Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00487-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas. Leyes 344
de 1996 y 50 de 1990. Subtema: prescripción extintiva del derecho.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 6 de agosto de 2020, por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho
y negó las demás súplicas de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Miguel Peña Bahoque solicitó la nulidad del acto administrativo sin número,
fechado el 20 de agosto de 2015, mediante el cual el municipio de Sabanalarga
negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías anualizadas correspondientes a los periodos comprendidos entre
1998 a 2011, con la excepción de la vigencia 2005, la cual no fue pagada. El Tribunal
declaró la prescripción extintiva del derecho, tras concluir que, entre la causación
de la sanción moratoria, originada en la falta de consignación oportuna del auxilio,
y la presentación de la reclamación administrativa, transcurrió un término superior
a los tres (3) años. Esta decisión se fundamentó en aplicación de lo dispuesto en la
sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, proferida por esta Corporación.
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Miguel Ángel Peña Bahoque, mediante apoderada judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra el
municipio de Sabanalarga, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
• El demandante solicitó la nulidad del acto administrativo sin número,
fechado el 20 de agosto de 2015, mediante el cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por la
consignación extemporánea de las cesantías desde el inició sus labores
en el ente territorial hasta la actualidad, correspondientes a los años 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
así como las del año 2005, las cuales no fueron pagadas.
• A título de restablecimiento del derecho, se ordene el pago de la sanción
moratoria por las anualidades referidas; de los intereses moratorios y
demás perjuicios de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
446 de 1998.
• Condenar al municipio de Sabanalarga a actualizar las sumas
reconocidas, con base en la variación del índice de Precios al Consumidor
IPC, según lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.
• Ordenar a la parte accionada a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos
2. La Sala resume los fundamentos expuestos en la demanda, de la siguiente
manera:
i. El señor Miguel Ángel Peña Bahoque labora al servicio del municipio de
Sabanalarga3 en el cargo de profesional universitario adscrito a la Secretaría de
Desarrollo Integral.
ii. Sostuvo que las cesantías correspondientes a las vigencias 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 fueron
1Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folios 1 al 19.
2 En adelante CPACA.
3 Vinculación vigente para el 8 de octubre de 2015, fecha de presentación de la demanda.
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Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
consignadas de manera extemporánea, y precisó que las causadas en el año 2005
no fueron pagadas.
iii. Refirió que el acto administrativo cuya nulidad pretende le fue notificado el 25
de agosto de 2015.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
3. El demandante citó como vulneradas las siguientes normas: Constitución
Política artículos 1, 13, 29, 53, 80, 90 y 211; Ley 1285, artículo 13; Decreto núm.
1716 de 2009; Ley 344 de 1996; Ley 50 de 1990, artículos 99, 102 y 104; decretos
1582 de 1998 y 1063.
4. Sostuvo que el acto administrativo acusado vulneró de manera directa sus
derechos laborales adquiridos, puesto que desconoció los preceptos
constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales e irrenunciables de
los trabajadores.
2.2. Contestación de la demanda
5. El municipio de Sabanalarga a través de apoderado presentó contestación
de la demanda en los siguientes términos4:
6. Se opuso a que se declare la nulidad del acto administrativo sin número,
fechado el 20 de agosto de 2015, por medio del cual se negó la sanción moratoria,
e indicó que las cesantías fueron pagadas oportunamente al actor.
7. Formuló como excepciones: «i) falta y/o indebido agotamiento de la vía
gubernativa; (ii) prescripción; (iii) imposibilidad de cancelar indemnización moratoria
debido a que dichas acreencias no fueron presentadas en el contexto de la admisión
a la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999 del
municipio de Sabanalarga».
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 6 de agosto de
20205 en la que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo en condenar en costas al
demandante.
9. Como argumentos centrales de la decisión, expuso que quedó probado que
el accionante se encuentra vinculado al municipio de Sabanalarga desde el 17 de
junio de 1998, en el cargo de técnico, y que, al haberse vinculado después del 31
4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folios 35 al
39.
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folios, 149 al
161.
3
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Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
de diciembre de 1996, fecha en la que entró a regir la Ley 344 de 1996, es
beneficiario del régimen anualizado de cesantías.
10. Agregó que la administración negó el reconocimiento de la sanción moratoria
por problemas financieros, en el acto demandado, así:
"La administración de este ente territorial ha venido cancelando y transfiriendo a los
distintos fondos para los empleados que están afiliados a los mismos, los auxilios
de cesantías a que por Ley está obligada, en la medida en que su situación
económica y financiera se lo ha permitido, esto teniendo de presente que
actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de restructuración de
pasivos (Ley 550/99).
En cuanto a la sanción moratoria que reclama en el punto uno de su petición, es de
advertir que nuestra administración no está obligada a ello por cuanto ha venido
cancelando los auxilios de cesantías a los empleados y además lo pretendido no
forma parte de las acreencias que están incluidas en el proceso de reestructuración
de pasivos a que hemos hecho mención..."
11. Refirió que la Secretaría de Hacienda Municipal de Sabanalarga, certificó la
consignación del auxilio al actor en el fondo administrador de cesantías. Y en lo que
respecta a la cesantía del año 2005, indicó que: «los archivos no evidencian el pago
de la cesantía del año 2005. Se presume que las vigencias no registradas en el
Proceso de Reestructuración de Pasivos, Ley 550/99, debieron ser canceladas en
ese momento».
12. Expuso que al no haberse comprobado su pago y ante lo manifestado por el
actor de que no le ha sido consignada, se entiende que para dicha vigencia también
se constituyó la mora. Aclaró que el presente litigio versa únicamente respecto a la
sanción moratoria y no a la prestación como tal, dado que tanto en la demanda como
en la reclamación administrativa solo se pidió la indemnización moratoria.
13. En este sentido, señaló que la entidad demandada no consignó las cesantías
correspondientes a las vigencias alegadas al fondo administrador escogido por el
actor, dentro de los plazos legales. Por consiguiente, se causó el derecho al pago
de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, en concordancia con el Decreto 1582 de 1998.
14. Refirió que la indemnización pretendida por el actor se hizo exigible a partir
del 15 de febrero de 1999 y se causó durante el lapso en el cual la entidad
demandada omitió la consignación del auxilio en el fondo administrador, situación
que se prolongó hasta el año 2012, en relación con las cesantías correspondientes
a la vigencia 2011. Por esta razón, consideró en principio que le asistía el derecho.
15. El Tribunal, al abordar el estudio de la prescripción y con fundamento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, precisó que la sanción
moratoria se causa de manera autónoma por el solo incumplimiento del plazo legal
previsto para la consignación de las cesantías. Sostuvo que, en el presente asunto,
4
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la referida sanción se configuró como consecuencia de la consignación
extemporánea de dicha prestación y que, entre la fecha de su causación y aquella
en la cual el demandante presentó la reclamación administrativa, esto es, el 23 de
julio de 2015, transcurrió un término superior a tres (3) años, sin que se acreditara
la interrupción del lapso prescriptivo, el cual, en relación con la última vigencia, se
había extinguido el 15 de febrero de 2015. Por consiguiente, declaró probada la
excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
16. El demandante6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1582 de 1998
regulan de manera clara la forma en que debe efectuarse la consignación de las
cesantías, así como la sanción que se genera cuando no se observan los plazos
legalmente previstos. En tal sentido, indicó que en su caso no se realizó la
consignación de dicha prestación dentro de la oportunidad legal, circunstancia que,
a su juicio, dio lugar a la causación de la sanción moratoria cuyo reconocimiento
pretende.
17. Adicionalmente, en relación con la prescripción declarada afirmó que este
fenómeno jurídico debe contabilizarse a partir de la finalización de la relación
laboral, razón por la cual consideró que, en su situación particular, el término
prescriptivo no ha comenzado a correr, en tanto aún se encuentra vinculado a la
administración municipal.
18. Finalmente, adujo que resulta desproporcionada la aplicación de la sentencia
de unificación CE-SUJ-004 del 25 de agosto de 2016, mediante la cual se fijaron los
parámetros para determinar la prescripción de las cesantías y de la sanción
moratoria, al evaluar que dicha aplicación vulnera sus derechos fundamentales, por
presunta infracción directa de la Constitución, del debido proceso, de la primacía
del derecho sustancial, del acceso a la administración de justicia y del derecho a la
igualdad, así como de las garantías de confianza legítima y seguridad jurídica, y por
el desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
19. Mediante auto del 25 de noviembre de 20217, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia y ordenó la notificación al Ministerio Público y a las partes por
estado. Posteriormente, a través de providencia del 12 de diciembre de 2023 8,
dispuso correr traslado por el término de diez (10) días para que los interesados
presentaran alegatos de conclusión y señaló que, una vez vencido dicho plazo, el
expediente permanecería por diez (10) días adicionales a disposición del Ministerio
6 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 004 2015-00487 RECURSO DE
APELACION.
7 Samai, índice 004.
8 Samai, índice 010.
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Público, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso.
2.5.1. Alegatos de conclusión parte demandante:
20. La parte demandante mediante escrito presentó alegatos de conclusión ante
esta instancia9, en los que reitero los argumentos esbozados en su recurso de
alzada.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir:
23. ¿En el presente asunto se configuró la prescripción extintiva de la sanción
moratoria, solicitada por el demandante?
24. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) régimen de cesantías de los empleados territoriales; (ii) sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías anualizadas y prescripción; (iii) hechos probados; y (iv)
caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Régimen de cesantías de los empleados territoriales:
25. De conformidad con lo previsto en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de
1945, las cesantías constituyen un auxilio a favor de los trabajadores del Estado,
equivalente a un (1) mes de salario por cada año de servicios prestados, o
proporcionalmente por fracción de año.
26. Posteriormente, la Ley 65 de 1946 extendió este beneficio a todos los
servidores público de carácter permanente, independientemente de las ramas del
poder público o de nivel territorial al que pertenecieran ya fuera nacional,
9 Samai, índices 14 y 15.
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departamental o municipal, y estableció que el Estado asumiría de manera directa
la obligación derivada del reconocimiento y pago de dicha prestación.
27. Por su parte el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro y
estableció la administración centralizada de las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales
del Estado. Esta normativa marcó el inicio de la transición del régimen de cesantías
retroactivas hacia un sistema de liquidación anual, al prever: (i) liquidación anual de
la prestación; (ii) liquidación definitiva por el tiempo laborado en el año del retiro; y
(iii) reconocimiento de intereses anuales del 9% sobre el saldo existente a 31 de
diciembre de cada vigencia.
28. Asimismo, el Decreto 432 de 1998 mantuvo la finalidad del Fondo Nacional
del Ahorro como entidad administradora del auxilio de cesantías y precisó, dentro
de sus funciones, el recaudo y pago de las cesantías a favor de sus afiliados.
29. Con la entrada en vigor de la Ley 244 de 1995 se fijaron los términos para el
pago oportuno de las cesantías a los servidores públicos y se estableció un régimen
sancionatorio aplicable en caso de mora. En tal sentido, se estableció que la
administración contaba con un plazo de quince (15) días para expedir el acto
administrativo para el reconocimiento de las cesantías definitivas, contado a partir
de la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud administrativa10.
Igualmente, en el artículo 2 ibidem dispuso que, una vez en firme el acto de
reconocimiento de las cesantías definitivas, la entidad tenía un término de cuarenta
y cinco (45) días para efectuar el pago del auxilio, bajo la consecuencia de incurrir
en mora y causar una sanción equivalente a un (1) día de salario por cada día de
retraso.
30. La normativa anterior fue modificada por la Ley 1071 de 2006, la cual
reglamentó los términos aplicables al reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas y parciales de los servidores públicos. Dicha ley reiteró el plazo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitud, para la expedición
del acto administrativo correspondiente y dispuso que, si una vez en firme este el
pago no se realizaba dentro del término máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, la entidad incurriría en mora y quedaría obligada a reconocer y pagar el
beneficio, con cargo a sus propios recursos, un (1) día de salario por cada día de
retardo hasta el que el pago se hiciera efectivo. Para tales efectos, bastará acreditar
que el pago no se efectúo dentro del término legalmente previsto.
31. Asimismo, la Ley 50 de 1990, en su artículo 99, estableció:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
10 Ley 244 de 1995, artículo 1.
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1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
32. Luego, la Ley 344 de 199711, en su artículo 13 extendió el régimen de
cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con
posterioridad a su entrada en vigor «31 de diciembre de 1996», así:
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989,
a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuar en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.
33. Ahora bien, con la expedición del Decreto 1582 de 1998, que reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, se precisó el régimen
jurídico aplicable para la liquidación de las cesantías de los servidores públicos del
nivel territorial cuya vinculación se produjo a partir del 31 de diciembre de 1996. En
tal sentido, se estableció que a los servidores afiliados a fondos privados les resulta
aplicable el régimen previsto en la Ley 50 de 199012, mientras que a aquellos
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro les rige lo dispuesto en la Ley 432 de 1998.
No obstante, el citado decreto determinó que a los empleados públicos cuya
vinculación hubiese tenido lugar con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, esto
es, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, se les continuaría aplicando
el régimen de liquidación consagrado en la normativa anterior, correspondiente al
sistema de cesantías retroactivas.
11 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones»
12 Artículos, 99, 102 y 104.
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34. De igual forma, el Decreto 1252 de 200013 estableció que los empleados
públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública que se
vinculen al Estado a partir de la entrada en vigor de dicha disposición tendrán
derecho al reconocimiento y pago de las cesantías conforme a lo previsto en las
Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según corresponda, incluso si en la
entidad u organismo de ingreso existe un régimen especial que regule dicha
prestación.
3.3.2. Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
35. La sanción moratoria se encuentra dentro del derecho sancionador como
consecuencia del incumplimiento de una obligación legal a cargo el empleador y no
reviste carácter accesorio ni imprescriptible14. Ello es así, en cuanto: (i) se causa
por su no pago y no depende directamente del reconocimiento de las cesantías, ni
hace parte de ellas, ya que se genera de manera excepcional, cuando el empleador
no las paga dentro del término legal15; y (ii) no puede calificarse como un derecho
excluido del término de prescripción, dado a su carácter sancionatorio, pues ello
implicaría el desconocimiento de disposiciones legales que proscriben la existencia
de sanciones imprescriptibles16.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías
36. En la sentencia de unificación CE-SUJ004, proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación el 25 de agosto de 201617, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías constituye una penalidad que no puede
ser considerada como un derecho imprescriptible; en consecuencia, se encuentra
sometida al término de prescripción trienal previsto en la ley.
37. Por consiguiente, la sanción por mora derivada de la falta de consignación
de las cesantías anualizadas se genera a partir del día siguiente al vencimiento del
plazo legal del que dispone la administración para efectuar dicha consignación; es
decir, desde el quince (15) de febrero del año siguiente a aquel en el cual se
causaron las cesantías, conforme a la normativa aplicable. Asimismo, se precisó
que este momento constituye el punto cierto y definido que da lugar al nacimiento
de la penalidad, la cual, aunque no configura un derecho autónomo, sí representa
un beneficio económico a favor del empleado18.
38. Posteriormente, esta misma Sección, mediante providencia del 6 de agosto
de 2020, profirió sentencia de unificación en la que fijó las reglas jurisprudenciales
13 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores
oficiales y los miembros de la fuerza pública»
14 Sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de 2016, exp. núm. 08001-
23-31-000-2011-01398-01 (3221-2015).
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de febrero de 2023, exp. núm. 08001-
23-33-000-2016-00701-01 (1412-2021)
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, exp. Núm. 08001 23 31 000
2011 00628-01 (0528-14).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 8 de julio de
2021, exp. núm.08001-23-31-000-2011-00392-02 (2685-2017)
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aplicables a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, derivada de la falta
de consignación oportuna de las cesantías anualizadas:
“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de
1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la
anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera
independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años
contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de
su extinción.
39. Así las cosas, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aplicable para las
controversias relativas a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, debe contabilizarse a partir del primer día en que se configure el
incumplimiento que da lugar a su causación. En ese sentido, cuando la exigibilidad
de la sanción surge el quince (15) de febrero respecto de las cesantías causadas
durante la anualidad inmediatamente anterior, la correspondiente reclamación
administrativa debe formularse dentro de los tres (3) años siguientes, so pena de
que opere la prescripción extintiva. De igual manera, cuando se trate de la
acumulación de varias anualidades, el término prescriptivo deberá computarse de
manera autónoma e independiente respecto de cada una de ellas.
3.4. Hechos probados
39. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:
40. La vinculación del actor con la entidad demandada se encuentra acreditada
con el certificado No. 00-000231 del 31 de agosto de 2015, expedido por el
municipio de Sabanalarga, en el cual se especifica que el demandante labora desde
el 17 de junio de 1998 en el cargo de técnico19.
19 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folio 15.
10
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
41. Las consignaciones de lo liquidado por cesantías aparecen descritas en la
certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y la Tesorería del municipio
accionado, en los siguientes términos20:
Concepto Egreso De fecha Valor
Cesantías año 1998 10421 30/04/2013 $ 230.625
Cesantías año 1999 10422 30/04/2013 $ 562.500
Cesantías año 2000 10423 30/04/2013 $ 562.500
Cesantías año 2001 10424 30/04/2013 $ 562.500
Cesantías año 2002 10425 30/04/2013 $ 613.800
Cesantías año 2003 10426 30/04/2013 $ 649.913
Cesantías año 2004 0123 14/02/2005 $ 649.913
Cesantías año 2006 2825 20/09/2007 $ 781.268
Cesantías año 2007 10065 28/02/2013 $ 830.444
Cesantías año 2008 10066 28/02/2013 $ 933.109
Cesantías año 2009 10067 28/02/2013 $1.001.896
Cesantías año 2010 6280 17/02/2011 $1.037.964
Cesantías año 2011 8055 15/02/2012 $1.079.483
Cesantías año 2012 9966 06/02/2013 $1.142.093
42. La solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, a partir de la
vigencia 1998, la radicó el señor Miguel Peña Bahoque ante el municipio de
Sabanalarga el 23 de julio de 201521.
43. La respuesta del municipio fue emitida a través del oficio sin número de fecha
20 de agosto de 201522, en el que indicó:
«[…] este ente territorial ha venido cancelando y transfiriendo a los distintos fondos
para los empleados que están afiliados a los mismos, los auxilios de cesantías a que
por ley está obligada, en la medida en que su situación económica y financiera se le
ha permitido, esto teniendo de presente que actualmente nos encontramos inmersos
en un proceso de reestructuración de pasivos (Ley 550).
En cuanto a la sanción moratoria que se reclama es de advertir que nuestra
administración no está obligada a ello por cuanto ha venido cancelando los auxilios
de cesantías a los empleados y además lo pretendido no forma parte de las
acreencias que están incluidas en el proceso de reestructuración de pasivos a que
hemos hecho mención, para ello es pertinente observar el contenido del art. 19 de
la Ley 550 de 1999 así: “…Son acreedores externos los titulares de créditos ciertos
que pertenezcan a una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el
Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiques
y adicionen…”
De tal forma que nuestro pronunciamiento es negativo en lo que respecta al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
[…]»23.
20 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folio 16.
21 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folio 13.
22 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folio 14.
23 Se transcribe con errores de texto.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
44. El actor se encuentra afiliado al fondo de cesantías Colfondos S.A., al cual el
municipio de Sabanalarga realizó las consignaciones por concepto de cesantías a
las que tenía derecho24.
45. En los antecedentes administrativos que fueron allegados por el ente
territorial, se observan las vigencias pagadas por concepto de cesantías al actor.
No obstante, no obra constancia alguna del pago correspondiente a la vigencia
200525.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
46. En el presente asunto se encuentra acreditado que la vinculación del señor
Miguel Ángel Peña Bahoque con el ente territorial demandado inició el 17 de junio
de 1998. Por tal razón y habida cuenta que su ingreso al servicio público se produjo
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, resulta indiscutible
que el régimen de cesantías aplicable es el anualizado.
47. En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si tiene vocación de
prosperidad lo pretendido por el demandante, consistente en la nulidad del acto
administrativo sin número, fechado el 20 de agosto de 2015, mediante el cual el
municipio de Sabanalarga le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la consignación tardía de las cesantías, correspondientes a las vigencias 1998
a 2011, con la precisión de que la referente al año 2005 no fue consignada.
48. El juez de primera instancia declaró probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho, al considerar que entre las fechas en que se causó la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías y aquella en que el actor
presentó la correspondiente reclamación administrativa, transcurrió un término
superior a tres (3) años, sin que se acreditara causa alguna de interrupción del
cómputo prescriptivo. Precisó que, respecto del último período reclamado, dicho
término vencía el 15 de febrero de 2015, y que la solicitud fue presentada el 23 de
julio de 2015, esto es, por fuera del plazo legal, razón por la cual negó las
pretensiones de la demanda.
49. Por su parte, el demandante manifiestó su desacuerdo con lo decidido por el
Tribunal, al sostener que el término de prescripción no ha iniciado en la medida en
que aún se encuentra vinculado al municipio de Sabanalarga. Al respecto, es
preciso señalar que, conforme a lo establecido por esta Corporación en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016, la sanción moratoria no tiene naturaleza
accesoria respecto de las cesantías, pues, si bien se causa con ocasión de estas,
no depende de su reconocimiento ni integra dicha prestación. Lo anterior obedece
a que su origen es excepcional y surge como consecuencia del incumplimiento u
24 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folios 70 al
74.
25 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 11, link expediente pdf 001.EXP 2015-487, folios 87 al
118.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
omisión del deber legal a cargo del empleador, derivado de la inobservancia del
plazo legalmente previsto para efectuar la consignación de las cesantías26.
50. En efecto, en la referida sentencia de unificación se concluyó que dicha
penalidad, al no ostentar el carácter de accesoria de la prestación social y al
inscribirse en el ámbito del derecho sancionador, debe someterse necesariamente
al término prescriptivo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social. Esta disposición impone al titular del derecho la carga de
formular el respectivo reclamo dentro de los tres (3) años siguientes a la exigibilidad
de la obligación, so pena de que opere el fenómeno extintivo de la prescripción,
deber que no fue observado en debida oportunidad por el demandante en el
presente asunto.
51. Ahora bien, al efectuar el análisis del material probatorio obrante en el
plenario, se encuentra acreditado que el actor presentó la reclamación
administrativa para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 23 de julio
de 2015, esto es, cuando ya había transcurrido el término trienal previsto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para reclamar
la penalidad derivada de la mora en la consignación del auxilio de cesantías. En
efecto, dicho término había fenecido con anterioridad para las vigencias
reclamadas, tal como se expone a continuación:
Año Exigibilidad Fecha en la que Fecha de la Tiempo transcurrido a partir
de la opera la reclamación del día siguiente de la fecha
sanción prescripción administrativa en la que operó la
prescripción y la petición
1998 15/02/1999 15/02/2002 23/07/2015 13 años, 5 meses y 7 días
1999 15/02/2000 15/02/2003 23/07/2015 12 años, 5 meses y 7 días
2000 15/02/2001 15/02/2004 23/07/2015 11 años, 5 meses y 7 días
2001 15/02/2002 15/02/2005 23/07/2015 10 años, 5 meses y 7 días
2002 15/02/2003 15/02/2006 23/07/2015 9 años, 5 meses y 7 días
2003 15/02/2004 15/02/2007 23/07/2015 8 años, 5 meses y 7 días
2004 15/02/2005 15/02/2008 23/07/2015 7 años, 5 meses y 7 días
200527 - - - -
2006 15/02/2007 15/02/2010 23/07/2015 5 años, 5 meses y 7 días
2007 15/02/2008 15/02/2011 23/07/2015 4 años, 5 meses y 7 días
2008 15/02/2009 15/02/2012 23/07/2015 3 años, 5 meses y 7 días
2009 15/02/2010 15/02/2013 23/07/2015 2 años, 5 meses y 7 días
2010 15/02/2011 15/02/2014 23/07/2015 1 años, 5 meses y 7 días
2011 15/02/2012 15/02/2015 23/07/2015 5 meses y 7 días
52. En consecuencia, comoquiera que la parte demandante presentó la
reclamación administrativa ante la entidad demandada el 23 de julio de 2015, es
decir, cuando transcurrieron más de 3 años desde la exigibilidad de la sanción
respecto de cada una de las anualidades pretendidas, se observa que el fallador de
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, exp. núm.
08001-23-33-000-2013-00614-01 (0821-2015)
27 De esta vigencia no obra consignación de las cesantías.
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
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primera instancia realizó debidamente el cómputo para la configuración de la
prescripción extintiva, de conformidad con la normativa aplicable.
53. Sumado a lo expuesto, es claro que son las cesantías anualizadas las que
no están sometidas al fenómeno prescriptivo mientras subsista el vínculo laboral,
toda vez que, el incumplimiento en las obligaciones del empleador de consignarlas
dentro del plazo establecido no puede afectar los derechos laborales del trabajador,
cosa distinta es lo que ocurre con la sanción moratoria que por ser parte del derecho
sancionador está sometida al término previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que no le asiste razón al actor en su
alzada. En este sentido, la respuesta al problema jurídico es afirmativa.
54. Finalmente, la Sala advierte que no resulta de recibo lo alegado por el actor
en cuanto a que la actuación del fallador de primera instancia fue desproporcionada
por haber aplicado lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, pues de dicha aplicación no se deriva, ni se acreditó en el expediente,
vulneración alguna de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, es preciso
reiterar que las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado
constituyen decisiones de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades
administrativas y judiciales del país, en tanto fijan criterios jurisprudenciales
uniformes orientados a garantizar la coherencia, estabilidad y seguridad jurídica en
la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. En ese sentido, una vez esta
Corporación emite una providencia de unificación, su contenido se erige en
precedente vinculante, cuya observancia resulta imperativa en aquellos asuntos que
presenten identidad fáctica o jurídica, con el fin de evitar decisiones contradictorias
y asegurar la efectividad del principio de igualdad.
3.6. Conclusión de la decisión
55. La Sala en atención a lo consignado confirmará en su totalidad la sentencia
dictada el 6 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho y en
consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
56. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
28La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00487-01 (1448-2021)
Demandante: Miguel Ángel Peña Bahoque
Demandado: Municipio de Sabanalarga
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró la prescripción extintiva del
derecho, atendiendo lo consignado en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
15
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