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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00151-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00151-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Gilma Elizabeth Solano Mesa contra el municipio de Soledad (Atlántico), de conformidad con las consideraciones que anteceden. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Tercero. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00151-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa
Demandado: Municipio de Soledad

Temas: Sanción moratoria por pago incompleto de las cesantías
anuales de afiliada al Fondo Nacional del Ahorro

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, la señora
Gilma Elizabeth Solano Mesa, por conducto de apoderada, formuló demanda en
orden a que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se
configuró por la omisión de respuesta, por parte del municipio de Soledad,
respecto de la petición formulada el 3 de marzo de 2015, a través de la cual
reclamó la sanción moratoria por el pago parcial de las cesantías de los años 2003

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

a 2010.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó (i) reconocer la sanción moratoria como consecuencia «del pago parcial de
las cesantías en los años 2003 a 2010»; (ii) pagar los intereses corrientes y
moratorios a los que tiene derecho desde el momento en que se causó la sanción
moratoria, hasta cuando se haga efectivo el pago de las pretensiones de la
demanda; (iii) reparar integralmente los perjuicios, en la forma indicada en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iv) actualizar la condena con base en el IPC,
en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y (v) disponer el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:

(i) La señora Gilma Elizabeth Solano Mesa tiene una relación laboral con el
municipio de Soledad (Atlántico) y ocupa el cargo de auxiliar administrativo de la
Secretaría de Educación municipal.

(ii) El 3 de marzo de 2015, la demandante formuló reclamación administrativa con
el objeto de que se pagara a su favor la sanción moratoria que se causó «por el
pago parcial de las cesantías desde el año 2003 a 2010», la cual, hasta la fecha
de presentación de la demanda, no había sido resuelta por la entidad, motivo por
el cual se generó una respuesta ficta o presunta negativa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

(iii) El pago incompleto de sus cesantías generó la sanción moratoria, como lo
indican la Ley 344 de 1995, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990.

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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 29, 53, 80, 90, 209 y 211 de la
Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 1285 de
2009; la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1716 de 2009, 1582 de 1998 y 1063.1

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

(i) El ordenamiento laboral buscó garantizar los derechos de los trabajadores y
otorgar los mecanismos para garantizar que estos no fueran vulnerados; entre
ellos se encuentran las cesantías, que constituyen una prestación social
proporcional al tiempo laborado y que debe ser liquidada en forma anual por el
empleador.

(ii) En el caso de la demandante, «durante el periodo comprendido entre el año
2003 a 2010 se generó un pago parcial de las cesantías, lo que
consecuencialmente causó la SANCIÓN MORATORIA»; por lo tanto, se debe anular el
acto ficto o presunto negativo a través del cual se negó la sanción moratoria «por
el pago parcial o incompleto del auxilio de cesantías desde el año 2003 hasta el
2010» pues una decisión de esa naturaleza desconoce las normas de rango
constitucional y los lineamientos jurisprudenciales que se han emitido al respecto.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Soledad (Atlántico) contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones,2 para lo cual expuso las razones que se
relacionan a continuación:

1 Aunque no se señala el año del decreto en cita, la Sala presume que es de 1991 « Por el cual se

expide el régimen de las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías» teniendo en
consideración la identidad temática con la controversia bajo análisis.
2 Folios 78 a 96.

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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

(i) Las pretensiones no deben prosperar porque la demandante está afiliada al
Fondo Nacional del Ahorro y el Decreto 1582 de 1998 excluyó, expresamente, la
aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para quienes están vinculados a él.
En ese orden, por disposición legal, no le asiste derecho a la penalidad
pretendida.

(ii) En el sub lite, a la demandante se le reconoció el reajuste de los valores
salariales causados durante los años 2003 a 2010; por lo tanto, si estaba en
desacuerdo con que se le hubieran pagado tales diferencias en forma tardía, debió
interponer los recursos de ley en contra de dicho acto administrativo, pues no
puede endilgar responsabilidad a la entidad por incumplimiento de una obligación
que, en su momento, no estaba vigente, máxime cuando, en aquel entonces, era
inviable liquidar las cesantías sobre un valor superior al salario que, para ese
instante, percibía.

(iii) En el asunto que se examina se deben declarar probadas las excepciones de
ineptitud de la demanda, porque no se cuestionó el acto administrativo que definió
la situación jurídica de la demandante, en relación con el reconocimiento de las
diferencias de salario; caducidad, porque la demanda se presentó cuando habían
transcurrido más de cuatro meses desde la firmeza del acto que se debía
cuestionar;3 prescripción, que se debe declarar al haber transcurrido más de tres
años desde cuando se hizo exigible la obligación, en tanto que el derecho
pretendido se habría causado entre el 15 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de
2011, pero la reclamación se formuló hasta el 3 de marzo de 2015; e inexistencia
de la obligación pues el derecho reclamado no tiene fundamento jurídico.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de abril de
2018,4 negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes

3 Se precisa que, en el concepto de violación se refiere a la resolución que reconoció las
diferencias salariales.
4 Folios 437 a 449.

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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

argumentos:

(i) La demandante pretende el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
inoportuno y parcial de las cesantías correspondientes a los años 2003 a 2010, de
conformidad con lo previsto en la Ley 344 de 1996 y, en el expediente está
demostrado que está afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, para la administración
de sus cesantías.

(ii) En consideración a lo anterior, la accionante se debe someter a las previsiones
que en relación con la administración de cesantías están dispuestas en la Ley 432
de 1998, toda vez que la certificación que obra en el expediente demuestra que
desde el 1.º de marzo de 2003 está afiliada a ese fondo y el periodo respecto del
cual reclama la penalidad, es posterior a la vinculación a dicha administradora.

1.4. El recurso de apelación

La demandante, actuando por intermedio de apoderado, interpuso el recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia.5 Para sustentar su
oposición indicó lo siguiente:

(i) La señora Solano Mesa inició labores con el ente territorial desde el año 2003
(sic), fecha en la cual ya estaba vigente la Ley 50 de 1990 en cuyo artículo 99
establece la sanción por el incumplimiento en la consignación de las cesantías,
norma que aplica para los servidores públicos vinculados a partir del 14 de enero
de 2003, según lo dispuesto en la Ley 344 de 1996, y el Decreto 1582 de 1998,
por lo que resulta aplicable a su caso.

(ii) Los requisitos previstos en las normas descritas, para beneficiarse de sus
previsiones, son a. ser servidor público con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 344 de 1996 y su decreto reglamentario; b. estar vinculado a un fondo
de cesantías; y c. que las cesantías se paguen «por fuera de los mandatos

5 Folios 458 a 467.

5

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

legales» los cuales se cumplen en su caso, por lo que no se acoge el fundamento
del a quo para negar la sanción, toda vez que el régimen de cesantías es uno solo
y la penalidad pretendida aplica en cualquier caso que el empleador incumpla el
deber de consignar la prestación en el tiempo otorgado por la ley.

(iii) La Corte Constitucional se ha referido a los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima en la actividad judicial, así como al derecho a la igualdad, los
cuales deben imperar para resolver su caso porque es evidente que está
amparada por el sistema anual de liquidación de cesantías y el incumplimiento,
por parte del empleador, para pagar su prestación social genera la sanción
moratoria que se reclama.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El municipio demandado descorrió el término para alegar de conclusión y solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia; la parte demandante guardó silencio
durante esta etapa procesal.6

1.7. El Ministerio Público

El agente del Ministerio público guardó silencio durante esta etapa procesal.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si (i) la demandante tiene derecho a la sanción
moratoria por la inoportuna consignación del valor completo de sus cesantías por
los años 2003 a 2010; (ii) el haber estado afiliada al Fondo Nacional del Ahorro por

6 Según informe secretarial que obra en folio 505 y memorial que reposa en el índice 27 de la

plataforma SAMAI.
7 Folio 505.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

el período respecto del cual reclama la sanción moratoria impide el reconocimiento
de la aludida sanción.

2.2. Marco normativo

El artículo 53 de la Constitución Política establece como principios orientadores de
las relaciones laborales, el de favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acoger la
que resulte más benéfica para el trabajador.

Ahora bien, la Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y
jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de
los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino
a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.

Más adelante, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y
dentro de los objetivos para la administración de sus recursos, fijó los siguientes:
«pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales»8, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»9; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas

8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al
Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías10, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo11. Además, en los artículos 11
y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto de intereses, con
el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías
depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las
cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, el artículo 6.º ibidem
estableció lo siguiente:

Artículo 6º12.- Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha
establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas
general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas
empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava

10 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
12 La norma en cita fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012; no obstante, tal

disposición es posterior a los años en que se causaron a favor del demandante las cesantías que
fueron consignadas tardíamente, por lo que no procede su aplicación.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías,
devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos
afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo
para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre
las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de
Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que
constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente
anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa
causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el
envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en
causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario
vigente. (Se resalta).

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional
encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la
norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de
cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus
artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así lo
determinó:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. (Se
resalta).

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores13.

13 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de

1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Asimismo, es necesario indicar que el Decreto 1252 de 2000 «Por el cual se
establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública», estableció lo siguiente:

Artículo 1º.- Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros
de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la
vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los
términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998,
según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en
que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista
un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o
entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran
y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán
haciéndolo. [Se resalta]

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso y que es
relevante para resolver la litis, se puede establecer lo siguiente:

(i) El 30 de julio de 2014,14 el alcalde de Soledad expidió la Resolución 0389 «por
medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago de valores retroactivos por
concepto de homologación y nivelación salarial al personal administrativo del
sector educativo» y concedió, a favor de la demandante, por ese concepto, un
total de $63.902.839 que comprende diferencias de salario por los años 2003 a
2010.

(ii) El 3 de marzo de 2015,15 la demandante dirigió petición ante el alcalde del
municipio de Soledad, en la cual reclamó el reconocimiento de la indemnización o
sanción moratoria «por el no giro oportuno de la totalidad de mis cesantías al
FONDO NACIONAL DE AHORRO que me encuentro afiliada durante los años de 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 […] dichas cesantías solamente
fueron giradas en su totalidad y reconocidas las diferencias a través de la

14 Folios 14 a 19.
15 Folio 12.

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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Resolución 0353 (sic) por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de
valores retroactivos por concepto de homologación de Soledad – Atlántico».

(iii) El 30 de abril de 2015,16 la rectora de la Institución Educativa Comercial
Nuestra Señora de las Misericordias, certificó, en torno a la relación laboral de la
demandante, lo siguiente:

Que GILMA ELIZABETH SOLANO MESA […] vinculada desde el 21 de Abril de 1971 en el
cargo de Auxiliar Administrativo. Nombrada según Resolución 0231 de 31 de Enero
de 1972. Reclasificación realizada en julio de 2010, quedó en el grado 02.

Vino trasladada del INEM Miguel Antonio Caro, para esta Institución Educativa el día
4 de febrero de 2004.

(iv) El 19 de octubre de 2016,17 la «coordinadora GARCF Entidades» del Fondo
Nacional de Ahorro certificó que la fecha de afiliación de la demandante a ese
fondo, fue el 1.º de marzo de 2003 y adjuntó copia del extracto de los valores que
se han aplicado en su cuenta individual.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El primer aspecto a abordar, como lo hizo el a quo, sería determinar si la señora
Gilma Elizabeth Solano Mesa es beneficiaria de la Ley 50 de 1990, en particular,
del artículo 99, en lo que atañe al reconocimiento y pago de la sanción, cuando el
empleador incurre en mora para la consignación de sus cesantías liquidadas en
forma anual; no obstante, la Sala advierte que la reclamación de la demandante
no fue en tal sentido, pues su pretensión está orientada a que se conceda la
aludida sanción pero respecto de la diferencia en el valor de cesantías que se
habría generado producto del ajuste salarial que surgió a causa de la
homologación y nivelación ordenada a través de la Resolución 0389 del 30 de julio
de 2014.18

16 Folio 13.
17 Folios 150 a 153.
18 Folios 14 a 19.

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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)
Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

En efecto, la reclamación en sede administrativa tuvo como objeto que se
reconociera la sanción moratoria respecto de los años indicados, 19 toda vez que
«dichas cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas las
diferencias a través de la Resolución 0353 (sic) por medio de la cual se ordenó
el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de
homologación de Soledad – Atlántico»20 y, en sede judicial, el libelo es claro al
señalar que la sanción pretendida se generó «por el pago parcial de las
cesantías desde el año 2003 a 2010»21 debido a que estas fueron «canceladas de
manera parcial».22

En las anteriores condiciones, la Sala considera que para resolver la litis debe
pronunciarse frente a la viabilidad o no del reconocimiento de la sanción moratoria
respecto de la tardanza en el pago de una diferencia de cesantías, producto de un
ajuste salarial como el que se invoca, y así se procederá a continuación, sin
perjuicio de referirse, más adelante, a la razón denegatoria de las pretensiones
aducida por el tribunal de instancia.

Según lo indicado líneas atrás, la Sala concluye que la indemnización moratoria
que se pretende en la demanda no tiene como fundamento el pago tardío del
auxilio de cesantías anuales, como tal, sino el de la diferencia de valor de
cesantías que se habría generado como consecuencia del ajuste salarial ordenado
por la entidad demandada, producto de la homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del sector educativo.

En torno a lo anterior, es necesario precisar que la Sala, en reiteradas ocasiones,
ha sostenido que la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías
no procede respecto de las diferencias de valor de tal prestación que se originen a
causa de una reliquidación o ajuste de la prestación. Sobre el particular, se ha
dicho:

19 Tanto en sede administrativa como en la judicial se pidió respecto de los años 2003 a 2010.
20 Folio 11.
21 Hecho 2.2. de la demanda (folio 1).
22 Pretensión primera de la demanda (folio 2).

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

En el caso analizado, la entidad demandada sí reconoció oportunamente las
prestaciones y cesantías definitivas del demandante al momento de su
desvinculación ; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia C- 1433
de 2000 y del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, se causó una diferencia en
la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa diferencia no
puede considerarse mora en la consignación de tal prestación, que tenga la
magnitud de generar la sanción a que alude la norma trascrita.23 (Se resalta).

En similares términos se señaló en sentencia24 cuyo aparte se transcribe:

[…]
En tal sentido, si bien se causó una diferencia en la liquidación de las cesantías
definitivas, la cancelación pago inoportuna de esa diferencia no puede
considerarse mora en el pago de tal prestación, que tenga la magnitud de
generar la sanción a que alude la norma señalada.

[…]
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que la finalidad del
legislador con la norma aludida, fue determinar el término perentorio para el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, sin
que una diferencia en la liquidación de la prestación social, conlleve a la
autoridad judicial a imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica que
no se encuentra prevista en la ley25. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, se debe concluir que la diferencia que surgió en la liquidación de la
prestación social no habilita el reconocimiento de la indemnización moratoria que
se reclamó en la demanda.

En efecto, la norma que consagra la sanción moratoria —Ley 50 de 1990, artículo
99, Ley 344 de 1996 y su decreto reglamentario— dispone que la aludida sanción
procede en caso de que el empleador «incumpla el plazo señalado» para pagar

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014,
radicación 13001-23-31-000-2007-00225-01, número interno 1483-13. M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017,

radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
25 Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad.

13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B.
Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez. En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad.
08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad.
66001233300020130021301.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

«[e]l valor liquidado por concepto de cesantía» el cual comprende aquel que
resulta de la liquidación con corte al 31 de diciembre de cada año, pero, en
momento alguno, determina o fija un monto diferencial para el pago incompleto o
de una porción de la prestación y, en segundo lugar, porque la Sala ha sostenido
que en los casos en que ocurran diferencias de cesantías producto de
reliquidación o reajuste de la prestación, no procede la sanción moratoria, tal como
se expuso en las providencias citadas con antelación.

Así las cosas, la sanción moratoria pretendida es improcedente respecto del
presunto pago tardío de las diferencias de cesantías que habrían surgido con
ocasión de la homologación y nivelación salarial de que fue objeto la demandante,
razón suficiente para despachar desfavorables las pretensiones de la demanda.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que la decisión del tribunal se
orientó a denegar las súplicas del libelo, bajo el entendido de que la demandante
no tiene derecho a la sanción moratoria, pues para los años respecto de los cuales
se reclama tal penalidad —2003 a 2010— estaba afiliada al Fondo Nacional de
Ahorro y, por ende, debe someterse a las previsiones de la Ley 432 de 1998, en lo
que respecta a la administración de sus cesantías.

La Sala coincide con la anterior interpretación, pues, para los servidores públicos
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, se debe atender lo dispuesto en el artículo
626 de la Ley 432 de 1998 que ordena al empleador girar «una doceava parte de
los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en
el mes inmediatamente anterior» en las fechas previstas para realizar los aportes
para seguridad social y que el incumplimiento de esa obligación habilita al Fondo a

26 Artículo 6º.- Trasferencia de cesantías de servidores públicos. [Modificado por el Artículo 193

del Decreto 19 de 2012]. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a
los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas
empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de
salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior
para los servidores públicos afiliados.
El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor
intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora. […]

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

«cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas
respectivas para todo el tiempo de la mora», tal penalidad no puede ser
concurrente con la sanción moratoria y debe aplicarse la primera, por cuanto hace
parte del régimen especial de los afiliados a dicho fondo. Así lo ha considerado la
Sección Segunda del Consejo de Estado en providencias como la que se cita a
continuación:27

Respecto a los servidores públicos afiliados al FNA, como es el caso de la actora,
dicho decreto mantuvo el sistema de liquidación previsto en la Ley 432 de 1998, el
cual no consagra la sanción por mora en la consignación del valor de las cesantías,
sino el cobro de intereses moratorios a favor del FNA, regulación que como se dejó
expuesto en el acápite anterior, obedece a las características propias del sistema de
liquidación, la naturaleza y los objetivos del FNA, y que no resulta violatoria del
derecho a la igualdad, dadas las particularidades de dicho sistema de liquidación de
cesantías, y los beneficios que tienen los afiliados al mismo.
[…]
[…] dirá la Sala que no le asiste razón a la apelante en cuanto sostiene que le es
aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por cuanto dicha
interpretación contradice el contenido de la Ley 432 de 1998 y su Decreto
Reglamentario 1582 de 1998, de acuerdo con el cual el régimen de liquidación de
cesantías aplicable a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro es el contenido en
la referida Ley 432 de 1998 el cual tiene una justificación razonable en
consideración a la naturaleza y los objetivos de la entidad, así como los beneficios
que dicho sistema comporta para sus afiliados, quienes como contraprestación a la
baja rentabilidad, gozan del derecho a obtener créditos de vivienda con menor
onerosidad que los ofrecidos por el sector financiero.

En tales condiciones, la Sala no acoge la argumentación planteada por la
demandante, en el sentido de que, por igualdad, se debe proceder a la aplicación
de la penalidad prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 ante el
incumplimiento en el pago de las cesantías anuales, pues, el régimen de los
afiliados al Fondo Nacional de Ahorro tiene prevista una sanción distinta en tales
eventos. En todo caso, se precisa que, como se estudió con antelación, la
controversia que se planteó por la señora Solano Mesa ni siquiera fue el
incumplimiento del plazo para consignar dichas cesantías, sino la presunta

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2013,

radicación: 08001 23 31 000 2011 01269 01, M. P. Gerardo Arenas Monsalve. Valga aclarar que tal
postura ha sido replicada, entre otras, en sentencias del 19 de julio de 2018, expediente: 44001 23
33 000 2013 00200 01(0742-15), M. P. César Palomino Cortés, del 23 de agosto de 2018,
radicación 44001 23 33 000 2014 00069 01 (4159-16) M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

tardanza en la consignación de una diferencia de esa prestación generada por un
ajuste salarial, lo cual, de plano, tampoco habilitaba al reconocimiento de la
indemnización moratoria reclamada, como se explicó.

En las anteriores condiciones, la Sala confirmará la sentencia recurrida en cuanto
negó las pretensiones de la demanda.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,28 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 29 la Sala
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues se
confirmará la sentencia recurrida que negó las súplicas y la parte demandada
actuó en esta instancia.30

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
29 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
30 Presentó alegatos de conclusión, según informe secretarial visible en folio 505 y el memorial que

reposa en el índice 27 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda y
se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales
deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Gilma Elizabeth Solano Mesa contra el municipio de
Soledad (Atlántico), de conformidad con las consideraciones que anteceden.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Tercero. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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