Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01067-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01067-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2014-01067-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289-2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones1 y Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla2
Tema: Reconocimiento pensión de sobrevivientes
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el DEIP de Barranquilla
contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Isabel Parra Mantilla presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
00008114 del 12 de septiembre de 2012 expedida por el Instituto de Seguros
Sociales; ii) Resolución VPB 000575 del 24 de abril de 2013 proferida por
1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante DEIP de Barranquilla.
3 Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible a
folios 1 a 25.
4 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
Colpensiones, iii) Resoluciones 0013 del 17 de enero de 2012 y 0367 del 26 de
marzo de 2012 emitidas por el DEIP de Barranquilla, y iv) Comunicación del 27 de
enero de 2013 de la Personería Distrital de Barranquilla; mediante las cuales
negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 28 de febrero
de 2009; ii) el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre; iii) se ordenara
al «D.E.I.P de Barranquilla pagar los aportes a Colpensiones del causante a partir del 2 de
septiembre de 1998 hasta el 27 de febrero de 2009, y a la Personería Distrital de
Barranquilla pagar los aportes desde el 1 de mayo de 1993 hasta el 1 de septiembre de
1998»; iv) reajustar la pensión de acuerdo con el IPC; v) el reconocimiento y pago
de intereses moratorios; vi) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA; y vii) la condena en costas a las entidades.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Herbert Santiago Robles Zucchini laboró como funcionario público en carrera
administrativa en la Personería Distrital de Barranquilla, desde el 1° de mayo de
1993 hasta el 2 de septiembre de 1998, y el último cargo desempeñado fue el de
profesional especializado grado 20.
• El causante realizó aportes desde el 1° de mayo de 1993 hasta el 30 de octubre
de 1995 en la Caja de Previsión Social de Barranquilla hoy representada por la
Gerencia de Gestión Humana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
• Posteriormente se afilió en el Instituto de Seguros Sociales, donde efectuó aportes
desde el 1° de noviembre de 1995 hasta el 2 de septiembre de 1998.
• A través de la Resolución 511 del 2 de septiembre de 1998 fue retirado del servicio
del cargo de profesional especializado grado 20, de forma irregular por la Personería
Distrital de Barranquilla. Dicho acto administrativo fue objeto de control judicial, en
consecuencia, el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla mediante
sentencia del 18 de diciembre de 2009 «declaró que para todos los efectos legales no
ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios de Herbert Santiago
Robles Zucchini», decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante fallo del 13 de julio de 2011.
• De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo Distrital 012 del
31 de agosto de 1998, el DEIP de Barranquilla está obligado a responder por las
indemnizaciones a que haya lugar por la reducción de la planta de personal de la
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
Personería Distrital de Barranquilla, con ocasión del despido injusto del causante.
• Herbert Santiago Robles Zucchini falleció el 27 de febrero de 2009 y por el tiempo
que prestó sus servicios, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes de acuerdo con los artículos 46 numeral 2 y literal a,
47 y 48 de la Ley 100 de 1993.
• La demandante presentó solicitudes de reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes ante Colpensiones, el DEIP de Barranquilla y la Personería Distrital
de Barranquilla las cuales fueron resueltas de forma negativa.
• El DEIP de Barranquilla y la Personería Distrital de Barranquilla no han efectuado
los aportes a pensión a Colpensiones, por el periodo laborado por el causante desde
el 1° de mayo de 1993 hasta el 27 de febrero de 2009, los cuales fueron
descontados de la nómina de Herbert Santiago Robles Zucchini.
• Por lo anterior, mediante los actos acusados Colpensiones negó la pensión de
sobrevivientes a Isabel Parra Mantilla.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 25, 29, 48, y 53 de la Constitución Política,
artículos 46, 47, y 48 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, la jurisprudencia del Consejo
de Estado contenida en la sentencia del 23 de agosto de 2007 proferida en el
expediente 76001-23-31-000-2001-02704-01 (3609-2005), C.P. Jesús María Lemos
Bustamante.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos5:
Con los actos acusados la administración vulneró los derechos fundamentales a la
vida digna, igualdad, debido proceso, mínimo vital y seguridad social de la
demandante quien no tiene la posibilidad de acceder a la prestación y se encuentra
en condición de vejez.
Los actos demandados fueron proferidos con desviación del poder, pues la
administración consideró que la demandante no tiene derecho al reconocimiento
pensional, pero de acuerdo con los postulados constitucionales, legales y
jurisprudenciales, acreditó los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
5
Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible a
folios 7 a 16
3
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Colpensiones no contestó la demanda, quien fue notificada6 de la admisión
del medio de control.
1.2.2. El DEIP de Barranquilla se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente7:
El causante de la prestación prestó sus servicios en la Personería Distrital de
Barranquilla, entidad que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal. Por
lo anterior es al empleador a quien le correspondería asumir las obligaciones que
puedan surgir como consecuencia de las decisiones que se adopten en el presente
asunto.
De otra parte, en tanto, el DEIP es una entidad territorial completamente autónoma
de la que actuó como empleador, no se encuentra legitimada por pasiva en el
presente asunto. Asimismo, «si en gracia de discusión se dijera que la demandante tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes, entonces es la entidad administradora de
pensiones que haya recibido el monto de las cotizaciones es la obligada a reconocer tal
derecho».
Finalmente propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, ii) caducidad, iii) falta de jurisdicción, iv) inepta demanda; v) inexistencia de
la obligación; y vi) prescripción
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, mediante sentencia proferida el
28 de febrero de 2020 declaró no probada la excepción de «prescripción» propuesta
por el DEIP de Barranquilla, accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:
La Jurisdicción Contenciosa-administrativa declaró la nulidad del acto administrativo
a través del cual Herbert Santiago Robles Zuchini fue desvinculado de la Personería
Distrital de Barranquilla y como consecuencia ordenó su reintegro sin solución de
continuidad, en la medida en que esta declaración fue efectuada « en forma post
mortem», la entidad demandada en esa oportunidad, adquirió la obligación de
6 Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible a
folio 323.
7 Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible a
folios 273 a 285.
8 Samai Tribunal, índice 3, expediente digitalizado, archivo 79NoDefinidoTRD.
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
efectuar los aportes a pensión hasta la fecha del fallecimiento del causante, esto es,
entre el 1° de mayo de 1993 y el 27 de febrero de 2009.
Como consecuencia de la orden judicial, el causante acreditó el requisito que exige
el sistema general de la seguridad social para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, esto es haber realizado cotizaciones por 50 semanas durante los 3
últimos años previo al fallecimiento. Por su parte, la demandante acreditó el vínculo
matrimonial con Herbert Santiago Robles Zuchinni con una convivencia de más de
10 años, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la prestación.
Por lo anterior declaró la nulidad de las resoluciones VPB000575 del 24 abril de
2013 y 00008114 del 12 de septiembre de 2012, proferidas por Colpensiones
mediante las cuales negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a la
demandante. En consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes a la demandante desde el 27 de febrero de 2009,
teniendo en cuenta los tiempos servicios en la liquidación de la mesada desde el 1°
de mayo de 1993 hasta el 27 de febrero de 2009.
Por último, ordenó al DEIP de Barranquilla realizar todas las gestiones
administrativas necesarias para validar el pago de los aportes a seguridad social en
pensiones de Herbert Santiago Robles Zuchinni, sin que esto genere un
impedimento para el reconocimiento pensional.
1.4. El recurso de apelación
El DEIP de Barranquilla interpuso recurso de apelación con base en las siguientes
consideraciones9:
La demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.
Herbert Santiago Robles Zucchini prestó sus servicios en la Personería Distrital de
Barranquilla, entidad independiente del DEIP de Barranquilla, razón por la cual, es
aquella quien ostentó la calidad de empleador y la que tenía la obligación de efectuar
el pago de los aportes a seguridad social, así como adelantar las gestiones
administrativas para garantizar el cumplimiento de la orden dada por el tribunal. Lo
anterior, comoquiera que la Personería Distrital de Barranquilla, es una entidad del
Ministerio Público que representa la comunidad ante la administración municipal,
por lo tanto, tiene autonomía administrativa y presupuestal.
9Samai, índice 2, expediente digital archivo 003. 2014-1067 Apelación Isabel Parra Vs Distrito
Barranquilla.
5
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo
referente a la orden impartida al DEIP de Barranquilla.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, por lo tanto, se contrae a resolver si ¿el DEIP
de Barranquilla es la entidad competente para realizar los trámites administrativos
para validar y pagar los aportes a la seguridad social en pensiones de Herbert
Santiago Robles Zuchinni?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.2. Sobre el régimen legal de la pensión de sobrevivientes
Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos10.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve
6
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación11.
Para la Sala no cabe duda de que en los asuntos relativos al derecho a pensión de
sobrevivientes la prestación se genera a partir de la muerte del causante y por lo
tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente al momento de la ocurrencia
del deceso12. De acuerdo con lo anterior, la Ley 100 de 1993, en su versión original,
sobre la pensión de sobrevivientes dispuso:
«ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley.
ARTICULO 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y
11
Sentencia T-564 de 2015
12
Al respecto de pueden consultar: (i) del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 1° de septiembre de 2014, C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero; y (ii) de la Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.»
De lo anterior se colige que, con el régimen general de pensiones, los beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes tendrán el derecho sí el afiliado al sistema que
fallece cotizó por lo menos 26 semanas al momento de la muerte o sí el cotizante
inactivo cotizó por lo menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al
momento en que se produjo la muerte con anterioridad a la modificación introducida
por la referida Ley 797 de 2003.
2.3. Caso concreto
Respecto con el objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:
• Herbert Santiago Robles Zucchini nació el 16 de marzo de 195013 y falleció el 27
de febrero de 2009.14
• De acuerdo con el registro civil de matrimonio el 22 de julio de 1985 contrajo
matrimonio con Isabel Parra Mantilla.15
• El jefe de la oficina de gestión humana de la Personería Distrital de Barranquilla
certificó16 que el causante estuvo vinculado en la entidad como «personero delegado
departamento penal» desde el 1° de mayo de 1993 hasta el 27 de febrero de 2009, y
sobre los aportes a pensión señaló lo siguiente:
Periodos de aportes Entidad a la que se Entidad que responde por
realizaron aportes el periodo
1/05/1993 19/11/1995 Caja de Previsión Social Fondo Territorial de
Municipal Pensiones
20/11/1995 27/02/2009 ISS ISS
• Comunicación del 14 de septiembre de 201117 expedido por el asesor de la oficina
de gestión humana de la Personería Distrital de Barranquilla, en el cual se precisa
lo siguiente:
13
De acuerdo con el registro civil de nacimiento, que obra en el índice 2 del aplicativo Samai,
expediente digital, archivo 80Pruebas.
14
De acuerdo con el registro civil de defunción, que obra en el índice 2 del aplicativo Samai,
expediente digital, archivo 80Pruebas
15 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 80Pruebas.
16
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 80Pruebas, visible en el folio 168.
17 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 80Pruebas, visible en el folio 186.
8
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Demandante: Isabel Parra Mantilla
«[…] Revisados los archivos institucionales que se llevan en este Ministerio Público, se
encontró el expediente de Historia Laboral del señor Herbert Santiago Robles Zucchini,
identificado con la C.C. No. 7.457.252 expedida en Barranquilla; en consecuencia,
estamos remitiéndole Constancia Laboral No. 279 - 11 del 14-08-11, que incluye fecha
de ingreso y retiro, cargos desempeñados y sueldos devengados por el señor Robles
Zucchini en este órgano de control.
Así mismo nos permitimos informarle que el señor Herbert Santiago Robles Zucchini
durante su tiempo al servicio de esta entidad, del 01-05-93 al 02-09-98, estuvo afiliado
en pensión, primeramente a la Caja de Previsión Social Municipal (NIT: 800065709-4),
asumida por el Fondo Territorial de Pensiones (NIT: 890102018-1), hoy arrogada por la
Gerencia de Gestión Humana de la Alcaldía Distrital, periodo de aportes: del 01-05-93 al
30-10-95; y posteriormente al I.S.S. periodo de aportes: del 01-11-95 al 02-09-98, según
solicitud de Vinculación (Formato del 1.S.S.) fechado noviembre 20 de 1995 y con sello
de recepción del 1.S.S.»
• Formato del Instituto de Seguridad Social, en el cual se solicitó la vinculación a
seguridad social en pensión de Herbert Santiago Robles Zucchini como dependiente
de la Personería Distrital de Barranquilla.18
• Resolución 00008114 del 12 de septiembre de 2012 expedida por el Instituto de
Seguros Sociales, y Resolución VPB 000575 del 24 de abril de 2013 proferida por
Colpensiones, mediante las cuales se negó la pensión de sobrevivientes a la
demandante.19
2.3.1. Análisis sustancial
En la sentencia de primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda y
se ordenó al DEIP de Barranquilla realizar todas las gestiones administrativas
necesarias para validar de forma completa los aportes a pensión del causante, y su
efectivo pago sin que se configure como impedimento para el reconocimiento
pensional por parte de Colpensiones. Lo anterior, al concluir que el causante
cumplió con el requisito de 50 semanas cotizadas durante los 3 últimos años previo
al fallecimiento; además la demandante acreditó el vínculo matrimonial con Herbert
Santiago Robles Zucchini con una convivencia de más de 10 años.
En el recurso de apelación el DEIP de Barranquilla manifestó que la responsable de
las cotizaciones de aportes para pensión del causante es la Personería Distrital de
Barranquilla y a quien le corresponde adelantar los trámites administrativos para la
validación y pago de los aportes de seguridad social en pensiones.
18
Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible
a folio 43.
19 Samai, índice 2, expediente digital archivo 001. 2014-01067-00 JR exp. DDIGITALIZADO, visible
a folios 90 a 103.
9
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
Ahora bien, se advierte que a través del acto administrativo demandado en el sub
judice Colpensiones negó a la demandante el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, por cuanto no se acreditaron 50 semanas de cotización durante los
3 años anteriores al fallecimiento del causante, asimismo, indicó la entidad de
previsión que «no se desprende afiliación ni mucho menos semanas de cotización por
parte de la entidad Personería Distrital de Barranquilla, por lo tanto, no le asiste a la fecha
obligación a esta Administradora de reconocer o pagar la pensión de sobrevivientes a la
reclamante».
Lo anterior, pese a que la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo ordenó al
DEIP de Barranquilla y a la Personería distrital de Barranquilla efectuar los aportes
a seguridad social desde el 2 de septiembre de 1998 hasta la fecha del fallecimiento
del causante, sin solución de continuidad. En razón a lo anterior, en la sentencia
proferida en primera instancia en el asunto en estudio, el tribunal accedió a las
pretensiones y ordenó al distrito adelantar las gestiones necesarias para efectos de
garantizar que se efectuaran los referidos aportes.
En el recurso de apelación, el distrito reprochó que el a quo le hubiese impartido la
orden mencionada al considerar que quien fungió como empleador de Herbert
Santiago Robles Zucchini fue la Personaría Distrital de Barranquilla, entidad que
cuenta con personería administrativa y presupuestal. Al respecto, es importante
recordar que si bien estos órganos de control del nivel territorial se encuentran
dotados de las características señalas por el apelante, lo cierto es que no cuentan
con personería jurídica, lo que conlleva a que, para efectos de materializar su
derecho de defensa deban acudir a través de respectivo ente territorial.
En esa línea, en relación con la falta de capacidad procesal de las personerías, esta
Corporación en sentencia del 18 de abril de 200220 precisó:
«Al referirse al régimen de las personerías municipales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dijo:
“... el régimen de las Personerías, que comprende, de una parte, su organización; y, de
otra, su actividad o función, pertenece, por una u otra, al régimen administrativo de los
Municipios o Distritos colombianos.
Como organización, las Personerías integran la Administración Municipal, en tanto que
corresponde al Concejo Municipal o Distrital determinar, conforme a la ley, su estructura
y funciones, y elegir al Personero, de conformidad con lo previsto en el artículo 313,
numerales 6 y 8 de la Constitución; del mismo modo, corresponde a los alcaldes y al
concejo, elaborar y aprobar los presupuestos de las Personerías (ley 166 de 1.994)”
20
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia del 18 de abril de 2002; expediente: 76001-23-
31-000-1998-1106-01(2547-00), consejero ponente: Alberto Arango Mantilla.
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Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
Ahora bien, la personalidad jurídica debe consagrarse formalmente en el acto de
creación de la entidad, evento en el cual se determina, por ejemplo, que se trata de un
establecimiento público, o de una sociedad de economía mixta, o de una empresa
industrial y comercial del estado, o de cualquier otra forma de organización político
administrativa que le confiera dicha naturaleza y, esa capacidad jurídica, en el caso de
la personería municipal no se presenta.
En otras palabras, la personalidad jurídica de un ente estatal debe estar dada
expresamente en la Constitución, en la ley o bien en el acto de su creación. Pues, en
tratándose de procesos contencioso administrativos, las partes se legitiman si, siendo
demandante, es la persona que de conformidad con la ley está habilitada para que se
resuelva si existe o no el derecho en la relación jurídica sustancial y, respecto del
demandado, si es la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para
discutir u oponerse a la pretensión del demandante (…)».
Adicional a lo expuesto, es importante recordar, que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, los salarios y prestaciones de los personeros
se pagarán con cargo al presupuesto del respectivo ente territorial.
De otra parte, si bien lo expuesto permite concluir que la representación judicial de
las personerías se encuentra en cabeza del ente territorial, esta Sala no pasa por
alto que dentro de las características de estos órganos se encuentra la autonomía
presupuestal y administrativa. En ese sentido, el Decreto 111 de 199621, dispone:
«ARTÍCULO 108. Las contralorías y personarías distritales y municipales tendrán la
autonomía presupuestal señalada en la Ley Orgánica del Presupuesto.» [Se resalta]
«ARTÍCULO 110. <Artículo modificado por el artículo 337 de la Ley 2294 de 2023. El
nuevo texto es el siguiente:> Los órganos que son una sección en el Presupuesto
General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre
de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de
las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas
facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en
funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en
cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la
administración pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la Rama Legislativa estas capacidades ejercerán en la
forma arriba indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de
Representantes; igualmente, en la sección correspondiente a la Rama Judicial serán
ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura igualmente en
el caso de Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva
de la misma, y en el Consejo Nacional Electoral por el Presidente de este órgano.
En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades la Superintendencias,
Unidades Administrativas Especiales, las entidades territoriales, asambleas y con[c]ejos,
21
«Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.»
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Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
las contralorías y personerías territoriales y todos los demás órganos estatales de
cualquier nivel que tengan personería jurídica.» [Se resalta]
De acuerdo con las disposiciones transcritas, pese a que las personerías no se
encuentran dotadas de personería jurídica, sí cuentan con autonomía presupuestal
por lo que tienen la facultad de contratar, comprometer y ordenar el gasto de
acuerdo con las apropiaciones asignadas a la entidad. Lo anterior, como lo señaló
la Corte Constitucional en sentencia C-365 de 2001, tiene justificación en la
naturaleza que ostentan como órgano de control del nivel local, lo que permite que
puedan cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y la ley con la
debida independencia.
Así las cosas, aunque como se explicó, la representación judicial y la financiación
de las personerías municipales y distritales recae en el ente territorial, aquellas
manejan su presupuesto sin la intervención del distrito o municipio; por lo que, para
esta Subsección es claro que el cumplimiento de las condenas impuestas a estos
órganos de control en las providencias judiciales compete de manera directa a
estos, puesto que se deberán cumplir con cargo al presupuesto de la entidad.
Asimismo, es importante recordar que esa autonomía presupuestal conlleva la
responsabilidad del pago de las diferentes obligaciones laborales del personal que
se vincule a estos.
En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto se modificará el inciso quinto del
ordinal tercero, en el sentido de que se ordenará a la Personería Distrital de
Barranquilla adelantar las gestiones necesarias para validar que se hayan efectuado
en debida forma los aportes a seguridad social en pensiones de Herbert Santiago
Robles Zucchini y se confirmará en lo demás la sentencia del 28 de febrero de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
Aunado a lo anterior, se encuentra importante precisar que, aunque en el presente
asunto no fue vinculada la personería, no es dable concluir que por esta situación
se vulneró su derecho al debido proceso, puesto que en el sub judice sí participó el
ente territorial que se encontraba legitimado para su representación y, además, la
orden tiene como propósito que el mencionado órgano de control adelante el trámite
pertinente para verificar el cumplimiento de la orden que le fue impartida por un juez
de lo contencioso-administrativo a través de una providencia que se encuentra
ejecutoriada [proferida en otro proceso].
2.4. Costas
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Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.22
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala no condenará en costas a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la Personería Distrital de
Barranquilla deberá realizar el trámite administrativo para validar que hayan
efectuado en debida forma los aportes a seguridad social en pensiones de Herbert
Santiago Robles Zucchini. En consecuencia, se modificará el inciso quinto del
ordinal tercero y se confirmará en lo demás la sentencia del 28 de febrero de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
22
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2014-01067-02 (2289 - 2022)
Demandante: Isabel Parra Mantilla
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, el 28 de febrero de 2020, respecto de la
orden al DEIP de Barranquilla el cual quedará así:
«Tercero. Ordenar a la Personería Distrital de Barranquilla realizar todas las gestiones
administrativas para validar que se hayan efectuado en debida forma los aportes a
seguridad social en pensiones de Herbert Santiago Robles Zucchini; sin que se generen
barreras administrativas para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
a Isabel Parra Mantilla.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
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