Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-60026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-60026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-60026-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2015 60026 01 (6365-2023)
Demandante: Edgardo Rafael Gómez Beltrán
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Tema: Mesada 14
Decisión: Se confirma la sentencia apelada. El a quo definió
correctamente el alcance de la controversia a partir de la
demanda y su reforma. En aplicación de los requisitos
excepcionales contenidos en el Acto Legislativo 01 de 2005,
concluyó con fundamento que procedía ordenar el
reconocimiento de la mesada 14 en el caso concreto.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, con el propósito de controvertir los actos administrativos
mediante los cuales se negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada y se
mantuvo esa decisión al resolver los recursos en sede administrativa.
2. Como pretensión principal solicitó la nulidad de la Resolución 0004438 del 27 de abril
de 2012 y de la Resolución GNR 371743 del 23 de noviembre de 2013. A título de
restablecimiento del derecho pidió que se reconozca y pague la pensión de vejez bajo el
régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, con una mesada inicial equivalente
al 75% del ingreso base de liquidación y con inclusión de los factores salariales
correspondientes, con efectos desde el 18 de diciembre de 2010.
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En adelante, Colpensiones.
Radicación: 08001 23 33 000 2015 60026 01 (6365-2023)
Demandante: Edgardo Rafael Gómez Beltrán
3. De manera consecuencial solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional
desde la fecha de causación del derecho hasta la inclusión en nómina, con las mesadas
adicionales a que haya lugar. También pidió el reconocimiento de intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación del artículo 178 del
CCA, además de costas y agencias en derecho.
4. Como sustento fáctico indicó que nació el 18 de diciembre de 1955 y que prestó
servicios como funcionario de la Rama Judicial por un periodo superior a 30 años, entre
el 1° de octubre de 1971 y el 1° de junio de 2004. Señaló que efectuó aportes durante su
vida laboral y que, para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (1° de
abril de 1994), contaba con más de 15 años de servicios, razón por la cual se encontraba
cobijado por el régimen de transición y, en su caso, por el régimen especial aplicable a la
Rama Judicial.
5. Expuso que el 27 de octubre de 2011 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión de vejez. Indicó que, al decidir la petición, la entidad negó la prestación y, dentro
de la motivación, aludió a la modificación de un acto identificado como Resolución 10404
del 20 de mayo de 2011, referencia que, según la parte demandante, no correspondía a
su trámite y reflejaba inconsistencias en la actuación administrativa.
6. Señaló que Colpensiones negó el reconocimiento pensional con fundamento en que
no se cumplían los requisitos exigidos por la normatividad aplicable. En particular, afirmó
que la entidad descartó la procedencia del régimen especial y sostuvo que no se
acreditaban las condiciones para el reconocimiento bajo el régimen invocado por la parte
demandante.
7. Indicó que, al resolver los recursos de reposición y apelación, la entidad mantuvo la
negativa y sostuvo que no era posible “recuperar” el régimen de transición mientras no
se acreditara el requisito de rentabilidad, por lo que exigió el pago de una diferencia
económica derivada de los rendimientos entre el régimen de ahorro individual y el
régimen de prima media.
8. Manifestó que el 17 de diciembre de 2013 realizó el pago de $685.197 por el concepto
exigido por la entidad para ese trámite. Añadió que, con posterioridad, Colpensiones
revocó el acto que había negado la prestación y expidió la Resolución 12719 del 13 de
febrero de 2015, mediante la cual reconoció la pensión de vejez, sin disponer el pago de
intereses moratorios ni la indexación desde la causación del derecho.
9. Durante el trámite del proceso se admitió la reforma de la demanda. En esa actuación,
la parte demandante incorporó como acto objeto de control la Resolución VPB 12719 del
13 de febrero de 2015, expedida por Colpensiones, por medio de la cual se revocó la
Resolución 00004438 del 27 de abril de 2012 y se reconoció la pensión de vejez. A su
vez, precisó el alcance del restablecimiento, en particular frente a las sumas pagadas por
retroactivo pensional, para efectos de su deducción en caso de que se profiriera condena.
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Contestación de la demanda
10. Colpensiones se opuso a las pretensiones. En lo esencial, sostuvo que la
controversia debía resolverse a partir del régimen general del Sistema General de
Pensiones y de las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no era procedente
aplicar el Decreto 546 de 1971 en los términos propuestos por la parte demandante.
11. Frente a los hechos, controvirtió la narración en varios puntos y afirmó que no le
constaban algunas de las afirmaciones de la demanda. Aceptó, en lo pertinente, que para
conservar el régimen de transición debía acreditarse, además del tiempo de servicio, el
requisito de rentabilidad, y señaló que los hechos asociados al pago para “recuperar” el
régimen ocurrieron con posterioridad a la expedición de los actos demandados.
12. En la fundamentación de defensa, adujo que el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 preserva, en lo relevante, condiciones como edad y tiempo de
servicios o semanas; pero no permite mantener reglas derogadas sobre el ingreso base
de liquidación, ni habilita a estructurar la base salarial bajo criterios ajenos a los
parámetros vigentes. Con esa premisa, pidió desestimar el cargo principal, por estimar
que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados.
13. Formuló excepciones de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones,
prescripción, inexistencia de la obligación, buena fe y compensación. En particular, alegó
que la pretensión de restablecimiento no podía traducirse en el pago simultáneo de
mesadas y en la reparación del daño por las mismas sumas; que las mesadas causadas
se encuentran sometidas a prescripción trienal; y que no existía obligación de reliquidar
en los términos planteados, por falta de soporte normativo.
II. SENTENCIA APELADA
14. El 19 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de la Resolución VPB
12719 del 13 de febrero de 2015 expedida por Colpensiones, ordenó a la entidad asumir
al reconocimiento y pago inmediato de la mesada adicional o mesada 14 a que tiene
derecho la demandante conforme al artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y el Acto
Legislativo 1 de 2005, condenó el pago de intereses moratorios conforme al artículo 195
de la Ley 1437 de 2011 y no impuso condena en costas.
15. En relación con los actos inicialmente demandados (Resolución 00004438 del 27 de
abril de 2012 y Resolución GNR 317143 del 23 de noviembre de 2013), el Tribunal tuvo
en cuenta que, durante el trámite, Colpensiones expidió la Resolución VPB 12719 del 13
de febrero de 2015, mediante la cual revocó la negativa previa y reconoció la pensión de
vejez al actor con efectos desde el 18 de diciembre de 2010. A partir de esa circunstancia,
concluyó que, por sustracción de materia, no procedía declarar la nulidad de la
Resolución VPB 12719 en cuanto al reconocimiento pensional, dado que con ese acto
quedaron satisfechas las pretensiones principales asociadas al reconocimiento y pago
de la pensión.
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16. Sobre el régimen aplicable, la sentencia asumió las reglas jurisprudenciales sobre
transición en servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, con distinción entre
la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación: la prestación se reconoce con tasa
del 75% propia del Decreto 546 de 1971, mientras que el ingreso base se determina
conforme a los artículos 21 y 36 (inciso 3) de la Ley 100 de 1993, con los factores
efectivamente cotizados. Con esa base, consideró ajustado a derecho el reconocimiento
hecho en 2015, salvo por el punto referido a la mesada adicional.
17. En lo concerniente a la mesada adicional de junio (mesada 14), el Tribunal declaró la
nulidad parcial de la Resolución VPB 12719 del 13 de febrero de 2015, únicamente por
no haber reconocido esa mesada. A título de restablecimiento, ordenó a Colpensiones
reconocer y pagar la mesada 14 prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, en
armonía con el artículo 48 constitucional tras la reforma del Acto Legislativo 01 de 2005,
desde la fecha de adquisición del estatus pensional (18 de diciembre de 2010), al
verificarse que la mesada era inferior a tres salarios mínimos para esa anualidad y que
el derecho se causó antes del 31 de julio de 2011.
18. Para la actualización, dispuso la fórmula de indexación prevista en el inciso final del
artículo 187 del CPACA (IPC DANE), y negó prescripción de mesadas adicionales por no
cumplirse el lapso trienal retrospectivo, dado que la solicitud se presentó el 27 de octubre
de 2011 y la demanda el 3 de octubre de 2014. En materia de intereses moratorios,
precisó que se reconocen solo en los términos y supuestos del artículo 195 del CPACA.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas por falta de acreditación, y ordenó el
cumplimiento conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA.
III. RECURSO DE APELACIÓN
19. La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 19 de febrero
de 2021. Sostuvo que el Tribunal fundó la nulidad parcial de la Resolución VPB 12719 de
13 de febrero de 2015 y la condena asociada al reconocimiento de la mesada adicional
de junio (mesada 14) en normas y argumentos que, según la entidad, no fueron
propuestos en la demanda como “normas violadas” ni desarrollados en el concepto de
violación. En ese sentido, afirmó que la decisión desconoció los límites del principio de
justicia rogada y la exigencia de congruencia entre la sentencia y el marco de discusión
fijado por el demandante.
20. Con base en lo anterior, alegó vulneración del debido proceso, en cuanto la
controversia quedaría definida por aspectos no debatidos, sin oportunidad real de
contradicción para la entidad demandada, y resaltó que la mesada 14 no fue solicitada
en el libelo introductorio. En consecuencia, pidió revocar íntegramente la sentencia
apelada.
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Demandante: Edgardo Rafael Gómez Beltrán
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Mediante auto proferido el 29 de febrero de 2024, notificado el 4 de abril de 2024 se
admitió el recurso de apelación2.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala definir si el Tribunal Administrativo del Atlántico podía
pronunciarse sobre la mesada adicional de junio (mesada 14) sin quebrantar el principio
de congruencia, a partir del contenido de la demanda y su reforma. Superado ese
aspecto, deberá verificarse si, en el caso concreto, se acreditaban los presupuestos para
ordenar su reconocimiento desde el 18 de diciembre de 2010.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala confirmará la sentencia apelada. El tribunal no desbordó el marco de la
controversia y, además, aplicó correctamente las reglas excepcionales que permiten el
reconocimiento de la mesada adicional de junio (mesada 14) para derechos causados
con anterioridad al 31 de julio de 2011, a la luz de la reforma introducida por el Acto
Legislativo 01 de 2005.
25. La apelación se dirigió a sostener que la nulidad parcial de la Resolución VPB 12719
del 13 de febrero de 2015 y la orden de reconocer la mesada 14 desconocieron la justicia
rogada y el principio de congruencia, porque ese extremo no habría sido pedido ni
sustentado en la demanda. Ese reproche no prospera, por dos razones.
26. Primero, la Resolución VPB 12719 de 2015 fue acto demandado, en reforma de la
demanda, admitida en providencia del 27 de diciembre de 2016, en razón del
reconocimiento pensional sobreviniente. Desde ese momento, el debate quedó
delimitado por los efectos de ese acto y por los extremos accesorios asociados al
reconocimiento, entre ellos la definición de las mesadas a que hubiese lugar y sus
consecuencias económicas. Con esa incorporación no se configuró un pronunciamiento
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Índice 7 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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sorpresivo, ni se privó a la entidad de contradicción, puesto que el proceso continuó con
plena oportunidad de defensa sobre el alcance y efectos del reconocimiento.
27. Pasó por alto el recurrente que en la audiencia inicial, el a quo delimitó el litigio con
base en la demanda y su reforma y precisó que el control de legalidad comprendía,
además de las Resoluciones 00004438 de 2012 y GNR 317143 de 2013, la Resolución
VPB 12719 del 13 de febrero de 2015, incorporada como acto demandado mediante la
reforma. En ese marco, señaló que el examen de fondo debía resolver si, a título de
restablecimiento del derecho, procedía el reconocimiento de las prestaciones derivadas
del estatus pensional, incluida la mesada 14, conforme a las reglas constitucionales
vigentes tras el Acto Legislativo 01 de 2005.
28. Segundo, la sentencia no sustituyó las pretensiones, resolvió un efecto jurídico
inescindible del reconocimiento pensional cuando se acreditan los presupuestos
constitucionales para la mesada 14. En asuntos pensionales, el juez contencioso no se
limita a reproducir la literalidad del petitum3; debe definir el contenido prestacional que se
deriva del régimen aplicable, con sujeción a la Constitución y a la ley, siempre que el
punto se desprenda del objeto del litigio y se haya garantizado la contradicción 4.
29. En el caso concreto, el tribunal examinó que el derecho pensional se causó el 18 de
diciembre de 2010 y verificó que se trataba de uno de los eventos en los que, pese al
Acto Legislativo 01 de 2005, subsiste la mesada 14, según las condiciones
constitucionales vigentes. Ese análisis fue realizado en el marco del estudio de legalidad
del acto demandado en la reforma y en la determinación del alcance del reconocimiento.
Por tanto, no se acredita el quebranto del principio de congruencia. El tribunal decidió
dentro del marco procesal definido tras la reforma, con fundamento normativo pertinente
y con motivación suficiente sobre la procedencia de la mesada adicional de junio.
30. Conforme con lo anterior, la Sala procederá a confirmar el fallo.
Condena en costas
31. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
32. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
de 8 de marzo de 2018 radicado 11001-03-25-000-2013-00171-00(0415-13). C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 12 de abril
de 2018 radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15)CE-SUJ2-010-18. C.P. William Hernandez
Gómez.
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Demandante: Edgardo Rafael Gómez Beltrán
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
33. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
34. En consecuencia, en esta instancia se impondrán costas a la parte demandada, por
cuanto los argumentos de su recurso de apelación no prosperaron. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor Edgardo Rafael Gómez Beltrán en contra de Colpensiones.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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Radicación: 08001 23 33 000 2015 60026 01 (6365-2023)
Demandante: Edgardo Rafael Gómez Beltrán
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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