RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2014-00817-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00817-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00817-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. 26 No. Interno: 6297– 2018 Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado Demandado: Departamento del Atlántico SEGUNDO.- Sin condena en costas TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00817-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 080012333000201400817 01
No. Interno : 6297 – 2018
Demandante : JUDITH ESTHER BOLÍVAR MERCADO
Demandado : Departamento del Atlántico, Secretaría de
Educación Departamental
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Retroactivo por homologación del cargo e
intereses moratorios sobre pago de nivelación
salarial
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

La señora Judith Esther Bolívar Mercado, a través de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para se declare la nulidad de la Resolución 00368 del 22 de enero de 2014,
proferida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, que
“(…) ordena el reconocimiento y pago de valores retroactivos a favor del personal
administrativo que se financia con recursos del Sistema General de Participaciones de
conformidad con la aprobación del estudio técnico y certificación de la deuda por el
Ministerio de Educación Nacional, dentro del proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial”.

2

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

A título de restablecimiento del derecho pidió reliquidar las sumas que por
concepto de retroactivo de la homologación salarial se reconocieron en el
mencionado acto administrativo, es decir, la diferencia que resulte “entre el
salario fijado en las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico para esas anualidades y
el salario recibido por intermedio de la Secretaría de Educación Departamental”, por
los años 1995 a 20091; liquidar el retroactivo por homologación de cargos y
nivelación salarial de los años que no le fueron reconocidos, esto es, de 1995 a
1999; el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, no sólo a partir del
29 de diciembre de 2011 hasta enero de 2014, sino también desde el momento
en que se hizo efectivo el derecho desde el año 1995; y, la devolución de los
descuentos efectuados por aportes parafiscales (CAJACOPI, ICBF, SENA,
ESAP, Escuelas e Instituciones Industriales y Técnicas) y patronales - ARP.

De la misma forma, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 193 del CPACA, y se condene al pago de costas
conforme al artículo 188 ibidem.

1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 1 - 17), en
síntesis, son los siguientes:

La señora Judith Esther Bolívar Mercado prestó sus servicios en la Secretaría
de Educación del Departamento del Atlántico, en calidad de personal
administrativo desde el año 1997 (sic).

La Gobernación del Atlántico dio inicio al proceso administrativo de
homologación de cargos y nivelación salarial de sus empleados, proceso que
fue aprobado, mediante el Oficio No. 2009EE30647 del 3 de junio de 2009,
expedido por el Ministerio de Educación Nacional; así a través del Decreto 208
de 2009 se ordenó nivelar salarialmente a los servidores administrativos de la
educación a la planta de personal del ente territorial. Mediante la Resolución

1
Con base en tal diferencia se calculan los factores salariales tales como: bonificación por servicios prestados, bonificación
por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses sobre
cesantías e indemnización por vacaciones (que no fueron canceladas).

3

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

03853 del 26 de junio de 2009, la Secretaría de Educación del Departamento
del Atlántico, asignó la correspondiente denominación, código, grado y salario
mensual a la demandante.

Por medio del Oficio 2013EE34201 de 11 de junio de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional, aprobó el nuevo estudio técnico de homologación y
nivelación de cargos.

Mediante la Resolución 00368 del 22 de enero de 2014, la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, reconoció a la demandante el
retroactivo salarial dentro del proceso de homologación de cargos y salarios, en
forma incompleta y sin tener en cuenta en los años liquidados los factores
salariales correspondientes. De igual forma, se realizan descuentos por
concepto de aportes a salud, pensión y fondo de solidaridad y sindicatos, según
el caso.

Señaló que, en el “mencionado acto administrativo se hace una serie de descuentos
correspondientes a aportes parafiscales, patronales, salud y pensión; de igual manera
ordena a la Tesorería Departamental se hagan los descuentos de estampillas de
PROCULTURA, PRO-CIUDADELA, PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL y nuevamente
pensión y salud.” Refirió que por la forma como se encuentra vinculada la
demandante, estos descuentos y aportes a parafiscales le corresponden por ley
pagarlo al empleador, es decir, a la Gobernación del atlántico, y no son de
resorte del trabajador.

Sostuvo que mediante la Resolución 00368 del 22 de enero de 2014, no le
fueron liquidadas correctamente desde el año 2000 a 2009, lo correspondiente
a bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de
servicios, prima de vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de navidad,
cesantías e intereses a las cesantías e indemnización por vacaciones, lo mismo
que los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes: artículos 1, 2,

4

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

4, 6, 13, 25 y 53 de la1551, 1553 y 2514 Constitución Política; 168, 179 y 181
del Código Sustantivo del Trabajo; 33 y 38 del Decreto 1042 de 1978; 151 del
Código Procesal del Trabajo; 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969; 1551, 1553
y 2514 del Código Civil.

Señaló que, del año 1995 al 2009, no le fueron liquidadas correctamente la
bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de navidad, cesantías e
intereses sobre cesantías y que la indemnización por vacaciones no le fue
cancelada.

Afirmó que el acto acusado no tuvo en cuenta en los años liquidados, los
factores salariales pretendidos y realizó una serie de descuentos
correspondientes a aportes parafiscales, patronales, salud, pensión y
estampillas, que no se debían efectuar a quienes estuvieran vinculados por
nombramiento, sino solamente a las personas que habían suscrito contrato de
prestación del servicio con el Estado.

Alegó que tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor recibido
por retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha en la
cual la Secretaría de Educación suspendió el pago de la homologación por
solicitud del Ministerio de Educación Nacional, sino desde que se hizo efectivo
el derecho al pago del reajuste salarial, es decir, desde el año 1995.

Enfatizó que el proceso de homologación y nivelación salarial aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional y el gobierno departamental, tuvo dos
momentos, el primero, la incorporación, consistente en homologar al
administrativo a la planta de personal del departamento y el otro, que
corresponde al pago del retroactivo, el cual según explicó, deriva de la Directiva
Ministerial No. 10 de 2005, en la que se dio inicio al proceso de homologación
indexado, preparando a las directivas de los entes territoriales para que
tramitaran sus propias homologaciones, tendiente a que los funcionarios
recibieran el retroactivo salarial de oficio.

5

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Manifestó que la entidad demandada desconoció lo antes expuesto al liquidar
de manera incompleta los años que le fueron reconocidos, obviando el
reconocimiento del retroactivo salarial a que tiene derecho.

Resaltó que el derecho al retroactivo no está prescrito para los vinculados antes
del 3 de mayo de 2000, pues conforme lo corrobora el acuerdo suscrito entre el
MEN y SINTRENAL, el Gobierno Nacional en consideración a la declaración
suscrita el 27 de octubre de 1998 respecto a la equidad salarial, coadyuvaría
con el fin de que se surtiera un proceso de homologación salarial para todos los
funcionarios administrativos de la educación pagados con recursos del situado
fiscal.

2. Contestación de la demanda

El Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental, mediante
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, mediante memorial
visible a folios 81 a 91 del expediente, por cuanto no se ha amenazado ni
vulnerado derechos particulares, legales ni constitucionales.

Hizo referencia al sistema de liquidación de las cesantías para los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1990, contemplado en la Ley 91 de 1989,
preservado en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, con arreglo a lo cual el mismo
se mantendría indemne y continuaría el de la irretroactividad o anualizado, como
es el caso de la “docente demandante” (sic), que se vinculó a partir de julio de
1997 (sic).

Señaló que “siendo el régimen prestacional de los docentes de naturaleza especial, el
mismo es de aplicación preferente al de carácter general, conforme a los términos del
artículo 10 del C.C. subrogado por el artículo 5 de la Ley 75 de 1887, numeral 1, según el
cual “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga el carácter de
general …”, con lo cual no es de recibo, por este aspecto, la pretensión del actor respecto
a la aplicación de una norma general que no guarda armonía con la naturaleza especial
del cargo ocupado por el mismo.”

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
argumentando que la demandante pretende en la demanda establecer la

6

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

existencia de una responsabilidad solidaria por parte del Departamento del
atlántico respecto a las condenas y declaraciones formuladas contra el Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, en donde carece de interés
sustancial en el resultado de proceso.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 12 de diciembre
de 2017 (ff. 270 – 279), declaró no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva y negó las pretensiones de la demanda.

Se refirió a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Atlántico, al manifestar que se predica la existencia de una
legitimación en la causa de hecho, en virtud de que la demanda está dirigida en
contra de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por haber
sido la entidad que expidió el acto administrativo, y en caso de acceder a las
pretensiones, sería el encargado del reconocimiento y pago de la reliquidación
de los años solicitados por el demandante dentro del proceso de homologación
de cargos y nivelación salarial, motivo por el cual no le asiste razón a la entidad
excepcionar en este sentido.

Analizó las pruebas allegadas al expediente y enlistó la normatividad aplicable
al caso con relación a la homologación y nivelación salarial realizada en el
Departamento del Atlántico, para considerar que los empleados trasladados
tenían derecho a que al momento de la incorporación a las plantas territoriales
se verificara que no quedarían en una situación laboral desfavorable, en relación
con otros empleados en el respectivo departamento o municipio.

Sostuvo que no encuentra fundamento jurídico o probatorio para acceder a las
pretensiones de la demanda, en cuanto con el acto administrativo acusado, la
Secretaría de Educación Departamental, le reconoció al demandante los valores
retroactivos dentro del proceso de homologación de cargos y salarios hasta junio
de 2009, debidamente indexados, en donde el valor reconocido, fue el resultado
de la aplicación aritmética realizada a la sumatoria de las diferencias salariales
recibidos durante 2000 a 2009, teniendo en cuenta los factores salariales de horas

7

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

extras, prima de servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio
de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados,
prima de servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación.

Manifestó que, con relación a los factores salariales de cesantías, horas extras,
indemnización por vacaciones y días de descanso compensatorio no disfrutados
y dejados de cancelar, no se logró evidenciar prueba alguna que establezca que
la demandante devengó los factores salariales mencionados dentro de los años
2000 a 2009.

Sostuvo que no obra medio probatorio respecto del cual se concluya que los
dineros reconocidos en el acto administrativo por concepto de homologación y
nivelación salarial, no corresponden a los que la demandante devengó en los años
solicitados, puesto que solo se limitó a informar de una presunta mala liquidación,
sin que obre prueba que confirmen su dicho.

Refirió que “era necesario que el (sic) demandante probara que hubiera requerido el
reconocimiento y pago de la homologación y nivelación salarial de sus cargos por el lapso
de tiempo de 1995 a 1999, pues tal como lo afirma la misma Directiva Ministerial N° 10,
solo se pagaran los retroactivos por aquellos años respecto de los cuales el fenómeno de
la prescripción no hubiera acaecido, por lo que era obligación del demandante, allegar
copia del recibido del escrito contentivo del derecho de petición.”

Concluyó que no tiene derecho la demandante a la reliquidación de los años 2000
a 2009, teniendo en cuenta los factores salariales de bonificación por servicios
prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima técnica, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías, horas
extras, indemnización por vacaciones y días de descanso compensatorio. De la
misma forma, no procede la liquidación de los años 1995 a 1999, y el
reconocimiento de los intereses moratorios por cuanto no hay lugar a declarar el
reajuste salarial desde el año 2000, motivo por el cual el acto administrativo se
encuentra ajustado a derecho.

4. Solicitud de recusación y nulidad procesal

8

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Después de proferido el fallo de primera instancia, la parte actora recuso a los
magistrados integrantes de la Sala, por existir “enemistad grave”, conforme al
escrito visible a folios 285 a 287 del expediente. De la misma forma, solicitó ante
el Tribunal la nulidad del proceso, alegando que no se remitieron al expediente
las pruebas solicitadas, y que la sentencia se fundamenta en consideraciones
inexactas alejadas de la realidad jurídica y procesal, cometiendo con ello
evidentes errores de hecho y de derecho (ff. 288 – 333).

A través de los autos del 9 de marzo de 2018 (ff. 385 – 386), 10 de abril de 2018
(ff. 388 – 389) 25 de abril de 2018 (ff. 391 – 394) y 25 de mayo de 2018 (ff. 396
– 402) se declaró no probada la recusación formulada por el apoderado del
demandante en contra de los integrantes de la Sala de Decisión “A” del Tribunal
Administrativo del Atlántico, y se ordenó la devolución del expediente a la
magistrada ponente para que se continue con la actuación correspondiente.

Luego, mediante auto de 9 de octubre de 2018 (ff. 410 – 412 reverso), el
Tribunal negó la solicitud de nulidad de lo actuado, formulada por el apoderado
de la parte demandante, al considerar que no se daban los presupuestos para
que la causal invocada se configurara.

5. Fundamento del recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante solicita que se revoque la sentencia de
primera instancia, por medio del cual se niegan las pretensiones de la demanda,
y como consecuencia de ello, se accedan, con los siguientes razonamientos2:

Alegó que el a quo erró al considerar que no cumplió con la carga procesal que
le asistía, puesto que en el acto demandado es claro que la liquidación del
retroactivo se hizo mal, en cuanto a la “bonificación por servicios prestados,
bonificación por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica,
prima de navidad, cesantías e intereses sobre cesantías e indemnización por
vacaciones (no fueron canceladas) lo mismo que los días de descanso compensatorio
no disfrutados y dejados de cancelar”.

2
Folios 334 a 379 del expediente.

9

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Manifestó que, en el trámite del proceso, solicitó la práctica de una inspección
judicial con el fin de demostrar los factores salariales no tenidos en cuenta en
su liquidación.

Sostuvo que en el momento de realizarse la homologación tenían que nivelarse
no sólo la remuneración ordinaria fija o variable que devengaba la demandante,
sino también el valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor
del trabajo en días de descanso obligatorio.

Precisó que no ha operado el fenómeno de la prescripción del derecho, teniendo
en cuenta que, de conformidad con el Acuerdo de 3 de mayo de 2000 3 celebrado
entre el sindicato nacional SINTRENAL y el Ministerio de Educación Nacional,
con ocasión del cual se causó el retroactivo por la equiparación de cargos desde
el año 1997, no se estableció el límite temporal en el que debía ejecutarse el
proceso de homologación y nivelación salarial.

Añadió que tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios,
toda vez que el retraso en el pago del retroactivo por la homologación salarial
se debió: i) a la suspensión del proceso en el año 2011, dados los actos ilícitos
cometidos por las autoridades gubernamentales del departamento; y ii) a que la
administración debió efectuar la respectiva homologación de cargos y nivelación
salarial, para el caso de la accionante, desde el 1997 cuando adquirió el
derecho.

Señaló que la figura de la indexación es diferente a los intereses moratorios, en
tanto, la primera, obedece a la devaluación de la moneda y, la segunda, a la
mora del deudor en el pago de una obligación.

Reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad interpuesta contra
la sentencia de primera instancia, en la cual pidió la práctica de pruebas que,
en su sentir, no fueron decretadas por el a quo y que considera necesarias para
resolver el asunto.

3
“El Ministerio de Educación Nacional y SINTRENAL se comprometen (...) a elaborar una propuesta para homologación
salarial en los entes territoriales, de los funcionarios administrativos pagos con recursos del situado fiscal respecto de los
funcionarios del orden territorial que desempeñen iguales o similares funciones”.

10

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

5. Alegatos de conclusión

Vencido el término concedido para presentar alegatos de conclusión (f. 439) ,
en el curso de la segunda instancia, las partes y el Agente del Ministerio Público,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, procede revocar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará
si la señora Judith Esther Bolívar Mercado tiene derecho a la reliquidación de la
suma reconocida en la Resolución 00368 del 22 de enero de 2014, por concepto
del retroactivo pagado con ocasión de la nivelación y homologación salarial de
su cargo. Así mismo, si tiene derecho al pago de intereses moratorios sobre el
valor que le canceló la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
por la homologación y nivelación salarial, en calidad de personal administrativo,
realizado en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del servicio educativo.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 7

11

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

de diciembre de 20044, reseñó el proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 19935 y 715 de 20016, en virtud del cual
las entidades territoriales (departamentos y municipios) debieron recibir el
personal administrativo vinculado previamente con la Nación, mediante un
proceso de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base
para su incorporación a las plantas territoriales de personal.

En el marco de dicha explicación, la Sala de Consulta expuso que la Ley 43 de
19757 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias
y comisarias, resaltando que, en consecuencia, los gastos de la prestación del
servicio educativo serían a cargo de la Nación.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993, con fundamento en los artículos
151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, que implementó la
descentralización del servicio educativo, y por ende, se desmontó la
nacionalización prevista en la Ley 43 de 1975, ordenándose que la Nación
entregaría a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos.

En el numeral 5 del artículo 3 ibidem se dispuso que correspondería a los
departamentos administrar los recursos cedidos por la Nación para la prestación
del servicio de educación, y en su inciso 5º que, en virtud de la incorporación,
las plantas de personal serían departamentales, administradas en los términos
del artículo 6º, según el cual sus escalas salariales serían las de orden
departamental, distrital o municipal:

“ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus
reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de

4
Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional,
referencia: Costos de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos. Entrega del
mismo a las entidades territoriales.
5
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones"
6
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.
7
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones.”

12

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos
estatales. Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes
y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la
carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de
personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o
vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán
ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de
1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas
por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo
por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la
presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación
que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos. El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos
los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante
tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los
órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-
ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen.
Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad
con la Ley 4a. de 1992. Las funciones de dirección del sistema de salud, se
realizará a través de las direcciones locales, distritales y seccionales según
las competencias definidas en la presente ley. Las entidades prestadoras de
servicios de salud, estarán dotadas de personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa, en concordancia con el parágrafo 1o del artículo
19 de la ley 10 de 1990, y se les aplicará el régimen de personal previsto en
el artículo 26 de dicha ley. (…)”.

El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación
también debió entregarse a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que para materializarse exigía “de la homologación de cargos
(comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de
la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los
departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía
características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio
educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que según el decreto 2400 de 1968 -
art. 48 - 8, la incorporación operaba por reorganización de dependencias o el traslado

8
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 ley 443/98.

13

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

de funciones de una entidad a otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme
a la ley 443 de 19989, también por la supresión del empleo de carrera o por fusión o
supresión de entidades o traslado de una entidad a otra o modificación de planta” 10.

Cabe destacar que la homologación e incorporación de los cargos de quienes
venían del nivel nacional, requirió de la nivelación de salarios cuando no existían
cargos iguales, y el reajuste de la estructura de las entidades territoriales para
prestar el servicio educativo, para lo cual tuvieron que tener en cuenta la
clasificación, funciones, grado de responsabilidad y requisitos para el ejercicio
de los empleos, para así fijar la remuneración.

A su turno, la Ley 715 de 200111 estableció que los departamentos certificarían
a los municipios para que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos también
administraran recursos del Sistema General de Participaciones, con la
obligación de recibir el personal de los departamentos y, reguló la incorporación
a las plantas de personal así:

“Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios. Establecidas las plantas, los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos,
que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad. Los docentes, directivos
docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1°
de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de
prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional,
deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su
incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

(…)

Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de
los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios,
en un período máximo de dos años, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la presente ley.

9
Derogada por la ley 909/04.
10
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
11
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros

14

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos
a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente
ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar
en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al
traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de
Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y
prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de
servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo,
y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001, por el municipio o el
departamento, indistintamente, serán vinculados de manera provisional
durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre, deberán, los
departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1° de
febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes
de prestación de servicios por los departamentos o municipios, dentro de los
dos meses antes y el 1° de noviembre de 2000, demostrando solución de
continuidad durante ese período, y que cumplan los requisitos del cargo,
serán vinculados de manera provisional durante el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de
servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo,
y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante
el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de
requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado
del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial.

(…)”.

2.3.2. De lo probado en el proceso

En el plenario se encuentran probados los siguientes hechos:

Por oficio 2009EE30647 de 3 de junio de 2009, el Ministerio de Educación
Nacional aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación salarial

15

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

presentado por el departamento del Atlántico 12. En virtud de lo anterior, dicho
ente territorial expidió el Decreto 208 de 24 de junio de 2009, en el que se
homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría
de Educación y establecimientos educativos de ese departamento, financiados
con recursos del sistema general de participaciones13.

En consecuencia, el 16 de diciembre de 2010, el Ministerio de Educación
Nacional certificó la deuda presentada con corte a 23 de julio de 2007 y el ente
departamental expidió actos administrativos, en los que reconoció a algunos
servidores lo correspondiente al procedimiento de homologación y nivelación
salarial, incluida la demandante, a quien mediante la Resolución 00368 del 22
de enero de 2014, se le reconoció la suma de $17.563.373 por concepto de
homologación y nivelación salarial14.

Debido a algunas inconsistencias presentadas durante el trámite de cálculo de
deuda, el procedimiento de pago fue suspendido hasta que, mediante Oficio
2013EE34201 de 11 de junio de 201315, el Ministerio de Educación Nacional
aprobó el nuevo estudio técnico.

Conforme a la certificación que obra a folio234 del expediente, la señora Judith
Esther Bolívar Mercado, ingresó a la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico, el 28 de julio de 1986 hasta el 25 de agosto de 2011, tiempo
durante el cual se desempeñó en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales
Grado 22 en la Institución Educativa Comercial Francisco Javier Cisneros
Puerto, en la ciudad de Puerto Colombia (Atlántico).

A través de la Resolución 00369 de 22 de enero de 2014, expedida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico en la que se reconoció
y ordenó el pago a favor de la señora Judith Esther Bolívar Mercado de la suma
indexada de $17.563.373, por concepto de valores retroactivos dentro del
proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, hasta junio de 2009,
de acuerdo con lo devengado anualmente, los aportes parafiscales patronales

12
Ver parte considerativa de la Resolución 00368 de22 de enero de 2014.
13
Ibidem.
14
Folios 11 - 19.
15
Folios 125 -127.

16

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

y sus correspondientes descuentos, en los siguientes términos:

“(...)

Que de conformidad con los antecedentes legales de la vinculación del beneficiario, se tiene que
la evolución salarial del cargo que venía desempeñando durante los años laborados que más
adelante se citan es la siguiente:

(…)

INFORMACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES
SGP GOBERNACIÓN
Acto Acto
Año Salario Salario DIFERENCIA
Administrativo Administrativo
SGP Departamento
de Salarios de Salarios
1997
1998
1999
Ordenanza
Decreto 2720
2000 300.622 324.767 No. 000002 de 24.145
de 2000
2001
Ordenanza
Decreto 2710
2001 327.678 357.244 No. 000002 de 29.566
de 2001
2001
Ordenanza
Decreto 660
2002 347.339 392.968 No. 00046 de 45.629
de 2002
2001
Ordenanza
Decreto 3535
2003 406.481 416.546 No. 000036 de 10.065
de 2003
2002
Decreto 4150 Ordenanza
2004 432.862 y 4352 de 506.103 No. 000031 de 73.241
2004 2003
Ordenanza
Decreto 916
2005 456.670 556.713 No. 000012 de 100.043
de 2005
2004
Ordenanza
Decreto 372
2006 479.504 584.549 No. 000002 de 105.045
de 2006
2005
Ordenanza
Decreto 600
2007 501.082 610.854 No. 000026 de 109.772
de 2007
2006
Ordenanza
Decreto 643
2008 529.594 645.611 No. 000028 de 116.017
de 2008
2008
Ordenanza
Decreto 708
2009 570.214 695.129 No. 000057 de 124.915
de 2009
2009

Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, le corresponde al funcionario BOLIVAR MERCADO JUDITH
ESTHER la suma de $21.141.347, valor en el que se encuentran incluidos los correspondientes
pagos a terceros vinculados con nómina, así: $1.145.225 por aportes parafiscales; $2.432.749
por aportes patronales; sumas que deben ser deducidas en el presente acto administrativo del
valor total de liquidación, quedando a su favor un valor a pagar de $17.563.373, sin perjuicio
de los descuentos a realizar por concepto de aportes del empleado a salud, pensión, fondo de
Solidaridad, sindicatos y descuentos de embargo, según sea el caso y los demás descuentos
de Ley.

17

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética realizada a
la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los salarios recibidos por
el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los salarios vigentes para la misma
época que devengaban en la Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados
con recursos propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto
de la sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no salariales
aplicables a cada caso, como, por ejemplo, horas extras, prima de servicios, indemnización por
vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad, bonificación especial de recreación;
además de los cuales se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos
sindicales legalmente establecidos. Dichos factores salariales se describen a continuación:

FACTORES SALARIALES QUE AFECTAN LA HOMOLOGACIÓN

Año Prima de Prima técnica Horas Indemnización por
Antigüedad Extras Vacaciones
1997
1998
1999
2000 0 1.803.732 0 0
2001 0 1.966.068 0 0
2002 0 2.084.034 0 0
2003 0 2.438.886 0 0
2004 0 2.597.172 0 0
2005 0 2.740.020 0 0
2006 0 2.877.024 0 0
2007 0 3.006.492 0 0
2008 0 3.177.564 0 0
2009 0 3.421.284 0 0

(...)

RESUELVE:

(...)

AÑO DEVENGAD APORTES APORTES TOTAL
O PARAFISCALES PATRONALES
INDEXADO
1997 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
2000 12.816 590 1.192 14.599
2001 1.046.567 52.057 105.103 1.203.727
2002 1.518.699 80.339 162.205 1.761.243
2003 312.705 17.721 35.780 366.206
2004 2.148.633 128.956 267.228 2.544.817
2005 2.793.795 176.146 369.707 3.339.648
2006 2.812.718 184.953 393.116 3.390.787
2007 2.784.885 193.276 417.667 3.395.828
2008 2.750.846 204.271 446.866 3.401.984
2009 1.381.709 106.914 233.887 1.722.510
TOTALES 17.563.373 1.145.225 2.432.749 21.141.347

Parágrafo primero:

18

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Para todos los efectos legales y fiscales, los aportes parafiscales, patronales y las deducciones
por concepto de retenciones tributarias, se discriminan de la siguiente manera:

(...)

APORTES PATRONALES

CESANTÍAS 796.121
SALUD 668.343
PENSIÓN 925.844
ARP 42.441
SUBTOTAL 2.432.749

(...)”.

El Departamento del Atlántico comunicó a la actora la Resolución 00368 del 22 de
enero de 2014, sobre la cual se aplicaron los siguientes descuentos16:

“
VALOR BRUTO 17.563.373
ESTAMPILLAS PROCULTURA 39.027
ESTAMPILLA PRODESARRROLLO 7.806
ESTAMPILLA PROCIUDADELA 7.806
ESTAMPILLA PROECTRIFICADORA 7.806
SALUD 325.218
PENSIÓN 308.615
FONDO SOLIDARIDAD 0
EMBARGO DE ALIMENTOS 0
EMBARGO EJECUTIVO 0
SINDEATLAN 34.382
SINTRAENAL 41.311
SINTRAODEA 0
TOTAL DEDUCCIONES 771.971
NETO A PAGAR 16.791.4020

(…)”

2.4. Solución del caso concreto

La demandante solicitó la nulidad del acto administrativo que ordenó a su favor
el reconocimiento y pago de valores retroactivos como empleada administrativa
de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, dentro del proceso

16
Folio 63

19

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

de homologación de cargos y nivelación salarial, al considerar que la liquidación
se realizó de manera incorrecta, pues, en su criterio, debe pagársele el
resultante de la diferencia salarial fijada en las ordenanzas de la Asamblea del
Atlántico por las anualidades de 1995 a 2009, con la inclusión de la totalidad de
las horas extras laboradas, los días compensatorios disfrutados y no pagados y
prima técnica entre otros factores.

Así mismo, adujo que tiene derecho al reconocimiento de los intereses
moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le canceló la
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por concepto de
nivelación y homologación salarial, dada su incorporación como empleada
administrativa a la planta de personal de dicho departamento.

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al
señalar, en síntesis, que la actora no probó la existencia de los derechos
reclamados, ni acreditó cuál fue el error aritmético cometido por el Departamento del
Atlántico al momento de liquidar el retroactivo de los salarios y prestaciones producto
del proceso de nivelación y homologación salarial. Además, precisó que las sumas de
dinero que resultaron a favor de la accionante se reconocieron y pagaron de forma
indexada, por lo que no hay lugar a reconocer los intereses moratorios pretendidos.

Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia. Afirmó
que la liquidación del retroactivo fue errada, toda vez que no se incluyeron la
totalidad de los factores salariales percibidos durante los años 1995 a 2009.
Adicionalmente, sostuvo que tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, toda vez que hubo un retraso en el pago del retroactivo
por la homologación salarial.

De lo anterior, se advierte que: (i) la demandante se vinculó como personal
administrativo del servicio educativo oficial y, como consecuencia de la
descentralización de dicho servicio, el cargo que ocupaba fue homologado y
nivelado salarialmente en la planta de personal de la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico; (ii) mediante la Resolución 00368 del 22 de enero
de 2014 dicha entidad territorial reconoció el retroactivo resultante del proceso

20

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

de homologación y nivelación salarial, por el periodo comprendido entre 2000 y
2009.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se evidencia en primer
lugar que, la demandante solicitó en el recurso de apelación17 que se ordenará
al Contador del Tribunal realizar la liquidación para demostrar la veracidad de
las pretensiones de la demanda, pues según adujo, la entidad accionada no
remitió las pruebas que sustentaban sus argumentos, pese a que tiene una
posición más favorable para hacerlo.

Al respecto, el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que el juez de segunda instancia puede
decretar las pruebas solicitadas siempre que estas se hayan pedido en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, únicamente
en los siguientes casos:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS.

(...)

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin
culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de
ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles”.

17
Ver folio 375

21

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Ahora bien, se evidencia que el Tribunal, en la audiencia inicial celebrada el 4
de febrero de 2016, tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda y ofició a la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico
para que, en el término de diez días aportara copia de los documentos
solicitados por la demandante, orden cumplida por la entidad demandada en el
Oficio 0747 del 8 de marzo de 201618.

Adicionalmente, el a quo negó la inspección judicial, sin que la demandante
controvirtiera dicha decisión dentro del término señalado en la ley y, por ende,
se encuentra en firme (ff. 112 – 115).

De lo expuesto, se advierte que la situación de la demandante no se enmarca
en los supuestos previstos en el artículo 212 del CPACA, antes citado, toda vez
que no se evidencia que se haya cumplido alguno de los supuestos establecidos
por la norma para su procedencia.

En consecuencia, al no cumplirse con los supuestos exigidos en el artículo 212
del CAPCA y no encontrarse una violación al derecho de defensa y debido
proceso de la parte demandante, es improcedente la práctica de las pruebas
solicitadas en el recurso de apelación.

Ahora bien, con relación a la reliquidación del retroactivo reconocido por
homologación y nivelación salarial, la Sala advierte que en la Resolución 00368
del 22 de enero de 2014 no se precisaron los valores que se tuvieron en cuenta
por concepto de factores salariales y prestacionales para liquidar las sumas a
pagar, así como tampoco la forma en que se efectuó la indexación de las sumas
reconocidas, sin embargo, como se trata de un acto administrativo, que goza de
la presunción de legalidad, debió ser desvirtuada por la interesada, a través de
medios probatorios idóneos.

Al respecto, se advierte que ni en la demanda ni el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la parte actora expuso los
errores puntuales en los que presuntamente incurrió la administración al liquidar
las acreencias reconocidas, pues si bien se señaló un valor total al establecer

18
Folio 130 - 131.

22

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

la cuantía de la demanda e incluso al liquidar indicó unas sumas diferentes por
concepto de sueldo a las tenidas en cuenta en la resolución demandada, no
indicó el sustento de dichas diferencias, las cuales claramente son superiores,
ni señaló si la entidad se equivocó al homologar y nivelar el salario. Quiere decir
lo anterior, que la parte demandante no indicó con claridad y detalle la razón por
la que la liquidación es defectuosa y debe ser examinada.

Asimismo, se advierte que contrario a lo indicado por la parte demandante, el
solo contenido del acto administrativo acusado no es prueba de la supuesta
omisión de la entidad demandada de incluir los conceptos reclamados, pues se
evidencia que el valor reconocido por el departamento es superior al que
reclama en la demanda. No obstante, no se encuentra sustento de los valores
reclamados por la parte actora, y como se indicó, no existe ni siquiera
coincidencia entre los valores correspondientes al cargo homologado, según las
Ordenanzas anexadas al expediente.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las horas extras reclamadas en el
recurso de apelación, se observa que nada se dijo sobre este punto en la
demanda, sino que, con posterioridad es que se reclama sobre este aspecto.

Igualmente, se evidencia la parte actora no solicitó en la demanda ninguna
prueba diferente a las decretadas por el Tribunal y a la inspección judicial, que
fue negada en la audiencia inicial (decisión que no fue controvertida), con el fin
de acreditar la supuesta errada liquidación por parte del departamento del
Atlántico, siendo así que no determinó con claridad el alcance concreto de las
pretensiones o yerros que advierte en la liquidación contenida en el acto
administrativo.

Así las cosas, se concluye que las pruebas que obran en el expediente no son
suficientes para acreditar que los factores salariales fueron liquidados
erróneamente dentro del retroactivo reconocido, como consecuencia de la
homologación y nivelación salarial de la que fue objeto. Por consiguiente, al no
poder determinarse que la liquidación reconocida en el acto demandado es
incorrecta, se debe confirmar lo resuelto por el Tribunal Administrativo del
Atlántico en la sentencia de primera instancia.

23

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

Ahora bien, en relación con el reconocimiento de los intereses moratorios
presuntamente causados sobre las sumas que le canceló la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico por concepto de nivelación y
homologación salarial, dada su incorporación como empleada administrativa a
la planta de personal de dicho Departamento, la Sala reitera que la Ley 60 de 1993
descentralizó el servicio educativo que estaba a cargo de la Nación, por ello, los
empleados administrativos de sus plantas de personal se incorporaron a las entidades
territoriales, ya que éstas en adelante prestarían dicho servicio administrando los
recursos cedidos por la Nación. La incorporación fue regulada por los artículos 34 y 38
de Ley 715 de 2001.

Ahora bien, el Departamento del Atlántico reinició el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo que había sido suspendido por diversas
irregularidades en el año 2011, de modo que el Ministerio de Educación Nacional
realizó un nuevo estudio técnico, a través del Oficio 2103EE34201 de 11 de junio de
2013.

Siendo este es el contexto fáctico en el que se dio la nivelación salarial de la
demandante, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse
sobre la procedencia del pago de intereses moratorios presuntamente causados en
razón de la nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de los
cargos del personal administrativo del sector educativo que dependían de la Nación y
pasaron a las entidades territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del
referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de
septiembre de 2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento
del retroactivo de la nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando que
“trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho y el que
ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en
cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el
proceso homologación y nivelación salarial”19.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que
no es procedente acceder al reconocimiento de los intereses moratorios
respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 73001-33-
33-000-2014-00406-01 (2488-15).

24

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago. Dijo así esta
Corporación20:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor
incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en las
resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se (sic) puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios
deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es
decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos
retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en
el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en
el presente asunto”21.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, esta
Sala reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el
contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se
incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que autorice
dicho reconocimiento22.

Descendiendo al caso particular, se observa que dentro de las pruebas que
obran en el expediente, no se acreditó la fecha exacta en la que la entidad
accionada realizó el pago del retroactivo ordenado en la resolución acusada, sin
embargo, según se lee en la pretensión de restablecimiento del derecho del
escrito de la demanda, la parte actora solicitó el pago de los intereses
moratorios “hasta enero de 2014”. Por consiguiente, se infiere que el
Departamento del Atlántico efectuó el pago de la suma correspondiente al
retroactivo de la nivelación salarial en enero de 2014.

Aclarado esto, se determina que como no pasó siquiera un mes entre el 22 de
enero de 2014, día en que se expidió la Resolución 00368 que reconoció y

20
Véanse también las sentencias del 22 de febrero de 2018. proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00404-01(2475-
15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 1 de marzo de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00221-
01(1914-15) y 73001-23-33-000-2014-00265-01(3484-15), M.P. William Hernández Gómez; del 8 de marzo de 2018,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00558-01(3219-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; del 21 de junio de
2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00218-01(1372-15), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de diciembre de
2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).

25

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

ordenó el pago de la nivelación y la fecha de su cancelación (enero de 2014),
no es procedente la condena por el pago de intereses moratorios, puesto que
éste se considera un plazo prudencial, sin que se haya incurrido en una dilación
injustificada, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para terminar el proceso de homologación y nivelación salarial.

En relación con la condena en costas, es importante destacar que no procede
de manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”,
aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite. Por ello, al
observar que en el trámite del proceso no se causaron, esta Sala no condenará
en costas en las dos instancias.

II. DECISIÓN

En atención a estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico en primera instancia, por las razones
expuestas en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017,
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la
demanda.

26

No. Interno: 6297– 2018
Demandante: Judith Esther Bolívar Mercado
Demandado: Departamento del Atlántico

SEGUNDO.- Sin condena en costas

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.