Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2015-00437-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2015-00437-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2015-00437-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2015-00437-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de marzo de 2023
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante GRUPO EMPRESARIAL METRO CARIBE S.A.
Demandado DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tema Estampillas Pro Desarrollo Departamental y Ciudadela
Universitaria del Atlántico. Decaimiento de los actos.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 15 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico1, que dispuso:
“PRIMERO.– INAPLICAR, por vía de excepción y con efectos interpartes, el literal a.3) del
artículo 135 del Decreto 823 de 2003 (Estatuto Tributario Departamental), en lo que respecta
al hecho generador de las estampillas Pro Desarrollo Departamental y Pro Ciudadela
Universitaria, por cuanto no participó funcionario adscrito al Departamento del Atlántico en la
suscripción del Contrato de Concesión No 2 LP-TM-300-09-2009, celebrado entre Transmetro
S.A. y el Grupo Empresarial Metrocaribe S.A., cuyo objeto fue la operación del sistema de
transporte masivo de pasajeros del Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana, de
conformidad con las motivaciones que anteceden.
SEGUNDO. – DECLARAR la nulidad de (sic) Liquidación Oficial No7-0886-0208E del 24 de
abril de 2014 y la Resolución No 5-0522-0208E del 23 de abril de 2015, ambas expedidas por
la Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental del Atlántico, a través
de las cuales se determinó la obligación fiscal a cargo del Grupo Empresarial Metrocaribe S.A.,
por concepto de las estampillas Pro Ciudadela Universitaria y Pro Desarrollo Departamental,
por los meses de enero a octubre de 2012.
TERCERO. – A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, el Grupo Empresarial
Metrocaribe S.A. no adeuda suma alguna al Departamento del Atlántico, por concepto de las
estampillas Pro Ciudadela Universitaria y Pro Desarrollo Departamental, por los meses de
enero a octubre de 2012.
CUARTO. – SE DARÁ CUMPLIMIENTO a esta sentencia en los plazos previstos en los
artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO. – SIN COSTAS en esta instancia.
SEXTO. – EJECUTORIADA la presente providencia, la secretaria de esta corporación
archivará el expediente”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Subsecretaría de Rentas del Departamento del Atlántico, previa expedición del
emplazamiento para declarar, emitió la Liquidación Oficial Nro. 7-0886-0208E del
24 de abril de 2014, en la cual determinó la obligación de la demandante respecto
de las Estampillas Ciudadela Universitaria y Pro Desarrollo Departamental del
Atlántico por los meses de enero a octubre de 2012, con ocasión a la suscripción
del contrato de concesión Nro. 2-LP-TM-300-09-2009.
El 11 de julio de 2014, la actora presentó recurso de reconsideración, y por
Resolución No. 5-0522-0208E del 23 de abril de 2015, la Administración confirmó el
1 Samai, índice 38, PDF ED_CUADERNO1_22FALLO(.pdf)
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
acto recurrido.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones:
“5. PRETENSIONES
Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, le solicito señor juez lo siguiente:
1. Que se declare la nulidad y que carecen de toda validez el acto administrativo conformado
por la Liquidación Oficial No 7-0886-0208E de 24 de abril de 2014 y la Resolución que
resuelve el recurso de reconsideración No. 5-0522-0208E de 23 de abril de 2015, ambos
expedidos por la Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento
del Atlántico.
2. Asimismo, y a título de restablecimiento del derecho, solicitamos que como consecuencia
de la declaratoria de nulidad del acto se supriman las obligaciones fiscales contenidas en
dichos actos administrativos, declarando que mi poderdante no adeuda suma alguna al
Departamento del Atlántico por tal concepto”.
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 338 de la Constitución
Política; 5 y 6 de la Ley 77 de 1981; 59 de la Ley 788 de 2002; 175 del Decreto 1222
de 1986; y 135, 136, 145 y 148 del Estatuto Tributario Departamental del Atlántico
(Decreto Ordenanza 823 de 2003).
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
1. Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad
Solicitó la inaplicación vía excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad del literal
a.3) del artículo 135 del Estatuto Tributario Departamental, norma que sustentó la
determinación del hecho generador de las estampillas en los actos demandados.
Esto porque, a su juicio, la Asamblea excedió las facultades de configuración del
tributo establecidas en la Ley 77 de 1981, que autorizó la Estampilla Ciudadela
Universitaria, al pretender fiscalizar un gravamen en el Distrito de Barranquilla,
donde no tenía jurisdicción por tratarse de un ente autónomo y distinto del
Departamento.
Citó el Concepto Nro. 1116 de 2002 proferido por la Dirección de Apoyo Fiscal, el
cual señalaba que la creación de la estampilla Pro Desarrollo Departamental recaía
únicamente sobre la suscripción de actos o contratos donde intervenga el
departamento, pero no podía ser cobrada cuando se tratara de actos en los que
interviniera un municipio con terceros. En el mismo sentido, se refirió al Concepto
“Nro. 020682” proferido por dicha entidad. Que por lo anterior, no hay lugar al
gravamen de la estampilla, porque en el contrato celebrado con la entidad
descentralizada del orden distrital Transmetro S.A., no intervino el departamento.
2. Ausencia de configuración del hecho generador de las estampillas
La demandante señaló que la suscripción del contrato de concesión para el servicio
de transporte masivo en el Distrito de Barranquilla con la entidad Transmetro S.A.,
no daba lugar a la realización del hecho generador de las Estampillas Pro Desarrollo
Departamental y Ciudadela Universitaria en el Departamento del Atlántico. A su
juicio, la razón de gravar con estampillas los contratos suscritos entre particulares
con entidades públicas radica en el desembolso de dinero que la entidad contratante
efectúa a favor del particular.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
Que en su caso, no se cumplían los requisitos para configurar la obligación
tributaria, esto debido a que no era Transmetro S.A., como entidad pública, quien
giraba los dineros como contraprestación del contrato, pues estos corresponden a
los pagos que hacen los ciudadanos por la prestación del servicio público de
transporte, cuya administración recae en un patrimonio autónomo manejado por
Corficolombiana, quien es la que realiza el desembolso a la demandante. Por tanto,
los pagos no provienen del presupuesto público de Transmetro S.A.
Agregó que con ocasión al contrato de concesión no se emiten facturas ni cuentas
de cobro a ninguna entidad pública, sino que esos documentos se dirigen a
Corficolombiana. Por tanto, si bien los dineros recaudados por la prestación del
servicio público concesionado no ingresaban directamente al patrimonio de la
demandante, tampoco lo hacían al tesoro público, sino que entraban al patrimonio
autónomo constituido, por lo que, ante la ausencia de desembolso de dineros
públicos, no se cumplen los presupuestos necesarios para causar las estampillas
alegadas.
3. Las estampillas como recurso tributario han sido establecidas para ser
utilizadas en actos jurídicos documentados de carácter público y sólo
por los funcionarios públicos que intervengan en dichos actos
Expuso que la Ley 77 de 1981 y el Decreto 1222 de 1986, normas que autorizaron
la expedición de las estampillas discutidas, estipularon como requisito la
intervención de funcionarios departamentales en los actos o hechos gravados, al
disponer “la obligación de adherir y anular las estampilla”, la cual “queda a cargo de los funcionarios
departamentales que intervengan en el acto”.
En este caso, la entidad trasgredió dichas normas al pretender gravar los pagos
realizados a su favor provenientes de un patrimonio autónomo, acto en el que, como
se dijo, no intervenía ningún funcionario público.
4. Violación al debido proceso
Señaló que la naturaleza jurídica de las estampillas corresponde a una tasa
parafiscal, por tanto, debían regirse por el Estatuto Tributario Departamental. Lo
anterior, porque el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, solo establece la remisión al
Estatuto Tributario Nacional, para los impuestos territoriales y no sobre las tasas.
Que pese a lo anterior, la Administración solo profirió como acto previo a la
liquidación de aforo, el emplazamiento para declarar, aun cuando la actora no
estaba obligada a presentar declaración tributaria. Lo que vulnera el artículo 59 de
la Ley 788 de 2002, al seguir disposiciones del Estatuto Tributario Nacional.
5. Falta de motivación
Señaló que los actos son nulos por falta de motivación, ya que no se estableció la
forma en que se determinó la base de la estampilla, y se limitó a citar el hecho
generador, sin tener en cuenta que el contrato de concesión suscrito es de cuantía
indeterminada, lo que implicaba que hasta su finalización, se conocería la base
gravable de las estampillas. Agregó que no obstante, la Administración omitió
fundamentar la decisión de gravar los valores correspondientes a “transferencias o
pagos” que a su juicio constituyeron la base gravable del tributo.
Precisó que al no existir base gravable sobre la cual aplicar la tarifa, no es
procedente la liquidación de las estampillas, como tampoco el cobro de intereses
de mora, además porque estos últimos solo se causan respecto de los impuestos.
Oposición de la demanda
La entidad controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes razones:
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
Adujo que, de acuerdo con la Ordenanza 041 de 2002, la demandante era
responsable de pagar las estampillas por la suscripción del contrato con Transmetro
S.A., para la operación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del
Distrito de Barranquilla y su área metropolitana, independiente de cual fuere su
objeto y de la forma y medio de pago, en tanto que el hecho generador del tributo
se configura en “todos los contratos” suscritos con una entidad estatal.
Destacó que con la expedición de la Ley 1430 de 2010 los patrimonios autónomos
hacen parte de los sujetos pasivos de las impuestos departamentales y municipales.
Sostuvo que no era procedente la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad
propuesta por la actora, toda vez que las estampillas fueron reglamentadas en
ejercicio de la facultad prevista en el numeral 4 del artículo 300 de la Constitución
Política, la cual autorizaba a los entes territoriales para decretar de conformidad con
la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Tampoco se vulnera el artículo 338 constitucional porque las estampillas son de
creación legal.
Afirmó que la presunta falta de intervención del funcionario público departamental
en la expedición de las estampillas, era un argumento que estaba encaminado a
controvertir los artículos de la ordenanza y el decreto que señalaron los hechos
generadores y las bases gravables de las estampillas, por lo que no constituía una
impugnación directa contra los actos acusados.
Por último, propuso las excepciones consistentes en la (i) no demostración de los
cargos formulados por considerar que la demandante no probó los cargos de
nulidad planteados en la demanda y (ii) la genérica.
Sentencia apelada
El Tribunal inaplicó, por vía de excepción, el literal a. 3) del artículo 135 del Decreto
823 de 2003 y declaró la nulidad de los actos demandados2 con fundamento en los
siguientes planteamientos:
Consideró que dicha disposición normativa excedió la potestad reguladora otorgada
por la ley que autorizó la creación de las estampillas, esto es, los artículos 170 y
175 del Decreto Ley 1222 de 1986; 4 de la Ley 77 de 1981, así como el artículo 300
de la Constitución Política, al establecer como hecho generador de las estampillas
la suscripción de “todos los contratos y sus modificaciones, (…) suscritos por el Distrito de
Barranquilla y los municipios del Departamento, así como por todas las entidades descentralizadas
distritales y municipales (…)”, sin tener en cuenta el objeto imponible, esto es el
documento o instrumento gravado en cuyo otorgamiento se presente la intervención
del funcionario público departamental.
Expuso que, en los casos de los contratos como hecho generador del gravamen a
las estampillas, el departamento debía intervenir como contratante para que, en
calidad de sujeto activo de las estampillas, percibiera el precio que debía pagar el
contratista por la adhesión de estas al contrato. Para el caso concreto, en el contrato
suscrito entre la demandante y Transmetro S.A., no hubo participación de ningún
funcionario departamental, en consecuencia, el cobro de las estampillas no era
procedente.
Que en consecuencia, se declara la nulidad de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, que el actor no adeuda suma alguna al Departamento
del Atlántico por concepto de las estampillas Pro Ciudadela Universitaria y Pro
Desarrollo Departamental por los meses de enero a octubre de 2012.
2 Samai, índice 2, PDF ED_CUADERNO1_22FALLO(.pdf)
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
El Tribunal no condenó en costas al considerar que no se encontraba probada su
causación.
Recurso de apelación
La demandada recurrió la sentencia de primera instancia, ya que no estaba de
acuerdo con el razonamiento del a quo, para lo cual transcribió un salvamento de
voto del Magistrado Ángel Hernández Cano presentado respecto de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de mayo de 2018, en el
proceso con radicado Nro. 08-001-33-33-003-2014-0065-01.
Señaló que el Tribunal no podía inaplicar un acto administrativo, ya que la parte
actora primero debió demandar en acción de nulidad los actos de carácter general
que fueron el fundamento de los actos particulares, para luego solicitar la
prejudicialidad en la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado3. Así mismo, debió
solicitar dentro de las pretensiones de la demanda que se inaplicara dicha norma.
Explicó que las disposiciones acusadas no violaban normas superiores, en la
medida en que la estampilla Pro Desarrollo Departamental fue creada por la Ley 3ª
de 1986, artículo 32, que fijó el hecho gravable como “todas las operaciones que se lleven
a cabo en el departamento” y autorizó a la asamblea para fijar los demás elementos de
la obligación tributaria, lo cual hizo inicialmente, mediante las Ordenanzas 001 de
1982, 00011 de 2001 y la 00041 de 2002.
Por lo anterior, la ordenanza que recopilaba las normas citadas se ajustaba a lo
dispuesto en los artículos 300 numeral 4, y 338 de la Constitución Política. Al efecto,
citó apartes de las sentencias de la Corte Constitucional4 que analizan la autonomía
de las entidades territoriales en materia impositiva.
En relación con la Estampilla Pro Ciudadela, sostuvo que la Ley 77 de 1981 autorizó
al Departamento para que los valores producidos por el recaudo de la estampilla de
la Ley 41 de 1996 siguieran cobrándose y a la fecha no había sido derogada.
Adicionalmente, por disposición del Decreto 1222 de 1986 otorgó facultades
tributarias para determinar los elementos del tributo.
A su juicio, la demandante y el a quo confundieron aspectos que son propios de la
estructura de la obligación tributaria, con otros que pertenecen al campo de las
disposiciones tendientes a facilitar la administración y control del tributo. Expuso
que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en el proceso de cancelación y adhesión
de las estampillas sí intervenían los funcionarios departamentales tal como lo exigía
la norma, específicamente los funcionarios de la Tesorería de la Secretaría de
Hacienda Departamental, dependencia en la cual se liquidan y pagan los tributos
correspondientes. Definió los conceptos de adhesión, cancelación y anulación y citó
jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto5.
Explicó que las estampillas objeto de discusión son tributos territoriales, por lo tanto,
los privilegios o exenciones correspondían a la Asamblea Departamental y no al
Legislador y adicionalmente tenían destinación específica dirigida a personas de los
municipios del Departamento y comentó que en la aplicación de los tributos no se
extralimitó o usurpó competencias.
Insistió en que la suscripción del contrato para la prestación del servicio público de
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 3 de julio de
1998, exp. 15201, C.P. Nicolas Pájaro Peñaranda y Sección Cuarta, Auto del 07 de septiembre de 2006;
exp. 15778; C.P. Ligia López Diaz.
4 Sentencia C-873 de 2002
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 18 de marzo de
2010, exp. 17420. C.P. William Giraldo Giraldo.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
transporte masivo en el Distrito de Barranquilla entre la actora y Transmetro S.A.,
daba lugar al cobro de las estampillas, independiente de la modalidad del recaudo
de los recursos y el pago de los pasajes de los usuarios. Que la actividad de
transporte desarrollada por la actora como contratista no estaba exenta ni excluida
del pago del gravamen.
Alegatos de conclusión
La demandante insistió6 en los cargos de nulidad propuestos en la demanda.
Adicionalmente, expuso que el Consejo de Estado ya se había pronunciado en otras
ocasiones en casos similares en sentencias del 22 de abril de 2021, exp. 24853,
C.P. Milton Chaves García, y del 30 de septiembre de 2021, exp. 25065 C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
La demandada no presentó escrito.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la decisión de
primera instancia7, ya que en la elaboración de los contratos no intervino un
funcionario departamental, pues los pagos que recibe la actora provienen de un
patrimonio autónomo, así que no se presentaba el hecho generador del tributo.
Con fundamento en la sentencia del 19 de febrero de 2020, exp. 22069, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, indicó que “la jurisprudencia anterior es tan clara en precisar el
alcance del hecho generador del tributo, destacándose entre otras, lo irrelevante del régimen
contractual especial, sino, ese factor objetivo donde incluye los contratos asociados o conexos al
contrato de obra, situación que no es la que se presenta en el problema jurídico, pues, el
concesionario no tiene que realizar obra alguna en el contrato de concesión ”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
corresponde a la Sala estudiar la legalidad de los actos por los cuales la
administración tributaria liquidó a la sociedad demandante las estampillas Pro
Desarrollo Departamental y Ciudadela Universitaria por los meses de enero a
octubre de 2012.
Para dilucidar este debate, se advierte que, esta Sala se ha pronunciado, en casos
con identidad de partes y cuyos supuestos fácticos y jurídicos guardan similitud con
este proceso, mediante sentencias del 22 de abril de 2021, exp. 24853 C.P. Milton
Chaves García y del 30 de septiembre de 2021, exp. 25065 C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, las cuales se reiterarán en lo pertinente.
En relación con la procedencia de la inaplicación por ilegalidad del literal a.3) del
artículo 135 del Decreto Departamental Nro. 823 de 2003, la Sala reitera que el
artículo 148 de la Ley 1437 de 20118 facultó a los jueces de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para que, de oficio o a petición de parte, inaplicaran,
con efectos interpartes, todo acto administrativo que vulnerara la Constitución
Política o la ley, y restringió los efectos de dicha inaplicación al proceso dentro del
cual se adopta.
6 Samai, índice 18
7 Samai, índice 19
8 Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes
los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en
inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
Sobre dicha disposición, la Sección ha expuesto que se trata de una potestad legal
en cabeza de la autoridad jurisdiccional para que, en ejercicio de esta, se releve de
aplicar los actos administrativos que resulten contrarios al ordenamiento jurídico
superior, por vía de excepción, en el caso concreto que así lo estime9.
Igualmente, la Sala ha señalado que:
“Sobre ese último aspecto-que incida en la legalidad-, debe recordarse que la excepción no
reemplaza al juicio de validez propiamente dicho, y en esa medida, se repite, no podría recaer,
con carácter general y definitivo, sobre el acto directamente enjuiciado.
Este, como medio exceptivo que es, procede ante situaciones en las que el juez evidencie
(bien sea porque las partes lo manifestaron, o porque el estudio del expediente lo lleve a esa
conclusión) que para la solución del caso concreto es necesario dejar de aplicar un acto que
guarda relación directa con el objeto del litigio, decisión que solo produce efectos en el caso
particular, y que no expulsa a aquel del ordenamiento normativo”. 10
Es por esto que “se entiende en la facultad descrita una forma excepcional de control de legalidad
que, por su misma naturaleza, toma como único presupuesto sustancial la vulneración de la
constitución o la ley, a partir del juicio jurídico valorativo realizado por la autoridad judicial de cada
asunto litigioso y propio del leal saber y entender que acompaña la construcción de su razonamiento
autónomo frente a las particulares circunstancias de cada caso concreto”11.
De esta manera, y contrario a lo afirmado por la entidad apelante, la actora podía
solicitar la inaplicación del numeral a.3) del artículo 135 del Decreto Nro. 823 de
2003 expedido por la Asamblea Departamental del Atlántico, sin recurrir a demandar
en nulidad las normas de carácter general. Y, a su vez, el Tribunal se encontraba
legitimado para aplicar la excepción de ilegalidad al caso de los actos
administrativos demandados que liquidaron a cargo de la sociedad las estampillas
cuestionadas. Por lo anterior, este cargo no prospera.
Frente a la procedencia de gravar con las estampillas Pro Desarrollo Departamental
y Ciudadela Universitaria, el contrato de concesión suscrito entre la demandante y
la entidad Transmetro S.A., para la prestación del servicio de transporte masivo en
el Distrito de Barranquilla y el área metropolitana, se evidencia que la Subsecretaría
de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, a través de
la liquidación oficial determinó las estampillas a cargo de la demandante por los
meses de enero a octubre de 2012, con fundamento en el literal a.3) del artículo 135
de la Ordenanza Nro. 041 de 2002, compilada en el artículo 135 del Decreto
Ordenanzal Nro. 823 de 2003. Esta decisión fue confirmada mediante Resolución
Nro.5-0522-0208E del 23 de abril de 2015.
Para resolver, se observa que la norma dispone, en lo que interesa al presente
asunto, lo siguiente:
“ARTÍCULO 135.- Hechos generadores y base gravable generales: Según los usos y tarifas
indicados para cada impuesto de estampilla en particular indicadas en los capítulos siguientes,
generan la obligación de cancelar estampillas los siguientes hechos y actos, sobre las
siguientes bases:
Contratos:
a.3) Todos los contratos y sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, que se suscriban
en el Departamento del Atlántico, cualquiera sea el lugar de ejecución de sus obligaciones y
los contratos que se suscriban fuera del Departamento, pero cuyas obligaciones se ejecuten
o desarrollen total o parcialmente dentro del territorio de éste, suscritos por el Distrito de
Barranquilla y los municipios del departamento, así como por todas las entidades
descentralizadas distritales y municipales, unidades administrativas especiales del orden
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de febrero de
2021, exp.24258 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de
2018, exp. 21911. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de febrero de
2021, exp.24258 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
distrital y municipal y demás entidades de estos ordenes, con o sin personería jurídica, en los
cuales los anteriores entes actúen como contratantes. Para estos efectos, se entienden
incluidas dentro de esta categoría de entidades, entre otras,
• a las Áreas metropolitanas,
• las Asociaciones de Municipios,
• las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios –ESP-, en las que el Distrito
de Barranquilla y/o los municipios o sus entidades tengan participación en su capital,
• los Concejos Distritales y Municipales,
• los organismos de control distrital y municipal, tales como, la Procuraduría Seccional, la
Personería Distrital, las Personerías municipales, la Contraloría Distrital y las Contralorías
municipales y, en general, todas, todas las entidades señaladas en el Artículo 38 de la Ley
489 de 1998, pero referidas a las esferas distrital y/o municipal.”
Se pone de presente que la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2020,
objeto del recurso de apelación, ordenó inaplicar por vía de excepción y con efectos
interpartes el citado literal a.3 en lo que respecta al hecho generador de la
estampilla.
Sin embargo, se advierte que mediante sentencia del 5 de febrero de 2018, el
Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de varios de los literales de
los artículos 135 de la Ordenanza 041 de 2002 y 135 del Decreto Ordenanzal 823
de 2003, entre estos, el literal a.3), el cual como se dijo, sirvió de fundamento para
los actos aquí acusados.
En su decisión, el Tribunal consideró que la asamblea gravó operaciones en las que
intervenían funcionarios de la Nación, del Distrito y municipios, o que recaían sobre
actos celebrados con entidades sobre las que la asamblea departamental no tenía
jurisdicción, por lo que dicho cuerpo colegiado excedió su facultad impositiva más
allá de los límites previstos por la Constitución y la Ley.
La anterior providencia fue confirmada por esta Sección mediante sentencia del 29
de abril de 2020, exp. 24222, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, la cual tiene
efectos de cosa juzgada erga omnes conforme a lo establecido en el artículo 189 de
la Ley 1437 de 2011.
La Sala estima conveniente precisar que los efectos de las sentencia de nulidad de
los actos administrativos de carácter general “son inmediatos frente a las situaciones
jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las
autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que
cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta
para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada».12
Por tanto, al ser anulado por esta jurisdicción la norma que fue el fundamento de los
actos acusados, los efectos de la nulidad afectan de manera inmediata la situación
que aquí se debate, toda vez que la situación no estaba consolidada.
En consecuencia, no prosperan los argumentos expuestos por la apelante y procede
revocar el numeral primero de la sentencia de primera instancia, toda vez que no
hay lugar a inaplicar la norma ahí citada, puesto que se confirmó la decisión que
declaró su nulidad, como se expuso anteriormente.
En lo demás, se confirmará la sentencia apelada, comoquiera que operó el
decaimiento de los actos demandados al desaparecer la norma que los sustenta,
conforme a lo dispuesto en el artículo 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 23 de julio de
2009, exp.16404, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de 2010, exp.17617, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011, exp.17922, C.P. William Giraldo Giraldo; del 3 de julio
de 2013, exp.19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 26 de febrero de 2014, exp.19684, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia; del 8 de febrero de 2018, exp.21803, C.P. Milton Chaves García.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2015-00437-01 (26599)
Demandante: Grupo Empresarial Metro Caribe S.A.
Condena en costas
En esta instancia no habrá lugar a condena en costas, porque en el expediente no
se probó su causación como lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el numeral primero de la sentencia del 15 de mayo de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, conforme a la parte considerativa
de esta providencia
2. Confirmar en lo demás, la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.