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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00806-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00806-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2022, expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00806-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2015 00806 01 (4261-2024)
Demandante: Sol María Galindo de Meza
Demandado: Departamento del Atlántico, Secretaría de Educación
Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación
salarial
Decisión: Confirma sentencia. La parte demandante no logró demostrar
los supuestos fácticos de su pretensión.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia expedida el 5 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio No. 1953
del 3 de junio de 2015, mediante el cual se negó el derecho al reconocimiento y pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, desde el año 1995 hasta diciembre 31
de 2002, debidamente indexado y con los intereses moratorios.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la parte
demandada a pagar la suma total que corresponda o resulte del dictamen pericial que
solicitó, actualizar la condena, ordenar el cumplimento de la sentencia en los términos de
los artículos 192 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1 e imponer condena en costas a la demandada.

3. Argumentó que la nivelación salarial de los empleados administrativos de la planta
de personal del departamento de Atlántico fue ordenada mediante el Decreto 208 del 24
de junio de 2009, que en la Resolución 03853 el 26 de junio de 2009 se le asignó la
denominación del empleo, código, grado y salario, y a través de oficio del «10/11/2.009»
se ordenó su homologación en el cargo y grado que corresponden a las funciones
realmente desempeñadas. No obstante, más adelante se ordenó suspender el proceso

1 En adelante, CPACA.

Radicación: 08001 23 33 000 2015 00806 01 (4261-2024)
Demandante: Sol María Galindo De Meza

de homologación hasta tanto se enmendaran los errores advertidos, y el nuevo estudio
técnico fue aprobado a través del Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013.

4. A raíz de lo anterior, mediante la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 se
revocaron todos los actos de reconocimiento y pago de la homologación que habían sido
expedidos en el año 2011 y los nuevos fueron expedidos a partir de enero de 2014 e
incluso en 2015; sin embargo, en su caso, en el oficio acusado se negó el derecho al
retroactivo salarial bajo la consideración de que los derechos estaban prescritos.

Contestación de la demanda.

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones para lo cual indicó que
producto de la descentralización del servicio educativo dispuesta en las Leyes 60 de 1993
y 715 de 2001 se expidieron los decretos mediante los cuales se incorporó a los
servidores públicos provenientes de la Nación y, concretamente para el caso de la
demandante, se expidió el Oficio 2013EE34201 del 11 de junio de 2013, por el cual se
aprobó la liquidación dentro del proceso de homologación, la cual no arrojó ninguna suma
a su favor, decisión que estuvo precedida de revisiones y aprobaciones que dieron
certidumbre sobre la liquidación y contra la cual no se presentaron recursos.

6.Agregó que la decisión anterior fue la que definió su situación jurídica particular y
concreta frente a dicho proceso, lo que da lugar a concluir, por una parte, que los
derechos ahora pretendidos están prescritos, por otra parte, que la omisión de formular
los recursos jurídicos en contra de dicha decisión no se puede alegar como vulneración
del derecho al debido proceso y finalmente, que la intención de la demandante al formular
la petición que dio origen al acto acusado fue revivir los términos de que no hizo uso
oportuno para cuestionar el oficio mencionado. Propuso las excepciones de ineptitud
sustancial de la demanda por indebida escogencia del acto administrativo acusado,
caducidad, prescripción, inexistencia de la obligación, legalidad del acto administrativo
demandado, buena fe, y la genérica.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda2 bajo
las siguientes consideraciones puntuales: i) que en la petición que se presentó en sede
administrativa no se pidió el pago retroactivo salarial de los años 1995 a 2002; ii) que los
argumentos de la demanda se centraron en enfatizar que no hay prescripción de los
derechos reclamados, pese a que el acto enjuiciado no se refiere a dicha figura jurídica,
y iii) que a la demandante le fueron reconocidas las sumas correspondientes al proceso
de homologación, mediante la Resolución 000954 del 3 de marzo de 2011, por algunos
de los años pretendidos en la demanda (1997-2002).

8. Con base en lo anterior y de acuerdo con el material probatorio obrante en el
expediente, concluyó que en este no aparece certificado laboral en el que conste la fecha

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

de vinculación de la demandante a fin de examinar la prescripción, ni tampoco las
peticiones que habrían sido presentadas por esta entre los años 2005 a 2012 y aunque
se alude a la existencia de un acuerdo suscrito en el año 2000 entre SINTRIENAL
NACIONAL y el Ministerio de Educación que se invoca como sustento para la inoperancia
de la prescripción, de su texto no se infiere que se hubiera abordado el tema de la
prescripción, pues su objeto fue planificar conjuntamente el proceso de homologación.

9. Finalmente, en lo que se refiere a los intereses derivados de dicho proceso, se
acogió a la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual no pueden reconocerse
en la medida en que no están autorizados en la ley3.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

10. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación4
señalando que aunque el retroactivo producto de la homologación le fue reconocido en
la Resolución 00954 del 3 de marzo de 2011, hubo un error en el procedimiento de
liquidación que llevó a la Secretaría de Educación a expedir la Resolución 3647 del 18
de noviembre de 2011, por la cual «inició actuación administrativa en contra de 314
funcionarios administrativos, a quienes al momento de la liquidación no se les tuvo en
cuenta las modificaciones de cargos y ajustes salariales aplicados mediante el Decreto
1457 de 1997» y el 29 de noviembre se ordenó suspender el proceso de pago por
homologación y nivelación salarial; posterior a lo cual el Ministerio de Educación aprobó
el nuevo estudio técnico que comprendió los periodos de 1997 a 2009, por ello solicitó el
reconocimiento de los valores retroactivos de 1995 a 2022.

11. Agregó que el Tribunal desconoció las normas que rigen la prescripción,
particularmente los artículos 2513 y 2514 del Código Civil que se refieren a la renuncia
de aquella, pues en la «declaración de voluntad del gobierno nacional del 27 de octubre
de 1997» y en el Acuerdo del 3 de mayo de 2000, firmado entre el Ministerio de Educación
Nacional y Sintrenal Nacional, no se evidencia que se hubiera estipulado el tiempo en
que debía efectuarse el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial y, por
el contrario, en ellos se ratificó el derecho al retroactivo.

12. En cuanto a la afirmación de la sentencia, según la cual no reposa certificación en
que conste la fecha de vinculación de la demandante, mencionó que en los antecedentes
administrativos aparecen distintos documentos que dan cuenta del cargo ocupado lo que
permitía pronunciarse sobre la prescripción y, en ese sentido, se incurrió en una falta de
valoración probatoria. Frente a la omisión de aportar las reclamaciones administrativas,
adujo que el acuerdo al que llegó el Gobierno nacional con el sindicato es aplicable a los
no afiliados por extensión y por ende las diferencias salariales derivadas del proceso de
homologación se debían pagar con recursos del sistema general de participaciones «para
todos los funcionarios administrativos de la educación».

3 Se citó la sentencia del 8 de abril de 2021, 2014-00879, C.P: Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

13. Así mismo, expresó que en la sentencia se incurrió en varias vías de hecho pues
si se consideraba que había falencia probatoria se debió acudir a la facultad oficiosa para
el esclarecimiento de los hechos, que es incongruente porque no se ajusta a los hechos
y antecedentes que motivaron la demanda y que el Tribunal se niega a cumplir el mandato
legal de garantizar el pleno goce de sus derechos, como lo establece la ley; que funda su
decisión en consideraciones inexactas, totalmente erróneas y alejadas de la realidad
jurídica y procesal; que incurre en el error esencial de derecho, especialmente respecto
a la interpretación de la normas legales y constitucionales, que resulta inane a las
pretensiones del actor y también por errónea interpretación de sus principios.

14. Finalmente, señaló que en el fallo de primera instancia se presentaron las
siguientes vías de hecho o irregularidades: i) defecto material o sustantivo, porque los
fundamentos del tribunal se contradicen con su decisión, especialmente al desconocer
derechos fundamentales y principios constitucionales; ii) defecto fáctico, al omitir su
solicitud de práctica de pruebas decisivas para el caso; iii) desconocimiento del
precedente, particularmente la sentencia T-157 de 2014, que contiene una regla
jurisprudencial aplicable al caso concreto; y iv) Violación directa de la Constitución, por
desconocimiento del derecho al trabajo en condiciones dignas.

15. Al negársele el derecho reclamado, la administración incurre en una negativa que
afecta directamente los beneficios que deberían reconocerse a su favor, concretamente
los faltantes solicitados derivados de la liquidación del proceso de homologación y
nivelación salarial, entre ellos las 70 horas extras laborales mensuales, intereses a las
cesantías dejadas de cancelar, años dejados de reconocer e intereses moratorios.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

16. Mediante auto proferido el 16 de enero de 2025, se admitió el recurso de
apelación.5

17. Dentro de la oportunidad procesal, la procuradora segunda delegada ante el
Consejo de Estado rindió concepto6, en el que solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, pues las inconformidades planteadas en contra de la sentencia, más que
argumentos fácticos y jurídicos, obedecen a apreciaciones subjetivas sin asidero legal,
máxime si se tiene en cuenta que en el recurso se refirieron aspectos distintos a los que
fundamentaron la decisión objeto del recurso.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

19. De conformidad con los reparos concretos planteados, procederá la Sala a
estudiar i) si se demostró que la demandante presentó petición orientada a obtener el
reconocimiento de los derechos reclamados, o si para obtener un pronunciamiento
favorable a las pretensiones de la demanda bastaba con la existencia de un acuerdo
entre el Gobierno nacional y el sindicato, que debía aplicarse incluso a los no afiliados
por extensión y en ese contexto ordenar el pago de las diferencias salariales; ii) si en el
expediente existían pruebas que el a quo omitió valorar y que demostraran la vinculación
laboral de la demandante, a fin de contabilizar el término prescriptivo y si en todo caso
dicho fenómeno no se configuró debido a la presunta renuncia por parte de la entidad,
frente a su configuración; iii) si en la decisión apelada se incurrió en las vías de hecho
puestas de presente en el recurso.

Resolución del problema.

20. A efecto de resolver los problemas jurídicos, se debe señalar que las pretensiones
de la recurrente están orientadas a que se reconozcan a su favor el retroactivo por el
proceso de homologación y nivelación salarial desde 1995 hasta el 31 de diciembre de
2002 y sus respectivos intereses moratorios y que se reconozca que en el presente caso
operó el fenómeno de la prescripción.

21. Con miras a realizar el análisis sobre el derecho pretendido, es preciso identificar
si el acto administrativo cuestionado era el idóneo para estudiar la reclamación, toda vez
que dentro de los argumentos que motivaron la decisión negativa en primera instancia se
adujo que la petición que dio origen al acto enjuiciado no contiene una solicitud precisa
acerca del derecho reclamado en la demanda y que las diferencias salariales
ocasionadas por dicho proceso fueron reconocidas a través de la Resolución 00954 del
3 de marzo de 2011.

22. Al revisar el contenido de la petición que dio origen al acto demandado, se advierte
que consistió en lo siguiente:

«[…] me dirijo con el fin de SOLICITARLE SE PRONUNCIE SI, SEGÚN ESA
SECRETARÍA, LOS ADMINISTRATIVOS, TRABAJADORES RETIRADOS O
PENSIONADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL
ATLÁNTICO, ABAJO RELACIONADOS, TIENEN O NO DERECHO AL PAGO DE LA
HOMOLOGACIÓN DE CARGOS Y NIVELACIÓN SALARIAL, YA QUE HASTA AHORA
NO SE HA PRONUNCIADO AL RESPECTO.
[…]
11.- SOL MARÍA GALINDO DE MEZA CC No. 22.630.122»

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

23. Respecto a la petición anterior, el Tribunal consideró que en ella «la parte actora
no solicitó lo pretendido ante esta jurisdicción, es decir, el pago del retroactivo salarial de
los años 1995 a 2002».

24. La Sala concuerda con la anterior conclusión pues el contenido de dicha petición
tan solo busca indagar si hay lugar al reconocimiento de algún derecho a favor de los
servidores relacionados en la lista, pero en momento alguno constituye una petición
concreta de reconocimiento de los derechos derivados de la homologación salarial por
los años reclamados en la demanda, lo que, de por sí, impedía emitir un pronunciamiento
favorable a las pretensiones de la demanda.

25. Adicionalmente, con los antecedentes administrativos del acto acusado se allegó
copia de la Resolución 00954 del 3 de marzo de 2011, expedida por la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico, por medio de la cual se reconocieron unos
valores retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial a favor del
personal administrativo del sector educativo y la liquidación de dichos conceptos a favor
de la demandante, por los años 1997 a 2002 arrojó la suma de $ 13.385.976.

26. Lo anterior quiere decir que si la accionante estaba en desacuerdo con los valores
reconocidos en el mencionado acto por los años antes mencionados, debió interponer el
recurso procedente7 o iniciar la acción judicial idónea para cuestionar su legalidad pero
no lo hizo, de manera que la Sala concluye que lo que pretendió con cualquier
reclamación posterior fue revivir los términos no empleados oportunamente para
cuestionar la legalidad de tal decisión.

27. Ahora bien, la Sala no desconoce que tanto en la demanda como en el recurso se
mencionó que a través de la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, la Secretaría
de Educación del departamento del Atlántico revocó actos administrativos expedidos en
2011, por medio de los cuales había reconocido valores retroactivos por concepto de
homologación y nivelación salarial al personal administrativo del sector educativo; sin
embargo, al expediente no se allegó dicho acto administrativo a fin de verificar las
consideraciones que llevaron a tal decisión y si dentro de los actos revocados está el que
reconoció los derechos a favor de la demandante8 y en todo caso ello no desvirtúa el
análisis del tribunal, en lo que se refiere a que el acto demandado no definió la situación
jurídica particular y concreta que se pretende debatir en este proceso.

28. En todo caso, incluso en el evento de que la resolución mencionada hubiera
revocado el acto inicial de reconocimiento de diferencias salariales -Resolución 0954 del
2011-, tampoco sería posible tener como acto enjuiciable el oficio acusado, con miras a
obtener el reconocimiento y pago pretendido, pues en su texto la entidad le informó a la
demandante que «Como es de su conocimiento [...] por medio de oficio 2013EE34201

7 Según el artículo cuarto de su parte resolutiva, procedía el recurso de reposición.

8 En todo caso se precisa que en el oficio acusado se informa que a través de dicha resolución se revocaron

«todos» los actos administrativos expedidos en el año 2011 que reconocieron las diferencias salariales por
el proceso de homologación.

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

del 11 de junio de 2013, aprobó la liquidación del proceso de homologación de personal
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental. Dicha liquidación no arrojó
valores a favor de las personas relacionadas a continuación» y dentro de ellas menciona
a la demandante. De manera que ese acto, por el cual se definió que su liquidación no
arrojaba valores a su favor, se habría convertido en el susceptible de ser enjuiciado para
lograr el reconocimiento que se pretende en la demanda.

29. Frente a lo anterior, es importante precisar que si bien en el expediente no aparece
el oficio relacionado en el párrafo anterior y su constancia de notificación, según la
afirmación realizada en el hecho 7 de la demanda9 se puede establecer que la accionante
sí conocía su contenido, razón por la cual, se insiste, para obtener un pronunciamiento
favorable a su pretensión debió acudir a la jurisdicción solicitando la nulidad de los actos
administrativos que definieron su situación particular y concreta y no formular una nueva
petición en la que ni siquiera reclamó en forma concreta el reconocimiento de los
derechos que pretende.

30. En el anterior escenario, y aunque la Sala no comparte el análisis sustancial
realizado por el a quo sobre los derechos pretendidos, pues no era procedente
pronunciarse en torno a ellos debido a que el acto enjuiciado no resolvió la materia
solicitada en la demanda, procede confirmar la decisión adoptada, en cuanto negó las
pretensiones y no hay lugar a examinar los demás reproches del recurso, en la medida
en que buscan que se estudie la pretensión, lo que no es del caso, según el planteamiento
que antecede.

Condena en costas.

31. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)10 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

32. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento jurídico por lo que resulta improcedente la condena en
costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

9 En ese hecho se mencionó: «Que mediante oficio No. 2013EE34201 de junio 11 de 2.013, el Ministerio

de Educación Nacional aprobó el nuevo estudio técnico de homologación.»

10 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

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Demandante: Sol María Galindo De Meza

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2022, expedida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros que integran la Sala
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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