Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00152-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00152-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00152-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00152-01 (1977-2020)1
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandada: La Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y otros
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria – prescripción extintiva
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico2, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. El señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe, por conducto de apoderado
judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio4, el departamento del Atlántico y el municipio de Manatí, Atlántico,
1
Expediente Hibrido
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201500152011100103
2
Sala conformada por los magistrados Ángel Hernández Cano (ponente), Óscar Wilches Donado y Viviana Mercedes
López Ramos.
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 1 a 11.
4
En lo sucesivo se identificará a la entidad demandada bajo las siglas FOMAG.
2
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) el
oficio No. 2014EE102699 del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil catorce
(2014), proferido por el Ministerio de Educación Nacional, en que la entidad
remitió por competencia a la la secretaría de educación de la gobernación del
Atlántico, la petición presentada el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil
catorce (2014); (ii) el oficio No. 313 del veintiocho (28) de enero de dos mil
quince (2015), expedido por el secretario de educación de la gobernación del
Atlántico, que remitió por competencia el asunto ante la Fiduprevisora S.A; y
(iii) el acto ficto que se configuró con ocasión de la petición presentada al
municipio de Manatí, Atlántico, el primero (1) de diciembre de dos mil catorce
(2014), que negó el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses
sobre esta prestación y la sanción moratoria.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a las
demandadas al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las
cesantías y sanción moratoria por la no consignación oportuna, frente a los
años «1998, 1999, 2000, 2001 y 2002», sufragando el auxilio de cesantías en
el fondo administrador al que se encontraba afiliado y, pagando a su favor, los
conceptos correspondientes a los intereses causados y sanción moratoria,
hasta cuando se produzca el pago efectivo.
3. A su vez, solicitó que las sumas objeto de reconocimiento sean ajustadas
en aplicación del artículo 187 del CPACA y se condene a las demandadas al
pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que
finalice el presente medio de control, en los términos del artículo 192 ibidem.
4. Finalmente, deprecó que se condene en costas y agencias en derecho a las
entidades demandadas.
1.2 Hechos
5. El señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe, señaló que, fue designado
docente por el municipio de Manatí, Atlántico, a través del Decreto No. 041 de
veintitrés (23) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), cargo en el
que se posesionó el veintisiete (27) de abril de dicho año.
3
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
6. Indicó que, en virtud de las disposiciones de la Ley 715 de 2001, la
gobernación del departamento del Atlántico asumió la planta de personal de
los municipios de dicha localidad.
7. Sostuvo que, no fue afiliado oportunamente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con las obligaciones
establecidas en la Ley 91 de 1989, el Decreto 196 de 1995 y el Decreto 3752
de 2003.
8. Afirmó que, las entidades demandadas no consignaron el auxilio de
cesantías correspondiente a los años «1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002»,
en la oportunidad en que fija el marco jurídico aplicable a la prestación.
9. Señaló que, las entidades demandadas consignaron oportunamente el
auxilio de cesantías frente a las anualidades «2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014»; sin embargo, estos periodos
«conforman un acumulado para el pago de los intereses a las cesantías que
le han sido pagados como lo establece la normatividad existente».
10. Precisó que, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014),
presentó reclamación ante el FOMAG, en la que solicitó el reconocimiento y
pago del auxilio de cesantías y sus intereses, así como, la sanción moratoria,
frente a las anualidades «1998, 1999, 2000, 2001 y 2002». Al respecto,
sostuvo que, según el oficio No. 2014EE102699 del veinticuatro (24) de
diciembre de dos mil catorce (2014), dicha entidad se abstuvo de resolver de
fondo la petición y la remitió a la secretaría de educación de la gobernación
del Atlántico.
11. Sostuvo que, el primero (1) de diciembre de dos mil catorce (2014), solicitó
al municipio de Manatí, Atlántico, el reconocimiento de los aspectos
previamente identificados; sin embargo, la entidad guardó silencio.
12. Finalmente, expuso que la gobernación del Atlántico, a través del oficio No.
0313 del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) remitió la solicitud
de reconocimiento ante la Fiduprevisora S.A.
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
13. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 13, 29,
53 y 209 de la Constitución Política; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el
artículo 13 de la Ley 344 de 1996; el artículo 18 de la Ley 715 de 2001; el
artículo 4 del Decreto 196 de 1995; el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998; y
los artículos 21 y subsiguientes del Decreto 1063 de 2015.
14. Como concepto de violación, sostuvo que, las entidades demandadas
desconocieron las normas que regulan el pago oportuno de las cesantías,
comoquiera que, el demandante fue vinculado con posterioridad al primero (1)
de diciembre de mil novecientos noventa (1990), y el auxilio de cesantías se
debía consignar al fondo administrador de las cesantías, a más tardar el
catorce (14) de febrero del año siguiente a la fecha en que se causaron,
considerando además, que el demandante aún se encuentra laborando al
servicio del magisterio.
15. Por otra parte, señaló que el régimen que rige el auxilio de cesantías del
señor Bolívar Villafañe, está determinado por las leyes 91 de 1989 y 50 de
1990, así como, por sus decretos reglamentarios, que establecen los términos
en que se deben sufragar al fondo administrador de cesantías los auxilios
anuales respectivos, de cara a los cuales, las demandadas omitieron el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
2. Contestación de la demanda.
2.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG5.
16. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, en dicho sentido,
precisó que, de acuerdo con lo establecido por la Ley 962 de 2005 y el Decreto
2831 de 2005, si bien corresponde al FOMAG el pago de las prestaciones,
existe un trámite en que las secretarías de las entidades territoriales expiden
el acto administrativo de reconocimiento ante las solicitudes que sean
presentadas y, por otra parte, en que la Fiduciaria La Previsora S.A. realiza las
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “03.contestacion mineducacion-
fomag.pdf”.
5
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
contraprestaciones como administradora de los recursos del FOMAG, según
la existencia de la respectiva disponibilidad presupuestal.
17. Indicó que, el pago se efectúa cuando existe disponibilidad presupuestal,
guardando un orden cronológico frente a la aprobación de los actos
administrativos de reconocimiento. Además, señaló que, dichos actos llevan
ínsita una condición suspensiva a efectos de la materialización de la
prestación, que atañe a la existencia de reservas financieras respecto de la
obligación que reclama el demandante.
18. Sostuvo que, resulta improcedente condenar a este extremo procesal en
materia de intereses sobre el auxilio de cesantías, pues, la suma objeto de
reconocimiento en favor del demandante se encontraba sujeta al turno de
radicación y a la asignación presupuestal, por lo tanto, no se constituiría la
negligencia de la demandada, como elemento determinante de su condena.
19. Señaló que, las normas que rigen las reclamaciones de cesantías frente a
los docentes, están constituidas por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831, que
no contempla la sanción moratoria por el no pago de las cesantías. Así, en su
criterio, no resulta procedente extender la aplicación de una sanción que no
está prevista en el régimen de este tipo de servidores.
20. Expuso que, en el evento en que se declare la nulidad de los actos
administrativos demandados, los conceptos sobre los cuales se pretende la
condena se encuentran afectados por el término prescriptivo, en los términos
del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Además, solicitó que, en el evento
en que se restablezcan derechos, resulta procedente declarar «la
compensación de las sumas de dinero pagadas por el [FOMAG] a la parte
demandante por concepto de prestaciones sociales».
21. Con base en los anteriores argumentos, propuso las excepciones que
denominó: «inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma»,
«pago», «cobro de lo no debido», «prescripción», «compensación» y «buena
fe».
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
2.2. Departamento del Atlántico6.
22. Manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, en tanto señaló
que, la obligación de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, le
correspondía al municipio de Manatí, Atlántico, teniendo en cuenta que el
demandante fue vinculado a dicha entidad, desde del veintisiete (27) de abril
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
23. Precisó que, no resulta procedente establecer la existencia de una
responsabilidad solidaria entre las entidades demandadas, toda vez que, la
obligación en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, recae en el
FOMAG, de acuerdo con el marco de competencias establecido en la Ley 91
de 1989, la Ley 62 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005; considerando, a su
vez, que las competencias de dicha entidad territorial se limitan a la recepción
y trámite de las solicitudes presentadas por el personal docente.
24. Con base en los argumentos que anteceden, propuso la excepción que
denominó «falta de legitimación en la causa por pasiva»7.
2.4. Municipio de Manatí, Atlántico.
25. Pese a que fue debidamente notificada, la entidad guardó silencio.
3. La sentencia de primera instancia8.
26. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del ocho (8) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para lo cual dispuso:
«Primero.- Declárase probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, respecto de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del
6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “04.contestacion dpto del
atlantico.pdf”.
7
En audiencia inicial celebrada el 17 de mayo de 2016, el magistrado sustanciador declaró no probada la excepción
en mención, conforme indicó que, la gobernación del departamento del Atlántico contaba con legitimación procesal
para comparecer al asunto y, la decisión sobre la la legitimación de carácter sustantivo, dicha decisión debía ser
adoptada en sentencia.
8
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “16.sentencia 1ra instancia.pdf”.
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
auxilio de cesantía correspondiente a los años 1998 a 2002, acorde con las
motivaciones precedentes. Por consiguiente, se deniegan dichas súplicas.
Segundo.- Declárase la nulidad parcial de los oficios Nos 2014EE102699 del 24 de
diciembre de 2014, proferido por el Asesor Secretaría General de la Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional; 0313 de fecha 28 de
enero de 2015, emanado por el Secretario de Educación Departamental del Atlántico;
así como del acto ficto negativo surgido a raíz del silencio del municipio de Manatí,
respecto de la petición elevada el 1° de diciembre de 2014.
Tercero.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condénase a la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento del auxilio de cesantía y
los intereses sobre aquél, en favor del señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe,
correspondiente a los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, de conformidad con las
competencias asignadas en la Ley 91 de 1989.
Cuarto.- Sin costas. (Numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso).
Quinto.- La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, deberá cumplir esta decisión en los términos de los artículos
194 a 195 del C.P.A.C.A. […]» [sic]
27. En primer lugar, el Tribunal precisó que, el litigio se circunscribía a
determinar si el señor Ademir Antonio Bolívar Villafañe tenía derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, prevista en la Ley 344 de 1996,
frente a la no consignación oportuna del auxilio entre los años mil novecientos
noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002), así como, al pago del auxilio de
cesantía y los intereses sobre aquel.
28. Precisó que, mientras la Ley 344 de 1996 estableció el nuevo régimen
anualizado de cesantías y el sistema aplicable a los empleados vinculados con
el Estado en todos sus niveles, el Decreto 1582 de 1998 cobijó a este tipo de
servidores, en lo relativo a la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, aplicable a partir de la entrada en vigor de dicha
disposición.
29. Señaló que, conforme al material probatorio que obra en el expediente, el
demandante se vinculó al municipio de Manatí, Atlántico, el veintisiete (27) de
abril de mil novecientos noventa y ocho (1998). Por ello, en principio se podría
aplicar el régimen anualizado
30. Sin embargo, señaló que, de acuerdo con los criterios interpretativos
respecto del reconocimiento de la sanción moratoria, el salario para su
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
liquidación y la configuración de la prescripción, que se establecieron en la
sentencia de unificación CE- SUJ004 del veinticinco (25) de agosto de dos mil
dieciséis (2016) del Consejo de Estado, la sanción moratoria pretendida frente
al último año reclamado, es decir, al año dos mil dos (2002), «se hizo exigible
desde el 15 de febrero de 2003, razón por la cual, el señor Bolívar Villafañe
tenía tres (3) años para reclamar la aludida sanción, los cuales fenecían el 15
de febrero de 2006».
31. Estableció que, la petición para el reconocimiento y pago se presentó a las
entidades demandadas, cuando se había superado el término contemplado en
el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, por lo tanto, el
reconocimiento pretendido se encuentra afectado por el fenómeno
prescriptivo, en punto a las «sanciones moratorias de los anteriores años
reclamados, esto es, 1998, 1999, 2000 y 2001».
32. Por otra parte, frente al pago del auxilio de cesantías, así como, los
intereses sobre este y los que pretendió el demandante respecto de los años
mil novecientos noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002), afirmó que, según
los certificados expedidos por el FOMAG, las «entidades efectuaron el reporte
anual de cesantías correspondientes a los años 2003 a 2011». En dicho
sentido, estableció que no existe prueba indicativa atinente a que el FOMAG,
reconociera las cesantías al demandante entre los años «1998 hasta el 2002»,
por lo tanto, ordenó al FOMAG que, en caso de no haberlo hecho, reconozca
al demandante, el auxilio de cesantía y los intereses sobre aquél, en dicho
extremo temporal, conforme a la competencia que le asiste por virtud de la Ley
91 de 1989.
33. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida,
comoquiera que, pues afirmó que no se demostró que se hubiesen causado.
4. El recurso de apelación9.
34. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, para lo cual propuso los siguientes reparos concretos.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “18.recurso de apelacion-auto
concede apelacion.pdf”.
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
35. Precisó que, el auxilio de cesantías, constituye un derecho irrenunciable
de titularidad del empleado, además, señaló que, el pago de intereses sobre
la misma se ha concebido como un patrimonio que se forja periódicamente y
que permanece en poder de los empleadores mientras subsiste la relación
laboral. Así, precisó que, todo empleador está llamado a responder por esta
obligación, sin que sea óbice para su reconocimiento los problemas en la
afiliación o la certeza en cuanto a su obligación, para eludir las competencias
que le asisten.
36. Señaló que, al margen de lo establecido en la sentencia de primera
instancia, mientras esté vigente el vínculo laboral, no opera el fenómeno de
prescripción frente a la sanción moratoria, lo cual se deduce de la
interpretación sistemática de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, como
de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política.
37. Sostuvo que, la exigibilidad de la sanción moratoria surge en el momento
en que se efectúe el reconocimiento del auxilio de cesantías, por lo tanto, en
el presente asunto la sanción en referencia no constituye un aspecto principal,
pues, su naturaleza es accesoria en relación con el auxilio.
38. Precisó que, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ004 de dos mil dieciséis (2016), las cesantías
anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las
cesantías definitivas sí resultan afectadas por éste. Sobre el particular, reparó
en que la sentencia de primera instancia, otorgó un alcance distinto a las reglas
de unificación establecidas en la providencia en cita, pues, la sanción
moratoria no estaría afectada por el fenómeno prescriptivo, mientras subsista
el vínculo laboral y no se haya consignado el auxilio, conforme ocurrió en el
presente asunto.
39. En línea con lo anterior, sostuvo que, con la demanda, no solicitó el
reconocimiento de la sanción moratoria como pretensión única e
independiente, toda vez que, la situación sometida al análisis del Tribunal
radicó en la desatención respecto de aquellas obligaciones periódicas que
corresponden al auxilio en cita, máxime, si se tiene en cuenta que el
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
demandante aún se encuentra en ejercicio de sus funciones10.
40. Finalmente, precisó que, preserva en su favor el derecho a la consignación
de las cesantías y reconocimiento de la sanción moratoria por su pago tardío,
toda vez que, no se ha consignado el auxilio respecto de las cesantías
correspondientes a los años mil novecientos noventa y ocho (1998) a dos mil
dos (2002).
5. Trámite de segunda instancia
41. Mediante auto del dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)11, el
despacho sustanciador ordenó la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo del Atlántico, para que realizara la audiencia de conciliación
establecida en el artículo 192, inciso 4°, del CPACA, en su redacción original.
42. Una vez se surtió la audiencia de conciliación en referencia por parte del
Tribunal de origen y comoquiera que esta se declaró fracasada, se remitió el
asunto al despacho del magistrado sustanciador, que por medio de auto del
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)12, admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de
primera instancia en los términos del artículo 247 del CPACA.
43. Posteriormente, a través de auto del primero (1) de julio de dos mil
veintiséis (2026)13, se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de
conclusión y al Ministerio Público a efectos de rendir concepto.
6. Concepto del Ministerio Público14.
44. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante al Consejo de
Estado, rindió concepto en que solicitó que se confirme la decisión de primera
instancia, al considerar que la sanción moratoria por la no consignación
10
En punto de lo anterior, solicitó que se acuda a referentes jurisprudenciales, como aquel que corresponde a la
Sentencia del 22 de enero de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
el asunto identificado con radicado Nop. 4346-2013, en que se estudió el fenómeno prescriptivo en punto a la vigencia
de la relación laboral.
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Expediente digital – Samai – índice 00006.
12
Expediente digital – Samai – índice 00018.
13
Expediente digital – Samai – índice 00028.
14
Expediente digital – Samai – índice 00023.
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
oportuna de las cesantías anualizadas constituye una obligación autónoma del
derecho a las cesantías y está sometida a prescripción trienal. Además,
precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dicha sanción se hace exigible desde el quince (15) de
febrero del año siguiente a aquel en que se causaron, fecha a partir de la cual
debe contabilizarse el término trienal para su reclamación.
45. Indicó que, la vigencia de la relación laboral no impide la prescripción de
la sanción moratoria, comoquiera que, cada anualidad genera una obligación
independiente cuyo término se computa de forma separada desde el momento
en que la obligación se hizo exigible. Así, señaló que se configuró el término
de prescripción frente a las anualidades cuyo reconocimiento se pretende, por
lo que consideró acertada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico.
7. Alegatos en segunda instancia.
7.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio15.
46. El FOMAG sostuvo que se deben negar las pretensiones de la demanda,
toda vez que, el régimen de cesantías aplicable a los docentes vinculados a
partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa (1990), corresponde
al previsto para los empleados públicos del orden nacional, cuyo cálculo se
realiza de forma anualizada y sin retroactividad, bajo lo establecido por la Ley
91 de 1989.
47. Precisó que, las prestaciones causadas antes de la afiliación al FOMAG
son competencia de la entidad territorial respectiva, por lo que dicho extremo
procesal carece de legitimación para su reconocimiento. Sobre el particular,
sostuvo que, el docente fue afiliado al FOMAG el veintiuno (21) de noviembre
de dos mil cinco (2005), por lo que, el auxilio de cesantías causado con
anterioridad no estaría a su cargo.
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Expediente digital – Samai – índice 00038.
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Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
48. Señaló que, en los términos de la sentencia de unificación SUJ-032-CES2-
2023, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
resulta improcedente, pues, los docentes afiliados al FOMAG y sometidos al
régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989, no tienen derecho a dicha
penalidad, comoquiera que resulta incompatible con el sistema de
administración de cesantías del fondo.
49. Precisó, subsidiariamente, que en el asunto operó el fenómeno de
prescripción, el cual se computa desde la oportunidad en que las prestaciones
se hacen exigibles, de forma independiente, frente a cada anualidad.
50. Por último, solicitó que no se imponga condena en costas al considerar
que, se debe demostrar que las mismas se causaron, además, alegó que en
el curso del proceso, su conducta procesal se ciñó al principio de buena fe.
7.2. Departamento del Atlántico16.
51. El departamento del Atlántico solicitó que se confirme la sentencia de
primera instancia. Para tal efecto, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
52. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA17.
2.2 Problema jurídico
53. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
16
Expediente digital – Samai – índice 00037.
17
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
13
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
53.1 ¿Se debe revocar el ordinal primero de la sentencia del ocho (8) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró la prescripción sobre la sanción
moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías o, por el contrario,
debe concluirse que la sanción moratoria cuyo reconocimiento pretende el
señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe, no está afectada por el fenómeno
prescriptivo, en virtud de la subsistencia del vínculo laboral y la no
consignación del auxilio?
53.2 Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías y marco normativo y
jurisprudencial sobre la sanción moratoria de cesantías anualizadas de
docente oficial.
54. La Ley 91 del 29 de diciembre 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación,
con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta […]» para atender
las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la citada disposición
legal y los que se vinculen con posterioridad a ella, serán automáticamente
afiliados a este Fondo.
55. El artículo 2 de esta disposición especial estableció que la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones
prestacionales con los docentes, en ella destacó:
«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales
con el personal docente, de la siguiente manera:
14
Número Interno: 1977-2020
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Demandado: FOMAG y otros
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a
dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.»
56. Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada Ley, el artículo 15 hizo
la siguiente precisión sobre la vinculación, así:
«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las
normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
[…]»
57. Especialmente, en lo referente a las cesantías el numeral 3 de este mismo
artículo, destacó:
«3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo
con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará
un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la
suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de
la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación
del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
15
Número Interno: 1977-2020
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sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional». [Destaca la Sala]
58. Con fundamento en las disposiciones normativas que anteceden, se
identifica una distinción de los docentes nacionalizados vinculados hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 1989, para ellos, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio efectuará el pago de un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de laborado, en relación con el último salario devengado, en otras
palabras, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, a quienes este Fondo pagará
un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas en la anualidad y sin retroactividad, en
conclusión, las cesantías serán reconocidas con el régimen anualizado.
59. Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación en
sentencia del 30 de noviembre de 201718, estableció sobre el régimen de las
cesantías de los docentes, así:
«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el
31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la
normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y
ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990
«lo que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal
calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las
disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir,
un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento
de intereses.»
60. Siguiendo en esa misma dirección, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 7 de febrero de 2019 19, precisó
que los docentes que ingresen con posterioridad al 1 de enero de 1990, las
cesantías serán liquidadas bajo el sistema anualizado, en ese sentido,
destacó:
«(…) se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de
enero de 1990, por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador,
y ostentar la calidad de cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial
18
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “A”. Expediente: 70-001-
23-33-000-2014-00290-01
19
Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez Radicación 54001-23-33-000-2016-00298-01
16
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regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos
que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989,
artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se vinculen a partir del
1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se
expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 1996 20 que sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de
cesantías para las «[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del
Estado.».
61. En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen
laboral de los docentes oficiales en el cual los equiparó al de los empleados
del orden nacional, es decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con
excepción de los educadores que estuvieren vinculados con anterioridad al
treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989) que
se les respetara los derechos adquiridos, en otras palabras, el régimen de
retroactividad de esta prestación social.
62. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes
oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo
con los parámetros establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de
1989, norma que distingue entre los que se benefician del régimen de
cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías
anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad, así:
«3. Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
20
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.»
63. Según lo anterior, corresponde al FOMAG liquidar y reconocer el auxilio
de cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad
que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada
en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación establecida en el
artículo 9 ibidem, desarrolla a través de las secretarías de educación de los
entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a
través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en
la actualidad es la Fiduprevisora SA.
64. En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de
las cesantías del personal docente no afiliado al FOMAG, situación que en
términos del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago
de las prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales o
municipales causadas antes de su incorporación al Fondo. Más adelante, el
Decreto 3752 de 2003 dispuso que los docentes del servicio público educativo
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberían ser
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a
partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y
definitivas estuvo concentrado en esa entidad.
65. En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1°. de enero
de 1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en armonía
con los criterios fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU-098 de 2018
y SU-573 de 2019, y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202321, el sistema
especial de administración de cesantías de los docentes afiliados al Fomag es
incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En efecto, en esta última
providencia se fijó la siguiente regla:
«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal».
21
C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
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66. La precitada regla de unificación de la jurisprudencia encuentra sustento
en las siguientes consideraciones:
«En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la
aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad,
de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se
traduce en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma
conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la
cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252
de 2000 al disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago de las
cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o
432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista un «régimen especial» que
los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa referencia al
pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el
régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que
hay lugar a aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo
rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso señalado.
149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252
de 2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados
públicos quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla
general es el regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos
quedaran cobijados por dicho sistema de administración. Esta conclusión es
coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios
conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de
1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo
alguno podía conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino
que se acompasa con la disposición del 2000, puesto que el personal docente
ya estaba regulado por un régimen anualizado de cesantías.
[…]
2.2.4. Regla jurisprudencial
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un
sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo
al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías
de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.»
67. De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren
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afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG
no le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, en particular lo atinente a la sanción moratoria, por resultar
incompatible con el sistema de administración de cesantías establecido en la
Ley 91 de 1989, toda vez que, en el señalado fondo, se requiere de la
disponibilidad de recursos para el pago de las prestaciones sociales exigibles
en cada anualidad, por lo que si bien paga intereses sobre las cesantías, la
forma de realizar dicho cálculo y el plazo no es igual al establecido en la Ley
50 de 1990.
68. No obstante, en el escenario, en que el maestro no haya sido afiliado al
FOMAG por parte de la entidad territorial correspondiente, en solo este evento
será aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anuales, así:
“Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]”
69. Nótese que el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de
1990 dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social
con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo
de cesantías antes del quince (15) de febrero del año siguiente, so pena de
que el empleador sea sancionado con el pago de un día de salario por cada
uno de retardo. Empero, en lo concerniente a la prescripción de tal sanción
moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de 25 de agosto de 201622, precisó:
22
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
20
Número Interno: 1977-2020
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«1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en
que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.
5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que
devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando
concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a
tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un
nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos.»
70. No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201923, esta Sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en relación con el cómputo
del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al caso allí
tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022 de 6
de agosto de 202024, por medio de la que fijó las siguientes reglas:
«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción»
23
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
24
Consejo de Estado (sección segunda), expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16), C. P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
21
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
71. En consecuencia, el término de prescripción establecido por el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la
sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe
computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera
que si la exigibilidad de aquella sanción se origina el 15 de febrero frente a las
cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la
respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo,
en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
72. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
i) El señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe, fue vinculado como
docente al Colegio Bachillerato San Luis Beltrán del municipio de
Manatí, Atlántico, cargo en el que fue nombrado en propiedad por
medio del Decreto No. 041 del veintitrés (23) de abril de mil
novecientos noventa y ocho (1998)25, expedido por el alcalde
municipal.
ii) El demandante, se posesionó en dicho cargo el veintisiete (27) de
abril de mil novecientos noventa y ocho (1998)26. Lo anterior, según
el formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce
(2014)27, que además refiere que a dicha fecha conservaba el
vínculo en mención.
25
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folios 18 a 19.
26
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 21.
27
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 16 a 17.
22
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
iii) De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado
de salarios, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el dieciséis (16) de marzo de dos mil quince
(2015)28, el señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe ejerce el cargo
de docente en la Institución Educativa San Luis Beltrán, que
corresponde a la secretaría de educación del departamento del
Atlántico. El documento hace constar que el régimen de cesantías
del docente es anualizado y que el demandante, conservaba el
vínculo para el año dos mil quince (2015).
iv) Por medio de apoderado, el señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe
solicitó a las siguientes entidades y en las fechas que a continuación
se relacionan el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías,
intereses a las cesantías y sanción moratoria, respecto de los años
mil novecientos noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002):
Entidad Fecha de solicitud
Municipio de Manatí, Atlántico29 7 de diciembre de 2014
Departamento del Atlántico 5 de diciembre de 2014
FOMAG30 27 de noviembre de 2014
v) A través del oficio No. 0313 del veintiocho (28) de enero de dos mil
quince (2015)31, el secretario de educación departamental del
Atlántico, señaló que, en virtud de la competencia establecida por el
Decreto 2831 de 2005, era procedente remitir la solicitud a la
Fiduprevisora S.A. a efectos de su respuesta, actuación que se
realizó por medio del oficio No. 0051 del veintidós (22) de enero de
dos mil quince (2015)32.
vi) Obra el extracto de intereses a las cesantías del señor Edemir
28
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 18.
29
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 19 a 20.
30
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 21 a 22.
31
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 23 y 24.
32
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 25 y 26.
23
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
Antonio Bolívar Villafañe, proferido el veintinueve (29) de mayo de
dos mil doce (2012)33 y, la certificación del primero (1) de diciembre
de dos mil quince (2015)34, expedida por Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Departamento del Atlántico,
en que se estableció que, según el informe de extracto expedido por
la fiduciaria La Previsora S.A, la secretaría de educación
departamental del Atlántico registró los siguientes «giros e intereses
a las cesantías desde el año 2003 hasta la fecha», frente a los
servicios prestados como docente:
vii) De acuerdo con el certificado del trece (13) de marzo de dos mil
catorce (2014)35, expedido por la secretaría de educación
departamental del Atlántico, se estableció que, el señor Bolívar
Villafañe, presta sus servicios al departamento del Atlántico, desde
el veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998),
hasta la fecha, en dicha entidad territorial.
viii) Según la hoja de revisión con el asunto «PRESTACIÓN CESANTÍA
PARCIAL PARA COMPRA- PRESUPUESTO ORDINARIO», que
data del cuatro (4) de agosto de dos mil ocho (2008)36, y que fue
33
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folio 16.
34
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folio 17.
35
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 38.
36
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 94.
24
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
aportada por la secretaría de educación departamental del Atlántico,
se estableció que el demandante solicitó el retiro parcial de
cesantías, el cinco (5) de abril de dicho año. Al respecto, se destaca
la siguiente anotación que contiene el documento:
«SE INFORMA QUE SE REALIZÓ LIQUIDACIÓN CONTANDO CON LAS
CESANTÍAS REPORTADAS EN BASE DE DATOS, ESTO ES, A PARTIR
DEL AÑO 2003, SEGÚN SOLICITUD EXPRESA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, OFICIO N. 620 DE
JUNIO 23 DE 2008 […]»
ix) Reposa a su vez hoja de revisión denominada «PRESTACIÓN
CESANTÍA PARCIAL PARA COMPRA- PRESUPUESTO
ORDINARIO», que corresponde al veintitrés (23) de junio de dos mil
ocho (2008)37, en la que se estableció la siguiente observación:
«EN EL CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL SE CERTIFICA QUE CON
DECRETO 041 DEL 23-04-1998 EL DOCENTE OBTUVO NOMBRAMIENTO
Y QUE FIGURA COMO FECHA DE INICIO DE LABORES 1998-04-27,
AHORA BIEN, EN LOS REPORTES DE CESANTÍAS APORTADOS EN EL
EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN DE CESANTÍAS,
PARA EFECTOS DE LIQUIDAR LAS CESANTÍAS PARCIALES,
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1998 A 2002, AÑOS QUE SEGÚN
CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL FUERON LABORADOS POR EL
DOCENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE DEBE CERTIFICAR DICHO AÑO O
INFORMAR LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES Y ADJUNTAR LA
MISMA AL EXPEDIENTE A EFECTOS DE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN
PARCIAL DE LAS CESANTÍAS.
IGUALMENTE SE INFORMA QUE ESTA SOLICITUD NO SE PODRÁ
ESTUDIAR HASTA QUE SE LLEVE A CABO DICHA ACLARACIÓN.»
x) Mediante la Resolución No. 0728 del veinticuatro (24) de julio de
dos mil ocho (2008)38, la secretaría de educación departamental del
Atlántico reconoció a favor del señor Edemir Antonio Bolívar
Villafañe, la suma de $5.890.350, por concepto de liquidación
parcial de cesantías que solicitó el cinco (5) de abril de dos mil ocho
(2008), con destino a la adquisición de vivienda. Del contenido del
acto administrativo se destaca que, el reconocimiento se realizó
bajo el siguiente reporte de giros por dicho concepto:
37
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 95.
38
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folios 99 a 102.
25
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
xi) En el certificado del doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016)39,
expedido por la secretaría de educación del departamento del
Atlántico, se estableció, en relación con la vinculación del señor
Bolívar Villafañe, lo siguiente:
«De acuerdo a la fecha de su Nombramiento su vinculación es de carácter
Municipal Recursos propios del Municipio de Manatí, asumido por el Sistema
General de Participaciones del Dpto del Atlco, en los términos de la Ley 715
de 2001, a partir del 01/01/2003»
xii) Mediante certificado del veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis
(2016)40, el Fondo de Prestaciones Sociales de la secretaría de
educación del Atlántico, reportó que el señor Edemir Bolívar
Villafañe registra «giros e intereses a las cesantías desde el año 2003
hasta la fecha por sus servicios prestados como docente».
xiii) Según el Oficio No. 20180821967311 del veintiocho (28) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018)41, expedido por
Fiduprevisora S.A., el señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe,
registra dos retiros parciales de cesantías, conforme la relación que
se cita:
xiv) Por medio del certificado del veintiocho (28) de noviembre de dos
39
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 17.
40
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “05.anexos contestacion dpto
(hoja de vida).pdf” – Folio 18.
41
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “11.oficios-respuesta entidades
demandadas.pdf” – Folio 5.
26
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
mil dieciocho (2018), la Dirección de Afiliaciones y Recaudos de
Fiduprevisora S.A. sostuvo, respecto del señor Edemir Antonio
Bolívar Villafañe, que «presentó los siguientes nombramientos
referentes a la afiliación como docente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, los cuales fueron reportados por la secretaria
(¿sic?) de educación como entidad nominadora competente de
conformidad con lo establecido en la ley 91 del 89» [sic]. Al respecto
relacionó el siguiente esquema:
Secretaría Tipo de Tipo de Régimen Régimen Fecha de acto Número Fecha de Fecha de Estado de Fecha de
de nombra vinculación pensión de administrativo Acto posesión afiliación afiliación retiro
educación miento cesantías adminis nombramiento
trativo
Manatí Propieda Municipal Ley 33 Anualidad 23-ABR-1998 41 23-ABR-1998 21-NOV-2005 Inactivo 16/10/2018
d del 85
xv) A través del oficio No. 2014EE102699 del veinticuatro (24) de
diciembre de dos mil catorce (2014)42, expedido por la Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, se
abstuvo de resolver de fondo la petición, alegando lo establecido
por el artículo 2 del Decreto 2831 de 2005.
2.5. Caso concreto.
73. La Sala advierte que, en el sub examine, la parte demandante sostiene
que, la sentencia apelada debe ser modificada, por cuanto, en su criterio, la
sanción moratoria originada en la falta de consignación del auxilio de
cesantías, frente al periodo comprendido entre los años mil novecientos
noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002), no estaría prescrita, debido a que
ostenta un carácter periódico, persiste el vínculo laboral y no se ha consignado
el mencionado auxilio. (previo a realizar esta afirmación [la de la falta de
consignación] sugiero que verifiquemos si en efecto hubo una omisión por
parte de la entidad territorial de afiliar al Fomag al docente, lo que le dé derecho
a la consignación anual de sus cesantías en un fondo administrador diferente.
Esto, pues de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3752 de 2003, « Los
docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal
de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
42 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00008 – Archivo “01.demanda-anexos.pdf” –
Folios 25 a 26.
27
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de
octubre de 2004» [artículo 1]; esto es, la entidad tenía un plazo para afiliarlos
y, además debía considerar unos requisitos para esa afiliación, dentro de los
cuales se debía determinar «el total del pasivo prestacional, presentando de
manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que se pretende afiliar
y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio» y el «monto a pagar por vigencia se cubrirá
con los recursos que traslade el Fonpet al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio».
74. De acuerdo con los medios de prueba, está acreditado que el demandante
presta sus servicios como docente, fue vinculado por el municipio de Manatí,
Atlántico, por virtud del nombramiento realizado a través del Decreto No. 041
del veintitrés (23) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), relación
legal y reglamentaria que se extendió hasta el dieciséis (16) de octubre de dos
mil dieciocho (2018), según da cuenta el material probatorio43.
75. Ahora, de acuerdo con el certificado del doce (12) de julio de dos mil
dieciséis (2016) expedido por la secretaría de educación del departamento del
Atlántico, se colige que, esta última entidad territorial asumió la dirección y
prestación del servicio educativo, frente al municipio de Manatí, Atlántico, a
partir del primero (1) de enero de dos mil tres (2003), de conformidad con el
marco de competencias establecido por la Ley 715 de 2001, considerando que
constituía un municipio no certificado.
76. En línea con lo anterior, teniendo en cuenta que está demostrado que el
señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe, ostentó la calidad de docente desde el
veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), y además,
fue afiliado al FOMAG, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil cinco (2005),
según lo refiere el certificado del veintiocho (28) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), expedido por la Dirección de Afiliaciones y Recaudos de
Fiduprevisora S.A, está sujeto al régimen de cesantías anualizadas.
43
Según el certificado del veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), expedido por la Dirección de
Afiliaciones y Recaudos de Fiduprevisora S.A, el retiro del servicio del señor Bolívar Villafañe, tuvo lugar el 16 de
octubre de 2018.
28
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
77. Con ello, es necesario precisar que, correspondía a las entidades
territoriales, asumir, el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes
no afiliados al FOMAG. Por ello, el municipio de Manatí, Atlántico, como
entidad responsable del pago de las cesantías anualizadas del demandante,
frente al periodo comprendido entre los años mil novecientos noventa y ocho
(1998) a dos mil dos (2002), se encontraba a cargo del pago del auxilio con
sus respectivos intereses, dado que fue su empleador en esos periodos sin
afiliarla al Fondo.
78. Sobre este punto, se debe precisar que, mediante sentencia del trece (13)
de agosto de dos mil veintiséis (2026), proferida dentro del asunto con radicado
interno No. 0993-2022, esta Sala de Subsección señaló que la omisión en la
consignación de las cesantías anuales al fondo respectivo no es indicativa de
la falta de afiliación, toda vez que, únicamente permite evidenciar el
incumplimiento en el pago del auxilio y, por ende, no habilita el reconocimiento
de la sanción moratoria, dada su incompatibilidad con el sistema prestacional
previsto en la Ley 91 de 1989. No obstante, el presente asunto plantea una
hipótesis diferente, conforme pasa a explicarse.
79. En efecto, el certificado del veintiocho (28) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), expedido por la Dirección de Afiliaciones y Recaudos de
Fiduprevisora S.A., estableció de manera directa que la afiliación del señor
Bolívar Villafañe al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
tuvo lugar a partir del veintiuno (21) de noviembre de dos mil cinco (2005). De
este modo, en el presente asunto sí obra el medio probatorio cuya ausencia
fue advertida por la Sala en aquella oportunidad y que sirvió de fundamento
para estimar improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria.
80. Ahora bien, se advierte que la afiliación del señor Bolívar Villafañe se
produjo con posterioridad al extremo temporal previsto en el artículo 1 del
Decreto 3752 de 2003, cuyo trámite se encontraba a cargo del municipio de
Manatí, Atlántico, obligación que esta Sala no desconoce; sin embargo, debe
destacarse que, conforme a los medios de prueba incorporados al expediente,
específicamente al certificado previamente reseñado, la afiliación tuvo lugar
con posterioridad al límite temporal establecido en dicha norma, lo que
evidencia el incumplimiento del trámite previsto para hacer efectivo el deber
29
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
de afiliación al FOMAG.
81. Por otra parte, la Sala echa de menos que en el expediente se hubieran
acreditado las circunstancias propias del eventual trámite de determinación y
financiación del pasivo prestacional que culminó con la afiliación referida. Lo
anterior, comoquiera que la actividad probatoria desplegada por las partes
demandadas fue limitada, al punto de que el municipio de Manatí, Atlántico,
entidad que tenía a su cargo el deber de afiliación, ni siquiera se pronunció
frente a la demanda.
82. En estas condiciones, la situación acreditada en el expediente no se
circunscribe a la simple omisión en la consignación de las cesantías anuales,
de la cual, conforme al precedente citado, no podría inferirse por sí sola la falta
de afiliación al FOMAG. Por el contrario, en el presente caso se encuentra
demostrado, mediante prueba documental directa, que la afiliación del señor
Bolívar Villafañe se produjo con posterioridad al límite temporal establecido por
el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, pese a que el deber de adelantar dicho
trámite se encontraba a cargo del municipio de Manatí, Atlántico.
83. Así las cosas, al encontrarse acreditada la afiliación tardía y, a su vez, la
ausencia de elementos probatorios que permitan atribuir dicha circunstancia a
una situación distinta del incumplimiento del deber que correspondía a la
entidad territorial, no resulta jurídicamente procedente trasladar al docente las
consecuencias derivadas de una actuación administrativa que no le era
exigible. En consecuencia, la hipótesis analizada difiere sustancialmente de
aquella examinada por esta Sala en la sentencia del trece (13) de agosto de
dos mil veintiséis (2026), pues, aquí no se pretende deducir la falta de afiliación
a partir de la sola ausencia de consignación de las cesantías, sino que existe
prueba cierta de que la afiliación al FOMAG se produjo de manera
extemporánea, circunstancia que debe ser valorada para establecer las
consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del deber de afiliación.
84. Ahora bien, conforme se indicó en párrafos precedentes, de acuerdo con
lo establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de once (11) de octubre de dos mil
veintitrés (2023), el sistema especial de administración de cesantías de los
30
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
docentes, bajo el régimen de cesantías anualizadas, es incompatible con la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
lo cual, en principio, llevaría a concluir que, la pretensión de reconocimiento
de la sanción moratoria que pretende el demandante, resulta improcedente.
85. Sin embargo, se debe señalar que, la providencia de unificación del año
dos mil veintitrés (2023) previamente identificada, establece que, al personal
docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG, le será aplicable la
Ley 50 de 1990 y, por lo tanto, la sanción moratoria prevista en el artículo 99,
resulta procedente, como garantía mínima de protección social.
86. En dicho sentido, considerando que se demostró que, respecto de las
anualidades comprendidas entre mil novecientos noventa y ocho (1998) y dos
mil dos (2002), el señor Edemir Antonio Bolívar Villafañe no fue afiliado al
FOMAG por parte del municipio de Manatí, Atlántico, resulta procedente la
sanción cuyo reconocimiento pretende, la cual se rige por las pautas
establecidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
87. Una vez establecido lo anterior, es necesario señalar que, a través de la
sentencia de unificación sentencia CE-SUJ-SII-022 del seis (6) de agosto de
dos mil veinte (2020), el Consejo de Estado determinó que, la sanción
moratoria establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, está sujeta al
término prescriptivo, para lo cual fijó las reglas de unificación en punto del
cómputo del término de prescripción, a partir de la causación y exigibilidad del
auxilio de cesantías. Al respecto, se reitera que la providencia de unificación
trazó los siguientes criterios:
«(i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y exigibilidad, es
decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva.
(ii) Cuando se acumulen anualidades sucesivas de sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990 por la ausencia de consignación de cesantías anualizadas, el término
prescriptivo deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo
que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año
siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena
de su extinción.»
31
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
89. Ahora bien, a efectos de determinar la configuración del fenómeno
prescriptivo, en relación con la sanción moratoria cuyo reconocimiento
pretende el señor Edemir Bolaños Villafañe, en punto de la no consignación
del auxilio de cesantías, respecto de las anualidades comprendidas entre los
años mil novecientos noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002), se procede
a verificar la configuración del fenómeno prescriptivo, en los términos
establecidos por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social, a través del esquema que a continuación se expone:
Anualidad Exigibilidad de Fecha a partir de la Fecha de la Tiempo
la sanción cual se configura la reclamación transcurrido
prescripción
1998 15/02/1999 15/02/2002 27/11/2014 15 años, 9
meses y 12 días
1999 15/02/2000 15/02/2003 27/11/2014 14 años, 9
meses y 12 días
2000 15/02/2001 15/02/2004 27/11/2014 13 años, 9
meses y 12 días
2001 15/02/2002 15/02/2005 27/11/2014 12 años, 9
meses y 12 días
2002 15/02/2003 15/02/2006 27/11/2014 11 años, 9
meses y 12 días
90. Bajo al análisis que antecede, la Sala encuentra que, si bien el señor
Edemir Antonio Bolívar Villafañe, tenía derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria, en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, frente a la no consignación oportuna del auxilio de cesantías respecto
de las anualidades comprendidas entre mil novecientos noventa y ocho (1998)
y dos mil dos (2002), comoquiera que no fue afiliado al FOMAG, los periodos
objeto de reclamación se encuentran prescritos, por cuanto el demandante no
solicitó el reconocimiento de la sanción, en el marco temporal establecido por
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
91. Vistas así las cosas, la Sala concluye que, si bien el señor Edemir Antonio
Bolívar Villafañe tenía derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 respecto de las anualidades mil
novecientos noventa y ocho (1998) a dos mil dos (2002), por no haber sido
afiliado al FOMAG durante dichos periodos, el derecho se encuentra prescrito,
toda vez que, la reclamación fue presentada el veintisiete (27) de noviembre
de dos mil catorce (2014), cuando había transcurrido ampliamente el término
32
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
trienal contado desde la exigibilidad de cada una de ellas. Por lo tanto, no está
llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, por lo que se impone confirmar la decisión apelada.
92. Sin perjuicio de la decisión en punto del reparo previamente expuesto, la
Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en
punto a los actos administrativos que son objeto de la declaratoria de nulidad,
comoquiera que, el oficio No. 313 del veintiocho (28) de enero de dos mil
quince (2015), expedido por el secretario de educación de la gobernación del
Atlántico, que remitió por competencia el asunto ante la Fiduprevisora S.A, no
es susceptible de control judicial, comoquiera que constituye un acto de
trámite44, toda vez que, de acuerdo con su contenido, a través del mismo se
dispuso la remisión del asunto a la Fiduprevisora S.A. de acuerdo con las
competencias que dicha entidad ostenta, según el Decreto 2831 de 2005.
93. Finalmente, se debe señalar que, a través del Oficio No. 2014EE102699
del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil catorce (2014) y el acto ficto, en
punto a la petición presentada el primero (1) de diciembre de dos mil catorce
(2014) ante el municipio de Manatí, Atlántico, cuya nulidad se dispuso en
primera instancia, es necesario precisar que, a través de las mismas se trabó
la situación jurídica del señor Bolívar Villafañe, en negativa, en punto a la
solicitud de reconocimiento y pago de la petición de reconocimiento y pago de
la sanción moratoria, respecto de las anualidades comprendidas entre los años
mil novecientos noventa y ocho (1998) y dos mil dos (2002).
2.6 Condena en costas
94. Revisada la conducta de las partes en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA,
por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
44
Al respecto se destaca la definición adoptada por la Sala de Subsección en sentencia del 3 de julio de 2026, en el
asunto identificado con radicado interno No. 1866-2021, en que se indicó sobre este tipo de actos: «Por el contrario,
los actos de trámite o preparatorios, expedidos durante el desarrollo de la actuación administrativa con el propósito
de preparar una decisión posterior de fondo, no son demandables de manera autónoma por regla general, dado que
carecen de efectos jurídicos definitivos. Sin embargo, excepcionalmente pueden ser objeto de control judicial cuando
impiden la continuación de la actuación administrativa o hacen imposible su culminación.».
33
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
95. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.
2.7. Conclusiones
96. La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en
cuanto declaró configurado el fenómeno prescriptivo frente a la sanción
moratoria correspondiente a las anualidades mil novecientos noventa y ocho
(1998) a dos mil dos (2002), y modificará su ordinal segundo, en cuanto
declaró la nulidad del Oficio No. 313 del veintiocho (28) de enero de dos mil
quince (2015), por no ser susceptible de control judicial. Lo anterior, por
cuanto, si bien el demandante tenía derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues, no fue afiliado
al FOMAG en dicho periodo, la reclamación se presentó cuando ya había
fenecido el término de prescripción previsto en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, frente a cada anualidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del ocho (8) de
noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el cual quedará así:
Segundo.- Declárese la nulidad parcial del oficio No. 2014EE102699 del
24 de diciembre de 2014, proferido por el Asesor Secretaría General de
la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación
Nacional, así como del acto ficto negativo surgido a raíz del silencio del
municipio de Manatí, respecto de la petición elevada el 1° de diciembre
de 2014.
SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia del ocho (8)
34
Número Interno: 1977-2020
Demandante: Edemir Antonio Bolívar Villafañe
Demandado: FOMAG y otros
de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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