Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00162-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00162 01 (6019-2018)
Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y
Contraloría Distrital de Barranquilla
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada la excepción de
prescripción extintiva de los derechos reclamados por la señora Damaris Esther
Ojeda Torres, propuesta por las entidades demandadas.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Damaris Esther Ojeda Torres, por conducto
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en orden a que se declare la nulidad de los Oficios OJ 0942 del 18
de abril de 2015, suscrito por el jefe de la Oficina Jurídica del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y 130-005.001-028-2015 del 21 de abril de
2015, expedido por el director del Departamento Jurídico (E) de la Contraloría
Distrital de Barranquilla por los cuales se negó el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, por el no pago
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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00162 01 (6019-2018)
Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
oportuno de sus cesantías definitivas.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó reconocer la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, a razón de un día
de salario por cada día de retraso, en los términos previstos en la aludida ley;
indexar la suma que resulte por concepto de condena, en aplicación de lo previsto
en el artículo 187, numeral 4, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; disponer el pago de intereses moratorios, según lo
señalado en los artículos 192 y 195 ibidem; y condenar en costas del proceso a la
parte demandada, incluyendo agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) La demandante laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla entre el 5 de
julio de 2001 y el 31 de mayo de 2002, en el cargo de secretario, código 540,
grado 13.
(ii) A través de la Resolución 0695 del 15 de julio de 2002, se reconocieron sus
cesantías definitivas.
(iii) En el caso concreto aún no se ha configurado la prescripción, teniendo en
consideración que las cesantías reconocidas a través de la resolución antes
mencionada aún no han sido pagadas, y el término extintivo se contabiliza a partir
del momento en que se hace efectivo el pago de la prestación.
(iv) La demandante presentó demanda ejecutiva laboral que se tramita ante el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, con radicado 2009-0318.
(v) A la demandante no se le ha reconocido ni pagado, hasta la fecha, la sanción
moratoria por el retardo en el pago de sus cesantías definitivas, de conformidad
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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00162 01 (6019-2018)
Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
con lo previsto en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995.
(vi) El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es solidariamente
responsable del pago de la sanción, pues los recursos de la Contraloría provienen
de ese ente territorial.
(vii) El 7 de abril de 2015, la señora Damaris Esther Ojeda Torres formuló
reclamación administrativa ante la Contraloría Distrital y ante la Alcaldía de
Barranquilla, en procura de obtener el pago de sus cesantías definitivas y obtuvo
como respuesta los oficios 130-005.001-028-2015 del 21 de abril de 2015,
emanado de la Contraloría Distrital y OJ 0942 del 18 de abril de 2015, proveniente
del Distrito Especial, Industrial y Portuario.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política,
1, parágrafo, 2, parágrafo, 3 y 4 de la Ley 244 de 1995 y 138, 152, 162 y 166 de la
Ley 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:
(i) La administración ha incurrido en violación de normas constitucionales y legales
al negarse a expedir el acto administrativo que reconozca el derecho reclamado,
pues al no haber pagado oportunamente las cesantías definitivas, se causó la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.
(ii) En los actos administrativos cuya nulidad se pretende se refleja la voluntad de
la administración de negarse a reconocer la sanción moratoria reclamada, pese a
que su morosidad en el pago de las cesantías definitivas adeudadas conlleva la
sanción que se reclama.
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(iii) La actuación de la parte demandada no deriva de la ignorancia de las normas
superiores, sustantivas y adjetivas que se invocan, ni de la necesidad económica y
financiera de la entidad, sino del desconocimiento de los derechos mínimos
laborales que imponían el pago oportuno de las cesantías al ex servidor público, y
esa tardanza va en detrimento de los derechos de este, por ende, la
administración infringió las normas en que debía fundarse.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Contraloría de Barranquilla
El ente de control territorial, por intermedio de su apoderado, contestó la
demanda1 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo
siguiente:
(i) El ente de control no es responsable del pago de las obligaciones reclamadas,
pues producto del Acuerdo 011 de 2006 se creó el Fondo Cuenta de Liquidaciones
del Concejo, Personería, Contraloría y Fondo Cuenta de Liquidaciones del Sector
Salud de Barranquilla y sería a este al que le correspondería disponer el pago.
(ii) Aun a pesar de lo anterior, en el sub lite, se advierte que se configuró la
prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, lo que quiere
decir que como ese derecho se reclamó cuando habían transcurrido más de 3
años desde que se originaron, es viable declarar la excepción extintiva.
1.2.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
El ente territorial demandado, por conducto de su apoderado, contestó la
demanda2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo
siguiente:
1 Folios 63 a 66.
2 Folios 132 a 148.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
(i) El reconocimiento de las cesantías a favor de la demandante se produjo por
medio de la Resolución 0695 del 15 de julio de 2002 y su exigibilidad empezó a
partir del 11 de octubre de 2002; por lo tanto, a partir de ese momento empieza a
contabilizarse el término de prescripción, de manera que, para el mes de abril del
año 2015, cuando la demandante radicó la solicitud encaminada a lograr su
derecho, ya se había extinguido e igual fenómeno recae en la sanción moratoria
pretendida.
(ii) En todo caso, el Distrito de Barranquilla no estaba en la obligación de
consignar las cesantías de la demandante pues el vínculo laboral se predicaba
respecto del ente de control demandado y, en ese orden, la entidad territorial
carece de legitimación en la causa por pasiva, para actuar en esta litis. Adicional a
ello, en el expediente no reposa ningún documento que comprometa a esa entidad
a responder, en forma solidaria con la Contraloría, por el pago de la sanción
moratoria pretendida.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 22 de junio
de 2018,3 declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por las
demandadas y, en consecuencia, negó las pretensiones del libelo. Las razones
que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:
(i) La reclamación de la demandante está orientada a lograr el reconocimiento de
la sanción moratoria producto del pago inoportuno de las cesantías reconocidas a
través de la Resolución 0695 del 15 de julio de 2002; sin embargo, la aludida
penalidad se hizo exigible desde el 12 de octubre de 2002, teniendo en
consideración que la notificación del acto de reconocimiento de la prestación se
produjo el 31 de julio de ese año; no obstante, la reclamación, al respecto, se
formuló el 7 de abril de 2015, esto es, cuando estaban más que superados los 3
3 Folios 228 a 241.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
años previstos en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, para pedir su
derecho.
(ii) La anterior interpretación atiende la postura unificada del Consejo de Estado,
fijada en la Sentencia CE-SUJ004 de 2016 y demás providencias emanadas de
esa Corporación en torno a ese asunto, lo que conlleva declarar probada la
excepción que en esa materia propusieron las entidades demandadas.
1.4. El recurso de apelación
La señora Damaris Esther Ojeda Torres, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,4 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:
(i) La sentencia recurrida declaró la prescripción de la sanción moratoria; sin
embargo, esa interpretación es errónea toda vez que el fenómeno extintivo se
debe empezar a contabilizar desde el momento en que se efectuó el pago de las
cesantías definitivas, máxime cuando el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos
lleva implícita la suspensión de los términos de prescripción y la inoperancia de la
caducidad, tal como se dispone en el artículo 58, numeral 13, de la Ley 550 de
1999.
(ii) Con base en lo anterior y en consideración a que el Distrito de Barranquilla
estuvo sometido a proceso de reestructuración de pasivos desde el año 2001 y
hasta finales del año 2017, está claro que el término de prescripción quedó
suspendido; por lo tanto, no procedía declarar tal fenómeno.
(iii) Además, no debió declararse la prescripción en tanto que la demandante
presentó demanda ejecutiva laboral el 7 de octubre de 2009, la cual fue repartida,
en principio, al Juzgado Segunda Laboral del Circuito de Barranquilla y luego de
retirarla y volverla a radicar la correspondió al Juzgado Noveno de ese circuito,
4 Folios 252 a 255.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
con lo cual quedó suspendido el término para la extinción del derecho.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como la Contraloría
de ese ente territorial descorrieron el término para alegar,5 el primero de ellos
reiteró lo señalado en el memorial de contestación de la demanda y, el segundo,
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la
excepción de prescripción. La parte demandante insistió en los argumentos del
recurso.6
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si procedía
declarar probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria propuesta
por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría de
ese ente territorial o si era inviable declarar ese fenómeno, pues, en sentir de la
demandante, el hecho de que la entidad hubiera estado atravesando por un
proceso de reestructuración de pasivos y de que se hubiera iniciado un proceso
ejecutivo, interrumpía la configuración de ese fenómeno.
2.2. Marco normativo
5 Como consta en los índices 18 y 19 de la plataforma Samai.
6 Índice 15 del aplicativo Samai.
7 Folio 290.
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La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para
que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de
los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador8.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales9 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.
Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:
8 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
9 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
/- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 15 de julio de 2002,10 el contralor distrital de Barranquilla expidió la
Resolución 0695, mediante la cual reconoció unas cesantías definitivas a favor de
la señora Damaris Esther Ojeda Torres, por la labor prestada en ese ente de
control entre el 5 de julio de 2001 y el 31 de mayo de 2002. El acto administrativo
se notificó a la demandante el 31 de julio de 200211 y, respecto de él, no aparece
que se hubieran interpuesto recursos en sede administrativa.
(ii) En el año 2006,12 se expidió el Acuerdo 011,13 emanado del Concejo Distrital
de Barranquilla, «[p]or el cual se crean los fondos cuenta de liquidaciones del
Concejo, Personería, Contraloría y Fondo Cuenta de Liquidaciones del Sector
Salud de Barraquilla». Los recursos de dichos fondos tenían por objeto, entre
otros, el siguiente: «pago de obligaciones laborales y pensionales derivados del
Acuerdo de Reestructuración del Distrito de Barranquilla». En todo caso, se
precisa que en la exposición de motivos que le dio origen se dejó claro que «si
bien es cierto que el Concejo, la Personería y la Contraloría, no están en
liquidación sí están en Saneamiento Financiero con ocasión del Acuerdo de
Reestructuración del Distrito».
10 Folios 12 y 13.
11 Folio 13 vuelto.
12 En el expediente no aparece fecha del acuerdo, pero fue posterior al 5 de julio de 2006, fecha en
la cual se presentó la exposición de motivos que le dio origen, según la documental de folio 212.
13 Folios 213 y 214.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
(iii) El 7 de abril de 2015,14 la demandante formuló solicitud ante la Alcaldía de
Barranquilla y ante la Contraloría de ese ente territorial, con el fin de que se
pagara la sanción moratoria producto de la omisión de pago de sus cesantías
definitivas reconocidas a través de la resolución antes citada.
(iv) El 21 de abril de 2015,15 el contralor auxiliar con funciones de departamento
jurídico de la Contraloría Distrital de Barranquilla expidió el Oficio 130-005.001-
0028-2015, a través del cual respondió la petición formulada por la demandante y
le indicó que la reclamación de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de
las cesantías definitivas está prescrita, al tenor de lo previsto en el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.
(v) El 18 de abril de 2015,16 el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de
Barranquilla expidió el Oficio OJ 0942, por el cual respondió la reclamación de la
demandante, e informó que la Contraloría es un ente que goza de autonomía
administrativa y presupuestal y, por ende, las obligaciones que surjan como
consecuencia del vínculo laboral sostenido con ese ente de control, deben ser
asumidas por él.
(vi) El 12 de septiembre de 2016,17 el director del Departamento Financiero de la
Contraloría Distrital de Barranquilla certificó que a la demandante se le
reconocieron sus prestaciones sociales mediante la Resolución 0695 del 15 de
julio de 2002 y «hasta la fecha no han sido canceladas».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con base en los argumentos formulados en el escrito del recurso, se concluye que
el primer problema jurídico consiste en establecer si con ocasión del proceso de
reestructuración de pasivos por el que estaba atravesando la Contraloría Distrital
14 Folios 14 y 15.
15 Folio 16.
16 Folios 17 a 19.
17 Folio 168.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
de Barranquilla y el ente territorial, se suspendió o no el término de prescripción, a
fin de determinar si la declaratoria de ese fenómeno, por parte del a quo, está
ajustada a derecho.
Con el propósito de resolver lo anterior, sería del caso identificar las
particularidades del proceso de reestructuración de pasivos a que estuvo sometida
la entidad territorial y su ente de control; sin embargo, en el expediente no hay
prueba sobre tales extremos, pues, según lo relacionado en el acápite 2.3 de esta
providencia, la única constancia de ese proceso de reestructuración de pasivos,
en el sub lite, es la exposición de motivos que le dio origen al Acuerdo 011 de
2006 y su texto.
En tales condiciones, y según lo previsto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, si la demandante pretendía hacer valer la presunta interrupción del
término de prescripción con ocasión del proceso de reestructuración de pasivos,
debió demostrar la suscripción del acuerdo respectivo, el término de duración de
dicho proceso y las determinaciones que allí se adoptaron, para confrontar sus
argumentos con lo decidido y arribar a las conclusiones que de tal análisis
derivaran; sin embargo, como ello no ocurrió en el caso bajo análisis, no puede
acudir a ese argumento para eximirse de la obligación de reclamar oportunamente
el derecho pretendido.
En todo caso, la Sala considera oportuno señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación ha considerado que un proceso de reestructuración, como el que
alude la recurrente, no tiene por virtud suspender el término de prescripción de la
sanción moratoria que surge como consecuencia de la tardanza en el pago de las
cesantías, comoquiera que esta es una penalidad que se causa por el
incumplimiento del empleador y no una prerrogativa laboral, de manera que tal
connotación —de penalidad— le permitía promover el reclamo ante la
administración y en sede judicial aún a pesar de la reorganización financiera por la
que estaba atravesando la entidad territorial y su ente de control, sin que respecto
de esta se predicara la suspensión que se invoca. Así se ha sostenido:
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
28. Además, la norma transcrita establece una garantía a favor de las obligaciones
laborales causadas durante un proceso de reestructuración. Sin embargo, ello no
puede suspender el término de prescripción de la sanción moratoria, pues
dicha penalidad no constituye una prestación social ni una prerrogativa
laboral sino un apremio al empleador para el reconocimiento oportuno de las
cesantías definitivas18, de manera que el acuerdo de reestructuración no le
impedía a la actora efectuar el reclamo ante la administración, pues como se
expuso, es una obligación cuya naturaleza jurídica y exigibilidad difiere
sustancialmente de la prerrogativa laboral.19 [Resalta la Sala]
En las anteriores condiciones, la Sala concluye que el argumento aducido por la
señora Ojeda Torres no tiene vocación de prosperidad, pues al tratarse de una
penalidad, debió realizar el reclamo oportuno de esta ante la autoridad
correspondiente, y como no lo hizo, pues las cesantías fueron reconocidas a
través de la Resolución 0695 del 15 de julio de 2002 y la reclamación de la
sanción moratoria se formuló hasta el 7 de abril de 2015, es decir, cuando habían
transcurrido casi 13 años desde el momento en que tal penalidad era exigible —16
de julio de 2002—20 era viable que el juez de instancia declarara probado el
fenómeno extintivo propuesto por la parte demandada, el cual se configuró el 5 de
octubre de 2005.21
Ahora bien, la accionante, en el escrito del recurso, plantea un elemento adicional
que, en su sentir, habría dado lugar a la suspensión del término extintivo, que
consiste en la tramitación de un proceso ejecutivo encaminado a obtener el pago
18 Cita propia del texto transcrito: «En sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de fecha 18 de
julio de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez se estableció que la sanción moratoria es: «[…] es
una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de
manera oportuna la mencionada prestación…»
19 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2020, radicación: 08001 23
33 000 2014 00032 01, número interno: 2318-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En todo caso,
se precisa que esa postura también ha sido acogida por la Subsección A, en sentencia del 29 de
septiembre de 2022, radicación: 08001 23 33 000 2015 00340 01, número interno: 1266-2019, M.P.
William Hernández Gómez.
20 Se precisa que los 45 días con que la administración contaba para realizar el pago de las
cesantías definitivas se cuentan a partir del 16 de julio de 2002, comoquiera que el 15 de ese mes
y año se notificó la resolución de reconocimiento de esa prestación y, en el expediente no obra
prueba de la fecha de reclamación de tales cesantías.
21 Teniendo en consideración que el 4 de octubre de 2002 vencieron los 45 días con que la
administración contaba para realizar el pago; por lo tanto, los 3 años durante los cuales se podía
ejercer el reclamo oportuno de la sanción transcurrieron entre el 5 de octubre de 2002 y el 5 de
octubre de 2005.
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Radicado: 08001 23 33 000 2015 00162 01 (6019-2018)
Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
de las sumas reconocidas por concepto de cesantías, a través de la Resolución
0695 del 15 de julio de 2002; no obstante, en el expediente no obra prueba de la
demanda ejecutiva, a fin de establecer si en ella se pretendió el reconocimiento de
la sanción moratoria que se reclama en este asunto y, con ello, identificar si su
tramitación tenía incidencia en torno a esa pretensión.
En todo caso, en el hecho 5.º de la demanda se informó, por parte del apoderado
de la señora Ojeda Torres,22 que la demanda se radicó, en un primer momento, el
7 de octubre de 2009, cuando le correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Barranquilla, luego se retiró y, se volvió a instaurar el 14 de
diciembre de 2009, y, en esta ocasión, su conocimiento fue asignado al Juzgado
Noveno de ese circuito, es decir, 7 años después de que se hizo exigible la
sanción moratoria, de manera que, en todo caso, y aun a pesar de que en ese
trámite judicial se hubiera pretendido tal penalidad, no habría tenido la virtualidad
de interrumpir el fenómeno prescriptivo, pues ya se había configurado desde el 5
de octubre de 2005, esto es, tres años después del momento en que se hizo
exigible y tres años antes del inicio del proceso ejecutivo que se pretende invocar
como hito de suspensión del término extintivo.
En las anteriores condiciones, la Sala concluye que la señora Damaris Esther
Ojeda Torres no logró demostrar que, en el caso bajo análisis, no se configuró el
fenómeno extintivo y ello da lugar a confirmar la sentencia de primera instancia
que declaró probada la excepción que, al respecto, propusieron el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría Distrital.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,23 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
22 Folio 4.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 24 la Sala
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues no
prosperó el recurso de apelación y la parte demandada actuó en esta instancia.25
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró probada la excepción de prescripción extintiva
propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la
Contraloría Distrital, y denegó las pretensiones de la demanda, y se impondrá
condena en costas de segunda instancia a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de junio de 2018, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de prescripción
extintiva propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y
24 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
25 Presentó alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en folio 290 y en
los documentos adjuntos a los índices 18 y 19 de la plataforma Samai.
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Demandante: Damaris Esther Ojeda Torres
la Contraloría Distrital, y denegó las pretensiones de la demanda en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por la señora Damaris
Esther Ojeda Torres, en contra de las autoridades ya citadas, por las razones
expuestas en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Claudia Marcela Reyes
Gutiérrez como apoderada judicial de la Contraloría Distrital de Barranquilla en la
forma y términos del poder adjunto en el índice 21 de la plataforma Samai y a la
abogada Tatiana Marcela Soto Contreras, como apoderada de dicha entidad de
control, según el poder que figura en el índice 23 del aludido aplicativo, pero se
precisa que esta última es quien ejerce, en la actualidad, la representación de tal
entidad.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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