no le corresponde directamente a él por tratarse
de un ejercicio aritmético en vez de jurídico, el cual no debe ser valorado
solamente con la información de dicha entidad, en tanto esta tampoco puede
ser considerada «juez y parte al mismo tiempo».

Con base en tal planteamiento, reiteró en su recurso de apelación, que la
reliquidación propiamente dicha, tendría que haber sido realizada por el
contador del Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en una
inspección judicial con exhibición de documentos, que permitiera hallar cuáles
eran los yerros en el cálculo desarrollado por el ente territorial para el período
comprendido entre 2000 y 2009.

Ahora, estimar adecuada la mentada afirmación como lo insta el apelante,
sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse la ilegalidad del acto
administrativo demandado, al considerar de entrada que la liquidación
realizada en este fue incorrecta, y que por lo tanto, lo que procede es trasladar
la carga argumentativa y probatoria al juez, para que aquel efectúe un nuevo
cálculo a fin de verificar esas supuestas falencias, y de este modo subsanarlas
con una decisión favorable a los intereses de la parte activa.

Aquello carece de cohesión jurídica con los preceptos y principios propios del
esquema procesal de las actuaciones judiciales, especialmente de la noción
de justicia rogada que le es propia a la presente jurisdicción. Lo anterior ya ha
sido objeto de pronunciamiento por esta Subsección en sentencia del 18 de
marzo de 202136 proferida en un caso similar al presente, cuando se indicó lo
siguiente:

«[…] En este punto, conviene recordar que es a la parte demandante a quien
le incumbe indicar las normas que considera infringidas y exponer el concepto
de esa violación, así como los vicios atribuidos al acto administrativo, sin que
le corresponda al Juez efectuar un control integral y absoluto de legalidad de
los actos acusados, y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento
jurídico le impone a las partes. […]»

36Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 18 de marzo de 2021. Radicado: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019).

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Demandante: Aurieth María Martes Cervantes

Por esa razón, las apreciaciones de la parte activa frente a la forma en que
debe evidenciarse o determinarse el objeto del litigio sin su directa y previa
intervención argumentativa, se torna inadecuada, en tanto denota una falta de
precisión en el respaldo de sus pedimentos, al someter su prosperidad
exclusivamente a la actividad judicial y a las pruebas del proceso. Ello
finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para
acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación del
retroactivo pagado a la libelista37.

Por otro lado y sin perjuicio de lo planteado, la Sala observa que, en todo caso,
también se presenta una deficiencia en la actividad probatoria de la parte
activa, habida cuenta que si en gracia de discusión se hubiesen precisado las
supuestas fallas de la liquidación del retroactivo pagado a la demandante, lo
cierto es que no reposarían en el plenario pruebas suficientes y conducentes
para demostrar tales supuestos.

Con base en dicha evidencia documental, no es posible identificar cuáles
factores salariales y prestacionales devengó la libelista durante el lapso
indicado, ni por qué valores o en cuáles momentos específicos los percibió, de
manera que tampoco habría sido posible contrastar esa información para
corroborar la tesis de esta si la hubiera formulado adecuadamente. Se resalta
además que la señora Martes Cervantes básicamente sustentó su carga de la
prueba, que es inherente a la solicitud de nulidad del acto administrativo
demandado, debido a la presunción de legalidad que lo cobija, en la práctica
de una inspección judicial con peritaje tendiente a verificar documentos y
realizar un ejercicio contable que determinara puntualmente los errores
cometidos por la administración en aquella decisión.

Pues bien, tal como se expuso en la cuestión previa precedente, en primera
instancia se desarrolló la etapa probatoria de conformidad con lo solicitado por
la demandante en su debida oportunidad, sin que se hubiesen presentado
objeciones (al menos en término) para controvertir dicha actividad procesal.
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba instados en
el recurso de alzada tampoco eran procedentes, en la medida en que se había
configurado la preclusión para solicitarlos por no cumplir con las exigencias del
artículo 212 del CPACA, toda vez que no se trataba de elementos de
convicción deprecados en la demanda y decretados por el a quo que hubiesen
sido dejados de practicar, sino de documentos pretendidos solo después de
haber conocido la decisión desfavorable de primera instancia.

Conforme al aludido contexto, estima la Subsección que incluso desde el punto
de vista probatorio, tampoco se habría logrado enervar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, pues a partir de la evidencia
practicada no se desprenderían los elementos suficientes para realizar un
cálculo diferente al consignado por la entidad demandada en el acto
cuestionado. De cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia
oficiosa del juez de conocimiento frente a este punto, en la medida en que

37 Esta postura también ha sido analizada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencias del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01014-01(2460-19)
y del 13 de noviembre de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01003-01(2666-19).

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aquella tiene como fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la
actuación y no solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes.38

No obstante lo esbozado, la apelante en su recurso afirmó que al margen de
esta situación, la sola Resolución 342 del 22 de enero de 201439 bastaba para
deducir el error de cálculo elaborado por el Departamento del Atlántico frente
a la liquidación del retroactivo reconocido a favor del primero. Empero, al
revisar el contenido motivacional de dicho acto administrativo, lo que se
evidencia es precisamente lo opuesto, en tanto describe que tuvo en cuenta
las diferencias salariales derivadas entre lo percibido por la demandante y el
monto fijado en las ordenanzas departamentales para los empleados de la
entidad territorial.

Al respecto se reitera que la demandante no planteó las condiciones fácticas
y jurídicas que permitieran contemplar los supuestos yerros de la mentada
decisión, así como tampoco se evidencia el material probatorio para demostrar
su ilegalidad, de suerte que en efecto, la motivación y liquidación propuesta
por el Departamento del Atlántico en la resolución demandada, debe asumirse
conforme a la realidad de la situación particular de la libelista, sin que ello
implique como aquella la sostiene, que el ente territorial actuaría como juez y
parte, habida cuenta de que lo propio obedece a los efectos de la presunción
que cobija el acto y no a la calidad o facultades de la precitada autoridad.

En conclusión: no debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación
reconocido a la libelista mediante la Resolución 342 del 22 de enero de 2014,
para el período comprendido entre 2000 y 2009 frente a los valores y factores
computados en el cálculo de aquel concepto, toda vez que según el propio
acto administrativo cuestionado que es la fuente de control judicial en esta
oportunidad y que imperiosamente debe ser examinado bajo el precepto de
presumir su legalidad, la Sala encuentra que la liquidación efectuada por la
autoridad demandada en la referida resolución, estuvo ajustada a la normativa
que le es aplicable y con base en los emolumentos y valores determinados
para el caso concreto de la señora Aurieth Martes, pues esta no planteó en
debida forma las falencias del cálculo efectuado por la entidad demandada en
clave de causal de nulidad para contrastar la situación con la normativa y
criterios aritméticos aplicables, aunado a la falta de materiales de prueba que
permitieran inferir lo propio en orden de eventualmente haber accedido a las
pretensiones anulatorias y de restablecimiento formuladas con la demanda.

Tercer problema jurídico

¿La apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el
no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo derivado del
proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del Departamento del Atlántico?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de los intereses deprecados, con base en
los argumentos que se indican a continuación.

38 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda, Subsección B del

Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-
2014-01014-01 (2460-19), que resolvió un caso con similitudes fácticas y jurídicas al sub examine.
39 Folios 20 a 28, cuaderno 1.

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Sobre la indexación y los intereses moratorios analizados en el caso sub
iudice

Con base en el acervo probatorio enlistado anteriormente, es dable precisar
que, en atención a la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, el
Ministerio de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos
criterios para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación
salarial, entre los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la
determinación de los efectos retroactivos de la deuda.

De igual manera se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional
como el Departamento del Atlántico, llevaron a cabo cada uno de los pasos
para materializar la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo, procedimiento que requirió no solo de la
correspondiente disponibilidad presupuestal, la cual no es inmediata como lo
considera la parte demandante, sino también de la superación de una serie de
procedimientos y actuaciones interadministrativas que se materializaron
inicialmente en el Decreto 208 del 24 de junio de 2009 y en la Resolución 3853
del 26 de junio del mismo año en punto a la equiparación de cargos.

Posteriormente se advierte que se presentó la necesidad de realizar varios
ajustes en materia de nivelación salarial, en atención a unas inconsistencias
en los valores y cálculos efectuados por ambas autoridades. Dicha situación
fue subsanada finalmente mediante el Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de
2013 que aprobó el último estudio técnico relativo a los conceptos de nómina,
al punto de ser materializado el reconocimiento y pago del correspondiente
retroactivo para el caso de la demandante en la Resolución 342 del 24 de
enero de 2014.

Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de
un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los
beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el
paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años
sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo
cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que
permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen
el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.

Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la
tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios
implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los
valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa
fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla
anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte
del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.

En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
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para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada
en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de
quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar
de estar expresamente conminado a ello.

Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto
los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.40

Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del Departamento del Atlántico se materializó a través del
Decreto 208 del 24 de junio de 2009, en virtud del cual, se expidió con
posterioridad la Resolución 342 del 22 de enero de 2014, por medio de la cual
se ordenó cancelar a la demandante la suma total de $41.769.615 como valor
del retroactivo correspondiente. Este monto estaba comprendido por
conceptos salariales indexados a las respectivas fechas durante el período de
2000 a 2009, tal como se aprecia del cálculo y descripción efectuada en el
último de los actos precitados41.

Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó durante el lapso prementado y que el pago
del retroactivo a la libelista se dio hasta el año 2014, lo cierto es que no se
observa que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
Departamento del Atlántico hayan incurrido en una dilación injustificada del
pago a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la
obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e
inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a entidades
territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo
el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del
tiempo.

Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene la libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el
pago de una indemnización por mora. Es pertinente afirmar que tampoco se
demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la
obligación, más allá de las apreciaciones subjetivas indicadas en la demanda
sobre aparentes casos de corrupción sin respaldo demostrativo de ello.
Adicionalmente es necesario tener en cuenta el hecho de que en el contexto

40 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de

Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-
01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02
(2633-2017).
41 Folios 20 a 28, cuaderno 1.

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normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el reconocimiento
de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento, lo cual
convalida el actuar de la demandada, así como el acto cuestionado.

En conclusión: no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
a favor de la demandante por el no pago inmediato del valor correspondiente
a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en tanto la sola
tardanza por parte de la demandada en cancelar la obligación dineraria, no
implica necesariamente dicha indemnización por mora, más aún en el
entendido de que existió una justificación razonable para esa dilación,
referente a la superación de diferentes etapas en un proceso
interadministrativo complejo y extenso que en esas condiciones, implica
también la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
pero a manera de compensación a través de la indexación como en efecto se
hizo, y no en virtud de una sanción como lo pretendía la parte activa.

Otros aspectos procesales

Es preciso indicar que el dependiente judicial del abogado de la parte
demandante ha presentado sendos escritos de forma general en estos mismos
procesos, a través del cual informó que este último sufrió una afección
cerebrovascular por lo que tuvo que ser internado en la unidad de cuidados
intensivos de la Clínica General del Norte, situación que, al tenor de lo
dispuesto en el numeral 2.º del artículo 159 del CGP, origina una causal de
interrupción del proceso; sin embargo, como el inciso final del aludido artículo
prevé que esta ocurre «a partir de la notificación de la providencia que se
pronuncie seguidamente» al hecho que motiva la causal, se dispone que una
vez surtida dicha notificación, la Secretaría de la Sección Segunda requiera
periódicamente al abogado Isaac David Pugliesse Sepúlveda, quien se
identifica como dependiente judicial del doctor Javier Torres Velásquez, para
que, en atención al deber que le asiste de colaborar con la administración de
justicia, informe sobre el estado de salud del referido profesional y, de ser
posible, allegue los respectivos soportes médicos.

Una vez la Secretaría advierta que cesó la causal de interrupción del proceso
(enfermedad grave del apoderado judicial núm. 2 art. 159 del CGP) o que esta
sufrió alguna modificación, deberá proceder según corresponda, ya sea
reanudando el conteo de los términos o dando aplicación a lo establecido en
el artículo 160 ibidem.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la Subsección adicionará la sentencia
apelada, en el sentido de ordenar al Departamento del Atlántico que sobre los
haberes devengados por concepto salarial, efectúe las respectivas
cotizaciones a que haya lugar sobre el mayor valor pagado o reconocido a la
demandante en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial,
siempre y cuando éstos se encuentren pendientes y exista una diferencia
insoluta.

Se confirmará en lo demás la mentada providencia.

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De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201642, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP43, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público44.

Ahora, al margen de este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la demandante, en la medida que a pesar de que
resultó vencida en segunda instancia, lo cierto es que se adicionará la decisión
apelada, lo cual permite al juez abstenerse de fijar la carga en comento según
el numeral 5.° del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

42 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
43 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
44 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 6 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, que denegó las pretensiones
de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovió la señora Aurith María Martes
Cervantes contra el Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación
Departamental.

Segundo: Conforme al artículo 75 del CGP y para los efectos del poder
especial que obra a índice 20 de SAMAI, se reconoce personería al abogado
Miguel Ángel Ferrer Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía
1.044.427.564 de Puerto Colombia y tarjeta profesional 292.798 del C.S. de la
J., para que actúe en nombre y representación del Departamento del Atlántico.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el acápite
denominado «otros aspectos procesales» de esta providencia.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión

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