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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2015-00022-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2015-00022-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por concepto de agencias en derecho, a pagar la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la DIAN. TERCERO: ACEPTAR la sustitución del poder presentada por el doctor Javier René Soler Rojas al doctor David Alejandro y, en consecuencia, RECONOCER personería a este último para actuar como apoderado de la sociedad Italcol S.A., en los términos y para los fines del poder a él conferido. CUARTO. RECONOCER personería al abogado Juan Sebastián Oviedo García, para actuar como apoderado judicial de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder a él conferido. En consecuencia, TENER por terminado el poder conferido al doctor Jaime Enrique Cardoso Cáceres. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 51 Índice 34 del expediente en SAMAI. 52 Índice 28 ibídem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01 Demandante: Italcol S.A. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2015-00022-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de marzo de 2025

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Actor: ITALCOL S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN

Tesis: No es nulo, por infracción de norma superior, el acto
administrativo que deniega la liquidación oficial de
corrección respecto de declaraciones de importación de
productos provenientes de países con los que Colombia
tiene un tratado de libre comercio, si el importador pagó
el arancel resultante de la aplicación conjunta de una
norma nacional con la que consagra dicho tratado.

No es nulo, por violación de la confianza legítima, el acto
administrativo mediante el cual una dirección territorial
de la autoridad demandada deniega un derecho que
había sido reconocido por otra dirección territorial en
asuntos similares, si el acto demandado realizó una
correcta interpretación y aplicación de la ley.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la
sociedad Italcol S.A. contra la sentencia del 6 de abril de 2016, dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A, que denegó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

La sociedad Italcol S.A., actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437
de 20112, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), en la cual formuló las siguientes pretensiones:

“1. La nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por la DIAN, en adelante.
Las “Resoluciones”:

1.1. Resolución 1444 de Agosto 04 de 2014 expedida por la División de Gestión
de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

1.2. Resolución 1840 de Septiembre 15 de 2014 expedida por la División de
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

2. Que como restablecimiento del derecho, consecuencia de la declaración de
nulidad de las citadas Resoluciones se declare procedente la corrección de las
declaraciones de importación de que tratan las Resoluciones, se condene a la
DIAN a restablecer el derecho de la parte demandante, y se le ordene pagar los
tributos aduaneros objeto de solicitud de corrección que fueron negados
indebidamente en las resoluciones más los intereses causados liquidados de
acuerdo con el artículo 557 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los
artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.

3. Que se ordene a la parte demandada, Nación - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (“DIAN”) a dar cumplimiento a la sentencia de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 192 y concordantes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. Que se condene en costas a la parte demandada”3.

1.2. Actos demandados

1.2.1. La Resolución 1444 de 4 de agosto de 2014, por medio de la cual
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas
de Barranquilla decidió:

“PRIMERO: Negar la solicitud de liquidación Oficial de Corrección para efectos
de Devolución a las Declaraciones de Importación relacionadas en el acápite de
hechos del presente acto administrativo a nombre del importador ITALCOL S.A.,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución. (…)”.

1.2.5. La Resolución 1840 de 15 de septiembre de 2014, por medio de la
cual la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas

1
La demanda fue radicada el 13 de enero de 2015 y obra en los folios 1 a 33 del expediente.
2
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
3
Folios 1 y 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

de Barranquilla resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el
importador, así:

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No.1444 de 04-08-2014,
expedida por la División de Gestión de Liquidación por medio del cual se niega
la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección para efectos de devolución a las
declaraciones de importación Nos. 07925280253585 de 4/01/2012,
07925280254694 de 11/01/2012, 07925280254702 de 11/01/2012,
07925280254711 de 11/01/2012, 07925260379138 de 18/01/2012,
07925260379120 de 18/01/2012, 14203011044444 de 31/01/2012,
14203011044451 de 31/01/2012, 23811012960598 de 6/02/2012,
23811012964891 de 15/02/2012, 14203021599058 de 28/021/2012,
14203021614949 de 9/03/2012, 14203021617739 de 12/03/2012,
13303090161771 de 14/03/2012, 14203021627797 de 16/03/2012,
14203021627781 de 16/03/0212, 14203021627765 de 16/03/2012,
14203021627805 de 16/03/2012, 14203021633781 de 21/03/2012,
14203021633807 de 21/03/2012, 14203021633814 de 21/03/2012,
14203021633821 de 21/03/2012, 14203021633839 de 21/03/2012,
14203021633846 de —21/03/2012, 07925260386636 de 26/03/2012,
07925280268337 de 11/05/2012, 07925260394421. de — 6/06/2012,
14203011143202 de 13/06/2012, 14203011143194 de — 13/06/2013,
14203011143678 de 14/06/2012, 14203011143685 de 14/06/2012,
14203011143692 de 14/06/2012, 07925260404564 de 28/08/2012,
07925260404557 de 28/08/2012, 07925260404541 de 28/08/2012,
07925260404532 de 28/08/2012, 07925260404525 de 28/08/2012,
07925260404518 de 28/08/2012, 07925260405824 de 6/09/2012,
07925260405888 de 6/09/2012, 07925260405831 de 6/09/2012,
107925260405849 de — 6/09/2012, 07925260405856 de 6/09/2012,
07925260405863 de 6/09/2012, 07925260405870 de 6/09/2012,
07925260405895 de 6/09/2012, 07925260406102 de 7/09/2012,
07925260406094 de 7/09/2012, 14203021836323 de 18/09/2012,
14203021836348 de 18/09/2012, 14203021836330 de 18/09/2012,
14203021836185 de 20/09/2012 23811013071825 de 21/09/2012,
23811013071864 de 21/09/2012, 23811013071857 de 21/09/2012,
07925270372030 de 26/09/2012, 14203011176153 de 27/09/2012
14203011176185 de 27/09/2012, 14203011176178 de 27/09/2012,
14203011178031 de 28/09/2012, 14203011178024 de 28/09/2012,
14203011189754 de 5/10/2012, 14203011189761 de 5/10/2012,
14203021870322 de 23/10/2012, 14203021874871 de 2610/2012,
14203021874894 de 26/10/2012, 14203021874887 de 26/10/2012,
14203021874862 de 26/10/2012, 14203021874855 de 26/10/2012,
14203011214722 de 26/11/2012, 14203011214715 de 26711/2012,
14203011224481 de 5/12/2012 14203011224505 de 5/12/2012,
14203011224537 de 5/12/2012, 14203011241001 de 18/12/2012,
14203011241019 de 18/12/2012, 14203011240991 de 18/12/2012
14203011243427 de 19/12/2012, 07925260420206 de 9/01/2013,
23811013114445 de 17/01/2013, 07925260420220 de 19/01/2013,
23811013116061 de 21/01/2013, 23811013117765 de 24/01/2013,
23811013117772 de 24/01/2013, 23811013117781 de 24/01/2013,
23811013119708 de 4/02/2013, 23811013119596 de 4/02/2013,
23811013119691 de 4/02/2012, 23811013119675 de 4/02/2013,
23811013120329 de 7/02/2013, 07769270047221 de 13/02/2013,
23811013122491 de 19/02/2013, 23811013124006 de 27/02/2013,
23811013123971 de 27/02/2013, 23811013127903 de 6/03/2013,
23811013128291 de 7/03/2013, 07925270387281 de 22/03/2013
07925270387297 de 22/03/2013, 07925270387305 de 22/03/2013,
07925270387312 de 22/03/2013, 23811013134761 de 26/03/2013,
07925260427464 de 27/03/2013, 07080320052235 de 31/12/2013,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

07080320052232 de 31/12/2013, 07080320052251 de 31/12/2013,
07080320052267 de 31/12/2013 Por la suma de MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.490.469.800.00). En el sentido que la misma será
de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS ($1.468.341.000.00) De conformidad con lo
señalado en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección
para efectos de devolución a las declaraciones de importación Nos.
07925280253585 de 4/01/2012, 07925280254694 de 11/01/2012,
07925280254702 de 11/01/2012, 07925280254711 de 11/01/2012,
07925260379138 de 18/01/2012, 07925260379120 de 18/01/2012,
14203011044444 de 31/01/2012, 14203011044451 de 31/01/2012,
23811012960598 de 6/02/2012, 23811012964891 de 15/02/2012,
14203021599058 de 28/021/2012, 14203021614949 de 9/03/2012,
14203021617739 de 12/03/2012, 13303090161771 de 14/03/2012,
14203021627797 de 16/03/2012, 14203021627781 de 16/03/0212,
14203021627765 de 16/03/2012, 14203021627805 de 16/03/2012,
14203021633781 de 21/03/2012, 14203021633807 de 21/03/2012,
14203021633814 de 21/03/2012, 14203021633821 de 21/03/2012,
14203021633839 de 21/03/2012, 14203021633846 de 21/03/2012,
07925260386636 de 26/03/2012, 07925280268337 de 11/05/2012,
07925260394421 de 6/06/2012, 14203011143202 de 13/06/2012,
14203011143194 de 13/06/2013, 14203011143678 de 14/06/2012,
14203011143685 de 14/06/2012, 14203011143692 de 14/06/2012,
07925260404564 de 28/08/2012, 07925260404557 de 28/08/2012,
07925260404541 de 28/08/2012, 07925260404532 de 28/08/2012,
07925260404525 de 28/08/2012, 07925260404518 de 28/08/2012,
07925260405824 de 6/09/2012, 07925260405888 de 6/09/2012,
07925260405831 de 6/09/2012, 07925260405849 de 6/09/2012,
07925260405856 de 6/09/2012, 07925260405863 de 6/09/2012,
07925260405870 de 6/09/2012, 07925260405895 de 6/09/2012,
07925260406102 de 7/09/2012, 07925260406094 de 7/09/2012,
14203021836323 de 18/09/2012, 14203021836348 de 18/09/2012,
14203021836330 de 18/09/2012, 14203021836185 de 20/09/2012,
23811013071825 de 21/09/2012, 23811013071864 de 21/09/2012,
23811013071857 de 21/09/2012, 07925270372030 de 26/09/2012,
14203011176153 de 27/09/2012, 14203011176185 de 27/09/2012,
14203011176178 de 27/09/2012, 14203011178031 de 28/09/2012,
14203011178024 de 28/09/2012, 14203011189754 de 5/10/2012,
14203011189761 de 5/10/2012, 14203021870322 de 23/10/2012,
14203021874871 de 2610/2012, 14203021874894 de 26/10/2012,
14203021874887 de 26/10/2012, 14203021874862 de 26/10/2012,
14203021874855 de 26/10/2012, 14203011214722 de 26/11/2012,
14203011214715 de 26711/2012, 14203011224481 de 5/12/2012
14203011224505 de 5/12/2012, 14203011224537 de 5/12/2012,
14203011241001 de 18/12/2012, 14203011241019 de 18/12/2012,
14203011240991 de 18/12/2012, 14203011243427 de 19/12/2012,
07925260420206 de 9/01/2013, 23811013114445 de 17/01/2013,
07925260420220 de 19/01/2013, 23811013116061 de 21/01/2013,
23811013117765 de 24/01/2013, 23811013117772 de 24/01/2013,
23811013117781 de 24/01/2013, 23811013119708 de 4/02/2013,
23811013119596 de 4/02/2013, 23811013119691 de — 4/02/2012,
23811013119675 de 4/02/2013, 23811013120329 de 7/02/2013,
07769270047221 de 13/02/2013, 23811013122491 de — 19/02/2013,
23811013124006 de — 27/02/2013, 23811013123971 de 27/02/2013,
23811013127903 de 6/03/2013, 23811013128291 de 7/03/2013,
07925270387281 de 22/03/2013, 07925270387297 de 22/03/2013,
07925270387305 de 22/03/2013, 07925270387312 de 22/03/2013,

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4

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

23811013134761 de 26/03/2013, 07925260427464 de 27/03/2013,
07080320052235 de 31/12/2013, 07080320052232 de 31/12/2013,
07080320052251 de 31/12/2013, 07080320052267 de 31/12/2013 solicitada
por la sociedad ITALCOL S.A ., registrada con Nit. 860.026.895-8, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”.

1.3. Hechos

La demandante expuso los siguientes hechos:

1.3.1. Durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, Italcol S.A. importó
maíz amarillo, producto clasificado en la subpartida arancelaria
1005.90.11.00 (“Maíz”) y fríjol de soya, clasificado en la subpartida
1201.00.90.00 (“Fríjol”), ambos originarios de los países del Mercado
Común del Sur (Mercosur), principalmente de Argentina, Brasil y
Paraguay, según consta en las declaraciones de importación objeto de los
actos demandados4.

1.3.2. Adujo que, al presentar las declaraciones de importación, liquidó y
pagó aranceles de la siguiente forma:

1.3.2.1. Sobre el valor aduanero en pesos base de liquidación, aplicó el
arancel variable quincenal del Sistema Andino de Franjas de Precios
(SAFP)5 reportado por la DIAN mediante circulares quincenales del 1 al
15 y del 16 al final de cada mes.

1.3.2.2. Cuando el arancel SAFP fue superior al 5%, descontó de este el
porcentaje de desgravación arancelaria concedida por el correspondiente
país del Mercosur a Colombia, con fundamento en el Acuerdo de

4
Enlistadas en la parte resolutiva de la Resolución 1840 de 15 de septiembre de 2014.
5
En la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (https://www.tlc.gov.co/preguntas-
frecuentes/mercosur) se observa la siguiente definición del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP):
“Es un mecanismo de estabilización de precios establecido mediante la Decisión 371 de la Comunidad Andina
(CAN), el cual permite fijar un precio piso y un precio techo para mantener el costo de importación de un
grupo determinado de productos agropecuarios. Permite ajustar el Arancel Externo Común (AEC) a un grupo
de productos agrícolas.
El procedimiento operativo para la aplicación del SAFP lo adelanta, en primera instancia, la Secretaria General
de la Comunidad Andina (SGCAN), quien fija mediante Resolución los Precios Piso y Techo de cada producto
marcador, que expide antes el 15 de diciembre de cada año. Los precios piso y techo tienen vigencia anual
contada a partir del primero de abril de cada año.
Los Precios de Referencia quincenales son calculados y comunicados mediante Resolución y Circular por la
SGCAN a los Países Miembros. Con estas disposiciones, los órganos correspondientes de cada país calculan los
derechos variables. En el caso de Colombia es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por su parte, la
DIAN publica una circular informando los derechos aplicables para la quincena respectiva”. (Subrayas de la
Sala).

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Demandante: Italcol S.A.

Complementación Económica (ACE 59), aprobado en Colombia a través
de la Ley 1000 de 20056.

1.3.2.3. En algunas de las declaraciones de importación en debate, aplicó
bonos del Índice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA), adquiridos al
pagar en subasta pública agropecuaria el mejor precio por el maíz amarillo
y el fríjol de soya (producto nacional), y por tanto pudo descontar 10
puntos porcentuales de la tasa de arancel aplicable, de tal forma que, si
el arancel SAFP fue igual o inferior al 10%, no tuvo que realizar ningún
pago.

1.3.2.4. Sin embargo, cuando el arancel SAFP fue inferior al 5% y no
contaba con bonos IBSA para aplicar, con la finalidad de obtener el
levante de los productos por parte de la DIAN, pagó el arancel mínimo
extracuota del 5%, correspondiente al Mecanismo Público de
Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC), creado por el
Decreto 430 de 20047.

1.3.3. Una vez finalizado el proceso de importación, al considerar que el
anterior pago no tenía sustento legal, porque, a su juicio, el MAC no era
aplicable al caso, por tratarse de mercancías provenientes del Mercosur,
las cuales se rigen por el ACE 59, solicitó a la DIAN que realizara la
liquidación oficial de corrección, con la finalidad de obtener la devolución
de los aranceles pagados en exceso e indebidamente.

1.3.4. Por medio de la Resolución 1444 de 4 de agosto de 2014, la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla denegó la solicitud.

6
“Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Complementación Económica’, suscrito entre los Gobiernos
de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República
del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y el ‘Primer
Protocolo Adicional - Régimen de Solución de Controversias’, suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho
(18) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)”.
7
“Por el cual se crea el Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios y se modifica el
Decreto 2685 de 1999”.

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Demandante: Italcol S.A.

1.3.5. El importador presentó el recurso de reconsideración, el cual fue
resuelto de manera desfavorable por la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, mediante la Resolución
1840 de 15 de septiembre de 2014.

1.4. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.4.1. Italcol S.A. alegó que la Resolución 1444 de 4 de agosto de 2014
y la Resolución 1840 de 15 de septiembre de 2014 vulneraron las
siguientes disposiciones:

“5.1. De carácter supranacional
Acuerdo Internacional de Complementación Económica N° 59 CAN-MERCOSUR,
en adelante “ACE 59”, artículos 3, 5 y 6 Anexo I y Anexo II.

5.2. De carácter constitucional:
Artículos 4, 6, 29, 83, 95 numeral 9, 121, 209, 224,226, 227, 333 y 365.

5.3. De carácter legal:
Ley 1000 de 2005, por la cual se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano
el ACE 59.

Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo

Artículos 3, 42, 87, 91, 93, 138.

5.4. De carácter reglamentario:
Estatuto Aduanero: Decreto 2685 de 1999, artículos 2, 236 y 548.
Decreto 4900 de 2011, Artículo 4° Parágrafo”.

1.4.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:

1.4.2.1. “Prevalencia y preferencia de la Ley 1000 de 2005 (ACE
59) frente y sobre el Decreto 430 de 2004, por ser norma superior,
posterior y especial, que no permite la aplicación de aranceles
mínimos extracuota del MAC. Violación de la Ley 1000 de 2005”

1.4.2.1.1. Señaló que el Decreto 430 de 2004 creó el Mecanismo Público
de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC), y estableció un
“arancel mínimo extracuota” del 5%, aplicable en los casos en los que el

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arancel quincenal variable del SAFP reportado por la DIAN fuere inferior
a dicho porcentaje8.

1.4.2.1.2. Explicó que, posteriormente, el artículo 1 del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE 59) estableció como uno de sus
objetivos el formar un área de libre comercio entre las partes
contratantes, mediante la expansión y diversificación del intercambio
comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-
arancelarias que afecten al comercio recíproco.

Asimismo, el artículo 39 de Acuerdo estableció que las partes contratantes
conformarían una zona de libre comercio a través de un programa de
liberación comercial, consistente en desgravaciones progresivas y
automáticas aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación
de terceros países en cada parte signataria, de conformidad con lo
dispuesto en sus legislaciones.

Dijo que el Anexo 1 del artículo 3 estableció la desgravación gradual y
progresiva de aranceles a partir del año 2005, en porcentajes del 15% y
20%, según los tipos de productos, los cuales están sujetos al Mecanismo
de Estabilización de Precios (MEP), es decir, al Sistema Andino de Franjas
de Precios (SAFP). Asimismo, advirtió que en dicho Anexo se encuentran
los productos maíz amarillo, clasificado en la subpartida arancelaria

8
La Sala entiende que el demandante se refiere al artículo 3 del referido decreto, que reza:
“Artículo 3º. Definición De Los Elementos Del Mecanismo Público De Administración De Contingentes
Agropecuarios. Los elementos del Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC)
son: (…)
4. Arancel Extracuota: Es el arancel aplicable a las importaciones de cada una de las subpartidas arancelarias
incluidas en el artículo 1o del presente decreto, que no, ingresen por el Contingente con Asignación Estacional.
El Arancel Extracuota no será superior al arancel consolidado por Colombia ante la OMC para la respectiva
subpartida arancelaria y cuyo nivel se determinará como se indica a continuación:
a) Los productos de las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00; 1005.90.12.00; 1007.00.90.00 y
1201.00.90.00 pagarán el mayor arancel entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el Sistema Andino
de Franjas de Precios;
b) En el caso de las subpartidas arancelarias 1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 1006.40.00.00,
5201.00.00.10, 5201.00.00.20 y 5201.00.00.90 el Arancel Extracuota será el correspondiente al arancel de
Nación más favorecida. (…)”.
9
“Artículo 3. Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de
Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de las Partes
Signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los
aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada Parte Signataria, al momento de la aplicación
de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para los productos incluidos en el Anexo I, la desgravación
se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo. (…)”.

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Demandante: Italcol S.A.

1005.90.11.00 (“Maiz”), y fríjol de soya, correspondiente a la subpartida
1201.00.90.00 (“Fríjol”).

Adujo que los artículos 5 y 6 del ACE 59 establecen el compromiso de las
partes signatarias “de no imponer gravámenes y cargas de efectos
equivalente distintos de los derechos aduaneros que afecten el comercio
entre los estados, como la prohibición de mantener o introducir nuevas
medidas no arancelarias que dificulten el comercio recíproco”, y que solo
se mantendrían los gravámenes y las cargas que constan en las Notas
Complementarias.

Es decir, que el ACE 59 no da lugar a la aplicación de límites a las
importaciones de los países del Mercosur, diferentes a un arancel sujeto
a desgravación gradual y progresiva.

En este orden, advirtió que el MAC no fue negociado por las partes
suscriptoras del ACE 59, y, en tal sentido, no fue incorporado en el listado
de gravámenes y cargas de las Notas Complementarias. Es decir, no fue
establecido como una excepción al proceso de importación de mercancías
del Mercosur. De hecho, el Gobierno nacional nunca negoció los aranceles
intracuota ni extracuota, que son propios del MAC, para incluirlos en las
excepciones al ACE 59. Por lo tanto, a su juicio, no puede seguir siendo
aplicado a importaciones de productos sujetos al SAFP, como el maíz
amarillo y el fríjol de soya originarios del Mercosur.

1.4.2.1.3. Alegó que las disposiciones del MAC solo son aplicables a las
importaciones que provengan de países con los cuales Colombia no tiene
suscritos tratados de libre comercio, lo que no ocurre en este caso, pues
se trata de importaciones provenientes del Mercosur, las cuales se rigen
por el ACE 59, aprobado por la Ley 1000 de 2005, que, por tanto, es la
norma especial, superior y posterior.

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En suma, la demandante estima que el MAC, como mecanismo de
protección a la producción nacional, se constituiría como un gravamen
adicional y contrario, además de incompatible, con el ACE 59.

1.4.2.1.4. Según afirma, diferentes autoridades se pronunciaron en apoyo
de tal interpretación, así: (i) la Subdirección Técnica y de Comercio
Exterior de la DIAN, en el Memorando 00211 de 3 de abril de 2007; (ii)
la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALT) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, mediante Memorando 127 de 24 de
octubre de 2007, dirigido al viceministro de Comercio Exterior; (iii) los
directivos y expertos del Comité Triple A, conformado por miembros del
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, del Ministerio de
Agricultura y de la DIAN, en el Comité 178 del 1º de abril de 2007; (iv)
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, por
medio de Resolución 2871 de octubre 30 de 2009, en la cual aceptó
expedir la liquidación oficial de corrección en similares circunstancias; (v)
la Subdirección de Gestión Técnica, en el Oficio 100227342-0346 del 19
de marzo de 2014, que reconoció la prevalencia del ACE 59 sobre el MAC,
y de acuerdo con eso ha proferido numerosas liquidaciones oficiales de
corrección para efectos de devolución.

Empero, la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, apartándose
de la interpretación acogida por esas autoridades, le denegó la expedición
de la liquidación oficial de corrección.

1.4.2.2. “Inaplicabilidad del MAC por incompatibilidad con los
Tratados de libre comercio. violación del Decreto 4900 de 2011”

Argumentó que, en los actos demandados, la DIAN interpretó
equivocadamente el parágrafo del artículo 4 del Decreto 4900 de 201110,
que dice que el MAC “no se podrá aplicar de una manera incompatible con
los tratados de libre comercio vigentes para Colombia”, pues de este
extrajo que los tratados de libre comercio debían ceder frente al MAC,

10
“Por el cual se determinan los aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación
de maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya en desarrollo del Mecanismo Público de Administración de
Contingentes Agropecuarios (MAC) para 2012”.

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cuando la interpretación literal de esa disposición indica que: (i) si la
importación proviene de países con los cuales Colombia no tiene tratados
de libre comercio, sí se aplican las normas del MAC, o (ii) si la importación
proviene de países con los cuales Colombia sí tiene tratado de libre
comercio, el MAC solo es aplicable si resulta compatible con aquél.

De acuerdo con lo anterior, enfatizó que en el caso sub examine la
importación proviene de países con los cuales Colombia sí tiene tratados
de libre comercio, y el MAC resulta incompatible con estos, razón por la
cual no debe ser aplicado.

1.4.2.3. “Aplicación indebida y parcializada del principio de
interpretación sistemática o de armonización e integración
normativa”

Argumentó que en los actos demandados la DIAN aplicó de forma indebida
y parcializada el método sistemático de interpretación normativa, porque
en algunos apartes reconoció que las normas posteriores deben
prevalecer, pero decidió no aplicar al asunto el ACE 59, que es posterior
al MAC.

1.4.2.4. “No aplicación efectiva del MAC y aplicación del ACE no.
59 Can-Mercosur sin relación con el MAC”

Expuso que el MAC fue diseñado para ser aplicado cuando se efectúen
subastas de contingentes de productos agropecuarios para proteger la
producción nacional, por lo que, en términos prácticos, cuando no tengan
ocurrencia las subastas, tampoco sería viable aplicar las normas del MAC
a los productos originarios del Mercosur.

Advirtió que, en el Oficio 100227342-0118 del 3 de febrero de 2014, el
jefe de Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión
de Técnica Aduanera de la DIAN afirmó que el MAC no tiene aplicación
efectiva frente a las importaciones de productos originarios del Mercosur,
porque el Gobierno nacional no ha efectuado ninguna subasta de los

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contingentes de productos objeto de ese mecanismo, razón por la cual se
debe dar aplicación preferente al ACE 59.

En tal sentido, señaló que la última subasta de maíz amarillo fue realizada
el 18 de enero del año 2012, y la última subasta de fríjol de soya se realizó
el 10 de febrero de 2012, y que, para las importaciones posteriores a
dichas fechas, no tendría aplicación el MAC.

1.4.2.5. “Falta de revisión de valoración aduanera y falta de
revisión de la documentación soporte de las importaciones cuyas
declaraciones se solicitó expedición de liquidación oficial de
corrección en la vía gubernativa”

1.4.2.5.1. Arguyó que los actos acusados se sustentaron en que no era
posible acceder a la solicitud de liquidación oficial de corrección sin que
antes se hubiera efectuado un estudio de valoración aduanera y una
revisión de control a la documentación soporte de las importaciones, de
acuerdo con los artículos 469 y siguientes del Decreto 2685 de 1999,
Estatuto Aduanero. Empero, a juicio de la demandante, en lugar de
denegar la solicitud, la entidad debió gestionar las diligencias necesarias
para llevar a cabo los dos tipos de revisión.

Advirtió que, en todo caso, sí allegó toda la documentación soporte de
cada declaración de importación objeto de la solicitud de corrección, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 121 del Estatuto Aduanero, lo
que le permitía a la entidad verificar el valor en aduana declarado y la
debida importación, conforme se puede comprobar con los documentos
que reposan en el expediente de la DIAN. Por tanto, no existía razón legal
para no haber realizado dichas verificaciones.

Afirmó que la falta de diligencia por parte de la División de Liquidación
vulneró el principio de eficiencia, consagrado en el artículo 2 del Estatuto
Aduanero, pues la autoridad no facilitó el trámite de la corrección, sino
que lo estancó, al no hacer las revisiones de valoración y control de la
documentación que ella misma sugirió. Dijo que, asimismo, con tal

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omisión se vulneró el principio administrativo de responsabilidad,
consagrado en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011.

1.4.2.6. “Violación del principio de confianza legitima”

1.4.2.6.1. Arguyó que la DIAN en múltiples ocasiones11 aceptó efectuar
la corrección de declaraciones de importación similares a las que aquí se
discuten, aceptando los argumentos en los que se funda la demanda y
ordenando la devolución de tributos. Lo anterior, en consonancia con el
criterio expuesto por la Subdirección de Gestión Técnica en el Oficio
100227342-0346 del 19 de marzo de 2014.

Alegó que no tiene ningún sentido que la misma DIAN en una Dirección
Seccional acepte solicitudes de liquidación oficial de corrección y en otra
las deniegue, lo cual no se compadece con los principios de la función
administrativa contenidos en la Ley 489 de 1998, y con los principios de
buena fe, confianza legítima y coordinación, establecidos la Ley 1437 de
2011.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. Mediante auto del 26 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo
del Atlántico admitió la demanda12 y ordenó notificar a la DIAN.

2.2. La DIAN presentó contestación13 por intermedio de apoderado y
expuso los siguientes argumentos:

2.2.1. Explicó que en el ACE 59, suscrito entre los Gobiernos de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados parte del Mercosur; y los gobiernos
de Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad
Andina, únicamente se pactó la desgravación del componente fijo del
mecanismo de estabilización para los productos incluidos en el SAFP. Por

11
Con la demanda aportó cinco resoluciones expedidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.
12
Folios 122 y 123.
13
Folios 137 a 161.

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lo tanto, a su juicio, dicho Acuerdo no contradice lo establecido en el
Decreto 430 de 2004.

2.2.2. Sostuvo que las declaraciones de importación en estudio no pueden
ser objeto de revisión, sin que antes se haya realizado un estudio de valor
y un control posterior a los documentos presentados para la
nacionalización de la mercancía, la cual obtuvo levante manual.

2.2.3. Argumentó que el arancel liquidado y cancelado en las
declaraciones de importación objeto de debate, se ajusta a la normativa
vigente para las fechas de aceptación de dichas declaraciones, esto es, al
Decreto 430 de 2004 y al Decreto 4871 de 2008.

Además, aseveró que las declaraciones objeto de la solicitud no se
encontraban enmarcadas dentro en las causales señaladas en el inciso
primero del artículo 51314 del Estatuto Aduanero, en armonía con el
artículo 43815 de la Resolución 4240 de 2000, “por la cual se reglamenta
el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999”, las cuales, afirma, son
taxativas: errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio,
sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.

2.2.4. Explicó que el procedimiento que se debe efectuar cuando se
importa una de las mercancías a las que se refiere el artículo 116 del

14
“Artículo 513. Liquidación Oficial de Corrección.
La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes
errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones,
operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.
Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor
aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera”.
15
“Artículo 438. Liquidación Oficial de Corrección. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto
2685 de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la División de
Liquidación, o a dependencia que haga sus veces, cuando:
a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección
aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la Declaración de Importación y del Acta
de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería
o el faltante, reconocidos en la inspección;
b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago
en exceso.
Parágrafo. No procederá la devolución cuando esté referida a una operación que estuvo soportada en
documentos falsos, independientemente de la ausencia de responsabilidad penal o administrativa que aduzca
el peticionario”.
16
“Artículo 1º. Mecanismo Público De Administración De Contingentes Agropecuarios (MAC). Créase el
Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC), el cual se aplica a los productos
agrícolas clasificados por las siguientes subpartidas arancelarias, procedentes y originarias de países distintos
de los Miembros de la Comunidad Andina:

1005.90.11.00 1005.90.12.00 1006.10.90.00 1006.20.00.00

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Demandante: Italcol S.A.

Decreto 430 de 2004 y que adicionalmente gozan de una preferencia
arancelaria en virtud de un tratado de libre comercio, es el siguiente:

“a) Revisar la existencia de un contingente con asignación estacional (siempre
se fija por Decreto del Gobierno Nacional). b) Si hay contingente, verificar que
el importador tenga un certificado IBSA, en caso afirmativo, se tendrá derecho
a la aplicación de los aranceles intracuota, por lo que se procederá a determinar
el monto a pagar que corresponda (siempre se fija por Decreto del Gobierno
Nacional). c) Si hay contingente, pero el importador no cuenta con el
correspondiente certificado IBSA, se debe proceder a liquidar el arancel
extracuota, fijado por Decreto del Gobierno Nacional. d) Determinado el monto
a cancelar por arancel intracuota o extracuota, según sea el caso, sobre dicho
monto se aplicará la preferencia arancelaria a que haya lugar. e) En el evento
en que no se haya fijado un contingente estacional, se aplicará de manera
inmediata la preferencia arancelaria, a la que se haya acogido el importador”.

De acuerdo con lo anterior, explicó que en el sub lite, como en el
expediente no reposaba el certificado IBSA que amparara la mercancía
importada, como lo aceptó Italcol S.A., era pertinente el pago del arancel
extracuota.

Advirtió que el Decreto 4662 de 201017, vigente para la fecha de
aceptación de las declaraciones de importación en debate, establece en
el artículo 4 que, a las importaciones que superen los Contingentes
Anuales establecidos en el artículo 1 de ese decreto, se les aplicará el
arancel extracuota establecido en el numeral 4º del artículo 3 del Decreto
430 de 2004, es decir, que a las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00
y 1201.00.90.00, correspondientes a maíz amarillo y fríjol soya,
respectivamente, se les aplicaría el mayor arancel entre 5% y el arancel
del SAFP.

Entonces, enfatizó que las mercancías en discusión estaban sujetas al
MAC, el cual, de acuerdo con el parágrafo del artículo 4 del Decreto 4662
de 2010, no se puede aplicar de manera incompatible con lo pactado por
Colombia en los tratados de libre comercio vigentes.

1006.30.00.00 1006.40.00.00 1007.00.90.00 1201.00.90.00
5201.00.00.10 5201.00.00.20 5201.00.00.90”
(Subrayas de la Sala).
17
“Por el cual se determinan los aranceles intracuota y, extracuota y los contingentes anuales para la
importación de maíz amarillo y frijol de soya y fibra de algodón en desarrollo del mecanismo público de
administración de contingentes agropecuarios (MAC) para 2011”.

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Demandante: Italcol S.A.

2.2.5. De acuerdo con lo anterior, arguyó que, contra los argumentos de
la demanda, al asunto le son igualmente aplicables el Decreto 430 de
2004, el Decreto 4662 de 2010 y la Ley 1000 de 2005.

En tal sentido dijo que el Acuerdo de Complementación Económica debe
ser interpretado de forma sistemática, y no solo en sus artículos 5 y 6,
como lo pretende el demandante. Es decir, no es válido afirmar que el
ACE 59 elimine totalmente cualquier arancel o mecanismo de protección
a la producción nacional, e impida imponer gravámenes o cargas
adicionales, o nuevas medidas no arancelarias, como lo sería el MAC.

Al efecto, señaló que el artículo 4 del ACE 59 “incorpora las preferencias
arancelarias negociadas con anterioridad entre las Partes Signatarias en
los Acuerdos de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, en la forma como
se refleja en el Programa de Liberación Comercial”, al igual que “incorpora
las preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso negociadas
con anterioridad en los Acuerdos de Alcance Regional en el marco de la
ALADI, en la forma como se refleja en el Programa de Liberación
Comercial”.

Es decir, que el ACE 59 debe ser aplicado en consonancia con otros
acuerdos en materia de aranceles; y que, en especial, el Título II del
programa de liberación comercial señala que las desgravaciones
progresivas y automáticas son aplicables sobre los aranceles vigentes
para la importación de terceros países, de conformidad con lo dispuesto
en sus legislaciones, lo que incluye en este caso el Decreto 430 de 2004,
contentivo del MAC.

2.2.6. Respecto del argumento referido a la falta de revisión de la
valoración aduanera y de la documentación soporte de las importaciones
cuyas declaraciones de corrección se solicitan, señaló que, en los eventos
en los que procede la liquidación oficial de corrección, determinados en
los artículos 513 y 514 del Decreto 2685 de 1999, es indispensable
determinar el verdadero monto de los tributos aduaneros que se deben
cancelar por la importación, finalidad para la cual es imperativo llevar a

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cabo un estudio de valor, pues los errores en la declaración de importación
que determinaron el pago en exceso se desprenden del valor de la
mercancía, los fletes, los seguros entre otros.

2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral
A, celebró audiencia inicial el 25 de febrero de 201618, a la cual
asistieron las partes demandante y demandada. Agotadas las etapas de
saneamiento y decisión de excepciones previas, se fijó el litigio de la
siguiente manera:

“Si la sociedad ITALCOL S.A., tiene derecho a que la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES - DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA, le reconozca y pague los tributos
aduaneros objeto de solicitud de corrección que fueron negados indebidamente
en la Resolución Nº 1444 de Agosto 04 de 2014 y la Resolución Nº 1840 de
Septiembre 15 de 2014, más intereses causados liquidados de acuerdo con el
artículo 557 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con los artículos 863 y
864 del Estatuto Tributario”.

Seguidamente, se agotaron las etapas de intento de conciliación y
decisión sobre medidas cautelares. Además, el despacho sustanciador
advirtió que la DIAN había allegado los antecedentes administrativos y
que la parte actora aportó las demás pruebas que solicitó en la demanda.
Por lo tanto, prescindió de la etapa probatoria.

2.4. En esa misma diligencia, el magistrado sustanciador ordenó correr
traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y
al Ministerio Público para que rindiera concepto.

La demandante19 y la DIAN20 presentaron escritos de alegatos de
conclusión. El Ministerio Público21 rindió concepto en el que señaló que
debían denegarse las pretensiones de la demanda porque las mercancías
objeto de debate estaban sujetas al MAC.

18
Folios 291 a 296.
19
Folios 313 a 335.
20
Folios 298 a 306.
21
Folios 307 a 312.

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 6 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral A, denegó las pretensiones del demandante, con base
en los siguientes argumentos22:

3.1. Señaló que el ACE 59 incorporó las preferencias arancelarias
negociadas con anterioridad entre los Estados miembros a través de
acuerdos de alcance parcial o de alcance regional, en la medida en que
dichas preferencias y demás condiciones de acceso sean más favorables
a aquellas que se establecen en ese documento, manteniendo en todo
caso pleno vigor las disposiciones acordadas entre los países signatarios,
cuando se refieran a materias no incluidas en él.

En tal sentido, advirtió que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo
del artículo 4 del Decreto 4662 de 2010 y en la misma disposición del
Decreto 4900 de 2011, las normas del MAC, creado por el Decreto 430 de
2004, son compatibles con los tratados de libre comercio vigentes en
Colombia. Por lo tanto, aseveró que las mercancías amparadas en las
declaraciones de importación en debate estaban sujetas a dicho
mecanismo, razón por la cual procedía el pago del arancel extracuota.

3.2. Enfatizó que las circulares y memorandos internos de la DIAN —que,
según la demandante, señalan que el MAC no puede ser aplicado a
mercancías sujetas al ACE 59—, no tienen prevalencia sobre las
disposiciones de rango legal y reglamentario que rigen el asunto, razón
por la cual los actos acusados no incurrieron en una infracción normativa
ni en vulneración del principio de la confianza legítima.

Además, advirtió que las resoluciones invocadas por la demandante, en
las que la DIAN accedió a emitir la liquidación oficial de corrección para
efectos de devolución, se refirieron a importaciones de maíz amarillo,
mientras que en el sub lite el debate también gira en torno a la

22
Folios 346 a 359.

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importación de fríjol de soya. Es decir, que entre esos asuntos y el que
aquí se estudia no existía identidad fáctica que obligara a la autoridad a
dar igual tratamiento.

3.3. Explicó que, cuando se importa una de las mercancías a las que hace
referencia el artículo 1 del Decreto 430 de 2004, entre las que se
encuentran el maíz amarillo y el fríjol soya, clasificados en las subpartidas
1005.90.11.00 y 1201.00.90.00, respectivamente, que goce de
preferencia arancelaria en virtud de un tratado de libre comercio, y el
importador no cuente con certificado IBSA, debe liquidar y pagar el
arancel extracuota fijado en dicho decreto.

3.4. En este orden, señaló que, en el caso concreto, de acuerdo con las
pruebas allegadas al plenario, durante los años 2010 a 2013, Italcol S.A.
importó maíz amarillo y fríjol de soya provenientes de Argentina, Brasil y
Paraguay, pagando aranceles así:

“(…) sobre el valor aduanero en pesos base de liquidación, se aplicó el arancel
variable quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP); cuando el
arancel fue superior al 5%, liquidó y pagó el arancel descontando del mismo el
porcentaje de desgravación arancelaria concedida por el país correspondiente a
Colombia; en algunas declaraciones por tener bonos IBSA adquiridos en subasta
pública agropecuaria, descontó 10 puntos porcentuales de la tasa de arancel
aplicable, por lo que si el arancel SAFP fue igual o inferior al 10%, el importador
no pagó arancel alguno; cuando el arancel fue inferior al 5% y no se adquirieron
bonos IBSA, se liquidó y pagó el arancel mínimo extra cuota del 5%
perteneciente al Mecanismo Público de Administración de Contingentes
Agropecuarios (MAC)”.

Dicho de otro modo, el a quo advirtió que, en las declaraciones de
importación que tuvieron bonos IBSA, el importador descontó 10 puntos
porcentuales de la tasa de arancel aplicable, por lo que, si el arancel SAFP
era igual o inferior al 10%, no tuvo que realizar ningún pago. No obstante,
en las declaraciones de importación respecto de las cuales solicitó
liquidación oficial de corrección, el importador no contó con bonos IBSA,
por lo que, contrario a los fundamentos de la demanda, sí le correspondía
liquidar y pagar el arancel mínimo extracuota.

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Demandante: Italcol S.A.

En consecuencia, concluyó que los actos demandados se ajustaron a
derecho y que debían denegarse las pretensiones de la demanda.

3.5. Por último, decidió no imponer condena en costas porque la parte
demandante no incurrió en temeridad, dilación sistemática del trámite,
deslealtad o irracionalidad absoluta en las pretensiones.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Italcol S.A. interpuso recurso de apelación en el que señaló que la
sentencia de primera instancia contiene cuatro conclusiones o
argumentos, y procedió a controvertirlos uno a uno, así23:

4.1. Primera conclusión de la sentencia apelada: “Las mercancías
importadas amparadas en las declaraciones de importación
estaban sujetas al MAC”

4.1.1. Alegó que, tratándose de mercancías provenientes de países de
Mercosur, debía aplicarse de manera integral el ACE 59, sin lugar a incluir
disposiciones del MAC, so pena de vulnerar el principio de inescindibilidad,
que prohíbe al intérprete “realizar híbridos normativos”. Entonces, insistió
en que debía aplicarse únicamente la Ley 1000 de 2005, por ser la norma
de mayor jerarquía.

4.1.2. En ese sentido, advirtió que el juez de primera instancia no se
pronunció sobre los argumentos de la demanda relacionados con la
prevalencia de la Ley 1000 de 2005 respecto del Decreto 430 de 2004,
en virtud de los principios de superioridad y especialidad.

4.1.3. Enfatizó que el ACE 59 establece todos los elementos necesarios
para la determinación del arancel aplicable a la importación de maíz
amarillo proveniente de países de Mercosur, pues: (i) el inciso segundo
del artículo 3 establece la tarifa de arancel; (ii) el Anexo I establece el

23
Folios 380 a 416.

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listado de productos con la subpartida; (iii) el encabezado del Anexo I
indica que la tarifa de arancel está sujeta al SAFP. Por lo tanto, insistió en
que no era pertinente la aplicación concomitantemente de las dos
disposiciones.

Reiteró al respecto que Colombia no incluyó el MAC en las Notas
Complementarias del ACE 59, y que el Gobierno nacional nunca negoció
los aranceles intra y extracuota, propios del MAC, para incluirlos dentro
de las excepciones al ACE 59, como sí lo hicieron otros países.

4.1.4. Señaló que, si en gracia de discusión se admitiera que la Ley 1000
de 2005 y el Decreto 430 de 2004 son aplicables conjuntamente al asunto,
tendría que aplicarse la disposición más favorable al administrado, criterio
que fue acogido por la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera en el
Oficio 100227342-0346 del 19 de marzo de 2014.

4.1.5. Manifestó que el Tribunal desconoció que el inciso sexto del artículo
3 del ACE 59 señala que las preferencias arancelarias y otras condiciones
de acceso solo son aplicables cuando: a) sean más favorables que las que
se establecen en el Acuerdo, y b) se refieran a materias no incluidas en
el Acuerdo. Entonces, el MAC no era aplicable al caso porque trata
materias que también son reguladas de manera especial por el ACE 59 y,
además, era menos favorable que este.

4.1.6. Agregó que la única posibilidad para inaplicar o afectar el programa
de desgravaciones progresivas y automáticas del ACE 59 sería la
aplicación excepcional de un régimen de salvaguardias, empero, este no
fue establecido.

4.2. Segunda conclusión de la sentencia apelada: “El MAC es
compatible con el ACE 59”

Alegó que, al arribar a tal conclusión, el a quo interpretó y aplicó de
manera errónea el parágrafo del artículo 4 del Decreto 4900 de 2011,
pues lo que este consagra es una regla general de aplicación preferente

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de los tratados de libre comercio sobre las disposiciones del MAC, cuando
se presente incompatibilidad entre ambos, y no una cláusula de
compatibilidad.

Señaló que la correcta interpretación de esa norma consiste en que: (i) si
la importación proviene de países con los cuales Colombia no tiene
tratados de libre comercio, se aplica el MAC, y (ii) si la importación
proviene de países con los cuales Colombia sí tiene tratado de libre
comercio, el MAC se aplica cuando sea compatible con ese tratado, lo que
no ocurre cuando, como en el sub examine, este regule la respectiva
subpartida arancelaria.

4.3. Tercera conclusión de la sentencia apelada: “Era procedente
el pago del arancel extra cuota. No hay violación alguna de ley, ni
interpretación y/o interpretación indebida”

Explicó que, contrario a los argumentos del fallo apelado, las Circulares
en las que DIAN reportó quincenalmente el arancel variable del SAFP solo
fueron aducidas en la demanda con el fin de facilitar la lectura del Anexo
I del artículo 3 del ACE 59, y no para que fueran tenidas en cuenta como
normas de mayor jerarquía que el Decreto 430 de 2004. De igual manera,
los memorandos internos de la DIAN fueron aportados como apoyo y
criterio de interpretación válido respecto de los puntos de derechos
discutidos en esta litis.

4.4. Cuarta conclusión de la sentencia apelada: “No hay violación
del principio de confianza legítima”

Manifestó que, contra los argumentos del a quo, este asunto sí tiene
identidad fáctica con los casos que fueron resueltos por la DIAN en las
resoluciones aducidas en la demanda, razón por la cual la entidad estaba
obligada a dar igual tratamiento. En concreto, porque se trata de
operaciones de importación de productos originarios del Mercosur sujetos
al ACE 59, respecto de los cuales se produjo un pago en exceso.
Asimismo, alegó que al asunto resultaba aplicable el criterio expuesto por

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22

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la autoridad demandada en el Oficio 100227342-0346 del 19 de marzo de
2014.

Esos pronunciamientos le generaron la confianza de que la administración
adoptaría una decisión similar en su caso concreto, pero esa confianza fue
defraudada por los actos administrativos demandados.

4.5. Por otra parte, citó el salvamento de voto a la sentencia apelada,
presentado por la magistrada Judith Romero Ibarra, que manifestó lo
siguiente:

“Lo anterior, para concluir que lo dispuesto en la Ley 1000 de 2005, por medio
de la cual se ratificó el tratado de libre comercio suscrito entre los países
MERCOSUR, prevalece frente a las disposiciones nacionales, entre ellas el MAC,
en tanto además de así expresarlo el mismo decreto en el texto citado ut supra,
no fue contemplado en el ACE 59. Adicional a lo anterior, en la interpretación
que se le debe dar al parágrafo del artículo 4 del Decreto 403 (sic) de 2008,
antes citado cuando advierte: ‘lo dispuesto en las normas del Mecanismo Público
de Administración de Contingentes (MAC) no se podrá aplicar de una manera
incompatible con los tratados de libre comercio vigente para Colombia’: se debe
interpretar en su literalidad o el sentido gramatical y propio del texto.

Por otra parte, la aplicación de la ley nacional deberá ceder frente a la de la
norma de mayor jerarquía, en razón a que como lo indicó la jurisprudencia
citada ut supra, si se aplican esas normas contrarias a un tratado, entonces
eventualmente pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado
en cuestión. Aunado a hecho (sic), que al ratificarse un tratado en Colombia,
(…) luego entonces dicha norma forma parte de la estructura normativa del
Estado, conserva la jerarquía de las normas, lo que implica que
consecuencialmente por tratarse de una ley debe ser de mayor aplicación a lo
dispuesto en un Decreto. Así las cosas, el MAC, por resultar incompatible con la
ley 1000 de 2005, (y) (sic) no debe entrar a aplicarse a los casos bajo estudio”.
(Subrayas de la Sala).

4.5.1. Con base en lo anterior alegó que, de no accederse a las
pretensiones de la demanda, dando aplicación al MAC por encima del ACE
59, se desconocerían las obligaciones asumidas por Colombia frente a
otros Estados, lo cual denota una vez más el carácter antijurídico de los
actos acusados.

4.5.2. Luego, señaló que el salvamento de voto había advertido que el
fallo apelado no valoró el Memorando 00211 de 3 de abril de 2007,
proferido por la Subdirección Técnica y de Comercio Exterior de la DIAN,
ni el Memorando 127 de 24 de octubre de 2007, emitido por la Oficina de

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23

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Asuntos Legales Internacionales (OALT) del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, documentos que “sientan un precedente en dicha
entidad al momento de adoptar las decisiones frente a un determinado
asunto, por lo que puede tomarse como punto de referencia, dado que
son entidades especializadas en la materia y aplican a su vez disposiciones
normativas que regulan el comercio en el Estado Colombiano”24.

Es decir, el apelante pretende que en esta instancia sean tenidos en
cuenta los referidos memorandos, que fueron aducidos con la demanda
para acreditar que diferentes autoridades se habían pronunciado en apoyo
de la interpretación según la cual el MAC, como mecanismo de protección
a la producción nacional, se constituiría como un gravamen adicional y
contrario, además de incompatible, con el ACE 59.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 15 de
julio de 201625.

5.2. Luego, mediante auto de 16 de agosto de 201626, la magistrada
sustanciadora de la Sección Cuarta de la corporación27 ordenó correr
traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2.1. Italcol S.A. presentó escrito de alegatos de conclusión28 en el que
retiró los argumentos expuestos en la demanda y en la apelación.

5.2.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión29 en el que
reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

24
Cita del salvamento de voto.
25
Folio 430.
26
Folio 435.
27
Martha Teresa Briceño de Valencia.
28
Folios 22 a 68.
29
Folios 69 a 71.

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5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

5.2.4. Mediante auto del 21 de julio de 201730, la magistrada
sustanciadora de la Sección Cuarta31 ordenó remitir el expediente a la
Sección Primera, con fundamento en las reglas establecidas en el Acuerdo
58 de 199932.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Planteamiento

En el presente asunto se discute sobre la legalidad de la Resolución 1444
de 4 de agosto de 2014, por medio de la cual la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla le
denegó a Italcol S.A. la solicitud de liquidación oficial de corrección para
efectos de devolución respecto de unas declaraciones de importación; y
de la Resolución 1840 de 15 de septiembre de 2014, por medio de la cual
la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla resolvió el recurso de reconsideración.

6.2.1. La demandante sostiene que, durante los años 2010, 2011, 2012
y 2013, importó maíz amarillo y fríjol de soya, originarios de países del
Mercosur, y que, respecto de algunas declaraciones de importación en las
que el arancel SAFP fue inferior al 5% y no contaba con bonos IBSA para
aplicar, pagó el arancel mínimo extracuota del 5%, correspondiente al

30
Folio 493.
31
Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Vigente para la época.

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Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios
(MAC), creado por el Decreto 430 de 2004. Sin embargo, una vez
finalizado el proceso de importación, al considerar que el anterior pago
no tenía sustento legal, porque las mercancías provenientes del Mercosur
se regían por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59),
adoptado por la Ley 1000 de 2005, y no por el MAC, solicitó a la DIAN
que realizara la liquidación oficial de corrección, con la finalidad de
obtener la devolución de los aranceles pagados en exceso e
indebidamente.

Alegó que la DIAN, al denegar la liquidación oficial de corrección con fines
de devolución: (i) desconoció que al suscribir el ACE 59 Colombia se
comprometió a realizar desgravaciones progresivas y automáticas sobre
los aranceles para la importación de productos provenientes de países del
Mercosur, lo que resultaba incompatible con la aplicación del MAC, que
obligaba a pagar un arancel mínimo extracuota del 5% cuando el arancel
SAFP era inferior a ese porcentaje; y, en particular, no tuvo en cuenta
que el ACE 59 tiene prevalencia sobre el MAC porque fue adoptado en una
norma superior, posterior y especial, y además, Colombia no lo negoció
ni lo incluyó en las Notas Complementarias del Acuerdo; (ii) aplicó de
forma indebida el método sistemático de interpretación normativa,
porque en algunos apartes reconoció que las normas posteriores deben
prevalecer, pero aplicó al asunto el MAC, pese a que el ACE 59 es
posterior; (iii) interpretó equivocadamente el parágrafo del artículo 4 del
Decreto 4900 de 2011, pues extrajo de este que los tratados de libre
comercio debían ceder frente al MAC, cuando la interpretación literal de
esa disposición en realidad indica que, si la importación proviene de países
con los cuales Colombia sí tiene tratado de libre comercio, el MAC solo es
aplicable si resulta compatible con aquél, lo que no ocurre en este caso;
(iv) no tuvo en cuenta que el MAC solo es aplicable cuando se efectúen
subastas de contingentes de productos agropecuarios, lo que, respecto
del maíz amarillo no ocurre desde el 18 de enero del año 2012, y, respecto
del fríjol de soya, desde el 10 de febrero de 2012; (v) en lugar de denegar
la solicitud porque no se había efectuado un estudio de valoración

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Demandante: Italcol S.A.

aduanera y una revisión de control a la documentación soporte de las
importaciones, debió gestionar las diligencias necesarias para llevar a
cabo esas revisiones, por lo que infringió los principios de eficiencia y
responsabilidad, y (vi) vulneró los principios de confianza legítima, buena
fe y coordinación, porque otra Seccional sí aceptó efectuar la corrección
de declaraciones de importación en un asunto similar, lo que le generó a
la demandante la expectativa de obtener la misma respuesta.

6.2.2. El a quo denegó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que: (i) de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del
artículo 4 del Decreto 4662 de 2010 y en la misma disposición del Decreto
4900 de 2011, las normas del MAC son compatibles con los tratados de
libre comercio vigentes en Colombia; (ii) las circulares y memorandos
internos de la DIAN, invocados por la demandante, no tienen prevalencia
sobre las disposiciones de rango legal y reglamentario que rigen el
asunto; (iii) las resoluciones en las que se accedió a emitir la liquidación
oficial de corrección se refirieron únicamente a importaciones de maíz
amarillo, y no de fríjol de soya, por lo que no existía identidad fáctica que
obligara a la autoridad a dar igual tratamiento, y (iv) por tratarse de
mercancías contenidas en el artículo 1 del Decreto 430 de 2004, y el
importador no contaba con bonos IBSA, debía pagar el arancel extracuota
fijado en dicho decreto.

6.2.3. En la apelación, Italcol S.A. argumentó que: (i) el a quo no se
pronunció sobre los argumentos de la demanda relacionados con la
prevalencia de la Ley 1000 de 2005 respecto del Decreto 430 de 2004,
en virtud de los principios de superioridad y especialidad, aspecto que sí
fue analizado en el salvamento de voto a la decisión apelada; y agregó
que, en virtud de los principios de inescindibilidad y favorabilidad, no
había lugar a aplicar las disposiciones del MAC, y que la única posibilidad
para inaplicar el ACE 59 sería mediante la creación de un régimen de
salvaguardias, lo que no se hizo en este caso; (ii) contrario a la
interpretación del a quo, el parágrafo del artículo 4 del Decreto 4900 de
2011 consagra es una regla general de aplicación preferente de los

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tratados de libre comercio sobre las disposiciones del MAC, cuando se
presente incompatibilidad entre ambos; (iii) las circulares y memorandos
de la DIAN no se presentaron como normas de aplicación prevalente
respecto del MAC, sino como apoyo a la interpretación de los puntos de
derechos objeto de esta litis; (iv) sí se vulneró la confianza legítima
porque este asunto sí tiene identidad fáctica con los otros casos resueltos
por la DIAN en las resoluciones aducidas en la demanda, razón por la cual
la entidad estaba obligada a dar igual tratamiento, y (v) el fallo apelado
no tuvo en cuenta dos memorandos que daban cuenta de que diferentes
autoridades habían acogido la interpretación según la cual el ACE 59
prevalecía sobre el MAC.

6.3. Análisis del asunto

De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que los planteamientos de
la apelación, enumerados en los puntos i, ii, iii y v del numeral 6.2.3 del
acápite de planteamiento de esta sentencia, giran en torno a la
prevalencia o compatibilidad del Acuerdo de Complementación Económica
(ACE 59), adoptado en Colombia por la Ley 1000 de 2005, respecto del
Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios
(MAC), creado por el Decreto 430 de 2004. Por lo tanto, serán evaluados
conjuntamente. A su vez, el argumento del punto iv del mismo acápite se
refiere a la violación de la confianza legítima, por lo que se analizará de
manera separada.

Conviene precisar, además, que el argumento de la apelación relacionado
con que la única forma de aplicar el MAC por encima del ACE 59 sería una
medida de salvaguardia, no será tenido en cuenta porque solo se formuló
con el recurso de apelación y no desde la demanda, por lo que estudiarlo
en esta instancia constituiría una infracción de los derechos de defensa y
contradicción de la parte demandada.

6.3.1. Entonces, el primer problema jurídico que la Sala deberá
resolver consiste en determinar si es nulo, por infracción de norma

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superior, el acto administrativo que deniega la liquidación oficial de
corrección respecto de declaraciones de importación de productos
provenientes de países con los que Colombia tiene un tratado de libre
comercio, si el importador pagó el arancel establecido en una norma
nacional de cuya aplicación se desprendía un valor a pagar superior al
establecido en dicho tratado.

6.3.1.1. Para resolver el problema así propuesto, es pertinente señalar
que el artículo 133 del Decreto 430 de 2004 creó el Mecanismo Público de
Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC), como un
instrumento para adjudicar a los importadores, mediante pública subasta,
parte del contingente de asignación estacional de determinados
productos, entre los cuales se encuentran los clasificados en las
subpartidas 1005.90.11.00 (maíz amarillo) y 1201.00.90.00 (fríjol de
soya), procedentes de países distintos de los miembros de la Comunidad
Andina.

En este orden, es pertinente tener en cuenta el contenido del artículo 3
del Decreto 430 de 2004, que reza:

“Artículo 3º. Definición de los elementos del Mecanismo Público de
Administración de Contingentes Agropecuarios. Los elementos del Mecanismo
Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC) son:

1. Contingente Anual: Es el volumen estimado de importaciones para cada una
de las subpartidas arancelarias referidas en el artículo 1o del presente decreto,
que se distribuirá anualmente mediante Contingentes de Asignación Estacional
entre los importadores que participen en el Mecanismo Público que se crea
mediante este decreto.

2. Contingente con Asignación Estacional: Es el volumen estimado de
importaciones de cada una de las subpartidas arancelarias referidas en el
artículo 1o del presente decreto para cada subasta cuyo tamaño y vigencia
serán establecidos por la Comisión Interinstitucional del MAC, creada en el
artículo 5o de este decreto, de acuerdo con las recomendaciones de los
Consejos de las Cadenas Productivas. Dicho Contingente ingresará al territorio
aduanero nacional con el pago del Arancel Intracuota.
33
“Artículo 1º. Mecanismo Público De Administración De Contingentes Agropecuarios (MAC). Créase el
Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC), el cual se aplica a los productos
agrícolas clasificados por las siguientes subpartidas arancelarias, procedentes y originarias de países distintos
de los Miembros de la Comunidad Andina:

1005.90.11.00 1005.90.12.00 1006.10.90.00 1006.20.00.00
1006.30.00.00 1006.40.00.00 1007.00.90.00 1201.00.90.00
5201.00.00.10 5201.00.00.20 5201.00.00.90”
(Subrayas de la Sala).

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(…)

4. Arancel Extracuota: Es el arancel aplicable a las importaciones de cada una
de las subpartidas arancelarias incluidas en el artículo 1o del presente decreto,
que no ingresen por el Contingente con Asignación Estacional. El Arancel
Extracuota no será superior al arancel consolidado por Colombia ante la OMC
para la respectiva subpartida arancelaria y cuyo nivel se determinará como se
indica a continuación:

a) Los productos de las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00;
1005.90.12.00; 1007.00.90.00 y 1201.00.90.00 pagarán el mayor arancel
entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el Sistema Andino de Franjas
de Precios; (…)”. (Resaltados de la Sala).

De acuerdo con la disposición citada, los importadores que obtienen la
adjudicación del contingente únicamente tienen la obligación de pagar el
arancel intracuota al momento de ingresar el producto al territorio
aduanero nacional, mientras que los demás importadores deben pagar el
arancel extracuota, esto es, el que resulte mayor entre una tarifa del 5%
o la tarifa determinada por la aplicación del SAFP34.

De la misma manera, el artículo 4 del Decreto 4551 de 200935 estableció
que el arancel extracuota por la importación de maíz amarillo
(1005.90.11.00) y fríjol de soya (1201.00.90.00) para el año 2010 sería
el mayor entre una tarifa del 5% y la tarifa determinada por la aplicación
del SAFP:

“Artículo 4°. Arancel Extracuota. A las importaciones que superen los
contingentes anuales establecidos en el artículo 1° de este decreto, se les
aplicará el arancel extracuota establecido en el numeral 4 del artículo 3° del
Decreto 430 de 2004, tal como se indica a continuación:

Las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00, 1005.90.12.00 y 1201.00.90.00,
correspondientes a maíz amarillo, maíz blanco y frijol soya, respectivamente,
pagarán el mayor arancel entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el
Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP).

Parágrafo. Lo dispuesto en las normas del Mecanismo Público de Administración
de Contingentes (MAC) no se podrá aplicar de una manera incompatible con los
tratados de libre comercio vigentes para Colombia”. (Subrayas de la Sala).

34
Así lo explicó la Sección Cuarta de esta corporación en la sentencia del 14 de noviembre de 2019, radicación:
08001-23-33-000-2015-00289-01(23676), consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
35
“Por el cual se determinan los aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación
de maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya en desarrollo del Mecanismo Público de Administración de
Contingentes Agropecuarios (MAC) para 2010”.

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30

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

La Sala observa que el parágrafo de la norma que acaba de citarse señaló
expresamente que el MAC no se podría aplicar de manera incompatible
con los tratados de libre comercio vigentes para Colombia al momento de
la importación. Idéntica disposición se encuentra en los parágrafos de los
artículos 4 de los Decretos 4662 de 201036, que determinó el arancel para
el año 2011, y 4900 de 201137, que lo estableció para el año 2012.

6.3.1.2. Por otro lado, se advierte que el Acuerdo de Complementación
Económica (ACE 59), suscrito el 18 de octubre de 2004 entre la CAN, de
la que es miembro Colombia, y el Mercosur, implementado inicialmente
de forma provisional mediante el Decreto 141 de 200538 y posteriormente
ratificado mediante la Ley 1000 de 2005, tiene como objetivos establecer
un marco jurídico de integración económica y formar un área de libre
comercio mediante la eliminación de restricciones arancelarias entre los
países signatarios.

El artículo 3 del ACE 59 establece lo siguiente:

“Artículo 3. Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a
través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos
originarios y procedentes de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho
Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables
sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada
Parte Signataria, al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad
con lo dispuesto en sus legislaciones.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para los productos incluidos
en el Anexo I, la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles
consignados en dicho Anexo. (…)”. (Subrayas de la Sala).

6.3.1.3. Ahora bien, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha
pronunciado, en asuntos análogos al sub lite, sobre la compatibilidad del

36
“Por el cual se determinan los aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación
de maíz amarillo, maíz blanco, fríjol soya y fibra de algodón en desarrollo del Mecanismo Público de
Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC) para 2011”.
37
“Por el cual se determinan los aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación
de maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya en desarrollo del Mecanismo Público de Administración de
Contingentes Agropecuarios (MAC) para 2012”.
38
“Por el cual se da cumplimiento a unos compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de
Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y
los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de
Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina”.

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Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

ACE 59 y el MAC, específicamente, en lo relacionado con el maíz amarillo.
Al efecto, ha manifestado39:

“El artículo 3 del citado Acuerdo señaló que serían desgravados la totalidad de
los aranceles de forma inmediata, excepto para los productos y aranceles
incluidos en su Anexo I, de acuerdo con la Clasificación Arancelaria Naladisa 96.
Valga aclarar que, aunque el ACE 59 acordó utilizar esa clasificación, el Decreto
141 de 2005 utiliza la Clasificación Nandina 05 para precisar las mercancías
respecto de las que se acordaron preferencias y desgravaciones.

De modo que, la subpartida 1005.90.11.00 de la Clasificación Nandina 05 es
equivalente a la subpartida 1005.90.20 de la Clasificación Arancelaria Naladisa
96 (maíz amarillo), lo que es relevante para el análisis del ACE 59.

El Anexo I del ACE 59 dispuso que los productos de la subpartida 1005.90.20
de la Clasificación Arancelaria Naladisa 96 están sujetos al Mecanismo de
Estabilización de Precios – en adelante MEP – conforme a las reglas de la CAN.
Así mismo, Colombia especificó algunas mercancías a las que no les aplicaba el
MEP, entre los que no incluyó el maíz amarillo, es decir, que este producto no
fue totalmente desgravado en los términos del artículo 3 del ACE 59.

Debe tenerse en cuenta que el MEP se somete a las reglas de la CAN, pero el
artículo 2 de la Decisión 535 del año 2002 vigente para la época de los hechos,
autorizó a los países miembros a diferir los aranceles de maíz amarillo.

Por lo tanto, se reitera, Colombia es libre de establecer los aranceles a la
importación de maíz amarillo a países que no pertenecen a la CAN, por lo
que el mecanismo creado por el MAC no es incompatible con el ACE 59
y mucho menos puede decirse que el ACE 59 derogó el MAC, sino que estos
coexisten y deben aplicarse de manera armónica.

En ese orden de ideas, la tarifa arancelaria aplicable al presente caso
correspondería al arancel extracuota determinado para la época de la aceptación
de las importaciones, reducido en el porcentaje que se determine en el
ACE 59 para la fecha de las operaciones de comercio exterior.

Adicionalmente, el artículo 5 del ACE 59 previó que los aranceles existentes a la
fecha de su suscripción podrían mantenerse únicamente si se incluían en el
Anexo III “Notas Complementarias”, pero sobre el particular Colombia tampoco
hizo anotación alguna. No obstante, al no haberse pactado una desgravación
total inmediata para la importación de maíz amarillo, debe aplicarse el artículo
4 del Acuerdo, que establece que el programa de liberación comercial será
implementado de forma gradual, según los cronogramas pactados entre los
países signatarios, los que deben constar en el Anexo II.

Así mismo, en el Apéndice 3 del Anexo II consta que Colombia no otorgó a
Argentina la desgravación total inmediata del maíz amarillo, pues en la lista de
productos totalmente desgravados no se incluyó los pertenecientes a la
subpartida 1005.90.20 de la Clasificación Arancelaria Naladisa 96. Pero, en el

39
La cita corresponde a la sentencia del 15 de febrero de 2024, consejero ponente: Milton Chaves García,
radicación: 76001-23-33-000-2016-00685-01 (27622), y contiene la postura que ha venido siendo sostenida
por la Sección Cuarta desde la sentencia del 14 de noviembre de 2019, radicación: 08001-23-33-000-2015-
00289-01(23676), consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y ha sido reiterada en varios
pronunciamientos como las sentencias del 29 de abril de 2020, exp. 22590; 14 de mayo de 2020, exp. 25047,
C.P. Milton Chaves García; 4 de junio de 2020, exp. 22560; 11 de junio de 2020, exp. 23679, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; 9 de noviembre de 2023, radicación 13001-23-33-000-2016-00227-01 (27852), consejera
ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 30 de agosto de 2024, radicación: 13001-23-33-000-2016-00482-
01 [28674], consejera ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto; 20 de septiembre de 2024, radicación:
76001-23-33-000-2016-00723-01 (28494), consejero ponente: Wilson Ramos Girón

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Apéndice 1 del Anexo II sí se dispuso que Colombia otorgó un trato preferencial
al maíz amarillo proveniente de Argentina, de acuerdo con el Cronograma
General C4.b. Este cronograma fue progresivo, de modo que, a partir del 1.° de
enero de 2005 la desgravación correspondía al 26% y a partir del 1.° de enero
de 2006 al 31% y así sucesivamente, hasta llegar a una desgravación del 71%
a partir del 1 de enero de 2013, época de los hechos objeto de este debate.

Conforme a lo expuesto previamente, para la importación de maíz amarillo
procedente de Argentina el arancel extracuota previsto por el MAC debe
reducirse en un 71% para el año 2013, con el fin de no desconocer el ACE 59
para la fecha de aceptación de las declaraciones de importación.

Ahora bien, según las Circulares 12757000001486 de 2012, 12757000001519,
12757000001526 y 12757000001533 de 2013 que obran en el expediente, para
la fecha de presentación de las declaraciones de importación el SAFP establecía
un arancel del 0% para la importación de maíz amarillo.

Como se dijo anteriormente, el MAC indica que se aplica el mayor arancel entre
el 5% y el determinado por el SAFP, por lo que en principio la tarifa aplicable
sería del 5%, pero reducida dicha tarifa en un 71%, el arancel total aplicable es
del 1,45% para el 2013, que fue justamente la tarifa arancelaria que aplicó la
sociedad demandante en las declaraciones de importación presentadas en
enero, febrero y marzo de 2013, razón por la cual no se configuró un pago en
exceso y en consecuencia, no hay lugar a efectuar liquidación oficial de
corrección con fines de devolución.

Por lo expuesto y en la medida en que el MAC y el ACE 59 son compatibles y
que el arancel aplicado por la actora era el que correspondía, el cargo no tiene
vocación de prosperidad, de modo que la Sala confirmará en lo pertinente la
sentencia apelada”. (Resaltados de la Sala).

De acuerdo con el criterio expuesto por la Sección Cuarta de esta
corporación, el ACE 59 tiene por finalidad la desgravación inmediata de
los aranceles entre los países signatarios, a excepción de los
correspondientes a los productos señalados en su Anexo I, los cuales
están sujetos al Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP).

En este orden, advirtió que en dicho anexo está consagrado el maíz
amarillo, identificado con la subpartida 1005.90.20 de la Clasificación
Arancelaria Naladisa 96, la cual equivale a la subpartida 1005.90.11.00
de la Clasificación Arancelaria Nandina 05. Por lo tanto, concluyó que tal
producto, objeto de debate en el presente asunto, está sujeto al
Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP), por lo que se somete a las
reglas de la CAN, en concreto, al artículo 240 de la Decisión 535 del año
2002, que establece que los países miembros están autorizados para

40
“Artículo 2.- Los Países Miembros podrán diferir hasta el 0 por ciento los aranceles para los bienes de capital
no producidos en la Subregión, según la lista que figura en el Anexo II de la presente Decisión”.

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diferir los aranceles de los bienes de capital no producidos en la
Subregión.

En consecuencia, consideró que el maíz amarillo no había sido totalmente
desgravado en los términos del artículo 3 del ACE 59, y que Colombia era
libre de establecer los aranceles a la importación de ese producto, cuando
proviniera de países que no pertenecen a la CAN.

De acuerdo con lo anterior, la Sección Cuarta concluyó que el MAC no es
incompatible con el ACE 59, y que, por el contrario, estos coexisten y
deben aplicarse de manera armónica. En tal sentido, frente al caso
concreto que allí se estudió, señaló que la tarifa arancelaria aplicable
correspondía al arancel extracuota del MAC, determinado para la época
de la aceptación de las importaciones, reducido en el porcentaje
determinado en el ACE 59 para la fecha de las operaciones de comercio
exterior.

Asimismo, precisó que, si bien Colombia no incluyó el maíz amarillo en
las Notas Complementarias del ACE 59 para mantener sobre este los
gravámenes y cargas preexistentes, como lo permitía el artículo 541 de
ese Acuerdo, lo cierto es que, como para la importación de tal producto
no se pactó una desgravación total inmediata, este debía someterse a la
liberación comercial de forma gradual, según los cronogramas pactados
en el Anexo II, donde se estableció un incremento progresivo de la
desgravación hasta llegar al 71% a partir del 1º de enero de 2013.

De acuerdo con lo expuesto, señaló que, para la época de los hechos, el
arancel SAFP para el maíz amarillo había sido del 0%, por lo que debía
aplicarse el arancel extracuota del 5% consagrado en el MAC (numeral 4º

41
“Artículo 5. Las Partes Signatarias no podrán adoptar gravámenes y cargas de efectos equivalentes distintos
de los derechos aduaneros que afecten al comercio amparado por el presente Acuerdo. En cuanto a los
existentes a la fecha de suscripción del Acuerdo, sólo se podrán mantener los gravámenes y cargas que constan
en las Notas Complementarias, los que se podrán modificar pero sin aumentar la incidencia de los mismos.
Las mencionadas Notas figuran en el Anexo III.
Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente que
incidan sobre las importaciones originarias de las Partes Signatarias. No están comprendidos en este concepto
las tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados ni los derechos
antidumping o compensatorios”.

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del artículo 3 del Decreto 430 de 2004), reduciéndole el porcentaje de
desgravación del 71% establecido en el ACE 59, por lo que finalmente
debía pagarse un arancel del 1,45%. Entonces, como ese fue el
porcentaje que pagó el importador, concluyó que no se había configurado
el pago en exceso alegado y, en consecuencia, denegó las pretensiones
de la demanda.

6.3.1.4. La Sala acoge el razonamiento efectuado por la Sección Cuarta
de la corporación en la providencia que acaba de citarse, la cual reitera el
criterio que viene exponiendo desde la sentencia del 14 de noviembre de
201942, pues resulta pertinente para resolver el conflicto planteado en
este asunto en cuanto al maíz amarillo.

A juicio de la Sala, tales planteamientos resultan aplicables al fríjol de
soya, que también forma parte del debate propuesto en la demanda de la
referencia. En efecto, este producto43, fue incluido en el Anexo I del ACE
59, identificado con la subpartida 1208.10.00 de la Clasificación
Arancelaria Naladisa 96, la cual corresponde a la subpartida
1201.00.90.00 de la Clasificación Arancelaria Nandina44, razón por la cual
también está sujeto al Mecanismo de Estabilización de Precios (MEP) y se
somete al artículo 2 de la Decisión 535 del año 2002, que, como se vio,
autoriza a los países miembros para diferir los aranceles de los bienes de
capital no producidos en la Subregión.

Entonces, es válido concluir que el fríjol de soya tampoco fue totalmente
desgravado en los términos del artículo 3 del ACE 59, y que Colombia
podía establecer aranceles a su importación, cuando proviniera de países
que no pertenecen a la CAN.

Siendo así, en cuanto a este producto, el MAC también es compatible con
el ACE 59, por lo que el arancel aplicable a su importación era el mayor
entre el establecido por el SAFP y el arancel extracuota del 5%,

42
Ver nota al pie 38.
43
Que está contemplado en el artículo 1 del Decreto 430 de 2004 bajo la subpartida 1201.00.90.00.
44
Como se observa en el Decreto 4589 de 2006, “Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras
disposiciones”.

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35

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
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determinado para la época de la aceptación de las importaciones,
reducido en el porcentaje determinado en el ACE 59 para la fecha de las
operaciones de comercio exterior.

6.3.1.5. De acuerdo con lo expuesto, es conveniente tener en cuenta el
análisis específico que efectuó la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla en la Resolución 1444 de
4 de agosto de 2014, en cuanto al arancel pagado por Italcol S.A. por las
importaciones de maíz amarillo y fríjol de soya objeto de debate:

“Con fundamento en lo antes expuesto, procederemos a realizar el análisis de
las declaraciones de importación sobre las cuales se solicita liquidación oficial
de corrección y que reposan en el expediente, frente a la procedencia del
Mecanismo Público de Administración de Contingentes (MAC), así:

Mercancía originaria de Argentina Subpartidas 1005.90.11.00 y 1201.90.00.00

(…)

(…)45

Teniendo en cuenta que el arancel más alto entre el MAC y el SAFP es el 5%, es
sobre este que aplicaremos la desgravación prevista en el Acuerdo CAN -
MERCOSUR, la cual corresponde al 66% para algunas de las declaraciones, es
decir, que sólo está gravado el 34%. Lo cual indica que el 34 del 5% equivale
45
Se citan solo algunas de las casillas de manera ilustrativa, teniendo en cuenta la extensión del documento.

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Demandante: Italcol S.A.

al 1.70%, para aplicar como tarifa de gravamen arancelario y para las otras
declaraciones la desgravación prevista en el Acuerdo CAN - MERCOSUR
corresponde al 71%, es decir que solo está gravado el 29%, lo cual indica que
el 29 del 5% equivale al 1.45% como tarifa de gravamen arancelario.

(…)

De conformidad a las anteriores consideraciones se determina, que no existió el
pago en exceso alegado respecto de los tributos aduaneros liquidados y pagados
con las declaraciones de importación mencionadas en los antecedentes y
relacionadas en los considerandos del presente acto, por lo que no es
procedente la expedición de las correspondientes liquidaciones oficiales de
corrección solicitadas”. (Subrayas de la Sala).

Entonces, la DIAN determinó que el arancel mayor entre el fijado por el
MAC y el establecido por la aplicación del SAFP, era el arancel extracuota
del 5% (MAC), y sobre este aplicó la desgravación del 66% o del 71%
fijada en el ACE 59. Por lo tanto, concluyó que el arancel extracuota del
5%, en el primer caso, debía ser reducido a su 34%, lo que arrojó un
arancel del 1.70%. Asimismo, para los casos en los que el porcentaje de
desgravación era del 71%, consideró que el arancel del 5% solo debía
aplicarse el 29%, para un arancel total del 1.45%. En consecuencia, como
estas fueron las tarifas del gravamen arancelario que finalmente pagó la
sociedad Italcol S.A., la administración concluyó que no había lugar a la
devolución deprecada.

Ahora, conviene precisar que en el caso concreto la demandante no refuta
los porcentajes de desgravación del ACE 59 que la administración aplicó,
ni las tarifas del gravamen arancelario que obtuvo como resultado, sino
que se centró en la prevalencia de ese Acuerdo sobre el MAC, aspecto que
ya fue dilucidado.

6.3.1.6. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala no encuentra
configurado el reproche de ilegalidad que la demandante endilga a los
actos administrativos demandados, por haber denegado la liquidación
oficial de corrección y la devolución del gravamen supuestamente pagado
en exceso, como consecuencia de la aplicación concurrente del ACE 59 y
el MAC, disposiciones que, según la parte actora, son incompatibles.

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Demandante: Italcol S.A.

Frente al debate planteado, la Sala evidenció que, respecto de los
productos para los cuales Colombia no determinó la desgravación total
inmediata en virtud del ACE 59, ese Acuerdo resulta compatible con el
MAC, por lo que el arancel a pagar debe ser el resultante de este, menos
la proporción establecida por aquel, para la fecha de las operaciones de
comercio exterior.

A juicio de la Sala, de acuerdo con el aparte transcrito, los actos
administrativos demandados se ajustaron a tal interpretación,
concluyendo válidamente que no se había configurado el pago
injustificado que alegó la parte demandante, razón por la cual no había
lugar a la liquidación oficial de revisión ni a la devolución deprecadas.

Por lo tanto, no prospera el cargo.

6.3.2. En este orden, el segundo problema jurídico que la Sala debe
resolver consiste en determinar si es nulo, por violación de la confianza
legítima, el acto administrativo mediante el cual una dirección seccional
de la autoridad demandada deniega un derecho que había sido reconocido
previamente por otra seccional, mediante actos administrativos dictados
en asuntos similares.

6.3.2.1. Para resolver el problema así propuesto, es válido traer a colación
la sentencia del 20 de septiembre de 2024, en la que la Sección Cuarta
de esta corporación decidió un asunto análogo, así46:

“2- A juicio de la apelante, el a quo y la demandada desconocieron el artículo
10 del CPACA al no dar solución uniforme al objeto controvertido, por no atender
los actos administrativos que puso de presente, en los que la DIAN -Seccional
de Buenaventura- resolvió favorablemente situaciones con los mismos
supuestos fácticos y jurídicos, a los del presente juicio, lo que no fue valorado
pese a que se sustentaron en el Memorando 211 de 2007, en cambio, la entidad
se fundó en conceptos y memorandos en lugar de hacerlo en el Ace 59 y la ley
aprobatoria del acuerdo que la incorporó con rango de ley a la legislación, lo
que le da una mayor jerarquía normativa. Por ello, sostuvo que al haber dado
tratamientos diferentes a casos similares, la demandada y el a quo
quebrantaron el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de
confianza legítima y el principio de supremacía normativa.

46
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón, radicación: 76001-23-33-000-2016-00723-01 (28494).

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Demandante: Italcol S.A.

Sobre el aspecto en cuestión, observa la Sala que cada actuación administrativa
tiene sus propias particularidades, pruebas y criterios interpretativos, que no
necesariamente resultan coincidentes con otra actuación, por lo que las
decisiones adoptadas en un proceso administrativo no pueden determinar por
sí solas las conclusiones de otro trámite. En ese orden, aunque eventualmente
coexistan decisiones administrativas que reconozcan derechos en favor de
contribuyentes, la autoridad no está vedada a cambiar su postura sobre otras
situaciones jurídicas particulares que le provoquen nuevos pronunciamientos
jurídicos, dado que las fuentes del derecho aplicables a sus actos
administrativos deberán estar guiadas por la Constitución y la ley y en orden
jerárquico normativo las demás normas que integran el ordenamiento jurídico,
que no previas decisiones administrativas de contenido particular. En tal orden,
los cambios decisorios en actos particulares emitidos a distintos contribuyentes
no tienen la entidad de configurar vulneraciones a los principios de confianza
legítima, legalidad, supremacía normativa, buena fe y el debido proceso, pues
tales vulneraciones solo podrían predicarse de contravenciones a las normas
legales. No prospera el cargo”. (Subrayas de la Sala).

6.3.2.2. De acuerdo con lo anterior, la Sala enfatiza que las decisiones de
la administración se rigen por el principio de legalidad, lo que implica que,
para cumplir con los requisitos de validez, que son los que verifica el juez
de lo contencioso administrativo, no deben verse necesariamente atadas
por lo que hayan resuelto otras autoridades, dentro de otros trámites
particulares y concretos, sino por la correcta interpretación y aplicación
de la ley.

Por lo tanto, a juicio de la Sala, la circunstancia de que otra dirección
seccional de aduanas haya dictado actos administrativos que acogían la
interpretación pregonada por la demandante, no implicaba que las demás
seccionales debieran decidir en el mismo sentido. Tal situación, a lo sumo,
implicaría que no hubo, entre las divisiones territoriales de la entidad,
unificación en cuanto a los criterios jurídicos que debían regir esta clase
de asuntos.

Entonces, la situación planteada en el cargo no podría significar que el
acto administrativo que aquí se controvierte haya defraudado
injustificadamente una expectativa de la demandante y que, por tanto,
deba ser anulado.

Además, la Sala no podría sostener válidamente que la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla estaba obligada a acoger una

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interpretación contraria, esto es, la aplicada por la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Buenaventura, comoquiera que ya concluyó, al
resolver el problema jurídico anterior, que la decisión de aquella fue legal.

Por lo expuesto, no prospera el cargo.

6.3.3. Conclusión

De acuerdo con la interpretación que sobre esta clase de asuntos ha
sostenido reiteradamente esta corporación47, que señala las
circunstancias en las que el ACE 59 es compatible con el MAC, los actos
administrativos demandados no incurren en violación de normas
superiores al denegar la liquidación oficial de corrección con fines de
devolución, porque no se había producido ningún pago sin sustento legal.
Además, no vulneran el principio de confianza legítima pues la
administración no estaba condicionada por la interpretación efectuada por
otras autoridades, sino por la correcta interpretación y aplicación de la
ley.

6.4. Condena en costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante
resultó vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de
apelación; por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda
instancia.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.

47
Ver nota al pie 38.

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Radicación: 08001 23 33 000 2015 00022 01
Demandante: Italcol S.A.

En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera
desfavorable a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la
causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho
concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado
el expediente se advierte que la intervención de la demandada se
encuentra probada en esta instancia con la radicación del memorial de
alegatos de conclusión por parte de su apoderado.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del
artículo 36648 del CGP, se condenará en costas a la sociedad demandante,
por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a
un salario mínimo legal mensual vigente a favor de la DIAN49. Lo anterior
en aplicación de lo previsto en el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo
núm. 1887 de 27 de agosto de 2003, sobre las tarifas de las agencias en
derecho para los procesos Contencioso Administrativos50.

6.5. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visto a folio 290, el abogado Javier René Soler Rojas
sustituyó el poder a él conferido por Italcol S.A., al doctor David Alejandro
Mejía Bonilla. Por lo tanto, el despacho reconocerá personería a este
última como apoderado de dicha sociedad.

Por otro lado, la Sala reconocerá personería al abogado Juan Sebastián
Oviedo García, para actuar como apoderado judicial de la DIAN, en los

48
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas”.
49
Monto que corresponde al 0,05% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.
50
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”

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Demandante: Italcol S.A.

términos y para los efectos del poder a él conferido51, de conformidad con
lo previsto en el artículo 74 del CGP. En consecuencia, se tendrá por
terminado el poder conferido al doctor Jaime Enrique Cardoso Cáceres52.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de abril de 2016, dictada por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho, a pagar la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, a favor de la DIAN.

TERCERO: ACEPTAR la sustitución del poder presentada por el doctor
Javier René Soler Rojas al doctor David Alejandro y, en consecuencia,
RECONOCER personería a este último para actuar como apoderado de la
sociedad Italcol S.A., en los términos y para los fines del poder a él
conferido.

CUARTO. RECONOCER personería al abogado Juan Sebastián Oviedo
García, para actuar como apoderado judicial de la DIAN, en los términos
y para los efectos del poder a él conferido. En consecuencia, TENER por
terminado el poder conferido al doctor Jaime Enrique Cardoso Cáceres.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

51
Índice 34 del expediente en SAMAI.
52
Índice 28 ibídem.

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Demandante: Italcol S.A.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclaración de voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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43

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