Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00822-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00822-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-00822-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2014 00822 01 (1174-2019)
Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
Demandado: Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación
Tema: Diferencias por homologación y nivelación salarial
Decisión: Confirma. El demandante no demostró la liquidación errónea
de la nivelación salarial
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia proferida el 22 de octubre de 20181 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de la referencia, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución
00341 del 22 de enero de 2014 por la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos por concepto del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, a
favor del personal administrativo que se financia con recursos del Sistema General de
Participaciones.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la parte
demandada a reliquidar los valores reconocidos en dicho acto por concepto de la
homologación y nivelación salarial por los años 1995 a 1999, pues la entidad no reconoció
su derecho, aduciendo prescripción; además, que se reliquide el valor ordenado durante
los años 2000 a 20092, conforme a la diferencia de salario fijado en las ordenanzas de la
Asamblea del Atlántico.
3.Finalmente, reclamó los intereses moratorios por el reajuste de dicho proceso de
homologación, desde el momento en que se hizo efectivo el derecho, es decir, desde
1 Folios 233 a 242 del expediente físico
2 La precisión sobre los años que se pide liquidar y reliquidar, se hizo en el escrito que subsanó la demanda
y según se definió al fijar el problema jurídico en la audiencia inicial. Folios 65 y 138 a 145, respectivamente,
del expediente físico.
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Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
1997; el ajuste de la condena conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cumplimiento de la
sentencia conforme a los artículos 192 y 195 ibidem y que se imponga condena en costas
a la entidad.
Contestación de la demanda.
4. La entidad demandada se opuso a las pretensiones del demandante3, señalando
que no ha vulnerado derechos particulares, legales, ni constitucionales; agregó que «la
demandante no puede pretender ser incluida en un régimen de cesantías que no le es
propio» y en general, fundamentó su argumento en las normas que rigen las cesantías
de los docentes4. Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y la innominada.
II. SENTENCIA APELADA.
5. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda5, en
atención a que el demandante sólo se limitó a informar sobre una presunta liquidación
errónea del proceso de homologación y nivelación salarial durante los años 2000 a 2009,
pero no allegó pruebas idóneas que permitieran comprobar esta afirmación, además
tampoco demostró que devengó la indemnización por vacaciones, cesantías, intereses
sobre estas y días de descanso no disfrutados y dejados de cancelar; por lo tanto,
aseguró que la carga procesal dependía del demandante, quien debía probar las
imputaciones hechas en la demanda, pero no lo hizo.
6. En cuanto a la liquidación de las diferencias salariales por los años 1997 a 1999
advirtió que según se afirmó en la demanda, Sintrienal Atlántico formuló peticiones en los
años 2000 y 2003 para reclamar el retroactivo salarial, aduciendo que con ello se
interrumpió la prescripción; sin embargo, dicha circunstancia no se acreditó en el
expediente, pues no se allegó una petición con constancia de recibido en la cual se
hubiera reclamado el mencionado derecho por ese periodo.
7. En el anterior contexto, concluyó que no procedía la liquidación de los años 1997
a 1999 ni los intereses moratorios, porque no hay lugar al ajuste salarial desde el año
2000.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
8. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación6 en el
cual pidió revocar la sentencia, argumentando que se incurrió en diferentes vías de
hecho, pues la magistrada ponente no dio cumplimiento «al auto para mejor proveer» ya
que la entidad no envió en forma completa las pruebas requeridas y en lugar de
3 Folios 94 a 104 del expediente físico.
4 Se precisa que ese fue su argumento, aunque la controversia no trata sobre el régimen de liquidación
de cesantías aplicable.
5 Folio 233 a 242 del expediente físico.
6 Folio 312 al 373 del expediente físico.
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conminarla para que las completara7 o decretar la inspección judicial solicitada, emitió
sentencia atribuyendo la falencia probatoria a la parte actora, cuando dicha carga
procesal no fue incumplida y en todo caso i) si consideraba que había insuficiencia
probatoria debió sanearlo; ii) la entidad era quien tenía en su poder los documentos
necesarios para esclarecer los hechos y iii) podía valorar el acto acusado8 y las planillas
de horas extras mensualmente laboradas9, pero fueron ignorados.
9. Agregó que la sentencia no es congruente, por cuanto no se ajusta a los hechos
que motivaron el presente medio de control, ni a los derechos impetrados, se funda en
consideraciones inexactas y alejadas de la realidad jurídica y procesal y más bien refleja
la animadversión de la magistrada ponente con el profesional que acude a reclamar los
derechos del actor.
10. Indicó que no es cierto que la liquidación de las prestaciones fue adecuada, pues
el Tribunal llegó a esa conclusión con base en el reconocimiento de los valores
retroactivos realizado por la parte demandada; sin embargo, no presentó operaciones, ni
formulas aritméticas y contables para demostrar que estaba correcta, con lo cual se violó
el derecho fundamental al debido proceso, de ahí la insistencia en que sea revisada la
liquidación por un contador del Tribunal Administrativo, tal como el ponente lo planteó en
la audiencia inicial.
11. Aseguró que los derechos reclamados no han prescrito, pues el acuerdo nacional
suscrito el 3 de mayo de 2000 entre el Ministerio de Educación Nacional y SINTRENAL
continúa vigente, y es aplicable en el caso concreto en la medida en que constituye una
«declaración de voluntad» sobre «equidad salarial» aplicable a los afiliados a dicho
sindicato y por extensión a los que no lo estuvieren10, que su punto central consistió en
la renuncia, por parte del Ministerio, a la prescripción de los derechos de homologación
salarial correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997. Ello implicó que los funcionarios
podían reclamar los pagos de esos períodos y aunque en el acuerdo se estableció un
plazo de 10 años para su ejecución administrativa, la validez y el alcance de la renuncia
son cruciales para determinar la exigibilidad de las compensaciones adeudadas hasta
1997.
12. Precisó que en la demanda se pidió el pago de los intereses moratorios del
reajuste de la homologación por dos perjuicios causados por la administración, el primero,
por el retardo en el pago del citado reajuste, cuando en el año 2011 intempestivamente
se suspendió el pago, y el segundo, porque las diferencias realmente debieron empezar
a pagarse desde el año 1995, en cuanto se incurre en mora desde el primer día de retardo
7 Particularmente refiere que no se enviaron los factores que no se tuvieron en cuenta en la liquidación
inicial, ni información alguna acerca de las horas extras laboradas, ni los factores tenidos en cuenta para
liquidarlas, tampoco acerca de los intereses sobre las cesantías. Así se indicó en la hoja 22 del recurso,
folio 333 del expediente físico.
8 En el cual se refleja que dejaron de cancelarse las acreencias por varios años —1995 a 1999—. Según
se afirmó en la página 298 del recurso, folio 340 del expediente.
9 Adujo que al ingresar a la entidad territorial laboraba 120 horas extras pero solo se liquidaban 50.
Afirmación realizada en la página 27 del recurso, folio 338 del expediente.
10 Según se indicó en la página 31 del recurso.
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en el pago de la obligación. Indicó que para ese efecto debe acudirse a las normas del
derecho civil, que para su causación basta con el hecho del retardo y que no se entienden
purgados por el reconocimiento de la indexación.
13. Concretó los anteriores planteamientos en lo que consideró vías de hecho, así: i)
violación directa de la Constitución porque se negaron las pretensiones con argumentos
carentes de fundamento de hecho y de derecho, como aquel relativo a la carga de la
prueba; ii) defecto procedimental absoluto, porque el juez actuó al margen del
procedimiento, al separarse de manera abierta y grosera del texto de la norma 11; iii)
defecto material o sustantivo, por decidir con base en normas inexistentes, endilgándole
al demandante el incumplimiento de la carga probatoria; iv) defecto fáctico, por omitir el
decreto y práctica de pruebas solicitadas, tal como la inspección judicial; v) defecto
procedimental por afectación del principio de congruencia y por decisión sin motivación.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
14. Mediante auto del 15 de enero de 202012, se admitió el recurso de apelación y en
providencia del 29 de octubre de 202013, se resolvió la solicitud de pruebas formulada en
el recurso de apelación, negando la inspección judicial y el peritazgo contable y
ordenando librar oficio para que la Secretaría de Educación del Atlántico remitiera
certificación de los pagos que se le hicieron al demandante por concepto de cesantías,
intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones y días de descanso
compensatorio no disfrutados y dejados de percibir. Las partes no interpusieron recursos.
15. En respuesta, la entidad demandada allegó certificación14 de la cual se corrió
traslado por el término de tres (3) días15. Las partes no se pronunciaron al respecto, razón
por la cual se corrió traslado para alegar de conclusión16 oportunidad dentro de la cual la
entidad demandada solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia17.
16. Vencido el término anterior, el demandante solicitó la nulidad de lo actuado18, que
fue resuelta en auto del 23 de junio de 202219, en el que i) se declaró la nulidad a partir
del auto del 6 de mayo de 2021, por violación del debido proceso, porque la respuesta
dada por la entidad frente a la prueba decretada20 no fue cabal ni congruente; ii) se
requirió por segunda vez a la entidad para que allegara certificación en la que constara
11 Se refieren, entre otras, normas sobre carga de la prueba e intereses de la legislación civil.
12 Folio 386 expediente físico
13 Folio 392 a 394 expediente físico
14 Folio 398 expediente físico
15 Folio 399 expediente físico
16 Folio 401 expediente físico.
17 Índice 24 Samai Consejo de Estado
18 Índice 23 Samai Consejo de Estado
19 Índice 34 Samai Consejo de Estado
20 Certificación del 14 de diciembre de 2020, suscrita por la señora Lilia Guerrero Donado, profesional
universitaria de la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico.
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la información solicitada mediante auto del 29 de octubre de 2020 21; iii) se negó por
extemporánea la solicitud dirigida a requerir a la Corte Constitucional el expediente de
tutela T-157 de 2014 y iv) se negó la inspección judicial según lo resuelto en el auto del
29 de octubre de 2020. Las partes no interpusieron recursos.
17. Atendiendo el anterior requerimiento, la parte demandada allegó certificación22, la
cual quedó a disposición de la parte demandante, según la constancia de traslado de
documentos23 y esta no hizo pronunciamiento alguno.
18. Mediante oficio del 26 de julio de 202224, la parte demandante solicitó la
suspensión de los términos porque el apoderado tenía problemas de salud. En atención
a esa solicitud, a través de auto del 1o de febrero de 202425 se interrumpió el trámite de
los asuntos judiciales por enfermedad grave del abogado y se requirió a la parte para que
designara nuevo apoderado que representara sus intereses. En cumplimiento de ello, el
demandante procedió de conformidad, según consta en memorial del 9 de abril de 2024.26
19. A través de auto del 10 de julio de 202427 nuevamente se corrió traslado para
alegar de conclusión.
20. Dentro de la oportunidad procesal, la entidad señaló28 que la pretensión del
demandante no debe prosperar y que la sentencia de primera instancia es congruente
con el ordenamiento jurídico y con los principios jurisprudenciales vigentes. No hubo
pronunciamiento de la parte demandante29.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo
615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
21 Que se concreta en los pagos que se hicieron por concepto de cesantías, intereses a las cesantías e
indemnización por vacaciones y los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de percibir
por el demandante.
22 Índice 39 Samai Consejo de Estado
23 Índice 49 Samai Consejo de Estado
24 Índice 40 Samai Consejo de Estado
25 Índice 42 Samai Consejo de Estado
26 Índice 47 Samai Consejo de Estado
27 Índice 55 Samai Consejo de Estado
28 Índice 59 Samai Consejo de Estado
29 En el informe secretarial del 19 de septiembre de 2024 no se refirió que hubiera un memorial en tal
sentido.
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22. De acuerdo con los reparos concretos planteados, procederá la Sala a estudiar si
en la sentencia se incurrió en vía de hecho por indebida valoración probatoria e
incongruencia; de igual manera se analizará si al expediente se allegaron pruebas que
demuestren que hubo una errónea liquidación de valores retroactivos que se
reconocieron al actor producto del proceso de homologación y liquidación salarial, en
caso afirmativo, se examinará si operó la prescripción sobre estos y si para el pago de
los intereses pretendidos era viable acudir al ordenamiento civil.
Resolución del problema.
23. El primer problema se refiere a la indebida valoración probatoria y se sustentó en
tres aspectos: i) que el tribunal desconoció el auto para mejor proveer en el que se hizo
una solicitud probatoria para esclarecer puntos oscuros de la controversia, pues no
requirió a la entidad para completar la información requerida, que debe reposar en sus
archivos; ii) que se abstuvo de practicar la inspección judicial solicitada; iii) que no debió
resolver la controversia aduciendo falencias en la carga probatoria de la parte
demandante, pues contaba con el acto enjuiciado y las planillas de horas extras, que le
daban elementos de juicio para decidir.
24. Al revisar la actuación de primera instancia, se advierte que mediante audiencia
inicial se ordenó librar oficios con destino a la entidad con el fin de obtener, por una parte,
los oficios 2010 EE 81422 del 10 de noviembre de 2010, 2011 EE 77306 del 29 de
diciembre de 2011 y 2013 EE 34201 del 11 de junio de 2013 y, por otra parte, certificación
acerca de los pagos realizados al actor durante los años 2000 a 2009 por concepto de
bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, prima de
servicios, prima de vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de navidad30,
cesantías e intereses de cesantías e indemnización por vacaciones, días de descanso
compensatorio no disfrutados y dejados de pagar durante dichos años.
25. Como respuesta a ello, obtuvo los oficios requeridos31, en los cuales se certificó la
deuda general del departamento por concepto del proceso de homologación, se refirieron
los errores que hubo en la liquidación y el valor que resultó producto de la modificación
de esta; tales documentos fueron incorporados como prueba mediate auto del 27 de
noviembre de 201732 y al no haber pronunciamiento de las partes, se corrió traslado para
alegar de conclusión33.
26. Estando el proceso a despacho para dictar sentencia, el 10 de abril de 2018 la
magistrada ponente dictó nuevo auto decretando pruebas de oficio34, concretamente una
certificación acerca de los valores reconocidos al actor por concepto de la reliquidación
de los factores mencionados en el párrafo 23. El actor recurrió tal decisión a fin de que
30 Se resalta para hacer evidente la información que se certificó en la constancia expedida por la entidad,
a la que se hará referencia a continuación.
31 Folios 155 a 159.
32 Folios 171 y 172.
33 Folios 179 y 180.
34 Folios 195 a 197.
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se redireccionara de mejor manera la prueba y se decretara la inspección judicial; el
despacho no la repuso35, bajo el argumento de que se trata de una prueba de oficio y que
la inspección judicial no fue decretada en instancia previa en el proceso.
27. En respuesta a este requerimiento, la Gobernación del Atlántico emitió el
certificado36 en el que constan los valores reconocidos al actor entre 2000 y 2009 por
conceptos patronales, parafiscales e indexación y los factores que se tuvieron en cuenta
para dicha liquidación, a saber: sueldo, horas extras, prima técnica, subsidio de
alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, primas de
servicios, de vacaciones y de navidad y bonificación especial por recreación. Con
posterioridad a ello se emitió la sentencia.
28. El anterior recuento permite concluir que no es cierto que el Tribunal hubiera
emitido la sentencia de primera instancia sin requerir previamente la respuesta a la
totalidad de documentos requeridos en auto para mejor proveer; nótese que las pruebas
de oficio tenían el propósito de obtener certificaciones de los pagos realizados al
demandante por conceptos salariales y no salariales ordenados como consecuencia del
proceso de homologación y nivelación salarial y por reliquidación de este, durante los
años 2000 a 200937 y ello fue obtenido con la respuesta dada por la Gobernación del
Atlántico, en la que se relacionó lo pertinente.
29. Es cierto, como se puede constatar al comparar el requerimiento y la información
suministrada, que en la certificación no se mencionaron los valores pagados por concepto
de cesantías, intereses sobre estas, indemnización por vacaciones y días de descanso
compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar de «las anualidades comprendidas
entre 2003 a 2009»; sin embargo, era válido que la primera instancia entendiera que con
dicha información estaba satisfecho su requerimiento pues en la certificación se dejó
claro que esos fueron los pagos que se hicieron al actor «por concepto de reconocimiento
de valores retroactivos [...] dentro del proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial» de modo que de ahí se podía entender que no era necesario ahondar en el
requerimiento, para indagar por lo no certificado. En ese contexto, la Sala considera que
no se incurrió en el error advertido en el recurso.
30. En lo que respecta al cuestionamiento según el cual el a quo se abstuvo de
decretar la inspección judicial, debe señalarse que tal como lo afirmó el Tribunal en el
auto del 18 de septiembre de 201838 dicha prueba no fue decretada en primera instancia
pues en la audiencia inicial39 se consideró innecesaria en la medida en que las pruebas
documentales serían suficientes para adoptar una decisión, pero que en caso de
necesitarse, se haría uso «del Mejor Proveer» para decretarla y finalmente no se dictó
35 Auto del 18 de septiembre de 2018. Folios 224 a 225.
36 Folios 212 a 216.
37 Se hace referencia tanto a lo solicitado en el primer auto de 2003 a 2009, como lo requerido en el
segundo a partir del año 2000.
38 Folios 224 a 225.
39 Folios 138 a 145.
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auto en ese sentido, razón por la cual no era exigible el decreto de dicho medio probatorio
lo que lleva a no acoger el argumento del recurrente.
31. Por otra parte, en el recurso se aduce que la sentencia no debió resolver adversas
las pretensiones con sustento en una falencia probatoria atribuible a la parte demandante,
máxime cuando se pudieron analizar los reportes de horas extras y el acto acusado.
Sobre ello, es oportuno indicar que en su análisis, el a quo sí tuvo en cuenta el acto
acusado, al punto que señaló que su contenido refleja los valores retroactivos
reconocidos dentro del proceso de homologación que corresponden a la sumatoria de las
diferencias salariales recibidas entre 2000 y 2009, en el que se observan los factores
salariales que sirvieron de sustento para tal reconocimiento y, a renglón seguido, expuso
que dicha información se corroboró con la certificación aportada40 de la cual concluyó
que al realizar tal liquidación no solo se tuvo en cuenta la asignación salarial mensual
sino los factores allí mencionados.
32. Ahora, en lo que respecta a los factores de indemnización por vacaciones,
cesantías e intereses sobre estas y días de descanso compensatorio no disfrutados y
dejados de pagar aseguró que en el expediente no había pruebas que demostraran que
el actor las devengó durante el periodo analizado y que la carga probatoria le
correspondía a este. Al revisar la documental obrante en el expediente para el momento
en que se dictó la providencia, se advierte que, en efecto, no estaba probado que el actor
hubiera percibido dichos emolumentos, pues tanto en el acto acusado como en el
certificado allegado por la entidad41 solo se refirieron los factores mencionados en el
párrafo 26, de modo que si esa era la información con la que contaba la entidad y que
fue aportada producto del requerimiento realizado por el a quo, no podía resolverse algo
diferente sobre unos emolumentos no demostrados.
33. Frente a la decisión de atribuir la falencia probatoria a la parte demandante, tiene
sustento en el artículo 167 del CGP, según el cual las partes deben «probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», de
manera que si el actor contaba con pruebas que demostraran que percibió tales
emolumentos, debió aportarlas, pues en los documentos que reposaban en la entidad no
había prueba de ello42. Con todo, es oportuno indicar que producto de la prueba
decretada en segunda instancia y frente a la cual no se presentó oposición por la parte
demandante43 se pudo constatar que en los archivos de la entidad, correspondientes al
proceso de homologación «no se encontraron pagos por concepto de
40 Visible en el folio 216.
41 Íbidem.
42 En sentencia del 9 de mayo de 2011. Radicado No. 05001-23-26-000-1994-02376-01, de la Sección
Tercera, Subsección C, CP: Enrique Gil Botero, No Interno 18048. Se indicó «Ahora bien, como lo ha
manifestado la jurisprudencia nacional en materia de la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima
una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en
forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación;
pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos
simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias
aseveraciones».
43 Conforme a lo indicado en el párrafo 16.
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INTERESES/CESANTÍA, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES, DÍAS DE DESCANSO COMPENSATORIO
NO DISFRUTADOS».
34. Lo indicado en la referida certificación corrobora que en el proceso no se probó
que el actor hubiera percibido tales conceptos y bajo ese entendimiento se confirmará lo
decidido por el Tribunal, pues si la parte tenía evidencias que permitieran constatar que
los percibió, debió probarlo y en ese sentido, incumplió dicha carga procesal. Debe
advertirse, además, que contrario a lo considerado en el recurso, dicha carga no debía
suplirla el Tribunal, de quien se observa una adecuada labor probatoria oficiosa, en aras
de resolver la controversia44.
35. En cuanto a las cesantías, el certificado de pagos ordenados por ese concepto en
los años 2000 a 2009, solo se obtuvo en respuesta a la prueba ordenada en segunda
instancia, luego no fue válido concluir que hubo deficiencia probatoria de la parte actora
para obtener información al respecto, toda vez que en la demanda se pidió oficiar a la
entidad para que allegara los antecedentes administrativos45 y aquellos se ordenaron
como prueba durante la audiencia inicial46, información que además, en forma concreta,
se requirió en los autos del 18 de mayo de 2016 y 10 de abril de 201847. En ese contexto,
no se podía endilgar deficiencia probatoria sobre ese aspecto a la parte demandante,
porque era atribuible a la entidad al no adjuntar la certificación que diera cuenta del
reconocimiento de dicha prestación; sin embargo, ello quedó saneado con la certificación
aportada en esta instancia.
35. Frente a la omisión de análisis de las planillas de horas extras, al revisar el
expediente no se encuentra un documento con tales características, de modo que no
podría atribuirse una falencia en el análisis probatorio sobre un documento inexistente en
el proceso, pues los jueces deben adoptar decisiones fundadas en las pruebas
debidamente allegadas al proceso48.
36. El segundo problema jurídico consiste en identificar si hubo incongruencia en la
sentencia, porque el recurrente considera que su análisis no está acorde con los hechos
que motivaron la demanda, ni los derechos deprecados y se basa en consideraciones
inexactas y carentes de sustento jurídico, conclusión que no tiene asidero, pues al leer el
texto de la providencia se advierte que en ella se examinó que la reclamación de la
demanda iba orientada a obtener la nulidad del acto que ordenó el reconocimiento y pago
de valores retroactivos por concepto del proceso de homologación de cargos y nivelación
44 Como se comprueba con los autos del 10 de abril y 18 de septiembre de 2025, según lo relacionado en
el párrafo 25 que antecede.
45 Folio 16.
46 Folio 142.
47 Referidos en los párrafos 23 y 25.
48 Así lo ha considerado esta Corporación: «En procesos contenciosos o controversiales como el presente,
el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al
proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en
una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se
estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que
resulte afectado […]» Sentencia de diciembre 4 de 2006. Exp. 16.188. CP. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 08001 23 33 000 2014 00822 01 (1174-2019)
Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
salarial con el restablecimiento consistente en el pago de las diferencias que surgieran
entre lo reconocido y el salario realmente ordenado para esos años con la totalidad de
factores computables, y así se fijó en el problema jurídico;49 lo que guarda relación con
el examen realizado por el Tribunal, que se dirigió a establecer si existía tal diferencia,
pero se concluyó que no habían pruebas que la demostraran50.
37. El tercer problema busca identificar si con las pruebas allegadas se podía
establecer que hubo una diferencia entre los valores pagados por concepto del retroactivo
reconocido al actor por concepto de la homologación y nivelación salarial durante los
años 2000 a 2009. Pues bien, en el acto acusado se expresó que las cifras reconocidas
«resultan de la aplicación aritmética realizada a la sumatoria de las diferencias salariales
que arroja el comparativo de los salarios reconocidos por el beneficiario durante el
periodo fiscal [...] y los salarios vigentes para la misma época que devengaban en la
Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central [...] determinados conforme a las
ordenanzas antes relacionadas» acto que goza de presunción de legalidad, que debía
ser desvirtuada a fin de lograr su nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho.
38. No obstante, las pruebas recaudadas, conforme lo ordenado en la audiencia inicial
y pruebas de oficio, fueron las siguientes:
• Aportadas con la demanda: i) acta de acuerdo suscrita el 3 de mayo de 2000 entre
el gobierno nacional y SINTRENAL; ii) oficio suscrito por el presidente del mencionado
sindicato, dirigido al secretario de educación en el que le adjunta el acta referida en
el numeral anterior; iii) oficio emanado de la directora de fortalecimiento a la gestión
territorial del Ministerio de Educación al sindicato SINDEATLAN en el que resuelve
una petición relacionada con el proceso de homologación; y iv) la liquidación
consolidado de la deuda por homologación e intereses moratorios y que en
relación con el demandante se refiere a los valores por los años 1995 a 200951.
• Allegadas producto del requerimiento probatorio ordenado en audiencia inicial y
prueba de oficio: i) oficios 2010 EE 81422 del 10 de noviembre de 2010, 2011 EE
77306 del 29 de diciembre de 2011 y 2013 EE 34201 del 11 de junio de 2013 en
los cuales se certificó la deuda general del departamento por concepto del proceso
de homologación, se refirieron los errores que hubo en la liquidación y el valor que
resultó producto de la modificación de esta; ii) certificado de sueldo del actor; y iii)
49 En la audiencia inicial se concretó en determinar si el actor tiene derecho al retroactivo de la
homologación y la reliquidación de los años 2000 a 2009, previo a lo cual se indicó que el desacuerdo
consistía en que no habían sido liquidadas correctamente las bonificaciones por servicios prestados,
bonificaciones por recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de navidad,
cesantías e intereses sobre estas, la indemnización por vacaciones y los días de descanso compensatorio
no disfrutados y dejados de pagar, las horas extras u la indemnización por vacaciones.
50 Así lo consideró: «tampoco se observa dentro del plenario, medio probatorio alguno que permita llegar a
la conclusión de que los dineros reconocidos en el acto administrativo demandado por concepto de
homologación y nivelación salarial, no correspondan a los que el demandante devengó en los años
solicitados».
51 Documento que cuenta con la firma de un contador.
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Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
certificado en el que constan los valores reconocidos al actor entre 2000 y 2009 por
conceptos patronales, parafiscales e indexación y los factores que se tuvieron en
cuenta para dicha liquidación, a saber: sueldo, horas extras, prima técnica, subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, primas
de servicios, de vacaciones y de navidad y bonificación especial por recreación.
39. Corroborada la información contenida en dichos documentos se concluye que le
asistió razón al Tribunal en considerar que con ellos no se demuestran las diferencias
salariales y prestacionales pretendidas en la demanda, pues no permiten identificar si
existieron errores aritméticos al liquidarlas, ni que se tomó en cuenta un salario diferente
a aquel definido en las ordenanzas que anualmente fijaron la asignación básica del cargo
en que fue homologado el actor. Ahora bien, aunque con la demanda se aportó una
liquidación del consolidado de deuda suscrita por un contador, este documento no es
suficiente para desvirtuar la legalidad de los valores reconocidos en el acto acusado, pues
en él no se expresan los parámetros que se tuvieron en cuenta para la relación de valores
allí incluidos, ni se hace explícita la diferencia de estos con los reconocidos en el acto, y
tampoco se exteriorizan las razones que llevan a concluir que hubo un reconocimiento
deficitario, lo que impide acceder al reconocimiento pretendido y hace inane el examen
sobre prescripción.
40. Finalmente, sobre el último problema jurídico, relacionado con el reconocimiento
de intereses moratorios, es oportuno indicar que esta Subsección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse en forma contraria a la pretensión dirigida a obtener dicho
reconocimiento en procesos con identidad fáctica a la planteada en el sub examine, así:
«[…] tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares52 no puede concluirse
que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés, deba acudirse en
subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,53 pues en estricto sentido
no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar
a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas
de dinero obedecieron a la homologación y nivelación que debió realizarse para que las
plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva reglamentación en cuanto a
clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de los empleos del nivel territorial.
Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios54 en el presente
52 La cita corresponde al texto original: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, Consejero ponente William Hernández
Gómez, número interno 0905-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra
Vélez, número interno: 2077-2015.»
53 La cita corresponde al texto original «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE
DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora
está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o
empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las
disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal
se fija en seis por ciento anual. […]»
54 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el Art.
111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el
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Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al
respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay
norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.
Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto.» [Se destaca]
41. Bajo el anterior lineamiento, no es viable ordenar los intereses moratorios
reclamados con base en lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, comoquiera
que no se trata de un negocio entre particulares en el que las partes hubieran omitido
pactar cláusulas sobre esa materia, tampoco proceden los intereses por mora, ya que
estos tienen origen sancionatorio y deben estar expresamente establecidos en una norma
que los autorice, lo que no se demostró en el sub lite.
42. El anterior escenario impide acceder a las pretensiones de la demanda, razón
suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que las negó.
Condena en costas.
43. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)55 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
44. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento jurídico por lo que resulta improcedente la condena en
costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase
cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 72, Ley 45 de 1990»
55 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]
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Demandante: Gabriel Antonio Mendoza Cervantes
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de octubre de 2018, expedida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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