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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00846-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00846-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor Eduardo Enrique Solano Linares contra el departamento del Atlántico, el cual quedará así: SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho, como indemnización, condénese al departamento del Atlántico al reconocimiento y pago de prestaciones sociales las prestaciones laborales por la suma cincuenta y tres millones setecientos treinta y nueve mil veinticinco pesos ($53.739.025) por concepto de prestaciones sociales indicadas en la motivación. Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación, así: i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2008. ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2008. iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2009. iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2009. v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2009. vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2010. vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2010. viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2010. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025) Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares ix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2011. x) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2011. xi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2011. SEGUNDO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia apelada. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada, conforme a lo explicado en la parte motiva. CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00846-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

Radicado: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025)
Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025)
Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares
Demandado: Departamento del Atlántico

Tema: Relación laboral encubierta/vigilante

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia que reconoció
relación laboral subyacente. Liquida las prestaciones sociales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de
27 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo expedido el 18 de marzo de
2015 por la Secretaría General de la gobernación del Atlántico que negó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales
reclamadas por el señor Eduardo Enrique Solano Linares.

3. Como consecuencia, solicitó el pago de las acreencias laborales y
prestaciones sociales a que tiene derecho, a saber: i) auxilio de cesantías; ii)
intereses a las cesantías; iii) vacaciones; iv) prima de servicios; v) horas extras;

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.

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Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

vi) recargos nocturnos y trabajo dominical; vii) auxilio de transporte; dotación de
ropa y calzado, igualmente, reclamó la devolución de los aportes a pensión, salud
y riesgos laborales, así como de las cotizaciones efectuadas a Caja de
Compensación Familiar, por último, deprecó la indexación de los valores que
sean reconocidos.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.El señor Eduardo Enrique Solano Linares prestó sus servicios personales y
remunerados con ocasión de la suscripción continua y sucesiva de los contratos
de prestación de servicios 0102-2008000244, 0102-2008-000276, 0102-2009-
00008, 0102-2009-00206, 0102-2009-000206, 0102-2010-000020, 0102-2010-
000217, 0102-2011-00041, con el departamento del Atlántico.

5. Qu ejerció labores de celaduría en la casa de la convivencia de Puerto
Colombia, de manera personal y bajo subordinación, pues atendía las
instrucciones del empleador. Además, cumplía un horario de trabajo en turnos de
24 horas con descansos de 48 horas, correspondientes a un promedio de 240
horas mensuales.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

6. Señaló el demandante como vulnerados con la expedición del acto
demandado los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 1°, 5°, 9°, 23 y
24 del Código Sustantivo del Trabajo; 16 de la Ley 446 de 1998; Ley 21 de 1982
y 100 de 1993; 2° del Decreto 2400 de 1968; Decreto 3074 de 1968 y 1295 de
1994.

7. Como concepto de violación aseveró que se acreditó la prestación personal
del servicio, la contraprestación y la subordinación o dependencia, en especial,
destacó que las labores de vigilancia traen implícita una sujeción y dependencia
a la autoridad administrativa.

1.4. Contestación de la demanda

8. El departamento del Atlántico mediante apoderado se opuso a las
pretensiones invocadas y como consecuencia de ello, sostuvo que no se
aportaron elementos probatorios de la subordinación, haciendo énfasis en que la
labor llevada a cabo no era una función pública y tampoco guardaba relación
alguna con las actividades propias de la entidad territorial, de esa manera,
aseguró que el servicio prestado no contó con la dirección de un superior, lo que
conllevó a que no se impartieran instrucciones, de todos modos, agregó que el
demandante no cumplió con la carga probatoria a efectos de demostrar que la
relación contractual derivó en un vínculo del orden laboral.

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Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

9. Planteó como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la relación laboral;
ii) inexistencia de la obligación; iii) inexistencia del derecho a favor del
demandante; iv) pago; v) prescripción; vi) genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal dictó sentencia el 27 de agosto de 2021, declaró la nulidad del acto

demandado y la existencia de la relación laboral entre el 31 de julio de 2008 y el
31 de diciembre de 2014. A título de restablecimiento del derecho reconoció el
pago de las prestaciones sociales y de los aportes pensionales a la entidad de
previsión correspondiente.

11. Señaló que se acreditó la prestación personal del servicio con los contratos

celebrados durante los años 2008 a 2014 que tuvieron como objeto la custodia a
los inmuebles de propiedad del departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla, y por ello percibió una remuneración.

12. En lo concerniente a la subordinación, resaltó que de acuerdo con las
declaraciones practicadas y los contratos de prestación de servicios el
beneficiario fue vinculado a la casa de la convivencia del municipio de Puerto
Colombia para ejercer labores de celaduría, así como, apoyar el control en el
acceso y salida del citado lugar de los estudiantes que realizaban cursos en el
Sena.

13. Determinó que las funciones ejecutadas correspondían a un empleo de
carácter permanente, que desarrolló labores bajo la dirección de una directora
adscrita a la gobernación del departamento del Atlántico, sin ser dable predicar
autonomía e independencia, pues efectuaba el control de ingreso y salida de
personas, recibía órdenes de un superior que se ajustaban a unos reglamentos
impartidos por la gobernación y cumplía horario de trabajo en turnos.

14. Asimismo, manifestó que la prestación del servicio se dio ininterrumpidamente

y como la finalización del último contrato de prestación fue el 31 de diciembre de
2014, y la reclamación administrativa se radicó el 5 de marzo de 2015 no operó
el fenómeno prescriptivo.

1.6. Recurso de apelación

15. Eldepartamento del Atlántico presentó escrito de apelación contra la
sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque por cuanto en la
ejecución de un contrato de prestación de servicios a pesar de que señale
determinados horarios o algunos parámetros para llevar a cabo la labor
encomendada no conlleva la subordinación del contratista, ya que los servicios
pueden desarrollarse en ciertos períodos y bajo los lineamientos de las políticas
de calidad administrativas y organizacionales de la gobernación, es decir,

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acreditar la relación laboral bajo la premisa del cumplimiento de horario y
recepción de instrucciones no es suficiente para determinar su existencia.

16. No se aportaron elementos probatorios de la sujeción a órdenes impartidas

por un superior, solamente se debían cumplir las obligaciones contractuales y, en
todo caso, la prestación del servicio fue temporal.

17. Que las declaraciones rendidas por las señoras Lenys Pertuz Rivera y Vera

Gambin Beltrán únicamente señalaron que asistían a la casa de convivencia a
tomar cursos y coincidían con el demandante con ocasión de sus servicios de
portero, además, expresaron que recibía órdenes de la directora del lugar, Sofía
Abello. En ese orden, reprochó que ellas no laboraban allí, y por lo tanto no
conocen el funcionamiento, organización y tipo de contrato del interesado, y si
bien afirmaron que él presuntamente recibía órdenes no conllevó a que se
encontraba subordinado.

18. Que el testimonio de la señora Sofía Abello Gómez, directora de la casa de

convivencia, tampoco brindó información suficiente, solamente afirmó que
conocía al accionante y las actividades ejercidas. Y si bien sostuvo que «ella les
impuso unas minutas de control y ellos tenían un reglamento de la Secretaría
General de la Gobernación, ejerciendo labores de control», tampoco es un indicio
de subordinación, toda vez que la asignación de ciertas funciones no conlleva a
su acreditación, pues simplemente son instrucciones respecto a la correcta
ejecución de las cláusulas contractuales.

1.7 Trámite de segunda instancia

19. El 21 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,

de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.

20. La parte actora alegó de conclusión y solicitó que se confirmara la decisión de

primer grado, en tanto se demostró la existencia de la relación laboral encubierta
entre las partes a partir de la constitución de todos sus elementos basales:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

21. El ministerio público y la parte demandada guardaron silencio en esta etapa

procesal.

Finalmente, como no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes,

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.

23. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte demandada, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en su recurso.

2.2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si ¿entre el señor Eduardo Enrique Solano

Linares y el departamento del Atlántico existió una relación laboral encubierta en
los períodos en que celebraron contratos de prestación de servicios?

25. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o

en parte el fenómeno de la prescripción trienal, si la parte actora tiene derecho al
pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

26. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

27. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

28. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

29. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

30. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor

Eduardo Enrique Solano Linares suscribió los siguientes contratos de prestación
de servicios con el departamento del Atlántico, en los períodos y montos que se
señalan:

No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor

Prestación de servicios como celador para
0102-2008-000244 de $860.000
custodiar los inmuebles de propiedad del 31/07/2008 30/08/2008
31 de julio de 20083 M/cte.
departamento del Atlántico.
0102-2008-000276 Prestación de servicios como celador para $3.440.000
de 2 de septiembre de custodiar los inmuebles de propiedad del 02/09/2008 01/01/2009 M/cte.
20084 departamento del Atlántico.
Prestación de servicios como celador para $5.400.000
0102-2009-00008 de
custodiar los inmuebles de propiedad del 16/01/2009 15/07/2009 M/cte.
16 de enero de 20095
departamento del Atlántico.
Prestación de servicios como celador para $5.400.000
01202-2009-00206 de
custodiar los inmuebles de propiedad del 16/07/2009 15/01/2010 M/cte.
16 de julio de 20096
departamento del Atlántico.
Prestación de servicios técnicos de apoyo $5.670.000
0102-2010-000020 de
para custodiar los inmuebles de propiedad 20/01/2010 19/07/2010 M/cte.
20 de enero de 20107
del departamento del Atlántico.
Prestación de servicios técnicos de apoyo $5.197.500
0102-2010-000217 de
para custodiar los inmuebles de propiedad 06/08/2010 31/12/2010 M/cte.
6 de agosto de 20108
del departamento del Atlántico.

3
Folios 26 y 27 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 4 y 5 del archivo titulado «10. antecedentes
administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
4
Folios 28 y 29 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 34 y 35 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
5
Folios 30 y 31 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 67 y 68 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
6
Folios 32 y 33 del archivo titulado «001DemandaAnexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
7
Folios 35 a 37 del archivo titulado «001DemandaAnexos», expediente digital, índice 2 de Samai.
8
Folios 38 a 40 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 106 a 108 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.

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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025)
Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$11.155.500
0102-2011-00041 de servicios de apoyo a la gestión para
27/01/201110 31/12/2011 M/cte.
25 de enero de 20119 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
Interrupción 20 días hábiles
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$7.127.560
0102-2012-000024 de servicios de apoyo a la gestión para
01/02/2012 31/07/2012 M/cte.
1° de febrero de 201211 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$5.131.300
0102-2012-000181 de servicios de apoyo a la gestión para
17/08/2012 31/12/2012 M/cte.
17 de agosto de 201212 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$6.060.000
0102-2013-000026 de servicios de apoyo a la gestión para
23/01/2013 26/07/2013 M/cte.
23 de enero de 201313 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$6.900.000
0102-2013-000193 de servicios de apoyo a la gestión para
29/07/2013 31/12/2013 M/cte.
29 de julio de 201314 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$8.750.000
0102-2014-000026 de servicios de apoyo a la gestión para
13/01/2014 12/08/2014 M/cte.
13 de enero de 201415 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.
El contratista se compromete y obliga para
con el departamento a la prestación de
$6.250.000
0102-2014-000141 de servicios de apoyo a la gestión para
15/08/2014 31/12/2014 M/cte.
15 de agosto de 201416 custodiar los inmuebles de propiedad del
departamento ubicados en el distrito de
Barranquilla y municipio del departamento.

31. Con el material probatorio allegado al proceso se evidencia que la
demandante cumplió con la carga de demostrar la prestación personal del
servicio para desarrollar actividades como vigilante entre el 31 de julio de 2008
al 31 de diciembre de 2014, así como la remuneración recibida por ello.

32. Encuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha
afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el

9
Folios 41 a 43 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 140 a 142 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
10
Información extraída de la Resolución 000036 de 27 de enero de 2011 mediante la cual se aprobó la garantía de
cumplimiento del contrato de prestación de servicios 0102-2011-00041 de 25 de enero de 2011, vista en el folio 146 del
archivo titulado «10. antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
11
Folios 44 y 45 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 230 y 232 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
12
Folios 44 y 45 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 182 y 183 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
13
Folios 289 y 290 del archivo titulado «10. antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
14
Folios 48 y 49 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 348 y 349 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
15
Folios 50 y 51 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 406 y 407 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.
16
Folios 52 y 53 del archivo titulado «001DemandaAnexos», así como, los folios 496 y 497 del archivo titulado «10.
antecedentes administrativos», expediente digital, índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025)
Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación»17.

33. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de continua dependencia con el departamento
del Atlántico. Para ello se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

34. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar de

trabajo, el accionante tuvo las instalaciones de la casa de la convivencia ubicada
en el municipio de Puerto Colombia, así se constata con la afirmación de la
declarante Lenys del Rosario Pertus Rivera18, quien recibió cursos de
capacitación ofertados por el Sena en ese lugar durante los años 2009 a 201319,
espacio en el que observó al accionante realizar labores de celaduría 20, lo cual
coincide con lo dicho por la testigo Sofía del Socorro Abello Gómez, quien fue
directora de la casa de la convivencia desde octubre de 2008 hasta 2011 21, y
aseveró que «mi vinculación o mi relación con el señor Solano es que yo era la
directora de la Casa de la Convivencia»; también explicó que a finales del 2008
la gobernación del Atlántico la autorizó para desarrollar en ese lugar un espacio
de temas sociales22, y que allí se llevaban a cabo cursos de formación del Sena,
así como, actividades artísticas y culturales23.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
18
Sobre el particular, el magistrado sustanciador le preguntó «en qué lugar o qué institución prestaba los servicios de
celaduría al demandante», señalando la testigo que «ese sitio se conocía como la Casa de la Convivencia».
19
En efecto, expresó que «pues en el año 2013, 2009-2013, yo hice varios cursos de modistería, de muñeca de trapos,
de varios cursos que el SENA está en esta localidad, estaban brindando y siempre que hay una oportunidad yo me
capacito».
20
Al respecto, aseveró que «yo lo conocí a él y ahí lo vi trabajando como él se desempeñaba como celador y colaborador
de todo lo que él podía hacer en ese entorno donde nosotros llegamos a recibir la capacitación».
21
Sobre ello, indicó que «entonces, yo entro a la casa en, sí, más o menos octubre, noviembre de 2008 y estoy 2008, 9,
10 y 11. Bueno, y seis meses después, sin contrato», así mismo, el apoderado de la parte demandante le preguntó
«¿hasta qué fecha trabajó para la gobernación del Atlántico?», expresando la testigo que «el contrato fue hasta 2008, 9,
10, 11, pero yo estuve seis meses más allá»
22
Sobre el particular sostuvo que «en el año 2007 yo empecé a trabajar con Alfredo Palencia, en el 2008 queda el señor
Verano en la gobernación y Alfredo Palencia asume la Secretaría del Interior, la Casa de la Gobernación es una casa
hermosísima, estaba totalmente en el suelo, ahí no pasaba nada y bueno, yo siempre he tenido la inquietud social. De
hecho, con Alfredo me conozco en Cámara Junior y pues, pienso que esa casa se puede utilizar para muchas cosas
sociales, básicamente con un pueblo con tanta necesidad como la que teníamos, especialmente en ese momento,
entonces, con Alfredo vengo y le propongo la idea de crear una casa donde, es decir, si esa casa está allí
desperdiciándose, con unos celadores, o sea, la Casa de la Gobernación con unos celadores, que fueron los tres que yo
encontré, vamos a hacer algo, entonces, bueno, proceso bastante largo, finalmente me dieron la autorización para,
digamos, para manejar, para crear prácticamente la Casa de la Convivencia, de hecho, yo fui quien le puso el nombre,
entonces, ya yo cuando, es decir, ya asumo con un contrato por meses, el contrato era, digamos, por los meses
trabajados. Entonces yo presentaba los informes y de esa manera me pagaban, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a la
casa, estoy hablando del año 2008, más o menos en el mes de octubre, digamos, para el mes de octubre, noviembre,
diciembre, ya comenzamos a hacer novenas en la Casa de la Convivencia, hicimos novenas en vivo, en fin».
23
Al respecto expresó que «las actividades que íbamos desarrollando en la casa, entonces, por ejemplo, con el SENA
teníamos un curso de costura los lunes, los miércoles y los viernes, entonces, tomábamos fotografía de esos cursos.

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Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

35. Así mismo, la declarante Vera Isabel Gambin Beltrán expresó que conoció al

demandante desempeñándose como celador en ese lugar, porque también
recibió cursos allí en los años 2009 a 201424.

36. Detal manera que, se puede concluir que el actor prestó sus servicios
personales como celador en la casa de la convivencia de la entidad demandada.

37. En cuanto al horario de labores en que el demandante ejecutaba su trabajo,

se tiene que la testigo Vera Isabel Gambin Beltrán aseguró que «duraba ahí un
turno de 24 horas, al día anterior ya no estaba»; y más adelante precisó que a
partir de su asistencia a los cursos de formación, observó al señor Eduardo
Enrique Solano Linares en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a
5:30 p.m.25, mientras que la señora Sofía del Socorro Abello Gómez a la pregunta
«usted llegó a observar que alguno de ellos llegase a tener turnos de veinticuatro
horas seguidos de veinticuatro horas seguidos», contestó que «sí, en efecto ellos
trabajaban veinticuatro horas».

38. Aunque las testigos no fueron unísonas a la hora de indicar la jornada del

demandante, dada la naturaleza de la labor ejecutada es palpable que la misma
debía efectuarse en turnos programados por la entidad demandada. En todo
caso, es de resaltar que, para la Sala el cumplimiento de un horario no debe
entenderse como un aspecto que, en su análisis particular y aislado, configure el
elemento de la subordinación en la relación laboral encubierta. Por el contrario,
ello debe entenderse como un parámetro lógico que guarda relación con la
coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta
ejecución del objeto convenido12. De manera que es necesario analizar si, en la
ejecución de los contratos, se presentaron direccionamientos y controles
efectivos de las labores contratadas a efectos de acreditar el requisito de la
subordinación.

39. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,

es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte

Había una actividad artística, yo reportaba, en ese caso, todas las cosas que se hacían en reuniones, porque la casa
terminó siendo como que el sitio de reuniones en un determinado momento, entonces, muchas de las asociaciones que
existían en Puerto utilizaban la casa en ese momento, entonces, por ejemplo, en carnavales, en las noches, no había
donde hacer prácticas, se iban a hacer en la casa de la convivencia, o sea, todo, digamos, coordinado para que una cosa
no interfiriera con otra, lo que era el tema de música y el tema cultural fue muy... o sea, se promovió mucho en la casa».
24
En cuanto a dicho punto, el magistrado sustanciador le preguntó «¿puede precisarnos para qué fechas usted pudo
percibir directamente por su asistencia a las instalaciones de la denominada casa de convivencia en que el señor
demandante prestaba sus servicios en ese lugar?», afirmando la testigo que «bueno, le digo que yo estuve
aproximadamente año 2009 al 2014, pero nosotros hacíamos cursos, como les explico, nos daban dos o tres o cuatro
semestres, aguantábamos ahí y enseguida comenzábamos en otro curso, como les dije, hicimos diferentes cursos ahí,
entonces, en ese lapso de tiempo estuvimos ahí en ese plantel».
25
En efecto, el apoderado de la parte demandada le preguntó «¿en qué horarios puede percibir las horas en que el señor
Eduardo Solano Linares se desplazaba o laboraba en la casa de convivencia?», contestando la testigo que «nosotros
entrábamos a los salones a las siete, hasta las doce, hasta la una de la tarde, siempre se encontraba ahí en esos horarios,
de siete a doce, y nosotros teníamos dos horarios porque luego que éramos la teórica, hacíamos la práctica también en
la tarde también, llegábamos de dos a cinco, a cinco y media, y también estaba el señor ahí».

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Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

40. La parte demandada alegó que las pruebas aportadas al expediente no
acreditaron los direccionamientos en el modo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas o la falta de autonomía técnica y directiva
en la ejecución de los contratos de prestación de servicios.

41. Alrespecto, la Sala considera que, con las pruebas recaudadas y los
testimonios practicados se advierten los elementos de juicio suficientes para
considerar que el actor prestó sus servicios bajo una influencia decisiva de la
autoridad administrativa, es decir, permiten deducir la existencia del elemento de
la subordinación y por ende la relación laboral encubierta.

42. La Corporación evidencia que al detallar los objetos contractuales la labor del

actor se circunscribió al cuidado y custodia de personas y bienes de la entidad
demandada, en consecuencia, ejerció labores de vigilancia 26.

43. Sobre las órdenes que pudo recibir el demandante, la testigo Vera Isabel
Gambin Beltrán expresó que eran impartidas por la señora Sofía Abello y
consistían en cómo recibir en la puerta del inmueble a los usuarios y al personal,
que la puerta debía permanecer cerrada, el manejo de los salones de eventos o
estar pendiente de la llegada de ciertos asistentes27, y agregó que «las órdenes
que le daba, cómo mantener el sitio, cómo estar en la puerta, cómo estar en los
salones organizando los eventos y eso» (sic).

44. Igualmente, la señora Sofía del Socorro Abello Gómez expresó que los
vigilantes «eran las personas que estaban a cargo, digamos, de la seguridad y
de todo lo que era la organización, por ejemplo, de la casa, es decir, nosotros,
por ejemplo, no teníamos un solo curso, como la casa tenía varios espacios,
entonces ellos me ayudaban a coordinar, me ayudaban en el tema de sacar
sillas, en fin, de informarle a la gente dónde tenían que ubicarse porque el flujo
que había en la casa era bastante grande», además, complementó que «estaban
pendientes de las personas que entraban, en un determinado momento tuvimos
problemas con algunas personas, ellos sabían quiénes eran las personas que

26
Así se señaló en los objetos de los contratos de prestación de servicios 0102-2008-000244 de 31 de julio de 2008,
0102-2008-000276 de 2 de septiembre de 2008, 0102-2009-00008 de 16 de enero de 2009
01202-2009-00206 de 16 de julio de 2009, 0102-2010-000020 de 20 de enero de 2010, 0102-2010-000217 de 6 de agosto
de 2000, 0102-2011-00041 de 25 de enero de 2011, 0102-2012-000024 de 1° de febrero de 2012, 0102-2012-000181 de
17 de agosto de 2012, 0102-2013-000026 de 23 de enero de 2013, 0102-2013-000193 de 29 de julio de 2013, 0102-
2014-000026 de 13 de enero de 2014 y 0102-2014-000141 de 15 de agosto de 2014.
27
Al respecto, el apoderado de la parte demandada le preguntó «diga la declarante cuántas órdenes escuchó de parte
de la señora Abello y qué tipo de órdenes se refiere», explicando la declarante que «ella siempre le daba órdenes a él de
pronto, de cómo recibía en la puerta el personal, cómo esa puerta tenía que estar siempre cerrada, no podía estar fuera,
y esto, la parte interna, cómo se manejaban de pronto los salones de eventos, quién iba a ir al evento, hoy viene esta
reunión para acá, mañana viene esto, entonces ella siempre le estaba ordenando esa clase».

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no debían entrar, se les hacía saber de la mejor manera, por algunos
inconvenientes que tuvimos en un determinado momento» (sic).

45. Ahora, la entidad en su recurso reprochó que a las testigos Rosario Pertus

Rivera y Vera Isabel Gambin Beltrán no les podían constar las labores ejercidas
por el actor, pero la Sala considera que aunque fueron asistentes de cursos
ofrecidos en la casa de convivencia ello fue recurrente, lo cual se comprueba con
el dicho de la señora Sofía del Socorro Abello Gómez quien a la pregunta, si
«¿conoció usted en el desarrollo de sus labores o de sus gestiones a las señoras
Lenis Pertuz Rivera y Vera Isabel Gambín Beltrán?», contestó que «correcto,
ellas eran de las personas que asistían mucho a los cursos que nosotros
dictábamos». Lo que denota que sí tenían conocimiento de la actividad ejecutada
por el actor en esa dependencia.

46. De otro lado, la parte recurrente señaló que el hecho de haber impuesto la

señora Sofía del Socorro Abello Gómez unas minutas de control para el ingreso
y salida de la entidad y al demandante, no transformó la relación contractual en
una relación laboral. Frente a este argumento la Sala constata del dicho de ella
que ejerció como directora del lugar y en tal calidad dio órdenes, pues cuando
se le preguntó ¿se posicionaba en un rol de directora también del vigilante o
vigilante de la casa y actuaba en calidad de jefe de ellos?», contestó que «pues,
pudiéramos decir que sí, digamos, es decir, por ejemplo, lo que eran las minutas,
yo las impuse para que se supiera qué estaba pasando, quién entraba y quién
salía de la casa, que no fueran los cursos y todo ese tipo de cosas» (sic).

47. Y aunque parezca insuficiente esa afirmación para tener por acreditado el

elemento subordinación, la Sala reitera que en la prestación del servicio de
vigilancia las actividades ejecutadas carecen de autonomía por cuanto la labor
contratada exige que se brinde el servicio de seguridad de forma permanente y
continuada, toda vez que «es deber las entidades o establecimientos públicos y
con mayor razón, si son del sector educativos, garantizar la seguridad de las
personas que concurren a las mismas, así como también, de los bienes muebles
y enseres que sean de propiedad del ente respectivo y con los cuales, facilita la
prestación de los servicios para los cuales fueron creados».28 Por lo tanto, no es
posible deducir que sea una manifestación de la coordinación de actividades el
exigir el registro de los ingresos y salidas de la edificación a efectos de garantizar
la seguridad del lugar, dado que, la labor de vigilancia exige la continua y
permanente prestación personal del servicio para salvaguardar la seguridad de
las instalaciones, el personal y los bienes encomendados.

48. En ese orden, contrario a lo indicado por la entidad demandada en su recurso,

el demandante ejecutó la labor de celador bajo subordinación; de modo que, se

28
Ver en este sentido sentencia de 19 de septiembre de 2024, radicado 66001-23-33-000-2019-00669-01 (3573-2022),
consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.

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confirmará la sentencia en lo referente a la acreditación de los elementos de la
relación laboral encubierta.

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

49. Se tiene que, en el lapso de 31 de julio de 2008 a 31 de diciembre de 2014,

no existieron interrupciones que configuraran la solución de continuidad del
vínculo. Las partes celebraron 13 contratos y dentro de la finalización de uno y
el inicio de otro no transcurrió un término superior a 30 días hábiles, tal y como
dispone la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

50. Así entonces, se tiene por probado que el señor Eduardo Enrique Solano

Linares terminó el vínculo laboral con la demandada el 31 de diciembre de 2014,
presentó la reclamación administrativa el 5 de marzo de 201529 y posteriormente
la demanda el 21 de julio de 2015. Por lo tanto, a tono con lo dispuesto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 196830 y 102 del Decreto 1848 de 196931, la
actuación se dio dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo,
de modo que no operó el fenómeno de la prescripción de las prestaciones
sociales, tal y como lo determinó el tribunal de instancia.

2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico

51. Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera

el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
percibir por el demandante.

52. La Sala de Decisión observa que, en el Tribunal en la sentencia recurrida

dispuso que «a título de restablecimiento del derecho, como indemnización,
condénese al departamento del Atlántico al reconocimiento y pago de
prestaciones sociales tales como primas, cesantías, vacaciones y demás a que
haya lugar, dejados de percibir por el señor Eduardo Enrique Solano Ramírez,
desde 31 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, sin solución de
continuidad».

53. De lo anterior, se tiene que, de un lado, ni en la parte considerativa o resolutiva

de la sentencia el a quo concretó si lo reconocido era conforme los honorarios

29
Información extraída del sello de recibido de la reclamación administrativa por parte de la entidad territorial, visible en
el folio 19 del archivo titulado «01DemandaAnexos», expediente digital, índice 2 de Samai. Dich la cual fue negada por
oficio de 7 de abril de 2015.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
30
«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
31
«Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».

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recibidos o cualquier otra situación y tampoco discriminó exactamente cuáles
eran todas aquellas prestaciones sociales que debían reconocerse, pues
manifestó que estas eran «[las] demás que haya lugar».

54. En ese contexto, la Sala debe precisar que, cuando se reconoce la existencia

de una relación laboral encubierta, deben tenerse en cuenta las prestaciones
sociales de orden legal, liquidadas con base en los honorarios o sumas
pactadas en los respectivos vínculos de prestación de servicios, tal y como
se indicó en la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016.

55. Y respecto de las prestaciones sociales que deben reconocerse al
demandante, se considera que estas corresponden a las que se encuentran
consignadas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, que están a cargo del
empleador y tiene derecho un servidor público vinculado a una entidad pública
territorial, dado que el departamento del Atlántico es de tal orden. En ese sentido,
en primer lugar, las prestaciones sociales a reconocer en este caso son las
siguientes: cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones, prima de
vacaciones y prima de navidad.

56. En cuanto al calzado y vestido de labor, se tiene que a partir del artículo 1°

de la Ley 70 de 1988 se consagró el derecho de recibir calzado y vestido de labor
a los funcionarios públicos que recibieran una asignación mensual inferior a 2
salarios mínimos, así mismo, el Decreto 1978 de 1989 que reglamentó
parcialmente el referido artículo precisó como requisito adicional que el
empleado hubiese cumplido 3 meses al servicio de la institución al instante de
su causación.

57. Respecto al auxilio de transporte se considera que se cumplen los requisitos

establecidos en la Ley 15 de 1959 y los Decretos 2210 de 2016, 2270 de 2017,
2452 de 2018 7 1786 de 2019, a través de los cuales se fijó el monto del auxilio
de transporte en los años en que la demandante estuvo vinculada, para las
personas que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

58. Y sobre el subsidio de alimentación conforme con el artículo 42 del Decreto

1042 de 1978 serán acreedores de este, aquellos empleados que no tuvieron
una asignación básica que haya superado los dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

59. De lo anterior se extrae que, para hacerse acreedor del calzado y vestido de

labor, auxilio de transporte y subsidio de alimentación, el demandante debió
recibir una contraprestación inferior a los dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes. Por lo que es necesario determinar si en su caso, en todo o en
parte, los supuestos fácticos configuran el reconocimiento de estas prestaciones:

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Año Monto del salario Doble salario mínimo Promedio mensual
mínimo de honorarios
pactados para cada
contrato
2008 $461.500 $923.000 $860.000
2009 $496.900 $993.800 $900.000
2010 $515.000 $1.030.000 $945.000
2011 $535.600 $1.071.200 $970.000
2012 $566.700 $1.133.400 $1.114.441,8232
2013 $589.700 $1.179.400 $1.133.527,8033
2014 $616.000 $1.232.000 $1.274.787,6034

60. De acuerdo con lo anterior, se observa que, durante los años 2008, 2009,

2010, 2011 y 2012 el demandante devengó una contraprestación inferior a los
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo tanto, se configuran los
requisitos que las normas previamente relacionadas indican como necesarias
para que se reconozcan entre el 31 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de
2012 los emolumentos correspondientes al calzado y vestido de labor,
auxilio de transporte y subsidio de alimentación.

61. En relación propiamente al reconocimiento del calzado y vestido de labor, su

reconocimiento deberá realizarse en dinero por haberse producido el retiro del
servicio, a título de restablecimiento del derecho, por cada año de servicio,
teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal
al momento de la adquisición de la dotación.

62. No se reconocerán estas prestaciones —esto es, al calzado y vestido de labor,

auxilio de transporte y subsidio de alimentación— en los años 2011, 2012 y 2014,
por cuanto se observa que el demandante en estos períodos devengó una
contraprestación superior a los dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes. En los demás lapsos se hará su reconocimiento.

63. Tampoco se reconoce la prima de servicios ni la bonificación por servicios

prestados, pues estas fueron reconocidas a los empleados territoriales a partir
de los años 2015 y 2016, respectivamente, y el vínculo del demandante finiquitó
en el año 2012.

64. También se niega el subsidio familiar, pues el artículo 20 de la Ley 21 de

1982 enuncia que tienen derecho a este en dinero, especie y servicio, los
trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite
de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga
a cuatro veces el salario mínimo legal, en proporción al número de personas a

32
Es el resultado de sumar el valor total de los contratos 0102-2012-000024 de 1° de febrero de 2012 y 0102-2012-
000181 de 17 de agosto de 2012 y dividirlo entre el número de meses de labores.
33
Es el resultado de sumar de los contratos 0102-2013-000026 de 23 de enero de 2013 y 0102-2013-000193 de 29 de
julio de 2013, dividir el resultado por el número de días laborados (343, esto es, entre el 23 de enero y el 31 de diciembre
de 2013) y multiplicar ese resultado por 30, es decir, el número de días que tiene un mes.
34
Es el resultado de sumar de los contratos 0102-2014-000026 de 13 de enero de 2014 y 0102-2014-000141 de 15 de
agosto de 2014, dividir el resultado por el número de días laborados (353 entre el 13 de enero y el 31 de diciembre de
2014) y multiplicar ese resultado por 30, es decir, el número de días que tiene un mes.

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cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.
En ese orden, la parte demandante no acreditó tener personas a su cargo razón
por la cual, no se concederá esta prestación.

65. En suma, la Sala considera que las prestaciones del orden legal a las que

tiene derecho la demandante entre el 31 de julio de 2008 y el 31 de diciembre
de 2014 son: cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones, prima de
vacaciones y prima de navidad. Asimismo, se reconocerá el pago del calzado
y vestido de labor, auxilio de transporte y subsidio de alimentación durante el
período comprendido entre 31 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2012,
las cuales se liquidan de la siguiente forma:

66. Enese orden, el demandante tiene derecho al pago de $53.739.025 por
concepto de prestaciones sociales por el tiempo de duración de la relación laboral
encubierta. En ese sentido se modificará el numeral segundo de la sentencia
apelada, y se revocará el quinto, dado que la condena aquí impuesta se
encuentra ajustada en su valor.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca

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manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, que en este

caso es la ejecuta, por no haber prosperado los argumentos de su recurso; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda

vez que se están efectuando modificaciones de oficio a la sentencia de primera
instancia en la determinación del restablecimiento del derecho. En consecuencia,
no habrá condena en costas en esta instancia.

71. En
mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 27 de agosto de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor
Eduardo Enrique Solano Linares contra el departamento del Atlántico, el cual
quedará así:

SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho, como indemnización,
condénese al departamento del Atlántico al reconocimiento y pago de
prestaciones sociales las prestaciones laborales por la suma cincuenta y tres
millones setecientos treinta y nueve mil veinticinco pesos ($53.739.025) por
concepto de prestaciones sociales indicadas en la motivación.

Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido y
calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada
vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación, así:
i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2008.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2008.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2009.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2009.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2009.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2010.
vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2010.
viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2010.

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Radicado: 08001-23-33-000-2015-00846-02 (0188-2025)
Demandante: Eduardo Enrique Solano Linares

ix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2011.
x) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2011.
xi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia apelada.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada, conforme a lo
explicado en la parte motiva.

CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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