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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01562-02

Fecha
8 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01562-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A dentro del proceso promovido por María Concepción Trillos Amaya contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-01562-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

8 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Temas: Reliquidación pensión, incompatibilidad entre salario y
pensión

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por María Concepción Trillos
Amaya contra la sentencia proferida el 20 de marzo de 2020 por la Sección A del
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

María Concepción Trillos Amaya presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en
orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) GNR 129292
del 15 de abril de 2014 proferida por Colpensiones a través de la cual negó la
reliquidación de la pensión por vejez y ii) VPB 25796 del 18 de marzo de 2015
mediante la cual la administradora revocó la anterior decisión y ordenó la
reliquidación y el reintegro de algunos montos.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se reliquidara la pensión en cuantía del 75% de los salarios
devengados en el último año de servicios, como la asignación básica, las primas
1 En adelante CPACA.

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

de navidad, vacaciones, servicios y la bonificación por servicios, efectiva desde el
1º de febrero de 2011; ii) se suspendiera el cobro de $75’889.545 dispuesto en los
numerales 8, 9 y 12 de la Resolución VPB 25796, iii) se pagara el reajuste anual
según el índice de precios al consumidor; iv) se reconocieran los intereses
moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y v) se condenara
en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• María Concepción Trillos Amaya nació el 8 de diciembre de 1949 y trabajó como
empleada pública en la Universidad del Atlántico desde el 19 de mayo de 1976
hasta el 1º de febrero de 2011, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia.
Adquirió el estatus pensional el 8 de diciembre de 2004 cuando tenía 55 años de
edad y 20 de servicios.

• El entonces Instituto de Seguros Sociales2, hoy Administradora Colombiana de
Pensiones3, le reconoció pensión de vejez a través de la Resolución 03679 del 8
de marzo de 2010, en virtud de la Ley 71 de 1988, por $6’570.465. Cuya
notificación tuvo ocasión el 27 de enero de 2011. El 6 de septiembre de 2011
Colpensiones resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión del 8 de
marzo de 2010.

• El 17 de abril de 2013, María Concepción Trillos Amaya solicitó a Colpensiones
la reliquidación de su pensión con base en la Ley 33 de 1985, la cual fue negada
mediante la Resolución 129292 del 15 de abril de 2014 y notificada el 12 de mayo
de 2014. El siguiente 26 de mayo presentó recurso de apelación en contra de esa
decisión y posteriormente a través de la Resolución VPB 25796 la administradora
ordenó la reliquidación de la prestación reconocida en virtud de la Ley 33 de 1985
efectiva desde el 1° de enero de 2012 y el reintegro de $75’889.549 por concepto
de las mesadas percibidas entre el 1° de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de
2011.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1,2 13, 25, 48, 49, 53, 83 de la Constitución
Política; 1, 3 de la Ley 33 de 1985; 36, inciso 2, 273 de la Ley 100 de 1993; 4 del
Decreto 691 de 1994 y la Ley 62 de 1985.

En cuanto al concepto de violación, expuso4 que los actos demandados
infringieron de manera directa las normas de rango constitucional y legal, además

2 En adelante ISS.
3 En adelante Colpensiones.
4 Folios 170 a 180.

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Demandante: María Concepción Trillos Amaya

de lo dispuesto en las sentencias del 18 de febrero de 2010 y 4 de agosto de 2010
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, porque la
demandante resultó beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por tal motivo le resultaba aplicable el régimen anterior
al que se encontraba afiliada, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de
servicios y la cuantía que por regla general debe aplicarse en el marco de los
principios de legalidad y de inescindibilidad de la ley. En este sentido y en virtud
del principio de favorabilidad, la normatividad aplicable era la Ley 33 de 1985, por
cuanto se toman en cuenta todos los salarios devengados en el último año de
servicio.

1.2. Contestaciones de la demanda

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos5:

• La demandante desconoce que al ser beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 implica que, respecto de la edad, tiempo de servicios o semanas
cotizadas y el monto de la pensión, se rigen por la normativa derogada que en
este caso es la Ley 33 de 1985; sin embargo, el ingreso base de liquidación es
computado en los términos del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
cuanto a los factores salariales que se tendrán como base para liquidar la
prestación corresponden a los taxativamente señalados en la normativa que
resulte vigente para la demandante, todos los demás emolumentos pagados al
trabajador no crean la obligación de reconocerlos en calidad de salario.

• La declaración de nulidad pretendida debe desestimarse, pues no se encuentra
probada la ilegalidad de los actos acusados.

Propuso como excepciones las siguientes: i) prescripción, ii) falta de causa para
demandar, iii) inexistencia de la obligación, iv) buena fe, v) compensación y vi) la
genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, en sentencia del 20 de marzo
de 20206, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, falta
de causa para demandar, prescripción, buena fe y compensación propuestas por
Colpensiones y negó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

5 Folios 233 a 238.
6 Folios 345 a 362.

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

• Los requisitos exigidos en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y la tasa de
reemplazo como beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, deben estudiarse en virtud de la Ley 33 de 1985; sin embargo,
en relación con el IBL, la norma vigente es el aludido artículo 36 y en cuanto a los
factores salariales que deben incluirse corresponden a los previstos de manera
taxativa en el Decreto 1158 de 1994, en virtud de las reglas y subreglas fijadas por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20187.

• Como consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda, toda vez que
los factores salariales susceptibles de incluirse en el IBL son la asignación básica
mensual, la bonificación por servicios prestados, las primas técnica, de
antigüedad, ascensional y capacitación, las remuneraciones por trabajo dominical
o festivo, y por trabajo suplementario o de horas extras o nocturnas y los gastos
de representación, los cuales se encuentran enunciados en el Decreto 1158 de
1994.

1.4. El recurso de apelación

María Concepción Trillos Amaya interpuso recurso de apelación8 y expuso los
siguientes argumentos:

• Si bien en el 2018 cambió de manera radical la posición de la Sala Plena del
Consejo de Estado, lo cierto es que el tribunal negó las pretensiones de la
demanda sin declarar la nulidad de los actos demandados, lo cual impide que
Colpensiones pueda reformar el régimen pensional aplicado, esto en virtud del
principio de favorabilidad.

• Asimismo, el a quo omitió resolver respecto de la fecha de efectividad de la
prestación reconocida y declaró probadas las excepciones de prescripción, la
inexistencia de la obligación, la falta de causa para demandar, la buena fe y la
compensación sin que mediaran pruebas ni análisis alguno en la sentencia que,
de manera congruente, llevaran a esa decisión, tampoco fue emitido
pronunciamiento respecto de la Resolución VPB 25796 proferida el 18 de marzo
de 2015 ni de los aspectos abordados en la fijación del litigio, como la fecha desde
la cual fueron reconocidos los efectos fiscales de la pensión reconocida .

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Comoquiera que durante el periodo para solicitar pruebas no se recibió petición
alguna, la Secretaría de la Sección Segunda remitió el expediente para proferir el
fallo de segunda instancia, sin que se hubiera emitido pronunciamiento de las

7 Expediente 2012-00143-01.
8 Folios 367 a 369.

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Demandante: María Concepción Trillos Amaya

partes, el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado9.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿María Concepción Trillos
Amaya tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con efectividad a
partir del 1º de febrero de 2011? ¿Resultó ajustada a derecho la orden de
devolución de los valores pagados por concepto de las mesadas causadas
durante el año 2011, de manera simultánea, con la percepción de salarios
provenientes de la prestación de sus servicios en la Universidad del Atlántico?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario

El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran
las leyes. En efecto, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 señalaba que «el
ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea
docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad».

Por su parte, el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969 10 dispuso:

«Goce de la pensión.

1. La pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse
mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente
del servicio oficial, hecho que deberá demostrar el interesado mediante declaración
jurada rendida ante un juez del trabajo de su domicilio o residencia, y en defecto de
este, ante un juez civil».

En cuanto a la incompatibilidad con el goce de la pensión el artículo 77 ibídem
precisó lo siguiente:

«El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda
asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos,
empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación
que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de
1963».

9 Conforme al informe de paso al despacho suscrito por la secretaria de la Sección Segunda,
visible a folio 379.
10 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

El artículo 8 de la Ley 71 de 1988 se refirió a la efectividad de las pensiones en
estos términos:

«Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez una vez reconocidos, se hacen
efectivas y deben pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se
haya retirado definitivamente del servicio, en caso de que este requisito sea
necesario para gozar de la pensión.

Para tal fin la entidad de previsión social o el I.S.S., comunicarán al organismo donde
labora el empleado, la fecha a partir de la cual va a ser incluido en la nómina de
pensionados, para efecto de su retiro del servicio. Para cobrar su primera mesada el
pensionado deberá acreditar su retiro, mediante copia auténtica del acto
administrativo que así lo dispuso o constancia expedida por el Jefe de Personal de la
entidad donde venía laborando, o de quien haga sus veces».

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida en
el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas [Resalta la Sala].

En atención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992 en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades [Resalta la Sala].

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Demandante: María Concepción Trillos Amaya

Esta disposición fue analizada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, que respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo
19 de la Ley 4ª de 1992 concluyó lo siguiente11:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del
Decreto 224 de 1972 […]

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Resalta la
Sala].

De acuerdo con lo anterior, es claro que la voluntad del legislador con el referido
artículo 19 era mantener vigente la excepción contenida en el Decreto 224 de
1972 que beneficiaba a los docentes que se encontraban pensionados y a
aquellos que en un futuro cumpliesen con los requisitos para ser acreedores de
una pensión de jubilación.

En esa misma línea, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279, exceptuó del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma (hasta la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003) «a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida.» [Resalta la Sala].

En la disposición transcrita se lee que el legislador preservó la compatibilidad de la
pensión de jubilación con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la
cual pueden ser beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para
que les sea reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios
como docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben
ser afiliados al FOMAG12.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003,
radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
12 Al respecto la Ley 91 de 1989 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio dispuso lo siguiente: «Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia
del Artículo 2o, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y

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Demandante: María Concepción Trillos Amaya

Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
FOMAG serán compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.

En relación con la posibilidad de reintegrarse al servicio en alguno de los
empleos enunciados en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 13 cuando ya se
goza del beneficio de la pensión ya sea de jubilación o vejez, el Decreto 583 de
199514 previó que en esos casos los empleados «percibirán la asignación
mensual correspondiente»; y «[e]n el evento de que dicha asignación fuere
inferior a la mesada pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por
concepto de pensión, hasta concurrencia del valor total de esta prestación
social».

Por su parte, el artículo 19 de Ley 344 de 199615, aplicable a los servidores
públicos, precisa que el disfrute de la pensión de vejez y la permanencia en el
servicio son incompatibles. Esto señaló la norma:

Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115
de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez
o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por
diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.
[Resalta la Sala].

Al respecto, en sentencia del 3 de diciembre de 202016, la Sección señaló que «el
fundamento de dicha incompatibilidad es la racionalización del gasto público, de modo
que cuando la persona decide seguir vinculada al servicio público, el fondo de pensiones
cuenta con ese dinero para las funciones solidarias y su (sic) opta por disfrutar de la
pensión, se permite el acceso de otra persona al cargo». De allí que los servidores
públicos no puedan disfrutar de forma simultánea del salario y de la pensión.

nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos del requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se
exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya
asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los
requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica»
13 «Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo,

Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo,
Presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva
carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo. Por
necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estas excepciones siempre y cuando no sobre
pase la edad de sesenta y cinco (65) años».
14 «Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional del sector oficial».

15 Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-584 de 1997,

M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de 2020,

radicado 05001 23 33 000 2015 01284 01 (1213-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: María Concepción Trillos Amaya

Respecto de la exequibilidad de la incompatibilidad planteada en la Ley 4ª en
cuanto a devengar dos pagos provenientes del erario la Corte Constitucional en
sentencia C-133 de 1993, consideró:

«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo
es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración
de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o
más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación
que provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser
regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo».
[Resalta la Sala].

2.3. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• María Concepción Trillos Amaya nació el 8 de diciembre de 194917 y prestó sus
servicios en la Universidad del Atlántico entre el 19 de mayo de 1976 y el 31 de
diciembre de 2011 como empleada pública en el cargo de docente de tiempo
completo. Entre el 1° de febrero de 2010 y el 31 de enero de 2011 percibió como
salario la asignación básica, las primas de navidad, de servicios y de vacaciones,
la bonificación por servicios y las vacaciones. En esa oportunidad se reportó lo
siguiente:

«Nota: La señora MARÍA TRILLOS AMAYA, fue desvinculada de su cargo en la
Universidad a partir del 01 de febrero de 2011 para ser ingresada en nómina de
pensionados del Seguro Social. No obstante lo anterior, en aplicación de lo dispuesto
en sentencia C-1037 de 2003, la Universidad continuó pagando sus salarios hasta el
mes de diciembre de 2011, toda vez que el Seguro Social certificó su ingreso a nómina
de pensionados solo hasta enero de 2012. Entre enero y diciembre de 2011 no hubo
aportes para pensión de conformidad con el artículo 4° de la ley 797 de 2003»18.

• Mediante la Resolución 0003679 del 8 de marzo de 2010, fue reconocida la
pensión de vejez por aportes y se dejó en suspenso el ingreso a nómina hasta la
acreditación del retiro del servicio, en el marco de los artículos 7 de la Ley 71 de
1988 y 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, norma aplicable en virtud de lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993, por $5’853.816 con base en 1396 semanas cotizadas, con
el ingreso base de liquidación correspondiente al 75% de $7’805.08819.

17 Según consta en la copia de su cédula de ciudadanía vista a folio 21.
18 En virtud de la certificación proferida el 13 de noviembre de 2014 por el jefe del departamento de

gestión del talento humano de la Universidad del Atlántico, folio 48.
19 Folio 41 a 44.

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

• El 23 de diciembre de 2010 se dispuso el retiro del servicio de María Concepción
Trillos Amaya a partir del 1° de febrero de 201120.

• El 6 de septiembre de 2011, el ISS dejó sin efectos la Resolución 000156 del 14
de enero de 2011 mediante la 011082, por una indebida notificación y determinó el
IBL con base en lo devengado en los últimos 10 años de servicios, sobre el 75%
como tasa de reemplazo y ordenó el ingreso a nómina a partir del 1° de febrero de
2011 de la pensión de vejez por aportes reconocida por $6’570.46521.

• A través de la Resolución GNR 129292 del 15 de abril de 2014 Colpensiones
negó la reliquidación de la pensión de vejez, por cuanto los factores salariales que
se deben tener en cuenta para liquidarla son los enunciados en el Decreto 1158
de 1994 y el ingreso base de liquidación es el establecido en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 199322.

• El 18 de marzo de 2015, mediante Resolución VPB 25796, la administradora
revocó la 129292 proferida el 15 de abril de 2014, en virtud del recurso de
apelación presentado por María Concepción Trillos Amaya, reliquidó la prestación
«con el promedio de lo reportado como ingreso base de cotización para el periodo
comprendido entre el 1° de febrero de 2010 al 30 de enero de 2011», por $7’896.771
para el 2012, $8’089.452, $8’246.387 y $8’548.205 para 2013, 2014 y 2015
respectivamente, efectiva a partir del 1° de enero de 2012, ordenó a la
demandante pagar a favor de Colpensiones la suma de $75’889.545 y al Fondo de
Solidaridad Pensional devolver a la pensionada el valor de $854.165, en los
siguientes términos:

«Que en cuanto a la solicitud relacionada con liquidar la prestación tomando el 75% del
promedio de todos los factores salariales pagados en el último año de servicio, es
pertinente aclarar que para el período comprendido entre el 01 de febrero de 2011 al
30 de diciembre de 2011 no le figuran cotizaciones a esta Entidad por concepto de
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que no es jurídicamente
viable liquidar teniendo en cuenta períodos para los cuales no realizó cotización al
sistema, en consecuencia, se procedió a liquidar la prestación con el promedio de lo
reportado como ingreso base de cotización para el período comprendido entre el 01 de
febrero de 2010 al 30 de enero de 2011.

Que como quiera (sic) que la Universidad de atlántico realizó pagos al asegurado hasta
el mes de diciembre de 2011, la presente prestación se reconoce a partir del 01 de
enero de 2012.

Que como quiera (sic), que la (sic) no se efectuaron cotizaciones por la universidad del
atlántico para los periodos desde el 01 de febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2011,
no obstante no figuran los aportes para dicho período, se procederá a remitir copia de
la presente resolución a la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudos, para el cobro de
dichas cotizaciones si es del caso […]

EN CUANTO AL REINTEGRO DE UNAS SUMAS DE DINERO SE CONSIDERA:

20 Folios 45 y 46.
21 Folios 37 a 40.
22 Folios 32 a 35.

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

Que revisado el aplicativo de nómina de pensionados de Colpensiones, la señora
TRILLOS AMAYA MARÍA CONCEPCIÓN […] mediante resolución 11082 del 06 de
septiembre de 2011, fue incluido en nómina a partir del 01 de febrero de 2011.

Que la señora TRILLOS AMAYA MARIA CONCEPCIÓN, percibió el valor del
retroactivo pensional desde el reconocimiento de la pensión el día 01 de febrero de
2011 hasta su inclusión en nómina de pensiones el día 14 de marzo de 2012, y al
mismo tiempo también recibió por parte de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO los
pagos de su sueldo hasta el mes de diciembre de 2011, como se evidencia en la
constancia expedida por la entidad en la que certifica que le fueron cancelados los
sueldos hasta el mes de diciembre de 2011[…]

Que el valor de $75’889.545 obedece a la suma neta girada y cancelada al
pensionado, por concepto del pago de sus mesadas pensionales»23.

2.4. Análisis sustancial

En el marco de lo expuesto, la Sala encuentra que María Concepción Trillos
Amaya es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, puesto que a su entrada en vigencia (1° de abril de 1994) contaba
con más de 35 años de edad (nació el 8 de diciembre de 1949); por lo que tenía
derecho a pensionarse con los requisitos previstos en el régimen anterior.

La demandante prestó sus servicios en la Universidad del Atlántico como
empleada pública en el cargo de docente, por lo que le era aplicable el régimen
pensional de los «empleados oficiales» previsto en la Ley 33 de 1985, de
conformidad con el cual, quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con
55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75%
del promedio percibido el último año de servicios.

Se advierte que la entidad demandada reconoció a la causante una pensión de
vejez, para la cual tuvo como ingreso base de liquidación los últimos 10 años de
servicios por valor de $6’570.465, con el porcentaje de liquidación del 75%. El 15
de abril de 2014 mediante la Resolución GNR 129292 negó la reliquidación de la
pensión al considerar que los factores salariales a tenerse en cuenta eran los que
se encontraban taxativamente en el Decreto 1158 de 1994 y que el IBL
corresponde a lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Posteriormente, en la Resolución VPB 25796 Colpensiones ordenó el reintegro del
valor de $75’889.545 que fue recibido por concepto de la mesadas causadas entre
febrero y diciembre de 2011, de manera simultánea con el salario en su calidad de
empleada pública en la Universidad del Atlántico, además reliquidó la prestación
con fundamento en la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, por el periodo
comprendido entre el 1° de febrero de 2010 y el 30 de enero de 2011, efectiva
desde el 1° de enero de 2012, en razón a que la demandante devengó salarios
hasta diciembre de 2011.

23 Folios 151 a 164.

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

María Concepción Trillos Amaya acudió a la jurisdicción con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos mediante los cuales le fue negada la reliquidación
de la prestación social y se le ordenó el reintegro de $75’889.545, en los términos
señalados en el párrafo anterior, y como consecuencia solicitó que se ordenara la
reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores devengados
durante el último año de servicios, conforme con lo dispuso en el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985. Las anteriores pretensiones fueron negadas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, por cuanto, de conformidad con la
sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del
Consejo de Estado, solo le son aplicables las disposiciones de la mencionada Ley
33, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo.

Empero, la demandante apeló la decisión de primera instancia al considerar que
los aspectos como la orden de reintegro del dinero percibido por concepto de
mesada, de manera simultánea, con el salario y la fecha de efectividad de la
prestación no fueron abordados por el tribunal, y en cuanto a los factores
salariales indicó que si bien en la primera instancia fueron tenidas en cuenta las
reglas y subreglas de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 para
determinar el IBL, lo cierto es que al omitir la declaración de nulidad de los actos
demandados a Colpensiones le quedó vedado modificar o realizar algún cambio al
respecto.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala centrará el estudio de los temas que no
fueron objeto de estudio en la providencia refutada, comoquiera que de lo
manifestado por la recurrente los factores salariales no fueron objeto de reproche
en esta oportunidad.

No obstante, si la demandante pretendiera la reliquidación con la inclusión de los
salarios devengados en el último año de servicios, implicaría que el cómputo se
realizara en virtud de las reglas de unificación de la Sala Plena de esta
Corporación del 28 de agosto de 2018, lo que desmejoraría su prestación en
atención a que la liquidación en el acto demandado se realizó con el promedio
del último año de servicios.

Empero, en consideración al principio de «interés en la pretensión u oposición, para la
sentencia de fondo o mérito», con fundamento en el cual, en materia laboral, esta
Corporación24 ha considerado que a través del ejercicio del medio de control el
demandante busca satisfacer un derecho que le represente una mejora frente a lo
inicialmente reconocido, o dicho en otros términos, obtener un beneficio, en
condiciones normales; de manera que en aquellos casos en los que no media
demanda de reconvención el resultado de su proceso no puede conllevar
consecuencias que alteren el estado de las cosas a como se encontraban antes
de iniciar la demanda, es decir, el juez no puede hacer más gravosa la situación

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,
radicado 11001-03-25-000-2013-01223-00, M.P. César Palomino Cortés

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

en la que se encontraba la demandante y que la motivó a acudir a la jurisdicción
con el fin de acceder a un derecho del cual se considera es acreedora.

Ahora respecto de los otros aspectos de la apelación, la Sala encuentra que con
fundamento en lo previsto por el artículo 128 de la Constitución Política, salvo las
excepciones que la ley determine, las asignaciones pagadas por concepto de
servicios prestados a las entidades públicas resultan incompatibles con el
disfrute de pensiones de jubilación o vejez.

En efecto, el salario producto del desempeño de un empleo público es
incompatible con el goce de la pensión. Sobre el particular, es preciso recordar
que el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1 del
Decreto 3074 de 1968, establece que las personas retiradas del servicio y con
derecho a pensión, por regla general, no pueden ser reintegradas al servicio
público, salvo ciertas excepciones, como cuando la reincorporación es para
ocupar los cargos de presidente de la república, ministro del despacho, jefe de
departamento administrativo, superintendente, viceministro, entre otros.

En la presente controversia, la demandante pretende que se ordene el pago de
su pensión de jubilación a partir del 1º de febrero de 2011, fecha a partir de la
cual adquirió el estatus jurídico de pensionada, asunto que implica el pago de
dos asignaciones provenientes del erario, esto es, el salario que recibió en el
2011 por los servicios que prestó en la Universidad del Atlántico y la pensión de
jubilación reconocida con sustento en los servicios prestados en esa entidad
durante más de 20 años, por cuanto el pago de las mesadas causadas entre
febrero y diciembre de 2011 fue ordenado con efecto retroactivo, según la
Resolución 011082 del 6 de septiembre de 2011 y, como puede observarse, en
ese año la institución académica continuó con el pago de los salarios, debido a
que Colpensiones certificó su ingreso a nómina de pensionados hasta enero de
2012.

Por lo anterior, no se modificará la fecha tenida en cuenta por la administradora
de pensiones en uno de los actos demandados, esto es la Resolución VPB
25796 de marzo de 2015 respecto de la efectividad de la prestación reconocida a
favor de María Concepción Trillos Amaya, pues como se expuso en líneas
anteriores, la reliquidación de la prestación en tal sentido, le impondría
someterse a las reglas y subreglas establecidas por esta corporación en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en cuanto al periodo a
tenerse en cuenta a efectos de la liquidación.

Así las cosas, la orden de devolución del valor pagado por concepto de mesadas
encuentra respaldo en la disposición del artículo 128 Constitucional, al tratarse de
montos provenientes de la incompatibilidad existente entre la pensión por vejez y
el salario, la cual se reconoció inicialmente a partir del 1º de febrero de 2011.

Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, negó las
pretensiones de la demanda presentada por María Concepción Trillos Amaya,
pero por las razones expuestas en esta decisión.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.25

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que lo dispuesto por
Colpensiones respecto de la fecha de efectividad de la prestación reconocida y la
orden de devolución de las mesadas pagadas durante el 2011 que fueron
devengadas de manera simultánea con los salarios percibidos por la demandante,
por concepto de la prestación de sus servicios profesionales, resulta amparado por

25 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de

2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Radicado: 08001-23-33-000-2014-01562-02 (4388-2021)
Demandante: María Concepción Trillos Amaya

el artículo 128 de la Constitución Política de 1991.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A dentro del proceso promovido por María
Concepción Trillos Amaya contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por las razones expuestas en esta decisión.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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