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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00357-01

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2015-00357-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía las costas del proceso, y FIJAR la suma de trescientos doce mil doscientos once pesos ($312.211) por concepto de agencias en derecho a pagar en partes iguales. TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2015-00357-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

3 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil y del Estado. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser
cierto, personal y determinado o determinable. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético.
CARGA DE LA PRUEBA-Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que persiguen.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 2 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Alba Rosa Escorcia Barraza y su núcleo familiar formularon demanda de reparación
directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros por
el presunto error jurisdiccional en el que incurrió la Inspección Segunda de Policía
de Reacción Inmediata en la diligencia realizada el 5 de junio de 2013, en la que los
demandantes fueron desalojados del Lote No. 4 Tamarindo II, predio Los Girasoles,
ubicado en Galapa, Atlántico, pese a que la autoridad había ordenado el statu quo
sobre el inmueble.

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

ANTECEDENTES
La demanda

El 7 de septiembre de 20151, Alba Rosa Escorcia Barraza y otros, a través de
apoderado, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional, el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para que se
reconocieran las siguientes pretensiones:

Que se declare administrativa, extracontractual, solidaria y patrimonialmente
responsables al Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía por los perjuicios materiales e inmateriales, por falla en el servicio, causados
a raíz del desalojo arbitrario del predio “Los Girasoles”, ubicado en el municipio de
Galapa, Atlántico, al que fueron sometidos.

Perjuicios de orden material, por daño emergente:
a) Daño emergente por la suma de $6.000.000.000 equivalente al valor de las 2
hectáreas, cada una con 10.000 metros cuadrados, del predio desalojado.
b) La suma de $50.902.000 por los daños y perjuicios sobre los cultivos, crías y
enseres, con los que contaban en el terreno y que fueron afectados por la demolición
y destrucción del inmueble.
Perjuicios de orden material, por lucro cesante:
La suma que considere el juez, cuya tasación se tendrá cuantitativamente, como lo
pagado por el daño emergente, en razón al hecho de haberse efectuado ese gasto,
sobre todos los daños irrogados a las demandadas, o lo que determine un perito.

Perjuicios de orden inmaterial, por perjuicios morales:
Para Alba Rosa Escorcia Barraza, la suma de 100 SMLMV correspondientes a
$64.435.000.
Para sus hijos, Dumas José, Osman Enrique, Sinthia Milena y Yurani Esther de la
Hoz Escorcia, la suma de 50 SMLMV, correspondientes a $32.221.750, para cada
uno.
Es decir, en total por concepto de perjuicios morales la suma de $193.322.000 2.

Hechos

La señora Alba Rosa Escorcia Barraza es viuda y madre soltera de Dumas José,
Osman Enrique, Sinthia Milena y Yurani Esther de la Hoz Escorcia.

En la demanda se afirma que en febrero de 2003, la señora Escorcia Barraza y sus
hijos ingresaron al predio de mayor extensión identificado con la matrícula

1 Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 1.
2
Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 8. En el documento
01DEMANDAANEXOS(.pdf)

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

inmobiliaria No. 040-34989, el cual fue dividido en cuatro lotes. Los demandantes
ocuparon el último de ellos, denominado "Lote No. 4 El Tamarindo II", que constaba
de 143 hectáreas más 5.942.52 metros cuadrados y al cual le fue asignada la
matrícula inmobiliaria No. 040-3893393.

Específicamente, los demandantes ocuparon una parcela de dos hectáreas (2.0
Has) denominada "Los Girasoles", ubicada dentro del Lote No. 4 El Tamarindo II.

Manifiestan los demandantes que en su condición de campesinos desplazados por
la violencia, los accionantes parcelaron el predio utilizando postes enlazados con
alambres de púas, y ejercieron la posesión de manera pacífica, sin ser perturbados
ni molestados. No conocieron propietario, poseedor ni tenedor alguno del predio, lo
que les permitió desarrollar actividades de cría de animales y labores de agricultura
como cultivos de mango, plátano, ahuyama, entre otros, que comercializaban en el
mercado público de Barranquilla.

Se expone en la demanda que la posesión se mantuvo tranquila durante más de
diez (10) años, hasta que comenzaron a circular rumores sobre proyectos de
construcción, tales como el Corredor Vial Cartagena-Barranquilla, la zona franca
Zofia y la Avenida Circunvalar de la Prosperidad, lo que hizo que los predios
adquirieran valor y se convirtieran en objeto de interés de "personas poderosas" de
Barranquilla.

Según la demanda, dentro de los intereses relacionados con el despojo de los
predios, se organizó el proceso de legalización del Lote No. 4, que pertenecía a la
sociedad Cardenar Ltda. en liquidación, la cual transfirió el derecho de dominio de
dicho predio a la sociedad Warehouse Overseas Enterprises Corp., sociedad con
domicilio en Panamá. Esta adjudicación fue ratificada en la junta extraordinaria de
socios celebrada el 31 de diciembre de 2004 por la sociedad Cardenar Ltda. en
liquidación.

El señor Guillermo Cárdenas Peláez, en su calidad de administrador y tenedor del
Lote No. 4, presentó una querella policiva por perturbación de la posesión que fue
tramitada por la Inspección Quinta de Policía Urbana de Barranquilla.

3 Samai, índice 2. En el documento ED_073EXPPOLICIVO043(.pdf). Páginas 8 y 9

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

La inspección ocular contó con la intervención de un perito. En el acta levantada el
11 de julio de 2008, consta que el abogado Milton Ramón Vargas Colina presentó
oposición a la querella como representante de los señores Ranci Gómez Mejía,
Martina Padilla Cuadro, Roberto Rafael Yepes Meza, Wikman Mercado Fuentes,
Orlando Eliécer Jiménez Acosta, Andrés Ortega Sierra, Alfredo Rafael Arroyo
Vargas, Roberto Rafael Martínez García, Luis Alberto Páez García, Inocencio José
Torres Gómez y Leandro Valderrama Caicedo. La señora Alba Rosa Escorcia
Barraza no fue registrada en el acta porque se encontraba en una ubicación distante
dentro del Lote No. 4.

De acuerdo a la demanda, como antecedente de la solicitud de amparo policivo se
destacó un acuerdo del 16 de junio de 2004, suscrito entre los representantes de
los propietarios del Lote No. 4 y los poseedores de dicho predio. En el acuerdo se
pactó la distribución del bien, y se asignó el 50% a los propietarios y el 50% restante
a los poseedores. En ese documento, que la parte demandante considera apócrifo,
tampoco aparece la señora Escorcia Barraza.

En el procedimiento policivo se dictó un auto del 25 de agosto de 2008, en el cual
se ordenó el statu quo por considerar que el predio estaba invadido por personas
“extrañas”.

El 8 de septiembre de 2008, la Inspección Quinta de Policía expidió la Resolución
No. 0239, que fue confirmada el 17 de julio de 2009 por la Oficina de Inspecciones
y Comisarías de Barranquilla, en la cual se concedió el amparo policivo de la
posesión y tenencia.

La demanda expuso que tras varias denuncias ante entidades de control y una
acción de tutela, la Inspección Quinta de Policía de Barranquilla dejó a las partes en
libertad para acudir a la jurisdicción ordinaria civil, con el objeto de resolver el
conflicto sobre los terrenos, y decretó el statu quo sobre esa actuación. Sin
embargo, mediante auto del 5 de julio de 2012, fijó para el 12 de julio siguiente la
diligencia de verificación del predio.

El día de la diligencia, el señor Inocencio Pérez Borja, a través de sus apoderados,
advirtió de la existencia del statu quo sobre el predio, medida en virtud de la cual la

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

señora Alba Rosa Escorcia Barraza no se había visto afectada por las decisiones
policivas hasta ese momento.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, a través de apoderada, solicitó
a la Inspección de Reacción Inmediata el cumplimiento del fallo del amparo policivo
sobre el Lote No. 4, el cual, según el folio de matrícula inmobiliaria con última
anotación de fecha 22 de enero de 2010, registraba una escritura de compraventa
de la sociedad Warehouse Overseas Enterprises Corp. (vendedora) a favor de la
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (compradora).

Según la demanda, en el acta del 26 de mayo de 2010 en la cual sí figuró la señora
Escorcia Barraza, la Inspección de Reacción Inmediata consignó que no se trataba
de una diligencia policiva, ya que esa actuación se había realizado en una fecha
anterior. Aunque en el acta se dejó constancia del desalojo, este en realidad no se
llevó a cabo; los ocupantes no fueron expulsados ni se adoptaron medidas para el
cerramiento y protección del bien.

Sin embargo, en diligencia del 5 de junio de 2013, realizada por la Inspección
Segunda de Policía de Reacción Inmediata, la señora Escorcia Barraza y su núcleo
familiar fueron desalojados del Lote No. 4 Tamarindo II a pesar de que sobre el
inmueble se había ordenado el statu quo. Los demandantes sufrieron graves daños,
pues su vivienda fue derribada y los cultivos fueron destrozados con una
retroexcavadora y maquinaria pesada; adicionalmente, se desplazaron todos los
animales.

En el acta de esa diligencia se consignó que la actuación obedecía al cumplimiento
de una sentencia, y que la señora Mery Beatriz Benítez Romero actuaba como
querellante, en representación de Guillermo Cárdenas Peláez.

Según lo dicho en la demanda, todo fue montado apócrifamente, y no había
legitimación en la causa por activa porque la señora Benítez Romero representaba
los intereses de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mientras que el
señor Guillermo Cárdenas Peláez estaba representado por la abogada Marina
Berdugo Jaimes.

La parte demandante argumentó que la "acción posesoria y/o tenencia" interpuesta

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
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por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía ante la Inspección Segunda
de Policía de Reacción Inmediata constituyó un acto ilegal. Alegó la falta de
competencia material, ya que el conocimiento de la controversia correspondía a la
jurisdicción ordinaria civil. Sostuvo que se presentó una vía de hecho, abuso y
desviación de poder que causó angustia, dolor y afectaciones psicológicas por falla
en el servicio, que generó un estado de empobrecimiento y mendicidad para los
demandantes, y un enriquecimiento sin causa a favor de las demandadas, lo que
también rompió el equilibrio de las cargas públicas 4.

Contestaciones de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda. Alegó la inexistencia de un nexo causal entre el hecho
y el daño, y argumentó que la competencia para restituir o restablecer el derecho a
la propiedad corresponde a las inspecciones de policía. La Policía Nacional, previa
solicitud, se limita a asistir a la diligencia para brindar protección y garantizar el
orden.

Propuso la excepción de falta de legitimación material en la causa por activa, toda
vez que ni la señora Alba Rosa Escorcia Barraza ni sus hijos tienen la titularidad del
bien inmueble sobre el que solicitan los perjuicios. Expresó que son meramente
poseedores del predio con matrícula No. 040-0389339, que estuvo registrado a
nombre de Cardenar Ltda. en liquidación, luego a nombre de Warehouse Overseas
Enterprises Corp., y el cual finalmente se hizo tradición a la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía con matrícula No. 040-409421. Alegó que no existe
prueba de propiedad real de los demandantes ni de que hayan invocado la
prescripción adquisitiva de dominio por posesión en juicio ordinario civil.

También propuso como excepción la culpa exclusiva de la parte demandante, y
sostuvo que las instituciones del Estado actuaron dentro del marco legal aplicable
a este tipo de procedimientos. Señaló que sí es cierto que la parte actora ocupaba

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Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 8. En el documento
01DEMANDAANEXOS(.pdf)

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un "asentamiento (invasión)" sobre un predio ajeno con ánimo de propietaria y
explotaba dicho predio bajo la condición de desplazada por la violencia, pero que
su actuación se encontraba "al margen del orden y de la ley". Por tal motivo, los
verdaderos propietarios estaban en su derecho de invocar las acciones judiciales
correspondientes para restablecer su dominio5.

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se opuso a las
pretensiones de la demanda. Argumentó que las pretensiones no estaban llamadas
a prosperar por la inexistencia de un daño antijurídico. Aseguró que la parte
demandante no plasmó en la demanda la totalidad de los hechos; y añadió que el
proceso policivo anexo a la demanda debía ser estudiado a profundidad, ya que allí
estaba consignada la totalidad de hechos ocurridos.

Aseguró que en el acta del 5 de junio de 2013, correspondiente a la diligencia
realizada para darle cumplimiento a la sentencia de amparo policivo, no hay
constancia que la señora Alba Rosa Escorcia Barraza tuviera un inmueble o casa
de habitación en el predio invadido. En el acta aparece una descripción de los
cambuches encontrados en el lugar y la relación de los ocupantes del predio, en
donde tampoco aparece el nombre de la señora Alba Rosa Escorcia Barraza.

El Distrito argumentó que en la diligencia mencionada estuvo presente el personero
delegado, quien en calidad de Ministerio Público firmó el acta y constató que la
señora Alba Rosa Escorcia Barraza, a pesar de no estar relacionada como
ocupante, sí se encontraba en el predio perturbando la posesión, buscando engañar
a la administración de justicia, haciéndole creer que era afectada y que el despacho
policial no tenía competencia para realizar el desalojo. Por lo tanto, la actuación de
la administración distrital realizada a través de la Inspección de Policía Urbana no
fue una actuación irregular ni contraria a la ley.

Propuso como excepción la caducidad de la acción. Sostuvo que la diligencia de
desalojo ocurrió el 26 de mayo de 2010 y la demanda se presentó el 7 de septiembre
de 2015, es decir, más de cinco años después de ocurrido el daño demandado,

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Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 8. En el documento
05CONTESTACIONPOLIN(.pdf)

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consistente en el despojo arbitrario de la parcela donde vivían y desarrollaban
labores de ganadería y agricultura.

También propuso la excepción de inexistencia del daño antijurídico. Argumentó que
para declarar la responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de la existencia
de un daño antijurídico y que ese daño le sea imputable a la entidad pública, bajo
cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, ya sea por falla del
servicio, daño especial o riesgo excepcional. Sin embargo, en este caso los
demandantes pretendieron obtener un resarcimiento de unos supuestos perjuicios
como consecuencia del desalojo del predio donde se habían establecido, pero estos
supuestos daños no le son imputables a la entidad pública, ya que su actuar fue
conforme a la ley6.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se opuso a las pretensiones de
la demanda porque, en su concepto, carecía de sustento jurídico, legal, fáctico,
constitucional y jurisprudencial.

Sostuvo que no existe prueba de que los demandantes hubiesen estado en
posesión de morada y hubiesen ejercido actividades agrícolas en el inmueble de la
controversia; por el contrario, ninguno se encuentra relacionado en el proceso
policivo. Además, no debe perderse de vista que este no es el proceso ni la
jurisdicción para demostrar la alegada posesión.

También argumentó que carecía de competencia para asumir responsabilidad por
actuaciones administrativas desarrolladas en materia de amparo policivo por
perturbación a la posesión, ya que su objeto o funciones están encaminadas a
realizar actividades de solución de vivienda a favor de sus afiliados miembros de la
fuerza pública.

Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que
esta entidad no es competente para conocer ni actuar en la controversia toda vez
que su objeto recae específicamente en brindar soluciones de vivienda a los

6
Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 8. En el documento
04CONTESTACIONDISTRI(.pdf)

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miembros de la fuerza pública. No cumple funciones policivas, lo que evitó que
tuviera relación causal con la ejecución de una operación administrativa llevada a
cabo por la Inspección Quinta de Policía de Barranquilla.

También presentó las excepciones de falta en la causa para demandar o
inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado,
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, ineptitud de la demanda,
indebida escogencia del medio de control y caducidad.

Sentencia de primera instancia

El 2 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda. El
tribunal consideró que las pruebas allegadas no acreditaron la totalidad de los
requisitos exigidos para imputar responsabilidad al Estado bajo el régimen de falla
en el servicio.

Estableció que en ninguna de las piezas de los procesos policivos anexados al
expediente se registra que los accionantes fueran ocupantes del referido inmueble,
es decir, no se acreditó la posesión alegada sobre la parcela “Los Girasoles” y
menos aún que los demandantes estuvieran amparados por el statu quo alegado
en la demanda.

Por último, declaró probadas las excepciones de falta de causa para demandar o
inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
e inexistencia del daño antijurídico propuestas por las demandadas7.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que en el proceso sí existen pruebas suficientes que demuestran
el daño antijurídico sufrido por los actores. Argumentó que no se hizo un análisis
objetivo a las pruebas allegadas y señaló que las pruebas aportadas indican la

7 Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 29.

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ubicación territorial del predio Tamarindo II, Lote 4 y que los daños sufridos se
concretaron dentro de la actuación policiva.

Señaló que la relación causal que dio origen a la demanda fue el acta de diligencia
de inspección ocular del 5 de junio de 2013, realizada por la oficina de inspecciones
y comisarías de familia de Barranquilla en cabeza de su titular, el inspector de policía
Genaro César Guell Flores, funcionario de la Inspección Segunda de Policía de
Reacción inmediata, quien, sin perjuicio de competencia asignada, ordenó el
desalojo en el que resultaron afectados los demandantes.

Por último, solicitó se revocara íntegramente la sentencia apelada y en su lugar se
declarara la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de la falla del
servicio en cabeza de las entidades demandadas y condenarlas al reconocimiento
de las pretensiones de la demanda8.

Trámite de segunda instancia

El tribunal concedió el recurso de apelación el 26 de octubre de 20239, y el 8 de
marzo de 2024 el despacho admitió el recurso10. El expediente entró al despacho
para fallo el 8 de mayo de 2024, y las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó 7 de septiembre de 2015. Por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA11, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos

8 Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 31.
9 Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 33.
10 Visible a índice 4 de Samai.
11
«Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».

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que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código12, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. Según el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa administrativa
conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya
causa sea una acción u omisión de una entidad estatal 13. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA14, según el cual son de su competencia los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta corporación es competente debido a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA15, esto es, $322.175.00016.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta

12 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
13 Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable (…).
14 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…).
15
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).
16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500.

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a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se cuestiona17. En
este caso, el medio de control de reparación directa es el que resulta procedente,
por reclamarse el daño derivado de la presunta falla del servicio, arbitrariedad y
abuso de poder cometido por las entidades demandadas y específicamente por el
Inspector Segundo de Policía de Reacción Inmediata de Barranquilla, al haber
desalojado a los demandantes del Lote 4, Tamarindo II.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el literal i) del
artículo 164.2 del CPACA18, es de dos años contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –7 de septiembre de 201519– porque la
demandante tuvo conocimiento del daño reclamado el 5 de junio de 2013, fecha en
la que los demandantes fueron desalojados materialmente del Lote No. 4 Tamarindo
II20.

En efecto, el 5 de junio de 2015 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación prejudicial, es decir, faltando un día para que operara la caducidad. La
audiencia de conciliación se declaró fallida el 4 de septiembre de 2015, según da
cuenta la constancia original expedida por la Procuraduría 117 Judicial II para
asuntos administrativos y con radicado 196398-183521. Así las cosas, el término de
caducidad se suspendió hasta esa fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 640 de 2001. Al día siguiente se reanudó el conteo por el día faltante, que
vencía el 5 de septiembre de 2015; sin embargo, al ser sábado, se pasó al día hábil

17 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
18Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia (…).
19
Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 1.
20
Samai, índice 2. En el documento ED_173RAD0232008CU(.pdf). Páginas 38 a 42.
21 Samai, índice 2. En el documento ED_01DEMANDAANEXOS(.pdf). Página 52

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

siguiente, es decir al lunes 7 de septiembre de 2015.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar si procede la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de las demandas por error jurisdiccional y por la operación administrativa
de desalojo llevada a cabo en el marco de una actuación de naturaleza policiva

Legitimación en la causa

6. Alba Rosa Escorcia Barraza, Dumas José de la Hoz Escorcia, Osman Enrique de
la Hoz Escorcia, Sinthia Milena y Yurani Esther de la Hoz Escorcia son las personas
sobre la cual recae el interés jurídico que se debate en este proceso porque fueron
los desalojados del predio “Los Girasoles”.

El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional está legitimado en la causa por
pasiva, pues fue la entidad que asistió a la diligencia de desalojo, brindando
protección y garantizando el orden.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa
por pasiva, porque se asegura que omitió la adopción de medidas preventivas para
evitar los daños alegados en la demanda.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía está legitimada en la causa por
pasiva por haber solicitado a la Inspección de Reacción Inmediata el cumplimiento
del fallo del amparo policivo sobre el Lote No. 4 y que terminó en el desalojo de los
demandantes.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia que negó las pretensiones fue recurrida exclusivamente por
la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con los artículos 320 y
328 del CGP, es decir, en relación con los puntos que fueron objeto del recurso.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

El daño como presupuesto de la Responsabilidad Patrimonial del Estado

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión de las autoridades. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado,
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese orden y para
satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial del Estado, el primer
elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin cuya existencia
resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales
de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que
incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90
constitucional22.

De esta manera, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo23 y lícito24 es el primer elemento que debe quedar certera y
suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya existencia
y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:

[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de
que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Rad. 12.625: Como lo ha

señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es
la existencia del daño, puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier
otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos. En efecto, en sentencias proferidas dentro de los
procesos acumulados 10.948 y 11.643 y número 11.883, se ha señalado tal circunstancia; precisándose en ésta
última, que “... es indispensable, en primer término, determinar la existencia del daño y, una vez establecida la
realidad del mismo, dilucidar sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico,
puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...”, y, por
tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la
imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340
24 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de

una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil
–imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir
de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis
doctoral, universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada
en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en
todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado
de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y
juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar,
hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la
calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil 25.

El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto26, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación27. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.

Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del CGP, prescribe: “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. De ahí
que no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia
del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su
pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio28.

9. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es
decir, que aparezca como real y efectivamente causado, porque si se trata solo de
una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable. Así lo
ha establecido la jurisprudencia:

“[...] para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser directo
y cierto: lo primero, porque sólo corresponde indemnizar el daño que se presenta
como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si no aparece como
real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra
en el concepto jurídico de daño indemnizable29”

25 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan

Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 «…el

perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública».
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del
daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no
se probó su existencia.”
27
Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88 y
104
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50.802.
29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial.
Tomo CLII, No. 2393, p 320.

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Proceso: Reparación directa

Así las cosas, un daño con carácter eventual o hipotético, fundado en suposiciones
o conjeturas no es susceptible de indemnización, ya que los conceptos de
eventualidad y certeza son opuestos y el daño, se reitera, debe ser cierto. Al
respecto, la doctrina nacional ha indicado que la existencia es la característica que
distingue al daño cierto, en tanto es indispensable que esta se pruebe, ya sea
demostrando que el daño ya se produjo o que se producirá –daño futuro–30.

Adicionalmente, el juez debe distinguir entre la certeza de la existencia del daño y
la existencia de su cuantía, por cuanto aquella hace referencia a la verificación de
que el daño haya ocurrido verdaderamente y la segunda, a determinar y establecer
el monto indemnizable. En ese sentido, el fallador debe tener la “íntima convicción
de que el daño existió o existirá”31. Al respecto, esta Corporación ha indicado que
la certeza del daño está relacionada con la “evidencia y seguridad”32 de que aquel
existe o va a existir.

Caso concreto

10. En el proceso quedó acreditado que, en el expediente policivo con radicado 023-
2008, el 11 de julio de 2008 se realizó una diligencia de inspección ocular con peritos
nombrados de la lista de auxiliares de la justicia y que fue llevada a cabo por la
Inspección Quinta de Policía Urbana de Barranquilla. En dicha diligencia, el
abogado Milton Ramón Vargas Colina, actuando en representación de diversas
personas que reclamaban la posesión del inmueble, expresó su oposición a la
misma. En la diligencia no se registró la identificación de ninguno de los
demandantes.

En ese procedimiento se profirió la Resolución 0239 del 8 de septiembre de 2008,
en la que se dejó constancia que en la diligencia de inspección ocular fueron
atendidos por los señores Darinel Enrique Arias Pacheco y Henry Antonio Ruiz
Sativa, plenamente identificados y quienes bajo gravedad de juramento
manifestaron ser los vigilantes del lote, contratados por el señor Guillermo Cárdenas

30 HENAO, Juan Carlos. El Daño, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 129 y 130.
31
TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, Legis Editores S.A., 2018, p. 338.
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 1998, Rad.10478, C.P.: Ricardo Hoyos
Duque.

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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

Peláez. También se dejó constancia que estando dentro de la diligencia, notaron la
presencia de varios campesinos quienes en su mayoría se encontraban armados
de machete y fueron identificados.

La Inspección Quinta de la Policía Urbana de Barranquilla en ejercicio de la función
de policía y por autoridad de la ley determinó:

"Art. 1 Conceder el amparo policivo a la posesión y tenencia solicitado por el señor
GUILLERMO CARDENAS PELAEZ, sobre el inmueble lote 4 con Matrícula
Inmobiliaria no. 040389339, con una extensión de 143 hectáreas 5.942.51 mts2.
Art. 2. Ordenar a los señores:
• RANCY GOMEZ MEJIA
• MARTINA PADILLA CUADROS
• ROBERTO RAFAEL YEPEZ MEZA
• WIKMAN MERCADO FUENTES
• ORLANDO ELIECER JIMENEZ ACOSTA
• ANDRES ORTEGA SIERRA
• ALFREDO RAFAEL ARROYO VARGAS
• ROBERTO RAFAEL MARTINEZ GARCIA
• LUIS ALBERTO PAEZ GARCIA
• INOCENCIO JOSE TORRES GOMEZ
• LEANDRO VALDERRAMA CAICEDO y demás personas indeterminadas que
cesen en cualquier acto de perturbación contra el predio antes mencionado cuya
posesión y/o tenencia ostenta el señor GUILLERMO CARDEN PELAEZ.
Art. 3 Volver a las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse la
perturbación.
Art. 4 Ordenar al señor GUILLERMO CARDENAS PELAEZ, hacer el respectivo
cerramiento del lote No. 4. (...)33"

La Sala constata que la resolución mencionada fue confirmada en todas sus partes
el 17 de julio de 2009 por la Oficina de Inspecciones y Comisarías de Barranquilla,
y en ella no se encuentra registrado el nombre de ninguno los demandantes en el
presente caso34.

El 25 de mayo de 2010, los campesinos, desplazados y poseedores le solicitan a la
Procuraduría General de la Nación les designe un delegado para asuntos agrarios
y un delegado que conozca de la problemática de los desplazados y sus derechos,
para que investigue las conductas atípicas realizadas por funcionarios públicos del
Departamento de Inspección General y de la Personería Distrital de Barranquilla.
Entre los firmantes, no registra el nombre de ninguno de los demandantes35.

33
Samai, índice 2. En el documento ED_178RAD0232008CU(.pdf). Páginas 7 a 18 y 27.
34
Samai, índice 2. En el documento ED_178RAD0232008CU(.pdf). Página 21.
35 Samai, índice 2. En el documento ED_174RAD0232008CU(.pdf). Páginas 31 a 34.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

El 26 de mayo de 2010, la Inspección de Reacción Inmediata suscribió acta de
diligencia de seguimiento y control a orden de policía. En ella se consignó que en el
predio fueron encontrados varios “cambuches de madera”, algunos ocupados y
otros desocupados. Los cambuches fueron desmontados y se ordenó la salida de
las personas que se encontraban en el lugar. En dicha acta, contrario a lo
manifestado en los hechos expuestos en la demanda, tampoco se menciona el
nombre de la señora Alba Rosa Escorcia Zapata ni el de alguno de sus hijos36.

El 12 de julio de 2012, la Inspección Quinta Urbana de Policía de Barranquilla,
también expidió acta de “diligencia de verificación” sobre el predio, en la que
tampoco se hizo constar la presencia de los accionantes37.

Obra en el expediente acta de “diligencia de inspección ocular" llevada a cabo el 5
de junio de 2013 por la Inspección Segunda de Policía de Reacción Inmediata, la
cual hace referencia a los desalojos de los demandantes, y en cuyo contenido se
detalla que se procedió a verificar la existencia de "cambuches". En un extracto del
acta se mencionó lo siguiente:

"(...) Continuando con el recorrido, se encontró un cambuche construido con retazos
de telas, madera y plásticos, con techo de zinc, habitado por una persona que se
identificó como José Francisco De la Hoz, quien manifestó ser desplazado del Vallito
(César) y estar cuidando el predio para el señor Chencho. Aseguró que llevaba un
año en el lugar. Se le informó el motivo de la diligencia, se le ordenó desocupar el
predio y se procedió al desmonte del cambuche. Una vez desmontado el cambuche,
el recorrido continuó(...)38".

En los anexos de la demanda, obran los registros civiles de Dumas José, Osman
Enrique, Sinthia Milena y Yurani Esther de la Hoz Escorcia. La Sala verifica y
confirma que su padre es José Francisco de la Hoz Caballero, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 875.881 de Usiacurí, Atlántico, persona que, de acuerdo
a lo consignado en el acta, se encontraba en el predio en calidad de cuidador del
terreno desde un año antes de la diligencia mencionada39.

36 Samai, índice 2. En el documento ED_173RAD0232008CU(.pdf). Páginas 24 a 28
37
Samai, índice 2. En el documento ED_1711EXP232008(.pdf). Páginas 18 a 25.
38
Samai, índice 2. En el documento ED_173RAD0232008CU(.pdf). Páginas 38 a 42.
39 Samai, índice 2. En el documento ED_01DEMANDAANEXOS(.pdf) Páginas 44 a 51.

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11. Frente a los testimonios, en audiencia de pruebas celebrada el 18 de mayo de
201840 el testigo Luis José Escorcia León, defensor de derechos humanos y
litigante, declaró:

“Sobre el particular tengo conocimiento de estos hechos ocurridos en un predio o
lote de mayor extinción en el área metropolitana de Barranquilla, conocido como
Tamarindo 2 o Lote 4.
(…)
Ahí se dieron unos desafortunados procedimientos administrativos o delegaciones
policivas, donde se conjugaron unos conflictos de intereses con la primera autoridad
de la época. Y en este caso, recuerdo en particular que ahí se dio un desalojo en lo
que para muchos entendidos tuvo la connotación de ser una vía de facto, una vía
de hecho y que los funcionarios inspectores que practicaron esas diligencias en los
dos sectores del predio conocido como Lote 4.
(…)
Yo no estuve presente en el desalojo directamente, en el lugar del hecho donde
ellos iban recorriendo la casa porque no le permitieron el ingreso ni la actuación a
abogados ni a defensores de derechos humanos. Todo se observó desde lejos”.

Valorado el testimonio mencionado, esta Sala advierte que el testigo no aportó
información concreta sobre la posesión de la parcela Tamarindo II Lote 4; además,
este relato no puede dar cuenta de las circunstancias de modo en las que ocurrió el
desalojo, ya que afirmó no estar presente porque no le permitieron el ingreso.

El segundo testigo, señor Luis Miguel Pérez Aguas, campesino y vecino de parcela
del mismo lote, declaró:

“Bueno, yo conozco a la señora Alba Rosa Barraza y al señor José de la Hoz, que
son marido y mujer. Ellos vivían cerca de donde nosotros teníamos la parcela, nos
conocíamos desde lejos, ahí fue la única vez que nos vimos. (…) Después fue
cuando llegaron al desalojo. Que llegó el desalojo el 5 de junio del 2003. Hasta ahí
fuimos nosotros, fue la primera y última que nosotros estuvimos ahí(…)”.

Analizado en su totalidad este medio probatorio la Sala encuentra la falta de
espontaneidad del testigo al momento de responder las preguntas planteadas. En
esencia el testigo relató que: desde agosto del 2003 conocía a Alba Rosa Escorcia
y a José de la Hoz; no eran amigos cercanos, se saludaban de vez en cuando, y la
última vez que vio a José de la Hoz fue el día del desalojo y a Alba Rosa un día
después del desalojo. Sabe sus nombres y apellidos por ser vecinos de parcelas en
Tamarindo II Lote 4. Recuerda la fecha del desalojo porque él y su familia también
fueron desalojados. No recuerda con exactitud los cultivos y cantidades de plantas

40
Samai, Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla, índice 9.

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

que tenía sembradas la familia Escorcia de la Hoz, y tampoco aportó pruebas que
acreditaran la venta de los productos.

Así, esta Sala considera que el testimonio rendido por el señor Luis Miguel Pérez
Aguas no fue claro, sus respuestas fueron vagas e imprecisas, carentes de
afirmaciones certeras en cuanto a lo preguntado. El testigo tampoco hizo referencia
a su conocimiento sobre otros medios de prueba que eventualmente pudieran
ayudar a esclarecer los hechos objeto de debate, solo mencionó tres tipos de
cultivos producidos por Alba Rosa Escorcia en su parcela, el maíz, la yuca y el
jagüey con peces, lo cual, además, le resta credibilidad a lo expuesto en la
demanda.

Por su parte el señor Osvaldo José Inbet Ortiz, el último testigo citado, señaló que
no portaba la cédula de ciudadanía, razón por la cual no fue practicada la prueba
testimonial.

Por consiguiente, la Sala concluye que en el proceso no hay prueba idónea y
conducente que acredite la posesión de la parcela por parte de los demandantes,
tampoco que hubiera un statu quo que justificara su ocupación como fue
ampliamente citado en el libelo demandatorio.

Frente a los daños alegados por la destrucción de los enseres y la afectación de las
actividades agrícolas desarrolladas, tampoco se aportó prueba idónea y pertinente
que demostrara su existencia.

En consecuencia, toda vez que no se probó el daño no resulta posible analizar los
demás elementos necesarios para configurar la responsabilidad del Estado, y en
ese sentido se confirmará el fallo apelado por las razones expuestas en esta
providencia.

Costas

12. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo

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Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el
artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda –
hoy Acuerdo No. 10554 de 2016–, las agencias en derecho se tasarán en el 0.005%
del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y
duración de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se
estimaron en $6.244.224.000, el demandante pagará la suma de $312.211 pesos
por concepto de agencias en derecho en partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, el Distrito Especial Industrial y
Portuario de Barranquilla y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía las
costas del proceso, y FIJAR la suma de trescientos doce mil doscientos once pesos
($312.211) por concepto de agencias en derecho a pagar en partes iguales.

TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00357-01 (70774)
Demandante: Alba Rosa Escorcia Barraza y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional y otros
Proceso: Reparación directa

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

22

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