Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00699-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00699-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00699-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00699-01 (6601-2022)
Demandante: William Muñoz Toledo
Demandados: Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla
Temas: Reliquidación de prestaciones con la inclusión de la bonificación
por servicios prestados. Empleado público del orden territorial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 17 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1.William Muñoz Toledo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 008, 0115 y 0116 de 2012 expedidas
por la jefe de la Oficina de Gestión de Nómina y Prestaciones Sociales de la
Gerencia de Gestión Humana de la Administración Central de la Alcaldía de
Barranquilla «por haber omitido liquidar y ordenar pagar […] el 35% de la bonificación por
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: William Muñoz Toledo
servicios prestados al Distrito de Barranquilla, así como el acto administrativo del 20 de
Agosto de 2013 en la cual el Distrito resolvió desfavorablemente la respuesta al derecho
de petición del día 3 de Julio de 2013 en la cual le solicito el pago de Cesantías, y
Prestaciones Sociales, su reliquidación y pago de Indemnización o salarios moratorios»
(sic).
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de «la bonificación del 35% al 50%, más su doceava parte
de su asignación mensual, con la respectiva reliquidación debidamente indexada hasta el
momento en que se haga efectiva su pago de Cesantías, vacaciones, primas de
vacaciones, primas de servicios, primas de navidad intereses de cesantías» (sic); ii) el
reconocimiento y pago de la indemnización o sanción moratoria por el no pago
completo y oportuno de las prestaciones sociales; iii) la condena en costas a la
entidad demandada; y iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos
192 y siguientes del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luis William Muñoz Toledo prestó sus servicios como empleado del distrito
especial industrial y portuario de Barranquilla como profesional universitario, código
219 grado 01 de la planta global de la administración central distrital desde el 28 de
agosto de 2009 hasta el 29 de abril de 2011.
3.2. El 11 de enero de 2012 solicitó el pago de las cesantías, vacaciones,
bonificaciones, primas de servicios y de navidad ante el Fondo de Cesantías o
Gerencia de Gestión Humana del distrito de Barranquilla.
3.3. El distrito de Barranquilla por intermedio del jefe de la Oficina de Gestión de
Nóminas y Prestaciones Sociales de la Gestión Humana de la Administración
Central Distrital expidió las resoluciones 008 del 16 de enero de 2012, y 0115 y 0116
del 7 de febrero de ese año, mediante las cuales se ordenó el pago de las cesantías,
vacaciones, primas de vacaciones, de servicios y de navidad, pero omitió tener en
cuenta la bonificación por servicios prestados como factor salarial para la liquidación
de dichas prestaciones.
3.4. El 7 de julio de 2013 solicitó al distrito el pago del 35% de dicha bonificación,
la reliquidación indexada de las prestaciones sociales con la inclusión de la
bonificación y la indemnización moratoria o salarios moratorios por el no pago
completo y oportuno de las prestaciones sociales.
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Demandante: William Muñoz Toledo
3.5. El 20 de agosto de 2013 el distrito respondió la anterior solicitud y manifestó
que «mientras no exista una decisión de orden legal que exprese que los servidores
públicos del orden territorial tienen derecho a la mencionada prestación, o de orden judicial
ejecutoriada, el Distrito no podrá reconocerla».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 del
Decreto 1919 de 2002; 10, 48 y siguientes del Decreto Ley 1042 de 1978; 17, 33,
45 y 46 del Decreto 1045 de 1978; y 28 del CPACA.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos2:
5.1. Con la omisión de la bonificación por servicios prestados del 35% al 50% se
desconoció su derecho cierto e irrenunciable legalmente establecido de acuerdo
con las disposiciones de los decretos 1919 del 2002 y 1045 de 1978 y por
consiguiente se vulneraron las garantías del artículo 53 de la Constitución Política.
5.2. Con la decisión demandada hubo infracción del artículo 1 del Decreto 1919
de 2002, pues a partir de su entrada en vigor, la bonificación por servicios prestados
es un factor salarial que se debe tener en cuenta al momento de liquidar la anualidad
de un empleado.
5.3. El Tribual Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de la expresión «no
continuar pagando la bonificación por prestación de servicios» es decir dejó sin efectos
la Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008 en lo relacionado con el no pago de
la bonificación y les restituye el derecho a todos los empleados del distrito de
Barranquilla.
5.4. Al expedirse la anterior circular se tuvo en cuenta el concepto errado emitido
por la Alcaldía Distrital, no obstante, en ese momento ya los empleados territoriales
gozaban de los derechos de los del orden nacional y en todo caso de conformidad
con el artículo 28 del CPACA, salvo en disposición legal en contrario, los conceptos
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones no son de obligatorio
cumplimiento, luego dicho concepto al ser contrario a las normas vigentes, esto es,
los decretos 1042 y 1045 de 1978 y 1919 de 2002, no era obligatorio.
1.2. Contestación de la demanda
2 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 01DEMANDA-ANEXOS.pdf
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Demandante: William Muñoz Toledo
6.El distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
6.1. La jurisprudencia constitucional3 y del Consejo de Estado4 han sido claras en
definir la improcedencia de la extensión o aplicación de la bonificación por servicios
prestados a los empleados del nivel territorial, por cuanto, el artículo 150, numeral
19 de la Constitución define las competencias para establecer el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, en tal virtud dicha extensión no es posible,
y no existe norma que haya creado o reconocido dicho factor salarial a favor de este
tipo de empleados públicos. Este factor que solo es aplicable para aquellos a partir
del 1° de enero 2016 de conformidad con el Decreto 2418 de 2015.
6.2. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 todo régimen salarial o
prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la
esa ley o en los decretos que dicte el gobierno nacional en su desarrollo carecería
de todo efecto y no crearía derechos adquiridos, por lo que no es posible el
reconocimiento pretendido en la presente demanda.
6.3. Proferir una decisión en la cual se haga extensiva la bonificación por servicios
prestados a los empleados del nivel territorial desconocería el precedente
constitucional y del Consejo de Estado, además resultaría contrario a los postulados
de la Constitución Política.
6.4. Antes de la expedición de los actos demandados no era posible reconocer o
pagar a los empleados públicos del orden territorial la bonificación, de allí, que
independientemente de que al demandante por error se le hubiese podido reconocer
como factor mientras estuvo vinculado, resultaría improcedente reprochar la
omisión de incluirlo en la liquidación de sus prestaciones, por no ser el actor, para
el periodo reclamado en la demanda, un empleado con derecho a tal reconocimiento
y pago5.
6.5. Propuso las siguientes excepciones: i) caducidad; ii) pago; iii) buena fe; y
iv) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
3 Sentencia C 402 de 2013
4 Sentencias de 15 de mayo de 2014, Radicado: 11001-03-15-000-2013-02125-01(AC) y del 23 de
octubre de 2008, dictada dentro del expediente No. 08001-23-31-000-2001-00881-01 (730-07), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 03CONTESTACION- TRASL EXCEP.pdf
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Demandante: William Muñoz Toledo
7. El Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia proferida el 28 de
julio de 2022 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Para tal
efecto se pronunció en los siguientes términos6:
7.1. El demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación
por servicio prestado del Decreto 1042 de 1978, toda vez que, ostentó la calidad de
servidor del nivel territorial y dicha norma es de aplicación exclusiva a los empleados
del orden nacional.
7.2. Con la sentencia C- 402 del 2013 la Corte Constitucional zanjó la discusión
en tanto concluyó que la diferencia de regímenes prestacionales no comporta
discriminación entre los empleados públicos del orden nacional con respecto a los
del nivel territorial; por consiguiente, con la declaratoria de exequibilidad de la
expresión «del orden nacional» contenida en el Decreto 1042 de 1978 se entiende
que el régimen salarial establecido en dicho decreto, dentro del cual está la
bonificación por servicio prestado, aplica exclusivamente a los empleados del orden
nacional, sin que sea procedente extender su aplicación a los empleados
territoriales.
7.3. El Consejo de Estado se pronunció en un asunto con similares supuestos
fácticos y jurídicos en el que se indicó que comoquiera que a la fecha de
presentación de la demanda la discusión objeto de análisis estaba definida, la
controversia que hubiera podido suscitarse también corrió tal suerte. Por lo que en
el presente asunto los actos demandados conservan su presunción de legalidad.
1.4. El recurso de apelación
8. William Muñoz Toledo interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente7:
8.1. Estuvo vinculado laboralmente en el distrito especial, industrial y portuario de
Barranquilla y por lo tanto es beneficiario de unos derechos adquiridos. El Decreto
1042 de 1978 en su artículo 1 dejó una ventana abierta cuando alude a «las
excepciones que se establecen más adelante» pues dichas excepciones se presentaron
con la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1919 de 2002, este último extendió el régimen
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional a
6 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 06SENTENCIA 2015-00699-H.pdf
7 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 08.1 RECURSO DE APELACION.pdf
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Demandante: William Muñoz Toledo
los territoriales.
8.2. La sentencia C-402 del 2013 se expidió con posterioridad al Decreto 1919 de
2002 por lo que existen derechos adquiridos e irrenunciables en el periodo de
vinculación el cual fue anterior a dicha sentencia, por ende, esta no es aplicable en
tanto no puede ser retroactiva y en todo caso se debe aplicar el principio de
favorabilidad del empleado público.
8.3. Además, porque el distrito de Barranquilla antes del 2013 reconoció y pagó
la bonificación por servicios prestados, lo que fue suspendido ilegalmente por la
Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008 con ocasión de un concepto de la Oficina
Jurídica que declaró nula la expresión «no continuar pagando la bonificación por
prestación de servicios» contenida en la mencionada circular y el Tribunal
Administrativo del Atlántico en el 2011 dejó sin piso jurídico el no pago de la
bonificación y le restituyó ese derecho a los empleados del distrito en un proceso
de simple nulidad contra dicha circular.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio9.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿si William Muñoz Toledo, en calidad de empleado
público de la Rama Ejecutiva del orden territorial, tiene derecho a la reliquidación de
las prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre el 28 de
agosto de 2009 y el 29 de abril de 2011 con la inclusión de la bonificación por
servicios prestados de conformidad con los decretos 1042 y 1045 de 1978 y, 1919
de 2002?
8 Índice 4 de samai
9 Índice 7 de samai
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2.2. Marco normativo
2.2.1. La bonificación por servicios prestados
12. El Decreto 1042 de 197810 creó la bonificación por servicios para los
empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, así:
«Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por
servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario
pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el
tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y
pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.»
«Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación
por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las
entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por
antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración
mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario
señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. […]»
13. De acuerdo con las disposiciones transcritas se establece que esta
bonificación se reconoce al empleado cada vez que cumpla un año continuo de
labor en una misma entidad oficial; incluso, habrá lugar a la prestación cuando
el servidor pase de un organismo a otro, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio, lo cual se entiende cuando no median más de 15 días
hábiles entre el retiro y la fecha de la nueva posesión.
10«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: William Muñoz Toledo
14. Por su parte, el artículo 42 ibidem señaló que la bonificación por servicios
prestados constituiría factor de salario, así:
«Artículo 42.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la
ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas
que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este
Decreto.
b) Los gastos de representación.
c) La prima técnica.
d) El auxilio de transporte.
e) El auxilio de alimentación.
f) La prima de servicio.
g) La bonificación por servicios prestados.
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.»
15. Como se expuso, solo son destinatarios de esta prestación económica los
funcionarios enunciados en el artículo 1 ibidem, esto es, los que «desempeñen
las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del
orden nacional».
16. Con la expedición del Decreto 1919 de 200211 se dispuso que:
«Artículo 1.° A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de
la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías
territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el
personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales,
de las instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria,
secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base
en los factores para ellas establecidas.»
17. Así las cosas, por medio del citado decreto se extendió al nivel territorial el
régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional, entre ellos, el Decreto 1042 de 1978, lo que no implica que la calidad
11 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula
el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
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de factor salarial de la bonificación por servicios prestados determinada en el
artículo 42, deba aplicarse también en favor de dichos servidores territoriales,
pues ello no fue objeto de ampliación en el citado artículo del Decreto 1919 del
2002.
18. La Corte Constitucional a través de la sentencia C-402 de 201312, resolvió una
demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «del orden nacional»
contenida en el artículo 1° del Decreto 1042 de 1978, al considerar que
conllevaba una discriminación injustificada entre los servidores públicos del
orden nacional y territorial, en cuanto a las prestaciones económicas reguladas
en el ordenamiento jurídico.
19. En esa oportunidad, el máximo tribunal constitucional declaró exequible la
norma acusada, puesto que: i) la determinación del régimen salarial de los
servidores públicos del orden territorial, responde a una fórmula de armonización
entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la norma
superior reconoce a las entidades locales, en concordancia con el marco y topes
previstos en la Ley marco 4 de 1992; ii) es improcedente el juicio de igualdad
entre sus prestaciones, en consideración a que no son equiparables y responden
cada uno de ellos a los requerimientos específicos del orden o entidad de que
se traten, el grado de responsabilidad y calificación profesional requerida, lo que
resulta particularmente importante para el caso analizado, así se trate de
empleos del orden nacional o territorial; y iii) se configuraría un exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas para la expedición de la
norma acusada.
20. Sobre el particular, el Consejo de Estado13 ha indicado que la aplicación del
régimen salarial establecido para los empleados públicos de la rama ejecutiva
del orden nacional previsto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, dada la calidad
de factor salarial de la bonificación por servicios, no puede ampliarse a los
empleados de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, por
cuanto lo único que se amplió para el orden territorial fue el régimen de
prestaciones sociales.
21. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 1 del Decreto 1919 del 2002, extendió
el régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional a los del nivel territorial, más no dispuso que debía tenerse en cuenta
12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, rad.
08001-23-33-000-2016-00558-01(3718-19), C.P. William Hernández Gómez; y de la Subsección B,
sentencia del 25 de noviembre del 2021, rad. 08001-23-33-000-2016-00592-01(4901-17), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter
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Demandante: William Muñoz Toledo
como factor salarial la bonificación por servicios prestados que prevé el artículo
42 del Decreto 1042 de 1978, pues ello constituye un exceso de la potestad del
ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al gobierno.
22. Con posterioridad, se expidió el Decreto 2418 de 2015, «[p]or el cual se regula
la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel
territorial», a quienes a partir del 1° de enero del año 2016, cada vez que cumplan
un año continuo de labor en una misma entidad pública tendrán el derecho a
percibirla. Esto, al considerar que el Decreto 1042 de 1978, de conformidad con
lo señalado en su artículo 1 y en la sentencia C-402 de 2013, es aplicable
únicamente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
23. En consecuencia, el derecho a percibir la bonificación por servicios es exigible
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial a partir de
la vigencia del Decreto 2418 de 2015.
2.3. Caso en concreto
24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
24.1. El 11 de enero de 2012, William Muñoz Toledo solicitó la liquidación y pago
de las prestaciones sociales y cesantías definitivas, en condición de exempleado,
ante el Fondo de Cesantías del Distrito, Gerencia de Gestión Humana14.
24.2. La alcaldía de Barranquilla resolvió la anterior solicitud mediante las
resoluciones 008 del 16 de enero de 2012, por la cual reconoció el pago de las
cesantías definitivas del 28 de agosto de 2009 al 30 de diciembre de 2010; 0115 del
7 de febrero de 2012, por medio de la cual reconoció el pago de prestaciones
sociales, tales como vacaciones, primas de vacaciones, de servicios y de navidad
del 28 de agosto de 2009 al 29 de abril de 2011; y 0116 del 7 de febrero de 2012, a
través de la cual se reconoció el pago de cesantías definitivas del 1° de enero al 29
de abril de 2011. Al expediente se allegaron las respectivas liquidaciones15.
24.3. Posteriormente, el 3 de julio de 2013 solicitó al distrito el pago del 35% de la
bonificación por servicios prestados, la reliquidación indexada de las prestaciones
sociales con la inclusión de la bonificación y la indemnización o salarios moratorios
por el no pago completo y oportuno de las prestaciones sociales16.
14 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 01DEMANDA-ANEXOS.pdf
15 Ibidem
16 Ibidem
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Demandante: William Muñoz Toledo
24.4. El 20 de agosto de 2013 con oficio sin número la alcaldía negó la petición por
cuanto los decretos 1042 y 1045 de 1978, establecen de manera separada las
prestaciones sociales y por otro lado el régimen salarial a que tienen derecho los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional; y, comoquiera que la
bonificación por servicios prestados no está establecida como prestación social sino
como factor salarial, no se encuentra dentro de los presupuestos señalados en el
Decreto 1919 de 2002, para que proceda su extensión a los empleados de la rama
ejecutiva del orden territorial17.
24.5. Obra certificado en el que la Secretaría Distrital de Gestión Humana hace
constar que respecto del demandante «no se le visualizan pagos por concepto de
bonificación de servicios prestados, del periodo de vinculación desde 28 de agosto de 2009
hasta 29 de abril de 2011» y desprendibles de nómina de abril de 2011; de septiembre
a diciembre de 2009; y desde febrero hasta noviembre del 201018.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
25. En atención a que lo que se pretende es que se reconozca el derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales causadas durante el período comprendido
entre el 28 de agosto de 2009 y el 29 de abril de 2011 con la inclusión de la
bonificación por servicios prestados contenida en los decretos 1042 y 1045 de 1978
con fundamento en la homologación derivada del Decreto 1919 del 2002, se tiene
que:
26. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla es una entidad territorial
del orden distrital, por lo que William Muñoz Toledo tenía la calidad de empleado
público del orden territorial.
27. Al respecto, como se indicó en el acápite precedente, si bien por medio del
artículo 1 del Decreto 1919 de 2002, se extendió el régimen prestacional de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los territoriales, entre
ellos, a los de las entidades distritales, lo cierto es que la bonificación por servicios
fue prevista como factor salarial en el literal g) del artículo 42 del Decreto 1042 de
1978, razón tal para que no pueda extenderse por virtud de una norma
reglamentaria, pues la facultad de crear o extender prestaciones salariales al orden
territorial únicamente compete al gobierno nacional, según se dispuso en la Ley 4ª
de 1992, y no a las instituciones municipales, departamentales o distritales, que solo
17 Ibidem
18 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,
carpeta EXPDIG, documento 04 PRUEBAS RECAUDAS
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Demandante: William Muñoz Toledo
están facultadas para establecerlo dentro de los límites señalados por el gobierno
nacional.
28. Por lo anterior, William Muñoz Toledo no tiene derecho al reconocimiento y pago
de la bonificación por servicios prestados como factor salarial de liquidación de sus
prestaciones y, en ese sentido, se establece que no hubo un pago incompleto e
inoportuno de estas.
29. Ahora bien, en el escrito de apelación el demandante argumentó que tenía
derechos adquiridos respecto de la bonificación por servicios a efectos de la
reliquidación de sus prestaciones, no obstante, la Sala advierte que, de acuerdo con
el marco normativo expuesto, los decretos 1042 y 1045 de 1978 fijaron el sistema
de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos y las prestaciones sociales
de empleados del orden nacional, respectivamente, así pues, si bien es cierto el
Decreto 1919 de 2002 reguló el régimen prestacional de los empleados públicos del
nivel territorial para lo cual les hizo extensivo el de los empleados del orden nacional,
la bonificación por servicios prestados se constituyó como un factor salarial y no
como una prestación, por ende no se le desconoció un derecho adquirido pues para
que el derecho fuera considerado así, era necesario que hubiera cumplido los
supuestos que la norma prevé para obtenerlo; no obstante, se insiste, comoquiera
que él era un empleado del orden territorial no le era aplicable el régimen salarial de
los del orden nacional.
30. De tal suerte que con fundamento en los decretos 1042 y 1045 de 1978 los
destinatarios de la bonificación por servicios prestados como factor salarial son «los
empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, con las excepciones que se
establecen más adelante» calidad que no ostenta el demandante, por lo que no
cumplió con los presupuestos para que, en virtud de la normatividad analizada, la
entidad demandada estuviera en la obligación de acceder a su solicitud.
31. Asimismo, alegó que no le era aplicable la sentencia C- 402 de 2013, por cuanto
fue proferida con posterioridad a su vinculación y que en todo caso debía darse
aplicación al principio de favorabilidad. Al respecto esta Sala precisa que la citada
sentencia declaró exequible, entre otras, la expresión «del orden nacional» contenida
en el Decreto 1042 de 1978 con lo cual zanjó la discusión sobre la controversia
objeto del presente asunto. En esa medida se configuró la cosa juzgada
constitucional que «es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
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Demandante: William Muñoz Toledo
alcanzar un estado de seguridad jurídica»19.
32. En tal medida, pese a que la sentencia se hubiese emitido con posterioridad a su
vinculación, lo cierto es que en ella se estudió la constitucionalidad del decreto de
acuerdo con los cargos planteados y encontró las expresiones acusadas ajustadas
a los preceptos constitucionales desde el momento mismo de su expedición; de
forma que aun cuando la decisión en sede de constitucionalidad se haya proferido
con posterioridad, el alcance de las disposiciones contenidas en el decreto allí
analizado surtió efectos jurídicos desde su expedición20.
33. Por su parte la Sala no desconoce el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta, según el cual, el operador judicial deberá aplicar la
interpretación o la norma más favorable al trabajador. En ese mismo sentido la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente21
«De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador,
se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de
favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino
también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es
más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En
nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los
siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.
De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva,
etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger
aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad,
ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una
tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.»
34. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no existe un conflicto entre dos normas y
tampoco se admite diferentes interpretaciones respecto de las analizadas, pues
como se señaló en precedencia para el 2 de julio de 2015, fecha en que se presentó
19 C- 100 del 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos
20 Así se dispuso en el artículo 107: «De la vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, subroga en su totalidad el Decreto-
Ley 710 de 1978 y surte efectos fiscales a partir del 20 de abril del mismo año, salvo lo que se
dispone para el pago retroactivo del aumento salarial, el cual tendrá efectividad desde el 1 de enero
de 1978».
21 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995
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la demanda, la sentencia de constitucionalidad zanjó la discusión y en todo caso se
convalidó la situación del actor en cuanto fue acorde a la normativa, la negativa de
la entidad para reconocerle la bonificación a efectos de la liquidación de sus
prestaciones. Aunado a que la posición vigente de esta Corporación22 ha sido
enfática en señalar que el artículo 1 del Decreto 1919 del 2002, extendió el régimen
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional a
los del nivel territorial, más no el que deba tenerse en cuenta como factor salarial la
bonificación por servicios prestados que prevé el artículo 42 del Decreto 1042 de
1978. En efecto, en igual sentido lo consideró recientemente esta subsección en un
asunto de contornos fácticos y jurídicos similares a los expuestos en esta decisión,
en la que consideró que «la bonificación por servicios prestados [reclamada] como factor
salarial para liquidar sus prestaciones sociales, [tiene una] naturaleza […] propia de los
empleados públicos del orden nacional»23.
35. Por consiguiente, William Muñoz Toledo, en calidad de empleado público
vinculado a la Rama Ejecutiva del orden distrital, no tenía derecho a percibir la
bonificación por servicios prestados de que trata el artículo 45 del Decreto 1042 de
1978 y por ende a que se le reliquidaran las prestaciones sociales con su inclusión,
pues según se expuso en precedencia, dicho emolumento se constituyó como factor
salarial para los empleados públicos del orden nacional.
2.4. Costas
36. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
37. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
22 Sentencias del 1° de junio de 2023, radicado 08001233300020160055701(0512-2021), M.P. Juan
Enrique Bedoya; 30 de junio de 2022, radicado 08001233300020160055901(1860-2021), M.P.
William Hernández Gómez; 5 de mayo de 2020, radicado 08001233300020120034201(1097-2014),
M.P. Cesar Palomino Cortés
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de junio de 2023, radicado
08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: William Muñoz Toledo
38. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.
39. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
40. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que William Muñoz Toledo, en
calidad de empleado público vinculado a la Rama Ejecutiva del orden distrital, no
tenía derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales causadas durante el
período comprendido entre el 28 de agosto de 2009 y el 29 de abril de 2011 con la
inclusión de la bonificación por servicios prestados con fundamento en los decretos
1042 y 1045 de 1978 y, 1919 de 2002. En esas condiciones, se confirmará la
sentencia proferida el 17 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por William
Muñoz Toledo contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: William Muñoz Toledo
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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