Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00805-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Temas: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial en
el departamento del Atlántico
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A por medio de la cual declaró
probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el
Departamento del Atlántico y se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Ana Rogelia Monsalve González,
por medio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 00418 de 22
de enero de 2014, suscrita por el secretario de educación del departamento del
Atlántico, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con recursos del
sistema general de participaciones.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante solicitó condenar al ente territorial accionado a lo siguiente: i) reliquidar
los valores pagados desde el año 1995 hasta el 2009, mes por mes, atendiendo a
las diferencias de salario establecido en las ordenanzas de la Asamblea del
Atlántico para esas anualidades y el salario recibido por intermedio de la Secretaría
de Educación Departamental, específicamente frente a las bonificaciones por
servicios prestados y por recreación, las primas de servicios, de vacaciones,
técnica, de navidad, las cesantías y sus intereses, la indemnización por vacaciones,
los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar; ii) liquidar
el periodo de 1997 a 1997, que no fue reconocido dentro de la resolución acusada
por haber operado la prescripción; iii) pagar los intereses moratorios producto del
reajuste salarial de homologación «no solo a partir del 29 de diciembre del año 2011
hasta enero de 2014, cuando se suspendió el proceso, sino también desde el
momento en que se hizo efectivo el derecho, es decir, desde el año en que se causó:
1997»; iv) devolver las sumas que fueron descontadas por concepto de
estampillas;1 v) asumir el costo del dictamen pericial solicitado como prueba en el
sub lite; vi) actualizar la condena de conformidad con el artículo 187 del CPACA; vii)
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y
viii) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló lo siguiente:
i) La señora Ana Rogelia Monsalve González presta sus servicios en la Secretaría
de Educación del departamento del Atlántico en un cargo administrativo desde el
año 1995.
1 El actor inicialmente solicitó la devolución de los descuentos que se le efectuaron por concepto de
parafiscales patronales, pero posteriormente desistió de dicha pretensión (fl. 62) y el a quo lo aceptó
(folio 77); por tal motivo, en esta instancia no se resumen tampoco los hechos, el concepto de
violación, ni la contestación de la demanda en lo referente a esa pretensión.
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Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
ii) La Gobernación del Atlántico inició el proceso administrativo de homologación de
cargos y nivelación salarial para sus empleados administrativos, que fue aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional a través del Oficio 2009 EE30647 del 3 de
junio de 2009.
iii) Mediante el Decreto 208 de 2009, la Gobernación del Atlántico ordenó nivelar
salarialmente a los funcionarios administrativos del sector educativo del ente
departamental y, a través de la Resolución 03853 de dicha anualidad, la Secretaría
de Educación le asignó al actor la correspondiente denominación, código, grado y
salario mensual.
iv) Una vez posesionado el gobernador del departamento del Atlántico, José Antonio
Segebre, ordenó suspender el pago del proceso de homologación salarial hasta
tanto se revisaran las actuaciones adelantadas y enmendaran errores.
v) El Ministerio de Educación Nacional aprobó el nuevo estudio técnico de
homologación, mediante Oficio No. 2013EE34201 del 11 de junio de 2013.
vi) A través de la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico revocó todos los actos administrativos
relativos al reconocimiento y pago de homologación que habían sido expedidos en
el año 2011.
vii) Por medio de la Resolución 00418 de 22 de enero de 2014, la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico reconoció el retroactivo salarial de
homologación a la accionante por los años 1995 a 2009, sin liquidar de forma
correcta las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, las primas de
servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, las cesantías y los intereses a las
mismas, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio no
disfrutados y dejados de cancelar.
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Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
viii) El acto enjuiciado efectuó descuentos por concepto de estampillas sin que
hubiera lugar a ello. Además, la administración omitió reconocer el ajuste salarial
por el periodo 1995 a 1997 bajo el argumento de que había operado la prescripción;
empero, dicha figura no es aplicable en el sub lite ya que el Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Educación - SINTRENAL elevó la reclamación en
forma oportuna.
ix) La demandante tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor
recibido por retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha
en que la Secretaría de Educación del Atlántico suspendió el pago de la
homologación, sino desde 1995 cuando se causó su derecho al reajuste salarial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política de 1991; 1551, 1553 y 2514 del Código Civil; 151 del Código Procesal del
Trabajo; 102 y 102 del Decreto 1848 de 1969; el Decreto 1042 de 1978 y la Directiva
Ministerial 10 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El proceso de homologación y nivelación salarial aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional tuvo dos momentos, a saber: 1) la incorporación, que consistió
en homologar el cargo administrativo a la planta de personal del departamento,
asignándole código, grado y denominación, con su respectivo salario; y 2) el pago
del retroactivo, que debía ser indexado y reconocerse con los correspondientes
intereses moratorios.
ii) A través de la directiva Ministerial 10 de 2005 se comunicó a los gobernadores,
alcaldes y secretarios de educación, el inicio del proceso de homologación indexado
y se les informó que debían tramitar sus propias homologaciones, realizando una
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reclamación en forma directa o a través de apoderado, para recibir el retroactivo
salarial causado antes del 2005, en aplicación del artículo 151 del CPL.2
iii) En este caso no operó la prescripción sobre el citado retroactivo toda vez que
SINTRENAL, organización sindical a la cual pertenece la peticionaria, presentó
reclamaciones al respecto en los años 2000 y 2003.
iv) Los intereses moratorios se generan desde el día siguiente a la terminación
del pago pactado entre las partes, es decir, desde el momento en que adquirió el
derecho y se incurrió en mora.
v) El departamento del Atlántico no estaba facultado para hacer deducciones por
concepto de estampillas, pues estas solamente deben asumirlas los contratistas y
no los empleados públicos como la señora Monsalve González.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda3
y expuso las siguientes razones de defensa:
i) El ente territorial no desconoció las normas citadas por la demandante, ni los
derechos invocados; por el contrario, la actuación de la administración se ciñó al
ordenamiento legal que dispuso el proceso de homologación y nivelación salarial
para el departamento.
ii) A la demandante se le pagó el retroactivo salarial en forma indexada, por lo que
no proceden los intereses moratorios reclamados. Igualmente, debían hacerse los
descuentos por concepto de estampillas, ya que el pago de acreencias laborales es
un hecho generador de ese impuesto.
2 Código Procesal del Trabajo.
3 Folios 123 a 131.
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Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
iii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de la obligación; y 2)
falta de integración del contradictorio.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A mediante sentencia proferida el
13 de noviembre de 2018, declaró probadas la excepción de inexistencia de la
obligación propuesta por el Departamento del Atlántico y, en consecuencia, denegó
las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) Se encuentra probado en el proceso que a la señora Ana Rogelia Monsalve
González, en calidad de empleada pública administrativa, vinculada a la Secretaría
de Educación Departamental, le fue reconocido un retroactivo salarial por
homologación, mediante la Resolución 00418 de 22 de enero de 2014.
ii) La demandante pretende la reliquidación de la suma pagada por tal concepto,
desde los años 1995 hasta 2009, con el argumento de que se encuentra mal
liquidado; no obstante, en su demanda se limita a hacer tal afirmación sin aducir
argumento alguno que la soporte. Por tal razón, esta pretensión no puede
prosperar.
iii) Respecto de la inclusión de la bonificación por servicios, bonificación por
recreación, primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, cesantías e
intereses, indemnización por vacaciones y descansos compensatorios no
disfrutados, no le bastaba al demandante allegar la Resolución 00418 de 22 de
enero de 2014, puesto que de la simple lectura de tal acto no se desprende la
vulneración de los derechos invocados como desconocidos, ni existe evidencia que
permita deducir cuál fue el error aritmético que alega, por parte del ente territorial
demandado.
4 Folios 202 a 218.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
iv) En este orden, no existen elementos probatorios que permitan establecer que
los dineros efectivamente reconocidos, por medio de la resolución acusada, no
corresponden a todas y cada una de las acreencias laborales que fueron percibidas
en dicho período, pues la accionante se limitó a informar sobre una presunta mala
liquidación, pero no allegó pruebas idóneas que permitieran comprobar esa
afirmación.
v) No hay lugar a emitir pronunciamiento sobre la pretensión relacionada con la
devolución de los descuentos efectuados por concepto de parafiscales y
patronales, debido a que la sala de decisión aceptó el desistimiento de tal
pretensión.
vi) Tampoco procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por
cuanto las sumas reconocidas fueron indexadas.
1.4. El recurso de apelación
La señora Ana Rogelia Monsalve González, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación5 en contra de la sentencia de primera instancia.
Solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su petición expuso lo siguiente:
i) La resolución acusada no reconoció correctamente las prestaciones sociales,
horas extras y días de descanso compensatorio a que tenía derecho la parte actora
desde el año 1995. Además, no es posible declarar la prescripción frente a las
reclamaciones laborales elevadas dentro del proceso de homologación del
departamento del Atlántico.
ii) También deben pagarse los intereses moratorios solicitados en el sub lite, ya
que estos operan automáticamente ante la omisión de la administración de atender
5 Folios 224 a 276.
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Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
oportunamente las obligaciones adquiridas con sus empleados. Tampoco es válido
sostener que dichos intereses no se causan cuando se efectúa la indexación, pues
se trata de conceptos distintos.
iii) La sentencia apelada incurrió en una causal de nulidad por violación a los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la prueba, ya que se expidió
sin que se hubieran recaudado todos los elementos de juicio pertinentes;
igualmente, el tribunal negó el decreto de un dictamen pericial encaminado a que el
contador de esa corporación verificara que la Secretaría de Educación del Atlántico
liquidó erróneamente el retroactivo salarial que le correspondía al señor Escobar
Romero. En estas condiciones, el a quo no debió negar las pretensiones bajo el
argumento de que el interesado incumplió con la carga probatoria que le incumbía.
iv) El petitum de la demanda se negó sin realizar ninguna operación matemática y
con una escasa argumentación, a partir de la cual se concluyó que la resolución
enjuiciada liquidó en debida forma los emolumentos laborales de la accionante.
v) El retroactivo de homologación se generó de conformidad con lo señalado por
la Directiva Ministerial 10 de 2005, razón por la cual los intereses de mora deben
aplicarse bajo la óptica del citado acto administrativo.
vi) Finalmente, solicitó que se decrete la práctica de una inspección judicial (artículo
236 del CGP) con acompañamiento de peritos y se requiera a la entidad para que
acredite el pago por conceptos salariales y no salariales percibidos por el
accionante, con la indicación de la razón del pago; certificación de los pagos que se
hicieron por concepto de «reliquidación para las anualidades comprendidas entre
1995 a 2009 de los siguientes factores salariales y no salariales, como son
bonificación por servicios prestados; bonificación por recreación, horas extras,
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a
las cesantías, días de descansos compensatorios, no disfrutados y dejados de
cancelar»; igualmente la certificación de horas extras laboradas y canceladas con
indicación de cada hora, el total de días de descanso compensatorio concedidos o
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laborados con el señalamiento del valor de cada uno.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. Parte demandante
Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte
interesada guardó silencio.6
1.5.2. Parte demandada7
El Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación insistió en los argumentos
expuestos en el escrito de contestación de la demanda.
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la
sentencia apelada.8
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
Al sustentar el recurso de apelación, la demandante solicitó declarar la nulidad de
la sentencia de primera instancia; sin embargo, dicha petición también fue elevada
ante el a quo con idénticos razonamientos y de los cuales se infiere que la autoridad
llamada a resolver tal incidente era el Tribunal Administrativo del Atlántico, pues
6 Según constancia secretarial obrante a folio 372.
7 Índice 25 y 26 de Samai.
8
Índice 27 de Samai.
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Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
todos atañen al indebido agotamiento de la etapa probatoria en primera instancia y
la deficiencia argumentativa del proveído impugnado.9
Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre la
aludida solicitud de nulidad, por cuanto las reflexiones en que se fundamenta
corresponden a la sustentación del recurso de apelación y no a un trámite incidental
independiente, el cual, además, fue resuelto por el Tribunal, mediante providencia
de 28 de marzo de 2019.10
Así las cosas, no existe solicitud pendiente de resolver y resulta procedente emitir
sentencia de mérito en el sub lite.
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho a la reliquidación de
los valores señalados en la Resolución 00418 de 22 de enero de 2014, proferida
por el secretario de Educación del departamento del Atlántico; a la liquidación por
el periodo de 1995 a 2001 dentro del proceso de homologación de cargos y
nivelación; y al pago de los intereses moratorios por el reajuste salarial de
homologación.
2.3. Marco jurídico
El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos
El marco jurídico fue tomado de la explicación dada por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 1607 del 9 de diciembre
de 2004, con ponencia del magistrado Flavio Augusto Rodríguez Arce, frente al
9 En igual sentido se pronunció esta Subsección, mediante sentencia del 19 de agosto de 2021,
radicado: 08001-23-33-000-2014-00969-01 (3731-2019).
10 Folios 336 a 339.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos, el cual fue replicado recientemente por esta
Subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2020.11
En el referido concepto la Sala de Consulta explicó que con la Ley 43 de 1975 12 se
nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían
prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos.
Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre
de 1980.
Luego, a través de la Ley 60 de 199313, se ordenó la descentralización del
servicio educativo, desmontando así, la nacionalización ordenada por la ley
anterior. Allí se dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal
y los establecimientos educativos, a los departamentos y distritos, por lo que quedó
determinado que el personal administrativo del sector educativo que venía
prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía entregarse al
respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar parte de las
plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.
El traspaso o entrega de tales servidores, conforme con el régimen de
administración de personal, debía producirse a través de un proceso de
incorporación, «que para su perfeccionamiento requería de la homologación de
cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la
planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal
de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo
11 Radicado: 08001-23-31-000-2014-00796-01(2678-19).
12 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
13 Derogada por el art. 113, Ley 715 de 2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
1168 de 1996. «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según
los artículos 356y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»
11
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización
del servicio educativo hacia un ente territorial».
Posteriormente, la Ley 715 de 200114 pretendió municipalizar el servicio educativo
que había quedado departamentalizado previamente con lo que se dispuso que los
departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados
requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los
recursos del Sistema General de Participaciones - arts. 5 y 6-, aparejaba la
obligación de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos,
sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.
Las implicaciones del citado proceso en términos de la Sala de Consulta y Servicio
Civil fueron las siguientes:
i) Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo,
las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en
las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin
detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la
estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos
de sus empleados públicos, y establecerles un límite máximo salarial, dentro del
cual las entidades pudieran ejercer sus competencias según su situación fiscal.
ii) La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían
reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para
cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva
planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su
nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza
de las funciones, el nivel de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con
14 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la
remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.
iii) Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad
de las autoridades departamentales, sino a las resultas de un estudio técnico
concertado que permitiera ubicar los servidores en el grado de remuneración que
correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el
cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar y a los
demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el
Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992.
iv) El personal administrativo tenía una connotación muy particular, en tanto si
bien, sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la
entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, esa diferencia debía
asumirla esta última, pues se imponía la nivelación; pero los recursos propios se
comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o
el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el Gobierno.
v) En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el Sistema
General de Participaciones; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo
contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos propios.
En suma, con ocasión del proceso de descentralización del sector educativo las
entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las
respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.
2.4. Hechos probados
13
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
• La señora Ana Rogelia Monsalve González se vinculó a la Secretaría de Educación
del departamento del Atlántico desde el 1.º de enero de 1997, en el cargo de
técnico.15
• El Ministerio de Educación Nacional mediante oficio 2009EE30647 de 2009 expidió
concepto favorable al departamento del Atlántico para adelantar el proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.16
• El 28 de noviembre de 2011, a través del Oficio 3981, la Secretaría de Educación
Departamental puso en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional la
existencia de errores generados por la no aplicación del Decreto 1457 de 1998 en
la cuantificación aprobada por el Ministerio por valor de $37.175.354.744 y advirtió
que el nuevo valor sería $30.947.334.083.17
• El 29 de diciembre de 2011, por Oficio 2011EE77306, la Dirección de
Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional ordenó
suspender el proceso de pago por concepto de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo de la Secretaría de Educación del Atlántico hasta tanto
no se revise una propuesta de modificación de la liquidación aprobada por el
Ministerio fundamentada en la aplicación del Decreto Departamental 1457 de 1997
y se determine su impacto en los recursos destinados por la Nación para cubrir la
deuda.18
• El 11 de junio de 2013, mediante Oficio 2013EE34201, el aludido ministerio aprobó
el nuevo estudio técnico que incluyó todos los conceptos de nómina, parafiscales y
patronales durante el período 1997- 2009, por un costo de $27.388.338.173. A su
vez, el viceministro de educación preescolar, básica y media, por Oficio
2013EE86036 del 5 de diciembre de 2013, dirigido al Ministerio de Hacienda y
15 Información extraída de la Resolución 00418 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28).
16 Información extraída de la Resolución 00418 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28).
17 Información extraída de la Resolución 00418 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28).
18 Información extraída de la Resolución 00418 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28).
14
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
Crédito Público, certificó la necesidad proporcionar recursos para el proceso en
mención.19
• El 22 de enero de 2014, por Resolución 00418, la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos
a favor del personal administrativo que se financia con recursos del Sistema General
de Participaciones, de conformidad con la aprobación del estudio técnico y
certificación de la deuda por el Ministerio de Educación dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial. Concretamente, las consideraciones
de dicho acto administrativo son las siguientes:20
Que con la presente Resolución se pone fin a la última fase del proceso administrativo
de homologación de cargos y salarios, por lo que corresponde notificar personalmente
al beneficiario y/o interesado, representante o apoderado (art. 44 CCA) y solo es
susceptible del recurso de reposición, por expedirse en ejercicio de facultades
expresamente conferidas (D.208/09), en los términos de los artículos 49 y 50 del CCA.
Que de conformidad con los antecedentes legales de la vinculación del beneficiario,
se tiene que la evolución salarial de cargo que venía desempeñando durante los años
laborados que más adelante se citan es la siguiente:
NOMBRAMIENTO
Documento Cédula fecha 3 de marzo de 1993 cargo Ayudante de Oficina
Fecha de ingreso Dpto.: 01 de enero de 1997 Homologado a: Técnico
INFORMACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES
SGP GOBERNACIÓN
ACTO
AÑO ADMINISTRA- SALARIO DIFERENCIA
SALARIO ACTO ADMINISTRATIVO
TIVO DE DEPARTAME
SGP DE SALARIOS
SALARIOS NTO
SGP
Decreto 031 de
1997 489.024 594.720 Ordenanza No. 0000067 de 1996 105.696
1995
Decreto 40 de
1998 608.525 713.664 Ordenanza No. 000063 de 1997 105.139
1998
Decreto 035 de
1999 711.975 845.692 Ordenanza No. 000078 de 1998 133.717
1999
Decreto 2720 de
2000 777.691 923.749 Ordenanza no. 000002 de 2001 146.058
2000
Decreto 2710 de
2001 822.020 1.016.124 Ordenanza No. 000002 de 2001 194.104
2001
Decreto 660 de
2002 826.957 1.117.736 Ordenanza No. 000046 de 2001 254.779
2002
19 Información extraída de la Resolución 00418 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28).
20 Folios 196 a 204.
15
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
Decreto 3535 de
2003 915.598 1.184.801 Ordenanza No. 000036 de 2002 269.203
2003
Decreto 4150 y
2004 964.125 1.439.533 Ordenanza No. 000031 de 2003 475.408
4352 de 2004
Decreto 916 de
2005 1.017.152 1.439.533 Ordenanza No. 000012 de 2004 422.381
2005
Decreto 372 de
2006 1.068.010 1.511.510 Ordenanza No. 000002 de 2005 443.500
2006
Decreto 600 de
2007 1.116.071 1.579.528 Ordenanza No. 000026 de 2006 463.457
2007
Decreto 643 de
2008 1.179.576 1.669.403 Ordenanza No. 000028 de 2008 489.827
2008
Decreto 708 de
2009 1.270.050 1.797.421 Ordenanza No. 000057 de 2009 527.371
2009
Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le corresponde al funcionario MONSALVE
GONZÁLEZ ANA ROGELIA, la suma de $128.422.143, valor en el que se encuentran
incluidos los correspondientes pagos a terceros vinculados con nómina así:
$6.363.542; por aportes parafiscales; $13.596.977 por aportes patronales; sumas que
deben ser deducidas en el presente acto administrativo del valor total de liquidación,
quedando a su favor un valor neto a pagar de $108.461.624, sin perjuicio de los
descuentos a realizar por concepto de embargos, aportes a sindicatos según sea el
caso y los demás descuentos de ley.
Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los
salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los
salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del
Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados
conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las
diferencias salariales, en caso de que se presenten y las no salariales aplicables a
cada caso, como por ejemplo horas extras, prima de servicios, indemnización por
vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad,
bonificación especial de recreación; además de los cuales se calcularon los aportes
parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente establecidos. […]
Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados (indexados) con base en
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los respectivos años,
usando para ello la tabla de series de índices de empalme […].
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Previo a resolver el asunto, resulta pertinente indicar que, mediante auto del 21 de
febrero de 2021, el despacho ponente resolvió la solicitud de pruebas elevada por
la demandante al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
de primera instancia. En dicha providencia se consideró que, en aras de garantizar
el debido proceso de las partes, en esta instancia únicamente se decretarían las
pruebas previamente ordenadas por el a quo y cuya consecución quedó pendiente.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
En virtud de ello, se reiteró la orden de oficiar a la Secretaría de Educación del
Atlántico, para que remitiera la «certificación de pagos por concepto salariales y no
salariales, desde 1995 hasta 2009».
El 28 de junio de 2021, la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico
señaló que no se encontró registro de horas extras y descansos compensatorios no
disfrutados y dejados de cancelar de la demandante.21
Aclarado esto, el primer aspecto por abordar consiste en establecer si la
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico liquidó en debida forma los
valores señalados en la Resolución 00418 de 22 de enero de 2014,
específicamente las bonificaciones por servicios prestados y por recreación; las
cesantías y sus intereses; la indemnización por vacaciones; las horas extras; los
días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar; y las primas
de servicios, vacaciones, navidad y técnica.
Del estudio del expediente se tiene que el único parámetro de comparación que la
parte demandante esgrimió para indicar que no se liquidaron en debida forma los
citados emolumentos son las diferencias de salario establecidas en las Ordenanzas
de la Asamblea del Atlántico, sin que señale ningún argumento adicional.
Sin embargo, de la lectura de la Resolución demandada, la cual se transcribe en el
acápite de hechos probados, se advierte que la entidad sí atendió al valor del salario
contemplado en las citadas ordenanzas.
Luego, la parte actora no explicó en el recurso de apelación de qué forma la entidad
incurrió en una errónea liquidación, ni realizó diferenciación alguna frente a los
factores salariales o prestacionales, toda vez que concretó la diferencia en un monto
global por salario.
21 Folio 366.
17
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
En este orden de ideas, los documentos aportados al plenario impiden determinar
el error en la liquidación que pretende enrostrar la señora Monsalve González a la
Resolución 00418 de 22 de enero de 2014, pues su apoderado incumplió con la
carga de probar cuáles fueron las presuntas pautas normativas desconocidas por la
Secretaría de Educación, los yerros cometidos o los valores desconocidos.
A su vez, en lo que concierne a las horas extras, tampoco se allegaron elementos
de juicio que permitieran evidenciar cuál fue la jornada laboral desplegada por la
interesada; por el contrario, la entidad accionada afirmó que en sus archivos no
existían registros de horas extras y días compensatorios no disfrutados y dejados
de cancelar.
Es preciso hacer énfasis en que es a la parte actora a quien le incumbe señalar las
normas que considera infringidas, así como los vicios atribuidos al acto
administrativo y aportar soportes tendientes a corroborar su dicho, sin que le
corresponda al juez efectuar un control integral de legalidad de los actos acusados,
y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone a los sujetos
procesales.
En lo que se refiere a la reliquidación de las cesantías y sus intereses, advierte la
Sala que como no ha finalizado la relación laboral, el derecho se sigue causando
por lo que era apenas viable que no se incluyera en la liquidación el citado
emolumento, el cual, en el sistema de retroactividad, impone el pago al trabajador
al momento de culminar su vinculación, salvo en casos de retiros parciales. Y en el
sistema anualizado se deben liquidar anualmente al empleado, a través de acto
administrativo que puede cuestionarse en vía administrativa y que deben ser
consignadas en el fondo administrador de cesantías junto con sus intereses
correspondientes.
El segundo aspecto por abordar consiste en establecer si le asiste derecho a la
demandante al reconocimiento y pago de emolumentos laborales por el período del
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
1995 a 1997, producto del proceso de homologación y nivelación salarial, pues, en
su sentir, el ente territorial accionado renunció a la prescripción.
Al respecto, el literal b) de la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, fijó los efectos de la
homologación y nivelación salarial de los servidores administrativos del sector
educativo en los siguientes términos:
B. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN
Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las
reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de la
misma. Con base en este listado, debe proceder a determinar el monto de las deudas
respectivas.
Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que no
hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del
Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a los cuales las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo
escrito del titular de un derecho, o prestación debidamente determinado, recibido por
el empleador, interrumpe la prescripción por un lapso igual.
De acuerdo con dicha directiva, el Ministerio de Educación determinó que el aludido
proceso de homologación y nivelación salarial se sujetaría al ordenamiento jurídico
en relación con el fenómeno de la prescripción.
En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante
Concepto 2301 de 2016, explicó que el derecho al ajuste salarial no puede
prescribir; sin embargo, el retroactivo está sujeto a la prescripción trienal prevista
por el legislador, «de modo que una vez sea hecha una corrección de la
homologación o el funcionario la solicite (y sea procedente), solo se podría
reconocer el retroactivo hasta tres (3) años antes de esa circunstancia».22
En atención al anterior entendimiento, esta Subsección ha aclarado que las
reclamaciones que efectuaron los sindicatos ante la administración para obtener la
22 Concepto 2301 del 14 de diciembre de 2016, radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00.
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
nivelación salarial no impiden aplicar la prescripción trienal del retroactivo ni
tampoco puede admitirse una renuncia a esta figura. De esta manera, se ha
sostenido que «la prescripción es un postulado jurídico previsto en normas de orden
público que impide su renuncia o negociación en casos particulares como el
presente, y mucho menos por parte de la misma administración que por el contrario
debe garantizar su aplicación».23
En efecto, esta corporación ha explicado que las entidades públicas no están
facultadas para renunciar a la prescripción, pues están llamadas a salvaguardar el
interés general, a través de la protección del erario.24
Por último, respecto del tercer aspecto por abordar, referente al pago de intereses
moratorios del reajuste salarial de homologación, es pertinente reiterar la postura
adoptada por esta Subsección en asuntos similares,25 según la cual dichos intereses
tienen un carácter sancionatorio, por lo que su reconocimiento debe estar
consagrado en una norma que lo autorice expresamente, es decir, que faculte el
cobro para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho.
Así pues, se observa que en el presente asunto no se generó a cargo de la entidad
accionada el pago de los intereses moratorios pretendidos, puesto que no se dijo
nada al respecto en la resolución que reconoció el retroactivo y tampoco existe
norma que expresamente los consagre.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el recurso de apelación propuesto contra la
sentencia de primera instancia no prospera, por ende, se impone su confirmación.
2.6. De la condena en costas
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2021,
radicado: 08001-23-33-000-2014-00969-01 (3731-2019).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado:
11001-03-15-000-2019-03894-01.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017,
radicado: 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-2015).
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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,26 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas por
cuanto no se encuentra probada su causación de conformidad con el numeral 8 del
artículo 365 del CGP.
3. Otros aspectos procesales
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014)
21
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
El 26 de julio de 2022, el dependiente judicial del abogado de la parte demandante
allegó un escrito a través del cual informó que este último sufrió una afección
cerebrovascular por lo que tuvo que ser internado en la unidad de cuidados
intensivos de la Clínica General del Norte, situación que, al tenor de lo dispuesto en
el numeral 2º del artículo 159 del CGP, origina una causal de interrupción del
proceso; sin embargo, como el inciso final del aludido artículo prevé que esta ocurre
«a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente» al
hecho que motiva la causal, se dispone que una vez surtida dicha notificación, la
Secretaría de la Sección Segunda requiera periódicamente al abogado Isaac
David Pugliesse Sepúlveda, quien se identifica como dependiente judicial del doctor
Javier Torres Velásquez, para que, en atención al deber que le asiste de colaborar
con la administración de justicia, informe sobre el estado de salud del referido
profesional y, de ser posible, allegue los respectivos soportes médicos.
Una vez la Secretaría advierta que cesó la causal de interrupción del proceso
(enfermedad grave del apoderado judicial núm. 2 art. 159 del CGP) o que esta sufrió
alguna modificación, deberá proceder según corresponda, ya sea reanudando el
conteo de los términos o dando aplicación a lo establecido en el artículo 160 del
CGP.
4. Conclusión
Con base en la perceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la demandante no demostró los yerros que
presuntamente se cometieron en la liquidación efectuada en la resolución enjuiciada
y tampoco le asiste derecho al pago de emolumentos laborales por el período de
1995 a 1997 ni de intereses moratorios, por lo que debe confirmarse la decisión de
primera instancia.
22
Radicado: 08001 23 33 000 2014 00805 01 (3177-2019)
Demandante: Ana Rogelia Monsalve González
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia de trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A dentro del
proceso instaurado por Ana Rogelia Monsalve González contra el departamento del
Atlántico, Secretaría de Educación, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas de segunda instancia a la parte actora.
Tercero.- Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3. de esta
providencia, «otros aspectos procesales».
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
GMSM
23
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