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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00917-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00917-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Octavo Emilio Monsalvo Ariza contra el Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el acápite denominado «otros aspectos procesales» de esta providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00917-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de diciembre de 2022

1
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00917-01 (0746-2019)
Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2014-00917-01 (0746-2019)
Demandante: OCTAVIO EMILIO MONSALVO ARIZA
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

Temas: Retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial de los empleados administrativos del
sector educativo adscritos al Departamento del Atlántico
que eran financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones. Prescripción. Reliquidación
improcedente. Intereses moratorios por pago tardío de
dicho concepto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-200-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Octavio Emilio Monsalvo Ariza en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 340 del 22 de enero de 2014,
por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó el pago a
favor del libelista del valor retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones, en virtud de la aprobación del estudio

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.
22 Folio 2 (demanda) y 52 (subsanación), cuaderno principal.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00917-01 (0746-2019)
Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

técnico y certificación de la deuda por parte del Ministerio de Educación
Nacional.

2. Que como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene al Departamento del Atlántico:

• Reliquidar el pago retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo de la entidad territorial por el lapso
generado desde 2000 hasta 2002, resultante de la diferencia entre la
remuneración fijada en las ordenanzas de la Asamblea del Atlántico y la
percibida efectivamente para ese mismo período, en la cual se
computaron erradamente también las demás prestaciones y factores
salariales devengados.

• Liquidar los años no reconocidos por prescripción en el cómputo del valor
concedido a través del acto administrativo demandado, esto es, de 1995
a 1999.

• Pagar los intereses moratorios sobre la suma abonada como reajuste
salarial por homologación, no solo desde el 29 de diciembre de 2011
hasta enero de 2014, sino a partir del momento de su exigibilidad en
1995.

3. Que se condene a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, a actualizar los valores
objeto de condena de acuerdo con el canon 187 y al pago de costas en
atención al artículo 188 ibídem.

Supuestos fácticos relevantes3

1. El demandante prestó sus servicios en calidad de personal administrativo
para la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico desde el
año 1997.

2. El Ministerio de Educación Nacional aprobó mediante Oficio 2009EE30647
del 3 de junio de 2009, el proceso de homologación de cargos y nivelación
salarial de los empleados administrativos de la Secretaría de Educación del
Departamento del Atlántico, esto en aplicación de las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001 y en concordancia con la Directiva Ministerial 10 de 2005.

3. El Departamento del Atlántico ordenó nivelar salarialmente al personal
administrativo del sector educativo al de la planta general de la entidad
territorial según el Decreto 208 del 24 de junio de 2009. En virtud de lo
anterior, dicha autoridad profirió la Resolución 03853 del 26 de junio de
2009, con la cual asignó la correspondiente denominación, código, grado y
salario del señor Monsalvo Ariza.

4. El ente ministerial referido ordenó a la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico, suspender el proceso de homologación hasta
tanto se revisaran las actuaciones adelantadas y se enmendaran errores
cometidos en dicho trámite. Superada esta situación, la mentada autoridad
aprobó el nuevo estudio técnico de homologación mediante el Oficio
3 Folios 2 a 4, cuaderno principal.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

2013EE34201 del 11 de junio de 2013, por lo que la entidad territorial
expidió la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 con la que revocó
los actos administrativos que habían consolidado aquel proceso.

5. El Ministerio de Educación Nacional aprobó la liquidación de la deuda
correspondiente al retroactivo producto del mentado ajuste de
homologación y nivelación salarial, razón por la cual por medio de la
Resolución 340 del 22 de enero de 2014, la entidad territorial reconoció y
ordenó el pago de los valores pendientes por ese concepto a favor del
demandante.

6. La entidad demandada en el acto administrativo mencionado reconoció el
retroactivo salarial por homologación a favor del libelista «de manera
incompleta», al no incluir la totalidad de los años que debieron ser
computados en el período de exigibilidad ni todas las prestaciones y
factores salariales percibidos por aquel. Igualmente, en la referida decisión
se ordenaron sendos descuentos por concepto de aportes parafiscales, de
salud, pensión y de estampillas de procultura, prodesarrollo, prociudadela
y proelectrificación rural.

7. El señor Octavio Emilio Monsalvo Ariza aseguró que el Departamento del
Atlántico en la Resolución 340 del 22 de enero de 2014, no liquidó
correctamente las prestaciones y factores remunerativos a los que tiene
derecho desde el año 2000 hasta 2002.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 18 de mayo de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] La entidad demandada no presentó excepciones previas en ninguno de los
cuatro expedientes, ni el Tribunal encuentra alguna que deba estudiarse
oficiosamente […]5

4 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
5 Folio 184 del plenario.

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Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Establecerse si los actos administrativos expedidos por el Departamento del
Atlántico, contienen algún vicio de nulidad, y de ser así, se procederá a declarar la
nulidad de la actuación administrativa demandada y determinar el correspondiente
restablecimiento del derecho, de lo contrario, se negaran las súplicas de la demanda.
Si se advierte que hay lugar a la nulidad de los actos demandados, se revisará si ha
operado el fenómeno de la prescripción total o parcial de los derechos que habrían
de surgir […]» 6.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia escrita el 19 de septiembre de 20187, por medio de
la cual negó las pretensiones del demandante. Lo anterior con fundamento en
las siguientes consideraciones:

El Tribunal resaltó que en el escrito de la demanda, el señor Octavio Monsalvo,
se limita a manifestar que el retroactivo reconocido está mal liquidado sin
argumento alguno que precise en qué términos fue el error al formular la
liquidación contenida en la Resolución 340 de 2014, por lo que considera que
al no demostrarse, procede a denegar lo pretendido. En similar situación
describió la solicitud para obtener la reliquidación del retroactivo con la
inclusión de los factores salariales sin que exista evidencia alguna que permita
identificar el presunto error aritmético en la mencionada liquidación.

De conformidad con lo anterior, describe el artículo 167 del Código General de
Proceso, sobre la carga de la prueba como una regla de juicio que predica a
las partes la responsabilidad en demostrar la relación que los hechos que son
el sustento de las pretensiones, resulten probados, de lo contrario, sin que la
facultad oficiosa del juez supla dicha carga.

Advirtió que en cuanto a la devaluación de los descuentos que se efectuaron
por aportes parafiscales y patronales ARP, se abstuvo de realizar
pronunciamiento alguno, por cuanto el demandante desistió de la misma.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva, así: i) declaró no probada la
excepción de prescripción; ii) declaró probada las excepciones de cobro de lo
no debido, pago e inexistencia de las obligaciones laborales a cargo del
departamento; y iii) negó las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

6 Folio 184 y CD que reposa a folio 181.
7 Folios 574 588.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación en contra del fallo de
primera instancia, a fin de que este sea revocado en orden de acceder a sus
pretensiones. Como sustento de su posición, planteó que la esencia de la
demanda radica en que en su caso se configuró un pago incompleto o faltante
del retroactivo que le fue reconocido en el momento a través del acto
administrativo demandado, en razón del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo en el Departamento
del Atlántico.

Al respecto señaló que en la referida liquidación efectuada por la entidad
demandada, no se tuvieron en cuenta las horas extras ni los intereses a las
cesantías, a pesar de que al momento del traslado del personal del Ministerio
de Educación Nacional al Departamento del Atlántico se configuraba una
diferencia salarial y prestacional, no solo en cuanto a la asignación básica, sino
también frente a los referidos conceptos que se debían computar en el proceso
de homologación, toda vez que el ente territorial sí pagaba tales emolumentos
con recursos propios a los empleados de su planta interna. Aseveró entonces
que esta situación desconoce la Directiva Ministerial 10 de 2005 y el artículo 3
del Acto Legislativo 1 de 2001.

Manifestó al respecto que con la demanda aportó las pruebas que
demostraban la liquidación errada del retroactivo efectuada por la entidad
demandada en razón de la mentada diferencia salarial y prestacional, sin
embargo, el a quo no las tuvo en cuenta. Adicionalmente indicó que en su
momento solicitó que se decretara un dictamen pericial que fue denegado por
el tribunal de primera instancia, pero que en esencia buscaba que el contador
de dicha corporación judicial esclareciera y evidenciara los conceptos faltantes
en el cómputo del valor reconocido a su favor.

Esgrimió que también debieron incluirse en el monto del pago retroactivo, los
años que el Departamento del Atlántico desestimó al alegar la ocurrencia del
fenómeno de la prescripción. Sobre el punto afirmó que no es posible
determinar a ciencia cierta la fecha a partir de la cual se hizo exigible la
obligación del proceso de homologación, toda vez que en el Acuerdo del 3 de
mayo de 2000 suscrito entre el Ministerio de Educación y Sintrenal, no se
estipuló un término para ejecutar aquella equiparación, por lo que no es posible
contabilizar los 3 años inherentes al referido fenómeno y en consecuencia es
dable concluir que la autoridad demandada «renunció a la prescripción», al
punto de estar vigente la deuda consolidada desde 1995 hasta 1999.

Seguidamente formuló una solicitud de nulidad sobre la sentencia de primera
instancia, al asegurar que en esta se desatendieron los elementos de hecho y
de derecho que soportaban su situación jurídica al basarse en consideraciones
«inexactas», toda vez que la entidad demandada no aportó de manera
completa las pruebas que le fueron requeridas y que buscaban demostrar el
error en la liquidación del retroactivo reconocido en cuanto a la falta de horas
extras e intereses a las cesantías. Adicionalmente precisó que el tribunal de
primera instancia no se manifestó sobre la necesidad de que el cálculo
respectivo lo efectuara el contador de la corporación judicial. Por otro lado,
refirió que con esta situación, el a quo vulneró sus derechos al debido proceso,
de defensa y contradicción de la prueba, pues no era válido asegurar que no
existía medio de convicción suficiente para acceder a sus pretensiones cuando

8 Folios 599 a 650, cuaderno principal.

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la sola resolución de reconocimiento y pago cuestionada bastaba para
evidenciar que el cálculo efectuado estaba mal elaborado, lo cual fue ignorado
en la sentencia apelada.

A continuación, acotó que también es procedente el reconocimiento de
intereses moratorios sobre la suma reconocida a su favor por los perjuicios
que le fueron ocasionados, en primer lugar por el retardo en el pago del
reajuste salarial por homologación, cuando en 2011 se suspendió ese abono
de manera abrupta, lo cual no se satisface con la sola indexación. Anotó que
esta última figura simplemente recupera la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda. Adicionalmente sostuvo que también se causó una afectación sobre
el monto finalmente concedido mediante el acto administrativo demandado,
pues se debieron pagar intereses moratorios desde «1995» cuando se
adquirió el derecho a la nivelación salarial, por lo que no halla fundamento el
criterio del a quo al negar lo propio por no proceder la reliquidación, toda vez
que esta sanción por la tardanza se solicita sobre la suma abonada en el 2014,
no sobre la cual se pretende el reajuste.

Además recalcó que a pesar de que se haya calculado la indexación frente al
valor del retroactivo, lo cierto es que esta es totalmente diferente a los
intereses moratorios, habida cuenta de que los últimos constituyen una forma
de rendimiento económico que se genera cada vez que se presente una
dilación en el pago de una obligación como ocurrió en su caso, si se tiene en
cuenta que el derecho lo adquirió en 1997 y solo fue reconocido hasta 2014,
al punto de que durante ese lapso, el Estado se «enriqueció ilícitamente».

De otra parte, con el fin de sustentar su posición sobre la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios respecto de la suma reconocida por
concepto de retroactivo, trajo a colación diferentes extractos de sentencias de
la Corte Constitucional, específicamente de la T-418 de 1996, con base en la
cual adujo que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones,
tienen la obligación emanada de la norma superior, de fijar mecanismos aptos
para abonar oportunamente tales emolumentos, pero al mismo tiempo
ostentan la carga de causar a favor de los empleados los intereses moratorios
cuando incurran en tardanzas injustificadas, aun si no existe sentencia
ejecutoriada que así lo ordene. Consideró que dicha providencia es la que
debe ser tenida en cuenta como sustento de sus pretensiones en tal sentido y
no las posteriores emitidas por esa misma Corporación o por el Consejo de
Estado que desarrollan una postura contraria.

Finalmente instó que de conformidad con el artículo 247 del CPACA y en
garantía del debido proceso y del principio de congruencia, se ordene en
segunda instancia la práctica de las siguientes pruebas dejadas de decretar
por parte del a quo: i) inspección judicial con intervención de perito y exhibición
de documentos; ii) oficiar a la entidad demandada para que allegue
certificación de pagos que acredite el reconocimiento de todos los factores
salariales y prestacionales del libelista; iii) certificación sobre los abonos que
le fueron efectuados a aquel por concepto de liquidación correspondiente al
período comprendido entre 2000 y 2002, ello respecto de los siguientes
haberes: bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación,
horas extras, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de
navidad, cesantías e intereses a las cesantías, días de descansos
compensatorios no disfrutados; y iv) certificación de horas extras

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efectivamente laboradas por el demandante y de los descansos no
reconocidos con las respectivas planillas de trabajo suplementario.

Sobre este punto deprecó específicamente que la liquidación a efectuar para
hallar el error en el cálculo del retroactivo concedido en el acto administrativo
demandado, sea desarrollada por el contador del Tribunal Administrativo del
Atlántico, pues aseguró que estas operaciones aritméticas no pueden ser
valoradas solo con la información de la entidad demandada, toda vez que
aquella no puede ser juez y parte al mismo tiempo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada9: solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda. Respecto del reclamo relativo al
reconocimiento de intereses moratorios a favor del libelista, precisó que a
aquel no le asiste tal derecho, toda vez que las sumas liquidadas en el acto
administrativo cuestionado fueron indexadas hasta el año 2003, de manera
que resulta improcedente lo deprecado.

Adicionalmente manifestó que, existe un error de interpretación del acto
administrativo en relación con el demandante, al omitir analizarlo de manera
integral y de manera unificada, puesto que confunde el monto total de la
liquidación de la deuda con el retroactivo salarial reconocido.

Precisó que resulta improcedente la devolución de los dineros descontados
por las estampillas Procultura, Prodesarrollo y Proelectrificadora Rural, toda
vez que la ley regula dichos descuentos a cargo del Departamento. Concluye
que la demandante de conformidad con el artículo 167 del Código General del
Proceso, no pudo demostrar la presunta ilegalidad del acto acusado.

Adujo que la liquidación del retroactivo de los empleados fue una condición
que provenía de la normatividad vigente y aplicada por el Departamento, que
conforme a los estudios técnicos desarrolló la homologación de cargos y
nivelación salarial, sin que encuentre vicio alguno de nulidad, misma que
tampoco evidencia la trasgresión de principios ni derechos fundamentales
deprecados.

El Ministerio Público10: la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo
de Estado emitió concepto en el cual solicitó confirmar la decisión de primera
instancia. Sostuvo que el asunto objeto de discusión se limita a manifestar sus
inconformidades, dado que confunde las nociones de reconocimiento y la
acción de pago, al respecto, precisó que el resultado del proceso de
homologación fue con ocasión del estudio técnico mediante el cual,
determinaron unos montos por concepto de retroactividad y homologación, por
tanto, el pago no significaba que debía ser de manera inmediata, pues
dependía de los recursos concedidos por el Estado, dado que el proceso de
adecuación de nómina y plantas de personal atiende a un proceso estricto y
dispendioso, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado.

Alega que la parte interesada no controvierte el fondo de la sentencia
impugnada, en cuanto argumenta la falta de pruebas sobre los factores

9 Índice 20 SAMAI.
10 índice 22 en SAMAI.

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salariales reclamados en el periodo pretendido; pero, carece de manera
específica sobre el análisis determinante que permita evidenciar la presunta
nulidad deprecada.

Finalmente, precisó que no procede el reconocimiento de intereses moratorios,
puesto que fue reconocida la indexación sobre las sumas reconocidas, dado
que esta subsume la pérdida de valor de dinero, con lo cual se garantizó a las
personas involucradas las acreencias laborales conforme a la Ley y
jurisprudencia.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal de conformidad
con la constancia secretarial visible a folio 740 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada. En el presente caso solo presentó la impugnación vertical
la parte demandante.

Cuestión previa

En primer lugar y antes de resolver de fondo la apelación, destaca la Sala que
la parte demandante presentó solicitud de nulidad a partir del auto que ordenó
correr traslado para alegar, al considerar que la actuación vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, defensa, contradicción de la prueba y contraría
los principios de prevalencia del derecho sustancial de eficacia y acceso a la
administración de justicia, al considerar que no tuvo acceso al expediente
digital (en aplicación del Decreto 806 de 2020), el cual requería para presentar
los alegatos de conclusión.

Aunado a ello, el señor Octavio Monsalvo, insistió en el decreto de oficio de
las pruebas en segunda instancia que advirtió necesarias para la toma de la
decisión en segunda instancia, tales como: Las planillas de horas extras
efectivamente laboradas; los descansos compensatorios dejados de disfrutar;
los recargos nocturnos, los domingos y festivos laborados y no cancelados;
las nóminas de pago y el acta de posesión. Asimismo, la práctica de inspección
judicial, así como oficiar a la Corte Constitucional para solicitar copia del
expediente T-157 de 2014, que contiene elementos probatorios que sustentan
la situación fáctica.

Previo a resolver lo descrito, esta Sala considera necesario realizar un
recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de estudio, con
el propósito de aclarar a la parte actora, la legalidad de las actuaciones surtidas
en todas las etapas procesales, así:

Pruebas decretadas en primera instancia

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i) Mediante acta de audiencia inicial, realizada el 18 de mayo de 2016, el
Tribunal Administrativo del Atlántico en la etapa procesal del decreto de las
pruebas11, consideró pertinente la solicitud de los antecedentes
administrativos, así como la copia de los Oficios 2009EE30647,
2010EE81422,2011EE77306 y 2013EE34201y, negó la solicitud de
inspección judicial.

Asimismo, en el ejercicio del decreto de pruebas de oficio regulado en el
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, el a quo requirió para obtener la
certificación de pagos por conceptos salariales y no salariales consignados en
el proceso de homologación; certificado de pagos por concepto de
reliquidación, con la inclusión de las prestaciones, tales como servicios
prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de
vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de navidad, cesantías e
intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones, días de descanso
compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar y; solicitó todos los actos
administrativos contenidos en el proceso de homologación y nivelación
salarial. Contra la anterior decisión, las partes guardaron silencio y no
presentaron recurso alguno12.

Solicitud de pruebas en segunda instancia13

iii) En punto a lo instado por el apelante en materia del decreto de pruebas en
desarrollo de la segunda instancia, es necesario destacar que este despacho
mediante providencia del 23 de enero de 202014 denegó la misma, habida
cuenta de que no se acreditan las condiciones para su procedencia en
atención al artículo 212 del CPACA, toda vez que los medios de convicción
deprecados no fueron instados con el libelo, de suerte que no se trata de
pruebas decretadas dejadas de practicar. Así las cosas, las solicitudes de
nulidad y de pruebas en segunda instancia están sujetas a las decisiones
previamente emitidas y debidamente ejecutoriadas.

Sobre la solicitud reiterada del apelante en materia del decreto de pruebas en
desarrollo de la segunda instancia, es necesario destacar que la regulación
sobre el punto está prevista en el artículo 212 del CPACA que reza lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en
este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de
pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición
a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar
su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.

11 Folios 184 a 186 y CD que obra a folio 181.
12 Folios 187.
13 Folios 599 a 650, solicitud contenida en el recurso de apelación.
14 Folios 731 a 733.

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10
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00917-01 (0746-2019)
Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.15
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles. […]».

Pues bien, la parte demandante insiste sobre la valoración de las planillas de
horas extras efectivamente laboradas; los descansos compensatorios dejados
de disfrutar; los recargos nocturnos, los domingos y festivos laborados y no
cancelados; las nóminas de pago y el acta de posesión. Asimismo, la práctica
de inspección judicial y, oficiar a la Corte Constitucional para solicitar copia del
expediente T-157 de 2014, contentivo de las pruebas que considera
pertinentes para el estudio del caso concreto.

De acuerdo con la normativa en cita, los casos previstos por el Legislador para
la procedencia de la práctica de pruebas en desarrollo de esta instancia,
únicamente son los enlistados en el inciso 4.° de la norma ejusdem. Empero,
al observar el asunto sub examine, se advierte que la parte activa busca el
recaudo de medios probatorios que abiertamente no se ajustan a los
supuestos de los numerales 1.°, 3.°, 4.° y 5.° del referido precepto. Al tratar de
acompasar lo deprecado al evento contemplado en el numeral 2.°, la
Subsección halla que tampoco es viable acceder a la solicitud con base en
aquel postulado, debido a que no se trata de pruebas decretadas dejadas de
practicar sin culpa del demandante.

Por el contrario, frente a la inspección judicial con exhibición de documentos,
se resalta que en primera instancia no fue decretada, situación que no fue
objeto de reparo o de alzada por parte del demandante, tal como el a quo lo
indicó al resolver la solicitud de nulidad de la sentencia. Al igual, luego de que
se hubiese clausurado la etapa probatoria con el traslado para alegatos, la
parte activa no interpuso recurso alguno.
En lo atinente a las demás pruebas solicitadas en el recurso bajo examen,
debe tenerse en cuenta que estas no habían sido pedidas en su debida

15 Si bien este numeral fue modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, debe tenerse en cuenta

que conforme al régimen de vigencia y transición normativa previsto en el inciso final del artículo 86
ibídem, los recursos interpuestos deben continuar regidos por la normativa anterior a la señalada, que
para el caso particular es la Ley 1437 de 2011 bajo el texto original de su artículo 212.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

oportunidad, esto es, en la demanda de acuerdo con el inciso 2.° del artículo
212 del CPACA, por lo que tampoco fueron decretadas en primera instancia.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, la Sala en casos similares ha precisado
que: De cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia oficiosa
del juez de conocimiento frente a este punto, en la medida en que aquella tiene
como fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la actuación y no
solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes16.

Por lo expuesto, se torna imperioso reiterar la negativa en la solicitud
probatoria del recurrente, habida cuenta de que no se acreditan las
condiciones para su procedencia en atención al inciso 4.° de la norma
precitada y sus numerales, especialmente el segundo, toda vez que en primer
lugar, no fueron controvertidas en la instancia procesal correspondiente y, las
actuaciones posteriores que ha generado la intervención de las nulidades, han
sido rechazadas al argumentar los mismos presupuestos, máxime cuando
puede evidenciarse que los medios de convicción alegados no fueros instados
con el libelo, ni se trata de pruebas decretadas dejadas de practicar.

Ahora bien, en el ejercicio del artículo 213 del CPACA, el juez de manera
excepcional podrá decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes
para el esclarecimiento de alguna situación, lo cual no ocurre en el presente
asunto, al existir un estudio previamente realizado de manera clara y concreta,
al aplicar las situaciones, de hecho, de derecho así como la jurisprudencia
aplicable al presente asunto, preceptos que no puede olvidar el libelista, en su
empeño de entorpecer la autonomía, sana crítica e interpretación en el
ejercicio de hermenéutica jurídica.

Finalmente, en ejercicio de las potestades otorgadas por la Ley, con
fundamento en los poderes de ordenación e instrucción, se rechazará la
solicitud de pruebas de oficio.

Solicitud de nulidad en primera y segunda instancia17

ii) Una vez surtida la etapa procesal para correr traslado de alegatos y proferida
la sentencia de primera instancia, el libelista, a pesar de haber solicitado lo
propio en su recurso de apelación, de manera concomitante, el 18 de
noviembre de 2014, presentó un memorial ante el Tribunal del Atlántico con
idéntico pedimento anulatorio y bajo los exactos argumentos de la apelación,
pues literalmente reprodujo en su totalidad la alzada. Ante esta situación, el
Tribunal profirió auto del 27 de noviembre de 201818, mediante el cual rechazó
de plano la solicitud aludida, al señalar lo siguiente:

«[…] De lo anterior, advierte el Tribunal que los argumentos planteados por el
apoderado de la parte actora no encuadran dentro de las situaciones
establecidas por el Consejo de Estado, para que la nulidad proceda con
posterioridad a la sentencia. Además, el fallo objeto de la solicitud de nulidad
es una providencia proferida en primera instancia, la cual es pasible de ser
controvertida por los medios de impugnación señalados por la ley. Sumado a

16 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda, Subsección B del

Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-
2014-01014-01 (2460-19), que resolvió un caso con similitudes fácticas y jurídicas al sub examine.
17 Folios 651 a 703.
18 Folios 708 a 710.

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ello, las razones que fundamentan la plurimencionada petición son propias del
recurso de apelación interpuesto en el mismo memorial.
En consecuencia, se torna improcedente el estudio de la solicitud de nulidad
deprecada por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia. […]»

Como se aprecia de lo transcrito, la discusión sobre la supuesta nulidad del
fallo impugnado fue resuelta por el a quo con base en los mismos reparos
esbozados por la apelante en su recurso. Lo anterior implica que al no existir
argumentos diferentes que denoten otras causales o fundamentos de
anulación, en esta instancia resulta improcedente pronunciarse al respecto. El
hecho de hacer lo propio ante la existencia de una decisión ejecutoriada, sería
tanto como desconocer la firmeza de aquella en detrimento de la seguridad
jurídica.

En todo caso, es de recalcar que por tratarse de una solicitud de nulidad
posterior a la sentencia de primera instancia, debe entenderse que el origen
de esta tendría que radicar y sustentarse en tal providencia y no en
actuaciones anteriores, según se infiere del artículo 134, inciso 1.° del CGP19.
No obstante, al verificar la argumentación esgrimida por el recurrente, se
encuentra que no fue planteada ni expuesta una sola causal en contra del fallo
en comento, sino sendos reproches sustanciales al análisis probatorio
efectuado por el a quo. Dichas formulaciones son inconformidades con la
manifestación judicial per se, de manera que ello se subsume en la apelación
en sí misma que es materia de examen en esta oportunidad. Por esta razón
adicional a la anterior, claramente resulta aún más justificado rechazar de
plano el estudio paralelo a la alzada pretendido por la parte demandante.

Solicitud de nulidad por falta de acceso al expediente digital20

iv) Mediante auto del 3 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 247
del CPACA, modificado por el artículo 623 del CGP, se procedió a correr
traslado a las partes para la presentación de los alegatos. Conforme a lo
anterior, la parte interesada advirtió la presunta imposibilidad de presentarlos,
por la supuesta falta de acceso al expediente, específicamente en formato
digital, según lo prescrito por el artículo 4° del Decreto 806 de 2020.

En concordancia con lo anterior, repárese que la disposición alegada está
condicionada «Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial».
Sobre el particular, debe advertirse que una vez revisado el proceso en la
etapa de ejecutoria del auto que corrió traslado a las partes para alegatos, no
fue presentada solicitud alguna por parte del señor Octavio Monsalvo, a través
de la cual hubiese requerido el acceso al expediente.

Ahora bien, para la fecha en que fue proferido el auto que corrió traslado, las
partes tenían acceso al expediente físico, dado que para ese momento ya se
había levantado la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior
de la Judicatura21. Por lo tanto, el interesado podía dirigirse al Palacio de
Justicia o pedir cita para revisar el proceso, ahora, si la intención era la
expedición de copias, debía tener en cuenta las tarifas por concepto de arancel

19 «[…] Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las

instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]».
(Subrayado intencional).
20 Índice 24 de Samai.
21 Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020.

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judicial conforme al Acuerdo PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018.
Sobre las actuaciones surtidas en segunda instancia, las mismas se
encuentran adjuntas en archivos digitales, visibles en la plataforma SAMAI, un
sistema de gestión judicial adecuado para la garantía e intervención de las
partes.

De igual manera, cabe mencionar que, la digitalización de los procesos atendió
a un esquema organizacional que en la actualidad continúa al interior del
Consejo de Estado, sin que a la fecha haya culminado. Sin embargo, las partes
en cualquier momento en que lo soliciten pueden obtener copia de las piezas
procesales, empero, al revisar la gestión del proceso objeto de estudio, se
reitera, que no existe actuación alguna, por lo tanto, no resulta procedente
alegar error o arbitrariedad ante su omisión, situación que no constituye
ninguno de los presupuestos para la procedencia de una nulidad procesal.

Una vez resuelto lo anterior, la Sala procede a resolver el caso concreto así:

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:

1. ¿El señor Octavio Emilio Monsalvo Ariza tiene derecho a la reliquidación
del retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación
salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del Departamento del Atlántico, reconocido a través de la
Resolución 340 del 22 de enero de 2014, ello con la inclusión de los
haberes devengados durante el período comprendido entre 1995 y
1999, o para ese lapso se configuró el fenómeno prescriptivo?

2. ¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido
al libelista mediante el acto administrativo demandado, con la inclusión
y cómputo de la diferencia entre la asignación básica y demás factores
de remuneración y prestacionales correspondientes a la nivelación
salarial derivada de aquel proceso, en comparación con los
emolumentos percibidos efectivamente por aquel desde 2000 a 2002,
entre estos, la bonificación por servicios prestados, bonificación por
recreación, prima de servicios, prima de vacaciones, horas extras, prima
técnica, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías,
indemnización por vacaciones y días de descanso compensatorios?

3. ¿El apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta
de personal administrativo adscrito al sector educativo del
Departamento del Atlántico?

Primer problema jurídico

¿El señor Octavio Emilio Monsalvo Ariza tiene derecho a la reliquidación del
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la
planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
Departamento del Atlántico, reconocido a través de la Resolución 340 del 22
de enero de 2014, ello con la inclusión de los haberes devengados durante el

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período comprendido entre 1995 y 1999, o para ese lapso se configuró el
fenómeno prescriptivo?

Sobre el punto se tendrá como tesis de la Sala la siguiente: el demandante no
tiene derecho a la reliquidación deprecada en punto a la inclusión del período
en mención, debido a que este fue objeto del fenómeno prescriptivo, tal como
se precisa a continuación:

➢ Del proceso de homologación del personal al servicio de los
establecimientos educativos

La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que
prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios y
las intendencias y comisarias, proceso que se desarrolló entre el 1.º de enero
de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, para desarrollar el contenido de los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución Política, relativos a la distribución de competencias y
recursos, se expidió la Ley 60 del 12 de agosto de 1993, por la cual se dio
apertura a la descentralización del servicio educativo y al desmonte de la
nacionalización de la educación, para lo cual se efectuó por parte de la Nación
a los departamentos y distritos la entrega de los bienes, personal y
establecimientos educativos para que fueran asumidos directamente por las
entidades territoriales.

Este proceso de descentralización implicó el ajuste de las plantas del personal
administrativo que prestaban sus servicios en las instituciones educativas al
adscritas de la Nación, los cuales, debían ser incorporados a las plantas
departamentales y distritales, previa homologación de cargos, no solo en el
aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado «que podían
diferir», sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las
funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio.

Implementado el proceso de descentralización en educación, y con el fin de
fortalecer su desarrollo, se expidió la Ley 715 del 21 de noviembre de 2001, la
cual, pretendió la municipalización de la educación que había quedado en
manos de los departamentos y distritos certificados conforme a la Ley 60 de
1993. En efecto, los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, determinaron
expresamente el procedimiento a seguir para incorporar las plantas
financiadas con recursos del sistema general de participaciones antes
«situado fiscal».

Para ello, previo estudio técnico se tenían que fijar las plantas de personal
docente, directivo docente y administrativos de los planteles educativos, y
luego proceder a la provisión de dichos cargos en la plantas de personal
adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio
educativo, incorporándolos a las mismas.

Con el Acto Legislativo 1.° de 2005, se determinó que los recursos de la
participación para educación del sistema general de participaciones, se
destinarían a financiar la prestación del servicio educativo y entre otras
actividades el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus
prestaciones sociales.
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Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005, en el ejercicio de una actividad de acompañamiento
a las entidades territoriales que habían adelantado su proceso de certificación
en educación, señaló las directrices para llevar a cabo la homologación de
cargos y la nivelación salarial del personal administrativo, y determinó los
criterios y pasos para tener en cuenta en dicho proceso.

Así mismo, señaló que la deuda por concepto de retroactividad en aquellos
eventos en que la homologación y consecuente incorporación conllevara la
nivelación de salarios, cuando no procediera la incorporación horizontal, se
asumiría con recursos del sistema general de participaciones previa
disponibilidad presupuestal, si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo ente territorial certificado homologó e incorporó al
personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus
recursos propios.

➢ Del trámite de homologación y nivelación salarial de los
funcionarios administrativos del Departamento del Atlántico.

Conforme al sustento fáctico expresamente señalado por la parte demandante
en su libelo22, corroborado por el Departamento del Atlántico en su
contestación de la demanda23, se observa que el proceso de homologación
desarrollado por dicha entidad territorial se desarrolló de la siguiente manera:

i) A través del Oficio 2009EE30647 de mayo de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional en cumplimiento de los postulados de la Ley 60 de 1993
emitió concepto favorable al Departamento del Atlántico para la administración
del servicio educativo y en consecuencia poder adelantar el proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.

ii) En virtud de lo anterior, el ente territorial demandado por medio del Decreto
00208 de 29 de junio de 2009, homologó y niveló salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaría de Educación Departamental financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones, ello en atención del concepto
emitido el 9 de diciembre de 2004 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado y de la Directiva Ministerial 10 de junio de 2005.

iii) Conforme a la Resolución 03853 de 2009, el Departamento del Atlántico
determinó específicamente la homologación para los servidores vinculados en
esa época a la planta interna de personal. En virtud de lo anterior, el Ministerio
de Educación Nacional aprobó el estudio técnico del mentado proceso para el
lapso comprendido entre 1997 y el 23 de julio de 2009, esto según el Oficio
2010EE81422 de 10 de noviembre de 2010.

iv) El ente territorial demandado y la autoridad ministerial en comento
celebraron acuerdo de pago el 31 de diciembre de 2010, en el que se estipuló
que la segunda reconocería a favor del primero una suma equivalente a
$28.755´797.596 por concepto del aludido proceso de homologación y
nivelación salarial del sector educativo, para lo cual se concedió un término de
15 meses contados a partir del pago efectuado el 27 de febrero de 2011.

22 Según se observa de folios 2 a 4.
23 Obrante de folios 159 a 172.

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v) A pesar del inicio de las actuaciones administrativas tendientes a efectuar
los respectivos pagos a los funcionarios homologados, la autoridad
demandada evidenció errores en el cómputo de los valores a reconocer, por
lo que mediante Oficio 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011 se ordenó
suspender dicho proceso hasta nueva revisión y aprobación por parte del
Ministerio de Educación, lo cual ocurrió con la expedición del Oficio
2013EE34201 de 11 de junio de 2013.

vi) En razón de lo expuesto, el Departamento del Atlántico expidió la
Resolución 340 del 22 de enero de 2014, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de retroactivo,
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial a favor del señor
Octavio Emilio Monsalvo Ariza además, incluyó los pagos por aportes
parafiscales y patronales.

➢ Sobre los efectos retroactivos del proceso de homologación y su
incidencia en materia prescriptiva

Al respecto es necesario recordar que la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio
de 2005 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, desarrolló en el literal
A. el esquema a aplicar por parte de las entidades territoriales a fin de
consolidar el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial derivada
de la autorización para la prestación del servicio educativo por parte de
aquellas.

Por otra parte, en el literal B. del acto en mención se consagró lo siguiente:

«[…] B. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACION Y
NIVELACIÓN

Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las
reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de
la misma. Con base en este listado, debe proceder a determinar el monto de
las deudas respectivas.

Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos
que no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y
103 del Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a
los cuales las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres
años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible y que el simple reclamo escrito del titular de un derecho, o prestación
debidamente determinado, recibido por el empleador, interrumpe la
prescripción por un lapso igual. […]» (Negrilla del texto original).

De acuerdo con esta determinación administrativa, es evidente que el
Ministerio de Educación contempló en el proceso de homologación y
nivelación salarial referido, que el fenómeno de la prescripción sería aplicable
a las reclamaciones efectuadas por los funcionarios objeto de la medida,
puntualmente el previsto en el Decreto 1848 de 1969. Ahora bien, tal como lo
planteó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto

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2301 de 201624, el derecho en sí mismo del personal homologado del sector
educativo a reclamar el ajuste de los valores concedidos por concepto de
retroactivos salariales, no es susceptible de sufrir la prescripción extintiva, no
obstante, los pagos adeudados en razón de ello sí pueden prescribir bajo los
preceptos de la norma en cita, esto es, en atención al término de 3 años
contados a partir de la fecha de exigibilidad de la prerrogativa para solicitar el
reajuste que el beneficiario considere necesario.

Ahora bien, sobre el particular se observa que el demandante afirma en su
recurso de apelación, que entre la aludida autoridad ministerial y el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la Educación (SINTRENAL), tuvo lugar un
acuerdo laboral del 3 de mayo de 200025, tendiente a consolidar el esquema y
la dinámica para el desarrollo del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo del sector educativo de las entidades
territoriales, en el cual no se estipuló un término específico para ejecutar
aquella equiparación, por lo que sostuvo que no es posible contabilizar los 3
años inherentes a la referida figura jurídica, por lo que en consecuencia era
dable concluir que la autoridad demandada «renunció a la prescripción».

Pese a lo manifestado por la parte activa, lo cierto es que tal planteamiento no
se ajusta a derecho, habida cuenta de que la prescripción es un postulado
jurídico previsto en normas de orden público que impide su renuncia o
negociación en casos particulares como el presente, y mucho menos por parte
de la misma administración que por el contrario debe garantizar su aplicación.
En todo caso, debe destacarse el hecho de que a partir del precitado acuerdo
traído a colación por el libelista, no se desprende explícita ni implícitamente en
ningún aparte del documento, la inferencia esgrimida por aquel relacionada
con la renuncia de dicho fenómeno. A contrario sensu, lo que debe tenerse en
cuenta es que está demostrado que el propio Ministerio de Educación en la
Directiva 10 del 30 de junio de 2005, previó y confirmó el fenómeno prescriptivo
en cuanto a las peticiones de revisión o reliquidación de los retroactivos
reconocidos en virtud del proceso de equiparación de cargos y salarios.

Pues bien, sobre el punto esta Corporación26 ha señalado que la configuración
de la mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:

«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

24 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2301 del 14 de diciembre de 2016.

Radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00.
25 Folios 40 a 50.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho cuyo
restablecimiento se depreca, tendrá que considerarse que esta data se
concreta desde el momento en que se consolidó el proceso de homologación
y se estructuró la prerrogativa de la nivelación salarial a favor del demandante,
esto es, a partir del 1.° de enero de 1997 cuando aquel ingresó directamente
a la planta de personal del Departamento del Atlántico27.

Empero, al verificar el sustento fáctico de la demanda y el acervo probatorio,
se observa que el demandante en ningún momento afirmó que había
presentado una reclamación ante la entidad demandada tendiente a obtener
la reliquidación del retroactivo cancelado. De hecho, lo único que sostuvo al
respecto, fue que la petición relacionada con sus pretensiones en vía judicial,
había sido presentada de manera general en los años 2000 y 200228 por
SINTRENAL, el sindicato al que hacía parte. Empero, al examinar el contenido
de dichas solicitudes, se aprecia que aquellas buscaban exclusivamente
obtener el reconocimiento de los valores adeudados en virtud del proceso de
homologación y nivelación salarial, sin que se hubiese hecho mención a una
reliquidación por falta de períodos o de factores salariales y prestacionales,
toda vez que evidentemente, para esas fechas, aún no se había efectuado el
respectivo pago, pues este se determinó para el libelista solo hasta la
expedición de la Resolución 340 del 22 de enero de 2014.

Sin perjuicio de lo anterior, también se destaca que con el fin de evidenciar
una petición pasible de interrumpir el término prescriptivo bajo estudio, aquella
debe ser específica, concreta y particular para el caso puntual del
administrado, en orden de consolidar una situación jurídica puntual susceptible
de verificación tanto en sede administrativa como judicial, y no por medio de
solicitudes generales y abstractas como las referidas por la parte activa, que
además de no relacionarse con el objeto del litigio, en caso de haberlo sido,
tampoco tendría efectos sobre el derecho del demandante al no haber
reclamado lo propio personalmente.

Como se desprende de lo esbozado hasta este punto, claramente no se ha
presentado una reclamación administrativa específicamente para obtener la
reliquidación del pago efectuado al libelista por concepto de retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del sector
educativo del Departamento del Atlántico. Por tal razón, para la Sala resulta
inviable determinar la fecha de interrupción de la prescripción sobre los valores
supuestamente adeudados al demandante en virtud de la reliquidación
deprecada29, más aun cuando el período completo de la referida actuación
tuvo lugar desde 1997 hasta 1999, pero la única manifestación de oposición o
reclamo frente al valor del monto reconocido al señor Monsalvo Ariza, es la
interposición de la demanda el 27 de agosto de 201430, cuando ya no tenía
vigencia la obligación.

27 Fecha extraída de la Resolución 444 del 22 de enero de 2014 (folios 21 a 29). Esta consideración

sobre la data de exigibilidad del derecho al ajuste de pago retroactivo que debe tenerse en cuenta en
casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia de esta Subsección proferida el 18
de marzo de 2021 en el proceso con radicado: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019).
28 Folios 48 a 50.
29 Situación que también fue advertida y contemplada para efectos de la decisión, en sentencia proferida

por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 13 de noviembre de 2020, en el
proceso con radicado: 08001-23-33-000-2014-01003-01(2666-19).
30 Folio 54.

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Radicado: 08001-23-33-000-2014-00917-01 (0746-2019)
Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

En conclusión: el demandante no tiene derecho a la reliquidación del valor
reconocido como retroactivo de la nivelación salarial concedida en virtud de la
autorización al Departamento del Atlántico para la prestación del servicio
educativo público, basada en la falta de inclusión de los emolumentos
computables desde 1997 hasta 2002, dado que ante la imposibilidad de
extraer una data de interrupción de la prescripción en el caso sub lite por
ausencia de una reclamación en tal sentido, debe asumirse que, al ser
aplicable el referido fenómeno jurídico sobre los pagos correspondientes al
mentado concepto, aquellos relativos a dicho período efectivamente se
encuentran sometidos a la configuración de la prescripción por la superación
del término previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, al punto de
hallarse ajustada la decisión de la entidad demandada en este aspecto.

Segundo problema jurídico

¿Debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación reconocido al
libelista mediante el acto administrativo demandado, con la inclusión y
cómputo de la diferencia entre la asignación básica y demás factores de
remuneración y prestacionales correspondientes a la nivelación salarial
derivada de aquel proceso, en comparación con los emolumentos percibidos
efectivamente por aquel desde 2000 a 2002, entre estos, la bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación, prima de servicios, prima de
vacaciones, horas extras, prima técnica, prima de navidad, cesantías e
intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones y días de descanso
compensatorios?

En lo relativo a este cuestionamiento, la Sala sostendrá como tesis que, no es
procedente reliquidar el monto reconocido al demandante como retroactivo del
proceso de nivelación salarial por homologación de cargos del sector
educativo en virtud de la diferencia salarial y prestacional por falta de inclusión
o cómputo adecuado de sendos haberes en el lapso comprendido entre 2000
y 2002, conforme a las siguientes consideraciones:

➢ De las pruebas aportadas y el análisis de la reliquidación
deprecada conforme al contexto jurídico expuesto en la demanda

Los siguientes son los elementos probatorios que obran en la presente causa
judicial y que son relevantes para resolver el litigio:

• Decreto 208 del 24 de junio de 2009, proferido por el gobernador del
Departamento del Atlántico, a través del cual dicha entidad territorial
homologa y nivela salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría
de Educación que eran financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones31.

• Resolución 340 del 22 de enero de 2014, mediante la cual la Secretaría de
Educación del Departamento del Atlántico, reconoció y ordenó pagar a
favor del libelista, una suma equivalente a $6.867.843, esto por concepto
de retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo de dicha dependencia, dentro de la cual se
destacan los montos indexados anuales desde 2000 a 2002, equivalentes
al total de los haberes a los que tenía derecho el demandante en virtud de

31 Folios 209 a 213.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

la aludida equiparación laboral. Igualmente se resalta que para la
determinación del monto a pagar, la referida autoridad expuso como
motivación la siguiente: «[…] Que de acuerdo con las cifras certificadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le corresponde al funcionario
MONSALVO ARIZA OCTAVIO, la suma de $7.949.121, valor en el que se
encuentran incluidos los correspondientes pagos a terceros vinculados con
nómina así: $352.760 por aportes parafiscales; $728.518 por aportes patronales;
sumas que deben ser deducidas en el presente acto administrativo del valor total
de la liquidación, quedando a su favor un valor a pagar de $6.867.843, sin
perjuicio de los descuentos a realizar por concepto de embargos, aportes a
sindicatos según sea el caso y los demás descuentos de Ley.

Que las cifras que vienen señaladas a su favor resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de
los salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene
señalado y los salarios vigentes para la misma época que devengaban en la
Gobernación del Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos
propios, determinados conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto
de la sumatoria de las diferencias salariales, en caso que se presenten, y las no
salariales aplicables a cada caso, como por ejemplo, horas extras, prima de
servicios, indemnización por vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación,
subsidio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de servicios
(sic), prima de navidad, bonificación especial de recreación; además de los cuales
se calcularon los aportes parafiscales, patronales y descuentos sindicales
legalmente establecidos. [...] Que los valores por ingresos de nómina fueron
actualizados (indexados) con base en índice de precios al consumidor certificado
por el DANE para los respectivos años, usando para ello la tabla de series de
índices de empalme, que puede ser consultada en la página web de dicha entidad.
[…]»32.

• Acta de acuerdo suscrito entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional y
SINTRENAL, en la que se estipuló que en un término máximo de 15 días a partir
de la firma del convenio, elaborarían la estructura de la propuesta para la
homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos del sector
educativo de los entes territoriales pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, frente a los servidores del orden territorial que desempeñan igual
o similares funciones. Asimismo se indicó que se coordinarían las gestiones
interadministrativas para adelantar dicho proceso con orientación directa a los
distritos, municipios o departamentos certificados 33.

• Ordenanzas 37 de 1999, 2 de 2001, 46 de 2001, 36 de 2002, 31 de 2003, 12 de
2004, 2 de 2006, 26 de 2006, 28 de 2008 y 57 de 2009, por medio de las cuales
la Asamblea Departamental del Atlántico fijó las escalas de remuneración de los
empleados del ente territorial para las vigencias desde 2000 hasta 200934.

Pues bien, antes de abordar el examen y valoración puntual de los medios de
prueba recaudados y practicados en el asunto de marras, la Subsección debe
resaltar el hecho de que en la demanda, específicamente en el acápite de
normas violadas y concepto de la violación, no se encuentra un solo
argumento puntual y concreto referente a las causales de nulidad del acto
administrativo cuestionado y al fundamento de ilegalidad de aquel, en punto a
las razones por las cuales asegura que la liquidación del retroactivo por
nivelación salarial efectuado por el Departamento del Atlántico, fue realizado
32 Folios 23 a 31.
33 Folios 40 a 46.
34 Folios 242 a 239.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

erróneamente o en contradicción con la normativa aplicable a su situación
jurídica.

Al respecto, se observa que la parte activa aseguró tanto en su libelo como en
el recurso de apelación, que la entidad demandada no solo dejó de incluir
emolumentos como horas extras completas e intereses a las cesantías en el
cómputo que determinó el valor del retroactivo reconocido, sino que lo liquidó
con valores incorrectos respecto de la diferencia de los demás haberes
devengados, por lo que sostuvo que no se concretó una nivelación salarial
adecuada a su caso. Empero, dicha afirmación la esgrime de manera abstracta
con la sola transcripción de normas y sin enunciar, describir y puntualizar, por
ejemplo, cuántas horas extras y demás recargos se causaron, en qué
períodos, por cuáles valores y bajo qué autorizaciones conforme a las
condiciones para su procedencia previstas en los artículos 36 y 37 del Decreto
1042 de 1978.

Lo propio debe asegurarse frente a los demás emolumentos cuya inclusión y
revisión pretende el demandante, pues no se advierte una sola referencia
específica a los valores dejados de liquidar, o al error en el cálculo aritmético
de estos. Tampoco se avizora una manifestación concreta de su caso en lo
relativo a los períodos en los que aquel percibió o debió percibir los mentados
conceptos salariales o prestacionales, ni los fundamentos: i) normativo que
respaldara el hecho atinente a la necesidad de computarlos, y ii) fáctico en
cuanto a su falta de inclusión total o parcial por parte de la entidad demandada
en la Resolución 340 del 22 de enero de 2014.

Las circunstancias descritas impiden al juez tener un conocimiento previo del
sustento del petitum, por lo que resulta inviable determinar las posibles causas
de anulación sobre la decisión administrativa cuestionada, en la medida en
que frente a esta se presume su legalidad, al punto de que la parte
demandante no solo debe demostrar lo contrario, sino argumentarlo con
exactitud y claridad, en orden de contrastar su tesis con la planteada por la
parte pasiva y la realmente aplicable al caso en razón del ejercicio
interpretativo de la autoridad judicial.

Sobre este punto, el libelista insiste en que el análisis o fundamentación de las
pretensiones en cuanto a la supuesta liquidación errónea efectuada por el
Departamento del Atlántico, no le corresponde directamente a él por tratarse
de un ejercicio aritmético en vez de jurídico, el cual no debe ser valorado
solamente con la información de dicha entidad, en tanto esta tampoco puede
ser considerada «juez y parte al mismo tiempo». Con base en tal
planteamiento, reiteró en su recurso de apelación, que la reliquidación
propiamente dicha, tendría que haber sido realizada por el contador del
Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en una inspección judicial
con exhibición de documentos, que permitiera hallar cuáles eran los yerros en
el cálculo desarrollado por el ente territorial para el período comprendido entre
2000 y 2002.

Ahora, estimar adecuada la mentada afirmación como lo insta el apelante,
sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse la ilegalidad del acto
administrativo demandado, al considerar de entrada que la liquidación
realizada en este fue incorrecta, y que por lo tanto, lo que procede es trasladar
la carga argumentativa y probatoria al juez, para que aquel efectúe un nuevo
cálculo a fin de verificar esas supuestas falencias, y de este modo subsanarlas
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con una decisión favorable a los intereses de la parte activa. Aquello carece
de cohesión jurídica con los preceptos y principios propios del esquema
procesal de las actuaciones judiciales, especialmente de la noción de justicia
rogada que le es propia a la presente jurisdicción. Lo anterior ya ha sido objeto
de pronunciamiento por esta Subsección en sentencia del 18 de marzo de
202135 proferida en un caso similar al presente, cuando se indicó lo siguiente:

«[…] En este punto, conviene recordar que es a la parte demandante a quien
le incumbe indicar las normas que considera infringidas y exponer el concepto
de esa violación, así como los vicios atribuidos al acto administrativo, sin que
le corresponda al Juez efectuar un control integral y absoluto de legalidad de
los actos acusados, y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento
jurídico le impone a las partes. […]»

Por esa razón, las apreciaciones de la parte activa frente a la forma en que
debe evidenciarse o determinarse el objeto del litigio sin su directa y previa
intervención argumentativa, se torna inadecuada, en tanto denota una falta de
precisión en el respaldo de sus pedimentos, al someter su prosperidad
exclusivamente a la actividad judicial y a las pruebas del proceso. Ello
finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para
acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación del
retroactivo pagado al libelista36.

Por otro lado y sin perjuicio de lo planteado, la Sala observa que, en todo caso,
también se presenta una deficiencia en la actividad probatoria de la parte
activa, habida cuenta que si en gracia de discusión se hubiesen precisado las
supuestas fallas de la liquidación del retroactivo pagado al demandante, lo
cierto es que no reposarían en el plenario pruebas suficientes y conducentes
para demostrar tales supuestos. Una vez analizado el material probatorio
enunciado anteriormente, se evidencia que no obra un medio de convicción
adecuado para deducir cuáles eran las presuntas irregularidades del cálculo
efectuado por la entidad territorial demandada, pues solo se encuentran las
ordenanzas que fijaron la escala salarial de la planta departamental por el
período de 2000 a 2002 y los certificados de pago del señor Octavio Monsalvo
para los años 1997 a 1999.

Con base en dicha evidencia documental, es posible identificar el período
respecto del cual el libelista alega la diferencia salarial, la inclusión de los
factores salariales y prestacionales que devengó durante el lapso deprecado.
Se resalta además que el señor Octavio Emilio Monsalvo Ariza básicamente
sustentó su carga de la prueba, que es inherente a la solicitud de nulidad del
acto administrativo demandado, debido a la presunción de legalidad que lo
cobija, en la práctica de una inspección judicial con peritaje tendiente a verificar
documentos y realizar un ejercicio contable que determinara puntualmente los
errores cometidos por la administración en aquella decisión.

Sin embargo, de la situación fáctica descrita solamente se limitó a narrar que
la liquidación del retroactivo se hizo «de manera incompleta» porque no se

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 18 de marzo de 2021. Radicado: 08001-23-33-000-2014-00959-01 (3376-2019).
36 Esta postura también ha sido analizada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta

Corporación en sentencias del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01014-01(2460-19)
y del 13 de noviembre de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01003-01(2666-19).

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incluyeron la totalidad de los años que debieron ser computados en el período
de exigibilidad ni todas las prestaciones y factores salariales percibidos por
aquel, pero ante la formulación inadecuada de la tesis, ni siquiera permite
hacer un cotejo con la prueba documental aportada al plenario, pues no se
determinaron los emolumentos y montos objeto de comparación, ni los años
que en su sentir fueron excluidos de la liquidación efectuada por la entidad
demandada.

Pues bien, tal como se expuso en la cuestión previa precedente, en primera
instancia se desarrolló la etapa probatoria de conformidad con lo solicitado por
el demandante en su debida oportunidad, sin que se hubiesen presentado
objeciones (al menos en término) para controvertir dicha actividad procesal.
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los medios de prueba instados en
el recurso de alzada tampoco eran procedentes, en la medida en que se había
configurado la preclusión para solicitarlos por no cumplir con las exigencias del
artículo 212 del CPACA, toda vez que no se trataba de elementos de
convicción deprecados en la demanda y decretados por el a quo que hubiesen
sido dejados de practicar, sino de documentos pretendidos solo después de
haber conocido la decisión desfavorable de primera instancia.

Conforme al aludido contexto, estima la Subsección que incluso desde el punto
de vista probatorio, tampoco se habría logrado enervar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, pues a partir de la evidencia
practicada no se desprenderían los elementos suficientes para realizar un
cálculo diferente al consignado por la entidad demandada en el acto
cuestionado. De cualquier modo, no sería viable alegar la falta de diligencia
oficiosa del juez de conocimiento frente a este punto, en la medida en que
aquella tiene como fundamento aclarar dudas generadas en desarrollo de la
actuación y no solventar la carga de la prueba a favor de alguna de las partes.37

No obstante lo esbozado, el apelante en su recurso afirmó que al margen de
esta situación, la sola Resolución 340 del 22 de enero de 2014 bastaba para
deducir el error de cálculo elaborado por el Departamento del Atlántico frente
a la liquidación del retroactivo reconocido a favor del primero. Empero, al
revisar el contenido motivacional de dicho acto administrativo, lo que se
evidencia es precisamente lo opuesto, en tanto no solo se describe que tuvo
en cuenta las diferencias salariales derivadas entre lo percibido por el
demandante y el monto fijado en las ordenanzas departamentales para los
empleados de la entidad territorial.

Al respecto se reitera que el demandante no planteó las condiciones fácticas
y jurídicas que permitieran contemplar los supuestos yerros de la mentada
decisión, así como tampoco se evidencia el material probatorio para demostrar
su ilegalidad, de suerte que en efecto, la motivación y liquidación propuesta
por el Departamento del Atlántico en la resolución demandada, debe asumirse
conforme a la realidad de la situación particular del libelista, sin que ello
implique como aquel lo sostiene, que el ente territorial actuaría como juez y
parte, habida cuenta de que lo propio obedece a los efectos de la presunción
que cobija el acto y no a la calidad o facultades de la precitada autoridad.

37 Esta posición halla respaldo en pronunciamiento anterior de la Sección Segunda, Subsección B del

Consejo de Estado, específicamente en la sentencia del 10 de julio de 2020, radicado: 08001-23-33-000-
2014-01014-01 (2460-19), que resolvió un caso con similitudes fácticas y jurídicas al sub examine.

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En conclusión: no debe reliquidarse el valor del retroactivo por homologación
reconocido al libelista mediante la Resolución 340 del 22 de enero de 2014,
para el período comprendido entre 2000 y 2002 frente a los valores y factores
computados en el cálculo de aquel concepto, toda vez que según el propio
acto administrativo cuestionado que es la fuente de control judicial en esta
oportunidad y que imperiosamente debe ser examinado bajo el precepto de
presumir su legalidad, la Sala encuentra que la liquidación efectuada por la
autoridad demandada en la referida resolución, estuvo ajustada a la normativa
que le es aplicable y con base en los emolumentos y valores determinados
para el caso concreto del señor Octavo Emilio Monsalvo Ariza, pues este no
planteó en debida forma las falencias del cálculo efectuado por la entidad
demandada en clave de causal de nulidad para contrastar la situación con la
normativa y criterios aritméticos aplicables, aunado a la falta de materiales de
prueba que permitieran inferir lo propio en orden de eventualmente haber
accedido a las pretensiones anulatorias y de restablecimiento formuladas con
la demanda.

Tercer problema jurídico

¿El apelante tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el
no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo derivado del
proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del Departamento del Atlántico?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de los intereses deprecados, con base en
los argumentos que se indican a continuación.

➢ Sobre la indexación y los intereses moratorios analizados en el
caso sub iudice

Con base en el acervo probatorio enlistado anteriormente, es dable precisar
que, en atención a la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, el
Ministerio de Educación Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos
criterios para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación
salarial, entre los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la
determinación de los efectos retroactivos de la deuda.

De igual manera se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional
como el Departamento del Atlántico, llevaron a cabo cada uno de los pasos
para materializar la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo, procedimiento que requirió no solo de la
correspondiente disponibilidad presupuestal, la cual no es inmediata como lo
considera la parte demandante, sino también de la superación de una serie de
procedimientos y actuaciones interadministrativas que se materializaron
inicialmente en el Decreto 208 del 24 de junio de 2009 y en la Resolución 3853
del 26 de junio del mismo año en punto a la equiparación de cargos.

Posteriormente se advierte que se presentó la necesidad de realizar varios
ajustes en materia de nivelación salarial, en atención a unas inconsistencias
en los valores y cálculos efectuados por ambas autoridades. Dicha situación
fue subsanada finalmente mediante el Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de
2013 que aprobó el último estudio técnico relativo a los conceptos de nómina,
al punto de ser materializado el reconocimiento y pago del correspondiente
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retroactivo para el caso del demandante en la Resolución 340 del 22 de enero
de 2014.

Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de
un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los
beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el
paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años
sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo
cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que
permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen
el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.

Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la
tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios
implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los
valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa
fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla
anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte
del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.

En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada
en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de
quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar
de estar expresamente conminado a ello.

Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto
los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.38

Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del Departamento del Atlántico se materializó a través del
Decreto 208 del 24 de junio de 2009, en virtud del cual, se expidió con
posterioridad la Resolución 340 del 22 de enero de 2014, por medio de la cual
se ordenó cancelar al demandante la suma total de $6.867.843 como valor del
retroactivo correspondiente. Este monto estaba comprendido por conceptos
38 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de

Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-
01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02
(2633-2017).

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salariales indexados a las respectivas fechas durante el período de 2000 a
2002, tal como se aprecia del cálculo y descripción efectuada en el último de
los actos precitados, con la inclusión de horas extras39.

Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó durante el lapso prementado y que el pago
del retroactivo al libelista se dio hasta el año 2014, lo cierto es que no se
observa que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
Departamento del Atlántico hayan incurrido en una dilación injustificada del
pago a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la
obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e
inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a entidades
territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo
el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la indexación para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del
tiempo.

Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el
pago de una indemnización por mora. Es pertinente afirmar que tampoco se
demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la
obligación, más allá de las apreciaciones subjetivas indicadas en la demanda
sobre aparentes casos de corrupción sin respaldo demostrativo de ello.
Adicionalmente es necesario tener en cuenta el hecho de que en el contexto
normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el reconocimiento
de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento, lo cual
convalida el actuar de la demandada, así como el acto cuestionado.

En conclusión: no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
a favor del demandante por el no pago inmediato del valor correspondiente a
la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en tanto la sola
tardanza por parte de la demandada en cancelar la obligación dineraria, no
implica necesariamente dicha indemnización por mora, más aun en el
entendido de que existió una justificación razonable para esa dilación,
referente a la superación de diferentes etapas en un proceso
interadministrativo complejo y extenso que en esas condiciones, implica
también la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
pero a manera de compensación a través de la indexación como en efecto se
hizo, y no en virtud de una sanción como lo pretendía la parte activa.

Otros aspectos procesales

Es preciso indicar que el dependiente judicial del abogado de la parte
demandante ha presentado sendos escritos de forma general en estos mismos
procesos, a través del cual informó que este último sufrió una afección
cerebrovascular por lo que tuvo que ser internado en la unidad de cuidados
intensivos de la Clínica General del Norte, situación que, al tenor de lo
dispuesto en el numeral 2.º del artículo 159 del CGP, origina una causal de

39 Folios 23 a 31.

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Demandante: Octavio Emilio Monsalvo Ariza

interrupción del proceso; sin embargo, como el inciso final del aludido artículo
prevé que esta ocurre «a partir de la notificación de la providencia que se
pronuncie seguidamente» al hecho que motiva la causal, se dispone que una
vez surtida dicha notificación, la Secretaría de la Sección Segunda requiera
periódicamente al abogado Isaac David Pugliesse Sepúlveda, quien se
identifica como dependiente judicial del doctor Javier Torres Velásquez, para
que, en atención al deber que le asiste de colaborar con la administración de
justicia, informe sobre el estado de salud del referido profesional y, de ser
posible, allegue los respectivos soportes médicos.

Una vez la Secretaría advierta que cesó la causal de interrupción del proceso
(enfermedad grave del apoderado judicial núm. 2 art. 159 del CGP) o que esta
sufrió alguna modificación, deberá proceder según corresponda, ya sea
reanudando el conteo de los términos o dando aplicación a lo establecido en
el artículo 160 ibidem.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la subsección confirmará la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
el libelista.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201640, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

40 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP41, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público42.

Ahora, al margen de este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la demandante, en la medida que a pesar de que
resultó vencida en segunda instancia, lo cierto es que se adicionará la decisión
apelada, lo cual permite al juez abstenerse de fijar la carga en comento según
el numeral 5.° del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la
demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Octavo Emilio Monsalvo Ariza
contra el Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación Departamental.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Por Secretaría, dese cumplimiento a lo dispuesto en el acápite
denominado «otros aspectos procesales» de esta providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

41 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
42 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión

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