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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00647-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00647-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2022 dictada por el Tri- bunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Edisson Quiroz Caro en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones y la Uni- dad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con las consideraciones de esta provi- dencia. SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al Edisson Quiroz Caro en favor de la parte demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori- gen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00647-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00647-01 (6158-2022)
Demandante: Edisson Quiroz Caro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
otro.
Tema: Reconocimiento pensional de jubilación convencional.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, como quiera que el deman-
dante no adquirió el derecho pensional durante el período de
vigencia de la convención colectiva.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia de primera instancia del 30 de junio de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Edisson Quiroz Caro, en ejercicio del medio de control de nulidad y resta-
blecimiento del derecho y por medio de apoderado, presentó demanda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protec-
ción Social (UGPP) con el propósito de que se declare la nulidad de las Resolu-
ciones (i) No. 00000605 del 24 de enero de 2012, mediante la cual se negó el
reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el 22 de diciembre
de 2007 y agosto de 2011, (ii) No. GNR 201915 del 5 de junio de 2014, que
confirmó dicha decisión al resolver el recurso de reposición y (iii) No. VPB 32071
del 13 de abril de 2015, en la que reiteró las anteriores decisiones en sede de
apelación, expedidas por el ISS y Colpensiones.

2. Igualmente, pretendió se declare la nulidad de los actos administrativos
fictos presuntos derivados del silencio administrativo negativo que guardaron la
UGPP y Colpensiones respecto de solicitudes presentadas el 25 y 26 de agosto
de 2015, respectivamente, orientadas al reconocimiento y pago del retroactivo
pensional y la reliquidación de la prestación que le fue inicialmente reconocida.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a las deman-
dadas al reconocimiento y pago solidario del retroactivo pensional desde el 22 de

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

diciembre de 2007, fecha en que adquirió el estatus pensional hasta agosto de
2011, fecha inicial en que recibió el pago de la primera mesada. También reclamó
el pago solidario de la diferencia del 25% en el valor de la pensión reconocida,
para así recibir el 100% de la mesada que le corresponde en virtud del artículo
98 de la Convención Colectiva suscrita entre el extinto ISS y SINTRASEGURI-
DADSOCIAL.

4. De igual manera, solicitó la reliquidación pensional en los términos del De-
creto 1653 de 19771 con inclusión de los siguientes factores salariales: asigna-
ción básica mensual, prima de servicios y vacaciones, auxilio de alimentación y
transporte, trabajo nocturno, suplementario y horas extra y trabajo dominical y en
feriados, además del reajuste pensional correspondiente. Por último, incoó el re-
conocimiento y pago solidario de intereses moratorios conforme la variación del
IPS certificado por el DANE.

5. Mediante el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, el Gobierno Nacional
ordenó la escisión del ISS, razón por la cual se crearon varias empresas sociales
del Estado, entre ellas la E.S.E. José Prudencio Padilla, entidad a la cual el de-
mandante fue incorporado sin solución de continuidad desde el 1 de diciembre
de 2006 y en donde se desempeñó como Médico. Luego, a través del Decreto
4894 de 2004, el Gobierno ordenó la liquidación de la E.S.E. mencionada y de
conformidad con el Decreto 900 de 2008, fijó como plazo para llevar a cabo el
proceso liquidatorio a más tardar el 30 de mayo de 2008, fecha de retiro definitivo
del servicio del demandante.

6. Nació el 22 de diciembre de 1952 e inicialmente prestó sus servicios para
el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) a partir del 11 de noviembre de
1987 hasta el 30 de noviembre de 2006 como Médico General, Grado 36. Durante
la vigencia de la vinculación, SINTRASEGURIDADSOCIAL y el extinto ISS cele-
braron una convención colectiva a partir del 1 de noviembre de 2001. Aseguró
haber prestado sus servicios durante 20 años, 6 meses y 20 días

7. Mediante Resolución No. 8420 del 22 de julio de 2011, el ISS le reconoció
una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, efectiva a partir
del 1 de julio de 2011 y por un valor inicial de $ 3.946.8592. La prestación fue
liquidada según el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994, esto es, sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años y por
una tasa de reemplazo equivalente al 75%.

1 Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de

seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales.
2 A través de la Resolución 8664 del 28 de julio de 2011, el ISS revocó parcialmente la decisión

toda vez que, pese a la fecha de efectividad fue asignada para julio de 2011, la liquidación de la
mesada y el retroactivo pensional fueron liquidados para ser ingresados en la nómina de sep-
tiembre de ese mismo año y pagadera en el mes siguiente, no siendo congruente el acto admi-
nistrativo en sí mismo.

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

8. Argumentó que Colpensiones no tuvo en cuenta que entre la vinculación
ante el ISS y la E.S.E. no hubo solución de continuidad y, además, operó la sus-
titución patronal de la segunda sobre la primera, razón por la cual era beneficiario
del régimen convencional, particularmente sobre el promedio de los ingresos de-
vengados en los últimos 3 años de servicio, con inclusión de la prima de servicios
y la prima de vacaciones y sobre una tasa de reemplazo equivalente al 100% del
IBL. Por otro lado, sostuvo que le asistía el derecho al retroactivo pensional desde
el 22 de diciembre de 2007, fecha en la que adquirió el estatus pensional, de ahí
que no fuera procedente incluir los tiempos de servicio prestados ante la Univer-
sidad del Tolima, máxime cuando correspondía a una remuneración tipo hora
cátedra.

9. Como concepto de la violación, alegó la vulneración del preámbulo y los
artículos 1°, 2°, 4°, 11, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 87, 209 y 243 de la
Constitución Política, la Convención Colectiva del 1 de noviembre de 2001, los
artículos 11, 14, 114 y 288 de la Ley 100 de 1993, la Ley 50 de 1990, la Ley 4 de
1992, el Decreto 1653 de 1977 y el Decreto 604 de 1997, así como el descono-
cimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En desarrollo de lo ante-
rior, explicó que las demandadas vulneraron sus derechos adquiridos en virtud
del artículo 98 de la Convención Colectiva y el principio de favorabilidad.

Contestación de la demanda

10. Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones y solicitó que
fueran desestimadas. Como excepción de mérito, alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues no fue quien reconoció el derecho pensional en
discusión ni tampoco la entidad que asumió el reconocimiento de prestaciones
derivadas de regímenes especiales o de los empleados del extinto ISS.

11. La UGPP también se opuso a las peticiones del demandante. Cuestionó
la falta de claridad respecto del régimen pensional cuya aplicación reclamaba el
señor Quiroz, pues pretendió el reconocimiento en los términos del Decreto 1653
de 1977, al tiempo que la Convención Colectiva de 2001. Sin perjuicio de ello, la
entidad señaló que (i) el citado decreto había sido derogado, (ii) la convención
colectiva estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004 y (iii) el reconocimiento
pensional había sido efectuado según el régimen imperante para el momento en
que el demandante consolidó su estatus pensional y se desvinculó del sistema
pensional, razón por la cual los actos administrativos cuestionados se ajustaban
al ordenamiento jurídico aplicable al caso.

12. Como excepciones de mérito, la UGPP invocó la legalidad de los actos
administrativos, la imposibilidad de restablecer el derecho, la inexistencia de la
obligación, el cobro de lo no debido, la buena fe, la compensación, la prescripción
y la genérica.

Sentencia apelada

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia el 30 de junio de
2022 y negó las pretensiones de la demanda.

14. Dentro de sus consideraciones, desarrolló las diferencias entre empleados
públicos y trabajadores oficiales a partir del Decreto 3135 de 1968 y el Decreto
1848 de 1969 y explicó que únicamente los segundos eran beneficiarios de regí-
menes convencionales.

15. De conformidad con el artículo 98 de la Convención Colectiva suscrita en-
tre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL en 2001, previó que, una vez el traba-
jador acreditara 20 años de servicio y cumpliera 55 años de edad en el caso de
los hombres y 50 años en el caso de mujeres, tendría derecho al reconocimiento
pensional en cuantía del 100% del promedio de lo devengado según tres catego-
rías de trabajadores3 y con inclusión de los siguientes factores salariales: asigna-
ción básica mensual, prima de servicios y vacaciones, auxilio de alimentación y
transporte, valor de trabajo nocturno, suplementario y horas extra y valor del tra-
bajo en días dominicales y feriados.

16. Frente a los efectos de la convención, destacó que la sentencia C-314 de
2004 de la Corte Constitucional permitió que los trabajadores oficiales del ISS,
luego empleados públicos de las E.S.E., conservaran los derechos adquiridos al
amparo del régimen convencional durante el término inicialmente pactado para
su vigencia en el artículo 2° del acuerdo, esto es entre el 1 de noviembre de 2001
y el 31 de octubre de 2004. La Corte determinó que, al mutar la naturaleza jurídica
de estos servidores, dejaron de ser beneficiarios de las disposiciones propias del
derecho colectivo del trabajo, incluida la prórroga automática prevista en el ar-
tículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

17. Al estudiar el caso en concreto, advirtió que el demandante (i) nació el 22
de diciembre de 1952, por lo que a fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 tenía 41 años, (ii) prestó sus servicios ante el ISS desde el 11 de no-
viembre de 1987 hasta el 30 de noviembre de 2006 y ante la E.S.E. José Pru-
dencio Padilla desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de mayo de 2008, (iii)
sin que hubiese solución de continuidad entre ambas entidades, (iv) cumplió 55
años en el año 2007, (v) le fue reconocida una pensión de jubilación en los tér-
minos de la Ley 33 de 1985 y (vi) agotó la reclamación administrativa mediante
peticiones del 35 y 26 de agosto de 2015 ante las demandadas.

18. Con base en ello, concluyó que las pretensiones de la demanda no esta-
ban llamadas a prosperar toda vez que el señor Quiroz no consolidó el estatus
pensional durante los tres años de vigencia de la convención colectiva, pues para
el 31 de octubre de 2004 tenía 51 años y había prestado 17 años de servicio.

3 Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006,

100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio; para quienes se
jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio
mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio; y para quienes se jubilen a partir del
primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años
de servicio.

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

19. Por otro lado, en relación con la aplicación del Decreto 1653 de 1977, tam-
bién determinó que no era posible aplicar los términos de liquidación allí previs-
tos, es decir, sobre el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicios sobre todos los factores de remuneración que constituyeron salario. Lo
anterior, dado que el demandante era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, por lo que el cálculo de la prestación debía ceñirse al inciso
3° del artículo 36 de la norma y el Decreto 1158 de 1994.

20. En todo caso, el Tribunal advirtió que la aplicación del Decreto 1653 resul-
taba procedente respecto de quienes hubiesen adquirido la calidad de empleado
público con la entrada en vigencia del Decreto 416 de 1997, el 26 de febrero de
ese mismo año. Examinado el caso de referencia, constató que el demandante
se desempeñaba como trabajador oficial, circunstancia que impedía extender los
efectos del mencionado decreto.

21. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, como-
quiera que, en virtud del artículo 365 del CGP, no se probó su causación.

Recurso de apelación

22. El demandante apeló la decisión anterior y solicitó fuera revocada para, en
su lugar, acceder a todas sus pretensiones.

23. Contrario a lo expuesto por el a quo, aseguró que el régimen convencional
en discusión extendió sus efectos hasta el 31 de julio de 2010. A partir de la
sentencia SL379-2021 del 15 de febrero de 2021, explicó que la reforma consti-
tucional que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2005 para definir el alcance de los
regímenes convencionales o extralegales permitió prolongar la vigencia hasta
esa fecha. En esa medida, dado que cumplió 55 años el 22 de diciembre de 2007
y prestó sus servicios por más de 20 años, aseguró haber adquirido el derecho
pensional de conformidad con el artículo 98 de la Convención Colectiva de 2001.
Sumado a lo anterior, señaló que para la reliquidación del IBL debía tener en
cuenta los factores de remuneración previstos en el Decreto 1653 de 1977, sin
explicar los motivos de su procedencia.

24. Por otro lado, argumentó que la UGPP estaba llamada a reconocer y pagar
su derecho pensional en los términos pretendidos, puesto que el Decreto 2013
de 2012 estableció que sería esta entidad quien asumiría las obligaciones que
como empleador adquirió el ISS.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. Mediante auto del 1 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador ad-
mitió el recurso de apelación y corrió traslado de esta a la parte demandada y al
Ministerio Público, este último para que rindiera concepto.

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26. La Procuraduría Delegada conceptuó confirmar la sentencia de primera
instancia. En relación con la vigencia de la Convención Colectiva, indicó que el
mismo acuerdo no estableció un término distinto al inicialmente previsto, es decir,
hasta el 31 de octubre de 2004, ni tampoco previó su prórroga automática. Adi-
cionalmente, a partir de la sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional pro-
tegió los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales que adoptaron la cali-
dad de empleados públicos luego de la escisión del ISS, regla jurisprudencial
reiterada en las sentencias S-897 de 2012 y SU-086 de 2018 de la misma Cor-
poración. En esa medida, estimó jurídicamente inviable alegar la consolidación
del derecho pensional en una fecha posterior a la pérdida de vigencia de la con-
vención.

27. Las entidades demandadas guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.

Problema jurídico

29. Le corresponde a la Sala determinar si el señor Edisson Quiroz Caro tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 98
de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL, para lo cual deberá establecerse, en primer lugar,
el ámbito temporal de aplicación de dicha cláusula y si el demandante reunió los
requisitos convencionales de edad y tiempo de servicios durante su vigencia. En
caso afirmativo, se determinará si hay lugar al reconocimiento del retroactivo
reclamado y a la reliquidación de la prestación en los términos solicitados.

Análisis del problema jurídico

30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 30 de junio de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto la Convención Colectiva
de Trabajo de 2001 produjo efectos jurídicos hasta el 31 de octubre de 2004,
fecha para la cual el demandante no había acreditado el cumplimiento de los
requisitos pensionales previstos por el régimen convencional y, en esa medida,
no adquirió el estatus pensional.

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

31. De manera preliminar, es pertinente precisar que quienes prestan sus ser-
vicios al Estado se denominan servidores o funcionarios públicos. Según su
forma de vinculación4, los servidores podrán ser trabajadores oficiales o emplea-
dos públicos, categorías para las cuales el ordenamiento prevé la aplicación de
regímenes laborales distintos. Para efectos del asunto a resolver, la principal di-
ferencia entre estos tipos de empleo se encuentra dada por el derecho laboral
colectivo, pues solo los trabajadores oficiales pueden presentar pliegos de con-
diciones y celebrar convenciones colectivas.

32. En el caso de los trabajadores oficiales del antiguo ISS, el artículo 16 del
Decreto 1750 de 2003 determinó que todos los servidores de las E.S.E. – en las
cuales se escindiría la mencionada administradora –, serían empleados públicos,
a excepción de quienes desempeñen funciones de mantenimiento de la planta
física hospitalaria y de servicios generales. Con ocasión de esta modificación, en
sede de constitucionalidad, la Corte Constitucional examinó los artículos 16 y 18
del Decreto 1750 de 2003 y centró su análisis en la presunta afectación de los
derechos convencionales adquiridos de quienes solían ser trabajadores oficiales
del ISS, pero que posteriormente tuvieron la calidad de empleados públicos de
empresas sociales del Estado.

33. En esa oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de las normas, pero
excluyó del ordenamiento jurídico la expresión “se tendrán como derechos adqui-
ridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir,
aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al
patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas” del inciso 1° del ar-
tículo 18. Para ello, definió los derechos adquiridos como aquellas situaciones
jurídicas consolidadas en cabeza de sus titulares, a diferencia de las meras ex-
pectativas, las cuales son susceptibles de ser modificadas por el tránsito legisla-
tivo. Con base en ello, determinó que el aparte señalado restringió el ámbito de
protección de los derechos adquiridos únicamente en materia prestacional y omi-
tió otorgar la misma garantía para los derechos de carácter salarial.

34. En todo caso, al estudiar el derecho a presentar convenciones colectivas,
explicó que este no podía ser interpretado como un derecho adquirido, pues se
trataba de una potestad derivada del tipo de vinculación jurídica del servidor con
la administración, asunto de exclusiva competencia del legislador en virtud del
principio de libertad de configuración legislativa.

35. Luego, en sentencia C-349 de 2004, la Corte estudió las expresiones “au-
tomáticamente y sin solución de continuidad” del artículo 17 del mencionado de-
creto. Explicó que, a través de ellas, el legislador buscó garantizar la estabilidad
laboral y demás derechos adquiridos de los trabajadores, sin que por ello se pu-

4 La vinculación de los empleados públicos está precedida por un nombramiento y posesión,

mientras que los trabajadores oficiales celebran contratos de trabajo.

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diese interpretar la extensión o continuidad del régimen convencional con poste-
rioridad al 31 de octubre de 2004, pues justamente el régimen aplicable había
sido modificado.

36. Al resolver controversias relacionadas con la aplicación del régimen con-
vencional respecto de servidores públicos cuya naturaleza jurídica mutó de tra-
bajadores oficiales del ISS a empleados públicos de diferentes E.S.E., la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha definido que solo son beneficiarios de las
convenciones colectivas los trabajadores, de manera que la modificación del
vínculo laboral comportó también un cambio en el régimen jurídico aplicable, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y expectativas legítimas en los términos del
artículo 416 del CST5. Así mismo, al igual que la Corte Constitucional, esta Cor-
poración ha precisado que la variación de empleo sin solución de continuidad no
permite invocar la prórroga automática de los acuerdos prevista en el artículo 478
del CST6.

37. En esa medida, para definir si el demandante tiene derecho al reconoci-
miento pensional en los términos pretendidos, es necesario verificar si cumplió
con los requisitos previstos en el artículo 98 del régimen convencional durante el
período en que este generó efectos jurídicos. A saber7,

“ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo
al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta
(50) si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100%
del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada
grupo de trabajadores oficiales:

(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciem-
bre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de
servicio.
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de di-
ciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años
de servicio.
(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio
mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.

Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:
a. Asignación básica mensual
b. Primera de servicios y vacaciones
c. Auxilio de alimentación y transporte
d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados

(…)8”.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 1 de julio de 2009, radicado No. 17001-23-31-000-2004-00350-01 (2141-07).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 22 de junio de 2023, radicado No. 25000-23-42-000-2013-03136-02 (2262-2021).
7 Expediente digital, archivo “28_Incorporaexped_005ANEXOS_0_20251028151917150”, folio

77.
8 “No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación

y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00647-01 (6158-2022)
Demandante: Edisson Quiroz Caro

38. De las pruebas aportadas al plenario, la Sala observa que el señor Quiroz
nació el 22 de diciembre de 19529. Para acreditar el cumplimiento del segundo
requisito, demostró haber prestado sus servicios al sector público sin solución de
continuidad de la siguiente manera: (i) desde el 11 de noviembre de 1987 hasta
el 30 de noviembre de 200610 ante el ISS y (ii) desde el 1 de diciembre de 2006
hasta el 30 de mayo de 2008 ante la E.S.E. José Prudencio Padilla11.

39. Con base en lo anterior, es claro que el demandante alcanzó los 20 años
de servicio el 11 de noviembre de 2007 y cumplió la edad requisito – 55 años –
el 22 de diciembre del mismo año. Por lo tanto, las condiciones previstas en el
artículo 98 de la Convención Colectiva solo se consolidaron para cuando dicho
instrumento dejó de producir efectos jurídicos, circunstancia que impide acceder
al reconocimiento pensional a partir del régimen convencional.

40. En efecto, la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administra-
tivo ha sostenido de manera uniforme que la transformación de los trabajadores
oficiales del ISS como empleados públicos de empresas sociales del Estado con-
llevó a la aplicación de un régimen jurídico distinto e incompatible con los benefi-
cios convencionales. Por ello, desde su vinculación a la E.S.E. José Prudencio
Padilla, el señor Quiroz quedó sometido al régimen propio de los empleados pú-
blicos, sin que fuera jurídicamente viable extender hacia el futuro las prerrogati-
vas de la convención que se celebró durante su vinculación como trabajador ofi-
cial.

por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho
caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido por-
centaje y el valor de la pensión de vejez. PARÁGRAFO 1º. El Instituto, de oficio o a solicitud de
parte interesada, a través de sus dependencias de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, rea-
lizará los estudios técnicos que se requieran para determinar ambientes de especial peligrosidad
para la salud de los trabajadores oficiales y adoptará las medidas necesarias para corregir y pre-
venir los riesgos, modificando, si fuere necesario, los parámetros señalados en materia de pen-
siones de jubilación por las normas establecidas en la Convención vigente. PARÁGRAFO 2º.
Fondo de reservas para el pago de pensiones de los trabajadores del ISS. El Instituto constituirá
durante el primer año de vigencia de la presente Convención un fondo para el pago de pensiones
de jubilación, invalidez y sobrevivientes actuales y futuras. Este fondo se manejará como una
cuenta especial en la que se consignarán las apropiaciones presupuestales anuales respectivas
y los correspondientes rendimientos financieros, los cuales harán parte de dichos fondos. PARÁ-
GRAFO 3º. Quienes hayan cumplido o cumplan los requisitos de tiempo de servicios y edad a
treinta y uno (31) de diciembre de 2001, su pensión se liquidará con las reglas previstas en el
artículo 95 de la Convención vigente a treinta y uno (31) de octubre de 2001 (Respeto de Dere-
chos Adquiridos). Las personas a quienes se les aplique esta disposición podrán continuar
desempeñando su cargo hasta la fecha que estimen pertinente. PARÁGRAFO 4º. El presente
artículo se acuerda por las partes como resultado de la demostración actuarial, técnica, econó-
mica y financiera efectuada por la comisión técnica integrada por los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social, el ISS y Sintraseguridadsocial, donde se cons-
tató que el reconocimiento y pago de las jubilaciones en un horizonte de diez (10) años está
plenamente garantizado sin afectar la estabilidad económica de la empresa y sin constituir riesgo
fiscal para la Nación”.
9 Expediente digital, archivo “28_Incorporaexped_005ANEXOS_0_20251028151917150”, folio

89.
10 Ibidem, folios 42 y 50.
11 Ibidem, folio 51.

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

41. De igual manera, la Sala considera que la tesis del apelante desconoce
que la protección constitucional de los derechos adquiridos se predica única-
mente de situaciones jurídicas plenamente consolidadas bajo la vigencia de la
disposición que las reconoce, pues quien pretende ampararse en una prerroga-
tiva convencional debe demostrar que reunió la totalidad de los requisitos exigi-
dos mientras el respectivo acuerdo se encontraba vigente.

42. En el caso bajo examen, el artículo 2° de la Convención dispuso expresa-
mente un período de vigencia entre el 1 de noviembre de 2001 y el 31 de octubre
de 200412, sin que hubiese previsto una extensión aplicable al derecho recla-
mado. Por esta razón, únicamente quienes acreditaran el cumplimiento integral
de los requisitos pensionales antes de que expirara la convención podían alegar
haber adquirido el derecho.

43. Tampoco prospera el argumento según el cual la Convención Colectiva
extendió sus efectos hasta el 31 de julio de 2010 como consecuencia de la en-
trada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, criterio empleado por la Corte
Suprema de Justicia a través de la sentencia SL379-2021 con radicado No.
77.649. Ello es así porque dicha reforma constitucional entró a regir el 22 de julio
de 2005, fecha para la cual el acuerdo colectivo ya había expirado conforme la
cláusula de vigencia pactada por las partes. En consecuencia, la reforma consti-
tucional no tenía la capacidad de revivir un régimen convencional extinto, ni tam-
poco de crear derechos que no se consolidaron durante su período de vigencia.

44. Por último, para la Sala tampoco es procedente acceder a la reliquidación
del IBL con inclusión de los factores salariales previstos en el Decreto 1653 de
1977. Además de que el apelante se limitó a enlistar dichos conceptos sin desa-
rrollar una censura específica dirigida a desvirtuar las conclusiones del Tribunal,
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado que el método de liquida-
ción del IBL no hizo parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, razón
por la cual dicho cómputo debía ceñirse a las reglas del artículo 21 e inciso 3° del
artículo 36 de la mencionada legislación, así como del Decreto 1158 de 199413.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo an-
terior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio objetivo
que gobierna esta materia.

12 Expediente digital, archivo “28_Incorporaexped_005ANEXOS_0_20251028151917150”, folio

6.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2018, Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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46. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2022 dictada por el Tri-
bunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Edisson
Quiroz Caro en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones y la Uni-
dad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, de conformidad con las consideraciones de esta provi-
dencia.

SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al Edisson Quiroz
Caro en favor de la parte demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

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Demandante: Edisson Quiroz Caro

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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