Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00097-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00097-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00097-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Demandante : Jaime Fidias Pichón de las Salas
Demandado : Municipio de Soledad (Atlántico)
Tema : Sanción moratoria por pago incompleto de cesantías
anualizadas de afiliado al Fondo Nacional del Ahorro
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 18 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección B), mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 10). El señor Jaime Fidias Pichón de las Salas,
a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Soledad
(Atlántico), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo frente a la petición formulada por el demandante el 4 de
noviembre de 2014, que le negó el pago de la sanción moratoria por las cesantías
sufragadas en forma incompleta por los años 2003 a 2010.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene al accionado reconocer la aludida sanción moratoria junto con los
intereses corrientes y moratorios, sumas que deberán ser indexadas. Asimismo,
se le condena al pago de los perjuicios sufridos, al cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA y en costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que ha laborado para el
municipio demandado, como auxiliar administrativo de la secretaría de
educación, de manera ininterrumpida, y en tal condición el 4 de noviembre de
2014 pidió la sanción moratoria por el pago incompleto de sus cesantías de 2003
Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
a 2010, frente a lo cual no obtuvo respuesta.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo censurado los artículos 1, 13, 29, 53, 80, 90,
209 y 211 de la Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, 13
de la Ley 1285 de 2009 y 138, 152, 162, 166 y siguientes del CPACA; la Ley
344 de 1996 y los Decretos 1063 de 1991 y 1582 de 1998.
Arguye que el demandado incumplió el plazo legal establecido para el pago de
las cesantías anualizadas de 2003 a 2010, porque fueron consignadas de manera
parcial, por lo que le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 70 a 83). El accionado, por conducto de
apoderado, se opone a las súplicas del libelo introductorio; en lo concerniente a
las situaciones fácticas expone que algunas son ciertas y otras no; asevera que
«[…] de conformidad con lo confesado por la […] parte demandante, éste se
encuentra afiliad[o] al Fondo Nacional del Ahorro; vinculación que cuenta con
un régimen y regulación especial, previsto en la Ley 432 de 1998, el cual se
aclara desde ya, no contempla la procedencia de la sanción moratoria
pretendida […]».
1.6 Providencia apelada (ff. 398 a 403). El Tribunal Administrativo del
Atlántico (sección B), mediante fallo de 18 de diciembre de 2020, negó las
súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] en las
anualidades que el actor reclama por sanción moratoria, esto es, del 2003 al
2010, se encontraba afiliado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO[, por
consiguiente,] es beneficiario del régimen de liquidación de cesantías previsto
en la Ley 432 de 1998, esto es, el que rige para los afiliados» (sic) al aludido
Fondo, que no prevé ese beneficio.
1.7 Recurso de apelación (ff. 413 a 421). Inconforme con la anterior decisión,
el accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que como sus cesantías
anualizadas fueron sufragadas por fuera del plazo legal, tiene derecho a la
sanción moratoria, porque el municipio no las pagó en forma completa y ese
reajuste lo canceló de manera extemporánea, independientemente de que esté
afiliado o no al Fondo Nacional del Ahorro. Aclara que la Ley 344 de 1996
establece dicha sanción también cuando hay un pago incompleto de las
cesantías, por lo que al no reconocérsele se le vulneran sus derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
2
Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
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Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
administración de justicia.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 12 de
agosto de 2021 (f. 426 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de
auto de 28 de abril de 2022 (f. 430 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247
del CPACA1, pero en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las
partes y el correspondiente agente del Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante, como afiliado del
Fondo Nacional del Ahorro, le es aplicable o no la Ley 50 de 1990 en cuanto a
la sanción por mora en el pago de las cesantías anualizadas; o si, por el contrario,
no es destinatario de tal prerrogativa, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever
las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo»3, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del
1 Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
3
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
3
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Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores
oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago
oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se individualizaron las
entidades públicas que debían realizar la liquidación anual de ese auxilio, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a
partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía
que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no
podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del
respectivo empleado o trabajador.
El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial,
quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes
6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo, pero fue cambiado con ocasión
de la entrada en vigor de la Ley 50 de 19904. A su vez, el artículo 13 de la Ley
344 de 19965 extendió el régimen de cesantías fijado en dicha Ley 50 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su vigencia (31 de diciembre
de 1996). El artículo 1º. del Decreto 1582 de 19986 amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos
del orden territorial.
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son
dables para quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de
diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente
para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores
públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de
1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los empleados que se
vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de
cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización
de la liquidación anual de dicha prestación social, suma que deberá ser
4
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
5
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
6
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
4
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Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
consignada en el respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de febrero
del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día
de salario por cada uno de retardo.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de cesantías
allí previsto.
Por su parte, la sanción moratoria por el pago tardío de dicho auxilio hace parte
del derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del
empleador, la que carece de carácter accesorio e imprescriptible7, puesto que (i)
se causa por su no pago y no depende directamente del reconocimiento de las
cesantías, ni hace parte de ellas, pues se genera de manera excepcional, cuando
el empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los términos legales 8; y
(ii) dada su naturaleza sancionatoria, no puede considerarse como un derecho
exento del fenómeno de la prescripción, so pena de vulnerar disposiciones
legales que consagran que no existirán sanciones imprescriptibles.
En lo referente a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 19969, que remite al artículo 99 de la 50 de 199010,
atañe a las anualizadas.
Ahora bien, el artículo 6º. de la Ley 432 de 1998 fue modificado por el 193 del
Decreto 1912 de 10 de enero de 201211 que, en la época en que se causó el
auxilio de cesantía cuya mora reclama el actor (2003 a 2010), establecía:
Transferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha
establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los
7
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección segunda
de 25 de agosto de 2016, con ponencia del entonces consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, radicado
0528-14.
8
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1.º de diciembre de 2016, C. P. William Hernández Gómez,
expediente: 08001-23-31-000-2011-01398-01(3221-15).
9
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
10
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
11
Artículo 193 del Decreto 1912 de 10 de enero de 2012. «Durante el transcurso del mes de febrero las entidades
empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías,
teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que
contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el
mes inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente
las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente
diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente».
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Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las
entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional
de Ahorro una doceava parte de los factores de salario que sean base
para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente
anterior por los servidores públicos afiliados.
En incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al
Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales
equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas por todo el
tiempo de la mora.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo
Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de
los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías,
devengados en el mes inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras,
que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los
aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías
debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que
será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus
presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la
respectiva vigencia, como requisito indispensable para su
presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad
correspondiente.
Obsérvese que, en caso de incumplimiento de la obligación de las entidades
públicas empleadoras de transferir al FNA una doceava parte de los factores de
salario que sean base para liquidar las cesantías, que hayan sido devengados en
el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos afiliados, dará
derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales
equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia,
sobre las sumas por todo el tiempo de la mora, las cuales, cuya liquidación tiene
naturaleza de título ejecutivo, según el artículo 7 de la misma Ley12.
De tal suerte que, al realizar una lectura armónica de los artículos 99 de la Ley
12
Ley 432 de 1998, artículo 7. «Corresponde al Fondo Nacional de Ahorro adelantar las acciones de cobro con
motivo del incumplimiento de las obligaciones de las entidades empleadoras, en conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual el Fondo
determine los valores adeudados, tendrá el carácter de título ejecutivo».
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Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
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Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
50 de 1990, 1º. del Decreto 1582 de 1998 y 6º. de la Ley 432 de 1998, se arriba
a la conclusión de que, a la luz del régimen de cesantías establecido para los
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, no se puede aplicar la sanción moratoria
prevista en otras disposiciones para el incumplimiento de la consignación de las
cesantías anualizadas. En este sentido, esta subsección, en sentencia de 5 de
diciembre de 2013, sostuvo13:
Respecto a los servidores públicos afiliados al FNA, como es el caso
de la actora, dicho decreto mantuvo el sistema de liquidación previsto
en la Ley 432 de 1998, el cual no consagra la sanción por mora en la
consignación del valor de las cesantías, sino el cobro de intereses
moratorios a favor del FNA, regulación que como se dejó expuesto
en el acápite anterior, obedece a las características propias del sistema
de liquidación, la naturaleza y los objetivos del FNA, y que no resulta
violatoria del derecho a la igualdad, dadas las particularidades de
dicho sistema de liquidación de cesantías, y los beneficios que tienen
los afiliados al mismo.
[…]
[…] dirá la Sala que no le asiste razón a la apelante en cuanto sostiene
que le es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990
por cuanto dicha interpretación contradice el contenido de la Ley 432
de 1998 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, de acuerdo con el
cual el régimen de liquidación de cesantías aplicable a los afiliados
del Fondo Nacional del Ahorro es el contenido en la referida Ley 432
de 1998 el cual tiene una justificación razonable en consideración a
la naturaleza y los objetivos de la entidad, así como los beneficios que
dicho sistema comporta para sus afiliados, quienes como
contraprestación a la baja rentabilidad, gozan del derecho a obtener
créditos de vivienda con menor onerosidad que los ofrecidos por el
sector financiero.
Aunado a ello, aclara la Sala que el referido parágrafo del artículo 6º
de la Ley 432 de 1998 fue adicionado por el artículo 193 del Decreto
19 de 2012, el cual es posterior a la ocurrencia de los hechos (2006 a
2010), razón por la que no resulta aplicable en virtud del principio de
irretroactividad de la ley que impide extender los efectos de una
norma a situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia.
A modo de conclusión, reitera la Sala que la cesantía de los servidores
públicos territoriales vinculados a las entidades estatales a partir del
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 5 de
diciembre de 2013, expediente: 08001-23-31-000-2011-01269-01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
31 de diciembre de 1996 es anualizada y su liquidación se regirá por
las normas correspondientes al Fondo escogido por el servidor, bien
sea los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990,
el cual incluye el pago de intereses al trabajador por parte del
empleador, o el Fondo Nacional del Ahorro, que contempla el pago
de intereses al empleado por parte del fondo y se rige por la Ley 432
de 1998.
Por las razones expuestas, la Sala no evidencia que se haya incurrido
en infracción del ordenamiento jurídico superior, y en tal sentido, se
mantiene incólume la presunción de legalidad que reviste a los actos
acusados, siendo procedente confirmar la sentencia apelada que negó
las pretensiones de la demanda.
Asimismo, en otro pronunciamiento de esta Sala, de 19 de julio de 2018 14, se
afirmó:
En este orden de ideas, debe decir la Sala que acorde con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, los empleados del nivel
territorial afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no son beneficiarios
de la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, pues así lo prevé el artículo 1 del Decreto 1582 de
1998, el cual solo contempla la remisión a esta sanción para los “los
servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía”.
Por tanto, no asiste la razón al recurrente, ya que la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido pacífica en torno a que el régimen del Fondo
Nacional del Ahorro previsto en la Ley 432 de 1998 no contempla la
sanción moratoria por el retardo en la consignación de los auxilios de
cesantías.
En tales condiciones, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido que
para la configuración de la sanción moratoria debe tenerse en cuenta si es o no
afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, por cuanto existe para este caso una
regulación específica en cuanto a su improcedencia, regla que debe aplicarse
sin excepción alguna, pues ese fue el espíritu del legislador y atañe precisamente
al sistema particular creado y que funciona a partir de aquella entidad.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de julio
de 2018, expediente: 44001-23-33-000-2013-00200-01 (742-15).
8
Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de 29 de abril de 2013 de la secretaría de educación de Soledad,
que da cuenta de que el actor ha laborado en el empleo de auxiliar administrativo
desde el 3 de noviembre de 1994 (f. 213).
b) De acuerdo con certificado del Fondo Nacional del Ahorro de 11 de julio de
2012, el accionante se afilió «desde hace 114 meses» (f. 134).
c) Resolución 409 de 30 de julio de 2014, mediante la cual el alcalde de Soledad
reconoce y ordena pagar al demandante la suma correspondiente a la nivelación
y homologación de cargos de la secretaría de educación por las anualidades
2003 a 2010 (ff. 14 a 18).
d) Escrito de 4 de noviembre de 2014, por el cual el accionante reclamó del
demandado la sanción moratoria por la consignación inoportuna de la totalidad
del valor de sus cesantías de 2003 a 2010, ante lo cual no obtuvo respuesta, por
lo que se constituyó el acto ficto acusado (f. 12)
De las pruebas relacionadas se colige que el accionante ha laborado para la
secretaría de educación de Soledad en calidad de auxiliar administrativo desde
el 3 de noviembre de 1994, pertenece al régimen de cesantías anualizado y se
afilió al Fondo Nacional del Ahorro desde el 2003; y no se discute que las
cesantías causadas por los años 2003 a 2010 le fueron sufragadas de manera
oportuna, sino que, en forma incompleta, puesto que, mediante Resolución 409
de 30 de julio de 2014, el alcalde de ese ente territorial le reconoció la suma
correspondiente a la nivelación salarial por la homologación de cargos de la
secretaría de educación por las mencionadas anualidades, por lo que el 4 de
noviembre siguiente pidió la sanción moratoria por el pago incompleto de sus
cesantías de tales períodos, ante lo cual no obtuvo respuesta.
De conformidad con la normativa y jurisprudencia citada en el acápite que
antecede, el demandante al ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) no
es beneficiario de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 (artículo
99, 3ª característica), toda vez que la regulación exclusiva del Fondo no la tiene
establecida.
En efecto, según las mencionadas disposiciones, el presente asunto debe seguir
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Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
las reglas particulares contenidas en la Ley 432 de 1998 (artículo 6º.,
modificado por el 193 del Decreto 1912 de 2012), en virtud de las cuales cuando
exista incumplimiento por parte de las entidades obligadas a consignar las
cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, lo que se genera es su derecho al
cobro de intereses, mas no sanción alguna a favor del afiliado.
Sobre este punto, y tal como lo ha determinado la jurisprudencia de esta
Corporación, esta regulación en nada trasgrede los derechos particulares del
accionante, pues se trata precisamente de las condiciones especiales que rodean
al Fondo y, en ese sentido, no hay lugar a la sanción moratoria solicitada.
No obstante, a guisa de pedagogía judicial, advierte la Sala que la Ley 50 de
1990, en su artículo 99 (numeral 3), prevé para el empleador un plazo para
consignar las cesantías anualizadas, so pena de verse obligado a pagar al
servidor público «un día de salario por cada retardo», de manera que la sanción
moratoria solo procede en los casos en que la entidad empleadora no cancele a
tiempo la prestación15, por lo que concederla por la diferencia en la liquidación
del derecho reclamado, desconoce el principio de legalidad, fundamento del
debido proceso, que enmarca el derecho administrativo sancionador, porque
solo la ley puede describir las conductas constitutivas de infracción, así como
su respectiva sanción; y dicha norma es clara al estipular que la obligación se
satisface con el desembolso del dinero a favor del trabajador.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 18 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico (sección B), que negó las súplicas de la
demanda en el proceso instaurado por el señor Jaime Fidias Pichón de las Salas
contra el municipio de Soledad (Atlántico), conforme a lo expuesto.
15
Sección segunda, subsección B, sentencias de 17 de octubre de 2017, expediente 080001-23-33-000-2012-00017-
01 (2839 -2014); y 27 de noviembre de 2020, expediente 17001-23-33-000-2018-00047-01 (5452-2019).
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Expediente 08001-23-33-000-2015-00097-02 (3895-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jaime Fidias Pichón de las Salas contra el municipio de Soledad
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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